jueves, abril 03, 2025
miércoles, abril 02, 2025
Escala la crisis sanitaria en EEUU y a nivel mundial
La comunidad médica y científica de Estados Unidos está sacudida por la renuncia de Peter Marks, quien desde 2016 se desempeñaba como director del Centro de Evaluación e Investigación Biológica de la FDA (Food and Drug Administration), la agencia estatal que regula la producción de alimentos y medicamentos. Como máximo responsable, Marks había jugado un rol clave en la administración de vacunas durante la pandemia de Covid-19. Ahora, fue obligado a dimitir luego de que un funcionario del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) le diera la opción de renunciar o ser despedido, según informó esta semana el New York Times.
En una carta pública, Marks apuntó directamente al Secretario de Salud de Trump, Robert F. Kennedy Jr., reconocido por sus teorías antivacunas. Afirmó que su campaña para socavar la confianza en las vacunas es “irresponsable, perjudicial para la salud pública y un claro peligro (…) ha quedado claro que el secretario no desea la verdad ni la transparencia, sino más bien una confirmación servil de su desinformación y sus mentiras”. “Espero que en los próximos años termine el ataque a la verdad científica que ha afectado la salud pública en nuestro país, para que los ciudadanos puedan beneficiarse de los avances médicos", escribió Marks.
La renuncia de Marks se produce en medio de un brote de sarampión en EEUU, que registró 378 casos confirmados entre el 1 de enero de 2025 y el 20 de marzo. “El brote actual de sarampión en varios estados, que es particularmente grave en Texas, nos recuerda lo que sucede cuando se socava la confianza en la ciencia”, expresó el científico al renunciar. “El sarampión, que mató a más de 100 mil niños no vacunados el año pasado en África y Asia debido a la neumonitis y la encefalitis causadas por el virus, había sido eliminado de nuestras costas”, sentenció Marks.
Kennedy, que durante la pandemia exigió a la FDA que revocara la autorización de las vacunas contra el Covid-19, había afirmado recientemente que la decisión de vacunar a los niños contra el sarampión “es personal”. En una entrevista en la cadena Fox News, el secretario de Trump argumentó que la vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola (MMR) “causa muertes todos los años”. La Sociedad Estadounidense de Enfermedades Infecciosas (IDSA) salió al cruce del funcionario asegurando que “no se han relacionado muertes con la vacuna triple viral en personas sanas”, al tiempo que desestimó su conexión con el autismo, otra de las mentiras vertidas por Kennedy.
El desplazamiento del principal científico norteamericano vinculado a la prevención de enfermedades tiene lugar cuando EEUU y el mundo asiste a la proliferación de todas ellas. Tras la pandemia de Covid-19, se produjeron a nivel mundial a una serie de convulsiones epidemiológicas en simultáneo a la bancarrota de los sistemas encargados de proteger a la salud humana, como consecuencia de las crisis financieras de los Estados, del lucro capitalista sobre la industria médica y farmacéutica, el agravamiento de las guerras, el derrumbe de las condiciones sociales de vida de las masas, la anarquía de producción y la alteración radical de los ecosistemas naturales.
Un reciente estudio realizado por Phinance Technologies, una firma cofundada por un ex gestor del grupo BlackRock, dio cuenta de la magnitud de esta crisis en EEUU. Comparando cifras de morbimortalidad, la investigación concluyó que los EEUU tuvieron “310 mil muertes en exceso” durante la pandemia de Covid-19, mientras que alrededor de 1,36 millones de estadounidenses adicionales en edad laboral contrajeron discapacidades (https://www.zerohedge.com/medical/existential-billionaire-cancer-researcher-says-covid-vaccine-likely-causing-surge). Este es el contexto en el que Elon Musk se propone recortar 700 mil millones de dólares del Seguro Social y de los programas públicos de salud “Medicare” y “Medicaid”, que brindan asistencia a la población más vulnerable.
Otra amenaza a la salud proviene de la creciente resistencia a los antibióticos (RAM), fenómeno que está escalando a niveles alarmantes en todo el mundo. IDSA informó 100 mil muertes asociadas a este motivo por infecciones adquiridas en los hospitales estadounidenses. Para la revista británica The Lancet, “casi 5 millones de muertes al año se asocian con bacterias resistentes a los medicamentos” y pronosticó que la mortalidad atribuida al RAM aumentará un 67,5 % en los próximos 25 años.
La RAM se debe al uso desmedido de antibióticos en la agricultura, que consume el 70% de la producción mundial para prevenir infecciones en animales sanos, con el objetivo de reproducirlos en condiciones de hacinamiento e insalubridad y así maximizar las ganancias del sector. La consecuencia es la proliferación de las llamadas “superbacterias”, resistentes a los antimicrobianos, que luego penetran en las vías fluviales. Otros factores son la sobremedicación (cuando se recetan para tratar enfermedades virales), la falta de tratamiento de las aguas hospitalarias y el déficit de investigación en una rama considerada poco lucrativa por los laboratorios (https://www.wsws.org/en/articles/2025/03/28/xgzg-m28.html?pk_campaign=wsws-newsletter&pk_kwd=wsws-daily-newsletter).
El descabezamiento de la FDA es un grito de guerra contra la investigación científica al servicio de las necesidades sociales y contra los deficitarios sistemas, aún vigentes, de protección de la salud humana. La incompatibilidad absoluta que se revela entre la defensa de la vida y la salud, de un lado, y los gobiernos reaccionarios que engendra el capitalismo en su fase de decadencia histórica, del otro, representa un llamado urgente a la acción revolucionaria de la clase obrera.
Julián Asiner
01/04/2025
Milei es un kelper, fuera el imperialismo de las Malvinas
Javier Milei encabezará un acto en el cenotafio de Plaza San Martín, en la Ciudad de Buenos Aires, que contará con la participación de autoridades militares y sectores de excombatientes. El presidente será el protagonista de un gran show de demagogia. Esto se debe a que, por su condición de títere del imperialismo, su gobierno es incompatible con la lucha por la recuperación de las islas y con cualquier tipo de reclamo que implique la defensa de la soberanía nacional.
La política del mileísmo con respecto a las Malvinas es tributaria de los intereses del imperialismo inglés. El presidente es partidario de que cualquier acuerdo sobre las islas contemple la posición de los kelpers (ocupantes). Y la posición de estos, como es harto sabido, es que las islas queden en manos del Reino Unido. En una ocasión, Milei propuso ir hacia un acuerdo de tipo proimperialista como el que realizaron los ingleses y China en 1997 con el traspaso de la soberanía de Hong Kong. Por otro lado, reivindicó la visita del canciller inglés David Cameron a las islas en febrero del año pasado.
En esta línea, Milei ha permitido que el Reino Unido –que hace enormes negocios en la región– extienda su control sobre el Mar Argentino. Se trata de una zona disputada por China y distintas potencias capitalistas, en un cuadro de recrudecimiento de las tensiones comerciales y bélicas. En las Islas Malvinas, la pesca y la explotación de hidrocarburos constituyen fuentes de negocios codiciadas por las potencias. La empresa israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration lideran el proyecto de explotación petrolera Sea Lion, que alcanzará un pico de producción de 150.000 barriles diarios. En este contexto, el gobierno laborista de Keir Starmer ordenó reforzar los ejercicios militares en las islas.
Milei es un defensor de la Otan, que en su momento se alineó con los ingleses en la guerra y ahora está en crisis por los choques entre el gobierno norteamericano de Trump y la mayoría de los gobiernos de la Unión Europea. Las Islas Malvinas son una plaza militar de la Otan, en momentos en que los Estados capitalistas más poderosos del mundo van hacia un rearme y se preparan para ir a la guerra con todo tipo de pertrechos, incluidos los nucleares. Milei es un peón de Trump, quien no tiene ninguna intención de que las islas pertenezcan a sus verdaderos dueños.
El gobierno nacional, por otro lado, está llevando adelante una política de entrega en toda la línea de las riquezas de la Argentina. El Rigi, que fue votado en el Congreso por todos los partidos capitalistas, es uno de los tantos instrumentos que desplegaron los libertarios para que los capitalistas extranjeros saqueen los recursos, pagando impuestos irrisorios y beneficiándose con facilidades cambiarias y fiscales. Milei también defiende el pago de la deuda externa a los acreedores capitalistas ingleses y al FMI, una política expoliatoria cuya aplicación tiene como contracara la desindustrialización, el sometimiento y el reforzamiento de la opresión sobre la Argentina.
Asimismo, Milei es fanático de Margaret Thatcher, quien ordenó el hundimiento fuera del área de exclusión del crucero General Belgrano y fue la verduga de más de trescientos jóvenes argentinos. También fue la impulsora de la feroz represión contra la huelga minera de 1984, de un plan de guerra contra los trabajadores ingleses en general y de una política económica que produjo un retroceso muy importante del Reino Unido como potencia. Milei ha elogiado en reiteradas ocasiones el programa económico de Thatcher.
La obsesión de Milei por la dictadura genocida también es ilustrativa de su política entreguista y cipaya. La dictadura traicionó la causa de Malvinas: la ocupó para evitar su caída en el marco de una agudización de la lucha de clases y de una crisis económica galopante. Galtieri y su banda aplicaron los métodos del terrorismo de Estado contra los soldados argentinos. Nunca tuvieron como propósito recuperar las Malvinas; buscaban un pacto para darle primacía política y económica a Estados Unidos.
Fuera los ingleses de Malvinas. Fuera el imperialismo de Argentina y América Latina.
Nazareno Suozzi
Manuel Adorni: la reacción como utopía
“Bienvenido a Momia BBS. Este mensaje ha sido creado automáticamente luego de completar el alta en la cuenta usuario. Gracias por ser parte de esta comunidad. Saludos. Manuel Adorni”. El mensaje es de una empresa dedicada al “sistema de tablón de anuncios” (BBS, por sus siglas en inglés), uno de los primeros servicios de mensajería informático, con algo de fama en los años 90. El encargado de la cuenta no es otro que el actual vocero oficial del gobierno de Javier Milei.
Según la periodista Victoria De Masi (Gelatina/julio 2024), que habitualmente escribe sobre los avatares de La Libertad Avanza y de sus personajes, el sistema recreaba una suerte de “utopía libertaria” de poder comunicarse e intercambiar sin Estado. Lejos de equivocarse, en las comunidades de este tipo encontraron lugar varios de los sueños de los ultraderechistas. Pero a Adorni el Estado no es lo que le molesta.
“Sindicalista”, bufón y ñoqui
Manuel Adorni, nacido el 28 de febrero de 1980 en La Plata y contador público recibido en la UADE, fue alguna vez sindicalista. Por supuesto no se conoce públicamente la empresa, aunque es sabido que estaba vinculada al delivery y al reparto. La patronal le pidió que firmara un documento para armar un gremio acorde a los servicios prestados por los empresarios. Un auténtico bufón.
