La Cámara Federal de Casación, un organismo que revisa fallos de tribunales inferiores, acaba de excluir de la “Causa de los Cuadernos” a empresarios que admitieron haber realizado coimas a los gobiernos kirchneristas, convalidando que ese dinero se trataría en verdad de “aportes electorales” y que, por lo tanto, el asunto debería dirimirse como un “delito electoral” que, para colmo, ya estrían prescriptos. Los antiguamente imputados no deberán comparecer en el juicio oral y público que, de todas formas, aun no fue elevado a esa instancia.
Esta megacausa tiene 161 imputados, múltiples causas conexas y, a la cabeza, a la ex presidente Cristina Kirchner (que no obstante ya recibió la falta de mérito en una de esas causas) como jefa de una “asociación ilícita” por cobrar las coimas de empresarios junto con una serie de funcionarios de su gobierno como Julio De Vido y Roberto Baratta, entre otros.
Los popes capitalistas involucrados en la causa –un 90% de la burguesía nacional- en su momento se presentaron como víctimas de “extorsiones y aprietes” algo curioso para quienes se vieron beneficiados con un amplio abanico de adjudicaciones para obras públicas, como los gasoductos de Vaca Muerta o la importación de gas licuado. La justicia argentina admitió en su momento las “delaciones” como evidencia dada por “arrepentidos”. Ahora, los empresarios han recurrido a una maniobra judicial para reclamar que los sobornos fueron en rigor “aportes” para la campaña electoral del Frente para la victoria. Esto fue validado por Casación y ahora sería utilizado por todos los demás imputados que no encontraran dificultades para demostrar sus vínculos políticos con ex funcionarios del peronismo y del macrismo.
Con esta artimaña, ya había sido excluidos del juicio los empresarios Manuel Uribelarrea, Eduardo Eurnekian y Alejandro Ivanissevich. Ahora, uno de los nuevos desafectados –siempre por ser aportante del kirchnerismo- es Angelo Calcaterra primo del ex presidente Mauricio Macri y ex-dueño de la constructora IECSA. También Armando Loson, expresidente del Grupo Albanesi, dedicado a la generación de energía; Hugo Dragoanetti, presidente de la constructora Panedile, que se dedica a grandes obras y Jorge Balan, titular de la firma Industrias Secco.
La Cámara de Casación está integrada por los jueces Daniel Antonio Petrone, Diego Barroetaveña y Carlos Mahiques; este último llego al organismo por impulso del propio gobierno de Macri y es uno de los jueces del escándalo de Lago Escondido. En septiembre del 2023, un organismo estatal, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, cerró una investigación iniciada por Macri como consecuencia de la causa de los cuadernos en 2018, y determinó que “no existió una cartelización de empresas para el reparto de la obra pública”. El Estado definió que nunca existió la “patria contratista”.
Entre los principales capitalistas sobreseídos por los cuadernos estuvo en primerísimo lugar el grupo Tenaris, la principal compañía del grupo Techint cuyo titular Paolo Rocca concertó en un tribunal de Estados Unidos desembolsar USD 9,5 millones a un grupo de inversores para cerrar una demanda iniciada por sobornos millonarios a funcionarios argentinos para que gestionen, ante el gobierno venezolano de Hugo Chávez, la indemnización al grupo por la nacionalización de la siderúrgica Sidor. En agosto de 2021, el juez federal Julián Ercolini los sobreseyó a él y a Luis Betnaza (número dos del Grupo Techint) y Héctor Zabaleta (director de administración). Estos últimos habían admitido los desembolsos, pero el juez consideró que los sobornos se pagaron por “razones humanitarias” para preservar la integridad física de sus empleados en Venezuela.
Mariano Cuneo Libarona, jefe del Ministerio de Justicia de Milei, fue el abogado defensor de uno de los capitalistas “arrepentidos”, Eduardo Eurnekian (dueño de la Corporación American, donde trabajó Milei). También defendió al empresario Sergio Taselli. La impunidad a los capitalistas fue tal que el gasoducto de Vaca Muerta fue construido por varias de las empresas involucradas en los cuadernos, incluyendo uno de sus principales “arrepentidos”, Carlos Wagner, ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción y la propia Techint. La mayoría de ellos fue beneficiada con subsidios y exenciones impositivas durante la pandemia.
Esta nueva absolución a empresarios en tiempos de Mieli refleja que estamos en la etapa final de lo que fue no una cruzada contra la corrupción sino un operativo judicial orquestado desde EEUU, con el concurso de los servicios de inteligencia, en un momento político determinado y con el propósito estratégico de golpear en última instancia a los capitales chinos asociados a negocios de la obra pública en la Argentina, como las represas de energía en Santa Cruz a cargo de Electro Ingeniería . Fue contemporáneo con el “Odebrecht” brasileño que también afectaba a empresarios argentinos pero que, curiosamente, nunca fueron investigados.
“Vos escuchame a mí, este juicio no se va a hacer nunca”. La cita pertenece al portal Infobae (21/6) de una fuente proveniente de Comodoro Py.
Mientras se vacía a la causa de los cuadernos, la fiscal Fabiana León denunció a los jueces a cargo de la causa por “retardo de justicia”. En concreto, hoy Cristina Kirchner sería la única y principal acusada, pero si las coimas fueron aportes, debería ser absuelta. Milei promueve cambios en las leyes electorales para que no haya límite alguno en el aporte financiero para las campañas electorales, como sucede en EEUU y eliminar los aportes estatales. En definitiva, la clase social beneficiada por los negocios facilitados por el Estado, a pesar de estar imputada, duerme tranquila y viene de festejar el avance de la “ley de bases” y el régimen de incentivo de inversiones con la que espera rapiñar una tajada de fondos financieros de dudosa procedencia.
Emiliano Fabris
21/06/2024
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