“Masacre deliberada” de palestinos en el punto de entrega de comida fijado por Israel

Los peores pronósticos de la ONU y de las organizaciones humanitarias que actúan en Palestina se han cumplido. Al menos tres personas fueron asesinadas, decenas fueron heridas y otras tantas desaparecieron en una estampida cuando el ejército israelí abrió fuego contra una multitud desesperada, mayormente mujeres y niños, que rompieron las vallas intentando alcanzar el punto de distribución de alimentos en Rafah, al sur de Gaza. 

 Israel fijó el punto de distribución en el llamado “corredor Morag”, una zona bajo control militar, que divide Rafah del resto de la Franja. Miles de palestinos famélicos habían esperado varias horas, “bajo el calor abrasador del mediodía”, que la Fundación Humanitaria de Gaza (GHF) les entregara comida, con el zumbido de los helicópteros militares sobre sus cabezas. Cuando saltaron las vallas, comenzó la balacera. 

 Fue el primer día de operaciones de la Fundación, un sello de goma inventado hace unas semanas por Estados Unidos e Israel para monopolizar la distribución de la ayuda humanitaria, desplazando a la ONU, las ONGs y los funcionarios del gobierno gazatí. 

 Un funcionario de alta jerarquía de la ONU señaló que la mayoría de las heridas se debieron a tiros disparados "desde las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel)". El ejército israelí afirmó que solo efectuaron “disparos de advertencia”. 

 Según un informe de The New York Times, la GHF surgió de “reuniones privadas de funcionarios, militares y empresarios afines con estrechos vínculos con el gobierno israelí”. Utilizan contratistas privados armados para custodiar el traslado y la entrega de alimentos. Hace unos días, el director de la Fundación, Jake Wood, anunció su dimisión “por falta de transparencia” y porque no se garantizaba un funcionamiento neutral. Lo concreto es que les dispararon en vez de entregarles la miserable caja que no cubre ni tres días de las necesidades alimentarias de una familia con tres hijos (Al Jazeera 28/5). 

 Un comunicado del gobierno de Gaza denunció que “las fuerzas de ocupación, emplazadas en esas zonas o en sus alrededores, abrieron fuego contra civiles hambrientos que habían sido atraídos a esos lugares con el pretexto de recibir ayuda”. El incidente, añadió, “es la prueba irrefutable del fracaso total de la ocupación israelí a la hora de gestionar la catástrofe humanitaria que ha creado deliberadamente (…) es una masacre deliberada y un crimen de guerra en toda regla, cometido a sangre fría contra civiles debilitados por más de 90 días de hambre provocada por el asedio”. 

 “Plan imprudente e inhumano” 

Las ONU, MSF, Missing Children, entre otras tantas ONGs, llevan meses denunciando que Israel utiliza el hambre como arma de guerra. Y advirtieron tempranamente que la GHF carecía de toda experiencia, no respetaba los principios humanitarios y desplazaría “aún más a las personas de sus hogares, ya que los palestinos debían trasladarse para llegar a los pocos puntos de distribución prefijados por Israel” (Al Jazeera 28/5).

 Los palestinos acusaron directamente a Israel de generar un caos social que colabore con la limpieza étnica. Y dijeron que la concentración de la ayuda en el sur de Gaza es una estrategia para despoblar el norte, tal como planea el ejército israelí. 

 Mientras que la anterior red de distribución dirigida por la ONU operaba en unos 400 puntos de la Franja, el GHF solo ha establecido cuatro «megacentros» para los 2,3 millones de habitantes. 

 La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) estima que cerca de 616.000 gazatíes se han visto obligados a desplazarse en el interior de la Franja desde la violación israelí del alto el fuego, el 18 de marzo. Algunos tuvieron que huir hasta 10 veces porque los bombardeos a los albergues son “habituales”. 

 Los bombardeos incesantes y las 31 órdenes de desplazamiento atrapan a cientos de miles de personas en espacios cada vez más reducidos. El 19 de mayo, una sola orden de desalojo a gran escala en Jan Yunis afectó al 22% de la población de la Franja, mientras que otra orden emitida el 26 de mayo afectó al 40% del centro y el sur de Gaza. 

 Las zonas militares prohibidas cubren ahora alrededor del 80% de Gaza, sin que ninguna zona haya quedado a salvo de los ataques.

 En tanto, la UNRWA, la agencia de Naciones Unidas para los refugiados palestinos, exigió que se investigue la “ejecución sumaria” de Kamal, el último de sus 310 trabajadores asesinados por el ejército israelí. El hombre, que trabajó 20 años para Naciones Unidas, había salido de su casa el 23 de marzo con uniforme de la ONU y en un vehículo identificado. El cadáver fue encontrado esta semana en una fosa común junto con los cadáveres de otros trabajadores de la Media Luna palestina. Este martes la UNRWA denunció la “incursión ilegal” de colonos y de al menos un parlamentario israelí en su sede principal en Jerusalén Este. 

 Un régimen infanticida 

El Ministerio de Salud de Gaza informó que 16.506 niños palestinos, identificados por nombre y apellido, han sido asesinados desde el 7 de octubre de 2023, incluidos 916 bebés menores de un año.

 Según los datos, 4.365 de los niños tenían entre uno y cinco años, y 6.101 entre seis y 12. El resto de las víctimas tenían entre 13 y 17 años. 

 De los bebés, 343 tenían menos de un mes. Algunos murieron en ataques aéreos israelíes, mientras que otros fallecieron a causa de los cortes de electricidad que inutilizaron equipos médicos esenciales, como incubadoras, o provocaron retrasos en la recepción de atención médica crítica. 

 El ministro de Sanidad palestino afirmó que más de dos docenas de niños habían muerto recientemente por causas relacionadas con la inanición y que muchos miles más estaban en peligro. “En los últimos días hemos perdido a 29 niños”, declaró a los periodistas el ministro de Sanidad palestino, Majed Abu Ramadan. 

 Olga Cristóbal

 29/05/2025

Ampliación de la Corte Suprema: un ensayo general reservado entre liberticidas y kirchneristas

Detrás de la iniciativa de Juan Carlos Romero está la mano de la camarilla de LLA. 

 Con una reunión plenaria de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales del Senado, quedaron ´inauguradas´ el último miércoles las negociaciones por la ampliación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El kirchnerismo planteó la destitución de los tres jueces actuales. El gobierno dejó correr la reunión, pero no ha manifestado aun la intención de acompañar la iniciativa. 

 La primera sonda exploratoria fue lanzada por un aliado del gobierno, el exgobernador salteño Juan Carlos Romero, quien presentó un proyecto orientado a elevar a 7 el número de supremos. Otras iniciativas postulan 9, 13 y hasta 15 miembros. Romero fue enfático en señalar la necesidad de alcanzar un acuerdo político entre los bloques, después del fracaso de la tentativa de nombrar a Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla. La Corte ha quedado reducida a la mínima expresión de tres jueces –encima divididos-. Esto obliga a sortear conjueces para integrar el tribunal en caso de no haber unanimidad. Encumbrada como árbitro constitucional y organismo de último recurso, el vaciamiento de la Corte crea una situación de peligro cuando tiene que decidir acerca de condenas que afectan políticamente a Cristina Kirchner. El Senado tiene pendiente, asimismo, la designación de 220 cargos, entre jueces y fiscales federales, defensores y hasta el puesto de procurador de la Nación, ocupado todavía ´provisoriamente´, desde 2017, por el macrista Eduardo Casal. 

 El kirchnerismo pretende la remoción de los tres jueces actuales, a quienes asigna la intención de sacar a CFK del ruedo político y confinarla a una prisión que, por su edad, sería domiciliaria. La exmandataria busca refugio en los fueros legislativos que podría obtener en las próximas elecciones. La cuestión de su proscripción judicial figura en las negociaciones con Axel Kicillof y los intendentes del Conurbano. 

 El Poder Judicial es un poder político, revestido de la apariencia de imparcialidad, aunque no hay día que la prensa no informe sobre sentencias arbitrarias, seguidas de apelaciones inciertas o demasiado descontadas. Los negociados de Macri y el juicio por el viaje de magistrados en activo a Lago Escondido, la propiedad extraterritorial del inglés Joe Lewis, son apenas los casos de mayor relieve. La trayectoria del trío actual de la Corte lo presenta como funcional al régimen de gobierno por decreto de la camarilla Milei-Caputo. El kirchnerismo, manifiestamente, sigue una línea de compromisos con el oficialismo, aunque poco correspondida. Para los liberticidas, se trata, de todos modos, un asunto serio, porque todo el andamiaje de su política económica está afectado por una incuestionable ilegalidad. La solución de esta crisis será determinada por el derrumbe inevitable del endeudamiento irrefrenable de esta camarilla y por la intervención, más inevitable aún, de las masas empobrecidas. 

 Jacyn 

 30/05/2025

Paka Paka, adoctrinamiento y superchería

Una infiltración fascista en las sábanas liberticidas. 

 Un sujeto que se hace llamar “Gordo Dan” en las redes -y que actúa como tuitero oficial del gobierno de Milei- resolvió sentar posición en la polémica sobre el canal infantil Paka Paka, reconvertido en usina de la ultraderecha gobernante. En defensa de la nueva programación del canal, donde Marx aparece como una mezcla de villano y vividor, y los economistas de la escuela austríaca -Mises o Hayek- como próceres del pensamiento, Dan nos dice: “si el adoctrinamiento es de derecha, no es adoctrinamiento”. “Enseñar liberalismo y enseñar socialismo no es equivalente”, añade El primero es “realidad” y el segundo es “fantasía”. Dan compara a su doctrina con un “Manual de cirugía” y al marxismo, en cambio, con “chamanismo”, o sea, superchería. El tuitero estatal, desde sus redes, establece qué cosa es ciencia y qué cosa no lo es. El “gran hermano” de Milei anticipa, de este modo, censuras y proscripciones políticas. Reserva los nuevos dibujos animados de Paka Paka para instruir acerca de la “disciplina monetaria” y el “ajuste fiscal”. Es un hecho, comprobado a repetición, que ni una ni la otra han evitado los grandes derrumbes capitalistas, como las enormes crisis internacionales de 1992/2002, ni la de 2007/9, cuyos efectos producirán la próxima crisis de mayor envergadura. La naturaleza de las crisis capitalistas, así como la tendencia hacia la disolución histórica de este modo de producción, ha sido esclarecida solamente por el marxismo. Como la ciencia es el resultado de la investigación, la verificación empírica y la discusión de sus conclusiones, está obligada a exponer la totalidad de su método de trabajo, lo que excluye la posibilidad del adoctrinamiento. El adoctrinamiento -fascista, stalinista y sus derivados- es siempre y en todo lugar una chapucería. 