Antes de llegar a la radio Rivadavia y al portal de Infobae, Adorni pasó por los sótanos de la comunicación, del mencionado Momias a la red social Taringa, convertida con los años en un centro de contacto digital de jóvenes derechistas. Un blog de economía política y su impronta tuitera y reaccionaria lo acercaron a la política, cuya primera experiencia oficial lo vio en 2019 armando el partido que conduce Ricardo López Murphy (hoy Republicanos Unidos) y apoyando la candidatura de Espert en 2019 (estuvo cerca de encabezar la boleta en CABA de Despertar) y de Milei en 2021.
Lejos de la simpleza, en 2023, la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) y el grupo Clarín lo premiaron como “mejor Twittero” en los Martín Fierro Digitales, a diez días de consagrarse como vocero presidencial, mostrando que no por hablar en pocos caracteres uno se aleja de las esferas clásicas del poder de turno.
Su perfil como vocero toma forma en la arrogancia del impune. Adorni casi que sonríe cuando dice, en plena conferencia de prensa, que el 85% de los trabajadores estatales de la cartera del Ministerio de Mujeres fue “eliminado”, como si los empleados fueran cosas a borrar. Se cree gracioso en la confrontación con los periodistas opositores. Uno de los hechos más significativos de esta política son las risas frente a los despidos estatales, la calificación de Milei a Fabián Waldman como “señor domado” por cómo Adorni lo atacó por sus informes con videos en Casa Rosada frente al cierre del viejo “salón de las mujeres”, utilizado el año pasado para oficinas de comunicación de cuentas oficiales (“Peluca Milei”).
Adorni forma parte hoy del núcleo duro o “mesa chica” de Javier Milei, del riñón de su hermana Karina, a tal punto de que fue la persona que dijo “es un error de Santiago”, al referirse a la interrupción de Santiago Caputo a la entrevista de Milei con Jonathan Viale.
Pero, sobre todo fuera de cámara, Adorni se consagró como un señor de Estado: lejos de cualquier crítica genuina a la casta, se encargó de ubicar a sus familiares en lugares de poder y enriquecimiento. Su hermano Francisco fue contratado por el Ministerio de Defensa y tuvo un incremento del 420% del salario en seis meses. Pasó de cobrar a principios de 2024 unos 820 mil pesos a casi cuatro millones de enero 2024 a julio 2024. Fue por iniciativa del jefe de su sector Luis Petri.
Pero no se quedó ahí el vocero: contrató 100 personas de forma personal entre el inicio de su gestión y septiembre del 2024. Para ser más precisos: 101 contratos nuevos, de los cuales 29 son asesores y, el resto, directores y coordinadores. Además de su hermano, Adorni metió a su madre y a su tía a trabajar.
Hay ñoquis y no es 29.
Fin
En una reciente entrevista en La Nación+, Adorni dijo que su proyecto político para la ciudad es que “deje de oler a comunismo”.
Si bien pedir coherencia, precisiones programáticas y otras yerbas pueda sonar ambicioso, lo que el vocero (que hará campaña teniendo la ventaja de hablar con los medios todas las mañanas y ya hizo saber que no renunciará) debería explicar es la cantidad de integrantes de su lista que integraron el gobierno que él critica.
Para empezar, el tercero en su lista, Nicolás Pakgojz, fue funcionario de Horacio Rodríguez Larreta. Fue jefe de Gabinete de la Secretaría de Desarrollo Urbano. Esa Secretaría es estratégica: pasan todos los pedidos de rezonificación y convenios urbanísticos. Allí Pakgojz realizó la presentación ante los legisladores porteños de Costa Urbana, la “Dubai” que se quiere construir en la zona de Puerto Madero. Quien está detrás es el okupa más grande de CABA: Eduardo Elsztain, que había intentado conseguir para sí de la ex ciudad deportiva de Boca durante décadas, pero lo logró durante la tertulia de Rodríguez Larreta. No casualmente hoy Pakgojz dirige la Agencia de Bienes del Estado.
Lo mismo vale para Andrea Freguia (4ta en la lista), que responde a los intereses de Cristian “373 propiedades” Ritondo, con una perlita: en 2023 era asesora en el senado de María Laura Leguizamón, del PJ kirchnerista. Hoy trabaja con Pilar Ramírez, ex Cámpora. También se podría decir lo mismo de Juan Pablo Arenaza, alfil de Bullrich, ex legislador del PRO.
La lista la completan personajes de esta raigambre reaccionaria: Solana Pelayo, directora del Banco Nación, del estudio jurídico Bruchou & Funes de Rioja, vinculado a la famosa familia de la burguesía; Lucía Montenegro, ultraderechista, famosa el año pasado por desviar una donación de leche para un comedor de la Villa 31 que no recibió la dosis completa de lo que se había donado, entre otros.
El objetivo de la candidatura es disputar poder político y caja al PRO para comerse un armado propio del macrismo con mayor facilidad. Eso explica la imposibilidad de diferenciarse con argumentos políticos de peso más que “olor a comunismo”. El tren fantasma de su lista no es más que un resumen de esa utopía reaccionaria. La que terminará cuando el pueblo argentino le aplique a él y a toda su banda su propia frase preferida de Twitter. “Fin”.
Santi Nuñez
La guerra arancelaria hace tambalear la economía mundial
La guerra arancelaria es una expresión de la envergadura de la crisis capitalista
Las nuevas tarifas comerciales aplicadas por Donald Trump entran en vigencia el 2 de abril, que ha sido autodenominado por el magnate como el “Día de la liberación”, asimilándolo a un día de fiesta patria para Estados Unidos. Wall Street ha recibido, sin embargo, la noticia con amplias pérdidas ante la inminente aplicación de la nueva normativa. La onda expansiva se hizo sentir en todo el globo, con derrumbes bursátiles en la Unión Europea (UE) y particularmente en Japón.
La política de Trump, quien ya ha entrado en su tercer mes de mandato, ha provocado un caos e incertidumbre en el mercado y esto es lo que explica que antes de este nuevo colapso, la bolsa ya fuera afectada por sucesivas sacudidas y que las acciones sufrieran un 10 por ciento de desvalorización en sus cotizaciones.
Industria automotriz
Uno de los sectores más afectados es la industria automotriz mundial. El anuncio de Trump de consagrar un 25 por ciento de impuesto a los automóviles supuestamente “fabricados en el extranjero”, significa un cimbronazo, empezando por las propias corporaciones estadounidenses, cuyas cadenas de producción y suministro están altamente integradas, en primer lugar con los países vecinos (México en especial), pero también con otros países del mundo. El producto final de los autos norteamericanos es el resultado de un complejo proceso de armado y ensamblaje que circula entrando y saliendo por las fronteras. Se calcula que las interrupciones en las cadenas de suministro que cruzan EE.UU., Canadá y México podrían reducir para mediados de abril la producción en las fábricas estadounidenses en 20.000 vehículos diarios, una caída del 30 por ciento. Estaría unido a un encarecimiento de los costos internos desde el momento que un 60% de los componentes provienen del exterior. Esto ya ha provocado un descenso de las acciones de Ford y GM en Wall Street, esta última con una caída superior al 8 por ciento. Ambas empresas esperan una reducción del 30 por ciento en sus niveles de rentabilidad.
Las autoridades norteamericanas han dado marcha atrás con los componentes provenientes de Canadá y México que seguirán libre de aranceles, pero la situación sigue siendo incierta, teniendo en cuenta los permanentes bandazos que viene dando Washington sobre la materia.
En ese escenario la situación más delicada es la que atraviesa Tesla, que ya venía experimentando un retroceso como resultado de haber quedado rezagada en la carrera con modelos anticuados y la creciente competencia china. La integración de Elon Musk, el dueño y CEO de la compañía, al gobierno de Trump, y su nombramiento al frente del polémico Departamento de Eficiencia gubernamental (Doge, según sus iniciales en inglés), una entidad que está impulsando la eliminación de agencias federales y el despido de miles de empleados públicos ha despertado una corriente creciente de rechazo en la opinión pública y esto ha incidido en el propio mercado norteamericano, en el que el número de propietarios que reemplazan vehículos de esa marca ha llegado a máximos históricos.
Estos factores combinados están en la base del severo desplome que han sufrido las acciones de Tesla. Lejos de ser una fuente de recomposición de sus negocios, la asociación de Musk con Trump se ha convertido en un bumerán. Importa señalar que Tesla no es inmune a los nuevos aranceles, pues depende ella misma de los insumos importados. Por otra parte, las posibles represalias chinas podrían afectar sus negocios en el país asiático, donde, pese al desplazamiento que viene sufriendo por parte de la empresa china BYD, que ha convertido en su rival número 1, mantiene una importante presencia.
En este marco, no debe sorprender que Musk no vea con entusiasmo el aumento de aranceles, lo cual puede ser una fuente de cortocircuitos con el magnate republicano, que podrían sumarse a otras tensiones ya reinantes, en especial por la injerencia y recortes que Musk está realizando en las dependencias públicas, que ya ha provocado choques en el gabinete. No hay que descartar que el romance entre Musk y Trump culmine en un divorcio, si la situación se sigue desmadrando.
El impacto de los aranceles será igual de severo para las empresas japonesas, coreanas y alemanas que exportan vehículos a EE.UU. Casi la mitad de los automóviles de pasajeros vendidos en Estados Unidos en 2024 fueron ensamblados fuera del país. Toyota vendió el año pasado 2,3 millones de vehículos en EE.UU., de los cuales, la mitad provenía del exterior.
El impacto en la UE podría ser aún mayor. La industria automotriz representa el 7 por ciento de su producción total. En Alemania, donde el sector automotor es la columna vertebral de su base industrial, las exportaciones de vehículos a EE.UU. representan alrededor de medio punto porcentual del valor agregado anual de su economía. Una de las principales automotrices alemanas, BMW, ha declarado que espera perder 1.000 millones de euros por el efecto combinado de los aranceles estadounidenses a México, los aranceles al acero en EE.UU. y las tarifas impuestas por la UE a los vehículos eléctricos chinos. Se calcula que el impacto global sobre la industria automotriz podría ascender a la friolera de 110.000 millones de dólares.
Durante la campaña electoral, Trump prometió repetidamente introducir un arancel universal del 10% o el 20% sobre todas las importaciones. Poco después de asumir el cargo, esa idea fue suplantada por la promesa de aranceles "recíprocos", con gravámenes que igualarían las barreras que supuestamente otros países imponen a los productos estadounidenses.
