Una infectóloga del Sanatorio Garat de Concordia, Entre Ríos, denunció que, a mitad del año 2023, el laboratorio de dicho establecimiento de salud había elevado una denuncia a la ANMAT por medicación contaminada de la empresa HLB Pharma. La denuncia fue producto de un estudio impulsado por un brote infeccioso entre pacientes oncológicos de la clínica. Como el brote estaba dado por la presencia de una bacteria desconocida para el sanatorio, comenzó a estudiarse la medicación que tenían en común los pacientes, hasta que se llegó a la conclusión de que la medicación contaminada era la Dexametasona, producida por el laboratorio denunciado. Con los resultados de la investigación en la mano, los infectólogos elevaron la denuncia a ANMAT, quien procedió a realizar sus propios análisis para corroborar las conclusiones. Pero los análisis realizados por el ente, un ensayo de endotoxinas, no fueron los indicados. Según la infectóloga que realizó la denuncia a los medios, Florencia Prieto, “un ensayo de endotoxinas puede dar negativo si la carga bacteriana es baja, pero no detecta la bacteria en sí”, y agrega que lo que debería haberse hecho es un cultivo. Los resultados de la ANMAT llevaron al ente a contestar al Sanatorio Garat que la medicación era “aceptable”. La decisión, en este caso, de desechar la medicación corrió por cuenta de la dirección del hospital privado.
El sistema sanitario y las infecciones
La denuncia de Prieto dispara algunas cuestiones importantes. Como el sistema sanitario no es inexpugnable frente a la presencia de bacterias en las instituciones hospitalarias, existe un margen de tolerancia respecto de esta presencia. Sin embargo, esta tolerancia se ha extendido hasta adaptarse a la degradación del sistema sanitario. Bombardeado por un aumento acelerado de las epidemias y pandemias, los sistemas sanitarios han registrado un aumento de las infecciones intrahospitalarias en el último lustro. A este cuadro de situación ha venido a sumarse el desfinanciamiento del sistema de salud pública y el avance de los negocios de las clínicas privadas, cuyo lucro se basa en la atención de un número cada vez mayor de pacientes, con costos cada vez menores. El desfinanciamiento de la salud pública de un lado y el avance del sistema de lucro sobre la misma, de otro, redunda en la desinversión en infraestructura y en personal de salud. Ya fue suficientemente discutido durante la pandemia de Covid 19 que la superpoblación de hospitales y salitas redunda en la circulación mayor de bacterias en los establecimientos, lo que debía ser solucionado con la construcción de más hospitales y salitas en puntos estratégicamente planificados, de manera tal de dispersar la demanda y lograr un mayor control de las infecciones. También fue discutido que la rotación del personal médico en varias instituciones era un factor de proliferación de virus. Esto porque los trabajadores de la salud, para lograr un salario que les permita vivir, se ven obligados a permanecer largas horas trabajando y, muchas veces, yendo de unos hospitales a otros. Esto quiere decir que los organismos de control, empezando por la cabeza del Ministerio de Salud y su política de ajuste, son los primeros responsables de los aumentos de brotes epidémicos en general y del deterioro de la salud de la población en particular, porque toleran una infraestructura y un flujo de trabajo que atenta contra el control de las infecciones dentro de los hospitales.
Los infectólogos han puesto de manifiesto un vaciamiento de los laboratorios, la principal herramienta para detectar potenciales epidemias. Para muestra basta un botón: en su furioso ataque a la huelga del Hospital Garrahan, el ministro Lugones y la ministra Pettovello denunciaron que, en el Hospital, la gran mayoría del personal era administrativo y, por tanto, innecesario. Dentro de esa nómina de personal “innecesario”, los ministros incluían al personal de laboratorio. Para que todos los nosocomios dispongan de un laboratorio y un comité de infecciones, como ha sido puesto en palabras por los infectólogos, se deberá luchar contra el furioso ajuste impulsado por el gobierno nacional. Quiere decir que no se trata aquí de un “sistema regulatorio que no regula”. Es un sistema regulatorio que TOLERA la degradación del sistema sanitario y que trae como consecuencia el aumento de las enfermedades en el cuerpo social. Es una POLÍTICA de vaciamiento, impulsada hasta el fondo por el gobierno actual, pero que no es más que la continuación de la política de vaciamiento de los gobiernos anteriores.