 Por eso mismo, el autotitulado Dan y los autores del dibujo animado no podrían haber elegido un caso más desafortunado que el de la Economía para su defensa del adoctrinamiento “sano”. Los llamados economistas austriacos han sido parte de la descomposición de la economía como ciencia. Esa decadencia comenzó cuando la economía académica se fue despojando de todas sus conquistas metodológicas -cimentadas en la época del capitalismo en ascenso- para convertirla en una mera construcción ideológica, o sea interesada, con el propósito de borrar la categoría de la fuerza de trabajo y el antagonismo irrevocable de ella con el capital. 

 La expresión más aguda de esta declinación residió en atribuir el valor de los productos del trabajo humano a la utilidad que le reportaban al individuo en tanto que consumidor. Así, la teoría objetiva del valor fundada en el trabajo humano fue sustituida por una especulación arbitraria –“las cosas valen por la satisfacción que me producen”-. Marx caracterizó a esta deriva como “economía vulgar”. Siguiendo al señor Dan, podríamos rebautizarla como “chamanismo económico”. En la mayoría de las universidades de la Argentina y del mundo, sin embargo, estas ideas son presentadas como la estación terminal de la economía como ciencia. Es que el desarrollo creciente del capital ficticio y la expansión de la riqueza financiera sobre la acumulación de capital real, han convertido a la subjetividad en el eje del proceso de creación de riqueza, La superchería económica es una refracción ideológica (interesada) del ingreso histórico del capital a una fase cada vez más parasitaria. Según ella, la riqueza crea “riqueza” sin la mediación de la explotación de la fuerza de trabajo humana. 

 El nuevo Paka Paka de Milei y Dan, en este sentido, no hace más que llevar esta conclusión supersticiosa al desprevenido mundo infantil. Pero si por adoctrinamiento se entiende a la sustitución de la ciencia por la ideología -o sea, por la inoculación de una falsa conciencia del mundo con el fin de legitimar a la clase dominante- no hay mayor adoctrinamiento que el que pretenden ejercer los ultraderechistas argentinos. En especial con el recurso al dinero y al poder del Estado. 

 El carácter impostor del “conocimiento” de estos cerebros libertarios se advierte en la censura que ejercen sobre sus críticos –Marx es ridiculizado, no explicado-. Es lo que en forma distorsionada ha evitado hacer la academia, donde Marx sólo encuentra su lugar en las cátedras libres, en contadísimas materias de grado y en numerosas ponencias de investigación. 

 El marxismo, por el contrario, hace referencia todo el tiempo a la economía política –a la cual aborda críticamente-. Marx valoró las obras de Ricardo y Smith, que se valieron de estudios empíricos para construir un conocimiento científico como arma de lucha de la burguesía contra las clases dominantes precedentes. Para el marxismo, la crítica de la pseudoeconomía subjetiva ha servido para demostrar que el pasaje de la economía política clásica a la subjetiva servía al propósito de legitimar (falsamente) la explotación social. El socialismo científico es capaz de explicar y caracterizar el lugar histórico de los apologistas del capital tanto en su fase de ascenso como de decadencia (parasitismo financiero). El chamanismo libertario, en cambio, no aspira más que a silenciar al socialismo, apelando incluso al fascismo. Pero el fascismo es también una superchería política, no una teoría, cuyo propósito es acabar con la forma histórica, constitucional, liberal, de la dominación política burguesa. La economía política clásica y el constitucionalismo son la expresión del ascenso histórico de la clase capitalista. 

 Pero a los pretendidos adoctrinadores científicos se les han caído los anillos. Invocan la ciencia cuando el régimen social que defienden no tiene otra aspiración que convertir a la Humanidad en prisionera de una oligarquía capitalista. Los presupuestos nacionales se encuentran subordinados al servicio de la deuda pública, aunque ello reclame la liquidación de conquistas sanitarias, previsionales o educativas. El ministerio de Salud de Milei es una cueva oscurantista al servicio de los monopolios farmacéuticos. Circunscribe la atención sanitaria a “una preferencia del consumidor”, para llevar el precio de la medicina y los medicamentos por las nubes. 

 Los jefes del señor Dan acaban de recibir al oscurantista secretario de salud de Trump, Robert Kennedy Jr. Le han prometido sumar a la Argentina al credo antivacunas, que justifica los brutales ajustes en salud en nombre de maquinaciones conspirativas, y no de los monopolios.

 Los “científicos” adoctrinadores han dinamitado al CONICET, y se aprestan a hacer lo propio con el Hospital Garrahan y el conjunto del sistema de salud pública. El rescate de los acreedores de la deuda pública, entre ellos, los mayores grupos capitalistas locales, es incompatible con la salud pública y tiene el propósito de mercantilizar un mercado cautivo para favorecer a los monopolios internacionales. Como lo demostró la campaña contra las vacunas de Rusia y de China, y la despiadada lucha entre las potencias por el suministro de barbijos y respiradores durante la pandemia, el dominio del mercado de la salud está vinculado al control de las cadenas sanitarias y a la guerra mundial en desarrollo.

 La versión norteamericana de Paka Paka, traducida a un español que no respeta las peculiaridades nacionales, es un ataque inadmisible a la formación personal y a la salud mental de los niños de Argentina. No faltará mucho para que se importe la versión yanqui de las guerras imperialistas de exterminio, ahora que la SIDE se encuentra bajo el control de la CIA y el Mossad. 

 Marcelo Ramal 

 30/05/2025

El Plan Milei no cierra y crece la resistencia

La derecha adoctrina: PAKA PAKA contra la Universidad

Repudiemos la visita de Milei a Israel

Un viaje en el punto más álgido del genocidio contra el pueblo palestino 

 La gira internacional del mes de junio del presidente Javier Milei contará con un cierre estelar en Israel, junto a los responsables del genocidio contra el pueblo palestino. El mandatario argentino se reunirá con el primer ministro Benjamin Netanyahu, sobre quien pesa una orden de arresto por parte de la Corte Penal Internacional debido a crímenes de lesa humanidad. Hablará también ante el parlamento y suscribirá un memorándum de entendimiento que profundiza las relaciones con el Estado sionista, a contramano del creciente repudio popular global al plan de anexión de la Franja de Gaza, la intensificación de los bombardeos y un bloqueo draconiano que sumió nuevamente a la población en la hambruna. 

 Milei recibirá en la Knesset un galardón (Premio Génesis) por su compromiso con Israel y un premio de un millón de dólares que donará para el desarrollo de propaganda israelí en América Latina, según informó Infobae (27/5). La Fundación que lo condecoró valora tanto las medidas en respaldo a Israel (votaciones argentinas en organismos internacionales, declaración de Hamas y Hezbollah como organizaciones terroristas, etc.) como su orientación económica, incluyendo el ajuste fiscal. Devolución de gentilezas: uno apoya el plan criminal en Gaza, los otros el ajuste brutal en Argentina.

 El memorándum de entendimiento, anticipado en noviembre de 2024 por Milei en un encuentro de la Cámara de Comercio Argentino-Israelí (CCAI), consagra un alineamiento con Tel Aviv detrás de la fachada del combate del “terrorismo”. Según Clarín (27/5), “apuntará a elevar los grados de cooperación militar y de seguridad mayor a los que ya hay secretos entre los israelíes y libertarios” (negritas nuestras). Una pieza de estos acuerdos sigilosos es Mario Montoto, titular de la CCAI, cuyas empresas de vigilancia están enlazadas con firmas del complejo de seguridad israelí y cuentan con numerosos convenios con Estados provinciales argentinos. 

 Existe un interés entre las partes en profundizar los negocios. El embajador argentino en Israel, el rabino Axel Wahnish, habría organizado una reciente visita de 300 empresarios a Israel (Iton Gadol, 27/5). También se espera el anuncio de un vuelo directo entre Tel Aviv y Buenos Aires. 

 Otro aspecto de la gira son las promesas del presidente argentino de trasladar la embajada argentina a Jerusalén, siguiendo los pasos de Donald Trump durante su primera presidencia. Como gesto, la residencia del embajador argentino fue trasladada en 2024 a dicha ciudad, que es reclamada por los palestinos como capital. Dicha residencia sería, ahora, la sede de un encuentro entre Milei y familiares de rehenes en Gaza. El presidente argentino llegaría a Israel el 11 de junio. Exactamente al revés que su orientación, corresponde la ruptura de lazos diplomáticos y comerciales con el Estado israelí y el repudio del genocidio contra el pueblo palestino. 

 Gustavo Montenegro

El alcance del ataque de Trump contra los estudiantes extranjeros

El gobierno quiere reducir el número de alumnos extranjeros 

Como parte de una cruzada xenófoba y represiva que incluye la militarización de las fronteras y el incremento de las deportaciones de los migrantes, el presidente Donald Trump viene desarrollando un ataque contra los estudiantes universitarios extranjeros y, en especial, contra aquellos que participan de manifestaciones, defienden planteos de izquierda y son críticos del Estado de Israel. Ya en el curso de la campaña electoral norteamericana, el magnate había prometido deportar a los alumnos foráneos involucrados en los acampes de 2024 contra el genocidio en la Franja de Gaza. Hoy, el principal referente de ellos, Mahmoud Kahlil, se encuentra detenido y bajo amenaza de expulsión.

 En los últimos días, el Departamento de Estado ordenó a sus representaciones diplomáticas que suspendan las entrevistas para la entrega de visados estudiantiles o de intercambio a extranjeros, mientras termina de definir un programa que va a monitorear meticulosamente las redes sociales de los postulantes para verificar tanto antecedentes como opiniones políticas disruptivas. Lo había anticipado el secretario de Estado, Marco Rubio, en marzo: “una visa es un privilegio, no un derecho”. 

 El ataque de Trump es tanto de cantidad como de calidad. Exige reducir el número de estudiantes extranjeros, con el insidioso argumento de que le quitan la posibilidad de cursar a los norteamericanos, y demanda también una selección, ya que hoy se aceptarían, según su criterio, “personas provenientes de zonas muy radicalizadas en el mundo” (sic) y “lunáticos, radicalizados y agitadores” (mira quién habla). 

 Esta orientación lo ha llevado a un choque con algunas universidades, en especial con aquellas que tienen el promedio más alto de alumnos extranjeros, como Harvard (un poco más del 25% del total de sus 25 mil alumnos) y Columbia (40% del total). 

