Bolivia: por el triunfo de la huelga general

La derecha continental con Milei enfrenta al pueblo movilizado. 

 La huelga general se está desarrollando en Bolivia. Entre este lunes y martes, se espera la entrada a La Paz de la manifestación campesina/indígena que venía marchando desde Caracollo (a 200 kilómetros de la Capital). Y se espera la confluencia de diversos movimientos de lucha (estudiantes universitarios, mineros, etc.) y fuertes choques represivos por parte del gobierno que no quiere que ocupen la Plaza Murillo, en cuyas adyacencias se encuentra la Casa de Gobierno. 

 El gobierno intentó desalojar el sábado los piquetes y cortes de ruta que tienen bloqueada a La Paz desde hace más de una quincena y que están produciendo un creciente desabastecimiento de la ciudad. Hubo represión (57 detenidos denuncia la Defensoría del Pueblo). En algún caso, se logró despejar momentáneamente un bloqueo, pero luego las fuerzas represivas tuvieron que retirarse ante la persistencia (y crecimiento) de la movilización. El sitio a La Paz se profundiza.

 El garrote y la zanahoria

 Las amenazas represivas también crecen. El jefe de Policía, Mirko Sokol, ha amenazado con pasar de los gases a los tiros. Y diversas organizaciones empresarias han pedido que se declare el “Estado de Excepción” (estado de sitio) y se haga intervenir abiertamente a las fuerzas militares (que ya acompañan a la policía como apoyo en los operativos represivos). 

 Los campesinos de la zona cocalera han ocupado el aeropuerto de Chimoré, en el Trópico de Cochabamba, para impedir el desembarco de tropas que se proponen detener al expresidente y dirigente del disuelto Movimiento al Socialismo (MAS), Evo Morales. Versiones serias afirman que la misma DEA yanqui estaría detrás de este operativo y hasta que tendría directivas directas de poner preso o asesinar a Evo.

 Al mismo tiempo el gobierno de Rodrigo Paz está negociando con diversos dirigentes y movimientos que vienen participando de la huelga y las movilizaciones, para dividir y debilitar la huelga general. Ha prometido a los transportistas compensarlos por los daños producidos en los motores de sus vehículos por la nafta adulterada; a los campesinos de Pando les derogó la ley 1.720 que arrasaba con la pequeña propiedad agraria (pero prepara otra ley parecida), etc. El Ministerio de Trabajo llegó a un “acuerdo” con la Confederación de Maestros por el cual otorgaba un bono anual de 2.400 pesos bolivianos y promesas de “participación” de sus dirigentes en la preparación de una nueva ley educativa a cambio de levantar las movilizaciones y paros que vienen desarrollando. El sindicato del Magisterio Urbano no avaló este acuerdo y una importante asamblea del Magisterio Rural lo rechazó enfáticamente. Se trataba de un “aumento” de cerca de 500 mil pesos argentinos y anual, algo despreciable (menos del 2%) frente al aumento del 20% que venía reclamando el magisterio. 

 ¿Ayuda humanitaria y por la democracia de los Milei/trumpistas? 

El vocero presidencial de Bolivia, José Luis Gálvez, declaró que "el financiamiento del narcotráfico está detrás de los dirigentes" que participan de la huelga. Incita a la aplicación del reciente pacto firmado (“Escudo de América") por los Estados Unidos con los gobiernos derechistas del continente que habilita la intervención política y militar imperialista para enfrentar al “narcoterrorismo”, que ya fue aplicado previamente en el bombardeo e invasión de Venezuela para secuestrar al presidente Maduro por parte de fuerzas militares yanquis. 

 El gobierno de Milei ha enviado dos aviones Hércules con “ayuda humanitaria” para romper el bloqueo que viene realizando el pueblo movilizado con la huelga general sobre La Paz. Milei ha encabezado una declaración “humanitaria” y “democrática”, firmada por ocho países (Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay y Perú), en apoyo al gobierno hambreador y represor de Rodrigo Paz. Se prepara la intervención político/militar de la derecha trumpista contra el pueblo movilizado, en nombre del derecho del gobierno de hambrear a las masas trabajadores. 

 Cansados con las maniobras del gobierno –que ya en diciembre logró levantar una huelga general con falsas promesas de derogar los aumentos a los combustibles, para luego aplicarlos- la gran mayoría de las organizaciones no solo reclama por sus reivindicaciones, sino por la renuncia directa de Rodrigo Paz. Este teme que la toma de la Plaza Murillo, hoy o mañana, se transforme en la base de su derrocamiento.

Importante es que los movimientos de lucha no solo profundicen su organización y movilización, sino que se vayan coordinando y unificando local y nacionalmente, para impedir la división y el desgranamiento de esta gran huelga general. Impedir que la huelga vuelva a ser levantada por direcciones burocráticas como lo fue la anterior a fines del año pasado, aceptando falsas promesas del gobierno. Las combativas asambleas de los trabajadores del magisterio evidencian el método a seguir. Es necesario avanzar hacia la realización de asambleas en las empresas y barrios, la coordinación y convocatoria a asambleas populares regionales y una gran asamblea nacional popular con delegados elegidos en los movimientos de lucha. Así se sentarán las bases para luchar no solo por las reivindicaciones y por la caída del gobierno derechista hambreador, sino también por la perspectiva de un gobierno de los trabajadores. 

 En Argentina (y en América Latina) esta lucha está dando aliento para enfrentar a los Milei por el camino de la huelga general. Fuera Milei, Kast y Trump. Viva la lucha obrera y campesina de Bolivia y de los pueblos explotados del continente. 

 Rafael Santos

Cien horas con Fidel

El deporte y la guerra

Bolivia: El pueblo en las calles contra el paquetazo de Rodrigo Paz

Rebelión de los obreros y campesinos de Bolivia contra el “Milei del Altiplano"

Los liberticidas argentinos salen a socorrer al derechista Paz Pereira. 

 Desde hace casi un mes, Bolivia asiste a una escalada de movilizaciones. Este fin de semana, la capital de Bolivia se encontraba cercada por 22 bloqueos de caminos. En la mañana de este lunes, se espera una movilización masiva sobre La Paz, para reclamar la renuncia del presidente derechista Rodrigo Paz Pereira. 

 Las reivindicaciones en juego 

A los transportistas que denuncian el incumplimiento de las medidas de resarcimiento acordadas con el gobierno nacional por la mala calidad del combustible, se le han sumado, desde abril, sectores campesinos e indígenas que exigen la caída de una ley, la 1.720, que anula el carácter inembargable de sus tierras. Los maestros rurales y urbanos exigen aumentos salariales y la Federación de Cooperativistas Mineros (Fecomin), nuevas concesiones de explotación minera. 

 La COB ha decretado una huelga general por tiempo indeterminado el 2 de mayo; mientras que la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos (CSUTCB), Túpac Katari, lo hizo el 6 de mayo. 

 Impasse del régimen 

Paz Pereira no ha podido desactivar las manifestaciones y estas no han parado de crecer y extenderse desde La Paz a Potosí, Oruro y otros departamentos del Oriente. 

 A principios de la semana, bajo la presión de una marcha campesina que recorrió más de 1.000 kilómetros hasta La Paz, el Senado decidió abrogar la ley 1.720, aunque incluyendo una cláusula que rehabilita la posibilidad de su tratamiento dentro de 60 días. Los maestros rurales derribaron los muros del Ministerio de Educación a la par que enfrentaban la represión policial. Ante los rumores de posibles motines policiales, el Gobierno otorgó un bono de 3.000 pesos bolivianos por única vez a la policía (La Razón, 14/5). Por otro lado, bajo la excusa de los bloqueos, el Gobierno impuso una suerte de lock out de YPFB, que dejó de enviar camiones cisterna a las expendedoras. En este marco, los cooperativistas mineros bajaron hacia La Paz y se enfrentaron a la policía.

 En las bases del movimiento prospera la exigencia de renuncia de Rodrigo Paz. La COB y la Túpac Katari, así como otros sectores sindicales, han firmado, en cambio, un compromiso con el Gobierno, como ya había ocurrido a principios de año en ocasión del gasolinazo. La dureza de los bloqueos ha puesto en jaque el abastecimiento de La Paz, El Alto y otras ciudades. 

 Blindaje derechista

 Los expresidentes Mesa y "Tuto" Quiroga, junto con cámaras empresariales y comerciales, han exigido la declaración del “estado de excepción”. El Gobierno no cuenta con los dos tercios necesarios en la Asamblea Legislativa Plurinacional para ratificarlo, tal como exige la Constitución boliviana.

 Por su parte, los presidentes latinoamericanos alineados políticamente con Donald Trump, entre los cuales revista el boliviano, sacaron una declaración de apoyo a Paz, sumándose a las denuncias de golpismo y desestabilización contra el Gobierno (Ámbito Financiero, 15/5). El presidente argentino Milei ha enviado dos aviones Hércules con “ayuda humanitaria” para sortear los bloqueos. Es una repetición de lo que habían hecho Macri y Bullrich en 2016. 

 Paz Pereira ha intentado retomar la iniciativa política mediante un feroz operativo represivo, bautizado “corredor humanitario”. El sábado a la madrugada movilizó a miles de efectivos policiales y militares para levantar piquetes instalados en puntos estratégicos, principalmente de La Paz y El Alto. Sin embargo, después de 13 horas de represión, 47 personas detenidas y al menos 5 heridos, el Gobierno debió ordenar el repliegue militar y policial “sin lograr la apertura total de las vías bloqueadas” (infobae, 17/5). Los bloqueos se restablecieron y se sumaron otros. Hasta la noche del sábado permanecían instalados 22 puntos de bloqueo, la gran mayoría en el departamento de La Paz.

 Luego del fracaso del operativo represivo, Paz ha retomado un operativo de cooptación de diferentes organizaciones gremiales. Convocó a la Federación de Juntas Vecinales de El Alto (Fejuve), la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos de La Paz “Tupac Katari”, la Federación Departamental de Mujeres Campesinas Indígena Originaria “Bartolina Sisa” y a otros sectores sociales (La Razón, 17/5) a “un diálogo productivo” con una “agenda abierta” para ayer, domingo 17, en la Casa Grande del Pueblo, el palacio presidencial.

 Pero la dinámica de la movilización por abajo supera a las organizaciones establecidas. Así lo demuestra el repudio de los cooperativistas mineros al acuerdo alcanzado este viernes, entre el Gobierno y la Fecomin, para suspender las medidas de lucha. Paz festejó un acuerdo con los maestros, por un bono anual de 2.400 pesos bolivianos y la promesa de una reunión en octubre para discutir la incorporación de un aumento salarial en el presupuesto 2027. El acuerdo fue rechazado rápidamente por el magisterio rural de La Paz (La Razón, 17/5). Lo mismo sucede con la Central Obrera Regional de El Alto, que firmó un acuerdo con Rodrigo Paz para la instalación de la internet satelital Starlink en colegios, proyectos de viviendas sociales y obras viales en el Alto, el viernes pasado. Sin embargo, buena parte de sus bases han continuado las medidas de fuerza y acusado de traidores a sus dirigentes, de “negociar con la sangre del pueblo” (ídem). 

