viernes, octubre 31, 2025

Los votos no dan derechos para destruir el derecho laboral


Además, fueron comprados a crédito al imperialismo norteamericano. 

Nota de tapa de Política Obrera N° 131 edición impresa. 

 El sufragio universal es una gran conquista de la clase obrera: con anterioridad sólo tenían derecho al voto los propietarios masculinos. Fue arrancado por grandes revoluciones sociales o concedido por el poder patronal como un recurso para que ellas no se repitan. 
 Pero el sufragio universal se transforma en reaccionario si se lo toma como “un mandato” para destruir conquistas tanto o más importantes de la misma clase obrera, tales como la jornada de ocho horas, o el derecho a discutir colectivamente con las patronales las condiciones de trabajo, además del derecho a un salario mínimo equivalente al costo de la canasta familiar, y no en función del lucro sin tope del capitalista. 
 En el movimiento obrero, esta contradicción entre el ‘mandato’ del voto y los derechos de los trabajadores fue resuelta por nuestros bisabuelos. Mientras la burguesía liberal se esforzaba por convertir al voto en una forma disfrazada de poder absoluto, la clase obrera internacional multiplicó sus organizaciones sindicales y de otro tipo y, en especial, partidos políticos de masas propios. Con estos instrumentos ha advertido que el derecho de la única fuerza productiva de la sociedad tiene una universalidad de la que carece el sufragio de los individuos aislados etiquetados como ‘ciudadanos’.
 Javier Milei y su cohorte liberticida y corrupta han salido a festejar los resultados electorales del domingo blandiendo la decisión de destruir de raíz el derecho laboral en Argentina, arrancado por más de un siglo de luchas incluso revolucionarias. Lo quiere sacar en el Congreso, donde ocupará poco más de un tercio de las bancas; si no sale a su gusto, vetará las cláusulas que no le conformen. Después de unas elecciones que han sido parlamentarias, seguirá ejerciendo el gobierno del veto, o sea, del poder personal. Las elecciones del domingo han reforzado la tendencia reaccionaria del régimen político, incluso fascista. Los ‘democratizantes’ de todo cuño se rinden ante la supremacía del autoritarismo, como una pseudomanifestación de la soberanía popular. 
 La conclusión fundamental, entonces, de las elecciones del domingo es que debemos prepararnos para luchas cada vez mayores y más profundas. En ese cuadro y con ese espíritu debemos debatir con los compañeros que se encuentran sumidos en una confusión o incluso desmoralizados. Es la tarea que debemos emprender con la nueva generación obrera, principalmente. La camarilla de Milei ha agravado la crisis capitalista y se ha embarrado en sus contradicciones. 
 Pero la LLA ganó las elecciones de medio término gracias a un cheque a plazo, no a la vista, que sería de 40 000 millones de dólares. El Estado norteamericano intervino como tal en el mercado de cambios y de deuda de Argentina, ante el pánico que le produjo la derrota aplastante del mileísmo en la Provincia, el pasado 7 de septiembre. Financió la contención de la caída del peso con la vista puesta en un determinado resultado político-electoral; la banda liberticida sólo se encargó de la parte administrativa de los comicios. Con el despliegue del portaaviones más grande del mundo (el Gerald Ford) en las costas de Venezuela, Trump necesitaba reafirmar a Milei para emprender el asesinato de Maduro y Gustavo Petro, las operaciones de sabotaje en el territorio y la conversión de América Latina en un protectorado del imperialismo norteamericano. El presidente de Argentina es el títere de una potencia extranjera. 
 Es fundamental entender, sin embargo, que los liberticidas consiguieron la delantera frente a un espacio político desierto. Su principal rival electoral, el peronismo, se ha convertido en un aparato sin contenido. Como aparato patronal, no ha sido capaz de articular a la burguesía perjudicada por la depresión industrial. Correlativamente, esta burguesía industrial no se empeñó para nada en armar una oposición política, por el temor de desatar una guerra arancelaria con Trump. Guillermo Moreno, un vocero de Techint, llegó a escribir que el abordaje a Trump y a Bessent, el secretario del Tesoro norteamericano, era un camino correcto, solo que mal instrumentado. La patronal "nacional y popular" y sus representantes políticos ‘keynesianos’, han dejado el terreno libre a las huestes de Trump, del Pentágono y del JP Morgan. 
 El domingo pasado, la clase obrera alcanzó su máxima atomización como clase en un evento político. El crecimiento de luchas parciales no se ha convertido en una tendencia. En Argentina la izquierda se ha convertido en el portavoz de identidades socialmente heterogéneas y hasta antagónicas; ha perdido todo rastro de clase. La salida a esta crisis de la clase obrera parte también “desde el pie”. Es necesario emprender, a partir de una estrategia y un programa, un reclutamiento socialista en las nuevas generaciones. La tendencia histórica del capitalismo no es al progreso (desarrollo de las fuerzas productivas), sino a una guerra destructiva en todos los frentes, que las “nuevas tecnologías” no revierten ni atenúan, sino que la convierten en más catastrófica.

 29/10/2025

Peregrinación a Miguel Hernández


Desde las frases y los retratos dibujados en aquel muro en La Habana, Miguel Hernández vigila el amor de los hombres en este rincón de Cuba, convertido en otra Orihuela para su renacimiento cada día, mientras sobreviva, en un papel, en una mano y un corazón, la poesía 

 Entre mis sueños íntimos, anhelo visitar los países de mis poetas para caminar por sus calles, contemplar sus casas –si resistieron el tiempo como sus mejores páginas– y recrear, quizá sentado en sus bancos preferidos de ciertos parques, aquellos segundos escapados de la fugacidad del reloj hacia la eternidad de un poema. 
 Comenzaría mi recorrido en España, porque su nombre acude a mí en oleadas de versos. Allí señalaría como el primer punto de mi mapa a Orihuela, en Levante, donde 115 años atrás nació Miguel Hernández. 
 Aunque, por el momento, ese itinerario habita el reino de la imaginación poética, también emergió de ella una alternativa para calmar mis ansias de recordar a ese hermano, más allá de sus palabras: un muro dedicado a él en un hogar de Jaimanitas, La Habana, gracias a la sensibilidad del genial artista José Fúster. 
 Hace unos meses abandoné mi pequeño pueblo –tan seguramente parecido al de Miguel– para buscar oportunidades profesionales en la capital cubana. ¿Qué me diferenciaba entonces de él cuando tomaba el tren a Madrid, varias décadas antes? 
 Sin embargo, al final del viaje coincidimos en este regalo, este santuario para confesarle mis penas y mis ilusiones a quien me llevó a vibrar con su Hijo de la luz y de la sombra, y alumbró el fondo de mi ternura cuando escuché por primera vez sus Nanas de la cebolla, en la voz de Serrat. 
 Las tormentas cotidianas, con su prosa vulgar, me han impedido percatarme de mi suerte, y todavía le debo el agradecimiento al destino. Apenas me sobra tiempo, pero desperté con el compromiso de verlo en su pared y ofrendarle este homenaje. 
 Aunque ya leí su obra completa y conozco de memoria pocas de sus piezas, demasiado me queda de él. La oscuridad del odio acabó con su vida –hace 83 años–, pero lo encuentro fundido en la luz, detrás de las palabras nunca dichas, para estremecernos de nuevo. 
 Desde las frases y los retratos dibujados en aquel muro, Miguel Hernández vigila el amor de los hombres en este rincón de Cuba, convertido en otra Orihuela para su renacimiento cada día, mientras sobreviva, en un papel, en una mano y un corazón, la poesía. 

 Jorge Ernesto Angulo Leiva | jorgeernestoanguloleiva@gmail.com 
 30 de octubre de 2025 20:10:38

jueves, octubre 30, 2025

Reforma laboral: la CGT entreguista no debe decidir por los trabajadores


Una burocracia sindical que viene colaborando con el ajuste de Milei y que pretende negociar una nueva entrega. 

 El anuncio del gobierno nacional, respecto a las tratativas para avanzar con una reforma laboral antiobrera, obligó a la burocracia sindical de la cúpula cegetista a emitir alguna opinión pública ante los medios -mas acostumbrada a manifestarse periódicamente por comunicados oficiales-, con declaraciones de Héctor Daer señalando que “si es para retroceder no va a haber ninguna negociación", como si lo adelantado por el gobierno no implicará ya una ofensiva general contra los trabajadores. La mención a un eventual rechazo a la negociación se da porque la burocracia sindical viene pactando el ajuste con el gobierno, integrando el Consejo de Mayo, sin ofrecer ninguna medida de acción directa en respuesta a los ataques contra los trabajadores. La CGT entreguista y colaboradora no debe decidir por los trabajadores.
 Las primeras palabras vinieron del cosecretario general de la CGT, Héctor Daer, quien agregó que de tratarse de una reforma laboral “regresiva” la central de trabajadores evaluaría realizar medidas de “presión política y gremial” para frenarla. Es decir que mientras el gobierno pisa el acelerador con esta ofensiva, desde la CGT esperan conocer la letra del proyecto para, en el peor de los casos, hacer lobby parlamentario, recurrir a la Justicia y alguna marcha de aparato como saludo a la bandera. 
 Para la burocracia sindical peronista, que viene de fracasar electoralmente como resultado de su colaboración con el ajuste, la deliberación y participación de los trabajadores ante el ajuste en marcha y la amenaza real de su profundización no solo no es importante sino que debe ser descartada. Incluso, este jueves en horas de la tarde se reunirá la “mesa chica” de la CGT a deliberar sobre el tema a espaldas de los trabajadores.
 La burocracia sindical viene participando de las mesas de ajuste con el gobierno nacional, con Gerardo Martínez (Uocra) integrado al Consejo de Mayo, razón por la que no solo es difícil creer que aún “desconozcan” los planes del gobierno -cuyas principales reformas fueron adelantadas por funcionarios públicos- sino que se han convertido en un pilar de la gobernabilidad y la viabilidad del ajuste contra los trabajadores. 
 Banco de horas (para evadir el pago de horas extras), extensión discrecional de la jornada laboral hasta 13 horas, salarios “dinámicos” atacando los pisos salariales de los convenios colectivos para transformarlos en techos, despidos baratos sin indemnizaciones, flexibilización y precarización laboral son alguno de los principales ejes de la reforma antiobrera de Milei. 
 Que Gerardo Martínez encabece la representación de la CGT ante el gobierno no es poca cosa: el convenio de la Uocra y el régimen especial de la construcción engloban algunas de las reivindicaciones patronales del momento, como el fondo de cese laboral en detrimento de las indemnizaciones por despido y salarios y condiciones laborales de los más baratos, lo que lo convierte en un convenio utilizado en la industria para precarizar trabajadores por medio de la tercerización y el fraude laboral. 
 Una porción importante de los trabajadores se encuentra bajo regímenes laborales que ya sufren de los efectos de reiteradas reformas laborales de hecho, con modificación de los convenios y regímenes específicos (trabajadores rurales, trabajadoras de casas particulares, construcción), que son el resultado de la colaboración de la burocracia sindical con las patronales y el Estado, entregando a los trabajadores a las peores condiciones.
 En otros gremios importantes, como Comercio -utilizado para maniobras de fraude laboral y tercerización principalmente en los servicios-, el burócrata sindical Armando Cavalieri fue uno de los que anticipó su predisposición para negociar la introducción del fondo de cese de desempleo en las negociaciones paritarias con las cámaras patronales, habilitando la reforma laboral convenio por convenio. 
 Las declaraciones de Daer se ajustan a lo manifestado recientemente por Luis Barrionuevo (Uthgra), respecto a la pasividad-colaboración de la burocracia sindical con el ajuste del gobierno para garantizar la gobernabilidad. No se puede depositar ninguna expectativa en la burocracia sindical entreguista, que ya adelanta que no hará nada por los trabajadores para enfrentar la reforma laboral.
 Los trabajadores debemos reforzar nuestra organización, ampliando la deliberación en los lugares de trabajo, para preparar la lucha contra la reforma laboral esclavista y antiobrera de Milei. Hay que desenvolver una intensa campaña contra la reforma laboral, con la participación de las organizaciones obreras, para derrotar la reforma laboral de plano, sin ninguna negociación y menos aún en manos de esta burocracia sindical entreguista. 