 Trump le exige a Harvard políticas más restrictivas de admisión, cambios en el gobierno y en los programas de estudio, ya que parte de la cruzada del magnate se dirige a los contenidos en materia de género, raza y clase. Demanda, también, la entrega de los registros informativos de los alumnos extranjeros, incluyendo los de las “protestas estudiantiles de los últimos cinco años”, según New York Times (reproducido por La Nación, 25/5). 

 Como mecanismo de presión, el presidente norteamericano congeló subvenciones estatales para investigación por 2.600 millones de dólares, ordenó la suspensión de convenios, amenazó con cortar ciertas exenciones impositivas y prohibió a Harvard matricular estudiantes extranjeros, lo cual fue bloqueado provisoriamente por la justicia. 

 En los campus universitarios prima ya, desde hace muchos meses, según recogen múltiples crónicas periodísticas, un clima de temor y de estupor ante la arbitrariedad del gobierno, que empuja a los alumnos extranjeros a la auto-censura, no ya en las redes y las calles sino incluso dentro de las aulas, ante el temor a una expulsión sumaria o la revocación de una visa. 

 El ataque contra los extranjeros en Estados Unidos deja planteada una pregunta obvia. ¿Cuánta distancia puede haber entre el condicionamiento de la entrega de una visa a las opiniones políticas del solicitante, al castigo de la población nativa por sus propias opiniones? La ofensiva trumpista reviste un carácter gravísimo para todo el pueblo norteamericano, y se enmarca en su tentativa de imponer un régimen de poder personal.

 La educación como un derecho 

 El enfrentamiento de Trump con Harvard trasluce una diferencia de criterios al interior de la clase capitalista. Los adversarios al magnate señalan que los alumnos extranjeros son un aporte económico importante para Estados Unidos (44 mil millones de dólares anuales en concepto de matrícula, cuotas, alojamiento, transporte, etc., según el Washington Post –reproducido por La Nación, 28/5), una fuente de mano de obra calificada para las empresas estadounidenses tanto dentro como fuera del país, e incluso una fuente de propaganda, ya que ayuda a difundir los “valores” norteamericanos en el extranjero. 

 Actualmente, el costo de estudiar en una casa de estudios de élite como Harvard bordea los 86 mil dólares anuales, desglosados en 60 mil dólares por matrícula y cuotas, y el resto en alimentación, libros y otros gastos, según un cálculo de Infobae Perú (23/5). Más allá del valor indudable que tiene para el desarrollo de la investigación universitaria el contacto con alumnos e investigadores de otras latitudes, la educación no deja de ser concebida bajo el capitalismo, parafraseando a Rubio, como un negocio y no como un derecho, y esto lo saben perfectamente Harvard, Columbia y todas las otras casas de estudio, que se nutren tanto de los ingresos que proporcionan alumnos nativos y extranjeros como de las subvenciones del Estado. 

 En este marco, no sorprende que algunas universidades hayan aceptado una negociación con Trump. A cambio del descongelamiento de 400 millones de dólares en fondos federales, la Universidad de Columbia aceptó a fines de marzo nombrar un nuevo vicerrector en el departamento de Estudios de Medio Oriente, Asia Meridional y África (encargado de abordar el espinoso tema de Palestina), contratar 36 agentes de seguridad adicionales, que tendrán la potestad de detener a los alumnos, y prohibir a los estudiantes el uso de máscaras en las protestas. Sin embargo, los fondos aún no han sido restablecidos, por lo que Columbia ordenó a comienzos de mayo el despido de 180 empleados.

 ¿Hasta dónde seguirán las autoridades de Harvard la pulseada, y hasta qué punto están dispuestas a un compromiso con Trump, a costa del alumnado? La respuesta dependerá, sobre todo, de la lucha que el movimiento estudiantil y docente, y más en general los trabajadores norteamericanos, encaren contra las políticas fascistas del gobierno norteamericano. 

 Tras la embestida del magnate, es sintomático que la Unión Europea haya lanzado un plan de 500 millones de euros para acercar al Viejo Continente investigadores. Sin dudas, busca sacar tajada de una potencial fuga de cerebros desde Estados Unidos, con lo cual entran a tallar en el asunto, también, las disputas inter-imperialistas. 

 La cuestión del ataque de Trump a las universidades y los alumnos extranjeros plantea también una discusión sobre el sistema de enseñanza, sobre la educación entendida como un derecho y no como una mercancía, y la defensa de una educación pública, laica y gratuita.

 Gustavo Montenegro

La disolución del PKK, un golpe a la lucha de las masas de Medio Oriente

Acerca del anuncio del Partido de los Trabajadores del Kurdistán 

 El PKK anunció su desarme y disolución El dirigente máximo del Partido de Trabajadores del Kurdistán (PKK), Abdullah Öcalan, preso en las cárceles turcas desde 1999, proclamó, en una carta el pasado febrero, la disolución del PKK y el desarme de la organización militar del partido. Luego, el XII Congreso del PKK, reunido del 5 al 7 de mayo, confirmó estas resoluciones, bajo el lema de que “no se trata de un fin sino de un nuevo comienzo”. 

 La noticia, que sacudió los medios políticos, implica el fin de la lucha armada y de la guerrilla kurda que opera desde hace cuatro décadas en cuatro países -Turquía, Siria, Irán, Irak- y cuya represión ha costado 40.000 muertos y desplazamientos multitudinarios de la población. 

 Los motivos de la decisión que han sido publicados, son de tipo general pero no dejan de señalar un curso estratégico: “el colapso del socialismo real en la década de 1990, la desintegración de la política de negación de las identidades étnicas en el país, los avances en la libertad de expresión, que llevaron al PKK a un estado de insignificancia” afirma Öcalan en la carta leída por la delegación del partido DEM (antiguo HDP), la organización política pro kurda en Turquía.

 ¿“Avances en la libertad de expresión”? ”¿Desintegración de la política de negación de las identidades étnicas?” ¿En la Turquía de Erdogan, que ha perseguido e intervenido los distritos donde electoralmente ganaban representantes de las comunidades kurdas? Es insostenible. 

 En cambio, llama la atención que no se levante ninguna de las banderas históricas del pueblo kurdo como la autonomía, el reconocimiento oficial de su lengua, la libertad de los presos políticos. Tampoco se hace mención al proceso y destino de la administración autónoma del Este de Siria en Rojava (zona administrada por los kurdos en la frontera con Turquía, con fuertes vasos comunicantes con el PKK), ni la lucha que los kurdos de Kobane (también en Siria) llevaron adelante contra el Estado Islámico. Líderes de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), actuantes en dichas regiones, han declarado que el proceso de desarme del PKK no los involucra y se orientan a integrarse al nuevo gobierno sirio. “Si este proceso tiene éxito –dijeron- tendrá un impacto positivo para nosotros y Turquía ya no tendrá ningún pretexto para atacar nuestra región". Históricamente, las cosas suceden al revés: por lo pronto la camarilla del gobierno sirio ha planteado que no negociará con ningún grupo con armas en mano. Sirva esto para ver las ramificaciones geopolíticas de las decisiones del PKK. 

 Aún con la incertidumbre existente sobre el curso de las negociaciones que estarían en curso, queda claro que la disolución y desarme del PKK aparece como una rendición incondicional al gobierno de Erdogan y sus aliados derechistas. Entre ellos el partido de ultraderecha MHP, socio del gobierno del presidente Erdogan desde 2015, que fue quien tomó la iniciativa de negociar con Öcalan sobre la base de esas condiciones. 

 Öcalan, por su lado, ha teorizado sobre el agotamiento de la etapa de lucha armada y la necesidad de un “proceso de paz” que permita la coexistencia del pueblo kurdo en una Turquía “democrática”. Depositando expectativas en los partidos del régimen, la Asamblea Nacional y en el propio Erdogan. Fuerte viraje derechista de una corriente que supo reivindicarse marxista-leninista y hoy plantea una asimilación “democrático” – liberal a la República autoritaria de Erdogan. En enero de este año, el gobierno turco intervino la comuna de Akdeniz, una ciudad de 255 mil habitantes, donde había triunfado, meses antes un representante kurdo. El DEM (pro kurdo) llamó a levantarse contra esta decisión. Ahora: ¿la situación cambió?

 La decisión de Öcalan introduce una gran confusión y se convierte en un golpe a la lucha del pueblo de Turquía que se está movilizando en las calles por millones contra el curso despótico del gobierno que encarcela masivamente a activistas y opositores y destituye y proscribe funcionarios electos y candidatos de la oposición, a lo que se suma un fuerte incremento de la ofensiva militar del ejército turco en las regiones kurdas. 

 Erdogan ha planteado sobre la decisión del PKK, que es un paso en la lucha por terminar con el “terrorismo”, que la disolución y el desarme debe extenderse a todos los grupos vinculados, en el norte de Siria y núcleos en Europa y que los servicios de inteligencia turcos controlarán el proceso del desarme. Cuando este culmine se pasaría a la “etapa política”: ninguna concesión, un apriete propio de un Bonaparte represor. 

 Este proceso de diálogo “pacificador” no es el primero. En 2013, Öcalan estuvo dispuesto a pedir al PKK que se desarmara. Para Erdogan fue un intento de colonizar el Kurdistán por "medios diplomáticos" y liquidar la resistencia. Versiones afirman que el objetivo principal actual de Erdogan es obtener el apoyo kurdo para una nueva constitución que le permita, en sus términos, permanecer en el poder más allá de 2028, cuando termina su mandato. Esto sería una traición y capitulación abierta. La lucha del pueblo kurdo, para triunfar, debe estar unida a la que realice el pueblo trabajador turco. Y viceversa: no habrá libertades democráticas en Turquía, sin que cese la represión sobre los kurdos. Un 20% de la población turca es de origen kurdo. 

 Todo está por verse. No parece que Erdogan, que se viene afirmando entre los liderazgos de Medio Oriente, esté dispuesto a conceder a sus enemigos históricos. La iniciativa del “diálogo pacificador” partió de la ultraderecha del MHP que ya en 2024 propuso la liberación de Öcalan si el PKK deponía las armas. Versiones indican que los anuncios no han caído bien en la base del PKK y sectores populares. Hay que ver la respuesta en los combatientes del PKK y mantener la más absoluta independencia política de esta maniobra y los partidos que la impulsan.

