El gobierno nacional lanzó el Plan de Adecuación y Re-equipamiento Militar Argentino (ARMA), para “ordenar y “Fred” Machado se declara culpable de fraude y lavado de dinero en Estados Unidospriorizar el re-equipamiento militar en función del planeamiento conjunto y de las necesidades operativas de cada fuerza”. El programa se financiará por medio de privatizaciones, concesiones y venta de activos estatales. El 70 % de los recursos que ingresen por ventas o concesiones de bienes pertenecientes a las propias Fuerzas Armadas serán destinados a la compra de equipamiento y obras de infraestructura.
Los liberticidas prevén que, si se avanza en las privatizaciones, los fondos destinados a Defensa “podrían adquirir una magnitud relevante durante los próximos años”. En los pasillos de la Casa Rosada sostienen que “la decisión responde a una instrucción directa del presidente de fortalecer áreas consideradas sensibles para la defensa nacional, en un contexto regional e internacional que volvió a poner en primer plano la cuestión militar, la vigilancia de fronteras, el control marítimo y la competencia geopolítica por espacios estratégicos” (Infobae, 1/5).
El plan también contempla obras de infraestructura consideradas "críticas" para el funcionamiento de las Fuerzas, como bases, hangares, arsenales, pistas aéreas, instalaciones logísticas, sistemas de comunicación y modernización edilicia en unidades militares. Uno de los proyectos más relevantes es la Base Naval Integrada a construirse en Ushuaia, un reclamo del imperialismo para incrementar su logística y operatividad sobre el Atlántico Sur, el paso bioceánico de Magallanes y la Antártida.
El Plan ARMA, de alguna manera, es una ´contribución´ del Estado argentino a la empresa bélica imperialista. Comenzó con la compra de aeronaves de combate F-16 Fighting Falcon, de origen norteamericano, a Dinamarca, que se complementa con inversiones “en bases aéreas, simuladores, entrenamiento de pilotos, logística y mantenimiento especializado” (ídem). Por su parte desde el Ejército avanzaron en la compra de vehículos blindados Stryker provenientes de Estados Unidos, destinados a mejorar movilidad táctica, protección y capacidad de despliegue rápido. Desde la Armada, el arma más enconada con el ministro Presti, buscan recomponer la operatividad submarina luego de la implosión del ARA San Juan en 2017. Nuevamente, negocio en puerta para los proveedores.
En contraste con esto, el Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF), un programa de autoría de Agustín Rossi para equiparar los salarios de las Fuerzas Armadas con las de otras fuerzas de seguridad, se encuentra congelado. Inicialmente se financiaba con un porcentaje progresivo de los ingresos corrientes del presupuesto nacional, pero el Presupuesto de 2026 derogó este financiamiento porcentual y se estableció un monto fijo, eliminando las garantías de financiamiento automático.
El gobierno liberticida también ha dispuesto el recorte del 2,6 % de los recursos para el sector, haciendo peligrar no ya la "capacidad de combate" de los militares argentinos, sino el pago de la luz y el gas de los cuarteles y la comida de los soldados. Altas fuentes del Ejército le señalaron a Clarín (11/5) que “la medida afectará aún más la ya crítica entrega de alimentos a los efectivos. Muchos de ellos ya encuentran dificultades para obtener raciones, salvo cuando realizan guardias, y la mayoría de los soldados dependen de las comidas en los cuarteles para poder alimentarse debido a los bajos salarios, que no llegan siquiera a mil dólares”. El sitio especializado Zona Militar estima un recorte superior a los $48.900 millones.
Desde el gobierno nacional salieron a señalar que el recorte no supone necesariamente la cancelación definitiva de la iniciativa de rearme, aunque sí posterga su ejecución hasta encontrar una fuente alternativa de financiamiento.
En el cuadro de crisis en OSFA -Obra Social de las Fuerzas Armadas-, la única área que percibirá un aumento en las partidas es Sanidad Naval, con un incremento de $4.000 millones, “compensación que no modifica las capacidades operativas pero evidencia la presión acumulada sobre el sistema sanitario de la fuerza” (ídem).
En síntesis, el "rearme" de las FF. AA. será un negocio. El avance de las privatizaciones supone un gran negocio inmobiliario, por un lado, las tres fuerzas, que cuentan con terrenos y locaciones altamente codiciadas por los especuladores, ubicadas en todo el país, y por otro los proveedores de armamento, especialmente norteamericanos e israelíes, de acuerdo al alineamiento ´estratégico´ del gobierno argentino.
La excusa de "la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico" ha servido para justificar este intento de devolverles a los militares protagonismo político. Incluso ha incorporado a una de sus facciones al gabinete, inaugurando un gobierno cívico-militar. Los liberticidas quieren sumar a las Fuerzas Armadas como un contrapeso esencial ante una crisis interna y una rebelión popular, pero la crisis estructural que sacude a su gobierno acabó por envolver este proyecto represivo.
Lucas Giannetti
18/05/2026
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