jueves, diciembre 26, 2024

Milei-Villarruel: una guerra de carpetazos


Recientes acontecimientos plantean que la crisis entre Milei y Villarruel ha llegado a un punto definitivo de no retorno. Luego de que el presidente planteara la invalidez de la sesión del Senado que votó la expulsión de Eduardo Kueider -presidida por su vice-, Villarruel criticó a Bullrich por la red social X por el secuestro del gendarme argentino en Venezuela, deslizando que habría sido un error habilitar su ingreso a ese país. El gendarme está acusado por el gobierno de Maduro de realizar tareas de espionaje encomendadas por el gobierno argentino, las cuales Villarruel no niega. 
 A esto le siguió una catarata de críticas contra la vice encabezadas por Patricia Bullrich, que según los diarios habría tenido la venia del presidente y del ejército de trolls que trabaja en las redes sociales para el gobierno mileísta. Acusaron a Villarruel de apoyar a Maduro contra Milei. La crisis con el gendarme plantea una división en el gobierno sobre el rol de las Fuerzas Armadas, aunque en todos los casos en estricto alineamiento con la guerra de la OTAN. La vice, no obstante, decidió recular y borró sus posteos en X. 
 Según los diarios, Milei opina que desde hace un tiempo Villarruel se vale de sus frecuentes viajes fuera del país para armar una crisis y boicotear a su gobierno. En el episodio Kueider estaba en juego un voto para los liberticidas, de la mano de un senador que ingresó en la boleta de UxP.
 En el todavía nonato gobierno de Milei, Villarruel, una defensora de genocidas de la última dictadura militar, perfilaba para ocupar el ministerio de Seguridad y Defensa, pero desde aquel entonces entre la camarilla libertaria sospechaban de un armado político paralelo de Villarruel, tejido con el macrismo y sectores del PJ, incluso con el norte puesto en voltear a Milei. Desde ese momento comenzó un pleito político para aislar a la vice y confinarla al Senado. Villarruel encabeza el reclamo para que las Fuerzas Armadas tengan “garantías” judiciales en la intervención en tareas internas del país, quitando al Poder Judicial la potestad de intervenir en ellas, que solo deberían ser ajusticiadas por un “Fuero Militar”. Apoyó a los senadores para que votaran los indignantes “dietazos”. Desde el peronismo “no kirchnerista”, como Berni y Moreno, ya han coqueteado con la vice destacando su pasión por defender a la “patria”, mientras que el papa Bergoglio la recibió con honores en el Vaticano y la llamó a “no bajar los brazos”. Villaruel tiene lazos directos con Santiago Olivera, el diocesano de las Fuerzas Armadas y las fuerzas federales de seguridad. 
 La crisis desnudó otro elemento importante de la diáspora política que caracteriza al gabinete mileísta. Por X, un vocero pesado oficial del gobierno, “el gordo Dan”, insinuó que tendrían dos “carpetazos” contra Villarruel. La vice respondió que estaba ansiosa por saber “en qué hacen inteligencia sobre mí y mi familia”, reconociendo la existencia de estas tareas de espionaje y su alcance. Desde el gobierno denuncian que Villarruel ya tenía su propio espionaje montado, de la mano de Jorge “El Potro” Domínguez, asesor de la vice en el Senado. En 2019, Domínguez desembarcó en la AFI en la Dirección Operacional de Contrainteligencia y fue acusado de hacer espionaje ilegal en causas como en la de Santiago Maldonado y en el intento de golpe en Bolivia.

 Emiliano Fabris 
 23/12/2024

El estatismo de Milei para que las paritarias queden atrás de la inflación


El gobierno ancló los salarios para beneficiar a los capitalistas y sus negocios.

 El gobierno nacional, que acaba de cumplir un año de mandato, se ufana de una supuesta recomposición salarial, sobre la base de una medición unilateral de los salarios y su equivalente actual en dólares, sin embargo el puntapié inicial de la política de Javier Milei ha sido un fuerte ajuste contra los trabajadores, con una devaluación y disparada inflacionaria inicial y luego una política de anclaje de las paritarias para deprimir los salarios y beneficiar a los capitalistas. 
 Según datos recompilados por el Instituto de Estudios y Formación de la CTA, considerando el periodo anual de noviembre del 2023 a igual mes del 2024, tenemos que ante un inflación promedio (IPC) del 166% los gremios más numerosos obtuvieron paritarias por debajo de la misma, implicando un ajuste en los ingresos de los trabajadores.
 Esta depresión salarial ha sido una política de Estado para el gobierno de Javier Milei e incluso también para quienes posan de opositores como el gobernador bonaerense Axel Kicillof. Esto se expresa en que mientras la paritaria estatal nacional retrocedió 19,7% respeto de la inflación, los estatales bonaerenses tuvieron un retroceso de 15,3%. No hay brecha en materia de ajuste contra los trabajadores. 
 Entre los que perdieron con la inflación tenemos a los trabajadores de la Construcción (-5,3%), en un año con desplome de la obra pública y caída de la inversión y con un piso salarial de los más bajos del país, por lo cual el ajuste refuerza una política de ingresos de pobreza. Lo mismo ocurre con los trabajadores de Comercio, con una caída salarial de 8%. Ambos gremios son una referencia de precarización y fraude laboral, utilizados por las patronales para vulnerar convenios y derechos de los trabajadores, con pisos salariales extremadamente bajos. 
 Otros gremios que perdieron con la inflación son Sanidad (-3%.), Textiles (-11,4%), trabajadoras de casas particulares (-20,3%), Prensa (-21,7%) y judiciales nacionales (-23,7%). 
 Para el caso de los gremios que le “empataron” a la inflación, como Camioneros, Smata y UOM, entre otros, se trata de una verdad a medias, debido a que la mayor parte de estos gremios comenzaron la primer parte del año perdiendo contra la inflación y el actual “emparejamiento” es solo un efecto circunstancial ante mediciones interanuales perdidosas. 
 Un caso ilustrativo de esta política antiobrera es el desplome del poder adquisitivo real del salario mínimo, que cayó un 30,1% respecto al IPC, con la complicidad de una burocracia sindical que dejo hacer y deshacer al gobierno, desde donde se impuso una pauta ajustadora. 
 A esto cabe agregarle el congelamiento de los ingresos de más de un millón de trabajadores precarizados de los programas sociales, a los cuales el gobierno nacional sometió a un ajuste de hambre, sumado al vaciamiento de los comedores populares.
 De conjunto tenemos una política deliberada del gobierno nacional e intervenir en la economía –contra el discurso “liberal”- con el propósito de anclar y someter los salarios a una pérdida de su poder adquisitivo, junto con una economía inflacionaria y recesiva, que de conjunto están liquidando las condiciones de vida de los trabajadores. 
 El gobierno ancló y ajustó los salarios mientras habilitó subas indiscriminadas en todos los rubros, al punto que la mayoría de los bienes se pagan más caro en Argentina que en el exterior: una política que solo favorece a los capitalistas, a los cuales además les otorgó garantías excepcionales con la reforma laboral, para despedir y precarizar trabajadores. 
 El de Milei es un gobierno antiobrero y de ajuste contra la población. La tarea de los trabajadores para este 2025 que se viene es sacarse de encima a esta lacra hambreadora y abrir paso a las reivindicaciones y el programa de la clase obrera. 