 Sergio Villamil

Milei nos endeuda más para pagar deuda

Caputo licita un bono para ver si logra juntar dólares de fondos del exterior 

 Se lanzó la licitación del Bonte 2030. 

El gobierno lanzó el nuevo bono destinado a atraer a los fondos de inversión internacionales. De ese modo, toma nueva deuda a tasas altísimas para asegurar el pago a los bonistas. A su vez, sigue dilapidando reservas para intervenir el mercado de dólar futuro, en función de pisar el tipo de cambio y hacer redituable la bicicleta financiera para los especuladores. 

 Finalmente se licitó el Bonte 2030, un título en pesos de suscripción en dólares, con el objetivo de captar U$S 1.000 millones en el mercado internacional. El mismo ofrece tasa fija con pago semestral de intereses y vence en cinco años, pero incluye un seguro con la posibilidad de cancelarlo anticipadamente (put) en 2027, es decir antes del fin del mandato de Milei. 

 Curiosamente, Luis Caputo planteó que esta operación "NO implica un aumento de la deuda bruta, ni tampoco neta", bajo el pretexto de que el Tesoro utilizará esas divisas para cancelar vencimientos de deuda en dólares. Es otra estafa, porque dentro de ese vencimiento se pagan intereses a costa de un bono que a su vez tiene sus propios intereses. Además, al tratarse de un instrumento indexado al tipo de cambio, ante una devaluación, el Banco Central deberá recurrir a una fuerte emisión monetaria para afrontar los vencimientos o la ejecución de los puts. 

 El gobierno apela al endeudamiento principalmente para poder afrontar el vencimiento de julio por U$S 4.500 millones con los bonistas privados. Finalmente, tiene dificultades para acumular reservas por otras vías, teniendo en cuenta que crecen las importaciones y los viajes al exterior; no arriban las inversiones esperadas y el país sigue sin acceder al mercado de crédito internacional a tasas razonables debido su insolvencia. 

 El mecanismo de recabar dólares mediante la emisión de bonos en pesos depende de que el rendimiento de la tasa sea superior al ritmo de devaluación. En aras de despejar las expectativas devaluatorias, el gobierno viene interviniendo en el mercado futuro del dólar: en abril se registró una venta neta de U$S 408,78 millones, y, en lo que va de mayo, se estiman por U$S 1.000 millones. 

 Así las cosas, Milei perpetúa el callejón sin salida de contraer nueva deuda para pagar vieja. En el camino, recaerá sobre el Tesoro el peso de los intereses que acumule el nuevo bono, cuyo pago será a costa de más ajuste sobre el pueblo. Además, al estar atado al dólar, si se produce una devaluación antes del vencimiento, cancelarlo implicará volcar una enorme cantidad de pesos al mercado, lo cual pagaremos los trabajadores con inflación y saltos cambiarios. 

 La única alternativa al hipotecamiento constante para rescatar la deuda usuraria es desconocer esta última, como parte de un proceso de reorganización social comandado por los trabajadores, en beneficio de las mayorías. 

 Sofía Hart

Kondrátiev VS TROTSKI | La teoría de las ondas largas y la curva del desarrollo capitalista | OCR☭

Una tragedia americana: cuando la inmigración se convierte en espectáculo

Una madre ayuda a su hijo a cruzar la cerca de alambre de púas en Eagle Pass, Texas, después de cruzar a Estados Unidos desde México. 

 Nada refleja mejor el sueño americano que competir en pruebas extremas para ganarse el derecho a vivir en la tierra de los «justos» y los «libres» 

 El Departamento de Seguridad Nacional (DSN) de Estados Unidos está considerando la idea de convertir el proceso de obtención de la ciudadanía en un espectáculo televisivo al estilo yanqui. 

 ¿Para qué someterse a engorrosos exámenes y trámites legales lentos, cuando se puede, simplemente, competir en una serie de desafíos al estilo reality show? 

 Ver a inmigrantes enfrentándose por su lugar en la «tierra de las oportunidades», mientras realizan pruebas de resistencia dignas de un programa de supervivencia, parece ser un espectáculo provechoso y divertido para los funcionarios del DSN. 

 Bajo el liderazgo del guionista canadiense Rob Worsoff, conocido por su trabajo en Duck Dynasty –un referente de la cultura estadounidense–, se presenta The American, la nueva odisea estadounidense, tonta y desalmada, promovida por la sinrazón de un sistema en el que solo existes si eres parte del show. 

 En el transcurso de la competencia, a los concursantes se les entregarán premios «tan importantes para la integración» como un millón de puntos de American Airlines, milkshakes de variados sabores, deliciosos Filet-O-Fish de McDonald's, hamburguesas de Burger King y Wendy's, o una tarjeta de regalo de Starbucks. 

 Porque, claro, nada une más a los futuros ciudadanos que un buen café con leche (lo de bueno queda a consideración de los lectores), mientras esperan su turno para el juramento en las escaleras del Capitolio. 

 Sin embargo, no hay que apresurarse, la portavoz del DSN, Tricia McLaughlin, informa que la idea está en «las primeras etapas de evaluación», y que el Departamento recibe cientos de propuestas cada año. Así que, si esta idea no prospera, seguramente habrá otro show para entretener, mientras la burocracia sigue su curso. 

 En fin, parece que ya no basta con poner en venta la ciudadanía estadounidense mediante una visa de «tarjeta dorada», que ofrezca un camino hacia la nacionalidad por cinco millones de dólares –como anunció recientemente el presidente Donald Trump–, pronto podría convertirse en el premio de un reality show. 

 Es que nada refleja mejor el sueño americano que competir en pruebas extremas para ganarse el derecho a vivir en la tierra de los «justos» y los «libres».

 Si alguien tiene alguna duda de los antecedentes ideológicos que acompañan tamaño despropósito, remítase a la historia de los Osage, las naciones Iroquesas, los Pequot y otros pueblos nativos, víctimas de la limpieza étnica cometida por esos mismos «justos» y «libres». 

 En resumen, podemos estar seguros de que las decisiones sobre la vida y el futuro de las personas están en manos de un riguroso proceso de selección que, claramente, no incluye la lógica, la ética ni la humanidad. 

 Raúl Antonio Capote | internacionales@granma.cu 

 27 de mayo de 2025 22:05:07

El gobierno anuncia la devastación de la salud pública de la mano del “negacionista” Mr. Kennedy

Residentes del Garrahan inician una huelga por tiempo indefinido. 

 Al amparo de una gran motosierra dorada, el presidente Javier Milei y su ministro de Salud, Mario “Prepagas” Lugones, recibieron la visita del secretario de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, el activista “anti-vacunas” Robert F. Kennedy Jr. Ambos gobiernos confirmaron su retiro de la Organización Mundial de la Salud (OMS), a la que denunciaron por estar “controlada por China”, y auto-celebraron los ajustes devastadores que EEUU y la Argentina están ejecutando contra sus sistemas de salud pública. Mientras esto ocurría en la Casa Rosada, una asamblea de residentes en el Hospital Garrahan votaba iniciar una huelga indefinida al obtener, como toda respuesta a su reclamo por los salarios miserables de 800 mil pesos, una amenaza oficial de judicializar la protesta. 

 La salida de la OMS, entre el ajuste y la guerra comercial 

Bajo la mirada atenta de Kennedy Jr., el Ministerio de Salud argentino se ufanó en denunciar “el condicionamiento de la soberanía sanitaria” por parte de la OMS. El secretario de los EEUU confirmó en el acto a nuestro país como su “principal socio regional” y propuso lanzar un organismo internacional alternativo “libre de controles políticos”. Según el trumpista “anti-vacunas”, las decisiones de la OMS “no están basadas en ciencia, sino en intereses políticos y estructuras burocráticas” y, en especial, “en la presión política de China”. Recordemos que, bajo la primera presidencia de Trump, Estados Unidos rechazó en plena pandemia todas las sugerencias para limitar el contagio de Covid, lo que le valió un récord mundial de muertes y afectados con serias secuelas. 

 El anuncio del retiro conjunto de la OMS vino acompañado de la promesa de revisar el otorgamiento de autorizaciones rápidas (“fast-track”) para medicamentos de alto costo, en especial aquellos destinados a niños y enfermedades raras, así como de mayores controles para la autorización de vacunas. El cuestionamiento de las vacunas, en pleno brote de sarampión en EEUU, había provocado la renuncia del máximo responsable de la FDA. Detrás de estas precauciones, no solo se encuentran los recortes liberticidas a la entrega de medicación oncológica y el desmantelamiento de los organismos encargados de la prevención y la vigilancia epidemiológica; afloran, también, grandes intereses de la industria farmacéutica en el marco de la guerra comercial en curso. “Son cuestiones confidenciales”, explicó Infobae (27/5), para quien la Casa Blanca auspiciaría una reforma del marco legal de las patentes farmacéuticas argentinas para enfrentar a las cadenas de suministros en manos de China o la India. 

 La agenda privatizadora y la respuesta de los trabajadores de la salud 

Milei y sus funcionarios aprovecharon la visita de Mr. Kennedy para volver a poner bajo la lupa a los entes sanitarios nacionales. Rodeado por los empresarios yanquis de la AmCham, “Prepagas” Lugones había prometido la provincialización y/o el gerenciamiento de todos los hospitales nacionales con la única excepción del Garrahan, cuya destrucción quedaría a cargo del propio gobierno nacional. Argumentos como el “ordenamiento” y la “transparencia” ya fueron utilizados para ejecutar despidos masivos en hospitales como el Bonaparte, el Posadas y el Sommer y desmantelar áreas clave del Ministerio de Salud como el Instituto Nacional del Cáncer, las coordinaciones de Tuberculosis y Hepatitis, la dirección de VIH y otras Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), la Dirección Nacional de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (Dadse), la dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles y el programa de prevención del embarazo adolescente. En EEUU, Donald Trump, Elon Musk y Kennedy Jr. hacen lo propio con el sistema científico y los programas Medicare y Medicate. 

 La llamada “descentralización” del sistema de salud solo incrementa las desigualdades sociales y es un paso hacia la privatización, haciendo depender a los hospitales desvencijados de la recaudación de fondos propios, al margen del presupuesto público. La Alianza Argentina de Pacientes repudió el retiro de la OMS, denunciando que esta decisión deja “sin respaldo internacional a millones de pacientes con patologías poco frecuentes y crónicas”. La caída de las tasas de vacunación está provocando el resurgimiento de enfermedades que se consideraban erradicadas, como el sarampión. Los salarios de miseria empujan a los profesionales a la renuncia: el propio gobierno se vio obligado a admitir más de 180 renuncias en el Garrahan. En este contexto, la demanda de las autoridades del hospital de una intervención judicial para frenar la protesta de los residentes, fue respondida por una asamblea general que votó un paro total para el jueves 29, acompañado por una gran movilización al Ministerio de Salud.