El resultado probablemente será un universo de diferentes niveles arancelarios, aplicados a cada país. Scott Besen, secretario del Tesoro, está concentrado en el 15% de los países que, según el secretario del Tesoro estadounidense mantienen grandes superávits con EEUU, lo que incluye a las principales potencias capitalistas, sus históricos aliados. Una diversificación de esa naturaleza (que según algunos cálculos podría llegar a 2,6 millones de tasas distintas), dependiendo del producto y el país, está llamada a crear una confusión y un caos en las relaciones comerciales y aumenta notoriamente los márgenes de incertidumbre y discrecionalidad. Si se aplicara este criterio, India estaría sometida a aranceles promedio del 28 por ciento mientras que los de Alemania treparían al 20%.
Recesión e inflación
El impacto de la guerra arancelaria se empieza a sentir en el nivel el de actividad. La incertidumbre ya está provocando una retracción en los planes de inversión de las empresas y también un freno en el consumo de los hogares. Entre las consultoras hay una certeza de que vamos a una desaceleración de la economía, llamada a terminar con el “excepcionalismo norteamericano” por el cual EEUU había tenido la capacidad para escapar a un parate de su economía como el que viene ocurriendo en las otras grandes economías occidentales. Hasta el propio Trump abrió el paraguas y señaló que no había que descartar una recesión, aunque plantea que esta retracción tendría un carácter pasajero y que hay luz al final del túnel.
Las supuestas ventajas y méritos de la nueva política arancelaria quedarían corroborados, según el presidente republicano, en los anuncios que han realizado un conjunto de empresas líderes sobre una expansión y relocalización de su actividad fabril dentro de EEUU. Estas van desde Apple, un gigante tecnológico estadounidense, hasta TSMC, el mayor fabricante de chips del mundo. La última fue Hyundai, un fabricante de automóviles surcoreano, que anunció el 24 de marzo que invertiría 21.000 millones de dólares en sus operaciones estadounidenses y crearía 14.000 empleos para 2028. “El dinero está llegando a raudales y queremos que siga así”, declaró Trump en un evento en la Casa Blanca junto a ejecutivos de Hyundai. La propia Nvidia, la empresa número uno en el ranking de capitalización bursátil, habla de una inversión de 500.000 millones de dólares. Pero atención que estos anuncios pueden resultar engañosos. “Las empresas saben cómo halagar al presidente. Muchos de sus anuncios se refieren a planes de gasto que ya estaban en marcha antes de que asumiera el cargo. Además, por cada acuerdo anunciado, otros se estancan. Encuestas recientes de las oficinas de la Reserva Federal en Nueva York y Filadelfia registran fuertes caídas en las perspectivas de los fabricantes para la economía durante los próximos seis meses” (The Economist, 30/3).
No hay que olvidar además que la imposición de más aranceles puede provocar represalias de los países afectados, lo cual puede terminar minando las exportaciones yanquis y echar leña al fuego a las tendencias depresivas.
Más allá de la euforia que pretenda transmitir Trump, lo cierto aquí es que lo que avanzan son los nubarrones que van cubriendo el escenario económico y social estadounidense.
La inflación está llamada a aumentar. Deutsche Bank estima que, si Trump opta por imponer impuestos máximos, podría añadir 1,2 puntos porcentuales a la tasa de inflación, elevándola por encima del 3% interanual. El aumento de los costos de importación complicará la situación tanto de bienes finales extranjeros como de los insumos importados, provocando un salto en el nivel de precios. El Laboratorio de Presupuesto de Yale, un grupo de investigación, estima que los hogares en la parte inferior de la escala de ingresos verán una caída de sus ingresos disponibles de aproximadamente un 2,5% debido a la primera ola de aranceles sobre China, México y Canadá, en comparación con una disminución del 0,9% para los hogares más adinerados. A medida que Trump aumenta los aranceles, el impacto se agravará aún más (WSWS, 30/3).
Deuda y bolsa
El avivamiento de la tendencia inflacionaria ha redundado en que la Fed haya decidido postergar sus planes de recortar la tasa de interés, a pesar de la desaceleración económica. Pero la persistencia de una tasa de interés elevada potencia las tendencias recesivas. Al mismo tiempo, aumenta la carga de la deuda que ha ido creciendo como bola de nieve. Nos referimos no a la deuda pública que supera el PBI norteamericano (36 billones dólares) sino a la deuda corporativa y de los particulares. La morosidad e impagos de las deudas de los hogares con tarjeta de crédito y por préstamos por vivienda se han ampliado notablemente en la última etapa.
Lo mismo vale para la bolsa, en la que se ha generado una burbuja sin precedentes, sostenida a través de un gran apalancamiento. Las altas tasas de interés amenazan con desatar un colapso, que puede provocar un derrumbe histórico de la bolsa dado la valorización ficticia que tienen las cotizaciones accionarias de las empresas, que no se compadecen con su desempeño en la economía real. Por lo pronto ya tenemos algún aviso en los temblores que se vienen sucediendo en la última etapa.
Hay que tener presente que los hogares norteamericanos aumentaron sus ahorros en acciones, muy superiores a su promedio histórico. Una caída del mercado bursátil, más en la actual condición, tiene profundas implicaciones en los consumos de los hogares. A través del llamado “efecto riqueza” tienden a variar sus gastos. Los dos últimos meses, la pérdida accionaria ascendió a 4 billones y medio de dólares y eso redunda en un recorte en el consumo popular de varios miles de millones de dólares, lo cual echa más leña al fuego en el parate de la actividad económica.
Ante la huida de los inversores de la renta variable, suben los activos considerados refugio como el oro, que alcanzó nuevos máximos, el último, por encima de los USD 3.100 por onza. A su turno, en el mercado de deuda, la rentabilidad de los bonos cae.
En ese contexto, Trump viene presionando por un descenso de la tasa de interés y eso explica las crecientes tensiones que lo enfrentan con las autoridades de la Reserva Federal que ha metido en el freezer su plan de recortes de los tipos de interés. Aunque viene al caso señalar que se ha reservado una carta flexibilizando la política restrictiva que venía sosteniendo, al contraer el ritmo de ventas de los bonos que tiene en su poder, resolviendo desprenderse de 5.000 millones de dólares en lugar de 25.000 millones como lo hacía hasta ahora. Hay un temor fundado que pueda precipitarse una crisis de liquidez que pueda afectar el conjunto del sistema bancario.
Comentario final
Como se puede apreciar, son demasiados los frentes de tormenta, en tanto los márgenes de maniobra para pilotear la crisis resultan cada vez más endebles y precarios.
La guerra arancelaria es una expresión de la envergadura de la crisis capitalista, de contradicciones irreprimibles y explosivas en la economía mundial que no encuentran una vía de salida y que se agravan. Esto intensifica los enfrentamientos entre los Estados y las corporaciones que buscan escapar del impasse a expensas de sus rivales. Viene al caso señalar que el uso de aranceles por parte de todas las principales economías ha aumentado rápidamente desde la crisis financiera mundial de 2008. Según Global Trade Alerta, con sede en Suiza, que rastrea las políticas comerciales, existen actualmente 4.650 restricciones a la importación —incluyendo aranceles, cuotas, medidas antidumping y otras limitaciones— en vigor dentro del G20. Esto representa un aumento del 75 por ciento desde que Trump ganó las elecciones en 2016 y casi 10 veces más que las restricciones vigentes al final de 2008. Ahora, con el segundo mandato de Trump, esta tendencia va a potenciarse sensiblemente.
Lo que quedaba del orden mundial de posguerra se ha definitivamente derrumbado. El sistema financiero y monetario establecido en Breton Woods, así como las relaciones comerciales que tenían a la OMC como marco regulatorio, han estallado por los aires. El libre comercio y la cooperación entre las naciones ha sido sepultado. La guerra arancelaria representa un salto en la guerra comercial y los choques ente los Estados y pavimenta las tendencias que se vienen configurando progresivamente hacia una guerra mundial.
Pablo Heller
“No hay otra tierra”, el documental que retrata la barbarie sionista en Cisjordania
“Cuando era un niño, yo pensaba que mi padre era invencible”, sonríe Basel Adra. Ahora sabe que, para echar a la ocupación, hay que tener paciencia y aprender a fracasar las veces que sea necesario. Es hijo, dice, de una familia de activistas, y es uno de los directores palestinos de “No hay otra tierra”, el documental sobre cómo Israel destruye a fuerza de milicos, topadoras y patotas las aldeas milenarias de la Cisjordania. Un niño al que le parecía normal que el papá durmiera con las zapatillas puestas por si se tenía que escapar por la noche.
La película ganó el Oscar la semana pasada y antes la Berlinale, el prestigioso festival de cine de Berlín. La tierra de la que habla es Masafer Yatta, 20 aldeas de montaña en Hebrón, en el extremo sur de Cisjordania, justo en el borde palestino de la llamada Línea Verde de 1948, la frontera legal de lo que hoy son los territorios ocupados.
Basel y otros tres directores (dos palestinos, dos israelíes) relevaron una década de agresiones de la ocupación israelí y sus colonos a una comunidad de aproximadamente 4.000 personas que vive allí desde los tiempos bíblicos, y que por los desalojos han tenido en muchos casos que volver, como en los tiempos bíblicos, a vivir en las cuevas de las montañas.
En la década del 70, Israel declaró la zona “campo de tiro” y les confiscaron 10 km2 de los 36 que tenían. En 1999, el ejército expulsó a unos 700 palestinos de 12 aldeas, territorio donde los colonos fueron construyendo asentamientos. Hace poco trascendió un documento militar secreto que dice que el campo de tiro fue una excusa para montar los asentamientos.
Desde ese entonces, filman con lo que pueden los atropellos. Basel, el pastorcito, aprendió primero a hablar ante la cámara que ahora maneja con maestría y lo llevó a la alfombra roja.
El documental se pasea por un paisaje árido, reseco, montañoso, atravesado por camiones del ejército y topadoras que derriban casas construidas hace siglos, piedra sobre piedra, en la boca de las cuevas. Entre risotadas, los soldados sionistas destruyen las torres de electricidad, los pozos de agua, los paneles solares, los corrales de cabras, los paneles de la escuela que las mujeres construyeron de día y los hombres de noche, en secreto, para eludir al ejército.
En esa escuela, inaugurada hace muchos años por Tony Blair, la noche de los Oscar se transmitió la película ante un auditorio de residentes y activistas internacionales. En represalia, hubo redadas del ejército.
Basel filma a los colonos, brutales, que en el nombre de dios queman cultivos, roban ganado, incendian casas. Los escoltan soldados del ejército israelí, seguidos e insultados por las mujeres.
“Empecé a grabar cuando llegó nuestro fin”, dice Basel. Fue en el verano de 2019, cuando después de 20 años sin pronunciarse el Tribunal Supremo avaló la destrucción de la mayoría de las aldeas y la expulsión de sus habitantes.
