“Tecnofeudalismo”, el credo del inmovilismo ante la decadencia capitalista y la guerra

Yanis Varoufakis fue ministro de Finanzas del gobierno izquierdista griego de Siriza, que protagonizó en 2015 una capitulación histórica ante la troika del FMI, el Banco Europeo y la Comisión Europea. El ajuste para pagar la deuda pública, que Syriza y Varoufakis aceptaron, le valió a la clase obrera y a los explotados griegos un retroceso social e incluso humanitario sin precedentes. Desde entonces, Varoufakis ha repartido su tiempo entre conferencias y textos dirigidos a justificar aquella capitulación. Recientemente, se ha destacado por caracterizar al actual orden capitalista como un tecnofeudalismo, en relación al lugar de las grandes corporaciones digitales en la economía mundial. Ya nos ocupamos de ello en estas páginas (El capital digital no es “tecnofeudalismo” - Política Obrera). Pero en un reciente artículo publicado en el portal UnHeard”, Varoufakis va más lejos: presenta a ese capital digital como una forma de centralización económica estatal (“Las grandes tecnológicas son los nuevos Soviets-Ahora vivimos en una economía planificada” - UnHeard).

 Varoufakis asegura que “las siete magníficas” -Apple, Google, Meta, Nvidia, Amazon, Microsoft y Tesla- han creado “un nuevo tipo de capital (que) destruye los mercados, el hábitat del capital”. Citando a alguno de los CEOs tecnológicos, el economista griego señala que estas firmas “no sólo han eliminado la competencia para monopolizar, sino que han eliminado el mercado mismo”. A partir de allí, Varoufakis se entretiene describiendo al consumidor “prisionero” de las big tech, que han extendido sus tentáculos hasta dominar, por medio de las páginas de retail (compraventa de productos de consumo final), a los diferentes circuitos de distribución y venta de mercancías. De todos modos, para caracterizar al retail digital como una “extinción del mercado” Varoufakis no necesitaba esperar a las big tech: bastante antes de ellas, el supermercadismo representó una formidable concentración del capital comercial. 

 Desde el punto de vista del proceso del capital en su conjunto, la centralización del capital mercantil ha conducido a una fuerte reducción de los gastos de circulación. Pero ni los monopolios digitales, ni otras formas anteriores de centralización del comercio, abolen “al capitalismo y al mercado”, como pretende Varoufakis. Marx ya había observado que la concentración del capital progresa de un modo contradictorio, por un lado, agrupando el capital en núcleos cada vez más poderosos y, en ese trabajo, promoviendo la emergencia de nuevos capitales y ramas en los intersticios del gran capital. Mucho después, Lenin caracterizó al capital monopolista no como el “fin del mercado” sino como una forma “más aguda y exacerbada” de la competencia, donde la disputa por los mercados conduce al choque político y militar entre los estados nacionales que albergan a las corporaciones capitalistas. 

 Varoufakis, en cambio, nos presenta al reinado de las “Siete Magnificas” digitales como una “economía planificada”. Sin decirlo, reitera la posición de la socialdemocracia reformista y revisionista de finales del siglo XIX, que caracterizaba a la emergencia de los monopolios como una armonización del mercado mundial bajo la dirección del capitalismo, en extremo, como lo llegó a señalar Kautsky, un “monopolio único”, donde el capitalismo termina con la anarquía mercantil y extiende la planificación y organización industrial empresarial desde la fábrica al conjunto de la vida social. Naturalmente, este derrotero de armonía excluía la posibilidad de las guerras. Es significativo que, en su texto, Varoufakis apenas roce la cuestión de la guerra. Sólo señala, al pasar, que las Big Tech han intervenido en las operaciones de inteligencia militar en Ucrania o en Gaza. Pero no caracteriza a la guerra mundial como manifestación de la decadencia capitalista y del estallido de las contradicciones de un régimen social agotado. Sólo bajo ese prisma puede caracterizarse el lugar histórico de los monopolios digitales. Desprovisto de él, Varoufakis es sólo una colección de informaciones manipuladas y desaciertos conceptuales. 

 En primer lugar, la presentación de las Big Tech como una “economía planificada” omite la feroz competencia existente entre las propias tecnológicas por la captura de los mercados donde intervienen. Hasta hace poco tiempo, por los smartphones o las computadoras. Ahora, en torno del desarrollo de la inteligencia artificial, los motores de búsqueda o el propio rubro de retail (venta minorista) Entre otros casos, puede citarse la disputa de Amazon con e-Bay, Wall Mart, Ali Baba o la china Temu por el retail; entre Tesla y el coloso chino BYD, por el mercado de autos eléctricos; en la IA, la guerra de declarada por la china DeepSeek contra las Big Tech americanas, que generó a comienzos de año un terremoto bursátil en Wall Street. No hay en esto nada parecido al “fin del mercado” o de la competencia-mucho menos una “planificación”-. 

 En ausencia de ese análisis, Varoufakis se concentra en denunciar la manipulación que ejerce el capital digital sobre los consumidores -“el algoritmo te ha entrenado para conocerte mejor (…) conoce tus hábitos de gasto”. Varoufakis alude al modo como las tecnológicas orientan la información y las promociones que llegan a cada potencial comprador, en base a sus conductas anteriores de consumo. Pero en esto, no hay nada que los monopolios de consumo masivo no hayan ejercido antes a través de diversas maniobras; la publicidad, los estudios de mercado, los incentivos a la compra de determinada marca, y la lista podría ser interminable. Al quejarse por las manipulaciones en la “nube”, Varoufakis se erige como un defensor tardío de la tesis de la “soberanía del consumidor”, algo que no ha existido nunca bajo el capitalismo -sea éste digital o analógico-. Varoufakis se ha intoxicado con una de las principales tesis de los economistas académicos, a saber, la de los mercados que funcionan ´desde la demanda´. La presentación de la vida social como un “universo de consumidores” es funcional a la mayor mistificación del orden social vigente: presentar al vinculo mercantil como una relación entre iguales y, por lo tanto, como la consagración de la libertad humana. En cambio, Marx señalaba que “en la libre competencia no se pone como libres a los individuos, sino que se pone libre al capital”. Varoufakis Invoca la “libertad de consumir” del pequeño burgués ofuscado, sin tomarse el trabajo de liberar a la sociedad humana del yugo del capital.

 En oposición a esa ficticia primacía del consumo, el marxismo demostró que las necesidades humanas no son una entelequia: se encuentran históricamente condicionadas por el desarrollo de las fuerzas productivas. O sea, la producción condiciona al consumo, y no al revés. “El hambre es hambre, pero el hambre que se satisface con carne guisada, cuchillo y tenedor, es un hambre muy distinta del que devora carne cruda con ayuda de manos, uñas y dientes”, sostuvo Marx en los “Elementos fundamentales para la Crítica de la Economia Política”. Varoufakis brama por el despotismo del gran capital sobre el consumidor atomizado, sin cuestionar las bases sociales de esa manipulación -el monopolio capitalista de los medios de producción-.

 El capital comercial abocado a la distribución de mercancías de consumo final asimiló, tardía pero certeramente, las leyes que la competencia capitalista le había impuesto al capital industrial: la división técnica del trabajo, la potenciación del trabajo vivo por medio de la ciencia y la técnica aplicada al proceso de trabajo; la articulación a gran escala. Pero la planificación rigurosa que rige al interior del capital mercantil no puede confundirse con el “fin del mercado” o la planificación económica, como lo hace groseramente Varoufakis. El “orden” de los grandes capitales comerciales, digitales o no, termina en el punto exacto donde comienza el mercado. Las tecnológicas no suprimen la anarquía mercantil, como cree Varoufakis: solo la potencian a una escala superior. Las paginas web y los centros comerciales están pletóricos de mercancías invendibles y, por lo tanto, no evitan la tendencia a la crisis y a la sobreproducción. Cuanto más estricta y organizada es la articulación de la producción y el comercio al interior del monopolio capitalista, más brutales son los choques entre las diferentes corporaciones por prevalecer en el mercado. 

 Varoufakis, en definitiva, ha decretado el fin de la competencia; allí donde ésta se expresa asoma en su forma más encarnizada.

 Big Techs y Gosplan 

Queda claro, a partir de lo anterior, el absurdo de llamar a los modelos de negocio de las Big Tech como “sistemas de planificación económica que conectan a vendedores y compradores, fuera de cualquier cosa que se asemeje a un mercado”. Varoufakis escribe una contradicción en sus términos, porque una conexión de “compradores y vendedores” no tiene nada que ver con una economía planificada, sino, justamente, con un….mercado. Esa “conexión” une hoy a los compradores con Amazon o Mercado Libre. Ayer, lo hacía con los supermercados; más atrás, la “conexión” se producía en la feria del barrio, o sea, en la feliz idea de reunir a todos los puestos de venta en un mismo perímetro, algo que a nadie se le ocurriría equiparar con una forma de socialismo. La articulación de “compradores” y vendedores” corresponde al capitalismo y al mercado. El regulador social de esa conexión es la ley del valor. Por el contrario, una “economía planificada” en el marco de un estado obrero desarrollaría un equilibrio entre la producción y las necesidades sociales sobre bases sociales antagónicas -y sobre la violación conciente de la ley del valor-. Si, en ese cuadro, sobreviven aún las relaciones mercantiles o los propios precios, ello se deberá principalmente a la presión del mercado mundial capitalista sobre el estado obrero. La burocracia stalinista fue el vehículo conciente de esa presión contra las masas soviéticas, y sobre esa base constituyó su status privilegiado de casta parásita. Pero para Varoufakis, la burocracia sería “feudalista”; los usurpadores del Estado obrero revestirían un carácter precapitalista. Varoufakis no nos dice desde cuándo regiría ese “feudalismo soviético”. Es una forma sinuosa de gambetear una definición política sobre la Revolución de Octubre y su usurpación posterior . Cuando liquidó las bases sociales del Estado Obrero, la burocracia adquirió una forma social muy definida, la de una oligarquía capitalista. Lo que los Estados de la OTAN le confiscaron a esa oligarquía, al inicio de la guerra de Ucrania, no son tierras o títulos nobiliarios, sino 500.000 millones de dólares de capital monetario, trabajo no retribuido a los obreros rusos. Vaorufakis despacha a “los Soviets” con una frase que podría haber tomado de los libros de Mises o Hayek: el “fracaso del experimento soviético”. Quiere encerrar a una de las mayores revoluciones de la historia humana adentro de la probeta del académico o de la política pequeño burguesa, para quienes las masas son un campo de maniobras en función de la defensa de sus privilegios sociales. Sería bueno que Varoufakis caracterizara a su propio “experimento” woke, o sea, a la convalidación de un ajuste que llevó a la clase obrera griega a la peor condición de su historia.

 Atormentado por las “Tecnos”, Varoufakis ensaya una explicación digital para el “frustrado experimento soviético”: el Gosplan no fue exitoso, nos dice, …”porque carecía de los algoritmos, centros de datos y fibras ópticas” que existen hoy. Una explicación tecnológica de la degeneración del estado obrero y de la restauración capitalista, la cual, por cierto, ni siquiera es original. Varios izquierdistas contemporáneos -incluso “trotskistas” argentinos- se anotan en la lista de los que han mandado al tacho al proceso histórico vivo y a la lucha de clases para juzgar el derrotero de la revolución de Octubre. Bien mirada, esta explicación “digital” lleva a considerar a la revolución de 1917 como un error histórico, porque habría carecido de la tecnología necesaria para emprender la planificación (ver. https://politicaobrera.com/revista/12919-la-escuela-austriaca-y-sus-criticos-de-izquierda). Pero Varoufakis no dice -o desconoce- que la burocracia stalinista fue enemiga acérrima de la programación y de sus científicos y matemáticos, a quienes persiguió. La planificación -y las propias herramientas tecnológicas- chocaban con la arbitrariedad de la burocracia, y no al revés. 