 Marcelo Mache

Milei licita la Hidrovía a medida de la continuidad del saqueo, el contrabando y el narcotráfico


La licitación favorece a la empresa que estuvo los 30 años de la concesión de la ruta fluvial. 
 Milei no dejó presentarse a la empresa china. 

Mientras Patricia Bullrich pretende mostrarse como la abanderada de la lucha contra el narcotráfico, el gobierno del cual forma parte está a punto de restituirle la concesión de la Hidrovía a la empresa belga Jan de Nul, responsable de haber convertido el río Paraná en una ruta privilegiada para la exportación de cocaína a Europa. 
 Resulta que Milei impulsó una licitación para volver a concesionar las tareas de dragado y balizamiento de la Hidrovía del Paraná, por donde circula el 80% del comercio exterior argentino. La subasta está hecha a la medida de la multinacional Jan de Nul, la cual tuvo a su cargo esa función desde 1995 hasta 2021. Entre otros requisitos restrictivos, se prohíbe la participación de empresas estatales, dejando por fuera automáticamente a la compañía dragadora china, Shanghai Dredging Un experto en “eliminar zurdos” dio una charla en TucumánCo. Un gesto del gobierno para congraciarse con Estados Unidos, que busca limitar la injerencia del gigante asiático en América Latina. 
 De este modo, la ruta fluvial volvería a manos de quienes hicieron de ella un emblema del contrabando de granos y tráfico de drogas. Esto, sin contar que los directores de Jan de Nul, los hermanos Pieter y Dirk, tienen antecedentes de condenas judiciales por coimas en su país. Como vemos, el gobierno que se rasga las vestiduras contra la corrupción, les devuelve el negocio de la Hidrovía a aquellos que la transformaron en un “colador”. 
 Bullrich pretende hacernos creer que está combatiendo el narcotráfico cuando Gendarmería asesina a un pasador de hojas de coca, o cuando encarcela a una pasajero por tener talco en su equipaje; o bien, cuando ella misma hace la pantomima de inaugurar una cárcel en Santa Fe que aún no está habilitada. Sin embargo, exponentes internacionales del crimen organizado como la mafia calabresa (N’drangheta), el Comando Vermelho y el Primer Comando Capital de Brasil, hace décadas vienen utilizando la Hidrovía para trasladar cocaína desde los países productores (Colombia, Perú y Bolivia) hacia Europa y, sobre eso, la ministra no dice nada. Sucede que ningún gobierno capitalista está dispuesto a alterar un negocio de esa magnitud: según los datos de la ONU, por la cuenca del Plata circulan entre 20 mil y 60 mil millones de dólares en cocaína por año. 
 La “contaminación” de contenedores con droga no sería posible sin complicidades en el puerto de origen. Esta práctica se ve favorecida por el esquema de puertos privados emplazados en la ribera del Paraná, muchos de los cuales pertenecen a los monopolios cerealeros que dominan el complejo agroexportador, como Cargill, Cofco y Dreyfus. Jan de Nul, en tanto consorcio encargado de señalizar la vía navegable y cobrar peaje durante casi treinta años, también forma parte de la trama de complicidades alrededor de esta actividad ilícita. Además de haber dado vía libre al permanente contrabando y subfacturación de exportaciones agrícolas, en desmedro de las arcas del Estado. 
 Por otra parte, la empresa belga, ahora favorecida por Milei, es responsable de la emergencia hídrica que azota a la ciudad entrerriana de Victoria. Fruto del dragado excesivo del Río Paraná para la navegación, se fueron depositando sedimentos en el nacimiento de los arroyos afluentes, impidiendo que el agua ingrese a los humedales, y, en este caso, obstruyendo la boca que abastece de agua a la planta potabilizadora de la ciudad. Así las cosas, el control privado de la Hidrovía significa ganancias siderales para los pulpos granarios y los narcos, y penurias para el pueblo. 
 Es necesario poner fin a este esquema de saqueo y narcocriminalidad por medio de la nacionalización bajo control obrero de la Hidrovía del Paraná, de los puertos, de la flota mercante y del comercio exterior en su conjunto.

