El rechazo, por parte de la Corte Suprema en su versión reducida, a la recusación de las dos sentencias condenatorias contra Cristina Kirchner apenas ha cerrado un episodio de la presente crisis política. El triunvirato supremo no se ha limitado a desechar la recusación y convalidar las penas, sino a incorporar un capítulo adicional a las sentencias previas. Afirma, en síntesis, que la defensa descuidó la fundamentación estrictamente jurídica de su posición, para privilegiar el alegato político. Este pase de manos le permite a los supremos dejar de lado el cuidadoso preparativo realizado, en especial bajo el gobierno de Macri, para instalar en los distintos escalones del proceso judicial a magistrados vinculados políticamente al Pro y a grupos económicos conocidos, como el que preside Magnetto. Para los tres mosqueteros de la Justicia, esta maniobra sería un tema político, no jurídico; el argumento es bizarro y enredado. Para la condena de un reo no solamente deben aportarse pruebas significativas, sino que el procedimiento que se sigue libere al fallo de toda duda; la culpabilidad debe ser indubitable. Al obrar en forma contraria, o sea, al ignorar el procedimiento amañado, las instancias judiciales previas y la misma Corte convierten a la sentencia en caprichosa y arbitraria. La Corte ha quedado involucrada, o sea, ha tomado partido, en una furiosa lucha dentro del Estado y dentro de la clase capitalista. Lo demostraron -y lo siguen haciendo- los pronunciamientos de las grandes cámaras y de sus voceros, a favor de la condena penal y política (inhabilitación para cargos públicos) de la expresidenta. La Corte que ha despachado en trámite rápido las sentencias contra la expresidenta tiene demoradas miles de sentencias favorables a los jubilados, que han sido apelados por la ANSeS, desde los gobiernos de CFK, Macri, los Fernández y Milei. Incluso tiene guardada una decisión acerca de torturas a soldados en Malvinas, por parte de la oficialidad, cuando ya se guerreaba en el territorio.
Aunque la inhabilitación es “perpetua”, la mirada de jueces, cortesanos y empresarios está puesta en las elecciones de este año. En estas elecciones se encuentran en juego la política del gobierno liberticida e incluso el andamiaje del Estado, principalmente porque una derrota del oficialismo desataría un default inmediato de la deuda pública. Hasta ahora el oficialismo ha salido airoso, frente a adversarios políticos en desbande, incluso en el peronismo, aunque al precio de un extendido ausentismo electoral. Pero la prueba ácida es la provincia de Buenos Aires. El territorio bonaerense demostró que el propósito de ‘relegar’ a CFK no se confinaba a la Cámara de Comercio Americana (AmCham) ni a Marco Rubio, el secretario de Estado de Estados Unidos, sino también a una fracción importante del kircherismo, encabezada por el gobernador Kicillof y una mayoría de intendentes del conurbano. El desdoblamiento electoral en la Provincia fue impulsado para forzar a CFK a aceptar una lista electoral sin su presencia, o a encabezar una oposición al gobierno kirchnerista de la Provincia. CFK respondió con el lanzamiento de su candidatura en la tercera sección electoral –un secreto, aparentemente, porque cualquiera hubiera pensado que su domicilio electoral se encontraba en La Plata-. El desdoblamiento, curiosamente, había pretendido ‘inhabilitar’, en todo o en parte, a Cristina Kirchner, sin que mediaran sentencias judiciales.
La cuestión del lugar en que CFK debiera pasar su prisión se ha convertido en el segundo episodio de la crisis política formalmente desencadenada por la Corte. El fiscal de la causa de Vialidad, Diego Luciani, ha declarado su propósito de pedir que la expresidenta purgue la pena de seis años de prisión en una cárcel común. El juez del caso, Jorge Gorini, decidiría por una prisión domiciliaria sujeta a condiciones. Los conflictos que podría desatar el día a día de una prisión domiciliaria retornaría la variante de una cárcel común. El asunto es, para las autoridades, cómo evitar que la domiciliaria se convierta en una tribuna política.