 Marcelo Mache

La Corte Suprema falló a favor de un represor condenado por crímenes de lesa humanidad


Revocó la prórroga de la prisión preventiva a Carlos “Indio” Castillo, de la CNU. 

 La Corte Suprema, con una composición especial, resolvió revocar la prórroga de la prisión preventiva del genocida Carlos “Indio” Castillo, integrante de la Concentración Nacional Universitaria (CNU), condenado a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad cometidos en La Plata y Mar del Plata. El tribunal dispuso que los jueces inferiores deberán ofrecer una justificación “minuciosa” y con “indicios concretos” para mantener detenidos a los criminales de la dictadura que no tienen condena firme, abriendo así la posibilidad de que decenas de represores reclamen su libertad.
 Con este fallo, la Corte acaba de dar una señal de impunidad celebrada por los sectores más reaccionarios del régimen: los defensores del terrorismo de Estado, los cómplices civiles de la dictadura y los impulsores de la “reconciliación nacional” que desde hace años reclaman la liberación de los genocidas. 
 Lejos de ser un “acto de justicia”, el fallo constituye un paso más en la ofensiva negacionista que impulsa el gobierno de Milei, alentada por personajes como Victoria Villarruel, Patricia Bullrich y el propio obispo castrense Santiago Olivera, quien celebró públicamente la resolución de los supremos y agradeció “la valentía” de los jueces que liberan genocidas. Olivera es un activo lobista de los represores, cercano a Villarruel y al Papa, que ya había pedido públicamente al gobierno “salde la deuda pendiente con los presos políticos” de la dictadura. 

 Un fallo hecho a medida 

El fallo fue firmado por Rosatti y Rosenkrantz, los mismos jueces que en 2017 habían intentado aplicar el 2x1 a los genocidas, junto a los conjueces Alejandro Tazza (Mar del Plata) y Abel Sánchez (Córdoba), ya que no hubo acuerdo entre los miembros del tribunal. 
 Con este pronunciamiento, los cortesanos reinterpretan su propia jurisprudencia y cuestionan los fundamentos con los que se mantuvieron detenidos a los responsables del genocidio. Afirman que “un Estado de Derecho no puede transgredir las garantías del debido proceso sin degradarse en sí mismo”, repitiendo casi textualmente los argumentos de los defensores de los represores, entre ellos el propio Olivera. 
 La Corte sostiene ahora que la prisión preventiva sólo puede extenderse con “indicios concretos” de riesgo procesal o entorpecimiento de la causa, minimizando los elementos que durante años se consideraron determinantes en los crímenes de lesa humanidad: la gravedad de los delitos, la red de complicidades que aún los protege, y la demora deliberada de la propia Corte en confirmar las condenas. 
 El fallo llega en un momento clave. Mientras el gobierno de Milei y los capitalistas avanzan con la reforma laboral, el saqueo jubilatorio y la represión a la protesta social, el mismo poder judicial que persigue a las organizaciones piqueteras que organizan a los más pobres, se dispone a liberar a los genocidas que perpetraron el terrorismo de Estado.

 Los crímenes de la CNU y la lucha de las querellas

 La CNU fue una organización paraestatal de la derecha peronista que actuó en La Plata y Mar del Plata desde 1974, antes del golpe, amparada por el gobierno de Isabel Perón, la burocracia sindical y el aparato represivo del Estado. Su función fue exterminar a la vanguardia obrera, estudiantil y popular que se desarrollaba al calor del ascenso revolucionario. 
 Desde Justicia Ya! La Plata, Apel y otras organizaciones populares que integran las querellas en los juicios contra la CNU, denunciaron desde el primer momento la responsabilidad del tercer gobierno peronista en la gestación del terrorismo de Estado y el papel de los organismos represivos parapoliciales como la CNU, la Triple A y las patotas sindicales. El propio Castillo fue condenado a perpetua en 2017, mientras su socio Juan José “Pipi” Pomares, asesor del PJ en la Legislatura bonaerense, fue absuelto por el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, en una muestra de impunidad política. Tras el reclamo de las querellas, Casación anuló esa absolución, pero el mismo tribunal volvió a dejarlo libre, desoyendo las pruebas y testimonios de las víctimas. 
 Esa trama de protección judicial, política y eclesiástica es la que hoy vuelve a activarse con este fallo de la Corte. Quienes siguen ocultando el destino de miles de compañeras y compañeros desaparecidos, quienes se amparan en la impunidad del poder, pueden volver a reclamar libertad. La Corte los habilita, mientras mantiene cajoneadas las condenas firmes de represores como Jaime Smart, ministro de gobierno bonaerense durante la dictadura. No son ex represores, siguen cometiendo los delitos por los que se los acusa, porque no dicen qué hicieron con sus víctimas. 
 Frente a este nuevo intento de retroceso, reafirmamos que la única justicia es la que conquistan los trabajadores y el pueblo en las calles, como lo hicieron durante décadas para que hoy gran parte de los genocidas esté tras las rejas. Ni perdón, ni olvido, ni reconciliación: juicio y castigo a todos los genocidas y sus cómplices civiles, políticos y eclesiásticos. 

 Camila García

Brasil: el gobierno de Río celebró la masacre policial en las favelas


Ejecuciones a sangre fría, desapariciones y decapitaciones en el operativo. 
 El operativo del gobierno de Río dejó más de 130 muertos 

El gobierno estadual de Eduardo Castro convirtió a Río de Janeiro en un baño de sangre. La operación lanzada por su administración en las favelas, presentada como una acción contra el grupo narco Comando Vermelho (CV), ha dejado como saldo, hasta el momento, 132 muertos, según la Defensoría Pública Regional. Activistas y organizaciones de DD.HH. denunciaron que se violaron los derechos humanos con ejecuciones a sangre fría, desapariciones y asesinatos. 
 Muchos de los cadáveres fueron encontrados por familiares en la plaza de Penha, favela que, junto a la llamada Alemão, constituyeron los epicentros del operativo policial. Según vecinos y activistas, algunos cuerpos tenían la cabeza cortada, perforaciones de balas en la nuca y varios tenían las manos amarradas. O sea, las personas fueron eliminadas sin brindar resistencia. A pesar de estos hechos, Castro calificó el operativo como un "éxito" y aseguró que "las únicas víctimas fueron los policías", en referencia a los cuatro efectivos que fallecieron durante el operativo.
 La denominada Operación Contención, que incluyó el despliegue de más de 2.500 policías, drones, helicópteros y 32 blindados y vehículos demoledores, se ha transformado en la más sanguinaria de los últimos tiempos. Marcelo Menezes, secretario de la policía militar, aseguró que fue planificada hace meses. En los operativos Jacarezinho (2021), Villa Cruzeiro (2022) y Baixada Fluminense (2005) hubo 28, 23 y 29 muertos respectivamente. 
 Según la Universidad Federal Fluminense, bajo el gobierno de Castro, Río de Janeiro acumula los tres combates más sangrientos desde 1990. Contención superó, en cantidad de muertos, la conocida masacre de Carandiru (1992), que tuvo 111 muertos. La ONG Movimentos ha dicho que se trata de una "política de exterminio", con 2.905 civiles y 31 policías muertos en 707 incursiones desde 2007. 
 Para justificar el operativo y exigir un despliegue de las fuerzas armadas, el gobierno de Río alude a una "guerra" que no es tal, ya que no hay comparación posible entre el poder de fuego de la policía militar y bandas como el CV y el PCC (Primer Comando Capital), por más que estas dispongan de mejores armas que en el pasado. Además, la militarización no resolvería ningún problema, puesto que las fuerzas represivas están ligadas a los grupos delictivos. 
 Los gobiernos capitalistas brasileños nunca terminarán con el narcotráfico, porque para eso habría que expropiar y nacionalizar bajo control obrero el comercio exterior, la banca y todas las empresas capitalistas que sirven como plataforma de impulso a ese tipo de negocios.
 Lo que sí vemos es una política de Estado de ataque en toda la línea contra la población negra y pobre, sometida al miedo constante y a menudo al gatillo fácil. La policía comete muchas más matanzas y víctimas mortales que todos los grupos armados juntos (El País, 6/5/2023). Río de Janeiro tiene 1.018 favelas, según el Censo de Favelas de 2023 realizado por el Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos. Alrededor de 1,5 millones de personas viven allí –23% de la población–. 
 La derecha bolsonarista presiona por tipificar a CV y al PCC como “narcoterroristas” como una pantalla para introducir a las Fuerzas Armadas en la represión interna. Esto, en momentos en que su aliado Donald Trump promueve el golpismo contra Venezuela, con la excusa del “combate contra el narcotráfico”. 
 Tras algunos cruces iniciales por el operativo, el gobierno de Lula y el gobierno de Río llegaron a un acuerdo para la formación de una Oficina para Combatir el Crimen Organizado, con funcionarios de las dos administraciones, que prevé un mayor despliegue de las mismas fuerzas que llevan adelante masacres como la que acaba de enlutar a las favelas por estos días. Ambos niveles del Estado coinciden en profundizar la deriva represiva. 
 Es necesaria una intervención de la clase trabajadora para poner fin a esta barbarie. 