 A diferencia de enero pasado, cuando la COB y la Túpac Katari cerraron un acuerdo con el Gobierno para la abrogación del decreto 5.503, que viabilizó el gasolinazo, las bases y dirigentes medios de estas y otras organizaciones sindicales y sociales no están dispuestas a dejar que sus direcciones entreguen su lucha. Sin embargo, los obreros fabriles, y particularmente los de YPFB y de mineras privadas, no tienen una participación activa ni han paralizado la producción.

 Entre las acusaciones de Rodrigo Paz y sus funcionarios contra las movilizaciones y bloqueos obreros y campesinos, se destaca la que atribuye a Evo Morales la preparación de un golpe de Estado, sin ofrecer mayores pruebas. 

 Pero Evo Morales se ha delimitado de las bases que piden la renuncia de Paz Pereira en varias declaraciones públicas y hasta ha declarado estar dispuesto a asesorar al presidente bajo ciertas garantías (Latitud Bolivia, 17/5).

 “Fuera Rodrigo Paz”

 Mientras el gobierno de Paz Pereira no logra quebrar las manifestaciones y estas se extienden por todo el país, va creciendo también la exigencia de su dimisión. Si Paz Pereira renuncia, asumiría el vicepresidente Edman Lara, quien ha roto con Paz apenas asumió. Lara busca un pacto con sectores del MAS, pero debería llamar a elecciones en 90 días. Carentes de una perspectiva de poder, las masas movilizadas corren el riesgo de quedar atrapadas en un conflicto de cúpula (disfrazada de salida revolucionaria), lo que sería el mayor peligro para obtener la satisfacción de sus reivindicaciones. Sería necesario transformar las movilizaciones en una huelga política de masas y desarrollar una dirección nacional de la huelga al margen de las burocracias de turno.

 Como telón de fondo de esta rebelión social en desarrollo, se encuentra la crisis inflacionaria desatada por la guerra imperialista. Bajo la invasión a Irán, se han disparado los precios de los combustibles y torpedeado la política de Paz. El presidente boliviano, un socio de Trump en el Escudo de las Américas, ha pedido socorro al imperialismo y a sus socios regionales, como Javier Milei.

 Llamamos a seguir el ejemplo de Bolivia y convertir a las marchas masivas por la Educación y la Salud en bloqueos de ruta, al mejor estilo piquetero. El derrumbe de las condiciones sociales de las masas de Argentina no es menor al de las masas de Bolivia. 

 Julio Quintana 

 18/05/2026

Brote de hantavirus en el crucero MV Hondius enciende las alarmas en todo el mundo

En las últimas semanas, el brote de hantavirus a bordo del crucero de lujo MV Hondius, que provocó tres muertos y otros once contagios, forma parte de la agenda pública nacional e internacional. Encendió las alarmas porque la cepa detectada es la Andes Sur, única variante con capacidad de transmisión entre personas. Dado el amplio recorrido de la embarcación, ha surgido el interrogante de si nos encontramos frente a la posibilidad de una nueva pandemia. 

 La “Odisea Atlántica” del MV Hondius comenzó el 1 de abril en Ushuaia, Argentina. Se trata de un crucero de lujo operado por Oceanwide Expeditions. Habitar sus camarotes tiene un costo que oscila entre los 11.000 y 17.000 dólares por persona. Se encontraba transportando a 114 pasajeros a través de la Antártida rumbo a Cabo Verde (África). 

 El primer caso registrado fue el de un pasajero holandés de alrededor de 70 años, quien desarrolló fiebre el 6 de abril y falleció a bordo del barco durante la noche del 11 de abril. Frente al hecho, el médico del barco no tomó muestras ni ordenó aislamiento y el capitán expresó a los pasajeros a la mañana siguiente: “Según me informó el médico, los problemas de salud que padecía no eran contagiosos, así que el barco es seguro en ese sentido” (WSWS, 9/05). El cuerpo permaneció a bordo durante 13 días, mientras el barco continuaba su itinerario. Un pasajero que estuvo a bordo expresó que siguieron comiendo todos juntos y no se utilizaban barbijos. 

 El 24 de abril, el crucero atracó en Santa Elena (una isla perteneciente a la corona británica), donde la esposa del fallecido desembarcó en silla de ruedas y abordó un vuelo a Johannesburgo, donde falleció el 26 de abril. El Instituto Nacional de Enfermedades Transmisibles de Sudáfrica confirmó la presencia del hantavirus el 27 de abril, dieciséis días después del primer fallecimiento. Para entonces, 30 personas que habían desembarcado partieron en vuelos comerciales hacia 12 países sin someterse a pruebas, cuarentena ni notificación alguna. 

 ¿Qué es el hantavirus? 

Los hantavirus son un grupo de virus transmitidos por roedores que pueden causar enfermedades graves en el ser humano.

 La transmisión al ser humano más común ocurre principalmente a través de roedores silvestres, que actúan como reservorios naturales del virus. La principal vía de contagio es la inhalación de aerosoles contaminados con partículas virales presentes en heces, orina o saliva de roedores infectados. La transmisión generalmente ocurre al ingresar en el hábitat de los roedores (Ministerio de Salud Argentina, Glosario de Salud). Puede provocar diversas enfermedades, que pueden ser graves e incluso mortales. 

 En América, los hantavirus pueden causar el síndrome cardiopulmonar por hantavirus (SCPH), una enfermedad respiratoria grave, con una tasa de letalidad que puede llegar al 50 %. El virus Andes, presente en América del Sur, es un hantavirus conocido del que se ha documentado una transmisión limitada de persona a persona entre contactos. En Europa y Asia, los hantavirus causan fiebre hemorrágica con síndrome renal. La cepa Andes del hantavirus, que puede transmitirse entre humanos, es endémica en tres provincias de la Patagonia argentina y circula también en la región patagónica de Chile. Esto ha generado controversias y acusaciones cruzadas entre los gobiernos de ambos países acerca de dónde se produjo el contagio del primer caso. 

 La OMS y el gobierno argentino

 La notificación de la situación a la OMS fue realizada recién el sábado 2 de mayo de 2026. El organismo envió a un experto a bordo del buque para colaborar en la realización de una evaluación médica exhaustiva de todos los pasajeros y la tripulación, así como para recabar información para evaluar su riesgo de infección. Según el organismo, el número de contactos del barco y los dos vuelos internacionales afectó a más de 600, de más de veinte países. 

 Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS, señaló que, “aunque se trata de un incidente grave, la OMS considera que el riesgo para la salud pública es bajo”. Asimismo, advirtió que, dado el periodo de incubación del virus, “es posible que se notifiquen más casos” (Comunicado de la OMS, 7/05). El organismo, además, indicó que el hantavirus es más contagioso al inicio de la enfermedad, lo que justifica la aplicación de la cuarentena a los casos sospechosos. 

 Ghebreyesus, además, le pidió al gobierno nacional que reconsidere su salida del organismo. Esto fue rechazado por el gobierno liberticida, que acusó al organismo de intentar hacer uso de la situación sanitaria para "condicionar una decisión soberana de la Argentina". A través de un comunicado, el Ministerio de Salud argentino aseguró que el país "no necesita pertenecer" a la entidad para trabajar con otras naciones, ya que puede sostener "la cooperación internacional sin resignar soberanía". El funcionario omite que la salida de la Argentina de dicho organismo sigue los lineamientos de los Estados Unidos. Este lunes, la asamblea de la OMS que se realizará en Ginebra discutirá la salida de Argentina del organismo. 

 Desastre internacional 

El brote de hantavirus en el crucero encendió las alarmas en los gobiernos europeos debido a que se trata de una variante que no se ha detectado en los países de dicho continente. El gobierno de Francia anunció la adopción de medidas presentadas por la ministra de Salud, Stéphanie Rist, como “las más estrictas de Europa para proteger al pueblo francés”, con el objetivo de “romper las cadenas de transmisión” de la enfermedad (Clarín, 15/05). Las personas que viajaban en el crucero MV Hondius y llegaron a territorio francés deberán ser puestas en cuarentena el tiempo necesario en un centro sanitario, para realizar una evaluación médica y epidemiológica, y permanecerán en cuarentena o aislamiento durante 42 días.

 En España son 14 los pasajeros aislados en un hospital de Madrid y 1 caso positivo, luego del operativo conjunto entre el gobierno de España y la Organización Mundial de la Salud, en el que parte de la tripulación fue evacuada en la isla de Tenerife para la repatriación inmediata a sus países de origen. 

 En otros países, como en los Estados Unidos, 41 personas están siendo monitorizadas por hantavirus, según informaron los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) el 14 de mayo. La mayoría de los monitoreados estuvieron en algún momento a bordo del MV Hondius. En Canadá se notificó un caso sospechoso este fin de semana y se mantiene bajo observación epidemiológica estricta a 36 personas. 

 Por su parte, en Argentina, según el último reporte del Ministerio de Salud de la Nación, la temporada epidemiológica 2025-2026 ya acumula 101 casos confirmados y una tasa de letalidad que supera el 31 %. El país se consolida como el territorio americano con mayor cantidad de casos, de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS). El brote de hantavirus se produce en el contexto de recortes y vaciamiento del sistema de salud y de la ciencia a nivel mundial. En los Estados Unidos, más de 20.000 trabajadores han sido despedidos en el Departamento de Salud y Servicios Humanos desde febrero. El presupuesto de los Institutos Nacionales de Salud se ha reducido de 47.000 millones de dólares a 27.000 millones. El programa STOP Spillover, establecido para monitorear las amenazas zoonóticas, de las cuales el brote de Hondius es un ejemplo paradigmático, fue eliminado por orden ejecutiva. El Programa de Saneamiento de Buques de los CDC, la única institución de salud pública estadounidense orientada a los cruceros, fue eliminado en abril (WSWS, 9/05). 

 Los liberticidas en nuestro país avanzan con el desmantelamiento del CONICET, el Instituto Malbrán, recorta el presupuesto de salud, cierra y desmantela programas de prevención de la salud y hospitales y despide profesionales de la salud. Lo mismo sucede en Italia y Alemania, donde grandes movilizaciones rechazan los recortes en salud y educación mientras se engrosan los gastos destinados para la guerra.