Los palestinos tienen prohibido reconstruir viviendas o servirse de la red de agua que Israel construyó para los asentamientos. Tampoco pueden usar los dos pozos subterráneos que los proveyeron de agua desde hace siglos. “¿Cómo esperan que olvidemos el lugar donde hemos nacido?”, pregunta mansamente el abuelo de Basel a otro de los directores, el periodista israelí Yuval Abraham. Y le pregunta de dónde es. “De Ber Sheeva”, contesta el joven. “Ah, ¡es palestino!”, retruca socarrón el abuelo y repregunta: “¿Ustedes cuándo llegaron?”.
En esos diálogos precisos, el film despliega ante el espectador la barbarie de una fuerza de ocupación embrutecida, cuyo norte histórico es la limpieza étnica. También la determinación absoluta de los palestinos a permanecer en su tierra, una resistencia que atraviesa las generaciones.
“No hay otra tierra” muestra la complejidad del vínculo entre israelíes y palestinos, aunque Yuval sea, como dice el padre de Basel, “un israelí de los de derechos humanos”. “Vos te vas pero yo no puedo salir de aquí” le espeta una noche Basel a Yuval. Socios, amigos, cómplices. Pero uno puede manejar hasta su casa y el otro tiene prohibido desplazarse más allá de la línea de check points.
El apartheid no es solo una palabra. Dos días después del 7 de octubre, en una de esas aldeas, Umm al Khair, “la mitad de la comunidad fue atacada, les vendaron los ojos en mitad de la noche y les obligaron a jurar lealtad a Israel", explica Sam Stein, un activista judío de Nueva York que lleva años viviendo en la zona.
En 2024, a las topadoras y los camiones se sumaron los tanques y un tal Ilan, encapuchado pero de uniforme. Está encargado de las demoliciones. “¿Por qué pierdes el tiempo? No nos iremos”, le gritan: “Nací aquí hace 70 años. No nos iremos”.
Ladrón, ladrón, no nos iremos, le gritan mientras un hombre seca con el dorso de la mano la cara empapada de lágrimas de una muchacha. Los soldados y las topadoras avanzan hacia la placita con juegos que donó Noruega. No más placita. Enseguida, destrozan los tanques de agua, las cisternas, las cañerías, el baño químico.
“Si no se van los detengo”, grita Ilan pero nadie se va. Una niña recupera entre los escombros las pinzas de su padre, una mujer recupera una bolsa de pan. Dentro de unas horas, cuando termina de ordenar la cueva, abraza entre risas a los niños: “Vengan, vengan, vamos a comer rico pan”. La emocionante capacidad de resistencia del pueblo palestino.
Esa noche, en la cueva, una nena juega con un trompo: “Giro y giro así nadie me atrapa”. Afuera, un camión baja clandestinamente materiales de (re)construcción. Los hombres levantan una pared nueva. Basel se pagó como albañil sus estudios de Derecho en Beer Sheva: “Siempre soy la mano de obra barata”, le dice a Yuval.
A la mañana, el ejército vuelve a destruir todo, confisca las herramientas de construcción. Cuando intentan llevarse el generador de electricidad, hay un forcejeo desesperado. Se zanja con un disparo, certero, en la columna vertebral del palestino. Harun es albañil, en las herramientas se le iba la vida. Y casi: la puntería implacable de la única democracia de Medio Oriente lo deja paralizado, para siempre, de los hombros para abajo.
En el escenario de la Berlinale, el palestino fue el primero en hablar: “Es muy, muy difícil para mí celebrar algo mientras decenas de miles de mi gente están siendo masacradas en Gaza en este momento. Como estoy aquí en Berlín, me gustaría pedirle a Alemania que respete los llamamientos de la ONU y dejar de enviar armas a Israel”.
Luego habló Yuval. “Yo vivo en un régimen civil y Basel bajo un régimen militar. Vivimos a 30 minutos el uno del otro, pero yo tengo derecho a voto y Basel no. Yo puedo moverme libremente por el país, pero Basel, como millones de palestinos, está atrapado en Cisjordania. Esta situación de apartheid entre los dos, esta desigualdad, tiene que terminar”, señaló. La sala de la Berlinale estalló en un intenso aplauso que significó que arreciaran pedido de renuncia a la ministra de Cultura, Claudia Roth. El lunes, un twit del ministerio reinterpretó el aplauso “que iba dirigido al periodista y cineasta judío-israelí”, no al palestino” (sic).
En Los Angeles, a la hora de recibir el Oscar, Basel insistió: “Hace dos meses me convertí en padre. Mi esperanza para mi hija es que no tenga que vivir la misma vida que estoy viviendo yo: siempre temiendo la violencia, las demoliciones de nuestros hogares y los desplazamientos forzados que enfrentamos cada día bajo la ocupación''. Y llamó al mundo “a detener la limpieza étnica del pueblo palestino''. Lo aplaudieron de pie.
El ministro de Cultura israelí Miki Zohar, describió los premios como “un momento triste para el mundo del cine” y llamó a no exhibir la película. El filme carece de distribuidor en Estados Unidos y no se proyectó ni proyectará en salas comerciales de Israel.
Las amenazas, públicas y anónimas, tomaron tal dimensión que ambos directores suspendieron todas las entrevistas y el israelí postergó su regreso. “He recibido cientos de mensajes anónimos avisando que me van a matar, que me esperan en el aeropuerto”, le contó a Haaretz.
Una multitud fue a su casa en Beer Sheva y amenazó a familiares directos, que tuvieron que huir a otra ciudad durante la noche.
Los ataques son fogoneados por el gobierno: la misma noche de la Berlinale, la televisión pública israelí tituló: “El discurso antisemita del creador israelí”.
En Masafer Yatta los premios se entendieron como “una victoria para toda Palestina y para todo Masafer Yatta”. Pero un hermano de Basel contó que desde el estreno las amenazas contra su familia han aumentado, los colonos apedrearon su coche y los militares requisaron una y otra vez a la familia.
Más de 40 cineastas israelíes, entre ellos Ari Folman (Vals con Bashir, El congreso, Dónde está Anne Frank…) y Guy Nattiv (Oscar al mejor cortometraje en 2019 por Skin y reciente autor de Golda), se solidarizaron con el dúo. Acusaron a la televisión pública de “populismo barato e incitación en el discurso público” y subrayaron que nada en el discurso de Abraham era antisemita, sino una “descripción factual de la realidad en Cisjordania”.
Ya en octubre unos 700 cineastas israelíes decidieron boicotear y repudiaron la creación de tres fondos estatales que financiarán exclusivamente “a creadores fieles al estado judío”. Uno de ellos es para Cisjordanía y excluye a los cineastas palestinos, cuando los palestinos son el 80 % de la población. Además, las ayudas al desarrollo del proyecto tras el guión son solo para residentes de asentamientos.
Con subtítulos en español, el documental se puede ver acá:
https://ok.ru/video/8836492954209
Olga Cristóbal
09/03/2025
El peor terremoto en un siglo expone la crisis humanitaria en Myanmar, arrasada por la guerra civil
Un sismo de 7,7 grados en la escala Richter sacudió por completo a Myanmar (ex Birmania) el pasado viernes 28 de marzo. Según las agencias especializadas, este terremoto ha sido uno de los más violentos registrados en 100 años en el continente asiático, lo cual es mucho decir debido a las actividades sísmicas recurrentes tanto en tierra como bajo el océano. El epicentro del fue ubicado en el centro norte del país, en la región central de Sagaing, cerca de Mandalay, la antigua capital real, con una población de alrededor de 1,5 millones de personas. Los efectos del sismo pudieron sentirse hasta en Bangkok, a más de 1000 km, donde se registraron 18 muertes como consecuencia del derrumbe de un edificio en construcción y otras estructuras menores. En Myanmar, el gobierno de facto que dirige el país desde 2021 ha reconocido 2065 muertes y 300 desaparecidos al 1 de abril, pero la Cruz Roja estipula que la cantidad real de muertes asciende a 10 mil, cuando se logre llegar a las zonas más anegadas.
Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) el sismo, que tuvo su origen a solo 10 km de la superficie, generó un efecto devastador de alto alcance, que se combina con el deterioro generalizado de las condiciones de infraestructura crítica (rutas, puentes, autopistas) y las improvisadas construcciones de la población, sumida en la pobreza extrema. La geóloga Jess Phoenix, consultada por la CNN (31/03) asegura que la energía descargada en 1 minuto de movimientos tuvo el equivalente a 334 bombas atómicas.
Durante el fin de semana, los habitantes atravesaron una situación de completa desesperación, sin acceso en múltiples ocasiones a ayuda externa o con la maquinaria necesaria, la ciudad de Mandalay se movilizó para rescatar con sus propias manos a las miles de personas bajo los escombros. Los relatos de familias enteras devastadas por la caída abrupta de edificios y casas son moneda corriente en los periódicos internacionales. Se calcula que más de 600 mezquitas/monasterios se derrumbaron mientras diversos fieles se encontraban dentro rezando, las organizaciones eclesiásticas han notificado la muerte de más de 270 monjes que se encontraban rindiendo un examen al momento del desastre. En la capital Naypyidaw, ubicada a 270 km, un hospital se vino abajo por completo junto a cientos de viviendas y otros monasterios, aunque el impacto en víctimas ha sido ampliamente menor.
Los propios operativos de rescate se encuentran atravesados por la guerra civil, las zonas bajo influencia de los militares fueron las más devastadas. El gobierno de la Unidad Nacional - conformado por los partidos pro democráticos y diversos grupos de guerrilla - han convocado a un cese al fuego ofensivo de 2 semanas, aunque advirtieron que se defenderán en caso de incursiones a sus territorios. Las diversas rutas controladas por uno u otro bando, dificultan la acción centralizada y la ayuda humanitaria. Los informes de la Cruz Roja y la Media Luna Roja (FICR) sugieren una inversión inmediata de 100 millones de dólares para atender las necesidades urgentes de los damnificados. La Organización de las Naciones Unidas (ONU), ha anunciado una ayuda inmediata por 5 millones de dólares, mientras que países cercanos como China, India, Pakistán han enviado ayuda humanitaria calculada en 30 millones de dólares. Reino Unido, Irlanda y Australia han ofrecido otros 20 millones al igual que Donald Trump desde la Casa Blanca. El problema fundamental es que toda esta ayuda llegará muy posteriormente a las 72 horas de “ventana” que se estipula ante cualquier catástrofe para hallar a una persona atrapada bajo escombros con vida. El olor a muerte se respira en las calles, miles de cuerpos se encuentran bajo escombros que llevará semanas remover; los cuerpos rescatados no pudieron ser enterrados lo que agrava la situación sanitaria en todo el territorio afectado.
Todas las organizaciones de ayuda humanitaria reflejan las dificultades de trabajar en zonas con escasez de alimentos y los materiales necesarios para desarrollar sus tareas. Los informes se centran en la gravedad del sismo para ocultar las responsabilidades políticas de un gobierno de facto que ha entablado una persecución y matanza de opositores políticos. El daño en las estructuras más elementales y los reportes sobre viviendas realizadas con barro y madera exponen una crisis humanitaria muy profunda.