 Sofía Hart

Un experto en “eliminar zurdos” dio una charla en Tucumán


Fue en el marco de un evento organizado por el staff de La Derecha Diario, medio de comunicación que forma parte del aparato de propaganda del gobierno nacional. 

 Un experto en “eliminar zurdos” dio una charla en Tucumán este sábado en el marco de un evento organizado por el staff de La Derecha Diario, medio de comunicación que forma parte del aparato de propaganda del gobierno de Javier Milei. Se trata de Roberto Félix Álvarez, buchón del Batallón 601 del Ejército bajo la última dictadura militar. 
 “Batalla cultural desde los medios y cómo combatir a los zurdos” fue el título que los organizadores del encuentro colocaron a la exposición en la que Álvarez intervino. En 1978 este personaje fue contratado por el Ejército como “agente de reuniones”, eufemismo utilizado para describir a quienes oficiaban como informantes de los milicos. 
 Álvarez ha sido uno de los 127 agentes que operaron en la provincia que gobernó con mano de hierro Antonio Domingo Bussi, de quien Milei fue asesor estatal en los 90 y cuyo hijo, Ricardo, fue el candidato libertario a gobernador en Tucumán. 
 El Batallón de Inteligencia 601 fue una unidad de inteligencia del Ejército Argentino creada en 1968, cuya actividad adquirió mayor relevancia bajo la dictadura genocida de Videla. Tenía bajo su control a otros organismos de espionaje, y organizaba la actividad de grupos de tareas y el funcionamiento de centros clandestinos de detención, tortura y exterminio. 
 También realizó operaciones en el exterior, por ejemplo asistiendo a terceros en Honduras y Guatemala para entrenar a los Contras nicaragüenses, grupos que fueron financiados por la CIA para derrotar la revolución sandinista. 
 Con el correr de los años ha ido saliendo a la luz que funcionarios de gobiernos “democráticos” o personajes importantes de la política argentina integraron esa célula de espionaje castrense. Por ejemplo, Gerardo Martínez, capo de la Uocra y pieza clave en el engranaje de contención social armado por el gobierno libertario y la CGT, lo hizo.
 En las filas del mileísmo hay varios fanáticos y nostálgicos de la dictadura. La vicepresidenta Victoria Villarruel, que está en plena guerra faccional contra Milei, es quizás el máximo exponente de ello. El presidente, en el debate presidencial del año pasado, llegó a reproducir el discurso negacionista del terrorismo de Estado utilizando los argumentos del genocida Emilio Massera. 
 Los trabajadores tenemos que terminar con esta lacra. 

 Nazareno Suozzi

Uberización: la otra cara de la pulverización salarial y del aumento del empleo informal


El número de conductores activos en la plataforma Uber creció en un 47% durante 2024. 

 La plataforma digital de taxis y remises, DiDi, dio a conocer que entre octubre de 2023 y el mismo mes de 2024 el número de conductores activos en la plataforma creció en un 47%. Esta constituye la muestra más cabal del incremento de la informalidad y la pulverización salarial en el empleo registrado, lo que promueve la uberización.
 En primer lugar, sucede que la pulverización salarial afecta a millones de trabajadores, muchos de los cuales deciden sobre explotarse aún más trabajando horas extras porque su salario bajo convenio no les alcanza para sobrevivir. Tal es así que la pobreza entre los trabajadores ocupados, durante el primer semestre del año, pasó del 18,1% al 27,8% con respecto al semestre anterior, según un estudio privado. 
 Esto es lo que en general explica la mayor parte del incremento de choferes en DiDi: “El 74% de los conductores que eligen manejar con DiDi lo hacen como un hobby o a tiempo parcial/part time, como una forma de generar ganancias adicionales y flexibles”, sostienen desde la plataforma. Vale destacar que todas estas aplicaciones se valen de contrataciones sumamente precarias, sin baño ni atención sanitaria, donde no rige ningún tipo de derecho laboral y donde la super explotación de los choferes es la base del servicio.
 Las políticas de ajuste y recesión del gobierno nacional y de empobrecimiento de la población favorece la proliferación del empleo informal, algo de lo que se valen las patronales para abaratar los costos de la fuerza de trabajo a costa de las condiciones de trabajo y los salarios de los trabajadores, y hace que cada vez más trabajadores se vean en la situación de tener que recurrir a este tipo de empleos precarizados, lo que a su vez presiona sobre los salarios formales. 
 Se estima que la cantidad de personas desocupadas en el segundo trimestre de 2024 fue de 1,7 millones, lo que supone un aumento de 300 mil personas en comparación con el mismo período de 2023. Mientras tanto, los empleados registrados cayeron del 21% al 20,8% durante el primer trimestre del año con respecto al primer trimestre del año anterior. En paralelo, el porcentaje de asalariados informales aumentó del 42% al 43% en el último año, lo que equivale a 132.000 personas, y los trabajadores por cuenta propia se incrementaron del 10,3% al 10,5% (frente al 9,8% de julio-septiembre de 2023). 
 En el caso de las mujeres la situación es aún peor, puesto que son las que acceden a los trabajos más precarizados y peores pagos, y además recae sobre sus espaldas las cargas de familia. Tal es así que seis de cada diez mujeres afirman haberse registrado en DiDi para mejorar sus ingresos y el 64% afirma que son la principal fuente de ingresos en el hogar. A su vez, el 75,5% de las mujeres que se conectan a la plataforma son madres y se sabe que el 83,5% son las responsables de las tareas de cuidado en su hogar.
 Esta es una radiografía del derrumbe del mercado laboral, donde la uberización es la regla. La reforma laboral incluida en la Ley Bases apunta a generalizar esta situación, arremetiendo contra todos los derechos adquiridos, tendiéndole una herramienta a las patronales para impulsar una mayor sobreexplotación. Hay que luchar por empleo genuino y defender los salarios y las condiciones de trabajo. 

