Cataluña, ¿nuevo Estado de Europa?

Un millón y medio de manifestantes en las calles de Barcelona por la independencia

El pasado martes 11, en una nueva conmemoración de la “Diada” (el día nacional de Cataluña), una gigantesca manifestación recorrió las calles de Barcelona con la consigna “Catalunya, nou estat d’Europa”. Incluso los periódicos españolistas han debido reconocer que la manifestación independentista fue “histórica” y que “ha provocado un terremoto político”. El número de asistentes superó las expectativas de todos, incluso de los convocantes: la marcha -considerada la más grande de la historia de Cataluña- puso en la calle alrededor de un millón y medio de manifestantes, en un país de aproximadamente siete millones y medio de habitantes.
La magnitud de la movilización se pone de relieve si se tiene en cuenta que en la convocatoria de la Diada de 2011 el total de manifestantes no había superado las diez mil personas. El dato político es que, ahora, la convocatoria fue tomada de manera abierta por el propio establishment catalán, el cual se jugó a fondo para masificar la difusión y la convocatoria. La manifestación fue organizada por la Assemblea Nacional Catalana -una red de asociaciones y asambleas locales que ha crecido vertiginosamente en los últimos meses- por lo que ya hay quienes lo comparan con el movimiento Tea Party de Estados Unidos -señalando que comparten “una estructura cívica de base territorial, con enlaces concretos en los partidos, pero sin depender de ellos” (El País, 16/9). Convergència i Unió, el partido gobernante en Cataluña, concurrió esta vez en pleno, con los miembros del gobierno a la cabeza. Tres días después de la marcha, la dirección de la ANC se reunió con Artur Mas, el presidente de la Generalitat, a quien le expresaron su apoyo y le plantearon su postura favorable para organizar un referéndum por la independencia para 2014.
El resurgir del independentismo pone de manifiesto el completo agotamiento de esa cárcel de pueblos que es el “Estado de las autonomías” de la España post-franquista, montado bajo el amparo de la monarquía borbónica. Un nuevo “Estatuto” autonómico, que otorgaba mayor margen de maniobra al gobierno regional, había sido consensuado en el parlamento catalán en 2005 y luego negociado por el CiU con el gobierno de Zapatero para su aprobación en las Cortes de Madrid, pero fue impugnado por el PP y llevado a la Justicia, la cual lo declaró inconstitucional. Según El País, representó el fracaso del último intento de intentar un reacomodamiento de Cataluña dentro del Estado: su rechazo cerró “de forma irreversible la única vía prevista en la Constitución para mejorar el encaje de Cataluña en España”. Por primera vez, todas las encuestas revelan que una mayoría de catalanes está a favor de la independencia de España. “Hoy nadie da un duro por los estatutos y mentar al Estado de las autonomías como un logro suscita cachondeo”, admitió recientemente un editorialista del mismo diario.
Todo el mundo coincide, ahora, en que las tendencias centrífugas tienen como base la bancarrota económica. Es por ello que el independentismo es ahora acicateado por el CiU, el cual pretende dirigir hacia Madrid el creciente malestar popular contra los recortes y los ajustes. El nacionalismo de derecha busca abroquelar políticamente a los trabajadores de Cataluña junto a su burguesía, argumentando que la crisis se debe a un régimen fiscal que “desangra al país” y obliga a la Generalitat a remitir a Madrid mucho más dinero del que recibe a cambio. “Ya no tenemos lugar dentro de España (…) han hecho inviable nuestro país y no podemos aceptar más esta situación”, dijo nada menos que Jordi Pujol, histórico líder de la derecha catalana, presidente de la Generalitat entre 1980 y 2003 y, desde siempre, un defensor de limitar el reclamo soberanista para apuntar a compromisos con Madrid (Financial Times, 11/9). “Si no podemos llegar a un arreglo financiero, está abierto el camino para la independencia de Cataluña”, dijo el presidente Mas. Sin embargo, Rajoy no parece dispuesto ni en condiciones de otorgar a los catalanes la recaudación de sus propios impuestos -como hace Euskadi y reclama el gobierno catalán. Numerosos analistas señalan que el impasse podría llevar a un adelantamiento electoral, que sería virtualmente un referéndum acerca de la ruptura con España.
El avance del independentismo plantea un desafío para la izquierda catalana, la cual se enfrenta ahora al giro político de una burguesía regional que coquetea con el reclamo independentista, al tiempo que refuerza su política de ajuste y busca colocarse bajo el ala de una Unión Europea en profunda crisis. El 11 de septiembre, la izquierda independentista, nucleada fundamentalmente en las llamadas Candidaturas de Unidad Popular, no se plegó a la manifestación convocada por la ANC y realizó la movilización que encabeza todos los años -con la participación de unas veinte mil personas- bajo la consigna “Ni pacto fiscal ni pacto social: independencia y socialismo”. Luego de la movilización, la CUP emitió un comunicado en el cual “felicita” a la ANC por la gran convocatoria, al tiempo que reclama que el camino para la independencia de los Països Catalans (Cataluña, Valencia, las Islas Baleares, Andorra y la Cataluña francesa) “no pasa por seguir los dictados de la Unión Europea ni de Madrid en materia socioeconómica, ni por querer esconder estas políticas con reivindicaciones de pacto fiscal que no llevan a ninguna parte”.

Lucas Poy