Se calcula que desde el año 2021, más de 3 millones de personas fueron desplazadas de sus hogares. Ahora se calcula que cerca del 60% de las viviendas en Mandalay quedaron derrumbadas, lo que anticipa una crisis superior. En las calles de la vieja capital se han arropado los sobrevivientes que han perdido sus hogares o temen despertarse bajo los escombros si retornan. El desastre de Myanmar ofrece una nueva imagen de la barbarie a la que empuja a la humanidad toda el Capital y sus gobiernos.
Joaquín Antúnez
01/04/2025
La baja de la pobreza, otro embuste de Milei
Cifras mentirosas
Lo que explica esta caída de los porcentajes es la desaceleración de la inflación que, como ya explicamos desde estas páginas, responde a mediciones del INDEC que están distorsionadas por estar basadas en una canasta desactualizada que no contempla ni los consumos actuales ni el aumento del peso de los tarifazos en el total de la torta del consumo de cada hogar.
Además, las cifras con las que se comparan fueron afectadas por el Rodrigazo de Milei- Caputo no bien asumieron.
El elefante en el baño que pone de evidencia que estas cifras son mentirosas es la medición del consumo que lleva una caída de 14 meses ininterrumpida.
Los consumos que más caen son los de bienes esenciales como la leche y en supermercados y almacenes, lo que demuestra que la caída del consumo no responde a una oleada distributiva en la que los hogares de mayores ingresos se estén absteniendo de consumos suntuarios en pos de mejorar la situación de las familias más pobres, sino que, por el contrario, las mismas cifras del INDEC delatan que entre los menores de 15 años la pobreza escala a más del 51% de la población.
El aumento del uso de la tarjeta de crédito para la compra de alimentos denuncia la misma realidad.
Por su parte, el Observatorio de la Deuda Social de la UCA (ODSA) de la Universidad Católica Argentina (UCA) realiza un estudio que compara la pobreza multidimensional, la cual es medida por el mismo Ministerio de Capital Humano de Milei y que tiene en cuenta diferentes cuestiones que hacen a la calidad de vida como el acceso a bienes y servicios básicos. Ese tipo de pobreza registró un aumento interanual al pasar del 39,8% en 2023 al 41,6% en el tercer trimestre de 2024. Además, ese porcentaje crece sostenido desde 2017 (La Nación 31/03).
Esta diferencia se explica por la motosierra que el gobierno de Milei pasó sobre programas de salud, medicamentos y servicios sociales que antes eran brindados por el estado y ahora, habiendo sido recortados, sólo se puede acceder a ellos pagando, lo que afecta directamente a los ingresos sin estar registrados en las mediciones del INDEC.
La política recesiva de Milei no produjo un desastre humanitario mayor sólo porque el liberticida tuvo los reflejos para aumentar los planes sociales como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y Tarjeta Alimentar por encima de la inflación. Esto lo hizo con el doble propósito de frenar una reacción popular a la motosierra y la licuadora y facilitar el terreno para el ataque a las organizaciones piqueteras.
Los anuncios del INDEC pronto se van a sumar a la lista de cosas que los liberticidas van a dejar de festejar –como los logros de su política macroeconómica– cuando ya empezó la cuenta regresiva de la devaluación más pronosticada de la historia y cuando día a día queman dólares de las reservas en los mercados paralelos para frenar el precio a pesar del tantas veces anunciado nuevo acuerdo con el FMI.
Tanto la devaluación como las nuevas medidas de ajuste -todas requeridas por el FMI– van a empujar a la miseria a un extremo insoportable –imposible de disimular incluso para las mediciones del INDEC– al que los trabajadores ya vienen respondiendo con grandes movilizaciones. Las consignas de huelga general y fuera el FMI- No al pago de la deuda están a la orden del día.
Aldana González
01/04/2025
Obras Sociales: privatizan la atención médica
Uno de los cambios principales es que, desde el inicio de un empleo, los trabajadores puedan optar por una obra social (ya sea la de su actividad laboral u otra) o por un servicio de medicina prepaga.
La normativa establece que las contribuciones al Fondo Solidario de Redistribución (administrado por el estado ) serán de una tasa fija del 15% para todos, para las obras sociales sindicales, de dirección y también para las prepagas. Anteriormente, este aporte era del 10% para los trabajadores de menos sueldos y del 15 % a la de los sueldos mayores. Con lo que el estado “liberal” mete mano directa en la recaudación de las obras sociales y también de las prepagas, pero no pone límite alguno a lo que cobra una prepaga para “garantizar la libre competencia en el mercado” (Infobae).
Un combo explosivo
La asfixia de las Obras Sociales es total en tres aspectos: 1) deben contribuir con el 15% de la recaudación al Fondo Solidario de Reparación; 2) tienen una sangría con la libre elección de la obra social por parte del trabajador. En la inmensa mayoría de los sindicatos hay una pérdida sustancial de aportes por los despidos masivos y la caída de la industria.
Un gremio pequeño no puede sostener una atención que requiera estudios importantes y medicamentos caros; al apelar al “Fondo de Reparación”, entra en la cola interminable de reclamos pendientes con el atraso de la atención médica
Un trabajador no puede emigrar a la Obra Social de otro sindicato si el sueldo que recibe es inferior al del gremio al que quiere afiliarse, por una cuestión de desfinanciamiento. Si recurre a la prepaga, ésta ya no tiene control alguno en la cuota. La intención del gobierno es forzar al trabajador a que pase a la salud privada y además que las obras sociales de los sindicatos se asocien a las prepagas.
Como el pasaje a las prepagas está casi vedado por la caída del empleo y de los sueldos, el gobierno “liberal” ha comenzado con las intervenciones de las obras sociales de los sindicatos para forzarlo. Ha implementado auditorías, ocho obras sociales sindicales han sido intervenidas por 180 días. La Obra Social del Personal de la Industria del Chacinado y Afines (OSPICHA), la Obra Social de los Trabajadores Rurales y Estibadores de la República Argentina (OSPRERA), la Obra Social del Personal Mosaista (OSPM), la Obra Social de Fotógrafos (OSFOT) la Obra Social de Vareadores (OSV), la Obra Social del Personal Ladrillero (OSPL), la del Personal de la Industria Ladrillera a Máquina (OSPILM) y la Obra Social de la Industria del Fósforo (OSPIF).
El gobierno de Milei, así como le copió a Gerardo Martínez la idea de la disminución de las indemnizaciones, le copió a Barrionuevo el armado de un pool de sindicatos chicos que gozan de la Obra Social de los gastronómicos, que además es un armado en asociación con la medicina privada que nuclea a casi 20 sindicatos menores.
Para que no se arrebaten derechos de salud, es necesaria una campaña por: “Fuera las manos del gobierno sobre las obras sociales” y terminar con el desguace y el vaciamiento orquestado en todos estos años por la burocracia y el Estado.
Está claramente planteada la pelea por la apertura de los libros y por directorios electos por los afiliados: la cobertura plena de un PMO universal e integral que se cubra con el aumento de los aportes patronales; el pase a planta de todos los precarizados con el mejor convenio de la actividad y el blanqueo de todas las sumas en negro, para recomponer los ingresos de las obras sociales. La triplicación del presupuesto de salud y reforzamiento del sistema sanitario bajo control de los trabajadores.
Juan Ferro
01/04/2025
Un nuevo episodio de entrelazamiento del delito con el Estado y los capitalistas
Sucede que el exdirector de AFIP Santa Fe y Rosario, Carlos Vaudagna, se encuentra siendo investigado por una decena de delitos vinculados al ejercicio de ese cargo público. Trafico de influencias, incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho, entre otros delitos que se repiten en más de una oportunidad. “Acorralado” en la instancia judicial en que se encuentra, Vaudagna decidió declarar y acogerse a la figura de “imputado-colaborador” para verse beneficiado por una condena menor a la que pedirían los fiscales. A partir de su declaración se conoce cuál era su rol, quiénes los beneficiarios y perjudicados de una trama que usaba al Estado, incluyendo al Poder Judicial.
Desde el mismo asesoraba a capitalistas de renombre para consumar evasión de impuestos: aquí aparece el nombre de Nahuel Caputto, socio mayoritario del diario santafesino “El Litoral”, además de estar involucrado en un fallido de compras de islas para la reubicación del puerto santafesino. A partir de estas maniobras, se esperaba que luego el Estado Provincial tenga que expropiárselas para dicha construcción y así hacerse de una cuantiosa indemnización. A su vez, este directivo se encargaba de impulsar investigaciones por incumplimientos fiscales que no llegaban a resolución, ya que en el ínterin se arreglaban sobornos que llegaban a sus bolsillos. Lo mismo con respecto a hacer la “vista gorda” respecto a empresarios sin los estados contables en regla.
Incluso está involucrado uno de los exdirectivos de Vicentin SAIC, Omar Scarell, quien a partir de lo recolectado fue asesorado por Vaudagna para apropiarse de reintegros de IVA durante más cuatro años, cuya cifra alcanza los nueve dígitos. Asimismo, el asesoramiento con respecto al blanqueo de los créditos que fue tomando la cerealera previo a su desfalco, con las intenciones de que no recaigan denuncias penales en su contra a raíz de la administración fraudulenta.
Lo dicho solo es un botón de muestra que lejos está de despejar el camino. Pero él no estuvo solo en esta serie de maniobras, ya que para desenvolverlas sobre un manto de legalidad tuvo el concurso de un juez federal con nombre y apellido. Es el caso de Marcelo Bailaque, titular del Juzgado Federal Nº 2 de la ciudad de Rosario, que se encuentra investigado por el Consejo de la Magistratura y las fiscalías federales por, básicamente, utilizar sus facultades judiciales a conveniencia. Resuena el caso en el que este ordenó un allanamiento contra un candidato a hacerse de la dirección de una aseguradora y que este, a petición de parte, sin delegar en terceros este trabajo, allanó el domicilio del mencionado para ensuciarlo públicamente.
Pero esto no es lo único que vincula al juez Bailaque. También se le reprocha no haber llevado adelante los procesos judiciales contra capos narcos de la provincia. Tal es el caso de Esteban Alvarado, hoy condenado a perpetua por la justicia provincial, ya que tuvo una de sus causas por narcotráfico en su juzgado y su conducta fue la inactividad y la inexistente diligencia en la investigación. Al tiempo se conoció públicamente que incluso compartía contador con Alvarado. Pero al igual que Vaudagna, no es la única de sus fechorías. Se lo acusa también de haber beneficiado a empresarios para hacerse con la concesión de los puertos de Rosario, que en su momento estuvieron intervenidos y cuya cooperativa pretendía quedársela este financista de apellido Whpei. En ese trajín, se benefició a una mutual de su propiedad que recibió fondos retenidos ya que ofrecían una mejor tasa de interés que los bancos. Al juez se lo vincula, dentro de la organización judicial, a Ricardo Lorenzetti, ministro de la Corte Suprema, y según las fuentes al momento de su designación fue impulsado por el kirchnerismo.