 La asamblea de residentes del Garrahan informó que, de no obtener respuestas, iniciará un paro por tiempo indeterminado. La determinación de los residentes y su poderosa movilización autoconvocada ya está provocando focos de contagio en los hospitales y centros de salud de todo el país. 

 Daniela Magoc y Julián Asiner 

 28/05/2025

Desprocesan a Ana Contreras, la docente de La Pampa condenada por denunciar en el aula el genocidio contra el pueblo palestino

El lunes 26, en un fallo unánime, el Tribunal de Impugnación Penal de La Pampa absolvió a Ana Contreras, docente de la localidad de Gral. Pico, dando lugar al pedido la defensa. La apelación al fallo de primera instancia se había presentado el 17 de abril pasado, acompañada de 8.000 firmas, manifestaciones y pronunciamientos. 

 Ana Contreras había sido condenada en abril de este año por el juez contravencional de Gral. Pico, Maximilano Boga Doyhenard, por “maltrato psíquico en ejercicio indebido de la autoridad docente”. La realidad es que, en una clase de “Cultura y Ciudadanía”, en octubre pasado, una alumna le preguntó si el concepto de genocidio podía aplicarse al accionar de Israel en Gaza. Ante lo cual, la docente denunció como “desmedida” la respuesta israelí a la incursión de Hamas en su territorio en octubre de 2023 y la posible ´limpieza étnica´ del territorio. Durante el desarrollo de la clase, una alumna manifestó que “Hamas quería eliminar a todo lo judío”. La familia de la alumna denunció a la maestra por la ocasión de daños psíquicos, habida cuenta de haber vivido en Israel y del origen israelí de su familia. Durante el juicio, en base al desarrollo expuesto de la clase, la docente manifestó haber actuado conforme a la currícula establecida por el Estado provincial y de haber debatido genuinamente con sus alumnos. 

 El acogimiento de la denuncia contra la docente representa una indebida intromisión judicial en la educación. Ante eventuales malos tratos o ejercicios indebidos de la labor docente, la Escuela tiene sus propias normativas con las cuales intervenir, como el Estatuto Docente o los Códigos de Convivencia Escolar. Un accionar judicial (¡y posterior condena!) por motivos propios del ámbito académico constituye una acción represiva, en lo que tiene que ver con la injerencia, y reaccionaria por querer condenar una opinión conforme a la realidad de decenas de miles de masacrados. 

 Contreras había sido condenada con una multa de $913.080; la prohibición de comunicación y/o contacto con la alumna denunciante por un año; un humillante exhorto a que “los hechos no vuelvan a repetirse” y a asistir a un seminario de “Convivencia y participación escolar”. Lo que se dice una “reeducación” de corte staliniano.

 Según el juez Boga, la docente habría tenido la intención de herir psicológicamente a la alumna de familia israelí con su caracterización de genocidio, sin advertir el irreparable daño humanitario en que habría incurrido Ana Contreras a un colectivo juvenil. Mientras que la herida psicológica que se atribuye haber sufrido la primera puede subsanarse, por medio de una comprensión adecuada de los crímenes de lesa humanidad que Israel comete en Palestina, los daños que causa la omisión de esos crímenes es un baldón contra la educación, la docencia y el respeto por la verdad. Lo que el juez ha querido decir es que, si una joven argentina oye en el exterior que la dictadura última de su país ha sido genocida, el conjunto de la ciudadanía de Argentina se sentiría mortificada por esa denuncia. Es resumen, Boga ha querido reivindicar a la exdictadura, en la misma línea de Milei.

 En el fallo de absolución, los jueces Divoy y Altamirano plantearon que la condena lesionaba los derechos de libertad de expresión y libertad de cátedra. Además, la calificaron de arbitraria, dada la ausencia de pruebas en relación a la “intención de daño psíquico” por parte de la docente. A su turno, la fundamentación del juez Rebechi puso de relieve lo improcedente de que un fallo del ámbito contravencional lesione derechos y garantías constitucionales: “la necesaria brevedad y simpleza del juicio de faltas no se puede lograr afectando los derechos y garantías constitucionales” (A la Arena, 26/05). 

 Por su parte, CTERA brilló por su ausencia durante todo el proceso (que tuvo más de un año de desarrollo hasta el fallo absolutorio). Se limitó a firmar una solicitada y a celebrar la absolución a posteriori. Una campaña nacional de un sindicato docente, además de defender vigorosamente a la compañera, habría significado una intervención desde los trabajadores de la educación contra el genocidio palestino y en el plano específico de la educación por la defensa de la libertad de cátedra. Claramente no fue la intención de CTERA. 

 El caso de la docente Ana Contreras es un intento de aplicar la doctrina de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (una coartada con la que se intenta acusar de antisemita a toda denuncia contra Israel en cuanto Estado). En la misma dirección el juez Rafecas procesó a la diputada Vanina Biasi (PO-FITU). Es necesario responder a esta embestida organizando una campaña contra el genocidio palestino desde los distintos lugares de trabajo y de estudio. 

 Alejandro Barton 

 28/05/2025

Trump liberticida: el ataque a los activistas pro palestinos y a las Universidades norteamericanas

Según una encuesta realizada en marzo por el Pew Research Center, viene creciendo entre los estadounidenses -votantes de todos los partidos- la “visión negativa” sobre Israel. La visión crítica pasó de 42% de la población en 2022 a 53% en 2025. Entre los que se definen como “Demócratas”, saltó de un 53% a un 69%, siendo especialmente significativa entre aquellos que tienen entre 18 y 49 años donde llegó al 71% de los encuestados la opinión desfavorable. Más notable es la evolución de los ciudadanos que se identifican como “Republicanos”, donde evolucionó de un 27% a un 37%, siendo espectacular el salto entre los menores de 50 años: 35% al 50%. 

 Este sondeo muestra que el impacto en la opinión pública del genocidio que está perpetrando el estado sionista sobre el pueblo palestino, financiado y armado por el imperialismo mundial -demócrata, republicano, sin excepción. La agitación de los estudiantes y la juventud no es un fenómeno aislado del resto de la sociedad, ni mucho menos provocado por la presencia de estudiantes extranjeros en las universidades. La encuesta muestra que toda la ofensiva liberticida contra los activistas solidarios con Palestina y el derecho a la protesta de los universitarios, es una respuesta reaccionaria a esta tendencia que crece por abajo -aunque tiene casi nula visibilidad en la gran prensa. La apelación a métodos de persecución de los disidentes, expulsión de estudiantes, chantajes a las universidades para obligarlas a sumarse a la caza de brujas de los activistas, y todo el giro fascistizante del trumpismo (y de muchos estados europeos), revela que las campañas políticas y el chantaje del supuesto “antisemitismo” ya no es suficiente, y se requiere aplastar las libertades democráticas y la libertad de cátedra. 

 Un ejemplo es el caso contra el estudiante Mahmoud Khalil, estudiante graduado de la Universidad de Columbia, al que se intenta deportar en forma ilegal como represalia por liderar protestas en el campus universitario contra la masacre sionista en Gaza. Khalil fue señalado y colocado como objetivo de una campaña desde la Maccabee Task Force (MTF), una organización sionista no solo financiada sino incluso presidida por la magnate Miriam Adelson, una de las principales financiadoras de Trump y los republicanos (si se tiene en cuenta las tres campañas del propio Trump, aportó unos 600 millones de dólares). Adelson supervisó directamente la campaña desde las redes sociales contra el estudiante Khalil y la universidad de Columbia por parte del MTF, una organización creada en 2015 y que afirma “combatir la preocupante propagación del antisemitismo en los campus universitarios”. La MTF marcó y atacó a Mahmoud Khalil como “partidario de Hamás” y afirmó que “vino a los EE. UU. para promover el caos y la destrucción”. 

 La campaña liberticida y represiva no solamente es fogoneada por el lobby sionista. Un artículo en el New York Times (18/5) denunció un “plan para aplastar el movimiento pro-palestino” de parte de la Heritage Foundation -la misma que elaboró el reaccionario “Proyecto 2025” que sirve de programa de acción al trumpismo. Aunque Trump tomó distancia durante las elecciones respecto a este proyecto, ha venido aplicando paso a paso casi todos sus planes. Por ejemplo, las deportaciones masivas, la internación de indocumentados en campos de concentración, la utilización del Departamento de Justicia para perseguir a sus oponentes, el desmantelamiento de departamentos federales (salud, educación), la negación del cambio climático, el ataque a derechos de las mujeres, la eliminación de derechos de las minorías, entre otros. “Redactado a raíz del ataque de Hamás a Israel en 2023 y las crecientes protestas contra la guerra en Gaza, el Proyecto Esther esbozó un ambicioso plan para combatir el antisemitismo calificando a una amplia gama de críticos de Israel como ‘efectivamente una red de apoyo a terroristas’, para que pudieran ser deportados, desfinanciados, demandados, despedidos, expulsados, condenados al ostracismo y excluidos de lo que consideraba una ‘sociedad abierta’”, señala la articulista. Los planteos del think tank de ultra-derecha, elaborados antes del triunfo de Trump, se vienen llevando decididamente desde el gobierno. “El currículo que consideraba afín a la narrativa de ‘apoyo a Hamás’ sería retirado de escuelas y universidades, y el profesorado que lo apoyaba sería expulsado. Las redes sociales serían purgadas de contenido considerado antisemita. Las instituciones perderían financiación pública. A los estudiantes extranjeros que defendieran los derechos de los palestinos se les revocarían las visas o serían deportados”. “Nos organizaremos rápidamente, tomaremos medidas inmediatas para ‘detener la hemorragia’ y alcanzaremos todos los objetivos en dos años”, decían los redactores del plan Esther. La vertiginosa agenda del trumpismo en los escasos cuatro meses desde el inicio del gobierno, parece que quiere sobre cumplir esos plazos. “La fase en la que nos encontramos ahora es empezar a ejecutar algunas líneas de esfuerzo en términos de sanciones legislativas, legales y financieras para lo que consideramos apoyo material al terrorismo”, declaró Victoria Coates, ex asesora adjunta de seguridad nacional de Trump y vicepresidenta de Heritage que supervisa el Proyecto Esther. El Congreso se encuentra debatiendo leyes que habilitarían una más amplia represión de los activistas e incluso de las críticas más puntuales al gobierno israelí, que podrían ser declaradas fuera de la ley. El gobierno busca convertir en ley la definición de antisemitismo de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA), que ya fue consagrada por sendas órdenes ejecutivas bajo el primer y el segundo gobierno de Trump, pero carecen de fuerza de ley. 

