Una nota reciente de BBC News Mundo en Colombia (4/09/24) describe una aguda crisis educativa en el país caribeño, tanto en la escuela pública como en la privada, sector éste que cerró 750 colegios, algunos de larga historia y tradición, el último año y medio. Pero la debacle también afectó a la educación pública: “En los últimos 10 años, esta reducción también es significativa. Entre 2015 y 2022, por ejemplo, se perdieron casi 1400 colegios públicos en Colombia” (ídem).
El motivo de este golpe a las dos puntas del espinel de la comunidad educativa tiene varias aristas: la caída de la natalidad, muy aguda, que provoca la reducción de la población estudiantil, la pandemia, la pauperización económica de la población, incluyendo a sectores medios, en medio de los rebotes de la represión y violencia. Estas producto de políticas de parte del Estado y grupos para-estatales después de una guerra civil de características históricas, con inicios en la década de 1960, la política de ajuste y de privatización educativa que se profundizó desde la llegada del derechista Álvaro Uribe al poder (2002), continuado luego por Juan Manuel Santos e Iván Duque, hasta la asunción del actual presidente centro-izquierdista, Gustavo Petro.
La caída de la matrícula en la educación pública se compensó parcialmente por el éxodo de la educación privada a la escuela estatal, pero particularmente por la absorción de la inmigración venezolana, superior a los 2.8 millones de personas.
El cuadro se completa con las dificultades en las zonas rurales, donde se pone en evidencia los desafíos estructurales que demandan una mejora significativa en calidad, cobertura y accesibilidad, y donde se sufre un desfinanciamiento muy superior al de las zonas urbanas. La consecuencia es que “en términos de acceso a la educación“ la cobertura en estas zonas enfrenta serios desafíos, especialmente en el nivel de preescolar, donde es solo del 47%, y en el nivel medio del 46%”. Aunque la cobertura en básica primaria y secundaria alcanza el 64%, aún persiste un problema de deserción escolar, pues menos de la mitad de los estudiantes que ingresan a primero de primaria llegan a grado once”. Resolver esta situación implicaría invertir en las zonas rurales “un promedio de $ 4.9 billones anuales hasta 2030″ (Infobae, 16/07/24), algo muy lejano a la realidad actual de Colombia.
Así las cosas, el organismo imperialista de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), con las pruebas PISA ajenas a todos los indicadores descriptos, ubica a Colombia en los últimos escaños del ranking educativo.
La escuela en la lupa
Los gobiernos colombianos, incluyendo al de Petro, y sus representantes políticos en el parlamento, no resolvieron la crisis de la educación de su país, pero si colocaron a la educación pública en la picota, y particularmente a la docencia. Esta situación de emergencia se abordó planteando la necesidad de una nueva Ley Estatutaria de la Educación, que elaboró el gobierno de Petro, con acuerdo de los diversos sectores de la oposición. Esta nueva ley establecería a la educación como un “un derecho fundamental para todos los ciudadanos y en todos los niveles, desde la primera infancia hasta la universidad. La senadora oficialista María José Pizarro, ponente del proyecto de ley, también expresó su alegría por la aprobación del proyecto: ‘El gran apartheid de nuestro tiempo es que la educación no ha sido para todos, ni en todos los niveles ni en las mismas condiciones. Esta reforma nos da la posibilidad de construir un proyecto de vida en igualdad de oportunidades, por lo menos con un piso igual para todos'” (El País, 5/06/24).
Pero la alegría oficialista fue efímera, porque para que dicho proyecto superara la discusión en comisión, y llegara a la votación plenaria, el gobierno debió establecer acuerdos con los sectores más rancios de la oposición, lo que derivó en una ley Estatutaria de la Educación privatista y contraria a los derechos de los y las trabajadoras de la educación.
Efectivamente, en el proyecto final, la educación pasó de ser de un derecho fundamental a su completo contrario: se establecía la educación como servicio esencial, que lxs docentes deberían ser evaluados en función de los resultados en los aprendizajes de lxs alumnxs, actuando punitivamente contra la carrera de las y los docentes. Se eliminó garantizar la educación inicial de 3 años, incorporó un enfoque mixto de la educación (gestión público-privada), abriendo así a las lógicas del mercado, habilitando claramente la privatización y mercantilización de la misma, se limitó el acceso a los estudios universitarios, se plantearon vouchers tanto para colegios públicos como privados, se limitó la educación nocturna y se estableció una súper-intendencia de Educación, un organismo de control de la docencia.
La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación rechazó la avanzada antieducativa
La central sindical colombiana de la docencia, Fecode, repudió de plano esta avanzada anti-educativa y convocó a partir del 12 de junio a paro indefinido hasta que el proyecto cayera del tratamiento parlamentario, y a una concentración multitudinaria que copó la ciudad de Bogotá. Fue el primer paro de la central docente colombiana contra Petro, con quien tiene vínculos de acuerdos y que fue un puntal para que llegara a la presidencia de la nación, huelga con la que derrotaron al proyecto reaccionario, que fue retirado por el oficialismo.
La extraordinaria reacción de Fecode fue apoyada por el Comité Regional de la Internacional de la Educación de América Latina, con la firma nada menos que de Sonia Alesso, la secretaria general de Ctera, como presidenta del Comité Regional Internacional de la Educación América Latina, alguien que aprobaba con total hipocresía aquello que se negó a efectuar cuando se trató en su Congreso Nacional la Ley de Esencialidad en Educación.
Sigamos el camino de la docencia colombiana
La situación de la educación argentina se refleja mucho en el espejo de la situación educativa de Colombia. En términos rigurosos de la Ocde, Colombia se ubica en los lugares más bajos de las pruebas Pisa, pero en todos los rubros, por encima de la Argentina.
La imagen que devuelve el espejo también tiene algunas diferencias. En los últimos 40 años, los principales responsables de la destrucción educativa nacional fueron los partidos patronales con base popular –fundamentalmente el peronismo-, plataforma a partir de la cual, Macri primero y ahora Milei, profundizan el ajuste contra la educación pública. Frente a esta ofensiva, la dirección peronista de Ctera acompañó –en lugar de enfrentar- la devaluación de la educación pública, apoyando a los gobiernos pejotistas en forma directa y a sus reformas privatistas de la educación, y dejando pasar sin lucha la ofensiva de “la derecha” que dicen enfrentar, tanto con Macri como ahora con el liberfacho de Milei.
Tenemos diferencias con la dirección de la Fecode, no coincidimos con su apoyo al gobierno de Petro, que no está dispuesto –como ocurrió con el debate educativo- a avanzar en los puntos más elementales de las necesidades del pueblo colombiano, porque ello lo conduce a un choque con el gran capital, enfrentamiento que evita desde su llegada a la presidencia de Colombia. Pero destacamos su acción de lucha, que expresó un grado de autonomía del poder político del cual carece por completo la burocracia sindical docente de Ctera.
Al igual que para la docencia colombiana, el camino para la docencia argentina para defender la educación pública y derrotar la ofensiva de Milei y la motosierra de todos los gobernadores que acompañan su ajuste en cada una de las provincias, es el camino de la lucha hasta la huelga general con la que, como en el país caribeño, derrotaremos a los verdugos de la educación y del pueblo argentino.
¡Vamos por una nueva dirección en Ctera, por un plan de lucha a la altura de los ataques de Milei y sus cómplices!
Daniel Sierra