 Camila García

lunes, diciembre 23, 2024

“Cometierra” y la putrefacción del Estado capitalista


A raíz de una denuncia penal y con una campaña mediática oscurantista, se reabrió la polémica por el libro “Cometierra” de Dolores Reyes, del año 2019. Mientras esta obra literaria es editada en varios idiomas y reeditada a nivel local, y la autora ya publicó la segunda parte (“Miseria”), sectores políticos retrógrados cuestionan su difusión en las bibliotecas escolares con el argumento de que es pornográfico.
 Junto a esto, no faltan sectores clericales que la atacan por “espiritista”, la acusan de promocionar el sexo entre una menor y un mayor de edad, etc. El colmo de la ridiculez lo efectúan quienes repiten estos argumentos reconociendo que no leyeron el libro y afirmando que no lo leerían (sin sonrojarse).
 Un simple lector del libro podría ver en esta obra varias denuncias al abandono que realiza el Estado a la mujer y a las infancias. En sus primeros capítulos la obra deja en claro que Cometierra –la protagonista de la obra- sufre bullying de sus compañeros luego del femicidio de su madre en manos de su pareja, el padre de Cometierra. Cometierra no recibe ningún tipo de asistencia psicológica (responsabilidad que nace en la escuela y continúa sus canales institucionales). Como bien es conocido en los ámbitos escolares, los equipos de orientación no dan abasto, las infancias no son atendidas en los términos requeridos, y el abandono del Estado en estos aspectos es total. Cometierra abandona la escuela (como lo hacen centenares de miles de alumnos) y queda a cargo de su hermano mayor. En estas líneas, Dolores Reyes (que es docente) denuncia la vulneración en la cual se encuentran las infancias porque el Estado no garantiza recursos, profesionales y presupuesto para atender estas demandas sociales. 
 En una trama de fantasía, Cometierra ayuda a encontrar personas desaparecidas (en un caso logra salvar la vida de una nena), incluso un policía se acerca a pedirle ayuda, con este personaje es con quien ella tiene un vínculo amoroso. La fantasía actúa como escape de una realidad: la complicidad del Estado ante la desaparición de personas, sobre todo de las mujeres a raíz de la prostitución. El negocio de mafias políticas, judiciales y policiales está por encima de la resolución de cualquier delito. 
 El hecho de que Cometierra deba comer tierra (de ahí su título) para acercarse, a través de una visión, hacia la víctima, es una metáfora del recorrido desagradable que nadie quiere hacer en la búsqueda de personas desaparecidas por los intereses económicos que esto afecta. La tierra es el Estado putrefacto que nadie quiere tocar y las víctimas deben digerir si quieren llegar a algo. Incluso en una parte del libro Cometierra cuenta, confiesa al lector que está cansada de comer tierra. En una entrevista, Dolores Reyes cuenta que su infancia fue ver a Madres de Plaza de Mayo buscando a sus hijos en la tierra.
 El libro se narra en un lenguaje barrial y juvenil de estas épocas, cuenta vivencias cotidianas y sí, tiene escenas de sexo, tan explícitas como infinidad de libros, películas, series. Pero no es pornografía, esa industria millonaria a la cual sí tienen acceso todas las infancias mediante internet y tantas plataformas donde deambulan pedófilos como el ahora exdiputado Germán Kiczka de La Libertad Avanza; la misma pornografía que recomienda el legislador oficialista Ramiro Marra como sustituto de la ESI. Tampoco hay en “Cometierra” la misoginia o la cosificación de la mujer y los cuerpos que instalan los canales de aire e infinidad de plataformas. 
 Dolores Reyes escribe esta historia al calor del Ni Una Menos. Ella cuenta que buscó que no fuera un panfleto de las marchas que ella protagonizó. No se va de su barrio porque dejaría de ver esos rostros en fotocopia de chicas desaparecidas que la inspiraron y tomaron voz en su obra. 
 “Cometierra” está por llegar a la pantalla y ya se publicó su segunda parte. La ridiculez de sus detractores no es ingenua, es la defensa de un Estado putrefacto lo que mueve al ataque a una literatura que da voz a las víctimas, que invita a la reflexión de problemas tan serios de la época. "Cometierra” confirma que el Estado es responsable. 

Juan Carlos Moya

domingo, diciembre 22, 2024

La crisis y la desindustrialización de Europa


Grandes fábricas cierran plantas en Alemania, obreros de Volkswagen comienzan huelgas 

 Una ola de recortes de empleos industriales está sucediendo en importantes empresas de Alemania. Dos principales razones se encuentran entre sus causas. La primera: el incremento de los precios de la energía desde la interrupción del suministro desde Rusia del gasoducto Nordstream1. La segunda: la competencia que enfrenta la industria automotriz por la importación desde China, que está teniendo un impacto en las ventas de las principales fábricas alemanas, de Francia, España, etc. 
 A esto se suma el estancamiento de la economía de toda Europa, con una caída de la demanda. Luego del repunte del producto bruto al finalizar la pandemia, cayó en 2022 (-2,53) y 2023 (-3,03). Alemania ha sido uno de los miembros de la Unión Europea más afectado, por contar con fabricas de uso de energía intensiva (acerías, automotrices, químicas) y por el ingreso de automotores desde China. 

 Cierre de plantas industriales 

 Los empleados de Volkswagen, el mayor fabricante de automóviles de Europa, se han enfrentado a los planes de la empresa de recortar salarios, despedir trabajadores y cerrar varias plantas por primera vez en Alemania, una novedad en sus 87 años de historia. 
 Otras grandes empresas también han anunciado pérdidas de empleos planificadas, entre ellas 11.000 en la siderúrgica Thyssenkrupp, 3.800 en Bosch, el mayor fabricante de autopartes del mundo, 2.800 en su rival Schaeffler, y 2.900 en Ford. BASF, la mayor empresa química de Alemania, cerrará 11 plantas y despedirá 300 empleados.