Daniela Magoc

18/05/2026

“Fred” Machado se declara culpable de fraude y lavado de dinero en Estados Unidos

Espert queda en el centro de la escena Federico 

“Fred” Machado, exfinancista de José Luis Espert durante su campaña presidencial en el año 2019, ha decidido declararse culpable de los delitos de fraude y lavado de dinero tras llegar a un acuerdo en Estados Unidos con el fiscal federal de Texas, Jay Combs. El acuerdo tiene como intención evitar el juicio oral, que podía resultar en varias décadas de condena, así como el retiro de la acusación de narcotráfico, que había sido central en 2020 cuando surgió la denuncia contra Machado. El acuerdo debe ser aceptado por el juez para que sea oficial. Machado se encuentra hace 6 meses arrestado en un penal de Oklahoma y su proceso puso en el centro de la escena, el año pasado, sus aceitados vínculos con el entonces diputado de La Libertad Avanza, José Luis Espert, un fascista que se caracterizaba por reclamar “bala para los delincuentes” en las redes sociales, y quien tuvo que bajar su candidatura a gobernador de la provincia de Buenos Aires por el escándalo. 

 El acuerdo firmado por Machado no estipula una condena concreta, que será definida por el propio juez, aunque descarta la acusación más importante contra Machado. Su exsocia, Debra Lynn Mercer-Erwin, fue sentenciada a 16 años tras admitir el delito de narcotráfico internacional en 2023. Ahora, Machado espera obtener diversos beneficios como que sean tenidos en cuenta como cumplimiento de sentencia sus 4 años de prisión domiciliaria en Río Negro desde 2021 hasta su extradición a los Estados Unidos. La extradición fue acelerada por el alcance público que obtuvo la revelación de una conexión oscura entre Machado y el entonces candidato a diputado nacional, José Luis Espert.

 El dueño de la empresa de aviación South Aviation espera concretar una pronta recuperación de su libertad y obtener el beneficio de culminar su sentencia en libertad en la Argentina. Los medios aseguran que su entorno asegura que al retornar al país volverá a ejercer sus negocios. Machado fue un habitué de las altas esferas de la política local durante al menos dos décadas; también se conocen conexiones de importancia en el ámbito del espectáculo y el deporte. Dedicado a los vuelos privados, supo construir una sólida red de contactos. Machado es solo un alfil de la lumpenburguesía que vive del robo y la estafa. 

 La actividad por la que es acusado Machado incluye la creación de un fideicomiso para inscribir aviones con licencia estadounidense, logrando circular millones de dólares mediante este mecanismo. Durante años, Machado y sus socios recurrieron a la estafa lisa y llana en la venta de supuestos aviones que resultaban “invendibles”, puesto que pertenecían a terceras empresas. Entre los casos reconocidos por Machado en el expediente se cuenta: “en septiembre de 2019, lo hicieron con una aeronave radicada en China; en febrero de 2019, con un avión que pertenecía a All Nippon Airways desde 2010 y estaba registrado en Japón; y en noviembre de 2020, con un avión de Air India, sobre el que se firmó un contrato por un depósito reembolsable de US$ 5 millones.” (La Nación, 15/05) 

 El proceso de lavado de dinero ha puesto en el centro de la escena la transferencia por 200 mil dólares realizada a Espert, que figura entre las pruebas del fiscal Combs para justificar la acusación. Machado se vió obligado a alcanzar un acuerdo, tras negar en repetidas instancias cualquier delito, debido a la acumulación de pruebas en su contra, 20 terabytes de información, y la sentencia de su principal socia, Mercer-Erwin. 

 Se especula que Machado haya otorgado información, no publicada, a las autoridades puesto que los acuerdos siempre incluyen el arrepentimiento y la cooperación con las autoridades. Se espera que haya sido el otorgamiento de otros implicados o de la ingeniería utilizada para lograr un circuito confiable (Diario Ar, 12/05).

 La resolución de la causa contra Machado puede traer consecuencias contra el exdiputado Espert, que se encuentra acusado por lavado de dinero para la compra de propiedades e ingresos de dinero inexplicables en un juzgado federal de San Isidro, a cargo de Lino Mirabelli. La investigación es conducida por el fiscal Fernando Domínguez, que ha encontrado diversos indicios que corroboran las acusaciones contra Espert. En primer lugar, el fiscal ha demostrado que existió una relación comercial entre Espert y Machado. En segundo lugar, demostró que la justificación presentada por Espert: auditar las finanzas de Minas del Pueblo, en Guatemala, a pesar de no tener experiencia previa comprobable, alcanzaba en realidad un monto por 1 millón de dólares y nunca fue llevada a cabo. Con el reconocimiento de Machado sobre sus delitos, Espert se transforma en un eslabón de la red de lavado de dinero. 

 Atento al desenlace judicial de su exfinancista, Espert intentó trasladar sus causas a Comodoro Py, algo que fue rechazado por el juez Marcelo Martínez de Giorgi, que lleva adelante la causa abierta en 2021 tras el pedido de detención de Machado por parte del tribunal de Texas. 

 La trama delictiva de Machado-Espert se ha extendido como una mancha de aceite sobre la primera línea del gobierno liberticida. La estafa y el robo son el método de gobierno que ha encarado “La Libertad Avanza”; para este fin ha moldeado un régimen político a su medida. Es lo que sucede, a su propio nivel, con Donald Trump y su gabinete. La red internacional de la guerra y el fascismo es, a su vez, la del pillaje y el robo. Toda una clarificación del estadio que ha alcanzado el parasitismo del capital en su decadencia histórica. 

 Joaquín Antúnez

 17/05/2026

Fuerzas Armadas: entre el rearme y la motosierra

En un movimiento aparentemente contradictorio, el Gobierno anunció un programa de rearme de las Fuerzas Armadas y, casi simultáneamente, un recorte de casi 3 % en el presupuesto de Defensa. 

 El gobierno nacional lanzó el Plan de Adecuación y Re-equipamiento Militar Argentino (ARMA), para “ordenar y “Fred” Machado se declara culpable de fraude y lavado de dinero en Estados Unidospriorizar el re-equipamiento militar en función del planeamiento conjunto y de las necesidades operativas de cada fuerza”. El programa se financiará por medio de privatizaciones, concesiones y venta de activos estatales. El 70 % de los recursos que ingresen por ventas o concesiones de bienes pertenecientes a las propias Fuerzas Armadas serán destinados a la compra de equipamiento y obras de infraestructura.

 Los liberticidas prevén que, si se avanza en las privatizaciones, los fondos destinados a Defensa “podrían adquirir una magnitud relevante durante los próximos años”. En los pasillos de la Casa Rosada sostienen que “la decisión responde a una instrucción directa del presidente de fortalecer áreas consideradas sensibles para la defensa nacional, en un contexto regional e internacional que volvió a poner en primer plano la cuestión militar, la vigilancia de fronteras, el control marítimo y la competencia geopolítica por espacios estratégicos” (Infobae, 1/5).

 El plan también contempla obras de infraestructura consideradas "críticas" para el funcionamiento de las Fuerzas, como bases, hangares, arsenales, pistas aéreas, instalaciones logísticas, sistemas de comunicación y modernización edilicia en unidades militares. Uno de los proyectos más relevantes es la Base Naval Integrada a construirse en Ushuaia, un reclamo del imperialismo para incrementar su logística y operatividad sobre el Atlántico Sur, el paso bioceánico de Magallanes y la Antártida. 

 El Plan ARMA, de alguna manera, es una ´contribución´ del Estado argentino a la empresa bélica imperialista. Comenzó con la compra de aeronaves de combate F-16 Fighting Falcon, de origen norteamericano, a Dinamarca, que se complementa con inversiones “en bases aéreas, simuladores, entrenamiento de pilotos, logística y mantenimiento especializado” (ídem). Por su parte desde el Ejército avanzaron en la compra de vehículos blindados Stryker provenientes de Estados Unidos, destinados a mejorar movilidad táctica, protección y capacidad de despliegue rápido. Desde la Armada, el arma más enconada con el ministro Presti, buscan recomponer la operatividad submarina luego de la implosión del ARA San Juan en 2017. Nuevamente, negocio en puerta para los proveedores.

 En contraste con esto, el Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF), un programa de autoría de Agustín Rossi para equiparar los salarios de las Fuerzas Armadas con las de otras fuerzas de seguridad, se encuentra congelado. Inicialmente se financiaba con un porcentaje progresivo de los ingresos corrientes del presupuesto nacional, pero el Presupuesto de 2026 derogó este financiamiento porcentual y se estableció un monto fijo, eliminando las garantías de financiamiento automático. 

 El gobierno liberticida también ha dispuesto el recorte del 2,6 % de los recursos para el sector, haciendo peligrar no ya la "capacidad de combate" de los militares argentinos, sino el pago de la luz y el gas de los cuarteles y la comida de los soldados. Altas fuentes del Ejército le señalaron a Clarín (11/5) que “la medida afectará aún más la ya crítica entrega de alimentos a los efectivos. Muchos de ellos ya encuentran dificultades para obtener raciones, salvo cuando realizan guardias, y la mayoría de los soldados dependen de las comidas en los cuarteles para poder alimentarse debido a los bajos salarios, que no llegan siquiera a mil dólares”. El sitio especializado Zona Militar estima un recorte superior a los $48.900 millones. Desde el gobierno nacional salieron a señalar que el recorte no supone necesariamente la cancelación definitiva de la iniciativa de rearme, aunque sí posterga su ejecución hasta encontrar una fuente alternativa de financiamiento. 

 En el cuadro de crisis en OSFA -Obra Social de las Fuerzas Armadas-, la única área que percibirá un aumento en las partidas es Sanidad Naval, con un incremento de $4.000 millones, “compensación que no modifica las capacidades operativas pero evidencia la presión acumulada sobre el sistema sanitario de la fuerza” (ídem). 

 En síntesis, el "rearme" de las FF. AA. será un negocio. El avance de las privatizaciones supone un gran negocio inmobiliario, por un lado, las tres fuerzas, que cuentan con terrenos y locaciones altamente codiciadas por los especuladores, ubicadas en todo el país, y por otro los proveedores de armamento, especialmente norteamericanos e israelíes, de acuerdo al alineamiento ´estratégico´ del gobierno argentino. 

 La excusa de "la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico" ha servido para justificar este intento de devolverles a los militares protagonismo político. Incluso ha incorporado a una de sus facciones al gabinete, inaugurando un gobierno cívico-militar. Los liberticidas quieren sumar a las Fuerzas Armadas como un contrapeso esencial ante una crisis interna y una rebelión popular, pero la crisis estructural que sacude a su gobierno acabó por envolver este proyecto represivo. 

 Lucas Giannetti

 18/05/2026

La inflación viaja en transporte público (y otros "precios regulados")

El dato inflacionario a la baja de abril -después de 10 meses de persistente aumento- fue recibido "con relativo alivio", como dijo Milei en una larga entrevista que brindó en Neura a poco de conocerse el índice. 

