Para cada crisis, un Gran Hermano.
A principios de 2001, mientras el gobierno de la Alianza se desmoronaba y los piqueteros se organizaban en las calles, el reality show entretuvo a más de tres millones de personas, rompiendo récords históricos de audiencia. La siguiente edición transcurrió durante el Argentinazo. El casting incluyó la pregunta “¿dónde estuviste el 20 de diciembre?”, sumado a que la mayoría de los postulantes eran jóvenes desempleados por la crisis, motivados a “salvarse” con el acaudalado premio.
Al igual que en 2001, Argentina hoy también tiene 50% de pobreza, Gran Hermano mide más de veinte puntos y el programa se volvió a colar en la agenda política. En esta oportunidad, un participante apodado “Alfa” dijo que Alberto Fernández lo coimeó varias veces, vínculo que se habría facilitado por Claudio Ferreño, exlegislador peronista y viejo amigo del presidente.
El gobierno se pronunció rápidamente, cosa poco usual en su gestión, queriendo evitar que la acusación tome relevancia. La vocera presidencial, Gabriela Cerruti, publicó un hilo de Twitter asegurando que Alberto y Alfa no se conocen y que el presidente goza de un limpio historial en la gestión pública. Esto es mentira, claro. Alberto no resiste ningún archivo: entre 1989-1995 estuvo a cargo de la dirección del Instituto del Reaseguro (INdeR), organismo que administraba las garantías contra todo riesgo de empresas privadas, cuando más de una se declaró en quiebra y cobró el seguro sin que el Estado interviniera solicitando al menos la apertura de los libros contables. Esta era una de las formas cotidianas en los tiempos de la corruptela menemista. Cavallo intervino el departamento, desplazó a Alberto y designó a un funcionario propio para hacerse de esa caja negra.
Y contando. Sea bajo el peronismo de Menem o el de Alberto y Cristina, la corrupción sigue siendo moneda corriente. Tenemos las causas del vacunatorio VIP, Odebrecht y del PAMI desviando fondos a La Cámpora. Sin embargo, Alberto se rasga las vestiduras ante un comentario en televisión. No fue así de contundente con la expropiación de Vicentín o contra AstraZeneca cuando no entregaba las vacunas ya pagas contra el Covid-19.
Para que nadie sospeche censuras, Cerruti argumenta en base a detener los discursos de odio en los medios de comunicación. Es cierto que la televisión construye sentido común e influye en la opinión pública, pero esto es hipocresía de su boca porque no dice nada cuando TN y C5N cierran grieta para acusar de vagos y planeros a los que se organizan con la Unidad Piquetera, o cuando La Nación tilda de “mafiosos extorsionadores” a los trabajadores del Sutna en coincidencia con la extorsión de Massa de importar neumáticos para quebrar la huelga.
El abogado Gregorio Dalbón le dijo a Telefé que Alfa tiene 48 horas para rectificarse en cámara o será denunciado judicialmente. La producción respondió que no puede hacerlo porque rompería el aislamiento de los participantes. Esto demuestra que Alberto ya no tiene legitimidad como máximo mandatario, ni siquiera frente a las reglas de un reality show.
Producto del pacto entreguista con el FMI, el país entero se hunde en la miseria. Crece la pobreza, la inflación devora los salarios y el sometimiento al imperialismo es cada vez mayor. Los capitalistas, en detrimento del pueblo, se están enriqueciendo a niveles desorbitantes con evasión de impuestos, subsidios del Estado, reforma laboral y desvíos de fondos públicos a cuentas extranjeras. Desmentir la corrupción es ridículo cuando está bien a la vista.
Álvaro Chust
Milagros Romero
No hay comentarios.:
Publicar un comentario