 La alusión denostativa a “los Soviets”, en definitiva, le sirve a Varaoufakis para dejar en claro que no levanta perspectiva socialista alguna frente a la presente crisis mundial. 

 Fin del capitalismo 

Naturalmente, si no está planteada la abolición del capitalismo es porque, para Varoufakis, las “big tech” ya se han tomado el trabajo de hacerlo. Pero el economista griego ni siquiera se ha asomado a la verdadera conexión existente entre las Big Tech y la abolición del capitalismo.

 Para denostar al capital digital, Varouafakis diferencia al “capital de Edison y Ford (que) era “productivo” -coches, electricidad, turbinas- del “capital de la nube de Jeff Bezos, que no produce nada, excepto el enorme poder de encerrarnos en su feudo de nube”. Romantiza al “capital productivo” y al hacerlo, manipula la historia. Como capitalista, Edison dejó el lugar de inventor independiente para convertirse en expropiador de invenciones ajenas, producidas por sus técnicos asalariados. Para constituir una corporación en regla, se asoció con alguien “no productivo”, el J.P. Morgan. Ford, en cambio, rechazó financiarse a través de bancos, pero ello le valió un estancamiento y su desplazamiento relativo del mercado. Más allá de este hecho, el “productivo” Ford era un fascista inveterado, y le enviaba fondos a Hitler en los años 30. Ya pasando a las Big Tech, Musk y Tesla están en el mercado de los “productivos” autos eléctricos, no solo en la nube. Por otra parte, y para potenciar el “capital en la nube”, todas ellas deben proveerse fuentes energéticas y de minerales -capital productivo- para acelerar su expansión. Varoufakis, en este punto, nos pasea por el macaneo liso y llano. 

 Como ocurre con los economistas vulgares, sustituye la forma social del proceso capitalista -la explotación del trabajo asalariado por el capital- con alguna diferenciación de tipo físico material -bienes, servicios o, en este caso, algoritmos-. Marx, en cambio, desarrolló la unidad entre producción y consumo, por un lado, y entre las diferentes formas funcionales del capital -productivo, comercial, monetario- del otro.

 La producción capitalista de algoritmos, programas y otras formas del conocimiento objetivadas como capital sólo cobra sentido como formas de potenciar el rendimiento del trabajo para la producción de mercancías, cuyo último destino es el consumo humano. En el final de la cadena de la IA existen alimentos, vestimenta, necesidades humanas directas. Naturalmente, esa nueva potencia productiva acentúa el abismo existente con el consumo siempre limitado de las masas. Desde el punto de vista del carácter del capital invertido, la definición “Inteligencia Artificial” es en sí misma mistificadora, porque la Inteligencia está asociada al carácter creador y conceptual del trabajo humano vivo -otra cosa es la posterior vinculación de los conceptos o informaciones previamente elaborados por la mente humana a través del uso de algoritmos-. Lo primero, es capital creador de valor -capital variable-. Lo segundo, o sea, la mal llamada “Inteligencia” Artificial, es trabajo humano objetivado, o sea, capital constante. El desarrollo de la IA comporta un salto extraordinario en la proporción de trabajo pasado o muerto -no creador de valor- respecto del trabajo vivo. La conclusión de todo esto es la acentuación de las contradicciones que conducen al capitalismo a las crisis: un exceso de capital -sea bajo la forma de mercancías, de medios de producción o de capital dinerario- para las posibilidades de valorización a la tasa de ganancia reclamada por los capitalistas. En una economía dominada por el capital ficticio -o sea, por valores y pagarés fundados en meras promesas de beneficios futuros- el derrotero de estas crisis es el estallido de las burbujas bursátiles. Esto es lo que los analistas prevén, precisamente, en relación al actual boom de las IA. Mal que le pese a Varoufakis, las Big Tech no serán parteras de un “nuevo orden” o planificación económica, sino de una gran crisis capitalista.

 Pero las IA y la economía digital son, al mismo tiempo, una poderosa señal del agotamiento del capitalismo como organización social: la liquidación del tiempo de trabajo como regulador social del valor, a partir del aumento fantástico en el propio rendimiento del trabajo, convierte a la economía de mercado y a la ley del valor en un trasto. “Lo que aparece como el pilar fundamental de la producción y de la riqueza no es ni el trabajo inmediato ejecutado por el hombre ni el tiempo que éste trabaja, sino la apropiación de su propia fuerza productiva, general , su comprensión de la naturaleza y su dominio de la misma gracias a su existencia como cuerpo social”, (Marx, Grundisse, escribió esto a casi doscientos años de la IA…). Al llegar a este estadio, la sobrevivencia del capitalismo reposa en el empeño brutal por sostenerlo por parte de la clase que se sirve de un orden social agotado. Esa tentativa se traduce en despotismo político, guerras, masacres y genocidios. 

 La concentración de la producción y el mercado digitales crean las premisas de una extraordinaria socialización del trabajo. En las gigantescas estructuras articuladas de Amazon, Meta o Google están las bases para una reorganización socialista. Pero la reasunción social de ese fantástico acervo exige la “expropiación de los expropiadores”, la conquista del Estado y del poder político por parte de la clase obrera. 

 Cuando Varoufakis compara a las Big Tech con los soviets, lo que nos pone de manifiesto es su oposición cerril a que la actual crisis mundial conduzca a una salida revolucionaria. Para Varoufakis, el mundo ha quedado en manos de una suerte de Gran Hermano digital e imbatible. Es una forma de justificar el inmovilismo y el conservadurismo políticos: lo único que resta es perorar a favor de un capitalismo “sano” -una suerte de impotente vuelta al pasado-. En el plano político, el ataque simultáneo a las Big Tech y a “los Soviets” es una forma sinuosa de acomodarse al imperialismo europeo, en momentos en que éste rumia su fastidio frente a los arreglos de Trump y de Putin. En la guerra mundial, la izquierda democratizante de Europa juega en el campo de su propio imperialismo, el cual funge de “democrático” mientras se rearma hasta los dientes.

 De cara a la crisis mundial, los Varoufakis esconden la cabeza. Califican a la corriente política y empresarial del fascismo internacional como tecnofeudal, para no emprender una lucha contra el capitalismo; oponen a las Big Tech con un capitalismo pasado pretendidamente competitivo o “productivo”, al que quieren resucitar con regulaciones o exhortaciones. Pero las contradicciones planteadas por el capital digital miran hacia adelante, no hacia atrás: el dilema planteado es entre la guerra y la barbarie, de un lado, y el socialismo del otro. La clase obrera y la humanidad no necesitan “algoritmos”, éstos ya existen; sólo deben serle arrebatados al capital. Lo que necesitamos es un partido, o sea, la comprensión histórica de las tareas por delante a través de un programa y una organización. 

 Marcelo Ramal 

 07/12/2025

La Corte Suprema declara constitucional la confiscación de las jubilaciones

Anticipa el apoyo a la ‘reforma’ previsional del liberticismo. 

 La Corte Suprema de Justicia ha otorgado un aval sin precedentes al latrocinio perpetrado por el Estado contra las jubilaciones a raíz de la reforma previsional realizada en 2017. Luego de que distintos fallos aseguraran la inconstitucionalidad de la ley que redujo el ajuste de las jubilaciones en marzo de 2018 (un 14,5 % contra el 5,7 % que se aplicó), la Corte Suprema (con la firma de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti) acaba de fallar a favor de la apelación de los fallos que realizó Anses. La Corte niega que afecte los derechos adquiridos por los trabajadores, sin mayores explicaciones y sostiene que el Congreso tiene la facultad de dictar leyes retroactivas. Sin mayores pelos, afirman que se encuentra en juego el equilibrio fiscal del Estado. Milei y Caputo tienen piedra libre para liquidar el derecho previsional; el “equilibrio’ económico de la tercera edad ha quedado reducido a la nada. 

 Hasta 2017, los aumentos periódicos de jubilaciones y pensiones se regían por un mecanismo semestral de movilidad, que se aplicaban en marzo y septiembre de cada año. La Ley sancionada en diciembre de 2017, bajo el gobierno de Mauricio Macri, reemplazó ese mecanismo por uno de ajuste trimestral (bajo un nuevo cálculo que incluía un 70 % de la variación del índice de precios al consumidor y 30 % de la variación del salario promedio). La confiscación de Anses consistió en pagar en el mes de marzo de 2018 un aumento basado en el cálculo del trimestre anterior (un 5,71 %) y no en el de los seis meses que transcurrieron luego de que los jubilados recibieran el último aumento. De los seis meses de inflación que horadaron las jubilaciones, el gobierno sólo compensó tres (incluso por debajo de la inflación). Milei repitió el operativo en diciembre de 2023, cuando devaluó el peso en un 63 %, desató una inflación mensual del 25 % y simultáneamente congeló las jubilaciones. Medio siglo después del Rodrigazo peronista de junio de 1975. 

 Luego de iniciada la causa promovida por el jubilado Miguel Fernández Pastor, exdirectivo de ANSeS, la Sala 3 sostuvo en 2018 que el ajuste que se aplicaba en marzo de 2018 debía corresponder a los seis meses que transcurrieron a partir del último aumento. El fallo sostenía que dentro de los treinta días, la Anses debía liquidar los haberes correspondiente al período. El pago no se realizó. En ese entonces se informó que “a pesar de la promesa inicial de no hacerlo, la ANSeS está apelando a la Corte Suprema entre 1.000 y 1.500 sentencias por semana de juicios favorables de los jubilados. Son fallos de las tres Salas de la Cámara de la Seguridad Social, que rechaza esas apelaciones, pero la ANSeS interpone 'recursos de queja' para que la Corte revea las decisiones de la Cámara” (El Diario, junio de 2018).

 La Corte dice que “constituye una facultad del Congreso de la Nación efectuar modificaciones al régimen de movilidad que no hieran de modo sustancial su contenido económico", lo cual fue exactamente lo que sucedió. También aseguró la inexistencia de un derecho adquirido a mantener determinado régimen de movilidad; pero la demanda no era contra el régimen de movilidad sino contra su aplicación de manera retroactiva, es decir, aplicando un aumento trimestral luego de seis meses sin aumento.

 El fallo de la Corte constituye un alineamiento explícito con la política de ajuste, cuando asegura que el cambio de régimen de movilidad jubilatorio fue realizado “a fin de lograr una mejor administración o dar mayor previsibilidad financiera al sistema de seguridad social”. El aval de la Corte al ajuste a los jubilados con el argumento de la “previsibilidad financiera” ha sido dictado desde las oficinas del FMI. 

 El monto total de confiscación a los jubilados es equivalente a un punto del PBI, 5 mil millones de dólares, contra siete millones de jubilados. La contracara fue el anuncio de ampliación presupuestaria para el pago de comisiones e intereses de la deuda pública. Al igual que sucediera durante el kirchnerismo, los fondos del Anses fueron destinados al pago de la deuda. 