 El 2,8 % relevado en abril significa una baja respecto del 3,4% de marzo. No obstante, la carestía acumula 12,3 % en el primer cuatrimestre de 2026, lo que cifra las expectativas anuales en no menos del 40 %. Sigue ubicándose entre las más altas del mundo. Además, en un cuatrimestre ha superado el 10,1% que "Toto" Caputo dibujó para todo el año en la ley de Presupuesto, aprobada por el Congreso. En estos 29 meses que lleva en la Rosada, el gobierno de Milei acumula una inflación de 303,6 %, mayor a la que dejó Macri tras cuatro años de gestión (295,7 %). Para el gobierno que venía a "matar a la inflación", el fracaso no podría ser más rotundo, en especial cuando se tiene en cuenta que, a la par de estos resultados, viene podando el gasto en salud, jubilaciones, educación y asistencia social a niveles catastróficos.

 El Banco Central había anticipado una ´desaceleración´ por “ausencia de presiones inflacionarias inerciales en los mercados de trabajo y cambiario, junto con la reversión de factores estacionales”. Las "presiones inflacionarias inerciales en los mercados de trabajo" remiten, lisa y llanamente, a las paritarias del 1,5 % que viene firmando la burocracia sindical. Esto explica que los rubros que menos aumentaron hayan sido alimentos y bebidas, por la caída del consumo básico. Por otro lado, los llamados precios estacionales redundaron en una inflación cero, cuando el impacto del aumento del barril de petróleo no se había hecho ver todavía en los surtidores. En cambio, los que más aumentaron fueron los precios "regulados", que incluyen transporte y energía. "El problema son los precios que viajan en contratos, alquileres, expensas, tarifas y servicios, entre otros", dice Elisabet Bacigalupo, de la consultora Abeceb, en La Nación (14/5). Es decir que el programa ´deflacionario´, con su programa de eliminación de subsidios, bombea inflación de precios al consumidor.

 En el caso del transporte, por citar un caso dramático, el boleto de colectivo aumentó el mes pasado 4,4 %. No sólo se ubica por encima del promedio, sino que describe una trayectoria ascendente cada vez más empinada: la actualización de tarifas toma en cuenta, en forma automática, la inflación de dos meses atrás más un incremento adicional del 2 %. Es por eso que el aumento del boleto de colectivo, en el cuatrimestre transcurrido de 2026, ha triplicado en CABA a la inflación promedio (32,83 %) y la quintuplica en provincia de Buenos Aires (54,15 %). Como resultado, para pesadilla del trabajador, el boleto es más caro, ha caído el transporte de pasajeros y las empresas recortaron frecuencias y recorridos.

 Entre los ítems que más subieron (transporte, educación, comunicación, vivienda, agua, electricidad, gas y combustibles, ropa y calzado, equipamiento y mantenimiento del hogar), se cuentan varios cuya incidencia en el costo general de vida permanece subvaluada. Los trabajadores del Indec insisten, mes a mes, en denunciar al Gobierno, precisamente, por no actualizar la metodología de cálculo del IPC. “Desde el 10 de febrero de 2026 esperamos la difusión del IPC actualizado y, sin embargo, el gobierno de Caputo y Milei decidió bloquear administrativamente y postergar políticamente su publicación con argumentos inverosímiles. En los hechos, esto constituye una forma de censura estadística y una nueva intromisión política en la vida de un organismo técnico”, señalaron en un comunicado. La ´desaceleración´ tiene un alto componente de fraude.

 El gobierno mantiene artificialmente deprimido el tipo de cambio para favorecer el ingreso de capitales especulativos que se benefician con el carry trade, es decir, con la diferencia que hacen entre las altas tasas de interés en pesos y el dólar planchado. Para absorber los dólares el gobierno emite pesos -"la inflación es siempre y en todos lados un fenómeno monetario", insiste Milei sin dar cuenta de esto- que absorbe con instrumentos financieros a altas tasas de interés.

 La compra de dólar para ´ahorro´ se ha duplicado, una incipiente corrida contra el peso. 

 La caída de la consideración del gobierno en las encuestas, el resquebrajamiento del gabinete y la insolvencia del Estado para afrontar vencimientos próximos del orden de los 30.000 millones de dólares, son manifestaciones inconfundibles de una crisis política creciente.

 Jacyn 

 15/05/2026

Dr Ahorro baja las cortinas y acelera el vaciamiento a costa de los trabajadores

Luego de los casi 90 despidos de diciembre 2025, y de no haber abonado absolutamente ni un solo peso a dichos trabajadores hasta el día de la fecha por los salarios, el aguinaldo y las indemnizaciones adeudadas, la cadena de Farmacias del Dr Ahorro continúa el vaciamiento, afectando a los más de 200 trabajadores restantes. 

 El salario de marzo 2026 fue abonado en tres cuotas, debiendo reclamar vía judicial aquellos que estaban bajo licencia médica, ya que de forma unilateral la empresa decidió no abonar sueldos a los empleados que no iban a trabajar por problemas de salud.

 Los faltantes de mercadería, que ya eran críticos a fines del año pasado, se fueron agravando con el correr de los meses, a tal punto de no tener en stock productos básicos como envases estériles para análisis de orina, loratadina para la alergia, omeprazol para la acidez, incluso en algunas sucursales llegó a faltar paracetamol.

 La caída de las ventas, con ese nivel de desabastecimiento, responsabilidad absoluta de la empresa, era más que esperable. La patronal convocó a concurso de acreedores, pero no tomó ninguna medida tendiente a abastecer las sucursales.

 De forma sorpresiva, el viernes 8 de mayo, los trabajadores se encontraron con los candados cambiados en la totalidad de las sucursales, y simultáneamente, cambio de cerradura en casa central. Hasta las pertenencias de los empleados quedaron secuestradas en los locales. 

 Ese mismo día, a primera hora de la mañana, un gerente envió por WhatsApp, un comunicado avisando que no vayan a trabajar, ya que a partir de ese día la totalidad de las sucursales iban a quedar cerradas "hasta nuevo aviso". 

 Hasta ese momento, a pesar de haber transcurrido más de cuatro días hábiles, la empresa todavía adeudaba el salario de abril. Les fue depositado sólo el 25 % de sus haberes, excepto aquellos que tenían licencia médica, que siguen sin cobrar nada. 

 Ante la negación de tareas por parte de la patronal, pero sin telegramas de despido, -un lockout patronal-, una delegación de trabajadores se presentó a realizar la denuncia en la Secretaria de Trabajo. De forma similar a lo ocurrido en diciembre 2025, el Estado no dio ninguna solución, ni intervino para preservar los salarios ni las fuentes de trabajo. “No pueden hacer nada porque solamente se puede realizar las denuncias por intermedio de los sindicatos”, les contestaron. Los trabajadores suspendidos se acercaron luego al sindicato ADEF, asociación de empleados de farmacia, y como ocurrió previamente con los primeros despedidos, se negaron a actuar y a efectuar cualquier tipo de denuncia contra el accionar de la empresa. Ni siquiera hacen mención del conflicto en su página oficial ni en las redes sociales. 

 Empresarios, Estado patronal y burocracia sindical, actuando en conjunto contra los trabajadores, de forma explícita.

 Mientras tanto la empresa solicitó al juez que maneja el concurso de acreedores autorización para desprenderse de parte importante de sus activos como “condición necesaria para poder pagar lo que resta de los salarios”. Quiere liquidar las sucursales de mayor facturación, los autos y el único camión de reparto (herramienta de trabajo imprescindible) sin presentar a cambio un plan de continuidad, ni asegurar los puestos de trabajo en el tiempo, ni asegurar el pago de salarios a mediano y largo plazo. Tampoco contempla el pago de lo adeudado a los primeros despedidos. Se trata de una maniobra de liquidación anticipada que termina perjudicando a la larga a los trabajadores. 

 Los despedidos y los suspendidos deben unirse de forma autoconvocada para evitar la licuación de los bienes y exigir a la empresa el pago de todos los montos adeudados, antes que rematen lo poco que queda para fugarse, adeudando salarios e indemnizaciones, como lo hicieron ya los mismos dueños con la filial chilena.

 Claudia Jati

 15/05/2026

Conurbano: el reclamo por la asistencia alimentaria y el hambre como campo de disputa

El pasado 29 de abril, más de 80 intendentes bonaerenses, encabezados por el aparato de la Federación Argentina de Municipios (FAM) y Andrés Larroque, manifestaron frente a la sede del Ministerio de Capital Humano contra el recorte del financiamiento del Servicio Alimentario Escolar.

 Lo que expuso la ´movilización´ fue mucho más que una disputa administrativa por fondos atrasados, sino la crisis de un régimen entero: Nación, Provincia y municipios disputándose recursos en medio de una bancarrota estatal y social creciente. Dos millones y medio de chicos reciben la asistencia alimentaria del SAE.

 Sin embargo, presentar el conflicto como una simple “agresión” de Javier Milei contra la provincia de Axel Kicillof es quedarse en la superficie, porque mientras el gobierno libertario descarga el ajuste bajo la bandera del “equilibrio fiscal”, el peronismo bonaerense aplica su propio reordenamiento regresivo del hambre, mediante el recorte y suspensión del programa MESA, que garantizaba módulos alimentarios directos a las familias trabajadoras. Los fondos retaceados a este se destinan a complementar el SAE. Es un juego de suma cero: se quita de un lado para reforzar otro dispositivo igualmente insuficiente. Este dato no es menor dado que los montos por estudiante -que apenas alcanzan para cubrir una fracción mínima de una comida diaria- exponen el carácter de esta política, que evidencia que no hay "dos modelos" enfrentados, sino distintas administraciones del mismo ajuste.

 Por otro lado, la descentralización del SAE hacia los municipios profundizó esta dinámica. Según declaraciones de Larroque, “el 90% del presupuesto de nuestro ministerio está dedicado a la cuestión alimentaria”. Como resultado, los intendentes quedaron convertidos en gerentes de la contención social en territorios atravesados por la pobreza, la precarización y el derrumbe de los ingresos. Ya no administran "desarrollo social", sino emergencias alimentarias. Esa administración está atravesada por una feroz disputa por recursos, caja y control territorial. En ese marco deben leerse las tensiones internas del peronismo.

 La disputa ya no es solo electoral. Es una pelea por quién administra el derrumbe social y quién conserva capacidad de control sobre municipios que se han transformado en verdaderos polvorines sociales. 

 Los datos presupuestarios desnudan esa crisis. El Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal (FEFIM), reglamentado este año por la Provincia, prevé un piso de 250.000 millones de pesos para asistir a municipios asfixiados financieramente. No obstante, esos fondos dependen, en gran medida, del propio endeudamiento provincial y de futuras negociaciones con Nación. Dicho de otro modo, la asistencia a los municipios está atada a la refinanciación de la deuda provincial, que a su vez demanda "equilibrio financiero". 

