El presidente Javier Milei vetó la ley sancionada por el Congreso Nacional el pasado 4 de junio que declaraba la “emergencia y catástrofe” para Bahía Blanca y Coronel Rosales, luego de la devastadora inundación del 7 de marzo. Fue motorizado por diputados de UxP, UCR y del FITU. Con ello se creaba un fondo especial de $200.000 millones y planteaba otorgar exenciones impositivas, una moratoria de 180 días para deudas, la promoción de obras con mano de obra local y una línea de créditos blandos a través del Banco Nación. Con ello, los diputados dijeron que buscaban “atender obras de infraestructura y apoyar el restablecimiento del circuito económico y productivo”.
En el Congreso Nacional y otras legislaturas, las “declaraciones de emergencia” son frecuentes y la mayoría de las veces caen en saco roto, porque dependen de que sean arbitrados los fondos de parte del ejecutivo. En este caso, Milei directamente vetó la ley anunciando que ya destinó $200.000 millones del presupuesto nacional con el otorgamiento de un subsidio directo a personas que debieron inscribirse en una página web, para recibir entre 2 o 3 millones, según la zona en donde residen. Según el gobierno, ya se abonó el subsidio a 32.076 personas, sobre un total de 37.546 inscriptos mientras que 3.962 casos siguen en análisis, mientras que el 4 % fue rechazado. La inscripción supuso enormes dificultades, especialmente a familias que viven en barrios poco urbanizados porque no reunían los requisitos exigidos o carecen de medios digitales para hacer los trámites. Absurdamente, un subsidio para recomponer la vivienda es rechazado por disponer de esa misma condición. A su vez, el gobierno provincial había dispuesto de otro subsidio, de $800.000 y también con numerosos requisitos de cumplimiento para recibirlo, especialmente por el tope máximo de ingresos que, si estaba cercano a $1.000.000, ya dejaba de otorgarse.
En cualquier caso, el monto otorgado es absolutamente insuficiente para reconstruir hogares arrasados por el agua, pérdida de bienes personales, incluyendo vehículos. A poco de la inundación, el intendente afirmaba que para reconstruir la ciudad eran necesarios al menos $400.000 millones de dólares, para luego afirmar que se había quedado corto.
La ausencia de una ayuda estatal viene siendo especialmente denunciado por vecinos de Ingeniero White autoconvocados, que han hecho piquetes en los accesos al puerto exigiendo que no han recibido ninguna ayuda a la fecha y que no se ha hecho ninguna obra de infraestructura para evitar nuevas inundaciones. También reclamaron ser recibidos por el intendente. La gendarmería de Patricia Bullrich respondió amenazando a los vecinos con reprimir y abrir causas penales.
Milei también afirmó que vetaba la ley porque la ley no establecía una partida presupuestaria específica e incumplía las leyes de administración financiera, algo que por supuesto no vale para cuando paga con fondos del Tesoro Nacional los intereses de la deuda pública que engrosaron los capitalistas, a los cuales también subsidia con exenciones y blanqueos impositivos. A lo largo de toda la devastación originada por la inundación, ninguna de las grandes empresas del Puerto y el Polo Petroquímico de Bahía Blanca fueron afectadas con mayores cargas tributarias al servicio de reconstruir una ciudad y su fuerza de trabajo de la cual se han beneficiado amasando enormes ganancias.
Ante el veto del presidente Milei, el intendente Susbielles que viene de presidir el Consorcio de Gestión del Puerto –y alineado con el cristinismo en la interna peronista- no ha emitido declaraciones porque, según diversos medios, Milei habría comprometido la entrega de otros fondos para la ciudad pero que aún no fueron recibidos. Al mismo tiempo, un sector de los “libertarios” de la ciudad ha comulgado políticamente con el oficialismo en el Concejo Deliberante, en una alianza que buscaría restarle base electoral al PRO. El estruendoso silencio refleja que el Intendente ya estaba anticipado a que esta ley de emergencia iba a naufragar.
Los piquetes de los vecinos de White marcan el camino para arrancar todos los subsidios necesarios para la reconstrucción de viviendas, reposición de bienes e infraestructura urbana, 100 % a cargo del Estado.
Emiliano Fabris
27/06/2025
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