 El Be 

 07/12/2025

Iñaki Gil de San Vicente: “¡El marxismo es más actual que nunca!”

La versión venezolana de la llamada Trump-Maduro

La confiscación de CITGO y la crisis del Pentágono por el crimen de los náufragos. 

 Los voceros de Maduro ahora desmienten las filtraciones realizadas el lunes de la semana pasada por Reuters sobre el supuesto contenido de la llamada que tanto Trump como Maduro confirmaron haber mantenido el 21 de noviembre durante 15 minutos. 

 Según Reuters, en esa conversación Trump le había impuesto un ultimátum a Maduro hasta el viernes siguiente para que dejara el poder. Sin embargo, los comentarios públicos de Trump sobre esa charla se limitaron a decir que “no fue ni buena ni mala, solo una llamada”. 

 Los voceros del presidente venezolano recién este sábado comenzaron a desmentir la versión de Reuters, al afirmar que la conversación transcurrió con cierta cortesía y que incluso se habló de la posibilidad de realizar un encuentro presencial entre ambos mandatarios. Según esta versión, los trascendidos falsos de Reuters tuvieron por finalidad calmar a los gusanos encabezados por Marco Rubio, furiosos por la llamada.

 El gobierno de Trump también quedó en ridículo el miércoles pasado al pedirle al gobierno venezolano autorización para retomar los vuelos de extradición de migrantes venezolanos, apenas tres días después de haber declarado —unilateralmente y fuera de todo derecho— cerrado el espacio aéreo venezolano. 

 Al respecto, Maduro también tuvo una conversación con Erdogan, el presidente de Turquía, en la que acordaron que retomaría los vuelos, en lo inmediato, la línea aérea de ese país. 

 Las autoridades venezolanas no ordenaron en ningún momento detener los vuelos y declararon que incluso los bombardeos a las barcazas que ha efectuado el Comando Sur en el Caribe nunca fueron en el mar venezolano, sino en aguas internacionales. 

 Según voceros del gobierno venezolano, las filtraciones de Reuters también podrían ser una gran cortina de humo para tapar la expropiación y el robo flagrante que tanto los gobiernos norteamericanos como el exgobierno paralelo de Juan Guaidó cometieron sobre CITGO, y que se terminó de consumar esta semana.

 El saqueo de los activos venezolanos 

CITGO Petroleum Corporation, el principal activo de la República Bolivariana de Venezuela en el extranjero, era la filial norteamericana de Petróleos de Venezuela (PDVSA), una empresa de refinación, transporte y comercialización que en Estados Unidos gestiona tres grandes refinerías y una red de 14.885 estaciones de servicio, y que tiene capacidad para refinar 800.000 barriles diarios.

 Esta semana, la corte de Delaware —paraíso fiscal sin controles ni impuestos— aprobó la venta forzosa de las acciones de la empresa para repartir el producto de la subasta —con un oferente elegido a dedo— entre múltiples acreedores. El robo fue alevoso, ya que se otorgó al oferente por 5.900 millones de dólares un activo valuado entre 30.000 y 40.000 millones. El proceso judicial en Estados Unidos se originó por demandas de acreedores, encabezados por la minera canadiense Crystallex, que reclamaron indemnizaciones por expropiaciones realizadas por el gobierno de Chávez. 

 Esta fue la culminación de un proceso de despojo que comenzó con el reconocimiento internacional del gobierno de Juan Guaidó en 2019 por parte de Estados Unidos, la Unión Europea y la OEA. Hay 1.600 personas comandadas por Guaidó y Machado que cobraban hasta ahora sueldos —del dinero confiscado a CITGO— en carácter de miembros del gobierno de Venezuela en el exilio. Recibían un sueldo directamente desde Washington. CITGO es el origen de la fuga de millones de dólares que han desaparecido. No lo dicen los bolivarianos, sino sus propios socios en el negocio. Lo dijo Julio Borges, un exsocialdemócrata de Acción Democrática que, tras saltar por múltiples partidos, finalmente recaló como canciller infiel de Guaidó: “Debemos pasar los bienes a un fideicomiso para evitar que la plata de los venezolanos vaya a las cuentas bancarias de Guaidó” (Tiempo Argentino, 6/12).

 La venta forzada de CITGO ocurre cuando ya —pasadas las elecciones— Guaidó y sus funcionarios no tienen argumentos para seguir manejando sus finanzas. A CITGO se suma la expropiación de las 31 toneladas de oro venezolano confiscadas en Londres por el Banco de Inglaterra, el avión carguero de Conviasa confiscado en Argentina por el gobierno de Alberto Fernández y Monómeros, una petroquímica binacional colombo-venezolana usurpada por los gobiernos derechistas de Colombia —y que luego fue devuelta por el presidente Gustavo Petro—.

 Crisis en el Pentágono por el asesinato de los náufragos

 De los 23 ataques a barcazas que el Comando Sur realizó en el Pacífico y en el mar Caribe, el único que le está trayendo complicaciones a Trump es el del 2 de diciembre, cuando ocurrió un segundo ataque para rematar a dos sobrevivientes que flotaban en el agua alrededor de la barca prendida fuego. Hasta los republicanos están cuestionando este accionar, probablemente porque les permite desligarse de los hechos sin acusar directamente a Trump, ya que, aunque consideren legales los ataques en el mar, atacar enemigos a la deriva es considerado un crimen de guerra. 

 Todo el asunto es de una hipocresía despampanante, ya que Estados Unidos no le declaró la guerra a ningún país, razón por la cual todos son asesinatos ordinarios; y si lo hubiera hecho, las 83 ejecuciones en su totalidad también serían crímenes de guerra por la desproporción de la fuerza. El Pentágono no ha presentado ni una sola prueba de que alguna de las 23 barcazas haya contado con armas. El argumento que esgrime Washington es que las barcazas transportan drogas letales para los estadounidenses —de lo cual tampoco hay pruebas—, y todas las operaciones estarían avaladas por un memorándum secreto de la Oficina del Asesor Legal del Departamento de Justicia. Pero no hay ni declaración de guerra ni justificación legal para un ataque a gente desarmada y sin pruebas, y absolutamente todo queda desmentido por la capacidad de navegación de las barcazas, que hace imposible un viaje desde allí hasta las costas estadounidenses por la distancia a recorrer. 

 Sin embargo, la hipocresía de la burocracia norteamericana les permite cuestionar el asesinato de los dos náufragos, lo cual fue suficiente para desatar una crisis que pide un fusible: la pelota se la están tirando entre el llamado “ministro de Guerra” Hegseth, que impartió la orden, y el almirante Bradley, que la ejecutó. Mientras tanto, Hegseth acumula problemas legales y políticos. Además de su responsabilidad en los ataques, una investigación interna del Pentágono lo halló culpable de utilizar la aplicación Signal en su dispositivo personal para transmitir información confidencial sobre operaciones en Yemen, poniendo en riesgo a las fuerzas estadounidenses. (The New York Times, 3/12)

 Además, el 12 de diciembre el jefe del Comando Sur debe dejar el cargo, al que ya había renunciado hace meses por desacuerdos con los operativos. Asumirá en su lugar el teniente general Evan L. Pettus, de la Fuerza Aérea. El viernes pasado, el gobierno de Trump publicó su nueva Estrategia de Seguridad Nacional, en la que se refirió explícitamente a la doctrina Monroe —América para los americanos— y habló de frenar la migración indocumentada, combatir el narcotráfico y expandir la presencia estadounidense en el hemisferio occidental. Como para Occidente Trump entiende América, queda claro que Washington profundizará su ofensiva en la región, pero sin cohesión y plagada de contradicciones.

 El sábado, miles de estadounidenses se movilizaron contra la guerra en Venezuela. También hubo movilizaciones en ese sentido en Chile, México, Puerto Rico, República Dominicana, España, Colombia y el País Vasco. En cambio, las movilizaciones convocadas por María Corina Machado a favor de la invasión fueron raleadas de asistentes. Una de las mayores fue en Buenos Aires, con menos de 500 personas, y contó con la participación de Patricia Bullrich, es decir, con el apoyo del gobierno nacional. En Madrid, apenas llegaban a 30. El ataque del Comando Sur en el Caribe no es contra Maduro, sino contra toda América Latina.

 Aldana González 

 08/12/2025

El experimento educativo libertario mostró su verdadero rostro

La filtración que desnudó al Gobierno con la fuga del borrador educativo no solo expuso una reforma planificada entre sombras, sino también la intención deliberada del Gobierno de transformar el sistema escolar argentino en un mercado sin reglas, donde cada familia queda librada a su suerte. 

 El episodio que sacudió la Casa Rosada el 26 de noviembre de 2025 fue mucho más que un inconveniente administrativo: fue la grieta que dejó ver el proyecto educativo más ambicioso —y más riesgoso— del oficialismo. Un documento interno, pensado para avanzar en silencio tras el recambio legislativo, apareció circulando dentro del propio espacio libertario. Y esa filtración, lejos de ser un accidente, funcionó como una radiografía involuntaria de un Gobierno que pretende rediseñar la educación pública como quien desmonta una vieja máquina sin manual ni red de contención. 

 Carolina Losada, representante del Senado en el Consejo de Mayo, terminó siendo la portavoz involuntaria del caos. Su frase —“hay filtraciones que no ayudan a lo que queremos construir”— no solo reflejó enojo; mostró el nervio central del plan: la velocidad propia de quien sabe que la discusión pública puede desacreditar lo que solo cierra si se negocia a puertas cerradas. El “acuerdo de confidencialidad” que mencionó, casi como un escudo, confirma algo más profundo: el Gobierno necesita silencio para avanzar en una reforma que difícilmente resistiría la luz del día. 

 El oficialismo pretendía presentar el proyecto cuando los números en el Congreso le resultaran más favorables. El mecanismo era simple: reuniones discretas, borradores intercambiados entre pocos actores y cero participación social. Pero la filtración desarmó la ingeniería política. El Ejecutivo decidió congelar el trabajo del Consejo de Mayo, un organismo que nació como vidriera del diálogo plural y terminó funcionando como un comité cerrado de afinidades libertarias. 

 Aquí aparece la primera señal de alerta: cuando una reforma que promete “liberar” el sistema requiere secretismo, no estamos frente a una innovación, sino frente a un retroceso cuidadosamente empacado.

 El corazón de los borradores filtrados es contundente: se deroga la Ley Nacional de Educación 26.206 y se habilita que cada escuela —estatal, privada o autogestionada— diseñe su propio programa pedagógico, su calendario, su modalidad de enseñanza e incluso sus mecanismos de contratación docente.

 No hay estándares mínimos. No hay piso común. No hay horizonte compartido.

 Lo que queda es un mosaico de ofertas educativas que irán desde instituciones consolidadas hasta experimentos improvisados. Un país donde la trayectoria escolar dependerá más del código postal que de un derecho garantizado por el Estado.

 Es la metáfora perfecta del proyecto libertario: un país convertido en un mercado de opciones, donde “la libertad de elegir” oculta que muchos no tendrán nada para elegir. 

 La incorporación de la educación en casa y los modelos híbridos aparece presentada como una “ampliación de derechos”. Pero detrás se esconde una maniobra clara: la responsabilidad de garantizar aprendizajes se desplaza del Estado hacia las familias, que pasarán a sostener —económica, emocional y logísticamente— lo que antes era un derecho colectivo. 