 En este escenario la crisis del SAE no es un hecho aislado, sino la expresión descarnada de la bancarrota del Estado en todos sus niveles. Nación ajusta transferencias, Provincia y los municipios aplican ese ajuste mediante redistribuciones regresivas de escasez administrando el hambre y, en el medio, quedan millones de hijos de trabajadores que atiende el SAE. Para esos niños el comedor escolar es un apoyo alimentario en el marco de una crisis social insostenible. 

 Mientras tanto, las burocracias sindicales docentes y estatales mantienen un silencio de radio. Hablan de “gestión”, de “articulación” y de “acompañar el esfuerzo”, mientras subordinan los intereses más urgentes de los trabajadores y sus familias a la supervivencia política de Kicillof. 

 Por último, el peronismo intenta mostrarse como muro de contención frente a Milei, pero la propia crisis del SAE pone de manifiesto que forman parte del engranaje que descarga el ajuste sobre los trabajadores y sus hijos. 

 Entonces, la salida no vendrá ni de las negociaciones entre Nación y Provincia ni de las internas entre intendentes. Tampoco de un recambio de camarillas dentro del PJ. 

 Se hace vital para los trabajadores, docentes y familias, la organización independiente mediante autoconvocatorias para discutir en asambleas en cada escuela, barrio y lugar de trabajo un programa que ponga en agenda las demandas urgentes de los trabajadores: salario igual a la canasta familiar, trabajo genuino, presupuesto al SAE equivalente a la magnitud de la crisis. 

 Carla Díaz 

 14/05/2026

La cumbre Trump-Xi adelanta la escalada imperialista contra Irán

Donald Trump aterrizó en Pekín el miércoles pasado en compañía de diecisiete ejecutivos de la oligarquía financiera de Estados Unidos, dejando fuera de toda duda que viajaba como agente de los intereses capitalistas más poderosos del imperialismo norteamericano. Lo mismo había ocurrido en ocasión de una visita anterior, en 2017, bajo su anterior mandato, aunque como un debutante. El tenor de la delegación y la consigna del emprendimiento (“abrir la economía de China”) al capital estadounidense, ha servido para disipar otro malentendido, a saber, que Trump emprendía un repliegue hacia el mercado interno de Estados Unidos (”reshoring” o costas adentro), en función de una reindustrialización de la economía norteamericana. Apenas Trump emprendió el retorno de la visita, el conjunto de la prensa internacional coincidió en informar que el gobierno de Trump había adquirido bonos, acciones u otros instrumentos en esas grandes compañías, por montos variables, que en el caso de Intel ha llegado al 10% de su capital accionario. El valor de la acción de esta productora de semiconductores ha subido un 200% en el último año. Entre los beneficiarios se encuentran Apple, Meta, Nvidia, Citi, Tesla y Boeing – entre muchas otras. La política arancelaria de Trump no tiene nada de proteccionista; funciona como un régimen de sanciones para que el resto de las economías abra sus mercados a la oligarquía financiera estadounidense. 

 Este elenco de acompañantes, que representan la mitad del valor de la Bolsa de Nueva York, la cual concentra el 65% del valor bursátil internacional, ha participado de un cumbre donde quedaron expuestas los objetivos de conquista, de unos y otros, en la guerra financiera, comercial y militar en que se encuentra envuelto del capitalismo mundial. El New York Times cita a Ucrania, o sea Rusia; a Irán, o sea al Medio Oriente; y a la Inteligencia Artificial, o sea el monopolio de la ciencias y aplicaciones cuánticas y computacionales. La discusión acerca de la apertura económica ha operado como una “máscara”, como señala un diario de Hong Kong, de una pelea de fondo acerca del Canal de Panamá, el Caribe y América Latina en su conjunto; la captura del Cáucaso sur y su proyección al Asia Central; el apoderamiento de la cuenca petrolera del Medio Oriente; y finalmente la vasta Rusia. Trump reclamó a Xi, el ‘premier’ de China, el cese de las sanciones a la mayor flota de barcos de bandera, Panamá, que es la represalia más notoria, por parte de China, al despojo de los puertos del canal, en beneficio de un consorcio liderado por BlackRock, cuya principal ejecutivo, Larry Fink, formó parte de la comitiva de Trump. El propósito fundamental de la cumbre, Eestabilizar las Relaciones Mutuas, ha funcionado como escenario de la guerra mundial que se encuentra en desarrollo. 

 En procura de esa ‘estabilización’ Trump resolvió levantar el veto a Nvidia para vender sus chips H200 a un número de diez empresas de China, algo muy limitado, pero aun así criticado en Estados Unidos. La venta descuenta la rápida obsolescencia de los semiconductores como consecuencia de la velocidad de los cambios tecnológicos. Al mismo tiempo, sin embargo, Trump mantiene el veto a las transacciones con China, por parte de la compañía holandesa ASML, al tiempo que el gobierno de los Países Bajos ha expropiado a Nexperia, una sucursal de la china Wingtep, por la que reclama una indemnización de 8.000 millones de dólares. Xi Jinping ha vuelto a rechazar la oferta de comprar los H200 a Nvidia, para dar preferencia a Huawei. Ha vetado, asimismo, la compra de la start up de IA, Manus, una china con sede en Singapur, por parte de la norteamericana Meta. Numerosas compañía de China han traslado sus sedes a Singapur, con el propósito de sortear regulaciones del país de origen y escapar a la depresión de la economía china, pero la larga mano de Pekín ha limitado esta suerte de trasnacionalizaciones y puesto en crisis un floreciente negocio en Singapur. China, sin embargo, ha dado piedra libre al Citigroup para operar en los mercados de deuda de China, al cabo de un año de papeleos. BlackRock, por su lado, ha tomado deuda en China para sacar provecho de una tasa de interés menor a la que rige en Nueva York. China necesita ‘liberar’ estos mercados debido a una fenomenal crisis de deuda pública y privada. Pero lejos de una ‘estabilización’ o ‘normalización’ financiera, se asiste a desequilibrios internacionales cada vez mayores y a un mayor proteccionismo tecnológico. En los próximos días, Trump prometió un relajamiento a las inversiones de China en Estados Unidos, acompañado de una prohibición férrea en las grandes tecnologías. Necesita ofrecer una salida al dinero acumulado por el superávit comercial a favor de China, de lo contrario arriesga una venta masiva de bonos del Estado. China ha ordenado la compra de 200 aviones Boeing, para compensar ese superávit, cien menos de lo esperado, lo que volteó las acciones de Boeing. Tesla, de Elon Musk, no ha visto satisfechas sus expectativas de desarrollar su sistema avanzado de conducción.

 Estas negociaciones económicas revelan el propósito de penetrar el mercado de China; uno de los grandes botines de guerra, sino el mayor, del imperialismo norteamericano. Es, al mismo tiempo, una imposición de la situación histórica del momento. La bomba financiera que va marcando el ritmo de la economía mundial, por un lado, y la sobreproducción industrial, por el otro, revela que el número de participantes del mercado es ‘excesivo’. El capitalismo está desarrollando un ajuste ‘insuficiente’ para el tendal de quiebras que acumula la crisis. Los desarrollos tecnológicos no superan este impasse, lo acentúan. Un nuevo reparto del mundo, o sea la guerra, es ineludible. El cerco geopolítico es un arma de esta guerra. Trump fue asistido en su visita a China por todo el círculo de guerra y de seguridad de su gobierno. El temario de la cumbre no ha sido diferente a los que caracterizaron a las conferencias internacionales en guerras mundiales anteriores. Ambos mandatarios se pusieron de acuerdo, según los partes de prensa de uno y otro, en liberar el Estrecho de Ormuz, pero no en cómo hacerlo, que será por medio de una escalada mayor de la guerra. El silencio acerca de las masacres sionistas en Líbano y la expansión del estado sionista en Cisjordania y el sur de Siria ha sido estruendoso. Xi no ha respondido al reclamo de Trump de que cese el apoyo limitado a Irán y que deje de exportar bienes ‘duales’ (para uso civil o militar) a Rusia. Los estados imperialistas de la Unión Europea han alistado una flota para asegurar el paso por Ormuz después de la guerra, en lo que es una advertencia de que el Estrecho quedaría bajo el dominio de Estados Unidos, que ya tiene a su flota atacando a las barcazas de defensa de Irán. En todas las conferencias mundiales sobre la guerra, la ceguera y la hipocresía le han ganado a la claridad. De acuerdo a un comunicado de la delegación norteamericana, no confirmado por las autoridades chinas, Trump rechazó una mediación de China en Irán. Como en casos anteriores, Trump usará el fin de semana para escalar la guerra. En forma simultánea, John Radclife, el jefe de la CIA, desembarcó en La Habana y se reunió con el jefe de Seguridad de Cuba, para poner el broche a un cambio de gobierno que viabilice una salida a la venezolana, o sea la toma de control del aparato económico de Cuba por parte de Trump. Los negociadores en Pekín no desconocían este curso de los acontecimiento.

  Trunp, por último, no recogió la principal advertencia o requerimiento no publicado de Xi, acerca de no implementar la venta de armas a Taiwán por 11.000 millones de dólares, como ha sido votado por el Congreso. Concretará la venta apenas se disipe el humo de la cumbre. “Tomaré decisiones”, adelantó el mandatario. El Wall Street Journal ha difundido encuestas que aseguran que un exagerado 95% se opone a un acercamiento con China. Retener esa venta o postergarla, ya es calificada como una “capitulación”. El final de la cumbre fue saludado por una suba del barril de petróleo y un desplome (“slumping”) de los bonos estadounidenses. Trump “no lideró una gran negociación”, concluye el diario, que también exige escalar los ataques contra Irán. La movilización contra la guerra imperialista mundial es más urgente. 

 Jorge Altamira 

 15/05/2026

Trump y Xi agudizan la disputa por el control del Canal de Panamá y los principales puertos del Pacífico

A principios de mayo, Donald Trump promovió un pronunciamiento, junto a Paraguay, Bolivia, Costa Rica, Guyana, Trinidad Tobago y Panamá, contra "la presión económica específica de China y las recientes acciones que han afectado a los buques con bandera de Panamá". "Estas acciones", reseña el texto, se producen "tras la decisión de la Corte Suprema independiente de Panamá con respecto a las terminales de Balboa y Cristóbal”, en referencia al desalojo de la china Hutchinson de esos puertos y su adjudicación a firmas norteamericanas. En represalia, China ha retenido buques de bandera panameña en los puertos que controla a través de todo el mundo. “Según la Comisión Marítima Federal de Estados Unidos, China detuvo en marzo a casi 70 buques con bandera panameña, una cifra que 'supera con creces los niveles históricos'”, informa Al Jazeera (29/4). 