 Nazareno Suozzi

miércoles, octubre 29, 2025

La Reforma Laboral que impulsa el Gobierno y cómo la enfrentamos


La burguesía se declara en un ‘preventivo de crisis permanente’.

 El gobierno de Milei ha colocado en el tope de su agenda una nueva reforma laboral. Aunque todavía no ha presentado su proyecto, el gobierno liberticida salió a buscar en el actual y futuro Congreso el refuerzo de sus habituales aliados, así como de una amplia parte de los gobernadores. La reforma ya había sido planteada en el “Consejo de Mayo”, que integra la CGT a través de Gerardo Martínez, burócrata sindical de la UOCRA. Cristina Kirchner, Itaí Hagman y Juan Grabois se han pronunciado reiteradamente a favor de una “modernización laboral”.
 El Gobierno impulsa la reforma y la “reducción del costo laboral” en nombre de “promover la creación de empleo y las inversiones”. En verdad, el “costo laboral” se encuentra por el piso, sin que ello haya redundado en ningún relanzamiento económico. La crisis industrial se ha agravado en medio de la caída permanente del salario. En las últimas décadas, el retroceso en el derecho laboral va de la mano con la reducción de los planteles, no de su crecimiento. Las patronales reclaman bajar “el costo de contratación”, pero lo que aprovechan es el menor costo de despedir trabajadores.
 La reforma laboral es un intento por legalizar los avances estratégicos antiobreros que ya se han consumado en los lugares de trabajo. El capital no quiere pagar en juicios laborales los derechos que ya incumplen en los hechos. Pero la llamada “industria del juicio laboral” es una impostura, porque sólo una minoría de los trabajadores agraviados van a juicio. La enorme mayoría renuncia a esa instancia, coaccionada económicamente por las patronales. 
 El proyecto de reforma laboral ha sido presentado por la diputada santafecina Romina Diez. El texto replica casi en su totalidad la reforma laboral de la Ley Bases, que fue frenada en primera instancia por la Justicia del Trabajo. Veamos sus principales puntos. 

 Renunciabilidad

 La reforma pretende terminar con la irrenunciabilidad de derechos laborales, un principio legal que invalida cualquier “acuerdo interno” que resulte violatorio del convenio colectivo o de la Ley de Contrato de Trabajo. La derogación de la “irrenunciabilidad” convierte a las leyes laborales y convenios en papel mojado y abre la puerta a las negociaciones por empresa y por trabajador.

 Indemnizaciones 

El proyecto también sustrae a los beneficios sociales y extrasalariales del cálculo de la indemnización. Actualmente, cualquier pago o estipendio que se repita todos los meses (viático, comedor, pago de teléfonos, etc.) es considerado parte del salario por la ley laboral y se contabiliza en el cálculo de las indemnizaciones. 
 El proyecto modifica el régimen de intereses en créditos laborales, estableciendo que “el total no podrá superar al capital -actualizado por la inflación- más una tasa de interés del 3 % anual". Esta disposición salda a favor del capital una larga discusión, porque muchos jueces venían imponiendo tasas de interés punitorias y elevadas a las empresas que dilatasen el pago de los fallos indemnizatorios. Adelantándose a la reforma, la Corte Suprema falló contra estas tasas punitorias, fomentando la dilación en los pagos. Aun así, varios jueces laborales continúan fijando tasas de interés más altas que el 3 % anual.
 La ley permite a las micro, pequeñas y medianas empresas abonar sentencias e indemnizaciones en hasta doce cuotas mensuales. De esa manera, legalizan lo que las empresas vienen haciendo actualmente, con la anuencia de la Secretaría de Trabajo. 

 Vacaciones 

La reforma flexibiliza la época de otorgamiento y permite la fragmentación en períodos no menores a una semana. La garantía de gozar de sus vacaciones en temporada de verano queda reducida a una vez cada dos años. Una vez más, sancionan lo que ya existe en los lugares de trabajo, pues las vacaciones se otorgan según la necesidad productiva del capitalista y no de la familia obrera.

 Banco de horas 

El texto de Romina Diez incorpora los “regímenes adaptados a los cambios en las modalidades de producción, incluyendo la gestión de horas extras, bancos de horas y francos compensatorios, siempre respetando (¡) un mínimo de 12 horas de descanso entre jornadas.” En nombre de la “modernización laboral”, el Gobierno busca derogar la jornada de 8 horas de trabajo, volviendo a jornadas extendidas adaptadas a la necesidad productiva del capital. Además, se busca terminar o reducir sustancialmente el pago por horas extras, que pasarán a ser parte del cómputo de las “horas flexibles". 
El sistema de banco de horas admite la extensión de la jornada a 13 horas diarias. Una disposición similar ha desatado en Grecia una huelga general. 
 Como esto ya ocurre con un sinfín de fábricas y establecimientos que tienen sistema americano de turnos, jornadas de 12 horas y turnos rotativos insalubres, lo que se busca ahora es darle un marco legal para generalizarlo. 

 Licencias médicas

 Se introduce un procedimiento para la verificación de certificados médicos gestionado por la Secretaría de Trabajo, que permite convocar peritos, repetir estudios y aplicar sanciones a los profesionales intervinientes en el otorgamiento de licencias. Si actualmente obtener un certificado médico que otorgue reposo laboral es una tarea compleja, esta disposición intimidatoria lo dificultará hasta lo imposible.

 Incentivos al despido 

La ley incorpora beneficios fiscales para empleadores que inicien nuevas relaciones laborales en los primeros 18 meses de vigencia de la ley, con porcentajes que varían según el tamaño de la empresa: 100 % para microempresas, 75 % para pequeñas, 50 % para medianas y 25 % para el resto, todos aplicables durante doce meses. Estos incentivos favorecen el despido de los antiguos planteles laborales, para reemplazarlos por trabajadores bajo las condiciones de la “reforma”.

 Un ataque al conjunto de la clase obrera 

La reforma laboral busca desmantelar el derecho del trabajo en beneficio del capital. Establece con carácter permanente los efectos de los recursos “preventivos de crisis”, donde se suspenden las leyes laborales y se pagan las indemnizaciones a la mitad y en cuotas. El desconocimiento de convenios colectivos y de leyes laborales, a cambio del contrato individual, conduce al desconocimiento de la organización obrera de fábrica encargada de defender esos derechos colectivos. La reforma, por lo tanto, apunta a imponer la autoridad indisputada de la patronal dentro del lugar de trabajo. 
 Los últimos conflictos obreros tuvieron relación directa con la anunciada reforma laboral y la que ya se implementó con la Ley Bases. En el último período, las patronales explotaron la parálisis de las ventas para despedir masivamente, limpiando la plantilla de trabajadores bajo el régimen de contratación anterior para reemplazarlos por una nueva generación de obreros, ajustados a las nuevas condiciones precarizadoras. Muchos trabajadores dentro de convenio se preguntan si la nueva ley los afectará. Los despidos de ILVA, Cortines, Pirelli, Volkswagen, Toyota, etc., responden por sí mismos a la pregunta. Ni qué decir que la cercanía de una nueva reforma acentuará la escalada de despidos en la industria.
 En todas esas fábricas, las patronales han contado con el concurso de la burocracia de los sindicatos para hacer pasar los despidos. Es claro que este posicionamiento anticipa la connivencia de la CGT con la nueva reforma laboral. 
 La lucha contra la reforma dependerá de las organizaciones de base de los trabajadores, de la reacción que se promueva en las fábricas y del impulso de los activistas. Está planteada una gran campaña de agitación y organización contra la reforma laboral antiobrera de Milei, que debemos desarrollar en directa conexión con la lucha por una nueva dirección, clasista y revolucionaria, en los sindicatos. 

Pablo Busch
 29/10/2025

La guerra del narcotráfico contra el gobierno de Lula.


El bolsonarismo irrumpe en las favelas de Río de Janeiro con los métodos de la guerra civil 