 En otras palabras: el Estado se retira y quienes puedan pagar cubrirán el vacío. Quienes no, quedarán atrapados en un sistema que formaliza la desigualdad. La filtración no solo adelantó el contenido del proyecto; también dejó al descubierto el rumbo fiscal del Gobierno. La reforma escolar funciona como la pieza clave para reducir el gasto público en uno de los bienes más estratégicos del país: la educación pública, gratuita y de calidad, el motor histórico de movilidad social que permitió que Argentina no fuera solo un territorio, sino una comunidad con aspiraciones comunes. Cuando se desfinancia la escuela, no se ajusta una partida: se recorta el futuro. 

 La filtración obligó al Gobierno a mostrar su jugada antes de tiempo. Ahora la sociedad conoce el verdadero alcance del experimento: un sistema educativo sin estructura común, sin responsabilidad estatal y sin protección para quienes más dependen de lo público.

 Argentina está frente a una encrucijada. Podemos aceptar una reforma que convierte la educación en un bien transaccional o podemos defenderla como lo que siempre fue: el pacto social que iguala, integra y proyecta.

 Si esta es la revolución educativa que propone el oficialismo, entonces es momento de encender las luces, abrir el debate y decidir si estamos dispuestos a entregar el futuro de nuestros hijos a las reglas de un mercado sin reglas. 

 La educación no se improvisa. Se construye con Estado, con planificación y con un horizonte colectivo. Lo demás es marketing. Y del marketing, como quedó demostrado, siempre se escapa la verdad. 

 Nicolas Schamne | 02/12/2025

Ahora Caputo aprieta a Kicillof con el ‘default’ de provincia

En horas de la madrugada y bajo un escandaloso reparto de cargos en el directorio del Banco Provincia, Kicillof logró que se aprobara su Ley de Financiamiento y pueda emitir nueva deuda por hasta 3685 millones de dólares. Sin este ‘refinanciamiento’, Kicillof adelantaba un escenario de quiebra financiera y, en lo inmediato, la imposibilidad de pagar aguinaldos a empleados y jubilados estatales. Ante esta extorsión antiobrera, el sindicalismo propatronal y estatal de los Baradel acompañó la demanda del gobernador sin chistar. 

 Con esta nueva emisión de deuda, la ley prevé destinar 1.446 millones de dólares para afrontar los vencimientos de deuda de 2026, uno en marzo y otro en septiembre. El resto serán 251 millones para cubrir el déficit público, 1.045 para recuperar gastos ya ejecutados, 400 millones para obras, mientras que quedan 543 millones para ‘otras adjudicaciones’. Según un informe de la consultora Empiria, el nivel de deuda del Estado bonaerense ya equivale al 90% de los ingresos provinciales, reflejando un cuadro estructural de quiebra financiera que sólo puede prolongarse mediante con ‘refinanciamientos’ permanentes. Kicillof aprovecha cada ocasión para señalar que gran parte de esa deuda proviene del gobierno de María Eugenia Vidal que, sin embargo, legitimó. El informe destaca que en la provincia cayó la recaudación por la baja temporal de retenciones y el adelantamiento de exportaciones; la caída de los impuestos ligados a la actividad interna (IVA DGI, cheque, internos) y la eliminación del impuesto PAÍS. Kicillof denuncia que el gobierno de Milei le debe a la provincia “13 billones de pesos” en conceptos de transferencias no ejecutadas.

 Lo cierto es que para conseguir la aprobación de la ley Kicillof debió primero pactar con los legisladores de los intendentes ‘propios’ (La Cámpora) y ajenos un fondo por 360.000 millones de pesos que se financiaría con este nuevo endeudamiento. Lo mismo en cuanto a nombrar cargos públicos como el Consejo General de Cultura y Educación, y el Tribunal Fiscal de Apelación. La frutilla del postre fueron los nuevos cargos creados en el directorio del Banco Provincia, que se entregaron a legisladores del massismo, camporistas, radicales, del PRO y los “libertarios blue” de Carlos Kikuchi, que asumieron como LLA para luego escindirse. Asediado por el quebranto señalado, un desesperado Kicillof cede terreno político y financiero apelando a los pactos podridos de la ‘casta’. El BAPRO es una entidad financiera de envergadura, y lejos de estar al servicio de las necesidades de los trabajadores de la provincia. La LLA, que votó en contra de esta ley, denunció que cada uno de esos cargos “va a costar 70 millones de pesos por mes”. Desde que asumió Milei, sin embargo, este reparto de votos por cargos, endeudamiento y transferencias financieras, en primer lugar, con los gobernadores, sigue siendo la norma a seguir, especialmente ahora hacia el presupuesto nacional del 2026. Los ‘escandalizados’ libertarios de la provincia no escandalizan a nadie.

 Kicillof debe sortear, sin embargo, un escollo más, porque este endeudamiento debe contar con la autorización del gobierno nacional, es decir, de Caputo y Milei. Según lo establecido por la ‘Ley de Responsabilidad fiscal’ se habilita al gobierno nacional rechazar un endeudamiento provincial en la medida que el distrito no cumple con la ‘disciplina de finanzas públicas’, ponga en riesgo el patrimonio público o si hace gastos que están por encima de la inflación. En una entrevista en A24, Caputo señaló que “Buenos Aires no está cumpliendo con la Ley de Responsabilidad Fiscal. Técnicamente, lo que es deuda nueva no debería estar sujeta a aprobación porque no está cumpliendo con la ley. La provincia está aumentando los gastos corrientes por encima de la inflación”. ‘Técnicamente’ se rechazaría, pero ‘políticamente’, veremos. Kicillof no se caracteriza por un gasto público con fines sociales que siquiera empate a la inflación. Desde el gobierno de Kicillof replicaron que Caputo no dejaría en default la deuda de Buenos Aires a riesgo de transmitir mayor fragilidad al conjunto de la deuda argentina que acaba de ser rescatada por el Tesoro Norteamericano. En cualquier caso, se prevé una nueva etapa de negociaciones entre nación y provincia a pocos días de lo que sería el tratamiento de seis nuevas leyes aclamadas por la clase patronal y el imperialismo en sesiones extraordinarias en el Congreso Nacional.

 Emiliano Fabris 

 08/12/2025

Myriam Bregman: el plan de Milei y la REFORMA LABORAL

“No queremos ser carne de cañón”: la juventud alemana rechaza la reintroducción del servicio militar

El parlamento aprobó un plan de reclutamiento. Francia seguirá el mismo camino. 

 A fines de noviembre, el jefe de las fuerzas armadas francesas, Fabien Mandon, desató un tembladeral con sus declaraciones a favor de preparar a la juventud para la guerra. “Si nuestro país flaquea, porque no está dispuesto a aceptar perder a sus hijos, a sufrir económicamente… si no estamos preparados para eso, entonces estamos en peligro”, señaló (negritas nuestras).

 No se trata de un exabrupto: el gobierno de Emmanuel Macron aplicará un servicio militar voluntario a partir de 2026, dirigido a jóvenes mayores de 18 años. Los inscriptos recibirían entre 900 y 1.000 euros mensuales por diez meses de entrenamiento y el programa arrancaría con entre 2 mil y 3 mil personas, para ir elevándose hasta las 50 mil en 2035. El argumento principal para este reclutamiento es el riesgo de una guerra con Rusia.

 Tampoco es una peculiaridad francesa. El parlamento alemán votó este viernes 5 un proyecto por el cual se enviará un formulario de respuesta obligatoria a hombres y mujeres mayores de 18 años para evaluar sus habilidades para el servicio militar. La idea es sumar 5 mil reclutas. Si no se alcanza esa cifra de manera voluntaria, se procederá a un sorteo cuyo resultado será de cumplimiento obligatorio. 

 Esta reintroducción –bastante insidiosa- del servicio militar obligatorio en la principal potencia de Europa recibió una respuesta inmediata de la juventud. Este viernes 5 hubo protestas, paros estudiantiles y movilizaciones en 90 ciudades, bajo el lema “No queremos ser carne de cañón”. Algunas encuestas indican que más del 60% de los jóvenes rechazan el servicio militar. 

 En Bélgica, el gobierno derechista de Bart de Weber también prepara su propio reclutamiento, por ahora voluntario, a cambio de 2 mil euros mensuales. Lo mismo que Polonia, que aspira a formar 100 mil jóvenes al año para 2027. Pero los países que inauguraron la nueva tendencia fueron Lituania y Letonia, dos naciones bálticas, que reintrodujeron el servicio militar obligatorio en 2015 y 2023, aduciendo la amenaza rusa. 

 Estas campañas de reclutamiento se dan en paralelo a un reforzamiento de los presupuestos militares, que tienen como contracara un fuerte ajuste en el gasto social. La Otan votó en su última cumbre llevar el gasto militar al 5% del PBI para 2035, a raíz de una propuesta del candidato a premio Nobel de la paz, Donald Trump. 

 Ahora viene la etapa de adecuación a esos objetivos. El presupuesto 2026 de rearme en Italia desató –este 28 de noviembre- un paro con movilizaciones de centrales sindicales combativas, como SI Cobas y la USB. 

 Antes que esto, la Unión Europea preparó el terreno con una pérfida campaña publicitaria en la que se explica a la población cómo armar un “kit de supervivencia” para sobrevivir 72 horas ante emergencias naturales o guerras. 

 En resumen, los gobiernos capitalistas e imperialistas europeos enfrentan a la juventud cada vez de manera más desembozada a la lúgubre perspectiva de morir en las trincheras y “sufrir económicamente”. Tras la experiencia devastadora de dos guerras mundiales, el capitalismo nos acerca a una tercera. Y a pesar de ello, Milei y compañía insisten en su panegírico de este régimen social que solo ofrece conflictos bélicos, pandemias, desigualdad social creciente y miseria.

 El camino lo marcan los estudiantes alemanes: no ser carne de cañón de los intereses imperialistas. Derrotemos a los gobiernos del ajuste, la represión y la guerra. 

 Gustavo Montenegro

¿Todo Marcha Acorde al Plan?

Milei festeja un endeudamiento desesperado y una ola de quiebras. 

 La única salida es derrotar el "plan" de Milei y Caputo. Según el gobierno "Todo Marcha Acorde al Plan". Milei dice que la quiebra de sectores de la economía es algo sano y hasta deseable, y festeja el anuncio de Caputo de emitir deuda como forma de juntar los dólares para pagar los vencimientos de enero. ¿Es el plan o es una crisis? 

 La vuelta a los mercados internacionales de crédito, para renovar los impagables vencimientos de deuda externa, era ciertamente el principal objetivo declarado del gobierno. Sin embargo, el anuncio es un manotazo desesperado, aún si prospera. Hay que ver a qué tasa logra Caputo colocar los bonos, siendo que ya fracasó con los Bonte anunciados a mediados de año. Tampoco dijeron el monto, sino solamente que esperan con eso "cancelar parcialmente" el vencimiento de alrededor de 4.500 millones de dólares de enero. Digamos que no quisieron jugársela mucho. 

