La segunda vuelta en Ecuador repite a los contrincantes que se vieron las caras en 2023, cuando unas elecciones anticipadas fueron convocadas por el entonces presidente Guillermo Lasso, pero en una situación completamente diferente. En aquel entonces el outsider Daniel Noboa, actual presidente, había sorprendido a propios y extraños al catapultarse en una cómoda victoria en la segunda vuelta frente a Luisa Gonzalez. Ahora, Gonzalez aparece en una buena cantidad de sondeos como favorita o a una distancia ínfima (0,3 %) del actual mandatario. El candidato indigenista, Leonidas Iza, que obtuvo un 5 % en la primera vuelta, convocó a votar por Gonzalez, lo que inclina a creer en una ajustada victoria en favor de la candidata de Revolución Ciudadana, el movimiento político del expresidente Rafael Correa.
Los medios ecuatorianos reflejan esta creciente incertidumbre, agregando un dato importante. Durante la primera vuelta se registró casi un 7 % de votos nulos y un 2 % de votos en blanco; el tercer lugar lo ocupó Pachakutik, el partido indigenista, con un 9 %, que llama a votar a Gonzalez. Los candidatos, que han cerrado su campaña el jueves, han buscado hasta último momento convocar a los indecisos a inclinarse por su voto y conquistar al electorado que se ha abstenido de elegir entre cualquiera de los 14 candidatos de la primera vuelta. Varias columnas de opinión lo reflejan del siguiente modo: elegir al mal menor para Ecuador y tu futuro próximo. Las encuestas callejeras recogen una sensación similar en la población, el impulso a elegir se rige más por miedo al otro que por una adscripción al programa del candidato en cuestión.
Los candidatos ha expuesto programas fuertemente antagónicos –uno trumpista, el otro ‘woke’-, que en las condiciones de Ecuador adquieren la forma de una guerra civil; en el último tiempo, han sido asesinados varios candidatos. Ecuador se encuentra atravesado por las bandas delictivas y el narcotráfico. Registra más de 700 asesinatos de civiles por mes en 2025, en 2023 se registró la espeluznante cifra de 47 asesinatos violentos cada 100.000 habitantes. La política de “conmoción interna armada”, la definición de las bandas narcos como “terroristas” y la violación completa de los derechos humanos tanto en barriadas como en cárceles no ha redundado en una reducción seria de la violencia callejera ni del accionar de las bandas en el país. Por el contrario, el gobierno ha reconocido la incapacidad de su política al anunciar hace solo semanas un acuerdo con la empresa militar para estatal “Blackwater”, acusada de diversos crímenes de guerra en la ocupación norteamericana de Irak, a principos de los ochenta. Luisa Gonzalez sostiene una posición pacifista con el apoyo de las Fuerzas Armadas, un oximorón. Las ciudades más atravesadas por noticias diarias de asesinatos tienen alcaldías correistas y sus calles están infestadas de gendarmes, prefectos y policías.
La crisis política que enfrenta Ecuador se encuentra instalada en los fundamentos mismos de la organización estatal por la proliferación del narco y las amplias redes de complicidad estatal; así lo han demostrado múltiples investigaciones judiciales. A esto debe sumarse una crisis energética, como consecuencia de las sequías y un aumento de temperaturas desmedido, y la quiebra del Estado. La deuda pública de Ecuador se ubica en el 57 % del PBI según el propio Fondo Monetario Internacional (FMI) y acarrea una serie de compromisos impagos que lo alejan del acceso al crédito internacional. El FMI accedió a otorgar un rescate financiero de 4.000 millones de dólares que el gobierno de Noboa precisaba para llegar con la naríz fuera del agua a las elecciones; el déficit fiscal alcanza los 5.000 millones de dólares y ha sido reducido a 3.000 millones de dólares por un aumento del IVA y de la gasolina. La pobreza, que el INDEC ecuatoriano sitúa en el 28 %, es un completo dibujo cuando más del 60 % de la población no accede siquiera al salario mínimo de 450 dólares. Las previsiones más optimistas plantean una reducción del PBI cercana al medio punto porcentual.
Tufillo golpista y tufillo de rebelión popular
Desde que fueron conocidos los resultados de la primera vuelta electoral, el actual presidente ha asegurado en toda oportunidad que creyó oportuna que en diversas provincias se produjo una alteración de los resultados (fraude) que habría favorecido a González. Diversos alcahuetes periodísticos del gobierno -Jony Viale no es una excepción argenta- difunden a diario noticias de reparto de boletas ya marcadas, lo cierto es que la CNE ha aclarado que todas esas noticias no tienen fundamentos y que la boleta única de papel evita cualquier robo de boletas. Las acusaciones apuntan principalmente a que González es apoyada por las bandas narcos que operan en el país. Las pretensiones de asignar al correísmo un carácter dictatorial de gobierno, más bien debería definirse como bonapartista, le caben al propio Noboa, que ha sembrado esta semilla de fraude en una elección bajo su mando político y militar, al tiempo que ha violado diversos artículos de la Constitución durante la campaña electoral, al no abandonar sus funciones presidenciales de manera efectiva, y ha retirado -junto al apoyo de la Corte Suprema- los derechos políticos de su vicepresidenta, Verónica Abad con la cual se encuentra enfrentado desde comienzos de su gestión. Ha nombrado una vicepresidente especial, algo rechazado por el Parlamento en la primera vuelta. Como se ve, el Milei ecuatoriano sigue los pasos de Trump y Bolsonaro, aunque en una versión devaluada. Nadie puede asegurar una movilización popular en favor del magnate y el acatamiento de las Fuerzas Armadas se encuentra cuestionado. Por el momento, no pasa de un tufillo pero no por eso debe ser menospreciado.
El resultado es impredecible, aunque las declaraciones de Noboa lo ubican en una situación complicada. Gonzalez de ganar no tendría una mejor suerte; la luna de miel con el electorado puede durar un suspiro. La creciente tensión social que se respira en las principales ciudades al calor de la elección, reflejan de manera reforzada las tensiones de clase que atraviesan a un país en ruinas y una población trabajadora en la miseria. Los asesinatos cotidianos, junto a la carestía anticipan nuevos levantamientos populares, cuyas banderas flameaban orgullosas “por nuestros muertos ni un segundo de silencio”. Es la característica de una clase social que busca una salida a una crisis que reconoce intolerable y, por lo tanto, terminal.
Joaquín Antúnez
13/04/2025
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