 Un megaoperativo de 2.500 efectivos de la policía civil y militar, ordenado por el gobernador de Río de Janeiro, Claudio Castro, irrumpió en los complejos de favelas Penha y Alemão, en la zona norte de Río. El saldo oficial ascendía por estas horas a 120 muertos -entre ellos cuatro policías- y más de 80 detenidos, entre ellos, Thiago do Nascimento Mendes (“Belão do Quitungo”) y el operador financiero de Edgard Alves de Andrade (“Doca”), identificados como líderes del Comando Vermelho, una de las más antiguas y poderosas organizaciones narco de Brasil, sumada a una red extraordinaria de asistencia a los favelados. La intención declarada del operativo “Contención” era ejecutar 100 órdenes de detención. Fue realizado mientras Lula, presidente de Brasil, se encontraba en una cumbre en Malasia y mantenía reuniones con su homólogo Donald Trump. 
 La operación, que recibió el inmediato apoyo de los sectores políticos ligados a Jair Bolsonaro, estuvo precedida por diversas declaraciones del senador Flavio Bolsonaro, su hijo. En su cuenta de X había reposteado un vídeo de las lanchas bombardeadas por Estados Unidos en el Pacífico, “invitando” al gobierno estadounidense a realizar esas mismas operaciones frente a las costas brasileñas. Castro, aliado de Bolsonaro, había asegurado que este operativo era necesario ante los rechazos que imputa al Ejecutivo a enviar a las Fuerzas Armadas y dotarlas de vehículos blindados. “Río estaba sola”, se auto justificó Castro. Calificó el operativo como “una defensa del Estado” ante el “narcoterrorismo”. A diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos, donde el Ejecutivo de Trump propina golpes de estado contra los estados que protegen a los inmigrantes, en Brasil varios estados urden golpes contra el gobierno nacional.
 El operativo político del bolsonarismo ha sido acompañado por la presentación de un proyecto de Ley impulsado por Unión Brasil, para declarar a ciertas bandas criminales como “terroristas”. Este punto de vista es acompañado por otros bolsonaristas declarados, como Tarcisio da Freitas, gobernador de San Pablo, y Romeu Zema de Minas Gerais. Eduardo Paes, quién ganó la alcaldía de la ciudad (no el estado) de Río con el apoyo explícito del PT y Lula en persona, acompañó el operativo con un video y con el compromiso de que no va a permitir “que la población sea rehén de bandas criminales”. La ultraderecha brasileña, que busca instaurar un estado de excepción para avanzar con medidas extraconstitucionales e imponer un estado policial, ha contado con un guiño de Páez. 
 Las imágenes y videos que se han viralizado muestran un escenario de guerra con todas las letras. La policía cercó los barrios del operativo y acompañó sus actividades terrestres con helicópteros – algo que la Corte Suprema prohibió en 2020, para luego rehabilitar en 2024. Barricadas improvisadas, escuelas cerradas y gente encerrada en sus casas esperando que el sonido de las balas cesara para volver a salir. La brutalidad policial recordó a los operativos de 2010, ejecutados también contra bandas de narcotraficantes con un saldo de más de 30 muertos. En los principales diarios de Brasil, el horror de los entrevistados grafica una jornada de barbarie completa, en una ciudad acostumbrada a redadas policiales y asesinatos cotidianos. 
 La mañana del miércoles ha dejado observar en su totalidad el espectáculo dantesco. Cadáveres trasladados a la plaza del barrio de Penha, luego de que las mujeres del barrio decidieron salir a buscar en los morros cercanos a sus esposos, hijos y familiares desaparecidos. La escena del horror es acompañada por el llanto y los lamentos de las familias que reconocen -sin intervención de autoridad alguna- los cuerpos uno a uno, mientras los cubren con plástico y telas. Hay denuncias de que al menos uno de los hombres se había entregado a la Policía y aun así fue asesinado. Los muertos encontrados esta madrugada no fueron informados por la policía, lo que ha despertado sospechas sobre ejecuciones extrajudiciales.
 El Comando Vermelho compite en diversos barrios de la ciudad por el control territorial. Desde el ascenso de Bolsonaro al gobierno, diversas bandas ligadas políticamente a la ultraderecha fueron al choque de estos grupos, conquistando territorios y monopolizando el control del tráfico de drogas y armas para usufructo personal. "Son todos carteles bolsonaristas que llegaron, inicialmente, para expulsar a los narcos tradicionales y lo hicieron, pero se afincaron y ahora son ellos los que trafican. Río vive una situación de violencia rutinaria", explicó Darío Pignotti, colaborador de Página 12 que reside en Brasil (Página12, 28/10). 
 Los medios definen el operativo como un “cortocircuito” entre Río y la presidencia de Brasil, que según denuncia el gobernador Castro, rechazó en tres oportunidades brindar la ayuda de las Fuerzas Armadas. Ahora, el reclamo es la declaración de Garantía de Orden Público (GLO), que garantiza el despliegue de las FFAA en el territorio. Al ser una competencia del Presidente, se descarta que pueda suceder a la brevedad. En una reunión de emergencia con el gabinete, Lula ha definido enviar una comitiva para reunirse con Castro y ofrecer plazas en cárceles federales para los más de 80 detenidos. La aberración de las acciones policiales ha generado un malestar entre las propias filas del gobierno petista. El presidente del Partido de los Trabajadores, Edinho Silva, calificó a la operación como desastrosa, destaca Página12. 
 El comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) asegura que este operativo viola el derecho internacional más elemental por su brutalidad. Las acciones del bolsonarismo, en su propio territorio, coinciden con el escalamiento de la intervención de Trump sobre el Mar Caribe y el Pacifico en su “acción contra el narcoterrorismo”, que es la pantalla para un cambio de régimen de Venezuela y Colombia. La presión sobre Brasil, desatada por la condena contra Bolsonaro, había disparado sanciones económicas contra las exportaciones brasileñas a Estados Unidos. 
 El bolsonarismo se vale del apoyo trumpista para desarrollar un método de guerra civil, lejos de un “operativo electoral” sobre la seguridad urbana -como han denunciado diversos referentes políticos brasileños- estamos ante un operativo de amedrentamiento contra los trabajadores y las libertades democráticas más elementales. En un plano más general, es la declaración de América Latina como territorio en disputa para alinearlo de manera irremediable en la conflagración mundial del imperialismo norteamericano. 

 Joaquín Antúnez
 29/10/2025

martes, octubre 28, 2025

Rosso: “El gobierno puede confundir el resultado electoral con un aval para avanzar en reformas”

La reforma laboral antiobrera como política de Estado y cómo la enfrentamos


Las fuerzas políticas patronales insisten en esta línea de ataque contra los trabajadores. 

 La reforma laboral antiobrera que tiene en carpeta el gobierno de Javier Milei, y que plantea devolver a los trabajadores a condiciones de semiesclavitud, no representa ninguna novedad en el escenario de las iniciativas de las fuerzas políticas patronales, con diferentes avanzadas e intentos recientes, tanto durante el macrismo, como con el gobierno del Frente de Todos, demostrando que en definitiva se trata de una política de Estado para los capitalistas. Sin embargo, a pesar de la complicidad de la burocracia sindical, se toparon más de una vez con la resistencia obrera. 
 Uno de los antecedentes más recientes de esta intentona contra los trabajadores se produjo a finales del 2017, bajo el gobierno de Mauricio Macri, cuando los planes de reforma laboral del gobierno cedieron debido a las jornadas del 14 y 18 de diciembre, que con la movilización obrera y popular frente al Congreso contra la reforma jubilatoria golpearon de lleno a un gobierno que tras triunfar en las elecciones legislativas y el acuerdo con la CGT creía contar con el suficiente capital político y la fuerza para imponer una reforma que suprimía y cercenaba derechos y conquistas laborales. 
 No se trata de un patrimonio exclusivo de los gobierno de derecha: previo al gobierno de Macri el kirchnerismo había hecho lo suyo, con una orientación que en los hechos hizo proliferar la precarización y flexibilización laboral, con un esquema de empresas tercerizadas y contratos temporales y basura -estos últimos utilizados extensamente en el sector público- para desconocer derechos de los convenios colectivos de trabajo y favorecer a las patronales en detrimento de los trabajadores. Justamente, el gobierno se vale de la masa de trabajadores por fuera de los convenios y la formalidad laboral, multiplicados durante el kirchnerismo, para "fundamentar" su reforma laboral reaccionaria. 
 Actualmente, los referentes del kirchnerismo, con Cristina a la cabeza, hacen apología de la reforma laboral y de la necesidad de “modernizar” las leyes laborales y el Estado, coartando derechos sindicales y modificando los convenios para adaptarlos a las “nuevas realidades”: todos eufemismos para respaldar los reclamos patronales de adaptar las condiciones laborales y los salarios a las necesidades del mercado. 
 El macrismo, que no pudo avanzar con una reforma antiobrera estructurada en un proyecto de ley o un paquete legislativo, hizo algunos intentos concretos, como la adenda flexibilizadora del convenio petrolero para los no convencionales que flexibilizó las condiciones de trabajo de los obreros, aumentando los accidentes de trabajo y riesgos de siniestros fatales (dejando casi una decena de trabajadores muertos en apenas dos años), entre otras cosas, en vistas a garantizar el negocio de las petroleras, particularmente en los yacimientos de Vaca Muerta, sin que esto redundara en ninguna mejora salarial ni beneficio para los trabajadores. 
 Las dificultades para imponer una reforma integral contra los trabajadores llevó a la consigna patronal de las reformas “convenio por convenio”: una premisa que fue pasando de gobierno en gobierno, con la lógica de modificar cada régimen en particular, introduciendo allí las reivindicaciones patronales. 
 Durante el gobierno de Alberto Fernández esta política tuvo su clímax con la reforma laboral en la multinacional Toyota, donde la patronal impuso la extensión de la jornada laboral a los sábados y la modificación de la jornada de trabajo, con la colaboración d ella burocracia sindical del Smata y el respaldo del gobierno nacional. Esta reforma fue utilizada como “vidriera” para avanzar con el ajuste convenio por convenio. 
 Esta orientación encontró en los hechos la resistencia de los trabajadores -no así de la burocracia sindical que pactó y negocio con las patronales-, con medidas de acción y conflictos gremiales, como el de los trabajadores del neumático y el Sutna contra las patronales de la industria y su intento de imponer y modificar condiciones de trabajo. Y de distintos sectores gremiales que movilizaron y salieron a las calles en 2017 contra las reformas macristas. 
 Es la respuesta que plantea el Frente de Izquierda Unidad y el clasismo contra los planes de ajuste de Milei -que cuenta con la colaboración del peronismo y la burocracia sindical-, enfrentando las reformas antiobreras en los lugares de trabajo, formando agrupaciones antiburocráticas y clasistas y movilizando de conjunto para derrotar la agenda reaccionaria del gobierno y los capitalistas. La reforma laboral antiobrera es una cuestión de Estado para los capitalistas, derrotarla es una tarea de clase, de los trabajadores, para evitar un deterioro en las condiciones de vida y de trabajo y abrir paso a las reivindicaciones obreras y populares. 