Este capítulo de entrelazamiento entre el crimen organizado, capitalistas de renombre y el Estado todavía no se ha agotado. Que todo esto explote en medio de contiendas electorales y políticas expresa la crisis que tenemos en ciernes.
Agustín Fernández
31/03/2025
martes, abril 01, 2025
El gobierno continúa con el vaciamiento de la ESMA para devolverla a las Fuerzas Armadas
El Ente ESMA es un organismo tripartito entre Nación, Ciudad y los Organismos de Derechos Humanos. Los salarios eran responsabilidad del Gobierno Nacional. Entre las tareas que desarrollan sus trabajadores están las visitas guiadas, la seguridad y mantenimiento del predio, su promoción, etcétera. Al conocerse la noticia, la Junta Interna de ATE Ente ESMA resolvió un cese de actividades desde las 12 horas del viernes hasta el mediodía del lunes, en el que se reunirán en asamblea. Dadas las tareas que realizan los trabajadores del ENTE, si se prevé que no cobren el salario por más de 60 días, se prepara un cierre de hecho de toda la ESMA.
La auditoría tiene fecha de inicio el 1 de abril, por lo que el dinero de los salarios de marzo ya debía estar depositado dado que los trabajadores del Estados Nacional cobran el primer día hábil del mes. La provocación se inscribe en un ataque constante a los trabajadores de los distintos organismos que funcionan en el predio. Las 17 hectáreas ubicadas en la Av. Libertador al 1800 tienen un valor simbólico en disputa, pero también un valor inmobiliario que también tiene en vilo a diversos intereses.
Territorio en disputa
El Gobierno nacional, en lo que va del año, logró cederle la seguridad de los edificios dependientes de la Secretaría de Derechos Humanos a la Policía Federal. Ante la denuncia de los trabajadores, realizó una lista de despidos que amparó en “falta de disciplina” del personal. La policía no permitía el acceso a los lugares de trabajo de los delegados. Además, pretendió que los despedidos no retiraran sus pertenencias de las que habían sido sus oficinas. Alberto Baños, secretario de derechos humanos, prohibió que se realizara el recital de Milo J dentro del predio, una vez que ya estaba armado el escenario y la presentación de un libro.
Con el cierre del Centro Cultural Haroldo Conti en enero se anunció un cambio en la programación y en el funcionamiento que debiera haberse puesto en marcha a principios de marzo. Esa agenda sigue sin existir desde el cierre del Conti. El Gobierno avanza en el vaciamiento de un espacio de interés histórico, que debe ser preservado como una hipoteca sobre los intereses sociales y políticos que promovieron el golpe y para reivindicar la memoria de los luchadores desaparecidos.
La pretensión de declarar “crimen de lesa humanidad” el accionar de la guerrilla y la demolición del monumento a Osvaldo Bayer en Santa Cruz, a menos de 24 horas de la movilización del 24 de Marzo, van a en el mismo sentido: validar el accionar de las fuerzas represivas contra las huelgas obreras y a la dictadura misma.
PRO:“Devolverles la ESMA a los militares”
El diputado santafesino Gabriel Chumpitaz (PRO), a través de su cuenta de X aseguró que: “El museo de la memoria divide a los argentinos, nos impregna de odio y pasado. Haremos una propuesta formal para que en la ESMA se monte un centro de capacitación especializado en emergencias y catástrofes, para entrenar a las FFAA y los Bomberos”. Su propuesta choca con la declaración de la Unesco de “Patrimonio de la Humanidad”, sin embargo, deja a las claras a quién creen que pertenece el predio los miembros del gobierno y sus aliados directos.
En enero pasado el Juez Ariel Lijo, a cargo de la Megacausa Esma, dijo que debía garantizarse el funcionamiento de los sitios, puntualmente la apertura del predio y la limpieza de las canaletas. En el predio siguen surgiendo pruebas concretas que aportan al desarrollo de los juicios por los cerca de 5.000 detenidos que pasaron por ese centro de detención clandestino. La “propuesta” de Chumpitaz debe ser rechazada de plano.
La ESMA abierta debe ser un recordatorio permanente de los más de 300 niños que aún no fueron restituidos, de los archivos que siguen sellados negando la información de dónde están los desaparecidos, de los cientos de militares con prisión domiciliaria cuando deberían estar en las cárceles comunes y otros tantos que ni siquiera fueron juzgados. Un recordatorio de la vigencia de los intereses que motivaron tanto la dictadura militar como todos y cada uno de los gobiernos democráticos posteriores. La lucha por los puestos de trabajo y por el acceso a los museos que funcionan en el predio es parte de la reivindicación a organizarse, luchar y enfrentar al régimen.
Valentina Viglieca
31/03/2025
El sionismo ocupa Gaza para proceder a la “transferencia” étnica de su población
Los médicos en Gaza describen un desastre humanitario que supera al de los meses anteriores: hospitales sin lo más elemental, médicos que tienen que elegir a quién tratar y a quién dejar morir, bebés desnutridos sin acceso a suplementos alimenticios, cientos de miles de personas casi sin agua potable, 30.000 enfermos de cáncer sin tratamiento, familias que no pueden huir porque no tienen una silla de ruedas en la que transportar a su hijo amputado, padres perturbados por pensamientos suicidas porque no saben cómo ayudar a sus hijos hambrientos, enfermos, heridos, aterrados. Más de 10.000 pacientes necesitan ser evacuados de manera urgente e Israel no les autoriza la salida. La descripción completa de este genocidio se puede encontrar en El País.
El ejército ordenó la evacuación, pero nadie sabe hacia dónde ir, ni cómo, alquilar un burro para el traslado cuesta una fortuna, Israel sembró Gaza con miles de explosivos que no han explotado y que cuando lo hacen “provocan heridas catastróficas”. La evacuación conlleva ese riesgo. La gente se amontona entre las ruinas, en los hospitales, en donde puede, y espera. Faltan por lo menos un millón de carpas, ni siquiera durante el cese del fuego Israel permitió que entraran.
Durante varios días de esta semana, por primera vez desde que Israel invadió Gaza, algunos cientos de personas desesperadas se manifestaron entre los escombros de Beit Lahiya, Jabalia, un barrio de la ciudad de Gaza, y en Khan Younis y Nuseirat (BBC 26/3), todos lugares arrasados repetidamente por los israelíes durante meses. Llevaban banderas blancas, pedían el fin de la guerra: “Queremos vivir. Detengan el genocidio”, insultaban a Israel.
Sin embargo, entre las consignas aparecieron algunas pidiendo la dimisión de Hamás y la Yihad en la ilusión -le explicaron a la BBC- de que eso detendría a los sionistas. Unos pocos atacaron a las milicias con argumentos caros a Netanyahu: “Son una banda de asesinos”, “Hamás terrorista”, “Hamás destruyó Gaza”.
Estas protestas callejeras habían sido precedidas por mensajes de ese tipo en las redes por parte de personajes vinculados al gobierno israelí y a la Autoridad Nacional Palestina, cuyos voceros se apresuraron a reclamar que Hamás “oiga la voz del pueblo”, abandone el poder y se lo entregue a la ANP (El País, 26/3).
Los medios de comunicación israelíes editaron (recortaron) inmediatamente las imágenes para dar su propia versión de las manifestaciones. Con cierto pudor, Times of Israel dijo que participaron “cientos, si no miles, de palestinos”. La BBC, la CNN, el NYT menciona cientos. La usina sionista y sus repetidoras expandieron urbi et orbi que los gazatíes exigían desalojar del gobierno a Hamás.
Tras unos días de silencio, un comunicado de Hamás calificó de “espontáneas” las consignas en su contra y ratificó el “legítimo derecho de los palestinos a expresar sus opiniones y participar en manifestaciones pacíficas”. Las protestas, aseguran, “no reflejan la posición nacional general”. “Más bien -agrega- son el resultado de la presión sin precedentes que está experimentando nuestro pueblo y de los constantes intentos de la ocupación de incitar a la lucha interna y desviar la atención de sus continuos crímenes”.
Los más fieles voceros del imperialismo (CNN, TWP, NYT 26/3) destacan que “sigue siendo poco menos que milagroso que, tras diecisiete meses de guerra, la sociedad palestina siga mostrando profundas formas de solidaridad interna”.
Hace apenas dos meses, en enero, el entonces secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, no tuvo más remedio que admitir que “Hamás ha reclutado casi tantos nuevos militantes como ha perdido. Cada vez que Israel completa sus operaciones militares y se retira, los militantes de Hamás se reagrupan y resurgen”.
Las Facciones de la Resistencia Palestina (un órgano de coordinación compuesto por 12 grupos de resistencia armada palestinos) y la Asamblea Nacional de Tribus, Clanes y Familias Palestinas han emitido, por separado, sendas declaraciones advirtiendo contra los “movimientos sospechosos destinados a socavar la resistencia”, y acusando a individuos de colaborar con Israel y trabajar para desestabilizar la unidad palestina. Las Facciones advirtieron que estos esfuerzos se alinean con la estrategia más amplia de Israel para eliminar la resistencia palestina a través del desplazamiento, el hambre y la división interna. “La resistencia es un derecho legítimo de nuestro pueblo... afirmado por todas las cartas y leyes internacionales”, afirmaron, prometiendo “hacer responsables a quienes trabajen contra la resistencia”.
Las declaraciones cierran el paso a “los esfuerzos israelíes para explotar las divisiones internas con el fin de debilitar la resistencia y desviar la presión política de las acciones militares de Israel”. Tanto las Facciones como la Asamblea afirmaron que “Israel sigue siendo el único responsable del sufrimiento continuo en Gaza” y dijeron que cualquier colaboración con Israel “sería tratada como una traición directa a la causa palestina” (dropsites news).
Ya el año pasado Israel había tratado de negociar con algunos clanes que despojaran a Hamás y a la UNRWA de la distribución de la ayuda humanitaria, intento que fracasó estrepitosamente.
El carnicero Netanyahu declaró inmediatamente que las manifestaciones demostraban que “la decisión de renovar su ofensiva estaba funcionando en Gaza” (Reuters 26/3), convirtiendo las imágenes de la protesta en un elemento central de la justificación de la limpieza étnica. La ofensiva militar es necesaria, predican los medios oficialistas, para que los palestinos reconozcan que ellos mismos provocaron la violencia y se atribuyan la responsabilidad del genocidio.