 Panamá opera el mayor registro abierto de barcos del mundo: casi el 18% de los barcos mundiales. El registro de buques es un negocio importante para Panamá. Muchos armadores eligen Panamá porque tiene uno de los registros marítimos más grandes del mundo y suele ofrecer bajos impuestos y regulaciones flexibles. La acción de China significa un ataque a nodos críticos de las redes logísticas panameñas y su registro de buques, haciendo valer el peso de los puertos chinos, que incluyen, dentro de una extensa red portuaria, a siete de los diez puertos de contenedores más activos del mundo. 

 Escalada 

La escalada en el conflicto no es un asunto de segundo orden en la disputa mundial. El cierre del estrecho de Ormuz ha desnudado la importancia del control de los pasos marítimos navegables como parte de la estrategia de guerra. Por el canal de Panamá transita aproximadamente el 5% del comercio marítimo mundial. 

 El presidente panameño, José Raúl Mulino, ha reclamado el cese de las detenciones de buques. Estados Unidos aseguró que "sigue de cerca" las “acciones de represalia” de China. El secretario de Estado, Marco Rubio, posteó que “Estados Unidos está con Panamá contra cualquier acción de represalia contra su soberanía y siempre apoyará a nuestros socios ante la intimidación”. La bandera de la “soberanía” mal puede disimular que Estados Unidos convirtió a Panamá en un protectorado norteamericano. Además de obtener la firma de los presidentes derechistas Santiago Peña, de Paraguay, y Rodrigo Paz, de Bolivia, para suscribir el comunicado, consiguió pronunciamientos similares por parte de los gobiernos de Honduras, Perú, Costa Rica y Chile, y de Israel y Ucrania. Más recientemente, Portugal anunció su futura adhesión al Protocolo del Tratado de Neutralidad Permanente y Funcionamiento del Canal de Panamá, lo que es un intento de neutralidad ante los hechos consumados por Trump⁣. Javier Milei no ha suscripto el comunicado promovido por Trump debido a la necesidad de volver a renovar el swap de Argentina con China. 

 El presidente de la Cámara Marítima de Panamá, René Gómez, ha denunciado a China por llevar el registro marítimo panameño a un “momento crítico”. Apenas una semana después, el presidente de Israel, Isaac Herzog, visitó Panamá y firmó un acuerdo conjunto para “ampliar y reforzar su Tratado de Libre Comercio” y acuerdos de cooperación y asesorías en temas de manejo y tratamiento de agua, ciberseguridad, seguridad hídrica, logística y tecnología, entre otros. Según Infobae (6/5), “hace unos días, el canciller panameño sostuvo una conversación telefónica con su homólogo del Estado de Israel, Gideon Sa’ar, en medio de un contexto internacional marcado por tensiones en el Medio Oriente”. La agenda del presidente israelí continuó en Costa Rica -otro de los firmantes del comunicado de Trump- donde participó de la toma de posesión de la presidenta electa Laura Fernández Delgado, en una “agenda regional [que] busca reforzar la presencia diplomática de Israel en América Latina y ampliar su red de cooperación política, económica y tecnológica” (ídem).

 Según el portal China en las Américas, “la decisión sobre los puertos [expulsión de China] no se tomó de forma aislada. Formó parte de un distanciamiento más amplio respecto a China. Durante el mismo periodo, Panamá también decidió retirarse de la Iniciativa de la Franja y la Ruta, dando marcha atrás en algunos proyectos clave de infraestructura respaldados por China, y adoptó legislación que impedía el despliegue de tecnología china en ciudades clave”. Algunos analistas aseguran que Estados Unidos ahora pretende exportar el “modelo Panamá” de expulsión de China al resto del continente. Es decir, desmantelar la infraestructura china y desplazar sus intereses estratégicos mediante el uso de los marcos legales locales y presiones de seguridad hemisférica. China canalizó las actividades que realizaba en Panamá principalmente a través del megapuerto de Chancay en Perú, del cual son propietarios parciales. Pero aún así no logra compensar la importancia del Canal de Panamá. “Algunos argumentan que el suceso puso de relieve una brecha estructural en la red logística de China: aunque Chancay es una alternativa en el Pacífico, China carece de un equivalente en el lado atlántico”, (ídem). Con su expulsión de Panamá, algunos analistas sugieren que China “podría redirigir su navegación desde el Atlántico Sur -principalmente Brasil, Argentina y Uruguay- a través de una ruta alternativa que transite por el Cabo de Buena Esperanza, el Océano Índico y el Estrecho de Malaca” (ídem). 

 Estados Unidos tiene en miras las actividades de China en el resto del continente. “Tres nodos logísticos clave (Chancay, Lázaro Cárdenas y Paranaguá) muestran los mismos focos rojos que parpadearon en Panamá antes del colapso de la concesión de Hutchison [en el Canal]” (ídem). En relación al puerto de México (Puerto de Lázaro Cárdenas), donde opera justamente uno de los gigantes chinos expulsados de Panamá (Hutchison), y que es clave en la logística de semiconductores y de la industria automotriz, está programada para dentro de dos meses la revisión del T-MEC (Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá), donde el lugar de China va a ser el primer punto de la negociación. En Perú, en el megapuerto de Chancay, el gigante naviero estatal chino COSCO mantiene la exclusividad de servicios y Perú se encuentra en un ajustadísimo recuento del ballotage presidencial que es clave para la ofensiva norteamericana contra China. El Puerto de Paranaguá, el segundo mayor puerto de Brasil, es el puerto de graneles más grande de América Latina y el puerto de exportación de productos agrícolas más grande del país. Recientemente fue noticia porque China acaba de realizar el mayor desembarque de vehículos jamás registrada por el puerto, con la importación de 5.000 vehículos. Allí, la empresa china China Merchants Port (CMP) adquirió el 90 por ciento del Terminal de Containers de Paranaguá (TCP) por 30 años. Lula acaba de volver de Washington por una reunión bilateral con Trump, donde se discutió la cuestión del comercio (Estados Unidos mantienen las sanciones comerciales contra Brasil) y la injerencia del país del norte en la región). 

 China se ha convertido en el principal socio comercial de la mayoría de los países de América Latina y tiene asentadas gigantescas inversiones en infraestructura, minería y energía, además de ser un mercado de importación privilegiado para los productos de la región. 

 El Be 

 13/05/2026

La mentira en tres idiomas

El manual de intimidación que la dictadura escribió para el mundo

 La SIDE redactó y publicó en 1978 un libro para frenar la «campaña de desprestigio» internacional. Ahora, sus archivos desclasificados revelan la magnitud del operativo. El testimonio en primera persona de uno de los periodistas que informó al mundo desde Buenos Aires.

 Como parte del proceso de desclasificación de archivos históricos de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), el 21 de abril pasado se dio a conocer una nueva entrega: un archivo digitalizado de 1.419 páginas que incluye 17 documentos. Dentro del material revelado aparece la publicación, en 1978, de un libro escrito por la propia central de inteligencia, en plena dictadura, para denunciar una «campaña de desprestigio» internacional.

 Lo más destacado de estas nuevas revelaciones es la comprobación de que fue la propia SIDE la que se encargó de la producción de «Argentina y sus derechos humanos», un libro a través del cual, desde la fachada de la ficticia Asociación Patriótica Argentina, se denunciaba esa campaña. La confección de la obra fue ordenada desde la oficina de “Interior” como parte del denominado «Operativo Editorial». 

 Un libro para intimidar al mundo

 El libro fue escrito en castellano, inglés y francés y contó con una tirada superior a los 20.000 ejemplares. El volumen incluye amenazas explícitas, fotos de las morgues policiales con víctimas desfiguradas de las fuerzas de seguridad, así como intimidaciones a un amplio arco de gobiernos y organizaciones de derechos humanos, tanto en el país como en el extranjero. Son imágenes crudas, sin filtro, con el único fin de impactar al lector, de horrorizarlo. Además, en sus páginas se publicaron las fotos y hasta los domicilios en Buenos Aires de los representantes del Comité Internacional de la Cruz Roja Rolf Jenny, Teresa Muñoz y Romaine Tissiere, así como también de varios de sus colaboradores. 

 El material fue destinado principalmente a las embajadas argentinas en el exterior, para advertir a «otras naciones del mundo» sobre «quienes usan el terrorismo para instaurar gobiernos adictos a las ideologías marxistas». Pero también tenía un objetivo interno: intimidar a los corresponsales de diarios y agencias de noticias que desafiaban las prohibiciones de dar cuenta de los crímenes, nombrar a cada una de las organizaciones a las que pertenecían las víctimas y denunciar la «ley de fugas», que disfrazaban de «enfrentamientos».

 El texto, según revelan los archivos, también se filtraba deliberadamente entre los corresponsales extranjeros, que “por estar identificados con el marxismo o porque les pagan abundantes dólares, constituyen el medio más eficaz para lograr una rápida y muy amplia difusión de narraciones orientadas a presentar en el exterior una imagen de una Argentina salvaje, sanguinaria, inhumana». 

 El verdadero terror que el libro intentaba ocultar 

 Para entender la desesperación de la dictadura al escribir este manual, es necesario recordar cómo era informar desde Buenos Aires en aquellos años. La censura que impuso la Junta Militar era total. Las máquinas de télex de las agencias nacionales, como Télam o Noticias Argentinas (NA), solo difundían la información oficial e ignoraban sistemáticamente las acciones de la creciente resistencia civil, obrera y estudiantil, o el testimonio de las Madres y los organismos de derechos humanos.

 En ese contexto, agencias extranjeras como la cubana Prensa Latina se convirtieron en un faro de denuncia contra el genocidio. Yo trabajé en su corresponsalía local en Buenos Aires. Entre abril y junio de 1976, comencé en la oficina 96 del noveno piso del edificio Sáfico, en Corrientes 456 del microcentro porteño. Nos sumergíamos en el horror de elaborar panoramas matutinos y vespertinos con un «balance» de muertes que surgían de los comunicados oficiales, los cuales hablaban de supuestos «abatidos en enfrentamientos». En rigor, era una cruel suma de los militantes político-militares asesinados por los grupos de tareas de las Fuerzas Armadas. 

 Aunque la dictadura había prohibido publicar los nombres de las organizaciones político-militares (exigiendo referirse a ellas como «la banda de delincuentes subversivos declarada ilegal en primer lugar» para el ERP, y «en segundo lugar» para Montoneros), desde Prensa Latina nunca acatamos esa orden.

 Amenazas concretas, colegas caídos

 La represión intentó silenciarnos. Todos los periodistas de la agencia recibíamos amenazas diarias. Interceptaban el hilo del teletipo desde un piso que manejaba la Marina en el Correo Central y nos hacían llegar llamados escalofriantes, en mi caso con las voces de mis compañeros de militancia torturados. 