 La industria automotriz, entre las más afectadas 

 No es el único fabricante de automóviles europeo que está considerando una reducción de la producción y cierre de plantas. Stellantis, propietaria de Opel, Fiat y Peugeot en Europa, está bajo intensa presión de los políticos y sindicatos italianos para mantener en funcionamiento su fábrica más antigua de Fiat en Turín a pesar de la caída de las ventas. 
 Las líneas de montaje en Francia ya se están trasladando a lugares con costes más bajos, como Marruecos y Turquía. A principios de este mes, varios cientos de trabajadores franceses, incluidos los de proveedores como Bosch, protestaron frente al Salón del Automóvil de París (Financial Times, 29/10).
 La industria automovilística europea, que emplea a casi 14 millones de personas y representa el 7% del Producto Bruto de la Unión Europea (UE), se enfrenta a una tormenta perfecta. La demanda de automóviles está cayendo en el país y en el extranjero, mientras que los fabricantes de automóviles están atravesando una arriesgada y costosa transición de varios años desde los motores de combustión a la propulsión eléctrica. 

 Comenzaron las huelgas en Volkswagen 

 Volkswagen ha exigido un recorte salarial del 10%, una congelación salarial de dos años en 2025 y 2026 y anular varios bonos que reducirán aún más el salario. El argumento es que necesita recortar costes y aumentar las ganancias para defender su cuota de mercado.
 El Grupo Volkswagen es uno de los mayores empleadores del mundo. Durante 2023 contaba con 675.805 trabajadores, incluidas las empresas chinas. De ese total 290 mil están empleados en las diversas plantas de Alemania. 
 Los trabajadores iniciaron huelgas con la participación de casi 100.000 trabajadores de 10 plantas. El lunes 9 de diciembre, por segunda vez este mes, nueve plantas del gigante automovilístico Volkswagen han cerrado por huelgas y movilizaciones de sus trabajadores. A inicios de diciembre finalizó un acuerdo del sindicato (IG Metall) y la empresa de no realizar huelgas, lo que permitió a los trabajadores comenzar concentraciones y huelgas parciales en todas las plantas alemanas de VW AG.

 ¿Los aranceles de Trump podrían empujar a la UE a una recesión?

 Al impacto de la suba de la energía y la competencia de los automóviles procedentes de China, se suman las amenazas de Donald Trump de aumentar los aranceles estadounidenses al 60% sobre las importaciones procedentes de China y al 10% o 20% sobre las importaciones procedentes de otros socios comerciales, incluida la UE. 
 Un arancel general del 10% o 20% a las importaciones provenientes de Europa haría más costoso para las empresas estadounidenses importar bienes de la UE, lo que significa que las exportaciones de la UE a través del Atlántico podrían caer hasta un tercio en algunos sectores, según las estimaciones económicas más radicales (Euronews, 25/10). Hay coincidencias entre los economistas que esos aranceles asestarían un golpe devastador a la economía europea.
 El año pasado, sectores como maquinaria, vehículos y productos químicos, que juntos representaron el 68% de las exportaciones de la UE a Estados Unidos, serían los más afectados.
 Según las estimaciones de Goldman Sachs, un arancel generalizado del 10% reduciría el PBI de la eurozona entre un 1% y 1,5% en los próximos años. Un escenario de este tipo llevaría a la economía, que ya está bajo presión, al borde de una recesión. 
 Los aranceles pueden reducir el crecimiento de Alemania en el 1,6% del PBI, mientras que el impacto en otras economías importantes como España sería considerablemente menor, del 0,5%. 

 La crisis política en Alemania y Francia

 Este fenómeno ha llevado al colapso del gobierno alemán y la necesidad de convocatoria de nuevas elecciones el 23 de febrero del año próximo. En el corto plazo, es probable que este colapso afecte la confianza y frene las inversiones y el consumo. 
 Un banco europeo (ING) pronostica que “Alemania sufrirá una recesión técnica durante el invierno… las perspectivas de crecimiento de Alemania dependerán en gran medida de la capacidad del nuevo gobierno para fortalecer la economía nacional en medio de una posible guerra comercial y de políticas industriales aún más estrictas en Estados Unidos”.
 En Francia, el fracaso del gobierno de Emmanuel Macron en la aprobación del presupuesto nacional hizo caer a su primer ministro. Esta es la segunda gran crisis política que Francia ha afrontado en los últimos seis meses. En junio, el presidente francés convocó a elecciones anticipadas, que terminaron en la conformación de un parlamento en el que ningún partido obtuvo mayoría absoluta, y llevó al nombramiento de Michel Barnier. Ahora el Parlamento francés aprobó una medida de censura con 331 votos, lo que llevó a que aquél renuncie. Es la primera moción de censura exitosa en Francia en más de 60 años y convirtió al gobierno de tres meses de Barnier en el de más corta duración en la historia de la Quinta República francesa.
 Las nuevas elecciones en Alemania tendrán un impacto decisivo en la Unión Europea (UE), ya que el resultado electoral tiene un impacto muy fuerte en la política nacional de los Estados miembro y también en la futura composición del Parlamento Europeo. También tiene un efecto en las políticas de cierre de fronteras a la inmigración y las alianzas. La crisis capitalista en curso incentiva las rivalidades al interior del bloque y las tendencias a la disgregación de la UE. 