El régimen sionista enfrenta movilizaciones masivas que exigen un alto el fuego para garantizar el retorno de los rehenes, en repudio al despido del jefe del Shin Bet, Ronen Bar; contra el despido de la fiscal general del Estado y contra la aprobación de un proyecto de ley de reforma judicial que entrará en vigor en la próxima Knesset y coloca a los jueces bajo la férula del poder político. Existe una guerra civil en el interior del aparato sionista, que se refleja en las calles.
A pesar de los choques con el Poder Judicial, la Corte Suprema de Israel acaba de darle un espaldarazo al genocidio con un fallo que afirma que es legítimo imponer la hambruna y bloquear el ingreso de toda ayuda humanitaria en la Franja porque "la legislación internacional sobre la guerra no se aplica en Gaza".
Simultáneamente, el gobierno ha dado instrucciones al Mossad para que “busque países que puedan recibir a gran cantidad de palestinos”. La agencia Axios reveló que Israel está sondeando a países de África Oriental como Somalia y Sudán del Sur, además de Indonesia.
Este sábado se espera que miles de personas se manifiesten en todo el país para pedir la liberación de los rehenes, así como contra la renovación de la reforma judicial, el despido del jefe del Shin Bet, Roner Bar y el avance del despido del fiscal general Gali Baharav-Miara.
Aunque la principal protesta será en Tel Aviv, también habrá concentraciones en todo el país, incluidas Jerusalén, Carmiel y la intersección de Sha'ar HaNegev. El Foro de Rehenes y Familias Desaparecidas instó “a todos los israelíes, de cualquier origen y punto de vista político” a asistir a las protestas.
Esta semana, también Israel estrenó movilizaciones que no se habían visto en más de dos décadas. Por primera vez desde entonces, decenas de personas hicieron un plantón levantando fotos de niños palestinos masacrados. En Jerusalén varios miles de jóvenes marcharon pidiendo a los soldados que no acepten participar de la masacre. En Tel Aviv, activistas contra el genocidio de @RadicalBlocTLV se manifestaron frente a la sede del Ejército y el Ministerio de Defensa portando carteles que decían: "Cualquier persona que lleve uniforme es cómplice del asesinato de decenas de miles".
Una encuesta emitida ayer por el Canal 12 mostró un resquebrajamiento de la férrea adhesión al genocidio por parte de los israelíes: el 69 % apoya el fin de la guerra a cambio de un acuerdo que libere a todos los rehenes que quedan en Gaza, frente al 21 % que se opone. Incluso entre los votantes de la coalición de gobierno, una mayoría (54 %) respalda un acuerdo, frente al 32 % que se opone a ella.
Olga Cristóbal
31/03/2025
Bolsonaro irá a juicio por golpismo; la derecha busca la intervención del golpista Trump
Cinco magistrados del TSF aceptaron el pedido de la fiscalía de llevar a Bolsonaro a juicio, argumentando que existen indicios razonables “que apuntan a Bolsonaro como líder de la organización criminal”, cuyo plan contemplaba el asesinato de Lula y del juez Alexandre de Moraes y la elaboración de un decreto para justificar un “estado de defensa”. La conspiración se inició desde antes de los comicios de octubre de 2022 y culminó con el asalto a las sedes de los tres poderes en Brasilia en enero de 2023. El objetivo era desconocer la victoria de Lula da Silva en las elecciones de 2022, pero el complot no se consumó por falta de apoyo de los altos mandos del Ejército. Tras esa negativa, Bolsonaro animó a sus partidarios a asaltar la capital el 8 de enero de 2023, pocos días después de que Lula asumiera su mandato. Entre las pruebas figura los testimonios del teniente coronel Mauro Cid, ayudante del expresidente. Los exjefes del Ejército y la Fuerza Aérea dijeron haber recibido una propuesta de golpe de Estado de parte de Bolsonaro. El juez del TSF, Alexander de Moraes, afirmó que no hay duda de que Bolsonaro conocía la existencia de un documento llamado “propaganda golpista”, que fue discutido con el alto mando de las Fuerzas Armadas y con quienes intentaron anular el resultado de las elecciones de 2022. La sumatoria de pruebas llevaron a que Bolsonaro sea imputado por cinco cargos, entre los que se destacan el intento de golpe de Estado, intento de abolición violenta del estado de derecho (por su ataque a los poderes Legislativo y Judicial) y organización criminal armada (que, según explica la justicia, se desarrolló con orden jerárquico, contaba con influencia de sectores militares y presentó una división de tareas entre sus integrantes).
La decisión del tribunal entierra aún más las aspiraciones del líder opositor de regresar en algún momento al poder. A pesar de que Bolsonaro, que ya se encuentra inhabilitado políticamente hasta 2030 por cuestionar sin pruebas el sistema de urnas electrónicas, el expresidente insiste en que “por el momento, soy candidato”, aclarando que él es el plan “A, B y C” para 2026. En su cuenta de la red social X denuncia una persecución política y afirma que “el proceso contra mí avanza 14 veces más rápido que el de Mensalao y al menos 10 veces más rápido que el de Lula en Lava Jato”. Afirma que buscan proscribirlo debido a que ningún candidato lo vencería en 2026.
Es cierto que en estos momentos la imagen positiva del actual mandatario Lula se encuentra en su punto histórico más bajo del 24 %, debido a la crisis económica brasileña. Pero el bolsonarismo tampoco da muestras de vitalidad. El clan Bolsonaro buscó consolidar antes de la sentencia un apoyo político en el Estado y en las calles, con escaso resultado. Una protesta convocada en su apoyo en Río de Janeiro a principios de este mes, en la cual el expresidente buscaba reunir al menos un millón de personas, congregó apenas a cerca de 18.000 manifestantes. No son pocos los analistas que sostienen que su capacidad de movilización se ha desplomado. Bolsonaro ha convocado una nueva manifestación para el próximo 6 de abril en São Paulo.
A falta de un apoyo al interior de Brasil, la familia Bolsonaro busca la intervención de Estados Unidos. En una entrevista con The Wall Street Journal en noviembre pasado, Bolsonaro había afirmado que contaba con el apoyo de la administración Trump para poder eludir la prohibición de presentarse a las elecciones de 2026, y que éste ejercería presión sobre el gobierno de Lula mediante sanciones económicas contra Brasil. Ahora, el hijo de Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, miembro del Congreso, sostuvo que dejará el Congreso y buscará asilo político en Estados Unidos, donde espera conseguir apoyo político para amnistiar a los condenados del motín del 8 de enero e impulsará sanciones contra el juez de la Corte Suprema Alexandre de Moraes. En una entrevista con el Financial Times el mes pasado sostuvo que Moraes cumplía los requisitos para las sanciones estadounidenses bajo la Ley Magnitsky, originalmente diseñada para castigar a funcionarios rusos y congelar sus activos en el país. “Mientras los problemas legales de su padre empeoran, afirma el Financial Times (25/3), Eduardo ha pasado gran parte de este año en Washington presionando a miembros del Congreso de Estados Unidos y a la administración Trump”. Según este diario mismo, “hay indicios de que la administración Trump está prestando atención a la campaña de la familia Bolsonaro”. El Comité Judicial de la Cámara de Representantes de Estados Unidos votó en febrero de este año el proyecto de ley “No Censors on our Shores Act” que despojaría al juez brasileño de Moraes de su visa estadounidense, junto con las de otros funcionarios extranjeros acusados de censurar la libertad de expresión de las personas en Estados Unidos. La campaña de Eduardo Bolsonaro busca apoyarse en el conflicto que se desató el año pasado entre el ahora funcionario de la administración Trump, Elon Musk, y el juez de Moraes, cuando la justicia brasileña cerró su plataforma X durante más de un mes en Brasil por acusaciones de que difundía discursos de odio. Musk calificó al juez de dictador en X, acusándolo de usar las facultades del tribunal para investigar, procesar y silenciar a los adversarios de Da Silva en redes sociales. El grupo de medios de Trump demandó a de Moraes en febrero de este año por sus medidas para impedir que los brasileños accedan a Rumble, una plataforma de video con sede en Florida.
En su gira en Estados Unidos, Eduardo Bolsonaro aseguró que "todas las reuniones que solicitamos son aceptadas", remarcando los estrechos vínculos que mantiene con el equipo de Trump, aunque se negó a revelar con qué funcionarios de la administración estadounidense se reunió durante tres viajes a Washington en enero y febrero, o dar detalles de las conversaciones. Aseguró que no estaba pidiendo una intervención directa de Estados Unidos sino “la restauración de la democracia y la libertad”.
El Wall Street Journal afirma que la decisión del TSF “supone un golpe a uno de los aliados más cercanos del presidente Trump en América Latina” (26/3). Eduardo Bolsonaro ha viajado varias veces a Estados Unidos desde que Donald Trump regresó a la presidencia. Un legislador del PT solicitó al Tribunal Supremo el 27 de febrero la incautación de su pasaporte debido a que Eduardo Bolsonaro ha intentado negociar con legisladores estadounidenses un proyecto de ley para "atacar e intimidar" al Tribunal Supremo de Brasil desde la investidura de Trump.
Algunos analistas dan por descontado que Bolsonaro será condenado por los delitos de los que se lo acusan. La situación, sin embargo, dependerá probablemente de los vaivenes políticos nacionales e internacionales. El periódico brasileño Folha de Sao Pablo (26/3) aseguró que uno de los cinco miembros del TSF, Luiz Fux, allanó el camino para cuestionar el acuerdo de culpabilidad de Cid y revisar las sentencias del 8 de enero, cuando expresó sus desacuerdos respecto a las posiciones del juez de Moraes y sostuvo que “juzgamos con una emoción violenta tras la tragedia del 8 de enero. Fui a mi antigua oficina, donde la ministra Rosa [Weber] era mi vicepresidenta, y vi un escritorio quemado, papeles quemados. Pero creo que los jueces, en su vida, siempre deben reflexionar sobre sus errores y aciertos”. Según Folha, “la postura de Fux esta semana sería, más que un giro hacia un mayor conflicto con Moraes, la marcación de posiciones y un llamado a la reflexión sobre detalles y matices de los casos que se tramitan en la Corte Suprema”.
El gobierno de Lula, por su parte, acorralado por la aceleración de la inflación y la caída de su imagen, busca no hacer olas y complacer las demandas de los sectores militares, los cuales brindaron un amplio apoyo al bolsonarismo en su ascenso al poder. Para este año, el gobierno de Lula decidió mantener la política adoptada desde 2023 de ignorar el aniversario del golpe militar de 1964, que cumple 61 años el próximo lunes 31. El diario Folha asegura que “Lula y militares mantienen un pacto de silencio en el aniversario del golpe de 1964”. El acuerdo prevé que la fecha no será celebrada en los cuarteles ni repudiada por el gobierno. “El silencio es parte del esfuerzo del ministro de Defensa, José Mucio Monteiro, para conciliar las demandas del gobierno del PT con el ánimo de los militares”. El gobierno de Lula evalúa que la fecha para la realización de actos en defensa de la democracia ya no sean el 31 de marzo sino el 8 de enero, en referencia a los atentados contra las sedes de los Poderes ocurridos en 2023. Esa iniciativa, sin embargo, “también ha sido una fuente de tensión en la relación entre Lula y los militares, (…) en parte por las acusaciones contra generales por participar en el intento de golpe de Estado del expresidente Jair Bolsonaro” (Folha, 26/3).