 La articulista reconoce que esta orientación tiene antecedentes en los anteriores gobiernos. “Tanto las administraciones republicanas como las demócratas han apoyado y financiado a Israel desde hace tiempo, considerándolo un aliado crucial. Y ha habido esfuerzos bipartidistas para contrarrestar las críticas a Israel, etiquetando diversas expresiones y organizaciones en apoyo a los derechos palestinos como apoyo al terrorismo. Pero el Proyecto Esther pretende ir más allá, equiparando acciones como participar en protestas pro palestinas en campus universitarios con brindar ‘apoyo material’ al terrorismo, una construcción legal amplia que puede conllevar penas de prisión, deportaciones, sanciones civiles y otras consecuencias graves” (ídem). 

 El proyecto Esther también previó la quita de financiamiento estatal a las universidades, como un chantaje para forzarlas a perseguir a los activistas y prohibir las protestas en sus campus. La calificación de los activistas como “pro terroristas” o directamente agentes de Hamás, es una campaña orquestada para viabilizar detenciones y deportaciones, violando las propias normas constitucionales de Estados Unidos. Trump viene llevando adelante esta agenda, como lo muestra su exitosa presión sobre la Universidad de Columbia y su guerra contra la universidad de Harvard, la más antigua y prestigiosa del país. El gobierno exigió a Harvard que entregara información sobre las movilizaciones en su campus contra Israel, así como los nombres de los promotores, así como modificaciones en los planes de estudio, la exclusión de docentes “marxistas” o “de izquierda radical”, y ante la resistencia de la casa de estudios escaló el enfrentamiento recortando toda contribución estatal a la misma, y prohibió que pueda acoger a estudiantes extranjeros (el 27% de quienes estudian en Harvard son del exterior). El enfrentamiento se ha trasladado a los tribunales y también en la opinión pública. 

 Stefanie Fox, directora de Voz Judía por la Paz, organización que ha protagonizado protestas contra el genocidio y su financiamiento por EE.UU., señala que los ataques a los activistas pro-palestinos es apenas el inicio. “Trump está usando directamente el manual autoritario, utilizando herramientas de represión primero contra quienes se organizan por los derechos palestinos”, “Y al hacerlo, está afilando esas herramientas para usarlas contra cualquiera que desafíe su agenda fascista”. El grupo Voz Judía por la Paz es uno de los que la Heritage Foundation describe como “Organización de Apoyo a Hamás” en el proyecto Esther. Heritage es una usina ideológica de la derecha cristiana estadounidense, y según The Guardian (23/3) “A pesar de su uso del lenguaje religioso judío, el [proyecto Esther] prácticamente no tiene autores judíos y está plagado de errores básicos, incluyendo tergiversaciones de textos judíos”. Por otro lado, la Heritage Foundation se ha vinculado con la organización de ultra-derecha de Israel Kohelet Forum, y ha adquirido el Instituto de Paz de los Acuerdos de Abraham, fundado por Jared Kushner (yerno de Trump). Kohelet es un think tank reaccionario que promovió una reforma judicial en Israel, que luego Netanyahu buscó consagrar legalmente, que permitiría el control del poder judicial y la capacidad del parlamento de anular decisiones judiciales que bloqueen la acción del gobierno. Un planteo que el trumpismo intenta llevar también adelante en Estados Unidos por otras vías, para reforzar el régimen de poder presidencial. Un articulista del diario Haaretz, habló de “La MAGAficación de Israel: Cómo la Fundación Heritage de Estados Unidos planea ‘convertir’ al Estado judío” (25/5). Según el analista, Kohelet busca imitar a Heritage, porque “la reforma (judicial) no fue suficientemente amplia” y que los cambios legislativos no alcanzan. “Lamentablemente, necesitaremos métodos menos formalistas”, escribió hace poco el presidente de esta organización, lo cual plantea un proceso aún más francamente fascista. 

 La tendencia guerrerista del imperialismo va de la mano con la deriva derechista y fascista, ya que requiere el establecimiento de un régimen “fuerte” -que no esté sometido a contrapesos y controles que lo estorben, y mucho menos que esté amenazado por la respuesta de los explotados a los ataques a sus condiciones de vida. Si la carrera armamentista y el subsidio a los capitalistas en la lucha por la supervivencia en el mercado internacional conlleva la reducción de los salarios y jubilaciones, la liquidación de derechos, el aplastamiento de la disidencia política y la restricción del derecho de huelga y de protesta es una necesidad política de los capitalistas para llevar adelante sus planes de guerra. 

 La reacción se ha preparado para aplastar las tendencias hacia la izquierda de los jóvenes y las inevitables reacciones de la clase obrera frente a la guerra de los capitalistas contra sus derechos. La guerra imperialista y la liquidación de las libertades democráticas están íntimamente ligadas. 

 Impulsemos aún más a fondo la campaña contra el genocidio, por el retiro de las tropas del ejército sionista de Gaza y Palestina, contra la guerra imperialista, y en defensa del derecho a la protesta en todo el mundo. 

 Rafael Fernández - Partido de los Trabajadores (Uruguay) 

 28/05/2025

Operación Carlota: Hazaña militar de Cuba en Angola

CON FILO | El gran caminante

Bolivia: atomización electoral en medio de la crisis política y económica

En Bolivia están previstas elecciones presidenciales para el 17 de agosto. Hay diez candidatos y al menos ocho están en riesgo de ser anulados o inhabilitados por acciones legales. Hay una atomización del masismo y también de la derecha, pero en todos los casos hay una intención del presidente Luis Arce de proscribir a la oposición de todo tipo, a través del Tribunal Supremo Electoral. Desde Andrónico Rodríguez, quien lidera las encuestas -es considerado la renovación de la izquierda- y se presenta por el Movimiento Tercer Sistema (MTS) que es parte de la Alianza Popular, hasta Evo Morales, quien es considerado padre político de aquel y ahora están distanciados. 

 Según la prensa local, el único partido que no está en peligro es el oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS) que presentó como candidato al ex ministro de Seguridad Eduardo Del Castillo, hombre de confianza del presidente Luis Arce y responsable de la represión contra los evistas. El presidente bajó su candidatura este mes porque el desplome en las encuestas no lograba despegarlo de un mísero 5%. La crisis política había escalado el año pasado con el levantamiento militar contra el gobierno de Arce, que Morales primero repudió y luego denunció como un intento de autogolpe del gobierno. 

 Evo Morales está inhabilitado por la Constitución que sólo permite dos mandatos y porque los partidos por los cuales se pretendió presentar perdieron su personería jurídica por no haber superado el 3% en la elección anterior. Según el Tribunal Supremo Electoral -funcional a Arce- su nueva agrupación “Evo Pueblo”, “no existe” ya que sus promotores ni siquiera han solicitado el trámite para obtener su personería jurídica. 

 La cuarta candidata desprendida del MAS es la alcaldesa de El Alto, Eva Copa. Su candidato a vice es el ex vocero de Luis Arce y se presentan por la agrupación Morena. La derecha también se presenta divida en tres candidatos, incluido un outsider semejante a Milei. Los otros dos están vinculados a la oligarquía de Santa Cruz y a los golpistas de 2019. 

 Evo Morales tiene pedido de captura por causas penales, incluida una por estupro, pero se encuentra protegido con una guardia personal y llamó al inicio de movilizaciones desde el lunes 26 de mayo, con una concentración de los nueve departamentos en La Paz, exigiendo la destitución de Arce y la habilitación de su candidatura. 

 Esta disgregación del cuadro electoral es consecuencia de la crisis económica que incluye inflación y desabastecimiento de productos y combustibles, sin que quede clara una diferenciación de alternativas políticas al actual estado de situación. La Asamblea legislativa no le aprobó los préstamos que pedía Arce para que entraran dólares al país. El desequilibrio negativo de la balanza comercial -con el agotamiento de los pozos de gas- sumergió al país en un colapso monetario que estranguló el suministro de dólares y provocó escasez. Desde hace semanas hay largas colas para llenar el tanque en un país que hasta hace poco fue un gran exportador de gas. Esta situación está perjudicando el comercio y la producción agrícola y disparando los precios de los alimentos. La inflación acumulada en 2024 alcanzó el 9,97 %, la cifra más alta desde 2008. Solo en el primer cuatrimestre del año, la inflación interanual se situó en 5,95 %, según datos oficiales. (Infobae 24/05) Así, Bolivia es el tercer país con mayor inflación de América latina. La brecha con el dólar paralelo es de más de tres a uno y también hay mercado negro de alimentos. El Gobierno de Bolivia anunció 11 medidas y siete decretos ante la crisis, entre las que se encuentra el control militar en las fronteras y el decomiso de productos de contrabando, particularmente alimentos de primera necesidad. 

 El masismo se encuentra aún más disgregado que la derecha, mientras el POR (Partido Obrero Revolucionario) llama a anular el voto. El problema para los trabajadores es no lograr forjar una vanguardia que se posicione en el panorama político con una real perspectiva independiente y socialista.

 Aldana González

 27/05/2025

SIDE libertaria

Los libertarios se han despachado con un plan de inteligencia que habilitaría tareas de espionaje interno (prohibido por ley) sobre ciudadanos que puedan “erosionar la confianza” en los funcionarios del oficialismo o “generar pérdida de confianza” en el plan económico. Toda una confesión de parte de los liberticidas.

 La Nación, a través de Hugo Alconada Mon (que en las últimas horas quisieron hackearle las redes sociales y fue amenazado), sacó a la luz que el gobierno nacional ha elaborado un Plan de Inteligencia Nacional (PIN) para la SIDE, en el que se fijan los ámbitos de acción de la agencia de inteligencia, que, en principio, son comunes a lineamientos de gobiernos anteriores, como la lucha contra el terrorismo, el crimen organizado y resguardar los intereses argentinos del Atlántico Sur y la Antártida. Pero, a su vez, el documento de carácter secreto plantea nuevas directrices orientadas a monitorear la manipulación de la percepción pública y, ante esto, la posibilidad de llevar adelante un espionaje interno contra periodistas, economistas, académicos, activistas, organizaciones sociales y todo aquel que ose criticar la investidura presidencial y, sobre todo, su plan económico. 