 Marcelo Mache

Milei tuvo un triunfo electoral, pero crece el desencanto con el régimen político


El oficialismo perdió casi 4.800.000 de votos en dos años, pero juntó más que el peronismo colaborador. El gobierno nacional obtuvo una victoria en las elecciones legislativas, sumando más del 40% de los votos en todo el país y superando al peronismo en la mayoría de las provincias. Sin embargo, este triunfo no puede ocultar la caída significativa de votos desde las generales de 2023 hasta la actualidad, con una pérdida de 4.774.933 votos (entre La Libertad Avanza y Juntos por el Cambio), dando cuenta de un desencanto con el conjunto del régimen político, incluyendo al electorado oficialista y al del peronismo colaborador que perdió más de 1.500.000 votos. La izquierda que enfrenta en las calles el ajuste creció casi 150.000 votos absolutos de una a otra elección. 
 El dato se desprende de comparar lo resultados de las Elecciones Generales de 2023 con las Elecciones Legislativas 2025, donde La Libertad Avanza (7.884.336 votos) y Juntos por el Cambio (6.267.152) totalizan juntos 14.151.488 votos en 2023, contra los actuales 9.376.555 sumados por LLA y un puñado de votos sueltos de los restos del PRO. 
 De una elección a otra, tan solo en dos años, el gobierno perdió un tercio de sus votos, con un factor importante en la caída de la participación electoral (del 77,65% al 67,9%), imponiéndose sobre el peronismo que ofició de “oposición colaboradora” hasta el último día. 
 Los números de esta elección dejan planteado que el gobierno no representa una fuerza en ascenso, perdiendo el impulso de los primeros días de gobierno, sino que accede a una victoria con un fuerte descontento con el ajuste en marcha y una situación económica que no levanta y se hunde cada vez más, lo que condiciona toda la agenda reaccionaria que Milei tiene planteada. 
 La condena electoral a las fuerzas colaboracionistas también se expresó en el fracaso nacional de Provincias Unidas -un rejunte de gobernadores y fuerzas para negociar el ajuste con Milei-, que tan solo cosechó 1.140.936 votos (4,96%) a pesar de los aparatos que lo integran, pagando el costo de replicar el ajuste en sus provincias, con poca diferenciación como un espacio “independiente”.
 El peronismo, que apostó a repetir el resultado de las recientes elecciones bonaerenses sin ningún sobresalto, sufrió una derrota y una pérdida significativa de votos, con una lista que aglutinó a una representación política ausente en la lucha real contra el ajuste -con un discurso centrado en el Congreso- y una burocracia sindical desmovilizada y colaboradora con el ajuste de Milei sobre los salarios y condiciones laborales.
 Los referentes de Fuerza Patria no rechazaron la extorsión de Trump, con una campaña deslucida y candidatos de poco peso, quienes se pasearon por los medios mostrándose como “digeribles” ante el establishment y partidarios de la reforma laboral antiobrera. Incluso bajándole el peso del apoyo del aparato de los intendentes en la provincia de Buenos Aires. Mostrándose junto a la dirigencia de una CGT que pacta el ajuste con el gobierno. 
 En un cuadro donde las principales fuerzas perdieron una cantidad abultada de votos, ante el desencanto electoral de la población, el Frente de Izquierda Unidad consolidó su electorado, sumando casi 150.000 votos y totalizando 853.680 votos a nivel nacional, ubicándose como tercera fuerza en CABA y provincia de Buenos Aires, conquistando 3 bancas en el Congreso de la Nación. 
 Estamos ante una victoria que expresa los límites del gobierno de Milei y de un peronismo colaborador que no representa ninguna alternativa para los trabajadores. La izquierda se proyecta como una fuerza que conquistó su autoridad política luchando en las calles y que tras estas elecciones plantea reforzar la lucha hasta derrotar a este gobierno ajustador y las reformas reaccionarias que tiene en carpeta. 

 Marcelo Mache

Las elecciones como una gran negocio financiero de los especuladores de Wall Street


El triunfo de Milei dejó enormes ganancias a los que apostaron a la timba, pero no despeja la inviabilidad del esquema económico. 
 Rob Citrone visitó a Milei en abril 2025. 

El rescate de Washington no solo hizo posible el triunfo electoral de Milei, sino que además habilita jugosos negocios financieros para un puñado de especuladores, a costa del país. El rebote de los bonos y acciones argentinas representa enormes ganancias para aquellos que compraron cuando había caído su cotización, mientras que la baja del dólar estimula el regreso del carry-trade. 
 Tras la victoria de La Libertad Avanza en las elecciones de octubre, los bonos argentinos en dólares tuvieron un repunte de alrededor del 20%. También treparon las acciones de empresas locales que cotizan en Nueva York, sobre todo las de los bancos y energéticas que subieron hasta un 50%. Uno de los grandes ganadores de este cambio de tendencia fue Rob Citrone, amigo de Scott Bessent y dueño del fondo de inversión Discovery Capital, quien, gracias a sus vínculos con el secretario del Tesoro norteamericano, pudo acceder a información privilegiada y hacerse de instrumentos argentinos en el mes de septiembre, cuando estaban en plena caída debido a la corrida cambiaria que atravesaba el país. 
 Según la información periodística disponible, operando con los bonos argentinos durante 2024 y 2025, Citrone llegó a ganar 2 millones de dólares diarios. El mecanismo nunca varió: compraba a precio de remate y vendía en momentos de alza. Sus pronósticos eran poco falibles debido al nexo político con Bessent, con quien viajó a la Argentina a visitar a Javier Milei en abril de 2025. Recordemos que la relación entre Citrone y Bessent se remonta a cuando trabajaron juntos para el fondo Soros, protagonizando corridas contra la libra esterlina en 1992 y contra con yen japonés en 2013.
 Como vemos, el salvataje de Estados Unidos a Milei también buscó favorecer esta rapiña buitre por parte de los fondos internacionales. Estos, luego de adquirir deuda argentina a precios irrisorios, buscarán cobrarla a su valor nominal, lo cual implica un vaciamiento constante de las reservas del país, acentuando la bancarrota nacional que pagamos los trabajadores. 
 Por otra parte, llama la atención que, al día siguiente de los comicios, el dólar haya bajado de $1.515 a $1.370, para luego cerrar la jornada en $1.460. Según trascendidos, la divisa norteamericana volvió a recalentarse porque el Tesoro de Estados Unidos -a través de los bancos JP Morgan, Citi y Santander- habría salido a recomprar los dólares que vendió en el mercado local las semanas anteriores para permitirle a Milei llegar a las elecciones sin una disparada del tipo de cambio. Con esta nueva operación, Bessent hizo negocio, ya que vendió dólares cuando su cotización estaba alta, logró bajarla con su intervención, y recompró cuando la misma estuvo cerca del piso de la banda. Un "rulo" orquestado por el imperialismo en desmedro de las finanzas nacionales. Esta jugada ilustra hasta qué punto la Casa Blanca detenta el control de la política cambiaria de Argentina. 
 A su vez, que el dólar haya quedado por debajo del techo de la banda y las tasas continúen elevadas incentiva el armado de una nueva bicicleta financiera. La misma acrecentaría la bola de nieve de la deuda en pesos, abultando los vencimientos y preparando las condiciones para que se produzca una corrida de mayor tenor. Los únicos beneficiados serían los capitalistas que ingresen en el carry-trade, con el que obtendrían importantes rendimientos. 
 Se trata, como sabemos, de un esquema insostenible que, tarde o temprano, termina en devaluación. Mientras tanto, las consecuencias recesivas del atraso cambiario y las tasas positivas las seguimos pagando los trabajadores, con despidos y encarecimiento del crédito para consumir. Ahora bien, si prospera la salida devaluatoria que reclama una parte de la burguesía y sus partidos (como el peronismo), quienes vivimos de nuestro trabajo también saldremos perdiendo, ya que un eventual salto cambiario terminaría de hundir los salarios. 
 Con la ayuda del imperialismo yanqui a Milei, el país se vuelve cada vez más un botín del capital financiero internacional. Solo la izquierda defiende un rumbo opuesto a esta entrega, ya que es la única alternativa que plantea la ruptura con el FMI, el repudio de la deuda usuraria y la creación de una banca única bajo control obrero para detener la fuga de capitales. Nos valdremos de las posiciones conquistadas en las urnas y en la lucha de clases para ganar a los trabajadores a este programa de salida. 

 Sofía Hart

lunes, octubre 27, 2025

Myriam Bregman: "La extorción de Estados Unidos explica mucho de los resultados."

Pretenden convertir a Gaza en una “zona de reconstrucción”, controlada por un Protectorado internacional y el estado sionista


El objetivo siguiente es el cambio de régimen en Irán. 