 La emisión de bonos fue comunicada luego del tirón de orejas de grandes bancos internacionales como Barclays y el JP Morgan, y del FMI, alertando por el rojo de reservas del Banco Central. El consorcio bancario de Wall Street que había gestionado Bessent rechazó prestarle al gobierno e incluso se empantanó la operación del repo que implicaba la entrega de activos como garantía. Tampoco el Tesoro yanqui habilitó un nuevo tramo del swap, el cual incluso quedó legalmente cuestionado por la FED. Por último, el riesgo país no bajó a niveles que permitieran una renegociación de la deuda, a pesar de que lo mide el mismo JP Morgan al que reportan el Ministerio de Economía, el Banco Central y la Cancillería: una cosa es el banco como empleador y otra como prestamista, cuando se fija en la solvencia del cliente. 

 La reticencia oficial a comprar dólares en el mercado es un síntoma de la precariedad de la política económica, ya que admite que la inyección de pesos para comprar divisas implica empujar una mayor devaluación, con el consecuente fin del esquema de las bandas cambiarias porque el dólar ya cotiza en el límite superior. Esto cuando la inflación repunta aún en plena recesión. Con todas estas limitaciones, Caputo no tenía mucho margen. Ahora hay que ver si logra montos y tasas aceptables para su colocación. Aún así, sería simplemente zafar a última hora y a un alto precio, no sostenible ante cada vencimiento: en total el primer trimestre de 2026 vencen más de 6.800 millones de los cuales más de 3.000 son intereses, que si se pagan con nueva deuda se capitalizan y al costo de duplicar las tasas actuales. 

 Ahora bien. ¿Por qué la compra de dólares por el Banco Central implica indefectiblemente devaluación? Porque no hay demanda de pesos. Dicho con las palabras de Caputo, no se produce la remonetización de la economía. ¿Y eso por qué? Porque el mercado interno se va a pique; no solo no se invierte sino que estamos ante una ola de quiebras, cierre de empresas y despidos masivos. De hecho los bancos dicen que aunque bajaron las tasas de interés de los préstamos (desde los niveles delirantes previos a las elecciones) no se reactiva el crédito porque las empresas no lo demandan; mientras los créditos personales empezaron a contraerse por el récord de morosidad. 

 Contra lo que se afirma en la campaña antiobrera para avanzar en una reforma laboral esclavista, un consultor de grandes grupos fabriles declaró a Ámbito Financiero que "hoy el problema principal no es el costo: es la demanda". Hasta gigantes alimenticias como Mondelez y Georgalos pararon la producción, menos expuestas que otras ramas a la importación. Peor es el cuadro en las textiles y el calzado, mientras las autopartistas advierten por los efectos de la paralización de plantas automotrices y la menor composición de piezas locales. Las empresas descargan la crisis sobre los trabajadores, e incluso recurren fraudulentamente a quiebras y procedimientos de crisis para evadir indemnizaciones y deudas salariales mientras redirigen sus negocios.

 Según Milei todo esto sería "parte del plan". Dice que si por las importaciones quiebran los sectores menos productivos el empleo no se pierde, se va a otras ramas más competitivas. Todo estaría joya. En realidad el trabajador queda en la lona, tiene que buscar laburo en Rappi, mientras el que se va a otras ramas más rentables es el capital, a la timba financiera y la fuga de capitales. La confesión presidencial tiene el valor de desnudar los intereses sociales antagónicos entre capitalistas y trabajadores aún en el marco de la crisis. Es algo que el peronismo y la burocracia de la CGT se esfuerzan por esconder, con planteos propios de reforma laboral en nombre de la defensa de la producción y el trabajo. 

 Esta descapitalización y el saqueo del país por el imperialismo es lo que está detrás de la interminable devaluación de la moneda nacional. En última instancia, refleja el parasitismo de la clase capitalista. Eso evidencia la perfidia de los que postulan como salida una devaluación que licúe salarios y encarezca los productos importados; solo es otra forma de cobrarle la crisis a los trabajadores, en una espiral devaluatoria que no tiene fin. 

 El problema de la economía argentina no es el "costo laboral" sino el "costo capitalista". La reforma laboral no va a resolver nada, sino únicamente incrementar la explotación y golpear la organización colectiva de los trabajadores como clase. Con eso no se despeja la crisis de deuda ni la constante depreciación del peso, ni la pérdida de competitividad local resultante de la huelga de inversiones. La única forma de empezar a salir del laberinto es con el repudio de la deuda externa fraudulenta y la ruptura con el FMI y la tutela de Trump, es decir derrotando todo el "plan" de Milei. El punto de partida es preparar la huelga general contra la reforma laboral esclavista y la ocupación de las empresas que cierran o despiden masivamente. 

 Iván Hirsch

Sumate a las asambleas abiertas del Partido Obrero en el Frente de Izquierda

Movilizamos el 19/20 de diciembre para frenar a Milei y su reforma esclavista 

 El PO en el Frente de Izquierda convoca a participar de asambleas abiertas, entre el 6 y el 13 de diciembre 

La jura de diputados en la sesión preparatoria del miércoles 3 dejó un saldo claro de la situación nacional. Los diputados del Frente de Izquierda (Romina Del Plá, Néstor Pitrola, Myriam Bregman y Nicolás del Caño) debieron jurar en medio de un hostigamiento de una banda fascistoide, que ganó la primera minoría incorporando a los restos del PRO y la UCR y valiéndose de las rupturas de los bloques de Unión por la Patria. La jura de los compañeros, levantando la bandera de la lucha del pueblo palestino contra el genocidio, rechazando la injerencia del imperialismo en América Latina y particularmente en Venezuela, y llamando a enfrentar la reforma laboral esclavista y todo el paquete de reformas del gobierno de Milei, fue una bocanada de aire fresco en una cámara dividida entre los lumpen – fachos tipo Lilia Lemoine- y la estafa de un PJ que hizo campaña para frenar a Milei solo para aprestarse a colaborar con sus reformas una vez pasadas las elecciones.

 Frente a este cuadro, la convocatoria en marcha del plenario del sindicalismo combativo, los movimientos piqueteros y las agrupaciones de jubilados, a organizar una gran jornada de movilización en el aniversario del 20 de diciembre, marca un punto de reagrupamiento para volver a ganar las calles contra esta agenda podrida impuesta por el gobierno de Milei. Una convocatoria que contrasta con la parálisis total de la burocracia de todas las centrales, que hace la plancha mientras los escasos y golpeados derechos laborales de la porción (clave) de la clase trabajadora que todavía los conserva, marchan hacia el Titanic. El PO en el Frente de Izquierda convoca a participar de asambleas abiertas en todo el país que se desarrollarán entre el 6 y el 13 de diciembre para organizarnos y ganar las calles para abrir un curso de movilización contra el gobierno. 

 Un salto en la barbarie 

 El valor de la denuncia del Frente de Izquierda en el Congreso es estratégico, porque levanta una bandera contra una barbarie capitalista que se despliega en toda la línea. El genocidio en Palestina, televisado para todo el planeta, marcó un nuevo escalón en la exhibición de las matanzas del imperialismo y el sionismo. Acto seguido, Trump concentró sus tropas en Venezuela para bombardear embarcaciones, aplicando la pena de muerte sumaria bajo la acusación sin ninguna prueba de “terrorismo”. Incluso la oposición demócrata (responsable a su turno de matanzas imperialistas en todo el mundo) remarcó que las órdenes del ejército norteamericano son ejecutar náufragos de barcos hundidos, sin contemplaciones. La presión para el recambio del régimen de Maduro se apoya en los métodos de barbarie genocida aplicados en Medio Oriente, y sólo puede llevar a una profundización de la crisis que ya vive Venezuela bajo un gobierno que se ha transformado virtualmente en una dictadura.

 La acusación de narcotráfico que Trump esgrime contra Maduro bien debería caberle a Milei. Porque sostuvo desde el primer momento a Espert y sus vínculos con Fred Machado y ahora a Lorena Villaverde en la Cámara de Diputados. El mileísmo que denuncia el lavado de las financieras de Tapia mientras se descubren sus propias redes de desfalco y lavado en la Andis, a costa de los discapacitados, e involucrando a pesos pesados del negocio farmacéutico como Roche y la Suizo Argentina, que protagonizaban un desfalco en gran escala alimentando de paso el 3% para Karina. Si estas tropelías no le generan al gobierno costos mayores es por la complicidad de la justicia (Casanello y Piccardi), que mantiene a la hermana presidencial a salvo de los proverbiales allanamientos que revoleaba a diestra y siniestra cuando se trataba de las cocineras de los barrios del Polo Obrero. 

 Por eso, el valor de una referencia de lucha contra este régimen podrido no puede ponerse en discusión. En nuestro caso, la colocamos al servicio de desarrollar a fondo la lucha contra la reforma laboral y todas las iniciativas de este gobierno, por eso convocamos asambleas para impulsar el 20 de diciembre y organizar cada lugar de trabajo, estudio y barrio para salir a enfrentar esta barbarie. 

 Masacre industrial

 La política del gobierno se está llevando puesto a gran parte del parque industrial del país, por supuesto, con sus respectivos puestos de trabajo. Sólo en noviembre cerraron Whirlpool, la fábrica de ollas Essen, las textiles Luxo y Vulcalar y la autopartista Dana en San Luis. La producción automotriz, de la que el gobierno se jactó en la primera parte del año, viene cayendo los últimos cinco meses, y también registra cierres y despidos. En el neumático, el combativo Sutna viene enfrentando una parálisis en la paritaria provocada por la patronal particularmente de Fate (que mantiene congelados los salarios), así como también, en todo el gremio, una política de achique con despidos (abiertos y encubiertos) y retiros voluntarios. Los obreros de Morvillo mantienen la gráfica ocupada hace meses, y se movilizaron a La Plata para exigir respuestas al gobierno de Axel Kicillof, que no ha tomado ninguna medida para garantizar la continuidad de la producción. Son la contracara de los cierres aceptados pasivamente por la burocracia sindical.

 El mismo Paolo Rocca (del grupo Techint) salió a exigir una “política industrial” frente a la avalancha de importaciones, que golpea incluso a su propio rubro. Rocca reclama no solamente aranceles, sino una devaluación que acentuaría la confiscación de una clase obrera cuyos salarios y jubilaciones siguen por el suelo. La CGT mira para otro lado frente a toda esta ofensiva, sin respuesta alguna. Las patronales y el gobierno explotan los despidos para golpear la capacidad de resistencia del movimiento obrero. Por eso, resulta central organizar una respuesta a la altura. Los sindicatos combativos que impulsan el 20 junto al movimiento piquetero que sale a las calles el 9 de diciembre por sus propios reclamos, y los jubilados que no abandonaron cada miércoles la batalla por las calles en el Congreso. En nuestras asambleas, discutiremos cómo llegar a cada lugar de trabajo, a los parques industriales, y a los lugares de estudio para convocar a volver a ganar las calles contra esta enorme ofensiva patronal. 

 ¿Gobierno fuerte u oposición cómplice? 

 La victoria electoral del gobierno, y ahora su conquista de la primera minoría en el Congreso, lleva a la idea de un gobierno “fortalecido” que no se podría enfrentar. Incluso en sectores sindicales, la contrapartida de esta posición es que habría que concentrarse en convencer a las direcciones de la burocracia sindical (que están dejando pasar el ataque) para que se sumen a la lucha. 