La producción de medicamentos y las infecciones
En su denuncia, la infectóloga señaló que ANMAT realizó un análisis inadecuado para lo que debía detectarse, la presencia de bacterias que pudieran proliferar en el organismo humano. La respuesta de ANMAT “firmada por la Dirección de Fiscalización y Gestión de Riesgo, afirmaba que los ensayos realizados estaban 'dentro de las especificaciones autorizadas'.” (ariesonline.com, 16/08). Quiere decir que ANMAT procede con este método sistemáticamente. Cabe preguntarse cuántas respuestas de este tipo ha emitido el organismo ante las denuncias, seguramente frecuentes, de las unidades sanitarias (que cuentan con laboratorios acordes y que tienen la política de llevar a fondo las investigaciones de brotes en el hospital). El mismo razonamiento hecho para el sistema sanitario debe aplicarse al sistema de producción de medicamentos, en este caso sí, totalmente privatizado. Partiendo del razonamiento de que las unidades de producción de medicación no son inexpugnables, no seamos ingenuos, corresponde investigar cuáles son los márgenes de contaminación que el Estado tolera. La investigación de esa contaminación con métodos inadecuados revela una política de laxitud y alta permisividad, para lo que deberían ser estándares fuertemente estrictos de control de calidad en la producción de medicamentos. Probablemente, esta permisividad no se limite a HLB Pharma y laboratorios Ramallo, sino que se extienda al resto de los laboratorios. Es que, cuando entra en juego la propiedad privada, el empresario tiene total control dentro de la unidad de producción y un margen de maniobra que le permite retacear información de los procesos productivos. Nuevamente aquí el problema es la lógica con la que se produce la medicación, la ganancia empresarial. Es altamente sabido que la industria recorta los costos relacionados con garantizar la producción de mercancías de calidad: por ejemplo, la limpieza indicada de las unidades de producción, la vestimenta adecuada de la fuerza de trabajo, las temperaturas y ventilación necesarias, etc. Todos estos factores imponen costos y ritmos de producción que entran en abierto choque con la lógica del capital, que busca producir cada vez más, en menos tiempo y al menor costo posible. Al igual que sucede en la primera línea de atención, en los hospitales, la producción privada de medicamentos atenta contra la lógica de un cuidado cada vez mayor, con varas de control cada vez mayores, a los estándares de calidad.
Y es que contrariamente a lo que profesan Milei, Sturzenegger y Caputo, la política de privatización creciente del sistema de salud visto en su conjunto, atención en hospitales y producción de medicamentos, ha redundado en una degradación del sistema y no en su contrario. Es esta degradación la que ha obligado al Estado capitalista a flexibilizar todos los controles, porque de lo contrario, la rentabilidad del negocio sería “inaceptable” para los capitalistas. El caso del Fentanilo contaminado hizo volver a emerger debates estratégicos que se dieron durante la pandemia, cuando la lucha entre los laboratorios privados y fábricas de materiales de protección por el monopolio del mercado se personificaba en la pelea de los Estados por la exportación, importación y traslado de las vacunas contra el Covid 19. De otro lado, esos mismos Estados privilegiaron la emisión de moneda no para el reforzamiento del sistema sanitario, el cual salió de la pandemia más deteriorado, sino para el rescate de las grandes empresas y bancos. Este estado de situación refuta los dichos recientes de la ex vicepresidenta Cristina Fernández, acerca de que el “capitalismo, es el sistema de producción más eficiente”. Y esta lógica ha sido refutada de la peor manera posible, poniendo de manifiesto, nuevamente, la contradicción entre el lucro y la salud de la población. La diferencia entre los Milei y los Kirchner no radica en la discusión entre “regulación sí” o “regulación no”, sino en dar vía libre a la privatización desembozada del sistema de salud, caiga quien caiga, o regular esa privatización, que de todos modos se promueve y que, en última instancia, no dejará de empujar hacia abajo los estándares de fiscalización.
Estamos ante la necesidad vital de la estatización y centralización de todo el sistema de salud, desde la elaboración del conocimiento, en el campo científico de la medicina; pasando por la atención a los pacientes enfermos y finalizando en la elaboración de los tratamientos de cura (que no solo implican la producción de medicamentos
Patricia Urones
25/08/2025
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