 Sergio Neiffert, hombre de confianza de Santiago Caputo y cabeza de la SIDE, junto a su séquito, fueron los encargados de escribir el documento de 170 páginas en las que se plasman los intereses estratégicos del país y los objetivos generales de inteligencia. Lo estratégico para los libertarios es asestarle una derrota histórica a la clase obrera y hacer pasar el plan de guerra de Milei–Caputo contra las masas. Es con esta perspectiva que le dan súper facultades a la SIDE, que, a partir de ahora, está habilitada a juntar información de quienes busquen desestabilizar al gobierno y socaven la confianza de la opinión pública sobre funcionarios. Básicamente todo aquel que realice críticas o lleve adelante acciones contra las políticas del gobierno y sus consecuencias, están sujetos a quedar bajo el espionaje de la SIDE libertaria. 

 El gobierno busca neutralizar las críticas sobre el delicado sendero económico por el cual transitan Milei y Caputo, su talón de Aquiles. En este sentido, la SIDE tendrá vía libre para realizar espionaje y perseguir a todos aquellos “que generen o puedan generar una ‘pérdida de confianza’ en las ‘políticas económicas’ del Gobierno, sin tampoco precisar quiénes podrían quedar bajo la lupa.” (La Nación 25 /5/2025) 

 Los “reyes del algoritmo” y de las fake news, colocan en el documento secreto, como “sujetos de interés de la SIDE” a aquellos que durante procesos electorales lleven adelante campañas de “desinformación”, manipulando de esta manera a la opinión pública. Por la ambigüedad del documento no queda claro si las acciones de la SIDE se abocarán a contrarrestar la injerencia de actores externos o se centrarán en perseguir a analistas y periodistas que el gobierno considere que difunden y promocionan información falsa, por medio de nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial, que tengan como fin distorsionar la percepción, y, por ende, afecten los procesos “cognitivos” de la opinión pública. Todo esto se da en medio de una escalada, encabezada por el propio Milei, contra los periodistas que no comulgan con el discurso oficial de la pandilla libertaria. 

 El Plan de Inteligencia libertario choca de lleno con las últimas medidas tomadas por el gobierno en relación con el blanqueo de capitales anunciado por Toto Caputo, ya que uno de los focos de interés de la SIDE es la investigación sobre la evasión y lavado de activos, medidas pedidas hasta por el propio FMI que se basen en las leyes internacionales. 

 El rol central que juega la SIDE para el gobierno de Milei se evidencia en las asignaciones presupuestarias que ha recibido. A los millones de pesos destinados para la agencia de inteligencia en lo que va de mandato, a principios de mayo recibió una nueva partida por el monto de $25.250, llevando el presupuesto solo para este año, a $80.872 millones, de los cuales $13.436 millones son destinados a “gastos reservados”. Así, Santiago Caputo está sentado arriba de una caja que utiliza de manera discrecional para llevar adelante todo tipo de tropelías desde los “sótanos de la democracia”. 

 La iniciativa fascistizante del gobierno nacional se enrola en la puesta en pie de un Estado policiaco que garantice hacer pasar el ajuste contra los trabajadores. El PIN aún debe pasar por el Congreso, pero la lucha contra el Estado policial no va a salir de la rosca de los partidos burgueses en el Parlamento o fuera de él. Es necesario plantear la apertura y desclasificación de los archivos en manos de los aparatos represivos del Estado y su consecuente desmantelamiento. 

 Lucas Giannetti

 27/05/2025

El Estado “eficiente”: Cristina invita a que el peronismo se derechice aún más

Un planteo dirigido a las patronales, que profundiza la colaboración con el gobierno del ajuste. 

 La exmandataria y actual presidente del PJ, Cristina Kirchner encabezó un encuentro en CABA donde buscó “reorientar” la línea del peronismo aggiornandose a la campaña “antiestatista” de Milei, refrendando el sometimiento nacional al capital extranjero e internacional y encubriendo las verdaderas razones de la crisis actual de peronismo, cuyos cimientos se encuentran en la colaboración y la pasividad frente al ajuste en marcha. 

 Cristina participó este domingo 25 de mayo del Encuentro de la Cultura Popular, en el Polo Cultural Saldías, en el barrio porteño de Retiro, donde tuvo a cargo el cierre, en un discurso con algunas definiciones política.

 Entre estas definiciones se destacó la propuesta de la exmandataria y presidenta nacional del Partido Justicialista de aggiornar la consigna del kirchnerismo, de defensa de un “Estado presente”, por la de un “Estado eficiente”, respaldando en parte lo obrado por el gobierno “libertario”, con decenas de miles de despidos en todo el país y el cierre servicios vitales para la población trabajadora. 

 El “Estado presente” fue el latiguillo de las gestiones K y progresistas para defender la intervención del Estado en la economía y la vida social, desde una perspectiva de garantía de los intereses capitalistas, subordinando las necesidades obreras y populares a las necesidades de parte del capital, lo que fue explotado por Milei gracias a la realidad de una intervención estatal que no daba acceso a ninguno de los derechos que proclamaba (vivienda, salud, educación, trabajo, etc.). 

 En su discurso, Cristina manifestó que “pareciera que aquellos que apostaron por Javier Milei tampoco quieren volver con nosotros, y tenemos que preguntarnos el porqué (...) seguir hablando del Estado presente significa no estar acorde con lo que está pasando hoy en la sociedad, tenemos que ver cómo logramos un Estado eficiente”. El “Estado eficiente” es la orientación del actual gobierno nacional, que proclama un Estado librado del “peso” de las políticas sociales, sanitarias y educativas, limitado y adaptado directamente a las necesidades inmediatas de los capitalistas: privatizaciones, “seguridad jurídica”, represión y persecución del activismo. Un “Estado eficiente” para las patronales. 

 La exmandataria nacional también se refirió a la relación nacional con los capitales internacionales, utilizando una metáfora de la producción de la serie El Eternauta, señalando: “La familia exigía, y muy bien, que fuera hecha aquí en la Argentina, con lenguaje argentino, que se respetara la idiosincrasia (...) fíjense que lo consiguió, más allá de que puede haber algún empresario nacional apoyando el emprendimiento, por una plataforma internacional, uno de los gigantes. Quiere decir que, cuando uno tiene algo para ofrecer que vale, que tiene valor, el inversor es extranjero pero no es estúpido”.

 Para Cristina, como para Milei, el progreso nacional vendrá de un vínculo directo con los capitales internacionales, pero no desde una relación e igualdad, sino de subordinación, de allí que el peronismo venga aprobando en el Congreso de la nación todos los instrumentos que el actual gobierno impulsa para desenvolver esta política: desde dar rienda suelta a las negociaciones con el FMI hasta el Rigi que ha sido replicado en diversas provincias, incluso en el “bastión” peronista de la provincia de Buenos Aires. 

 Entre sus conclusiones, Cristina acusó recibo del retroceso y la crisis política del peronismo, aunque tirando la pelota a cualquier lado: “Tenemos que dejar de ser militantes electorales para volver a ser militantes políticos”, señaló. 

 De paso, volvió a atacar a las y los docentes, en lo que ya es una práctica sistemática, señalando que "en la escuela pública no hay clases dos por tres", y reforzando la campaña contra las y los trabajadores de la educación que se encuentran en distintos conflictos gremiales en todo el país. 

 Cristina omite, deliberadamente, que la apatía de la población trabajadora con el peronismo hunde sus raíces en la orientación criminal y entreguista de este para con el gobierno de Milei. Se trata de la fuerza política que acompañó los paquetes legislativos antiobreros de Milei y que se rehúsa a enfrentar en las calles al gobierno y sus medidas. 

 Allí se inscribe la política entreguista y colaboradora de las direcciones burocráticas de las centrales obreras, destacándose la CGT, responsable del avance de la reforma laboral antiobrera –que Cristina comparte con Milei- y de los ataque a los docentes y los trabajadores en todo el país. Así lo demuestra el reciente conflicto en Tierra del Fuego, con un acuerdo precario que no soluciona el problema de fondo y la negativa de la UOM a impulsar un paro nacional cuando están en riesgo decenas de miles de puestos de trabajo.

 La población trabajadora no ve en el peronismo una alternativa positiva para sus intereses porque estos han colaborado sistemáticamente con Milei. Cristina invita a que el peronismo se “mileise”, derechizándose aun más y hundiéndose más en el desbarranque.

 Marcelo Mache

Resoluciones del Foro Internacional contra la Persecución Política y la Represión

Acampe universitario en Estados Unidos en apoyo a Palestina (2024)

 Se realizó el 26 de abril en formato online. 

 El 26 de abril, 100 representantes de 31 países se reunieron para trazar un conjunto de acciones comunes frente a la creciente escalada represiva y la persecución política que sufren las organizaciones populares y los trabajadores de todo el mundo. 

 Esta escalada represiva se profundiza en el calor de la crisis de la economía mundial, que agudiza las disputas interimperialistas y amenaza con llevar a la humanidad al desastre de una nueva guerra mundial. Gobiernos de diferentes signos políticos, desde demócratas, proto-fascistas, progresistas, conservadores e izquierdistas, refuerzan la represión contra los trabajadores en sus propios países, violando los derechos democráticos más elementales, atacando nuestras condiciones de vida, salarios, pensiones, salud y educación. 

 Los participantes en el Foro Internacional concluyen que el enemigo se encuentra dentro de cada frontera nacional y que la respuesta de la clase obrera y las organizaciones populares a estos ataques no puede inscribirse en los canales institucionales, sino que solo podrán ser derrotados con la movilización de las masas y los métodos históricos de lucha, la solidaridad internacional y las acciones comunes en los diferentes países. 

 Por esta razón, hemos adoptado las siguientes resoluciones, que constituyen un primer y importante paso en esta dirección:

 1 - Publicar un informe con las resoluciones adoptadas por el Foro y las denuncias que se han presentado en él, y ponerlo a disposición en los sitios web y publicaciones de las organizaciones participantes, traducido a sus idiomas nativos. 

 2 - Seguir trabajando en red en relación con estas campañas y otras acciones represivas que puedan surgir en el futuro. 

 3 - Hacer campaña recogiendo firmas en defensa de los compañeros del sindicato SERETE de investigadores universitarios de Grecia contra la represión y la persecución del gobierno de ese país.

 4 - Declaración a favor de los mineros de uranio de Namibia que reclaman su derecho a manifestarse y expresar sus reivindicaciones el 1 de mayo, día internacional de los trabajadores.