De este modo, la denuncia de la condena contra CFK ha sido desplazada, por el conjunto del pejotismo, en una disputa sobre las condiciones de su detención. El aparato pejotista y los ‘progres’ que lo circundan han puesto distancias con la lucha que obligó a la Corte a derogar el 2x1 a los presos genocidas, que ella misma acababa de dictar. La cuestión domiciliaria ha dejado encajonada la lucha por la derogación de la condena de CFK y el cese de su inhabilitación política. Wado de Pedro, un ladero de la expresidenta y exministro del Interior de Alberto F., definió los nuevos ejes: ganar las elecciones de 2027 e indultar a CFK. En menos de lo que canta un gallo, el peronismo ha reducido la lucha contra la proscripción de su líder a un operativo electoral excluyente, que está minado fatalmente por sus contradicciones políticas.
Es claro que una lucha contra la proscripción sólo puede desarrollarse como una lucha por la victoria de las reivindicaciones de las masas y por la derrota integral del gobierno de la banca y los fondos internacionales. Pero es esta lucha a la que el kirchnerismo ha escapado desde 2003 y más que nunca ahora, cuando recibe un ataque ‘existencial’. El abandono del reclamo por la derogación de la sentencia proscriptiva, por parte del pejotismo, tiene un carácter de clase: un partido patronal y de Estado no lucha por el poder cuando la clase que sustenta históricamente a ese partido defiende a muerte al gobierno de turno. Los medios le atribuyen a Máximo Kirchner haber dicho, sin ingenuidad, “Cristina es muy institucional”. El bloque parlamentario de la UxP también ha decidido a favor de la “institucionalidad”: promete boicotear las comisiones en manos del oficialismo, incluso la que trata la estafas $Libra, y sólo participar de aquellas que impulsan migajas jubilatorias y la moratoria previsional, sin ninguna acción extraparlamentaria de masas. Exhibe su mediocridad política a toda luz.
De lo que se trata ahora, para el PJ, es de cómo manejar la situación para obtener beneficios en la disputa electoral de septiembre y octubre próximos. La camarilla liberticida está negociando evitar la marcha que, el miércoles próximo, debiera acompañar a CFK a la Justicia Federal para determinar las condiciones de ejecución de la pena (y del resto de la veintena de condenados). Jorge Gorini iría, para consumar el trámite, al domicilio de Cristina K. Militantes del kirchnerismo reclaman que la marcha de cuarenta cuadras se haga con paradas sucesivas y actos públicos; en este caso, se enfrentarán a la oposición del propio aparato. No estamos en el 1972 de Perón, cuando la Junta Militar lo invitó a volver para frenar una crisis revolucionaria, sino en 1964, cuando fue despachado de vuelta para evitar una presencia “desestabilizadora”. CFK enfrenta a un peronismo que ha caído en picada en cuanto a apoyo popular. La prisión domiciliaria sería un compromiso de corto plazo, hasta que baje la marea provocada por esta crisis, y la crisis del peronismo crezca y se amplíe a medida que se acerca la fecha de presentación de listas para las elecciones. La carta de los liberticidas es la prisión efectiva en la cárcel. Sería una victoria en la “batalla cultural” de la reacción política, que espera superar el desafío electoral para lanzar el ataque a mansalva final para acabar con el derecho previsional y los jubilados, con el derecho laboral y la clase obrera y los trabajadores.
Que el episodio de una elección de medio término sea un detonante de una crisis política de estas características expone el desarrollo ineluctable de una crisis de régimen. Envuelve a la totalidad de los partidos y al Gobierno, pero por sobre todo al peronismo. Tiene lugar cuando la crisis financiera internacional avanza imparable, lo mismo que la guerra económica, y cuando la guerra mundial imperialista se ha apoderado catastróficamente del Medio Oriente. La incapacidad y la cobardía del peronismo, para enfrentar la proscripción de su principal liderazgo, debe convocarnos a reforzar el trabajo político para desarrollar un verdadero partido de la clase obrera.
Jorge Altamira
16/06/2025
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