 En una sola semana se han amontonado en Tel Aviv el vicepresidente estadounidense, JD Vance; los responsables de la política de la Casa Blanca en Oriente Próximo, Steve Witkoff y Jared Kushner, y el secretario de Estado Marcos Rubio. Kushner es yerno de Trump y el autor del ultimátum de 20 puntos presentado por Trump. Es también el responsable del proyecto de convertir a Gaza en la Riviera oriental del Mediterráneo y del establecimiento de un Protectorado encabezado por el masacrados de Irak, Tony Blair.
 Rubio a la vez que explicó su viaje como un intento de reforzar el alto el fuego dijo que ‘los norteamericanos’ no eran quienes para impedir que Israel bombardeara Gaza como bombardea El Líbano (donde también hay un alto el fuego). En línea con la posición del carnicero de Tel Aviv, Rubio calificó a la UNRWA, el organismo de la ONU encargado del socorro a los refugiados, como “una filial de Hamas”. El aviso de que “no jugará ningún papel en Gaza” constituye una violación al acuerdo de cese del fuego. Conclusión: la hambruna y el genocidio continúan 
 Vance y Kushner, en cambio, anunciaron que Estados Unidos e Israel pretenden mantener dividida Gaza en dos zonas, la que está ocupada por el ejército sionista -y abarca el 58 % del territorio- y el resto. “La reconstrucción solo se llevaría a cabo en el lado israelí hasta que Hamas pueda ser desarmado y destituido del poder”, adelantó el Wall Street Journal (22/10). La operación de limpieza militar fuera de la zona ocupada consiste en destruir la totalidad de los túneles construidos por Hamas y la resistencia islámica. Netanyahu ha asegurado que ninguna formación militar extranjera podría llevar a cabo esa tarea -sólo el ejército sionista-. La masacre continúa 
 Los palestinos son empujados por el ejército hacia una supuesta “zona segura”, que es un territorio árido, sin agua potable, imposible para cualquier actividad productiva. Esta situación deja a los palestinos a expensas de la ayuda humanitaria, que Israel deja entrar con cuentagotas.
 (La infame “Línea Amarilla” definida por Trump, no es ninguna línea: abarca más de la mitad del territorio gazatí y está ocupada por el ejército sionista. Se extiende hasta las fronteras con Israel y rodea por el Norte y el Sur a los palestinos.) 
 Philippe Lazzarini, el jefe de la UNRWA, advirtió que la situación sigue siendo dramática. Aunque en la frontera tienen comida para tres meses, dijo, Israel no la deja entrar. Las tiendas de campaña y los sistemas de desalinización de agua también siguen en Egipto o en Jordania. “Hasta ahora no se nos ha permitido llevar un solo convoy, como a muchas otras ONG internacionales”, agrega. 
 Limpiar de escombros y bombas a Gaza tomará hasta 30 años, según un funcionario del grupo de ayuda Humanity & Inclusion, que describe el enclave como un "terrible campo minado sin cartografiar". El asedio israelí -lo pregona Netanyahu- impedirá que entre la maquinaria indispensable para remover los escombros, construir viviendas, hospitales, cañerías o plantas potabilizadoras de agua. 
 Ese es el carácter de la paz de Trump. Esperan que este cerco mortífero precipite el éxodo de los habitantes a los “paraísos” que le tienen preparado Trump y Netanyahu (Somalía, Sudán del sur, etc.) 
 El vicepresidente JD Vance y Jared Kushner (que es también titular del fondo fiduciario para la “reconstrucción” de Gaza) insistieron en que hasta que no se “destituya” a Hamas no se destinarán fondos por fuera de la Línea Amarilla. La confesión de que avanzarán en el genocidio es también la admisión del fracaso de dos años de sus intentos de aniquilar a la resistencia palestina. Hamas ha dicho que no dejará las armas 
 Kushner acaba de recibir miles de millones de dólares de fondos soberanos (estatales) extranjeros, y ahora está negociando “acuerdos de paz” que faciliten sus planes inmobiliarios en nombre de Estados Unidos. Su flamante empresa, Affinity Partners, ha recaudado más de 4.800 millones de dólares, principalmente de fuentes de Oriente Medio
 Sólo el Fondo de Inversión Pública (PIF) de Arabia Saudita invirtió 2.000 millones de dólares en Affinity Partners. También aportaron Qatar y Emiratos Árabes Unidos. Los gobiernos árabes han invertido sumas siderales en el “fondo de reconstrucción” -los planes inmobiliarios- de Kushner-. La solución de los “dos estados” quedaría, improbablemente, reducida a una fracción de la actual Cisjordania, y al Protectorado de Gaza.
 Affinity Partners obtiene más de 80 millones de dólares anuales en comisiones y aspira a alcanzar un fondo de 25.000 millones de dólares, utilizando el 80 % de su financiación mediante deuda.
 La "nueva Gaza", recordó Vance, sería “protegida por una fuerza internacional que estabilice la región”, de la que participarían, entre otros, Egipto, Qatar, los emiratos y Turquía. Esta opción fue repudiada de plano por el gabinete confesional de Netanhayu, que no quiere resignar la exclusividad del control militar en la región. 
 “(U)na Gaza dividida aborda las dificultades aún sin resolver de desarmar a Hamas y establecer un gobierno alternativo que cree un entorno seguro para los miles de millones de dólares de inversión necesarios para la reconstrucción”, opina WSJ, el diario de Rudolf Murdoch, un fascista que apoya a Trump. 
 "A veces resulta muy difícil para los israelíes admitir que Hamas aún existe y es el actor dominante en Gaza", explica Michael Milshtein, exjefe del Departamento de Asuntos Palestinos de la Inteligencia Militar Israelí. “Confiar en actores sospechosos -clanes, milicias, bandas, muchos de ellos criminales, muchos de ellos afiliados a ISIS (el grupo Estado Islámico), muchos de ellos implicados en atentados terroristas contra Israel- y considerarlos una alternativa a Hamas es una ilusión" (BBC 23/10). Trump ha dejado abierta una rendija para permitir que Hamas ejerza una función policial de orden, junto al Protectorado internacional, en una transición que será acompañada por las oligarquías árabes. 
 Milshtein alude a las bandas de delincuentes cooptadas por Israel para robar alimentos, disparar a las filas de hambrientos y generar caos. Algunos de sus cabecillas fueron fusilados por Hamas en estos días. 
 El domingo pasado, en una abierta ruptura del alto el fuego, el gobierno israelí descargó 153 toneladas de bombas sobre Gaza, según dijo el propio Netanhayu en el Parlamento. Los ataques duraron 9 horas y sembraron el terror, dejando 50 muertos y 150 heridos. 
 Los sionistas justificaron la ofensiva porque Hamas habría violado la tregua (sic) en tres incidentes consecutivos y disparado contra sus tropas en Rafah, que está prácticamente despoblada y bajo control israelí. 
 Hamas desmintió el enfrentamiento y el periodista palestino Younis Tirawi reveló que el primer incidente se produjo porque una de las excavadoras contratadas por Israel para demoler hasta la última vivienda de Rafah atropelló un artefacto explosivo. 
 Los otros dos aluden a un enfrentamiento entre distintas facciones de la banda Abu Shabab. Los sionistas quedaron entre dos fuegos cuando quisieron proteger a su esbirro Yasser Abu Shabab, un delincuente de larga data vinculado al narcotráfico. Cooptado por Israel, asaltó camiones de ayuda para revender los alimentos y más tarde se sumó a la Fundación cuya distribución de comida terminó en el asesinato de varios miles de palestinos que pugnaban por una caja de comida. En noviembre de 2024, la tribu Tarabin de la que es originario lo repudió públicamente.
 La paz y la estabilidad en Medio Oriente no están más que en las rimbombantes declaraciones de Trump mientras prepara un rediseño de la región que colabore con su avance imperialista en el escenario mundial. El objetivo siguiente es el “cambio de régimen en Irán”. 

 Olga Cristóbal 
 24/10/2025

Scott Bessent gana las elecciones de medio término en Argentina



El montaje de un Protectorado financiero. 

 Los períodos de crisis agudas de régimen político se caracterizan por los virajes y desplazamientos políticos igualmente bruscos. En medio de una crisis industrial manifiesta, de una fuga de capitales y una cesación de pagos en puertas; en medio de las fracturas de la camarilla libertaria y las denuncias de corrupción, el Gobierno cosechó el 41 % de los votos y la mitad de las bancas en juego. Ningún pronóstico advirtió estos resultados; los más optimistas -para el Gobierno- ofrecían el pronóstico de una derrota moderada. Hace sólo 45 días, el Gobierno había perdido por 14 puntos en la provincia de Buenos Aires, y muchos más en la tercera sección electoral. Ayer ganó por medio punto en el territorio bonaerense, o sea que descontó 16 puntos a su favor frente al segundo, Fuerza Patria, y obtuvo un cuasiempate en la tercera. En el interior, el Gobierno derrotó al oficialismo provincial en Córdoba, Santa Fe, Salta y varios otros distritos donde había perdido, incluso en forma holgada, como en Santa Fe. Para citar un caso ilustrativo, FP perdió 26 puntos en Berazategui; los intendentes se ‘desentendieron’ de las elecciones, con plena conciencia de que favorecían a la lista liberticida, probablemente con la intención de decapitar a Cristina Kirchner de la presidencia del Partido Justicialista. 
 Para seguir la pista de este giro, LLA se apropió del grueso de la diferencia en la participación electoral, con respecto a las elecciones desdobladas, que pasó del 58-61 % al 68,3 por ciento; entre siete y diez puntos electorales. Una parte importante del ausentismo salió a votar, fundamentalmente el conservador, por temor a una derrota del oficialismo nacional. En las escuelas de la zona norte del conurbano, típica de clase media alta, ayer hubo largas colas, en tanto en septiembre estaban semivacías. Otro aspecto fue el ‘castigo’ a los contubernios armados por el kirchnerismo en varias provincias, como en Salta o Santa Fe, en Catamarca y Tucumán –con Urtubey, en la primera, y el ‘perotismo’ en la segunda-, para calificar como fuerza nacional. Urtubey, gobernador durante tres períodos, se hundió al 13 % de los votos. La peronista Natalia de la Sota, en Córdoba, y Caren Tepp, nacional y popular, en Santa Fe, no satisficieron las expectativas de los sondeos previos. 
 Más allá de los vericuetos de los votos, el resultado electoral del domingo 26 es una victoria del operativo financiero internacional montado por Scott Bessent, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, y Donald Trump para detener, al menos por el momento, un default de Argentina. Bessent quebró financieramente a los bancos y fondos nacionales que apostaron por una devaluación, mediante diversos procedimientos. La prensa internacional coincide en comparar este operativo con el que quebró a la libra esterlina, en 1992, en una pugna con el Banco de Inglaterra, con la participación del mismo Bessent. Quienes, en Argentina, apostaron 7 millones de dólares en los mercados de futuros han recibido una paliza, porque ahora, cuando venzan esos contratos entre el martes y el viernes próximos, deberán devolver los préstamos, a altas tasas de interés, que recibieron para hacer esa apuesta. Lo mismo ocurre con aquellos que pasaron depósitos de pesos a dólares o que suscribieron bonos ‘linked’ al dólar, en lugar de hacerlo por bonos en pesos a tasas del 70 al 100 % anual. Bessent paró una megadevaluación vendiendo dólares y poniendo los pesos a tasas de interés locales. Apoyó esta operación con un acuerdo de canje por 20 000 millones de dólares, entre el Fondo de Estabilización de Cambios de EE. UU. y el Banco Central de Argentina. El freno a la devaluación facilitó la salida al exterior de los Fondos de Cobertura de Estados Unidos invertidos en Argentina. Una operación similar, aunque de menor envergadura, impidió la quiebra de la convertibilidad, en 1994, y sirvió para la reelección de Menem. Como escribe La Nación: “De hecho, la estrategia de Bessent estuvo a contramano de la conducta de la mayoría de los argentinos que, en los primeros ocho meses del año, último dato disponible, desarmaron posiciones en pesos superior a los 17.400 millones de dólares, según el Informe de Evolución del Mercado de Cambios del Banco Central”. A todo esto, hay que agregar la llegada a Argentina del presidente del banco JP Morgan, el número uno de Estados Unidos, para organizar un fondo de otros 20 000 millones de dólares, para asegurar el pago de los vencimientos de deuda externa en 2026. Para una parte de la población, esa intervención norteamericana fue un éxito internacional de Milei y Caputo (ex JP Morgan), porque evitó un colapso económico inmediato, si se producía una derrota electoral de magnitud. La crisis, sin embargo, prosigue abierta porque el dólar sigue barato y se abaratará en los próximos días y porque la inversión industrial sigue súperplanchada. Caputo ha anunciado una cadena de privatizaciones. 
 Pero los límites de la victoria electoral son acotados; la maniobra financiera es cada vez más atacada en Estados Unidos, donde ese mismo Tesoro está cerrado por falta de acuerdo legislativo para el Presupuesto 2026. En los finales de mes subsiguientes, hay contratos de futuro a vencer, con la posibilidad de reanudar la presión contra el peso. La especulación continúa, mientras la depresión industrial se acentúa. La elección no ha removido la crisis: bajó la temperatura, no se resolvió la enfermedad. Argentina tiene pago de deudas por casi 20 000 millones de dólares en 2026. Dos días antes de las elecciones, decíamos en estas páginas: “Las camarillas financieras de Milei y Trump apuestan a una prosecución de la política de deflación monetaria, sin que importe la depresión industrial y comercial que ha provocado. El Banco Central seguirá ajustando la moneda con tasas de interés altas. Será el continuismo del 'carry trade': atraer dólares mediante altas tasas de interés. Sería probar suerte con el abismo, con la expectativa de que no flaquee el apoyo de los bancos. Estos procedimientos no rescatan a Argentina, sino a los fondos internacionales que han invertido en Argentina. Temen que lo contrario -una devaluación, un alza de la inflación y una ola de reclamos salariales- simplemente derriben al gobierno” (“Virajes de último momento”, 24/10). 
 Las elecciones han dado un aval (por ahora, claro está) al Protectorado financiero y político del dúo Bessent-Trump sobre Argentina. Pero, sobre todo, ponen en evidencia una crisis en el interior de la burguesía misma, porque el movimiento devaluatorio y en buena parte proteccionista de una parte del capital local no ha encontrado una expresión política adecuada a sus propósitos. “Poner freno” a Milei no constituye un programa alternativo. El kirchnerismo fue el primero, mucho antes de Milei, en señalar que el futuro de la economía local se encontraba en Vaca Muerta y la minería; el primer RIGI, en 2014, fue el acuerdo YPF-Chevron. Frente al poder establecido, con fuerte apoyo del imperialismo norteamericano, el engendro improvisado como Fuerza Patria no planteó un “orden” alternativo. El agravamiento de la guerra comercial ha acentuado esta encerrona, porque Milei no puede romper la dependencia de Argentina con China sin provocar grandes perjuicios y choques intercapitalistas, ni el kirchnerismo romper amarras con el imperialismo yanqui; de hecho, no se ha pronunciado sobre la instalación de un protectorado financiero. El electorado fue obligado a optar entre dos expresiones en decadencia. El impasse se ve con claridad en el fiasco de Provincias Unidas. La clase obrera, sin embargo, no ha captado esta situación de impasse o encerrona, aunque la intuya. Lo hará, sin duda, con el agravamiento de la crisis social que anuncian las nuevas medidas del Gobierno.
 Milei confunde la victoria de la operación de rescate político que montaron Bessent y Trump, con una ratificación del mandato político al gobierno. En poco tiempo se comprobará que ambas cosas están en colisión. El acuerdo comercial que Trump ha ofrecido a Argentina excluye a sus dos productos de exportación al mercado estadounidense: el aluminio y el acero, incluso en sus derivados. 
 La realización periódica de elecciones no significa que el régimen constitucional se haya robustecido. Ocurre, incluso, todo lo contrario. El aparato estatal es un chaleco de fuerza. Hay un gobierno por decreto, que veta leyes y que incumple las que se ve obligado a promulgar. La Corte Suprema y el Poder Judicial en general están completamente sesgados. El pacto de Lago Escondido, entre medios, jueces y fiscales, se cumple a rajatablas. El Poder Ejecutivo está surcado por negociados y narconegocios. La aspirina electoral no puede superar una situación que requiere el bisturí, instrumentado por una clase obrera despierta, no anestesiada. 