 En realidad, es al revés. El gobierno no las tiene todas consigo: sigue siendo un gobierno minoritario, que arrancó un triunfo electoral en un record de abstención. La situación económica sigue hundiendo el consumo popular. La “estabilidad cambiaria” golpea sectores enteros de la economía. La insolvencia producto de la deuda externa, usuraria y fraudulenta sigue condicionando la economía argentina. El FMI reclama que se acumulen reservas y el gobierno es incapaz. Si toca la política cambiaria, la inflación le va a destruir el relato. Las contradicciones acumuladas son monumentales. 

 No se trata de un gobierno que haya resuelto ninguno de los problemas nacionales: al contrario, el gobierno saca su fortaleza de la desorganización promovida en el movimiento obrero y popular por un peronismo totalmente paralizado y cómplice. Germán Martínez llamó a “trabajar civilizadamente sin agresiones en el gran trabajo que nos espera en estos dos años”. Sergio Massa le recomendó al sindicalismo peronista “sentarse a discutir la reforma laboral”. 

 En contrapartida, el pueblo de Mendoza está dando un ejemplo de cómo resistir esta ofensiva, ganando las calles contra la ofensiva pro minera del gobierno de Cornejo. El peronismo, en cambio, pide “condiciones” para negociar la megaminería. Lo dicho: no se puede frenar la megaminería teniendo de aliado a Jalil, o a Gioja.

 La Ctera no fue capaz de anunciar una sola medida frente al proyecto de Ley de Educación privatista de Milei. ¿Debe la docencia combativa concentrarse en convencer a Baradel, o apostar a ganar las calles en forma independiente contra este engendro de destrucción de la educación pública? Pero la Ctera no quiere hacer olas porque cualquier movilización nacional docente va a sacudir la provincia de Buenos Aires, donde Kicillof descuenta los paros y los salarios están en mínimos históricos. 

 Y la reforma laboral es el otro gran punto, porque el peronismo se prepara para un debate “constructivo” con proyecto propio, con el argumento de que el cambio técnico hace necesaria una actualización de las relaciones laborales. ¡Justamente por eso! En el momento en donde el desarrollo técnico debiera permitir reducir la jornada laboral sin afectar el salario, anticipar la edad jubilatoria, y garantizar las condiciones de vida de toda la clase trabajadora, el capital presiona por redoblar la superexplotación laboral, estirar las jornadas, reducir las indemnizaciones y reventar los convenios. Y el peronismo, como corriente capitalista, se suma al coro de la “modernización de las relaciones laborales”, mientras deja pasar los despidos que desarman la posibilidad de resistir en los lugares de trabajo. 

 El contraejemplo de esta línea que fortalece al gobierno es el Hospital Garrahan, donde los trabajadores con sus métodos de huelga, asambleas comunes y un gran apoyo popular, lograron arrancar un 61% de aumento salarial. El gobierno ahora está en un contraataque con sumarios a 44 trabajadores, tratando de golpear la dirección (de la Junta Interna de ATE y de Apyt) que se puso a la cabeza de esta gran lucha en defensa de los derechos laborales y de la salud pública. Por eso, una tarea central que impulsaremos desde nuestras asambleas es la defensa de los trabajadores del Garrahan contra la revancha que pretende tomarse Milei con estos sumarios. 

 Con todo al 19 y 20

 Las asambleas que realizaremos en los próximos días van a poner en discusión todo este cuadro, y tomar resoluciones de acción. La primera, lógicamente, es la organización de la movilización del 20 y la campaña contra la reforma laboral. En la agenda estará también la continuidad del apoyo a la lucha del pueblo palestino contra el genocidio, que viene congregando movilizaciones masivas, inclusive, la última, bajo la lluvia. Y cómo montamos una gran campaña contra la ofensiva de Trump contra el pueblo de Venezuela. 

 Vamos a colocar en debate, además, cómo impulsamos una fuerte campaña contra la criminalización de la protesta, que tiene diferentes expresiones. Una son las sanciones en el Garrahan. Otra es la campaña de criminalización pro alzar la voz en defensa del pueblo palestino, que tiene a Vanina Biasi en una causa elevada a juicio. Otra es la persecución contra el movimiento piquetero, que sufrió más de 100 allanamientos y el procesamiento de gran parte de los dirigentes del Polo Obrero. 

 Y, por supuesto, las asambleas culminarán en una gran campaña de difusión y esclarecimiento del carácter de la reforma laboral esclavista del gobierno de Milei y en el llamado a movilizar en un nuevo aniversario del 20 de diciembre contra este nuevo atropello. 

 Juan García

La imprescriptibilidad de las causas de corrupción y la reforma del Código Penal

El gobierno tendría previsto presentar el proyecto del nuevo Código Penal en sesiones extraordinarias. El texto fue redactado por una comisión de juristas y magistrados coordinada por el juez Mariano Borinsky. También intervinieron en el texto el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona y el viceministro Sebastián Amerio, suerte de comisario político designado por Santiago Caputo. Por estas horas se encontraría en el despacho de la -todavía- ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Uno de los agregados que incorporaría la ministra saliente, es declarar imprescriptibles los casos de corrupción contra el Estado (La Nación, 1/12). En los dos años de gobierno libertario, sin embargo, proyectos presentados por el PRO, la UCR y la Coalición Cívica, con el mismo propósito, no avanzaron y perdieron estado parlamentario. También se frustró en el Senado el proyecto de Ficha Limpia, impulsado por Silvia Lospennato, por el voto contrario de los aliados misioneros del gobierno. En el caso de que se hubiera aprobado, el oficialismo hubiera encontrado dificultades para completar sus propias listas electorales. La Cámara Alta todavía discute si acepta el ingreso de la libertaria rionegrina Lorena Villaverde, acusada de vínculos con el narcotráfico La senadora electa no puede ingresar a Estados Unidos, donde se encuentra acusada de querer comprar una importante cantidad de cocaína para su reventa. 

 El proyecto de imprescriptibilidad en los casos de corrupción amplia la lista de delitos imprescriptibles que ya fueron incorporados al nuevo Código, como los homicidios agravados, los delitos sexuales, el narcotráfico, la corrupción de menores, la trata y el terrorismo (ídem anterior). El proyecto de nuevo Código Penal se caracteriza por su reforzamiento represivo. Además de la imprescriptibilidad en estos casos, incluye el agravamiento de las penas en general, el cumplimiento efectivo de las penas y reducir las chances de liberación anticipada del condenado. Se reducen las penas de ejecución condicional y se eleva la pena mínima a tres años de modo que el 82 % de los delitos tipificados sea de cumplimiento efectivo. Entre las penas agravadas se encuentran las agresiones cometidas en manifestaciones (dos a cinco años de prisión, pero si estuviere dirigida a un policía u otro funcionario público se eleva al monto de tres a nueve años). 

 La prescriptibilidad de los delitos se relaciona con el derecho de los ciudadanos a ser juzgados en un plazo razonable. La reforma del Código reforzará la capacidad despótica del Estado sobre los ciudadanos, sin por ello mitigar un ápice la inseguridad cotidiana ni el parasitismo del personal político y su promiscua relación con los negocios capitalistas. El último caso que tomó la Corte para pronunciarse fue el de IBM-Banco Nación, por hechos ocurridos entre 1993 y 1995. Allí revocó un fallo de la Cámara de Casación por entender que el voto favorable de dos de los tres jueces que integraban el tribunal no eran convergentes y, por lo tanto, no constituían una mayoría homogénea, debido a los matices entre ellos.

 La corrupción es endémica en el Estado capitalista. La ´cartelización´ abarca a todas sus esferas de su actividad. Lo pusieron de manifiesto los 'cuadernos de Centeno' en el caso de la obra pública y ´los cuadernos de Calvete´ en el de los remedios. Lo mismo ocurre en las concesiones ferroviarias y en el subte, por citar otros dos casos. Las obras que paga el presupuesto público se reparten entre contratistas de modo discrecional. 

 En todo caso, la ´lucha contra la corrupción´ ha sido un instrumento de lucha política. La clase capitalista manipula el eco de las denuncias e instrumenta su persecución de acuerdo a los vaivenees políticos. El resorte fundamental son los tribunales federales de Comodoro Py, alrededor de los cuales se concentra un enjambre de operadores de intereses locales y extranjeros. 

 Cuando De Vido fue absuelto por el caso Skanska y el matrimonio K fue beneficiado por el juez Oyarbide con la falta de mérito en una denuncia por enriquecimiento ilícito, Clarín apenas les dedicó un recuadro informativo en las páginas interiores del diario. Eran los tiempos en los que Néstor Kirchner favorecía el monopolio de Clarín, acordaba con Magnetto la tapa del día siguiente y había aprobado la fusión de Cablevisión con Multicanal. A partir del choque entre los K y el CEO de Clarín, en 2008, el enfrentamiento escaló a la primera plana del diario y sus canales de noticias en forma cotidiana. 

 CFK, en el juicio de Vialidad, además de ser condenada a seis años de prisión efectiva -que se convirtieron en domiciliaria- fue inhabilitada de por vida para ocupar cargos públicos. La 'corrupción' se ha convertido en un instrumento de muerte política contra el adversario. Además de la imprescriptibilidad, también hubo iniciativas parlamentarias que apuntaron a impedir que los delitos de corrupción puedan ser alcanzados por amnistías, indultos o conmutaciones. La Cámpora le reclama a Kicillof el compromiso del indulto para su jefa política, como condición para apoyar su proyecto presidencial.

 Los mentores de la imprescriptibilidad coinciden en equiparar la corrupción de los funcionarios públicos con un atentado contra la democracia, Asimismo, la inhabilitación para ejercer cargos públicos sustrae cualquier consideración política sobre los presuntos ´corruptos´ a la soberanía popular, cuando debería ser el electorado quien juzgue la idoneidad política, más allá de las pruebas que se ventilen en los tribunales e incluso de una eventual condena. 

 Invariablemente, los corruptos de hoy aplican la vara alta a la corrupción de sus predecesores. Con la carga de la ´causa de los cuadernos´ cayendo como lluvia ácida sobre CFK, los liberticidas se están ocupando de dinamitar a la oposición política patronal a su gobierno. 

 Bajo la apariencia honorable de pretender resguardar la idoneidad del personal político y del funcionariado estatales, se está erigiendo un régimen más represivo contra los trabajadores. 

 Jacyn 

 04/12/2025

Protestas en Bulgaria hacen retroceder al gobierno

Protestas multitudinarias en Sofía y otras ciudades búlgaras, contra los planes presupuestarios de la coalición gobernante, forzaron al Gobierno a dar marcha atrás con el proyecto de ley que aumentaba las contribuciones individuales a las pensiones y a los programas de seguridad social. Las manifestaciones fueron convocadas por partidos de oposición que no gozan de un amplio apoyo público: “El proyecto presupuestario incluía subidas de impuestos y pensiones y un mayor endeudamiento para financiar el gasto público” (La Nación, 2/12). Preveía un déficit del 3 % y un salario mínimo de 620 euros mensuales. 

