Jerónimo Uribe, uno de los hijos del Presidente colombiano Álvaro Uribe Vélez, anunció anoche, como publica el diario de la ultraderecha española en Colombia, El Tiempo, “que él y su hermano Tomás destinarán las utilidades que obtengan del proyecto de la zona franca del occidente, en Bogotá, a iniciativas de beneficio social”.
Es decir, que los hijos del presidente de Colombia intervienen en los negocios de empresas capitalistas, de fincas rurales y de ganadería, que son las que se le conocen como actividades económicas, no para su beneficio como es natural en esa clase de empresas, sino para distribuir los ingresos entre familias de artesanos, centros educativos, fundaciones de recicladores. Agrega Jerónimo que: “Nuestras utilidades en el proyecto de la zona franca las vamos a destinar a proyectos de inversión social”.
Obviamente, la opinión colombiana toda ha rechazado esa clase de argumentos para encubrir las acusaciones hechas por los sectores políticos de quebrantamientos de reglas éticas y legales que impiden a los hijos de un Presidente de la República obtener concesiones y beneficios de entidades públicas, que no están hechas para la misericordia divina. Ese argumento causó más repudio de la opinión pública del que ya se había acumulado al tenerse noticias del negociado de los hijos del Presidente de la República con organismos del Estado colombiano. Sin embargo, algunos congresistas, conservadores y gobiernistas, han declarado a la prensa que no hay ninguna ilegitimidad ni ilegalidad en que un colombiano solicite autorización para una zona franca y agregó con ligereza increíble: “No podemos inventar una ley para quitarle a los hijos del presidente esta capacidad”. El declarante ignora toda la legislación de tipo comercial, civil y penal de la República de Colombia para bloquear e impedir precisamente, que familiares cercanos de los presidentes y autoridades superiores del Estado hagan negocios y obtengan privilegios y utilidades por esos negocios que manejan sus altos funcionarios. El escritor liberal y ex ministro de Estado Abdón Espinosa Valderrama destacó en El Tiempo del 7 de mayo pasado la conducta del Fiscal General de la Nación sobre lo que está ocurriendo en esas materias, que constituyen injustificable violación de los derechos fundamentales y del “más vulgar de los irrespetos a la majestad de la justicia”. Del mismo modo, recogió Abdón Espinosa las palabras del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Augusto Ibáñez, cuando dijo que era sumamente grave que el aparato del Estado, dedicado a perseguir delincuentes, sea utilizado para espiar personas que no son objeto de un proceso penal”. Agregó el presidente de la Corte, que: “el país se siente amenazado”, en cuanto “este no es solo un problema de la Corte”. Agrega Espinosa respecto al departamento administrativo de seguridad, DAS que ha habido solidaridad del DAS sospechosa y delictuosa con las gravísimas causas penales en curso de esclarecimiento”. Agregó que “el DAS da trazas de haberse podrido por simpatía con los grupos paramilitares, empeñados como estuvieron en hacerse criminalmente al control de los poderes regionales y locales”. Denuncia este ex ministro que la inviolabilidad de las comunicaciones privadas ha saltado al escenario público en Colombia en estos momentos.
Finalmente, en el espectacular debate que hubo en el Senado de la República sobre el tema de que trata esta nota, el senador y profesor universitario Jorge Enrique Robledo ratificó la denuncia de que los jóvenes “Tomás y Jerónimo, hijos del Presidente de la República recibieron un trato privilegiado que solo se explica porque son los hijos del Presidente Álvaro Uribe”. Robledo insistió en que los ministros vinculados al Comité Intersectorial de Zonas Francas, “debieron declararse impedidos si sabían, como lo sabían, del interés de Tomás y Jerónimo hijos del presidente Uribe Vélez, en este proyecto”.
En igual y con más vigor, incluso, intervinieron otros Senadores de la República, exigiendo de la Fiscalía una investigación total y los procesos judiciales a que hubiere lugar por esos delitos e infracciones.
Hasta ahora el presidente Uribe guarda silencio. Pero Colombia se deshace ante la violencia y la criminalidad que recorre todo el país. El orden jurídico no existe porque no es respetado por todas las autoridades ni por las personas vinculadas al gobierno.
Ojalá esta grave situación de disolución nacional no sea impulsada por los errores o rumbos políticos que cometa o pueda cometer en el futuro el nuevo presidente de los Estados Unidos Barack Obama, quien ya ha tomado decisiones importantes que favorecen las aspiraciones del Presidente colombiano Álvaro Uribe Vélez.
Apolinar Díaz – Callejas (especial para ARGENPRESS.info)
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