 Marcelo Ramal y Jorge Altamira 
 27/10/2025

Canciller Bruno Rodríguez Parrilla: denuncia campaña de desinformación y presiones

Elecciones legislativas 2025 - Bunker del Frente de Izquierda Unidad

domingo, octubre 26, 2025

Inteligencia Artificial: ¿una nueva burbuja financiera?


En los últimos días, la BBC informó que el Banco de Inglaterra, el Fondo Monetario Internacional y el director de JP Morgan, Jamie Dimon, han advertido sobre una burbuja de IA, señalando que "el nivel de incertidumbre debería ser mayor en la mente de la mayoría de la gente." En la misma línea Jerry Kaplan, uno de los pioneros en IA, en una conferencia realizada en Museo de Historia de la Computación de Silicon Valley, declaró que "cuando [la burbuja] estalle, será muy malo, y no solo para quienes trabajan en IA” y que “va a arrastrar al resto de la economía". Estas afirmaciones se fundamentan en que las empresas de IA han representado el 80% de las impresionantes ganancias del mercado de valores estadounidense este año, y la consultora Gartner estima que el gasto global en IA probablemente alcanzará unos US$1,5 billones antes de que finalice 2025 (BBC, 16/10). 
 Los centros de datos de IA alrededor del mundo consumen cuantiosas sumas de capital que van en aumento de manera exponencial. Según la BBC, del presente al 2029 se volcarán al sector unos 3 billones de dólares destinados a mantener los datacenter. El banco de inversiones Morgan Stanley realizó la estimación de que la mitad de esta suma se destinaran al costo de construcción y la otra mitad costearán los costosos hardware que sostienen la operatividad de la IA (BBC, 22/9) . Zahl Limbuwala, especialista en datacenter, señala que "la IA tendrá más impacto que las tecnologías anteriores, incluido Internet. Así que es factible que necesitemos todos esos gigavatios" y agrega que los centros de datos "son el espacio real del mundo de la tecnología", pero que los cuantiosos gastos que se necesitan para su mantenimiento no pueden durar para siempre. A diferencia de la burbuja especulativa tecnológica que se desarrolló en la década del 90 con las puntocom -que no necesitaban de una base material tan grande para funcionar- los centros de IA son inmensos conglomerados de servidores, donde el requerimiento de energía asciende a decenas de megavatios, antes de que los gigavatios, mil veces más grandes que los megavatios, entren en escena, con su consecuente impacto en el medio ambiente, sobre todo en el considerable suministro de agua, usada como enfriador de los procesadores. 
 En Virginia, Estados Unidos, que alberga a Amazon y Google, se está considerando un proyecto de ley que limite el asentamiento de nuevos datacenter por el cuantioso uso de agua. Por su parte, en Lincolnshire en el Reino Unido, la puesta en pie de un datacenter está siendo objetada por la empresa de agua Anglian Water, argumentando que no está obligada a suministrar agua para uso no doméstico. Recientemente Google canceló un centro de datos en Indiana después de que los residentes protestaran porque el centro de datos "aumentaría los precios de la electricidad" y "absorbería incontables galones de agua en un área ya plagada de sequía". 
 El economista marxista Michael Roberts reprodujo en su blog las palabras de Ruchir Sharma, presidente del Rockefeller International, en relación a las expectativas depositadas en la IA por los “señores tecnofeudales”: "A pesar de las crecientes amenazas a la economía estadounidense, desde los altos aranceles hasta el colapso de la inmigración, la erosión de las instituciones, el aumento de la deuda y la inflación persistente, las grandes empresas y los inversores parecen imperturbables. Están cada vez más seguros de que la inteligencia artificial es una fuerza tan grande que puede contrarrestar todos los desafíos" (Michael Roberts Blog, La burbuja de la IA y la economía estadounidense). Coincidiendo con lo informado por la BBC, los datos recabados por Roberts, en 2025 las empresas desarrolladoras de IA han representado el 80% de las ganancias de las acciones estadunidenses, sosteniendo a la economía yanqui por medio de la absorción de capitales de empresas de todo el mundo. En este frenesí que despierta la IA “los extranjeros invirtieron un récord de 290.000 millones de dólares en acciones estadounidenses en el segundo trimestre de 2025 y ahora poseen alrededor del 30% del mercado, la participación más alta en la historia posterior a la Segunda Guerra Mundial” (ídem). 
 Según Roberts la “burbuja” generada por la IA, es 17 veces mayor que las puntocom y cuatro veces a la burbuja de las hipotecas de alto riesgo del 2007. Como comenta Sharma, Estados Unidos se ha convertido en "una gran apuesta por la IA", que vertiginosamente se esparce como una mancha de aceite en el agua por la economía yanqui y mundial. Matt Eagan, gerente de cartera de Loomis Sayles, dijo que los precios altísimos de los activos de las IA sugerían que los inversores estaban apostando por "ganancias de productividad del tipo que nunca antes habíamos visto”, y, según Eagan "es lo primero que podría salir mal".
 Sin las cuantiosas sumas de capital volcados por las tecnológicas, la economía norteamericana habría entrado en recesión durante el 2025. Paradójicamente las grandes inversiones de capital destinado a la construcción y mantenimiento de los datacenter están frenando la economía de EE. UU. Según Roberts, “el 40% del crecimiento del PBI real de EE.UU. el trimestre pasado fue impulsado por el gasto de capital tecnológico y la mayor parte de ese gasto de capital fue en inversiones relacionadas con la IA” (idem). Desde 2022 a la actualidad la infraestructura que sostiene a las IA fue de 400 mil millones de dólares, que se han destinado en gran parte a equipos de procesamiento de información. El economista de Harvard Jason Furman ha señalado “que la inversión en equipos y software de procesamiento de información equivale a solo el 4% del PBI de EE.UU., pero fue responsable del 92% del crecimiento del PBI en la primera mitad de 2025. Si se excluyen estas categorías, la economía estadounidense creció a una tasa anual de solo 0,1% en el primer semestre” (idem). 
 En contrapartida al sector tecnológico, el resto de la economía norteamericana se encuentra estancada. La recesión ha golpeado por segundo año consecutivo a la industria manufacturera. Situación similar se da en el sector de servicios, lo que redunda en el mercado laboral, que en la primera parte del año creció apenas un 0,5%. La franja más golpeada por la recesión económica es la de la juventud, que ve como la desocupación en este sector “ha aumento del 6,6% al 10,5% desde abril de 2023” (idem). Esto no se revierte entre los trabajadores ligados a ocupaciones en las IA, donde se registra una caída relativa en el empleo del 13%. A este cuadro se le adosa la inflación del 3% anual, un punto por encima de lo proyectado por la Reserva Federal, con el consecuente impacto en el poder adquisitivo de los salarios. Los rubros que más han aumentado son los de alimentos y energía. Esta última cuesta un 40% más que cinco años atrás.
 Los aumentos en los precios de la electricidad están apalancados, en una parte importante por el acelerado desarrollo de los datacenter. En el caso de las instalaciones de OpenAI utiliza una cantidad de electricidad comparable al suministro para las ciudades de New York y San Diego juntas. 
 Mientras la política económica del trumpismo, con los aranceles como bandera, hunde a la producción yanqui, “los ingresos operativos de las empresas (excluyendo a las financieras) del Standard & Poor’s 500 (índice bursátil que agrupa a las 500 empresas más grandes de Estados Unidos que cotizan en Bolsa) crecieron un 9% en el trimestre más reciente, en comparación con el año anterior. Los ingresos aumentaron un 7% (antes de la inflación). Pero eso es solo para las principales empresas lideradas por los Siete Magníficos (Nvidia, Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon, Meta Platforms y Tesla). En general, el sector corporativo no financiero de EE.UU. está comenzando a ver desaparecer el crecimiento de las ganancias” (idem) y todo comienza a depender de que los rendimientos de las inversiones en IA no se derrumben. Pero las alarmas comienzan a encenderse ya que las IA están “recurriendo cada vez más a la emisión de capital y deuda”, por el agotamiento de las reservas en efectivo de las empresas del sector. 
 Ante esta situación Roberts augura un fracaso financiero y señala que cuando “estallan las burbujas de inversión financiera, la nueva tecnología no desaparece”, pero se convertirán en capital sobrante que podrán ser “adquiridos a precios bajos.” A su vez este proceso se ve torpedeado desde China con DeepSeek, que ha desarrollado su tecnología sin utilizar los últimos y mejores chips y sofward de Nvidia, y, por ende, no necesitó desembolsar las sumas de capital de las gigantes estadunidenses para desarrollar su modelo de IA. Otra de las ventajas de la tecnología DeepSeek es su carácter de “código abierto”, a diferencia de OpenAI o Gemini de Google, que mantienen bajo siete llaves los códigos con el objetivo de maximizar ganancias.
 Los “señores tecnofeudales” miran de reojo las sanciones impuestas por Trump en su guerra comercial con China, ya que estas no han impedido que avance rápidamente en la carrera tecnológica y de chips. A pesar de los controles de exportación, que vienen de la administración Biden, y que tienen como objetivo que China no acceda a chips más poderosos y a las herramientas para fabricarlos, DeepSeek y otras tecnológicas asiáticas han introducido una cuña en el mercado de la IA, liderado, por ahora, por “las siete magnificas” 
 Las IA en manos de los “señores tecnofeudales” nos presentan una herramienta que sólo busca maximizar ganancias a costa de la fuerza de trabajo y la depredación ambiental. Las IA bajo una propiedad de carácter colectiva y una planificación bajo control de los trabajadores, podría en principio, reducir las horas de trabajo sin afectar el salario, dando paso a un trabajo transformador de las condiciones materiales de vida de todos los oprimidos por el capital, que solo el humano a través de su inteligencia puede alcanzar. 