El candidato del presidente Lula a la jefatura del PT y favorito para las próximas elecciones internas, el ex alcalde Edinho Silva, adoptó por su parte una posición derrotista frente a un Bolsonaro en retirada. Aseguró públicamente que el bolsonarismo tiene base y que el PT, en cambio, tiene que “sudar sangre” para sacar 10 mil personas a las calles. Edinho Silva es el nombre que apoya Lula para liderar el PT.
Diversos medios han asegurado que la decisión del TSF de llevar a Bolsonaro a juicio se trata de una decisión histórica, ya que es la primera vez en la historia de Brasil que acusados de intentar un golpe de Estado serán juzgados por ese crimen. La dictadura militar (1964-1985), de la cual Bolsonaro es un ferviente admirador, culminó con una ley de amnistía para todo el personal militar. Pero los volantazos políticos en Brasil han demostrado una extrema volatilidad. Lula fue condenado por corrupción y lavado de dinero por el juez de primera instancia Sergio Moro en 2017 y, luego de más de un año y siete meses de prisión, fue liberado y en 2021 el Tribunal Supremo anuló la sentencia, para volver a la presidencia en 2022. El futuro político de Brasil no se definirá en los tribunales sino, antes que eso, en el terreno de la crisis mundial.
El Be
29/03/2025
Signalgate: un comité de guerra por chat contra Irán
El medio The Atlantic informó que su editor en jefe, Jeffrey Goldberg, había sido incluido en un chat del gobierno en Signal, que no es un mecanismo oficial de comunicación, y que en dicho intercambio se habían expuestos secretos y planes militares referentes al ataque de EE.UU. contra los hutíes de Yemen. Posteriormente, ante diversos desmentidos oficiales sobre el carácter reservado de los datos manejados, Goldberg hizo públicos los mensajes del chat, con datos de armamento y horario de bombardeos. En la conversación participaron el vicepresidente, J.D. Vance, el secretario de Defensa, Peter Hegseth, el consejero de seguridad nacional, Michael Waltz, el secretario de Estado, Marco Rubio, el emisario de Trump para negociaciones en Medio Oriente y Ucrania, Steve Witkoff, y el director de la CIA, John Ratcliffe, entre otros.
El chat de los jerarcas trumpistas pone de relieve que no había ninguna agresión a los Estados Unidos ni amenaza inminente. En nombre de la defensa de la “libertad” del tráfico marítimo en el Mar Rojo, el propósito del ataque era el apoyo a la limpieza étnica del régimen sionista. Los hutíes impedían con sus ataques la circulación de barcos israelíes, como respuesta a la violación del cese al fuego por parte de Netanyahu y en tanto se mantuviera el bloqueo al ingreso de alimentos y medicamentos a Gaza. Trump y Pete Hegseth ordenaron los ataques contra una fuerza política a la que califican de una sucursal de Irán, por eso han sido interpretados como parte de una guerra contra el régimen persa, que Trump y Netanyahu han reclamado en forma reiterada. No se puede descartar que el jefe de la publicación The Atlantic haya sido utilizado como un apremio militar contra Irán. Algo parecido habían hecho Trump y Vance en ocasión de la reunión con Zelensky en la Casa Blanca, donde el maltrato al ucraniano quedó ampliamente difundido.
En la conversación quedó expuesto un debate acerca de la oportunidad de este ataque. El vice Vance planteó que sería conveniente demorar un mes los ataques para generar mayor ambiente en la población. Joe Kent, quien es propuesto por Trump para dirigir el Centro de Contraterrorismo, escribió en el mismo sentido: “no hay nada urgente que nos apure, tendremos las mismas opciones en un mes”. Hegseth descartó esperar, afirmando que nada cambiaría en un mes. “Esto no se trata de los hutíes”, afirmó, sino de “restaurar la libertad de navegación” y “restablecer la disuasión”. Toda la conversación, más allá de los detalles sobre armamento y lanzamiento de ataques, pone de relieve la completa liviandad con la se deciden bombardeos masivos que asesinan a decenas de civiles y al personal civil del gobierno yemení (lo cual está prohibido por convenciones internacionales).
La oposición demócrata norteamericana ha denunciado la “brecha de seguridad” que significa la comunicación por mensajerías públicas o comerciales, más la incorporación de periodistas. Tampoco el propósito de extender la guerra en Medio Oriente a Irán.
Algunos trumpistas sostienen no se dio difusión a ningún “plan de guerra” … y que una guerra debe ser aprobada por el Congreso. Trump, que gobierna por decreto, milita en el campo de quienes sostienen que el Ejecutivo tiene facultades para iniciar la guerra, y ofrecerla al Congreso como un hecho consumado. Trump ha declarado a la inmigración una invasión enemiga contra territorio norteamericano y enviado al ejército a la frontera, sin molestarse en consultar al Congreso.
Otro aspecto de los chats, es el desprecio de los integrantes del gobierno trumpista a sus “aliados”. Se ve en los discursos de Vance, el episodio de destrato a Zelensky en la Casa Blanca, y los contínuos ataques del propio Trump a la Unión Europea. Los intercambios particularmente entre Pete Hegseth, J.D. Vance y el subjefe del gabinete Stephen Miller, plantean el “odio” que les produce “volver a rescatar a Europa”. Vance es quien protesta en mayor medida, dando a entender que deberían ser los imperialistas europeos los que paguen esta operación, ya que la mayoría del tráfico marítimo afectado por los hutíes los afecta a ellos. Michael Waltz plantea que están recopilando los gastos asociados a ese ataque para “imponérselos a los europeos” (Como cuando Bullrich pretende que piqueteros y jubilados costeen la movilización de que son víctimas. El fascista Stephen Miller (no es una exageración, es conocido por ser defensor del supremacismo blanco) también apunta que EE.UU. debe “dejar claro pronto a Egipto y a Europa lo que esperamos a cambio”; “Si Europa no nos remunera, ¿entonces qué? Si EE.UU. consigue restablecer la libertad de navegación a un alto coste, tiene que obtener algún beneficio económico a cambio”. El propósito de Trump de apropiarse de Gaza para convertirla en un “resort”, no figura en esa factura.
Trump ha minimizado la importancia de esta crisis, afirmando que los ataques a Yemen fueron “increíblemente exitosos” y que la filtración de esa información no tuvo efectos. Afirmó que la prensa y los demócratas realizan una “caza de brujas” a propósito de este escándalo, y reiteró su apoyo público a Waltz, el que asumió la responsabilidad de haber creado el grupo de chat y de haber agregado al periodista de The Atlantic, y en particular al secretario de Defensa Hegseth. “Es poco probable que Trump despida a su asesor de seguridad nacional (…), según dos funcionarios cercanos al presidente” (The Guardian, 27/3).
Los Demócratas viven su propia crisis
La crisis instalada se produce entre dos variantes políticas de la guerra imperialista. Los demócratas acusan a Trump de dar la espalda a Ucrania y de pactar con Putin, y reclaman continuar con la guerra de la OTAN contra Rusia. No plantean ninguna objeción frente a la escalada en Medio Oriente, ni a la persecución contra los estudiantes que se movilizan contra el genocidio israelí, incluso cuando esto es abiertamente expuesto ante sus narices, como sucedió en la Cámara de Representantes donde el director del FMI Kash Patel confirmó que dicha agencia de inteligencia estaba espiando y haciendo un seguimiento de las personas que participan de protestas en defensa de Palestina en los campus universitarios.
La complacencia con Trump, y el voto al presupuesto que facilita los recortes y despidos encabezados por Elon Musk, está generando un amplio repudio y potencialmente una crisis en el P.D., que se expresó deformadamente incluso a nivel parlamentario, cuando buena parte de los integrantes de la Cámara de Representantes cuestionó la actuación de la minoría del PD en el Senado, y en particular a su líder Chuck Schumer. “Hay un profundo sentimiento de indignación y traición”, afirmó la representante de Nueva York, Alexandra Ocasio-Cortez (CNN, 13/3). La “izquierda” demócrata se alinea también con la guerra de la OTAN y con la defensa de Israel frente a Hamas, discrepando en aspectos parciales, pero acordando con la orientación estratégica. Su impotencia y seguidismo a los Hillary Clinton, Joe Biden y Kamala Harris ha sido una constante.
El senador Bernie Sanders, quien realiza una gira de denuncia del “autoritarismo” de Trump y del dominio de la “oligarquía” -junto a la congresista Alexandra Ocasio-Cortez- también se coloca en la defensa de la guerra de la OTAN. El 3 de marzo tuiteó: “Los estadounidenses se sienten avergonzados de tener un presidente que dice que Ucrania inició la guerra con Rusia. Debemos defender nuestra tradición de 250 años de ser el líder democrático del mundo y no darle la espalda a un país en dificultades que está tratando de salvar a su gente”. La defensa de la “tradición” del imperialismo yanqui y de la guerra de la OTAN no podía ser más clara.
La elevada concurrencia de miles de personas a los actos “antioligárquicos” de Sanders es otra expresión más del malestar no sólo con el régimen trumpista sino también con la “oposición”. Consultado sobre la política del PD, Sanders declaró: “El Partido Demócrata está fuertemente dominado por la clase multimillonaria, dirigido por consultores que están totalmente desconectados de la realidad. El Partido Demócrata prácticamente no tiene apoyo popular”. A continuación, busca canalizar la bronca hacia la interna de ese mismo partido: “Intentamos, de una forma u otra, crear un partido dentro del partido, para reunir a millones de jóvenes, trabajadores y personas de color, para exigir que el Partido Demócrata empiece a apoyar a la clase trabajadora de este país y se enfrente a los poderosos intereses corporativos que nunca lo han tenido tan bien” (CNN, 19/3). Respecto a la cuestión palestina, si bien han denunciado los actos genocidas de Netanyahu, tanto Sanders como Ocasio-Cortez han reivindicado “el derecho a la defensa de Israel” frente a Hamas. Sanders declaró en noviembre de 2023: “No sé cómo se puede lograr un alto el fuego, un alto el fuego permanente, con una organización como Hamas, dedicada a la agitación y el caos, y a destruir el Estado de Israel” (CNN). Ocasio-Cortez incluso ha participado de actividades en favor de declarar antisemitas a quienes cuestionan la existencia del Estado sionista.
Rafael Fernández - Partido de los Trabajadores (Uruguay)
28/03/2025
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