 Esa intimidación tuvo consecuencias concretas: sufrimos acciones directas, varios fueron secuestrados, algunos fueron rescatados de sus captores y otros asesinados. En ese contexto de terror, un hito fundamental fue la difusión de la carta de Rodolfo Walsh a la Junta Militar a través de Prensa Latina, una misión que tuve la oportunidad de llevar a cabo. Fue un acto de resistencia pura, una manera de decirle al mundo que, a pesar de la oscuridad, la verdad y la resistencia popular encontraban un cauce.

 La verdad, al fin, desclasifica la mentira 

 Cuatro décadas después, esos mismos archivos que la dictadura usó para negar y amenazar salen ahora a la luz. El libro «Argentina y sus derechos humanos» ya no es un arma de intimidación sino una prueba documental del terror. Quienes entonces informamos a pesar de todo podemos hoy leer esas páginas como lo que fueron: el retrato invertido de un genocidio que intentaron ocultar bajo la apariencia de un alegato jurídico. 

 La operación de propaganda que la SIDE diseñó en tres idiomas choca, sin embargo, con un presente inquietante. Mientras estos archivos se desclasifican oficialmente, desde el gobierno de Javier Milei se han multiplicado las declaraciones y gestos que reivindican abiertamente a la dictadura militar, minimizan sus crímenes o hablan de «excesos» dentro de un supuesto «combate contra la subversión». El libro de la SIDE y la desclasificación conviven así en una tensión contradictoria: por un lado, se abre la verdad; por el otro, se intenta rehabilitar a sus autores. 

 Pero la mentira, por más que se publicara en tres idiomas y con una tirada de 20.000 ejemplares, no pudo contra los hechos entonces ni puede ahora. La verdad, al fin, desclasifica la mentira.

 Alberto Nadra. Político, escritor y periodista.

El financiamiento universitario sólo será arrancado con una lucha decisiva

Los límites de la nueva “marcha federal educativa”. 

 La “cuarta” marcha federal educativa cargó sobre sus espaldas con el nombre que le pusieron sus organizadores, es decir, “otra” marcha más, repitiendo el programa y el camino rutinario que el Consejo de Rectores viene impulsando en las tres movilizaciones anteriores. En estos dos años, el Gobierno desconoció los reclamos universitarios. La reiteración de planteos que no consiguen resultados no entusiasma a nadie: la concurrencia fue inferior a la de las marchas anteriores, que a su vez habían menguado respecto de la primera gran movilización de medio millón de personas. En la marcha de ayer, dominó el activismo universitario y juvenil de facultades y colegios, pero la concurrencia espontánea que había caracterizado a la primera movilización fue inferior. Ello no le quita mérito a los más de 100.000 jóvenes y docentes que ganaron la calle, donde se volvió a manifestar la juventud secundaria de la ciudad y del conurbano. Las nuevas generaciones, a las que se atribuía un papel decisivo en la victoria electoral de Milei, alimentan hoy un odio irrevocable contra el ajustador. Pero para que ese rechazo conduzca a una victoria, es necesaria otra orientación de la lucha educativa. 

 Los Rectores y la Corte 

En su mensaje político, los Rectores y las burocracias estudiantiles y docentes que dirigieron la marcha de ayer cifraron toda la expectativa en un fallo de la Corte en favor de la ley de Financiamiento. Esa ley, aprobada y luego refrendada en el Congreso contra el veto presidencial; ratificada en dos instancias por la Justicia y vuelta a apelar por el Gobierno, reposa ahora en las oficinas de la Corte. El tribunal deberá decidir si se aboca a tratar la cuestión o rechaza el recurso, en cuyo caso la ley de Financiamiento quedaría “en firme”.

 La expectativa de un rechazo de la Corte al pedido del gobierno tiene pronóstico reservado. Por lo pronto, el tribunal no tiene plazos: el destino de la universidad podría correr la suerte de los miles de juicios de jubilados, cuyos expedientes reposan en las oficinas de Rosatti, Ronzenkrantz y Lorenzetti. Además, el Gobierno pidió el apartamiento de estos jueces por sus antecedentes como profesores universitarios (otra chicana para dilatar una resolución). A pocas horas de la marcha, Alejandro Álvarez, el gánster a cargo de “Políticas Universitarias”, declaró que “la ley (de financiamiento) nació muerta”. No solo se refería a la oposición terminante del gobierno a aplicarla, sino a la duplicidad de la oposición que la impulsó en el Congreso. Una parte de ella avaló después una ley de presupuesto que no contemplaba los recursos para la universidad. Actuaron en complicidad con un gobierno que presentó un presupuesto en completa ilegalidad, pues omitía los recursos necesarios para normas que estaban vigentes. 

 El “Financiamiento Universitario” no aumenta ni crea nuevas partidas para los claustros. Apenas devuelve parcialmente el dinero que le fuera confiscado cuando el presupuesto universitario, al igual que muchos otros gastos y educativos, resultó planchado en medio de la hiperinflación del verano de 2023-24. 

 Financiamiento Universitario y oposición

 Entre los partidos capitalistas que coquetean con “la importancia de la universidad pública”, nadie quiere que se aplique efectivamente la Ley de Financiamiento. Esa norma fue redactada bajo la presión de las marchas y ocupaciones de facultades de 2024 y 2025. El radicalismo y el peronismo, partidos que albergan a la mayoría de los rectores, impulsaron la ley para poner bajo su tutela al movimiento de lucha de los claustros, y encorsetarlo detrás de la perspectiva parlamentaria. La zanahoria de “La Ley” fue empleada para gambetear una lucha resuelta: la huelga general con ocupación de las facultades. Una vez que el movimiento refluyó, los rectores y sus partidos dejaron que el Gobierno avanzara con sus maniobras económicas y judiciales. No hay que olvidar que, después de la primera gran marcha, Gobierno y rectores alcanzaron un acuerdo sobre el “financiamiento” que disponía un aumento del 270 % para los gastos generales de las universidades; en cambio, los salarios docentes y no docentes ´durmieron el sueño de los justos´. Ahora, el Consejo de Rectores ni siquiera está comprometido con la ley de Financiamiento que dicen defender. Han expresado su disposición a discutir con el gobierno un “Financiamiento Low Cost” o bastardo: algunos fondos para los gastos generales, y un aumento para la docencia que represente la tercera parte de lo perdido en los dos últimos años. En esa perspectiva, atacan las huelgas universitarias. 

 Para los funcionarios libertarios, el salario de los profesores, como dijo uno de ellos textualmente, no es “para vivir de eso”. Debe ser un “complemento de la actividad privada”. Por esa vía, las cátedras, sus docentes y los contenidos de estudio resultan cooptados por el capital privado. El objetivo estratégico de la ofensiva libertaria es la privatización del conocimiento. Como ocurre con toda su política, Milei-Caputo aspiran a convertir a la universidad pública y su patrimonio científico en un Protectorado de la oligarquía digital que lucra con Trump y la guerra imperialista. Para ese propósito, el 90 % de la Universidad argentina es material sobrante. 

 La ley de Financiamiento habilita a una recuperación del orden del 35 % de los salarios docentes (la mitad de lo perdido en los últimos diez años, que supera el 70 %). Es lo sustraído por el gobierno de Milei después de la híper de 2023-2024. Un calco de lo ocurrido con jubilaciones, salud, gastos sociales, discapacidad. Milei teme que una restitución a las universidades abra la compuerta para el mismo reclamo por parte de todos los demás sectores agraviados. Los partidos patronales que se preparan para el “hay 2027" tampoco quieren alterar ese “trabajo sucio” perpetrado por Milei. A eso aluden cuando afirman que “el equilibrio fiscal es razón de Estado”. Volviendo a la Corte, la historia de sus fallos es particularmente sensible a esas “razones del Estado”, como cuando intentó habilitar el 2x1 a los genocidas de la dictadura. Ese fallo fue volteado por la movilización de masas más imponente de las últimas dos décadas. La cuestión universitaria -y toda la motosierra oficial- también exige una acción histórica, la huelga general educativa, cuyo bulto esquivan todas las fuerzas políticas y sindicales que actúan en los claustros universitarios.

 Lo que está planteado 

La convicción de que las reivindicaciones universitarias sólo pueden ser arrancadas con una lucha decisiva ha venido ganando lugar en las facultades. Es el mandato que dejaron numerosas asambleas de base de las dos CONADU, en las vísperas del inicio de clases, y que luego fue desconocido o manipulado por las burocracias docentes. Es el camino que, a pesar de los bloqueos, decidieron emprender los docentes de Exactas de la UBA. En cambio, las burocracias del sindicalismo universitario insisten con sus paros intermitentes, a la medida del desgaste y la desmoralización. 

 La movilización de ayer, a la luz de todo lo anterior, deja un saldo contradictorio. El acto anodino y rutinario del final es la expresión de una orientación de derrota, piloteada por los rectores, las burocracias y los partidos que están detrás de ellas. Pero la concurrencia numerosa de docentes y jóvenes es la materia prima para colocar la lucha en un peldaño superior: la huelga general universitaria, hasta arrancar los reclamos planteados. 

 Marcelo Ramal 

 14/05/2026

Debate sobre la Ley de Salud Mental

La discusión sobre las leyes de salud mental no puede separarse del contexto político, social y económico de un capitalismo en crisis. Discutir los aspectos técnicos de una ley separados de la ideología de las clases sociales que la impulsan es arrastrar al conjunto social que la demanda a una nueva frustración. Para el capitalismo la salud mental es irrelevante y forma parte del sistema punitivo. El loco es el resto improductivo de la sociedad: no es un sujeto de derecho sino un estorbo, una molestia, un gasto. En realidad, la salud en general del pueblo forma parte de la misma mirada, la productividad que produce ganancia es el dios capitalista, el resto es un gasto que sacrifica los presupuestos y el llamado superávit fiscal. 

 La nota de la época está dada por la baja de los llamados gastos sociales o la subejecución de los mismos y por el incremento de los presupuestos de guerra, los déficits fiscales y el endeudamiento de los Estados dirigidos a subsidiar a las empresas privadas, y la especulación en bonos públicos. La transferencia de ingresos ha creado una clase capitalista parásita que vive del empobrecimiento generalizado de las clases obreras y del conjunto de los trabajadores. 

 La desocupación, la baja de salarios y jubilaciones, la pérdida de derechos laborales, la precariedad, las condiciones de vivienda y sanidad en las barriadas obreras... enferma. 

 Los filósofos progresistas del régimen insisten en que una de las cuestiones centrales del presente está dada por la pérdida de perspectivas de la juventud y hasta por un fatalismo que recuerda la vieja consigna del “no futuro”, que ahora vuelve a acompañar a las nuevas generaciones. Esta consigna ya ha atravesado a por lo menos tres generaciones. Es la que no parece envejecer. Pero no son las actuales generaciones las que carecen de futuro ni las anteriores, sino el propio capitalismo que en su decrepitud arrastra a los jóvenes de hoy, de ayer y de siempre a la senda de la barbarie. 

