Actuando por encargo de Patricia Bullrich, el fiscal Carlos Stornelli pidió prisión preventiva para los detenidos en la brutal represión desplegada por las fuerzas federales contra la masiva concentración que rechazó la Ley Bases frente al Congreso. Un hecho muy grave, que atenta contra las garantías constitucionales al derecho a manifestar ante el tratamiento de un paquete de leyes que ataca los derechos laborales, puestos de trabajo y remata las riquezas del país. Milei se apoya en la casta judicial para embestir contra las libertades democráticas y prohibir la protesta social.
Stornelli dispuso que los 35 detenidos sean investigados por delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional, atentado contra la autoridad agravada, daños, incitación a la violencia colectiva, intimidación pública y perturbación del orden en sesiones parlamentarias.
Esa acusación fue bajada por Bullrich, quien públicamente pidió que imputen por sedición a los detenidos en la manifestación ante el Senado, después de afirmar que hubo un intento de golpe de Estado y anunciar que el ministerio de Seguridad se va a presentar como querellante contra los detenidos. O sea, el gobierno la da órdenes la Justicia.
“Hablar de terrorismo y de golpe de Estado es completamente delirante. Su único objetivo es criminalizar e ilegalizar las movilizaciones populares y justificar cualquier tipo de represión desmedida como la que vivimos ayer”, denunció Gabriel Solano, dirigente nacional del Partido Obrero.
“La ministra Bullrich pretende aplicar el delito de sedición a trabajadoras y trabajadores ocupados y desocupados, jubilados, estudiantes que ejercen su legítimo derecho a rechazar una ley que es un retroceso brutal en materia de derechos y condiciones de vida. Aplicar el delito de sedición implicaría que a cualquiera que participe de una movilización le puedan dictar una prisión preventiva, una verdadera persecución y atentado a las libertades democráticas básicas”, agregó el legislador porteño del Frente de Izquierda.
En esta persecución política Milei se vale de uno de los mayores exponente de la casta judicial. Stornelli, atornillado en el sillón de fiscal general hace más de tres décadas, se dedica a acusar a los luchadores, como hizo con Vanina Biasi por apoyar al pueblo palestino, mientras deja impune a empresarios y funcionarios por la Causa de los Cuadernos, en la que fue denunciado por pedir coimas a los acusados. Ahora él, recordado por practicar el espionaje ilegal en la causa Ramos Padilla, dice que la prisión preventiva es “la única alternativa viable para garantizar el éxito de la investigación en curso”.
“Es absurdo que gente del gobierno acuse de terrorismo y golpe de Estado cuando son ellos los que reivindican la dictadura, el terrorismo de Estado y hasta a los genocidas”, señaló Solano, y concluyó: “Sabemos que esta ley no va a salvar al gobierno de sus propias crisis y mucho menos dar respuesta al hambre y crisis económica que sufre el pueblo. Significará una pérdida de derechos, y por eso tanto esta ley como el intento de criminalización de la protesta social se van a chocar con la movilización popular”.
Prensa Obrera
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