 Lucas Giannetti 
 23/10/2025

La licitación de la Hidrovía


Ante un gobierno desahuciado y al que le entran todas las balas, Macri quiere quedarse con la licitación de la Hidrovía y que la holandesa Boskalis se quede con parte de la misma. El interés del expresidente y sus socios europeos no es para menos: estamos ante un negocio de aproximadamente 9.000 millones de dólares y en términos estratégicos es fundamental ya que la arteria fluvial es la principal puerta de salida de la producción argentina, especialmente la de granos. 
 Las elecciones se convertirán en una espada de Damocles para Milei y Macri impondrá condiciones para arribar a un gobierno de coalición. Una de ellas es la licitación de la Hidrovía y para condicionar en su favor (y de sus socios) este proceso, Macri quiere a imponer a Milei los nombres de Guillermo Dietrich en la cartera de transporte y a Miguel Etchevehere en la de agricultura, asegurando de esta manera el control de los diferentes entes estatales que intervienen en la licitación. Pero Macri tendrá que lidiar con Santiago Caputo para imponer a sus personeros políticos, ya que este es señalado como el elegido del trumpismo para que encabece, en un futuro muy cercano, la jefatura de Gabinete.
 En febrero de este año un informe de la Procuración de Investigación Administrativa (PIA), denunció el direccionamiento en el pliego de licitación en favor de la empresa belga Jan de Nul, que se quedó con la concesión luego de la privatización de la década del 90 y que caducó hace años. Ante esta situación, el gobierno liberticida terminó postergando la privatización del dragado y balizamiento de la red fluvial del Paraná, que se financian a través del cobro de un peaje, y posibilitar la navegación de los grandes barcos cerealeros que tienen como terminal de llegada y salida los puertos del Gran Rosario. En su momento Santiago Caputo apuntó a Macri por la caída de la licitación. 
 La vía fluvial Paraná-Paraguay conforma una unidad económica, conocida como Cuenca del Plata, conecta puertos de Bolivia, Paraguay, Brasil, Argentina y Uruguay con salida al océano Atlántico a lo largo de 3.400 kilómetros de navegación continua, por la que salen el 80 % de las exportaciones argentinas, por un valor estimado en unos 65.000 millones de dólares. La red fluvial es indispensable para el complejo de los agronegocios y sus principales usuarios son las grandes multinacionales exportadoras de cereales, como Cofco (China), Cargill (EE. UU), Dreyfus (Francia) y Bunge (Países Bajos). 
 Según el portal LPO “El plan de Macri para que Boskalis entre al negocio pese a que le faltan las dragas necesarias, es dividir el río en tres contratos diferentes: así quedaría un tramo para la empresa que empuja junto a la reina Máxima, otro para Jan de Nul y un tercero para la belga Deme, que empujó las denuncias que trabaron la licitación.” Desde las cerealeras le señalaron al gobierno que el modelo de Macri conlleva, por un lado, “riegos operacionales y diluye las responsabilidades” y por el otro, aumenta los costos logísticos, con la consiguiente pérdida de competitividad de la producción argentina. Otro empresario del sector señaló que "la Hidrovía es como una autopista, debe existir un solo dragador que ponga 12 dragas y que compita en precio y calidad con los otros. Al poner tres tramos, lo que hacen es evitar la competencia y cartelizar precios y servicios", cuestionando el plan de Macri para la licitación. (Ídem) 
 Guillermo Francos fue el encargado de contactar a empresarios vinculados de una u otra manera a la licitación de la Hidrovía, y le señalaron que no ven con buenos ojos que, a semanas de presentar los pliegos de licitación, se cambien las reglas de juego. La sensación que tiene los usuarios es que el futuro dependerá de cómo quede políticamente el gobierno tras las elecciones del domingo y la magnitud de las alianzas que necesite con el macrismo para gobernar. 
 En la hoja de ruta presentada por Macri, Boskalis quiere quedarse con la parte del Río de la Plata, en la desembocadura al océano. Jan de Nul, que es la que tiene más dragas, apuntaría a la parte más larga, la del río Paraná. Y luego quedaría el norte que tiene poco interés comercial y económico porque la profundidad es menor y sería más adecuada para una empresa local, no para una multinacional como Deme. (Ídem)
 Mientras Macri pisa el acelerador para apurar los tiempos licitatorios y los empresarios ponen objeciones a los planes del expresidente, lo que prima en el gobierno liberticida son las vacilaciones, ya que en el fondo lo que está en juego es la conformación de un gobierno de coalición a pedido de los Estados Unidos, luego de las elecciones del 26. 

 Lucas Giannetti 
 25/10/2025

La ultraconservadora Takaichi Sanae es la primera ministra de Japón


El 21 de octubre el parlamento japonés eligió a la ultraconsevadora Takaichi Sanae, miembro del Liberal Democratic Party (LDP), como primera ministra de Japón y la convirtió en la primera mujer en ocupar ese cargo en un país que, en cuestiones de género, es uno de los más desiguales del mundo. La designación es paradójica porque Takaichi Sanae es una decisiva luchadora contra los derechos de las mujeres, a las cuales les niega el derecho hasta de conservar sus apellidos de soltera, y se opone a la sucesión femenina de la familia imperial. 
 Su nombramiento se produce luego de que la LDP sufriera pérdidas importantes en elecciones recientes y perdiera la mayoría en la cámara baja, lo que generó que el entonces primer ministro, Shigeru Ishiba, renunciara a su cargo cuando el parlamento lo amenazó con adelantar las elecciones, ya que en Japón era inédito que continuara en el poder con minoría en ambas cámaras. El LDP gobierna desde hace 30 años e Ishiba renunció luego de haber pactado con Donald Trump una reducción de los aranceles a los productos nipones, que quedaron en un 15 %, igual que la Unión Europea. 
 Para poder gobernar, la LDP formó una nueva alianza con el partido de centroderecha Japan Innovation Party (Ishin), y rompió la alianza con Komeito, que es más moderado y antibelicista. Sanseito, el partido del Milei nipón, quedó como cuarta fuerza. Sin embargo, esta coalición todavía no tiene mayoría absoluta en ninguna de las cámaras del parlamento, lo que hará que la gobernabilidad siga siendo complicada. 

 Plan de gobierno 

La primera ministra recién electa se propone reforzar la alianza con Estados Unidos, aumentar el gasto en defensa, flexibilizar restricciones de exportación de armas, revisar el rol de las fuerzas de autodefensa japonesas, atacar a los inmigrantes y ajuste fiscal. Japón vive una recesión técnica desde 2023, con un PBI estancado desde hace décadas -debido en parte a que las inversiones son llevadas hacia el exterior- y mantiene la relación deuda-PIB más alta del mundo, estimada en aproximadamente 260 %. La inflación provocada por la pandemia tomó impulso con la guerra de Ucrania, y la carestía es el motor del descontento social. Los japoneses están sufriendo un nivel de endeudamiento doméstico inédito: el endeudamiento medio de los hogares ha superado los ingresos por primera vez, una situación que afecta de manera más acentuada a los hogares más jóvenes.
 Una posible suba de la tasa de interés para mitigar la devaluación del yuan generaría consecuencias catastróficas para la economía mundial debido al ensamblaje con la economía norteamericana: Japón sigue siendo el mayor tenedor de deuda yanqui. Sanae se perfila como la personera de la fiebre belicista en Japón, la cual precisa aumentar el presupuesto de guerra en detrimento del gasto social, lo que implica seguir tirando nafta al descontento popular. Nada que alivie la crisis política con la que asume el poder. 

 Aldana González
 25/10/2025