 Los progres, los reformistas, los liberales humanistas y todo el resto de demagogos observan, miden y opinan sobre la pobreza como un fenómeno social ajeno y reversible: se trata de que el capitalismo se humanice, de que comprenda la injusticia social que provoca. 

 Observar la pobreza no es lo mismo que vivirla y lo mismo sucede con la enfermedad mental. Al interpretar el “sentido de la vida” desde el punto de vista liberal, las legiones académicas se sitúan a una enorme distancia con respecto a la realidad miserable de la población. Repito: la pobreza enferma y el crecimiento de los trastornos mentales es una manifestación viva de esto.

 Para los representantes del régimen y para aquellos que vergonzosamente se suman a esta cruzada sanitaria, el tema pasa por una ley y con esto el problema quedaría resuelto. El debate se traslada a qué hacer con los enfermos mentales y no con las causas de la enfermedad mental. Se trata de humanizar los tratamientos en el caso de los burgueses con una formación más humanista, o endurecerlos y discriminar al loco marginándolo de la sociedad, para los más fascistas; aunque, tanto unos como otros, discutirán el fenómeno de la locura como algo de lo que hay que ocuparse siempre y cuando no desequilibre los presupuestos destinados al pago de deudas, gastos armamentísticos, pagos por corrupción y todas las lacras que acompañan la llamada “economía social de mercado”. 

 El llamado proceso de desmanicomialización tan promocionado en nuestro país desde finales de los años 90, que se sostenía en teorías humanísticas y derechohumanistas, basado en experiencias italianas (Trieste), terminó convirtiéndose en otra forma de ajuste. El cierre de manicomios (llamados monovalentes, porque las palabras importan) terminó por echar a los locos a la calle, sin ningún tipo de red social de contención o devolviéndolos a su precariedad de origen, con lo cual también los devolvieron a sus propios precursores etiológicos. El discurso interdisciplinario conforme con este proceso acompañó las medidas desmanicomializadoras hasta su puesta en marcha y, sintiéndose reconocido y aprobado por los mandantes de turno, empezó a justificar aun aquellos casos donde la indefensión de los enfermos los volvía a situación de calle o al suicidio social. La premisa de cerrar áreas enteras de hospitales psiquiátricos estaba cumplida y los colocaban como los representantes de una tendencia mundial progresista y moderna. Las certificaciones académicas, los trabajos y publicaciones de investigación, las charlas y conferencias en el país y en el exterior justificaban los sacrificios de los enfermos. Rindió un lucro descarado tanto al Estado, que logró bajar los presupuestos de salud, como a sus teóricos que incrementaron su prestigio y abultaron sus billeteras. 

 Para el capitalismo y sus representantes parlamentarios, ejecutivos y legislativos la locura es un resto, una anomalía, una fractura subjetiva. Responder con políticas de DD.HH., de atención, de desarrollo vital al enfermo mental es sentido como una dádiva. ¿Acaso podría ser de otro modo para un régimen que desconoce estos derechos a la población corriente, sobre todo a la clase obrera? 

 Tanto el kirchnerismo en su momento como el mileísmo en la actualidad, con sus procesos de leyes de salud mental, de lo que tratan es de que el loco que pueda pagar sea asistido y el que no pueda, que se haga cargo de su padecimiento, “después de todo el Estado no es responsable”. 

 La desmanicomialización fue un gran negocio que fructificó en clínicas privadas, centros de atención, ONG y todos aquellos que de una u otra manera entienden la enfermedad como un negocio. La locura atravesó los presupuestos de las obras sociales con una carga de corrupción que continúa hasta el día de hoy. ¿Acaso los tratamientos privados llevaron a una política humanística del tratamiento de la enfermedad mental? En absoluto. Las denuncias que recaen sobre estos centros dan testimonio del abandono, el maltrato y la absoluta falta de una terapéutica destinada a los enfermos. 

 La demanda de una ley de salud mental debe ser contextualizada en una realidad social concreta. Sería utópico esperar de un gobierno que toma al diferente como “parásito”, que plantea que los jubilados sean asistidos por sus familiares, que desarrolla las tesis hitlerianas sobre la discapacidad (idiotas), etc., que vaya a proponer una ley de salud mental que beneficie a los enfermos mentales. 

 La discusión de cualquier ley de salud mental pasa, en primer lugar, por la denuncia del régimen social que lleva a la humanidad a la barbarie, donde la locura aparece como una consecuencia de esta política criminal. 

 Cualquier ley de salud mental tendría que ser discutida en términos de lucha política contra el Estado, donde se empiecen por cumplir con las reivindicaciones de los trabajadores de la salud. 

 Son los trabajadores de la salud los que deberían tener en sus manos la discusión de cualquier proyecto de salud mental y garantizar con su movilización y su lucha que este proyecto se lleve adelante. 

 Los familiares de los enfermos mentales deben ser convocados a esta lucha como hoy están convocadas las familias con integrantes discapacitados. 

 Mejorar las condiciones de vida de los enfermos mentales pasa por una lucha del movimiento obrero y el pueblo por mejorar sus condiciones salariales, laborales, de vivienda, de salubridad. 

 Daniel Cadabón 

 13/05/2026

El Pentágono sale al rescate de las empresas tecnológicas

Busca evitar que se pinche la burbuja de la IA. 

 El 1° de mayo, el Pentágono cerró acuerdos con siete empresas de inteligencia artificial: SpaceX, OpenAI, Google, NVIDIA, Reflection, Microsoft y Amazon Web Services. Luego se sumó Oracle. La serie de acuerdos consiste en integrar inteligencia artificial (IA) avanzada en sus redes informáticas clasificadas. 

 Estados Unidos ha utilizado la inteligencia artificial en Gaza, Ucrania, El Líbano o Irán, para el análisis de imágenes satelitales, la identificación automática de objetivos, el manejo de drones autónomos o semiautónomos, la predicción de movimientos enemigos, el espionaje y la ciberseguridad. Gracias a la IA, los drones modernos incorporan capacidades para seguir objetivos, evitar interferencias, coordinar ataques y operar parcialmente sin piloto humano. Esto reduce costos y acelera tanto la defensa como los ataques. Así, la gestión y síntesis de grandes volúmenes de datos logra optimizar la toma de decisiones en tiempo real.

 El Pentágono remarcó la urgencia de acelerar su adopción y diversificar los proveedores. Tal vez sea un aprendizaje de lo que le pasó a Ucrania en 2022, cuando Zelenski quiso usar Starlink, de Elon Musk, para dirigir un ataque con drones navales contra la flota rusa en Crimea. El ataque fue abortado debido a que el magnate sudafricano desactivó el sistema debido a su oposición a escalar el conflicto en ese momento. 

 Existe un conflicto potencial respecto de quién comanda las decisiones bélicas. La relevancia de la tecnología aplicada a la guerra, les otorga a las empresas un lugar en la dirección de la defensa. Esta serie de acuerdos está relacionada con el conflicto que tuvo el Pentágono con Anthropic. 

 Anthropic es la gran ausente del acuerdo. Hasta hace unos meses, el modelo Claude, de Anthropic, estaba integrado en plataformas militares como el sistema Maven de Palantir, que el ejército estadounidense utiliza para el procesamiento masivo de datos militares: imágenes satelitales, señales electrónicas, reportes de inteligencia y datos de drones.

 Sin embargo, a principios de año el secretario de Defensa, Pete Hegseth, calificó a Anthropic como un “riesgo para la cadena de suministro”, tras una disputa de varios meses sobre la insistencia de la compañía en medidas de seguridad que, según el Pentágono, eran excesivas. El director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, hizo públicas sus preocupaciones de que las agencias de defensa pudieran utilizar potentes herramientas de IA para llevar a cabo una vigilancia interna masiva y desplegar armas de guerra totalmente autónomas. Por eso el Pentágono dejó de usar Claude, aunque el sistema es utilizado en otras áreas del Estado.

 Sobre este conflicto, Palantir sentó posición en el manifiesto de 22 puntos que publicó recientemente en X. Palantir, la empresa de Peter Thiel, fue en sus inicios financiada y desarrollada por la CIA. Es una empresa de software especializada en “big data” e inteligencia artificial. Sus algoritmos han designado hospitales y escuelas de niñas como blanco para los Tomahawk norteamericanos, y seleccionan inmigrantes para deportar en las redadas de ICE. En su manifiesto, Palantir hizo un llamado al resto de las tecnológicas a supeditarse a los intereses del Estado en su guerra comercial contra China. Palantir coincide en objetivos fascistas de control social y supremacismo racial. 

 La burbuja de la IA

 El otro eje de la cuestión es la burbuja financiera que se está creando alrededor de la IA. Se está invirtiendo más en infraestructura de IA de lo que la rentabilidad inmediata puede justificar. 

 Los centros de datos gigantes, los chips carísimos, el enorme consumo eléctrico, la contratación masiva de ingenieros y las startups valuadas en miles de millones -que aun no dejan ganancias- están generando miles de millones de dólares de deuda. 

 Muchas empresas están construyendo casi lo mismo, lo que puede terminar generando exceso de capacidad y caída de precios. El aumento de los hidrocarburos no colabora, y tampoco lo hace la velocidad de obsolescencia de los chips.

 Según J.P. Morgan, las tecnológicas emitieron alrededor de 455.000 millones de dólares de nueva deuda para financiar infraestructura de IA y centros de datos. 

 Por lo tanto, el acuerdo del Pentágono con las tecnológicas es, además de una necesidad para la maquinaria bélica imperialista, un rescate financiero del Estado imperialista a los paladines mundiales de la meritocracia. 

 Pero, como no puede ser de otra manera, es también un negociado: 1789 Capital, un fondo de inversión del cual Donald Trump Jr., es socio e inversor en Reflection IA, es la menos relevante de las tecnológicas incluidas en el acuerdo.

 Algunos análisis del sector estiman que el gasto total del Pentágono en IA, nube y ciberseguridad, ya supera los 32.000 millones de dólares en lo que va de 2026. Para tomar un ejemplo, el Pentágono adjudicó a Scale AI, empresa de la que Meta posee el 49 %, un contrato de 500 millones de dólares, lo que supone un aumento de cinco veces con respecto al acuerdo de 100 millones de dólares que la startup firmó en septiembre de 2025.

 La relación de Palantir con el Estado imperialista se registra desde sus inicios, pero desde que asumió Trump multiplicó sus contratos con varias agencias del gobierno de Estados Unidos, especialmente en defensa, inteligencia, inmigración y seguridad. En 2025 firmó un contrato marco de hasta 10.000 millones de dólares a diez años para software de datos e inteligencia artificial aplicado a operaciones militares. 

 La guerra algorítmica, tal como la está planteando el imperialismo, es un sistema enredado en las propias contradicciones el capitalismo.

 Aldana González 

 13/05/2026