 Los gastos para guerra aumentan las dificultades presupuestarias 

 Desde el inicio de la guerra en Ucrania los miembros de la Otan asistieron a Kiev con armamento. El reabastecimiento permanente del mismo impulsa la necesidad de aumentar los presupuestos destinados al armamentismo.
 La victoria de Trump ha reactivado el debate sobre los gastos de defensa de los miembros europeos de la Otan. En recientes declaraciones, el magnate afirmó que los miembros de la Otan en Europa “se aprovechan de Estados Unidos”. “En primer lugar, se aprovechan de nosotros en el comercio, es decir, las naciones europeas: no se llevan nuestros coches, no se llevan nuestros productos alimenticios, no se llevan nada. Es una vergüenza”, dijo Trump. “Y, además, los defendemos, así que es un doble golpe”. (Newsweek, 8/12).
 La presión de Trump sobre los países europeos impulsa una reorganización de los presupuestos nacionales para destinar mayor gasto a defensa, sumando carga a los déficits presupuestarios y la necesidad de mayor endeudamiento. Una agencia de calificación (Moodys) ha degradado la deuda de Francia, ante la previsión de que no va a reducir el déficit. “Actualmente, la probabilidad de que el próximo gobierno reduzca de manera sostenible el tamaño de los déficits fiscales más allá del próximo año es muy baja. Como resultado, prevemos que las finanzas públicas de Francia serán sustancialmente más débiles durante los próximos tres años en comparación con nuestro escenario base de octubre de 2024”, señaló la agencia. 
 La caída de la actividad económica en Alemania ha reducido los ingresos fiscales y se debate la necesidad de aumento de la deuda, para ello se necesita un debate parlamentario para modificar leyes que impiden un mayor endeudamiento. 

 Europa va hacia una economía de guerra 

 El nuevo secretario general de la Otan, Mark Rutte, fue claro acerca de la necesidad de un aumento en los presupuestos militares luego de los informes de que la Otan establecerá un nuevo objetivo de gasto del 3 por ciento del PBI para 2030. La promesa actual de la alianza —cumplida por todos los miembros excepto ocho— es gastar al menos el 2 por ciento del PBI en defensa.
 “Es hora de adoptar una mentalidad de guerra”, afirmó Rutte. “Y de potenciar nuestra producción y gasto en defensa”. Y, para eso, propone militarizar la economía. “Rutte está a favor de alentar a los bancos y los fondos de pensiones a invertir en empresas de defensa y también de reescribir las reglas sobre los acuerdos militares para que los contratos sean más fáciles de completar” (Politico, 12/12).
 En el estancamiento y la declinación económica, Europa impulsa mayor gasto en armamento como salida a su retroceso económico, sumándose al belicismo que impulsa Estados Unidos. 
 Los trabajadores tienen una sola alternativa, la de impulsar la lucha por impedir los cierres y levantar sus reivindicaciones. El imperialismo europeo de las Volkswagen, Stellantis y otras no ofrecen ninguna salida para los trabajadores. 
 Arriba la lucha de los trabajadores de Volkswagen, la salida para los trabajadores es confiar en sus fuerzas para imponer las reivindicaciones obreras. Es el primer paso para frenar el desarrollo belicista de Europa.

 Sergio Rivero
 15 de diciembre

¿Somos menos pobres?


Un informe del Ministerio de Capital Humano aseguró que en el tercer trimestre del año la pobreza cayó hasta 38,9%. 

 Un informe del Ministerio de Capital Humano aseguró que en el tercer trimestre del año la pobreza cayó hasta 38,9%, lo que fue atribuido a la desaceleración de la inflación y al refuerzo de algunos programas sociales como la Asignación Universal por Hijo (AUH). Asimismo, establece que la indigencia se ubicó durante este período en 8,6%, después de haber registrado 20,2% en el primer trimestre y 16% en el segundo. 
 La fórmula utilizada para medir dichos índices tiene como base el IPC de los artículos que conforman la canasta básica total y la canasta básica alimentaria. Es que el rubro Alimentos manifiesta una tendencia de precios por debajo de la inflación general, después de haber tenido aumentos siderales a fin del año pasado y en un cuadro de caída en el consumo. Esto quiere decir que la canasta de pobreza subestima el peso de los tarifazos, boletazos y naftazos, además de que deja afuera los gastos de vivienda y por eso no registra los fuertes incrementos en los alquileres; son justamente los rubros que más aumentaron en la era Milei. Entonces, ¿somos menos pobres o bajó la pobreza? 
 Más allá de los números, hay una realidad y es que el trabajador promedio argentino no ve aliviado su bolsillo. Esto sucede porque, si bien los rubros que se contabilizan dentro de la canasta de pobreza variaron por debajo de la inflación, hay una cantidad de costos que son elementales y básicos para la vida como un hogar, como luz agua, sin lo cual nadie vive, que no son contabilizados en la fórmula. 
 Entre noviembre 2023 y noviembre 2024, la inflación en el rubro Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles casi duplicó el índice general, alcanzando 276,4%. Un resultado de los incrementos autorizados por el gobierno al servicio del enriquecimiento de un puñado de capitalistas del sector hidrocarburífero, de la medicina privada, del negocio inmobiliario y de las telecomunicaciones, en perjuicio de las mayorías.
 Esto explica que el descenso de la inflación que festeja el gobierno no haya aliviado en absoluto el bolsillo popular. Por el contrario, generó que las familias trabajadoras tuvieran que privarse de consumir productos de primera necesidad, lo que hizo que disminuyera la inflación en el rubro Alimentos. Solo en el mes de octubre las ventas de los productos de la canasta básica -alimentos, bebidas, artículos de tocador y limpieza- registraron una baja inédita del 22,3% medida en unidades, la cual supera incluso a la de marzo de 2021, registrada en plena pandemia. 
 Este es el motivo por el cual el poder adquisitivo del salario no se ha recuperado del shock inflacionario posterior a la megadevaluación de diciembre 2023, fruto de los aumentos salariales a la baja y la extensión del trabajo informal, donde la remuneración es menor. Tal es así, que la pobreza entre los trabajadores ocupados pasó del 18,1% al 27,8% con respecto al semestre anterior, según un estudio privado.
 Sin embargo, Milei reivindicó en cadena nacional que su gobierno habría procedido a una recuperación del poder adquisitivo de los salarios, señalando que el promedio de los salarios formales (Ripte) se encontraría alrededor de los 1.100 dólares, duplicando su valor nominal en moneda extranjera respecto a noviembre del 2023, en un país con inflación en dólares, que es más caro que Europa o Estados Unidos, y donde se paga el “agua” más cara de América Latina. Toda la política del gobierno se sostiene sobre la base de la licuación salarial, con salarios pisados que se encuentran devaluados en relación al costo de vida. 
 Por lo demás, el gobierno dice que el incremento en la AUH y la Tarjeta Alimentar fueron el factor de recomposición de los ingresos de los más pobres que explica el descenso de la indigencia, algo supuestamente impulsado por la eliminación de las “organizaciones intermediarias”. En realidad, es más lo que se ahorró el gobierno con la licuación del Potenciar Trabajo y los miles y miles de beneficiarios que fueron dados de baja. Con este discurso justifican el desabastecimiento a los comedores populares y la persecución a las organizaciones piqueteras, de los cuales depende el plato de comida de miles de niños en los barrios, una asistencia fundamental que no se cuantifica en los índices de pobreza. 
 Vale también desenmascarar la mentira del gobierno, que llegó a afirmar que la suma de la AUH y la Prestación Alimentar alcanzó bajo su mandato el 99% de la CBA, cuando un grupo familiar con dos hijos cubre solo el 60% de la misma. El único objetivo del gobierno es terminar con la organización de los más pobres que luchan contra su política de hambre.
 La gestión libertaria no hace más que falsear la realidad para intentar sostener que todos los golpes que le dan a la población tienen algún resultado. El único resultado es que en el transcurso de un año ha hundido en la pobreza y en la indigencia a amplios sectores de la población para beneficiar a un puñado de capitalistas, y, como si fuera poco, promete profundizar la motosierra y las reformas antiobreras, agravando la masacre social. Esto da la pauta de que el año que viene va ser incluso peor para los trabajadores y sus condiciones de vida, la única forma de evitarlo es terminando con el gobierno y su plan de miseria. Se tiene que ir. 