 5 - Campaña internacional con declaraciones de personalidades y organizaciones populares para denunciar el genocidio en Palestina y condenar la persecución de los compañeros que alzan su voz contra la política criminal del Estado de Israel. Denunciar el genocidio no es antisemitismo. 

 6 - Organizar también un encuentro internacional de todos los abogados y asesores que puedan convocarse desde el Foro en defensa de los perseguidos por apoyar a Palestina para articular acciones comunes e intercambiar recursos. 

 7 - Desarrollar una campaña de firmas y declaraciones en defensa de los compañeros del Polo Obrero en Argentina para el juicio oral que se presentará ante los tribunales. Organizar manifestaciones ante las embajadas de Argentina en todos los países cuando se confirme el inicio del juicio.

 8- El Foro pidió la liberación inmediata y el cese de las acciones represivas contra los trabajadores, estudiantes y activistas en Turquía. 

 9- El Foro se pronunció en contra de la pena de muerte dictada contra Sharifhe Mohammadi en Irán y por su inmediata liberación. 

 10- El Foro se pronunció en contra de la limpieza étnica en Siria bajo el régimen de Al-Jolani. 

 11- El Foro se pronunció en contra del decreto de seguridad y las medidas represivas en Italia.

 12- El Foro apoyó las acciones del 3 de mayo en favor de los periodistas palestinos.

El Plan de Inteligencia de Milei "es propio de un gobierno fascista"

Vía libre a la Side para el espionaje y la persecución a toda oposición política al gobierno. 

 Trascendió que el gobierno de Milei aprobó un nuevo Plan de Inteligencia Nacional que da total libertad de acción a la Side para montar un gran aparato de persecución política, con la habilitación del espionaje estatal sobre todo aquel que cuestione a los funcionarios, se organice por sus reclamos o denuncie la represión. "Es propio de un gobierno fascista", destacó Gabriel Solano.

 La Side dispondrá de la facultad de “recabar información” sobre quienes “erosionen la confianza de la opinión pública” en el gobierno. Una figura deliberadamente abstracta, de parte de un presidente que se dedica a reprimir la protesta, denunciar a periodistas, armar causas judiciales contra los luchadores, insultar a los economistas que hagan una mínima crítica; todo lo cual ahora puede ser espiado como “amenaza a la seguridad nacional”. 

 Esto lo confirma el ataque que está sufriendo el periodista Hugo Alconada Mon, de La Nación, quien dio a conocer el polémico Plan de Inteligencia Nacional, y que ahora está siendo objeto de hostigamiento y amedrentamiento. Además, denuncia que es víctima de ciberataques, una clara señal de que el plan de inteligencia ya está en marcha. 

 La Side también apunta sus cañones contra quienes generen una “pérdida de confianza en las políticas económicas del gobierno” o manipulen la “opinión pública” durante procesos electorales. Pero no se ofrecen precisiones ni criterios objetivos: se trata de una carta blanca para perseguir la disidencia política, criminalizar la crítica y acallar las voces opositoras. 

 El documento también alude como foco de interés de los analistas y agentes de la Side a los “fenómenos” derivados de la pobreza y la desigualdad, como también de las migraciones internas que “puedan constituir un riesgo” para lo que define como el “desarrollo integral” de la Nación, sin tampoco aportar más precisiones. Es decir que criminaliza a los migrantes y abre la puerta para espiar a las organizaciones piqueteras que organizan a los más pobres. 

 Otro punto grave es que en el marco de lo que cataloga como lucha contra el terrorismo se incluye el “de raigambre anarquista”, que permite encuadrar ahí cualquier acción de lucha de trabajadores e incluso la militancia y activismo en organizaciones piqueteras, lugares de trabajo, partidos de izquierda, asambleas vecinales, etc. 

 En línea con la presunta "defensa de los recursos del país" el documento también establece como foco de la SIDE a quienes impulsen evasión o lavado de activos, una clara contradicción con las últimas medidas del Ministerio de Economía, quien impulsó recientemente un blanqueo de capitales con mínimos controles, y de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, quien desmanteló mecanismos de fiscalización para grandes contribuyentes. Quienes saquean los recursos del país están en el gobierno. 

 El show también incluye una supuesta “lucha” contra las operaciones sospechosas de criptoactivos que ya cifraba meses antes del estallido del caso $Libra. Sin embargo, nadie investiga a los funcionarios que armaron y se beneficiaron con esta gran estafa, el propio Milei eliminó de un plumazo la unidad investigadora del caso. Los estafadores también están en el gobierno.

 Este plan se trata de una ofensiva represiva sin precedentes desde la reapertura democrática. Recordemos además que el gobierno acaba de incrementar el presupuesto de la Side en 25.000 millones de pesos, de los cuales 8.000 millones son “gastos reservados”: caja negra para el espionaje político. Esto se combina con un ataque sistemático a las libertades democráticas: persecución a medios críticos, nuevas restricciones al acceso de periodistas a Casa Rosada, aplicación de un protocolo represivo inconstitucional contra la protesta social (con principal ensañamiento contra periodistas y jubilados) y la prohibición por decreto del derecho a huelga. 

 Están construyendo un régimen de espionaje político, censura y represión que tiene a la Side como brazo operativo. Es un salto en calidad en un régimen de servicios que es usado contra el pueblo; desde el Proyecto X con que Gendarmería espiaba a organizaciones populares durante el gobierno de Cristina Kirchner, hasta los intentos de Gestapo sindical en tiempos de Macri. Milei pretende llevar a un nuevo escalón el poder represivo del Estado. El objetivo es claro: aplastar cualquier forma de oposición al ajuste y el saqueo. 

 Desde el Partido Obrero y el Frente de Izquierda denunciamos este nuevo avance represivo y llamamos a todas las organizaciones políticas, sociales, sindicales y de derechos humanos a rechazar de manera inmediata este plan de persecución y movilizarnos en defensa de las libertades democráticas y la organización popular. 

 Camila García

Panamá: Mulino redobla la represión y los trabajadores responden con más movilización, huelgas y piquetes

Panamá entra en su cuarta semana de huelga general, encabezada por los docentes, trabajadores de la construcción y de las fincas bananeras, además de pueblos aborígenes. Reclaman contra la reforma previsional, el memorándum con Trump para asentar bases militares yanquis, la minería a cielo abierto y un embalse para alimentar al canal.

 La represión 

A los docentes les tienen retenidos los salarios, la empresa Chiquita Brands Internacional despidió esta semana a 5.000 de sus 7.500 trabajadores y detuvieron a dos líderes sindicales de la construcción -más uno, Saúl Méndez, que se asiló en la embajada de Bolivia-.

 Además, hay más de doscientos detenidos por las protestas y cientos de heridos por la represión policial. La persecución es especialmente encarnizada contra los aborígenes, quienes denuncian que les allanan las casas periódicamente y los fumigan con gas pimienta desde helicópteros. Todas las poblaciones originarias están militarizadas.

 La respuesta popular 

Sin embargo, esta semana en la provincia de Darién algunos pueblos aborígenes echaron machete en mano a los antimotines que intentaban despejar los piquetes con balas de goma y gases y lograron retener a una unidad policial.

 Luego, tras la detención de los líderes del SUNTRACS Jaime Caballero y Genaro López -a quienes les armaron una causa por lavado de dinero y les allanaron los locales- la movilización, multitudinaria, se redobló hacia la casa de la Presidencia por la Avenida Costera, en una marcha de más de tres horas.

 Chiquita -el nombre actual de la United Fruit Company, que en el pasado organizó golpes de Estado y asesinó a un millar de trabajadores en huelga- procedió a los despidos cuando no pudo frenar la huelga por otros medios. 

 El Gobierno había aceptado supuestamente las peticiones de los trabajadores, pero estos se negaron a levantar hasta que no estuvieran plasmadas por ley. Se respaldan en los antecedentes. 

 La empresa aduce que lleva más de 75 millones de dólares de pérdida. 

 Toda la zona de Bocas de Toro continúa bloqueada por los piquetes y ni la policía puede acceder.

 Cómo sigue 

El Gobierno se debate entre ir al diálogo o redoblar la apuesta llamando al estado de sitio en la provincia de Bocas de Toro. La semana pasada había desautorizado a los gobernadores que quisieron implementar el toque de queda por miedo a la respuesta popular. 

 Los docentes llamaron a continuar con la huelga, pero en la misma conferencia de prensa le exigieron a la Iglesia que intervenga. Esta, por su parte, lanzó un comunicado del Consejo Ecuménico llamando al diálogo, pero sin ofrecerse como mediadora.

 En el conflicto de 2022, cuando las movilizaciones y las huelgas rechazaban el alza en los precios de los alimentos y los combustibles, la intervención de la Iglesia le sirvió al gobierno de entonces para descomprimir y ganar tiempo. “Aceptó” los reclamos y, una vez desarmada la movilización popular, borró con el codo. 

 Los líderes de los pueblos originarios que se niegan a sentarse con el Gobierno hasta que no dé pie a todos los reclamos, también le mandaron una carta al papa pidiéndole intervención. 

 Los sindicatos de la salud anunciaron nuevas medidas de lucha para esta semana. Aldana González 26/05/2025 

 El presidente Mulino no cuenta con apoyo popular de ningún tipo. Su legitimidad está cuestionada desde antes de que estallara la crisis, ya que fue candidato sin haber sido refrendado en las internas abiertas. Tuvo que ocupar el lugar en la lista que fue dejado por el candidato presidencial Ricardo Martinelli, tras su renuncia por denuncias de corrupción, y en las elecciones generales fue elegido por poco más del 30 % de los votos.

 Además del apoyo de Trump, Mulino solo cuenta con el apoyo del capital financiero que está ávido por hacerse con los fondos de pensión de las AFP.

 Al mismo tiempo sigue paralizada la venta de los puertos alojados en cada extremo del canal. De un lado China presiona a la empresa hongkonesa para que no venda, del otro, Trump exige que se los entreguen a Black Rock, mientras que Mulino trata de inventar irregularidades para quitarles la concesión. 

 Trump, no satisfecho con haber logrado prioridad de paso para sus buques de guerra, también pretende que su marina mercante pase por el canal sin pagar aranceles, algo que sería insostenible para la economía panameña. n Panamá, -donde transita casi el 40 % de los contenedores estadounidenses y el 5 % del comercio mundial-, junto con la soberanía del país y las reivindicaciones de las masas se disputa un lugar estratégico para la guerra comercial.

Aldana González

26/05/2025