 El presidente Rumen Radev ocupa el cargo desde 2017 con poderes limitados en política exterior y defensa. El mando real recae en el jefe de gobierno, el primer ministro Rosen Zhelyazkov, miembro del partido Ciudadanos por el Desarrollo Europeo de Bulgaria (GERB por sus siglas en búlgaro), quien asumió el puesto el 16 de enero de 2025. El gobierno descansa en una alianza frágil y extremadamente divergente que reúne a la centro-derecha pro Unión Europea, al Partido Socialista Búlgaro prorruso y otra formación de tendencia nacionalista. Esta coalición frankenstein es el último experimento con el objetivo de encarrilar el país después de un período de inestabilidad política prolongado. Los búlgaros han acudido a las urnas siete veces desde 2021, para elegir un Parlamento que ha estado paralizado por una seguidilla de coaliciones lideradas por distintos partidos de centroderecha y derecha. “

La magnitud de las manifestaciones del 1 de diciembre sorprendió a todos. Inusualmente, no se limitaron a Sofía. Multitudes se congregaron en numerosos pueblos y ciudades de Bulgaria.” (Reporteri 2/12). Varios factores parecen haber contribuido, muchos expresaron su enojo por la decisión de Bulgaria de adoptar el euro el 1 de enero, aunque esto aún está por verse: “Los próximos meses son extremadamente importantes para la orientación política de Bulgaria”, ha afirmado el primer ministro, quien ha advertido de que "la adopción del euro no está garantizada", informa el diario búlgaro Telegraph. La eventual entrada en la zona común ha causado, entre la población del país balcánico, temores a una fuerte subida de precios. Se trata del país más pobre de la Unión Europea y es el segundo en nivel de corrupción, solo por debajo de Hungría.

 Bulgaria se integró este año al espacio Schengen, una zona de libre circulación de personas europeo sin controles fronterizos internos entre los países miembros, que con el rearme europeo tiene su complemento bélico: un «Schengen militar», cuyo objetivo es facilitar la libre circulación de tropas y equipos en todo el bloque con dirección al este, como planificación de contingencia frente a Rusia. En el subsuelo de esta integración se libra una batalla feroz por los despojos de Ucrania entre Francia, Alemania y Polonia. Esta última motoriza la denominada “Iniciativa de los tres mares” que conecta los territorios entre el Báltico, el Adriático y el mar Negro, donde Bulgaria desempeña un papel clave. El propósito de Varsovia es facilitar por medio de esta palanca la extracción de la riqueza ucraniana a través de ese enorme territorio y, al mismo tiempo, liderar el costoso plan de “contención” de Rusia, prescindiendo y en oposición a Francia y Alemania. Moscú ya ha calificado esta “iniciativa” pretendidamente económica como una serie de proyectos logísticos militares hostiles a sus intereses. 

 El presidente del país, el prorruso Rumen Radev, abogó durante las protestas por la dimisión del gobierno y la celebración de nuevas elecciones. El Gobierno debió desechar el proyecto de presupuesto a la mañana siguiente a las protestas. 

 Toda Europa oriental se encuentra en la primera línea de guerra. 

 Camilo Márquez

 03/12/2025

El ultimátum de Trump a Venezuela

Milei reclama a la Corte Penal Internacional el arresto de Maduro. 

 Este martes circularon trascendidos sobre la conversación que Donald Trump mantuvo con Nicolás Maduro el 21 de noviembre pasado.

 Hasta ahora, ni desde Washington ni desde Caracas se había brindado información sobre el contenido de la charla; solo había especulaciones. 

 En la conversación, que duró 15 minutos, se habría discutido un encuentro entre ambos mandatarios que finalmente no se concretó, lo cual -según medios como El País- habilita a pensar que “puede ser un primer paso para continuar con el diálogo”. Sin embargo, en esa misma comunicación también existió un ultimátum que Trump habría dado a Maduro para que dejara el país. El venezolano habría puesto tres condiciones que Trump rechazó para su salida del poder, según una persona presente en la reunión citada por el Miami Herald. 

 En primer lugar, Maduro pidió garantías absolutas de vida e inmunidad legal para él, su círculo cercano y todos los funcionarios venezolanos sancionados por Estados Unidos. 

 El mandatario venezolano también solicitó conservar el mando militar, en un esquema similar al ocurrido en Nicaragua en 1990 con Violeta Chamorro, quien asumió la presidencia sin controlar directamente las Fuerzas Armadas, que continuaron bajo liderazgo sandinista -quienes habían derrotado a la dictadura de los Somoza- hasta 1995, a pesar de que la coalición opositora que ella encabezaba había ganado las elecciones y gobernó Nicaragua durante siete años. A cambio de seguir controlando a las fuerzas, Maduro propuso convocar elecciones libres. 

 Por último, propuso un cronograma de salida paulatina del poder, que fue rechazado por Trump, quien pretende una renuncia inmediata. 

 Tras conocerse el contenido de la llamada, Nicolás Maduro redobló la verborragia antiimperialista y anunció que continuará con la construcción de una “Venezuela potencia, soberana, libre y socialista”, pese a que se supo que anteriormente había hecho numerosas ofertas a Trump que atentaban contra la soberanía de su país, como ofrecerle participación mayoritaria en PDVSA. 

 El ultimátum de Trump

 Según Reuters, Donald Trump estableció un ultimátum para que Maduro abandonara Venezuela antes del viernes pasado. 

 Cumplido el plazo, el fascista anunció el sábado el cierre total del espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores, lo que redujo notablemente los vuelos, aunque sin restringirlos por completo. 

 El lunes, Trump convocó a su Consejo de Seguridad para discutir los pasos a seguir. Karoline Leavitt, portavoz oficial, aseguró que no podía revelar más detalles, pero indicó que “hay opciones disponibles para el presidente”. Sin embargo, este miércoles, violando sus propias declaraciones sobre el cierre del espacio aéreo venezolano, el gobierno de Trump solicitó reanudar los vuelos de repatriación de migrantes hacia el país sudamericano. 

 A la ilegalidad que atraviesa toda la operatoria del Comando Sur en el Caribe se suma otro cuestionamiento que le llega a Trump desde el Senado y desde el propio Ejército estadounidense. 

 La semana pasada, el Washington Post informó que, tras el primer ataque norteamericano contra un supuesto barco narcotraficante en el Caribe -un acto ilegal en sí mismo- el secretario de Guerra, Hegseth, dio personalmente la orden verbal de matar a dos sobrevivientes que se aferraban a los restos del naufragio en llamas (La Nación, 3/12). 

 La orden de matar a sobrevivientes de un ataque naval viola todo código militar, y cualquiera que emita o cumpla dichas órdenes debería ser procesado por crímenes de guerra. 

 Cinco congresistas -todos ellos veteranos de guerra- llamaron a desobedecer órdenes ilegales, lo que puso en cuestión la autoridad de Trump, ya que dicha acción no solo impugna sus órdenes, sino que además pone en riesgo su cumplimiento.

 En el Ejército norteamericano existe un debate abierto sobre el resguardo legal que puedan tener los efectivos de cualquier jerarquía al violar el derecho internacional y el propio derecho estadounidense al seguir las órdenes de Trump, sobre todo cuando este no cuenta con garantías para un mandato eterno. Sin embargo, la historia estadounidense muestra que los únicos castigados siempre fueron los militares que se negaron a cumplir dichas órdenes y no quienes violaron los códigos de guerra. 

 Trump aprovechó la amenaza de una incursión terrestre para ampliar su campo de acción y aclaró que los ataques podrían dirigirse contra cualquier país que trafique droga hacia Estados Unidos, en una clara alusión a Colombia. 

 Ya había calificado a Gustavo Petro de narcotraficante, retirado su visa y sancionado a él y a dos familiares por las declaraciones del presidente colombiano contra el ataque a Venezuela y el genocidio en Gaza.

 Como desafío, Petro confirmó que Colombia volvió a operar vuelos desde y hacia Venezuela, rechazando la advertencia de Trump de no volar sobre cielo venezolano. También invitó al fascista a ver cómo Colombia destruye nueve laboratorios de cocaína por día sin usar misiles. 

 Sin embargo, como Colombia tiene elecciones presidenciales el año próximo, Trump tiene preparado para ese país el mismo plan de amenazas que utilizó para extorsionar al electorado argentino, aunque sin hundir barcazas en mar abierto. 

 En cambio, el despliegue militar en el Caribe y la actividad bélica en la región constituyen una amenaza concreta para Cuba, la espina que el imperialismo norteamericano tiene clavada desde hace más de 60 años. 

 Milei 

En La Haya, el encargado de negocios de la Argentina, Diego Sadofschi, tomó la palabra ante la Asamblea de la Corte Penal Internacional el lunes pasado para exigir que se activen “de manera inmediata” las órdenes de captura contra Nicolás Maduro y otros funcionarios, retomando una presentación iniciada por Mauricio Macri, retirada por Alberto Fernández y reactivada ahora por Javier Milei. La exigencia es ridícula, primero porque supone que la CPI cuenta con una fuerza propia para ejecutar sus decisiones y, segundo, porque Argentina argumenta “violaciones de derechos humanos” cometidas por Maduro como fundamento, cuando acaba de votar en contra de una resolución internacional contra la tortura en las Naciones Unidas. Ni hablar de su apoyo explícito al genocida Netanyahu, condenado por la misma CPI. 

 En realidad, el enojo teatralizado en la CPI es la vía que encontró Milei para apoyar un ataque de Estados Unidos a Venezuela y lograr el tan deseado cambio de régimen, cuando por los propios límites materiales de los destructores argentinos no pudo enviar efectivos al Caribe. 

 El antecedente más reciente es la invasión a Panamá en 1989 para derrocar y detener a Noriega. Carlos Menem, recién asumido, tuvo una posición ambigua: respaldó a Estados Unidos, pero evitó avalar explícitamente la invasión militar. Así, apoyó a Estados Unidos sin romper con el principio histórico argentino de la no intervención, algo que a Milei no le quita el sueño. 

 Milei necesita sobreactuar su alineamiento total con Trump, sobre todo porque hay parte del reciente acuerdo con Bessent que no puede cumplir, como el rompimiento total de relaciones con China. Los diarios del martes expusieron la cancelación de la visita de Bessent a la Argentina como consecuencia del enojo del gobierno de Trump por este incumplimiento. 

 En los primeros nueve meses de 2025, Argentina registró importaciones desde China que superaron los USD 13.091 millones, un salto del 66% respecto del mismo período del año anterior (LPO, 3/12). 

 Milei -que redujo la representación diplomática en Caracas y dejó la embajada en manos de Brasil- está plenamente alineado con la política belicista de Trump en América Latina, a la cual se ha sometido permitiendo el ingreso de marines al territorio nacional para realizar ejercicios conjuntos en agosto y noviembre de este año sin el aval del Congreso, es decir, violando la Constitución Nacional, y más aún al declarar que enviará efectivos y destructores al Caribe.

 El despliegue del Comando Sur en el Caribe no es contra Nicolás Maduro, sino para afianzar el control del imperialismo sobre América Latina y sus recursos naturales. El silencio de los sectores nacionales y populares es una ofrenda al trumpismo. Solo la movilización independiente contra la injerencia yanqui y contra los gobiernos que la apoyan puede detener a los marines.

 Aldana González 

 04/12/2025

El prontuario del nuevo “Señor 5” de la SIDE y sus vínculos con los asesinos de Mariano Ferreyra

Auguadra: de operador del macrismo a socio del pedracismo. 

 “Desígnase en el cargo de secretario de Inteligencia de Estado de la Presidencia de la Nación al contador público Cristian Ezequiel Auguadra”, de esta manera y por medio del Decreto 852/2025 fue designado el nuevo “Señor 5”, como se conoce en la jerga de los servicios a quien preside la SIDE. Auguadra se venía desempeñando dentro de la agencia desde 2024 cuando fue nombrado como Inspector General de la División de Asuntos Internos (DAI). 