 Camila García

Afip: sigue en marcha la ofensiva del gobierno


Necesitamos una respuesta contundente.

 Los anuncios del vocero Adorni en octubre planteando el despido de 3.155 trabajadores y la disolución de la Afip para crear el Arca (Agencia de Recaudación y Control Aduanero) desataron una etapa de asambleas, paros progresivos que incluyeron la convocatoria a importantes movilizaciones y el anuncio de un paro general de 24 horas para el 30 de octubre -que fue suspendido por una conciliación obligatoria dictada por el gobierno. 
 Ante semejante demostración de fuerza, la decisión de dictar la conciliación obligatoria tuvo el objetivo de obturar el plan de lucha que se venía desarrollando con una enorme participación, apoyo y empuje de la base del gremio. Por ese motivo, los plazos de la “conciliación” se fueron estirando con prórrogas y sucesivas reuniones que ocuparon prácticamente todo el mes de noviembre, enfriando la situación y logrando estirar la implementación de las medidas anunciadas por Adorni. 
 La postura del gobierno era y sigue siendo avanzar con un ajuste para quebrar conquistas históricas de los trabajadores de la Afip, como la estabilidad laboral, el poder adquisitivo de los salarios que han perdido por lo menos un 50% el último año, y la reducción del fondo de jerarquización, atado a una recaudación que también viene en baja producto de la recesión. Otra novedad de importancia fue la remoción de la anterior administradora, Misrahi, quien fuera desplazada por el designado Juan Pazo, quien apenas asumió anunció una reducción de su Fondo de Jerarquización en un 80%, una condición que le impuso Milei y una señal de que viene por un recorte del Fondo para el conjunto del personal.
 Las conducciones de los sindicatos (Aefip y Supara), en instancias de negociación, se opusieron a los despidos y al avance sobre el convenio vigente, aunque sin lograr ningún tipo de compromiso de parte de la patronal. Los trabajadores de Arca salieron de la conciliación obligatoria desmovilizados y sin un plan de lucha, a pesar de que el gobierno envió telegramas de despidos a 14 trabajadores contratados, avanzó con 1.500 jubilaciones forzadas y ratificó en todas las audiencias que continuará su plan de ajuste. Las direcciones gremiales de Aefip y Supara solo mantienen un“ estado de alerta” y prometen acciones inmediatas en caso de producirse alguna medida en contra de los trabajadores. 
 En estos momentos, frente a los días de festejos por las fiestas y las vacaciones, hay una tensa calma que antecede el huracán, que tiene un plazo estipulado por el decreto para la reestructuración del Arca que vence el 22 de enero.
 Mientras el gobierno transita una crisis política por el control de los negocios y la sensible información que se maneja en la Arca (Caputo vs Caputo), y siguen los planes para implementar la motosierra que avalan ambas facciones, las direcciones sindicales se autoconvencen de que sería mejor “no hacer olas” y por lo tanto no preparan el terreno de una lucha inevitable. Supara, alineado incondicional a la CGT, y Aefip, al el “sector” de Pablo Moyano -que renunció a su cargo pero sin plantear alternativa alguna-, hacen propia esa línea derrotista frente a las posibilidades de enfrentar los ataques en curso y por venir, y se dedican a negociar con el gobierno. 
 Por todo eso, es fundamental impulsar desde cada lugar de trabajo una amplia deliberación, reuniones y asambleas para que los trabajadores de Aduana, DGI y Seguridad Social mantengamos la estrategia de actuar conjuntamente para poner en marcha un plan de lucha progresivo. Por ningún despido. Defensa de la estabilidad laboral y el Convenio Colectivo de Trabajo. Recomposición salarial y actualización por inflación. Como ya se demostró, golpear unidos y con un solo puño es la única forma de frenar la embestida del gobierno. Por una Asamblea general de Aefip y Supara que muestre unidad y una guardia bien alta para la lucha. 
 Este viernes 20 de diciembre, a 23 años de las jornadas de lucha del 2001, ante el abandono de cualquier lucha contra este gobierno antiobrero por parte de las centrales sindicales, un conjunto de organizaciones combativas, piqueteras y de izquierda se movilizará desde las 16:00 horas en Plaza de Mayo. Allí estarán también los sectores más conscientes y luchadores de la exAfip. 