 Auguadra tiene dos cualidades que lo califican para presidir la SIDE: su bajo perfil y la más importante y que selló su suerte, es cercano a Santiago Caputo y del círculo familiar del asesor presidencial, del que ha sabido ser contador. 

 Hasta el momento era conocido dentro de las esferas técnicas de la SIDE y por los personeros políticos que transitan los pasillos de los “sótanos de la democracia”, pero Auguadra cuenta con su trayectoria cercana a los círculos de poder. A mediados del año 2004 Mauricio Macri, lo propuso para que ocupara una silla en el Directorio del Banco Ciudad. Su nominación fue ratificada por la Legislatura porteña, pero por rencillas internas dejó su puesto en 2005. Ni bien asumió “lanzó una ofensiva pública: envió una carta a legisladores, directores del banco y al titular del Banco Central denunciando supuestas irregularidades en la administración de títulos públicos.” (Noticias La insuperable 3/12) Con este accionar Auguadra dejó en claro que no era un simple cuadro técnico, sino un operador del macrismo, que en ese momento se encontraba en un forcejeo con Yabrán por la conducción del banco. 

 En su raid “reformista” el gobierno libertario llevó adelante una reestructuración de la AFI. Como primer paso le devolvió la designación con la que la agencia operó bajo la dictadura hasta el menemismo: SIDE. A su vez creó cuatro organismos centralizados con sus respectivos directores: el Servicio de Inteligencia Argentino (SIA) presidida por Alejandro Walter Colombo, la Agencia de Seguridad Nacional (ASN), cuyo director es Alejandro Pablo Cecati, la Agencia Federal de Ciberseguridad (AFC) comandada por Ariel Waissbein y la División de Asuntos Internos (DAI) en la que fue nombrado Auguadra, dependencia transcendental dentro de la SIDE ya que está “encargada de auditar movimientos internos, intervenir en sumarios y supervisar el uso de fondos reservados. La llamada "cuarta agencia" del sistema tiene un rol estratégico: vigilar la conducta y las operaciones dentro del propio organismo. Ese lugar lo posicionó, incluso antes de asumir la jefatura, en el corazón de las disputas internas por el control del espionaje estatal.” (Clarín 3/12) 

 Desde su lugar de control interno Auguadra fue forjando un poder hacia dentro de la SIDE y en este sentido promovió investigaciones que lo pusieron en lugares centrales del aparato y su “formación contable y experiencia en auditorías resultaron funcionales en un organismo atravesado por internas, reacomodamientos y disputas por poder.” (Idem) Su carácter de funcionario técnico también fue central para su elección el cargo, ya que dentro de los objetivos del gobierno para con la SIDE se encuentra la de “profundizar la modernización técnica y operativa del organismo, consolidar mecanismos de control y planificación estratégica, y avanzar hacia un modelo de inteligencia ágil, integrado y moderno", como se puede leer en el comunicado de la Vocería presidencial en la que anunciaron su designación.

 Auguadra también es un “emprendedor” privado. En el año 2000 creó INTERPESOS S.A., empresa que tenía como razón social brindar servicios de intermediación crediticia mediante plataformas digitales, bases de datos, portales web y licencias comerciales. (Noticias La insuperable 3/12) 

 Siguiendo con sus emprendimientos privados, en 2012 se asoció con Angel Stafforini en la empresa de transporte escolar, turístico y corporativo WEST TRANSFER SRL, hoy asentada en la localidad de Haedo, desde donde operan con charters en la zona oeste del conurbano. Stafforini supo ser vicepresidente del Belgrano Cargas y contador personal del burócrata de la Unión Ferroviaria, José Pedraza. En la actualidad esta siendo juzgado por el Tribunal Oral Federal 8 por el intento de manipulación de la investigación judicial sobre el asesinato de Mariano Ferreyra. Stafforini está acusado de haber sido uno de los que reunió la suma de 50.000 dólares para manipular el sorteo en la Cámara de Casación y asegurarse de ese modo que el caso quedara en manos de una sala que revocaría el procesamiento de Pedraza y del resto de los acusados, en búsqueda de la impunidad de los autores materiales e intelectuales del asesinato de nuestro compañero el 20 de octubre de 2010. 

 En junio del 2011 el juez de instrucción Luis Rodríguez secuestró de una sucursal del Banco Galicia la caja de seguridad de Stafforini en la que se encontraban 50.000 dólares, un arma y documentación, en el marco de una investigación por el pago de coimas a jueces de la Cámara de Casación Penal para favorecer la situación procesal de los detenidos por el crimen Mariano. Por este motivo Stafforini quedó imputado, junto a Pedraza, el ex juez Octavio Aráoz de Lamadrid, el funcionario judicial Luis Ameghino Escobar (hijo de un ex camarista) y el agente de inteligencia Juan José Riquelme. En su momento la causa se disparó por una escucha telefónica interceptada por orden de la jueza Wilma López, quien instruyó el expediente principal por el crimen de Mariano, en la que el agente de inteligencia Riquelme, Pedraza, el ex juez Aráoz de Lamadrid y el propio Stafforini aparecían intercambiando comunicaciones en tono críptico. 

 En las escuchas ordenadas por la justicia eran mencionados con insistencia los camaristas de casación Eduardo Riggi, Gustavo Wagner Mitchell y Mariano González Palazzo en tres etapas diferentes de la apelación que debían presentar los abogados de los detenidos, mucho antes de que cayera preso Pedraza, quien parecía ser el principal factótum de toda la negociación.

 Este es el prontuario del “Señor 5”. 

 Lucas Giannetti 

 05/12/2025

Caída de la vacunación: aumentan los casos de tos convulsa

Hay 7 fallecidos. 

 Los casos de tos convulsa (o coqueluche) en nuestro país van en aumento. A la fecha se reportan 7 fallecidos a causa de la enfermedad. Cuatro de ellos tenían menos de 6 meses, uno tenía menos de 11 meses y dos no llegaban a los 2 años. “Ninguno de los cuatro casos en edad de vacunación posee dosis en el Registro Federal de Inmunización Nominalizado (Nomivac), mientras que los otros tres casos son menores de dos meses y tampoco se registra la vacunación materna”, indicaron desde el Ministerio de Salud Nacional. 

 De acuerdo al último Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) el número de casos asciende a 688 sobre 5.110 notificaciones de casos sospechosos. Los distritos que están informando más consultas de personas con signos de alerta son Tierra del Fuego, Córdoba, Buenos Aires, Salta, Mendoza, Santa Fe y la ciudad de Buenos Aires. El grupo de 0 a 5 años registra la mayor cantidad de contagios, con predominio en los menores de 1 año, concentrando el 36,7% de los casos confirmados en 2025 (252 en total), especialmente en el subgrupo de menores de 6 meses (173 casos). 

 La tos convulsa, tos ferina o coqueluche es una enfermedad respiratoria aguda, que se puede prevenir por medio de la vacunación. Esta enfermedad puede afectar a personas de todas las edades, aunque presenta mayores tasas de morbilidad y mortalidad en lactantes y niños pequeños. Actualmente existen vacunas seguras y efectivas. En Argentina, además de la vacunación a los 2, 4, 6, 15-18 meses y a los 5 años, desde 2009 se inició la vacunación a los 11 años con el objeto de disminuir los reservorios en adolescentes. En el año 2012 se recomendó la vacunación contra tos convulsa para todas las personas gestantes a partir de la semana 20 de gestación y se incorporó esta indicación al Calendario Nacional de Vacunación (CNV) en el año 2013. 

 Una enfermedad que se propaga a nivel mundial 

El aumento de casos de Coqueluche representa una tendencia a nivel mundial. Durante la década del 2010 a 2019, a nivel mundial, se notificaron en promedio 170.000 casos anuales de tos convulsa (coqueluche). Sin embargo, durante la pandemia de COVID-19 se observó un descenso importante, con un promedio de 80.227 casos anuales entre 2020 y 2023, lo que representa una reducción de aproximadamente dos veces con respecto al periodo anterior. El año 2021 marcó el mínimo histórico reciente, con solo 29.623 casos notificados a nivel mundial, para luego aumentar el 2022 y 2023 con 63.024 y 158.910 casos respectivamente. En la Región de las Américas, el año 2012 registró el mayor número de casos de la década, con 72.328 casos notificados de tos ferina. Desde 2013, se evidenció una disminución progresiva en el número de casos notificados anualmente en la Región hasta el 2022, cuando se alcanzó su punto más bajo con 3.283 casos y luego en 2023 aumentó a 4.139 casos. Durante el año 2024 se registra de manera provisional un aumento en el número de casos respecto a los años previos, con un total de 43.751 casos en la región. Además, en 2025 los sistemas de vigilancia de varios países de América (Brasil, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, México, Paraguay y Perú) han reportado un aumento de casos. 

 El 10 de junio de este año, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) emitió una alerta epidemiológica ante el aumento de casos de coqueluche en varios países de la región de las Américas. 

 Como sucede con la propagación del Sarampión, el aumento de casos de Coqueluche se conjuga con el descenso de la cantidad de personas vacunadas. En octubre del presente año, la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) advirtió sobre el aumento de esta enfermedad en el país e insistió, una vez más, en la necesidad de aumentar la vacunación de calendario para esta enfermedad, que está aún por debajo del 95% recomendado para salir de la cobertura subóptima con el esquema inicial de tres dosis (a los 2, 4 y 6 meses de edad) y un primer refuerzo a los 15-18 meses con la vacuna quíntuple/pentavalente, el segundo refuerzo a los 5 años con la triple bacteriana celular y el tercer refuerzo a los 11 con una dosis de la triple bacteriana acelular.

 A nivel mundial, regional y nacional, se registra un descenso progresivo de las coberturas que redunda en una acumulación de personas susceptibles a contraer la enfermedad. El análisis del esquema completo de vacunación contra coqueluche muestra diferencias marcadas entre jurisdicciones. Provincias como Tierra del Fuego, La Pampa, Jujuy, Neuquén, Mendoza y San Juan mantienen altas coberturas en la mayoría de las etapas del calendario, con buen inicio del esquema y refuerzos sostenidos, lo que indica menor acumulación de susceptibles. Por su parte, la provincia de Buenos Aires, CABA, Formosa, Santa Fe, Corrientes y Misiones presentan coberturas intermedias a bajas en varios puntos del calendario, especialmente en los refuerzos de 5 y 11 años, donde se observan los valores más críticos. En embarazadas, la variabilidad también es amplia, con coberturas óptimas en algunas provincias y subóptimas en otras. 

 El aumento de casos, además, sucede en el marco del desmantelamiento del sistema de salud pública y en el marco de una tendencia mundial, impulsada principalmente por los Estados Unidos, de cuestionamiento de la efectividad de las vacunas con el objetivo de privatizar la salud y reducir al máximo los costos que debe afrontar el estado. Estamos ante la expresión más cruda del régimen capitalista en descomposición, junto a la guerra mundial. 

 Daniela Magoc

 05/12/2025 

Fuentes:

 https://www.sap.org.ar/storage/app/uploads/public/68f/a2d/c81/68fa2dc8113af602880171.pdf https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2025/01/ben-784-se-47.pdf https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/bancos/2018- 10/0000000473cnt-2013-10coqueluche-recomendaciones-definiciones0.pdf https

://www.paho.org/sites/default/files/2025-05/2025-05-31-alerta-