 Prensa Obrera

sábado, diciembre 21, 2024

Siria, el buen yihadista y la prensa de la OTAN

Acto a 23 años del 20 de diciembre / Lectura de documento de las organizaciones convocantes

El Gobierno decreta la intervención de las Fuerzas Armadas en la seguridad interior


Milei firmó un decreto junto con los ministros Luis Petri, de Defensa, y Patricia Bullrich, de Seguridad, que plantea la “cooperación interinstitucional”, según la cual el Ministerio de Seguridad puede solicitar el apoyo, no sólo de las policías provinciales y de CABA, sino de las Fuerzas Armadas, para la protección de “Objetivos de valor estratégico”, que serían instalaciones de valor vital para el Estado. Este mismo decreto le permite a Milei definir cuáles son las instalaciones o los bienes a proteger. 
 Lo más relevante de esta medida es que habilita la acción de las Fuerzas Armadas en la represión interna. 
 El decreto plantea: “Las amenazas y agresiones pueden proceder de fuerzas, organismos, organizaciones o actores estatales, paraestatales o criminales de origen transfronterizo o nacional, durante períodos de paz, de guerra o conflicto armado y en situaciones de conmoción interior”. Al agregar “paraestatales o criminales”, se modifica la norma que hasta ahora sólo habilitaba a las Fuerzas Armadas a actuar en caso de amenaza de “actores estatales”, es decir, de los Estados de otros países. Ahora pueden actuar contra cualquier organización que el gobierno califique de criminal o terrorista.
 Consciente de que ni la motosierra ni la licuadora son inocuas en una paciencia popular que no va a durar para siempre, el gobierno se prepara para la represión con todos los cartuchos y sin rodeos.
 Bullrich viene instalando esto desde que asumió -el último intento había sido la crisis con los narcos en Santa Fe, a la que respondió con el envío de tropas federales y militares-. Pero justamente, la principal resistencia provenía de las mismas Fuerzas Armadas que no estaban dispuestas a correr el riesgo de nuevas acusaciones y juicios sin garantías. 
 La visita de los diputados al pabellón penitenciario donde se alojan los genocidas era parte del entramado para lograr la domiciliaria para todos los represores, por un lado, pero también del propósito de devolverles a los militares mayor capacidad operativa y protagonismo político. El repudio general que generó “la visita” obturó la maniobra, al menos momentáneamente. Apenas asumió, Milei promovió un recambio en las cúpulas, pero los mandos medios siguieron renuentes a reprimir sin garantías de impunidad. 
 Es claro que el único delito que se proponen ´perseguir´ es el de las luchas sociales. 
 Patricia Bullrich ha intentado emparentar las movilizaciones populares con el terrorismo de manera recurrente, desde el Gobierno de Macri a esta parte. A los detenidos por la movilización contra la Ley Bases les quiso endilgar “sedición” y después fabuló sobre grupos terroristas en la Triple Frontera y en Chile que le valieron diversos conflictos diplomáticos. El gobierno viene de lograr terminar con el Ministerio de Derechos Humanos y todos los programas con los que estaba vinculado. El gobierno apoya estratétgicamente a la guerra de la OTAN y el sionismo, y pretende instalar un régimen acorde. Los ´demócratas´ del Congreso han agachado la cabeza frente a este atropello. 
 Como en su momento el 2x1 a los genocidas, la intervención de los militares en la represión interior bien merece una respuesta popular.

 Aldana González 
 20/12/2024

Plan Güemes Capítulo I: Asesinato y pueblada


La militarización de la frontera de Salta con Bolivia llevada adelante por Patricia Bullrich y Gustavo Sáenz, en nombre del combate al narcotráfico, ya se cobró la vida de un trabajador precarizado, Fernando Gómez de 27 años, pasador de hojas de coca desde Bermejo (Bolivia) a Salta. 
 Fue un proyectil de Gendarmería lo que perforó el pecho de Fernando, y lo dejó tirado en la zona de la isla, un gran lecho de río entre el paso del Bermejo y el puesto 28 de Gendarmería. En la brutal represión de las fuerzas federales, en la madrugada del miércoles, decenas de trabajadores fueron heridos de gravedad, uno de ellos debió ser trasladado y lucha por su vida. 
 El asesinato de Fernando a manos de la Gendarmería Nacional produjo una pueblada de los vecinos de Aguas Blancas, como primera reacción contra el accionar criminal de las fuerzas federales que, además, retuvieron durante horas su cuerpo. De inmediato los bagayeros montaron un corte sobre Ruta 50 que bloqueó el acceso a la ciudad de Orán. Para aplacar la reacción popular, la orden sobre las fuerzas federales fue desatar una razia sobre los barrios de Aguas Blancas. Con palos, piedras y chapas como escudos, todo el pueblo hizo retroceder a la Gendarmería que a las 22:30 del miércoles, bajo una tormenta torrencial, ya había agotado su cargamento de municiones. Los trabajadores habían logrado recuperar el cuerpo de Fernando, quién fue velado por su familia entre una multitud de vecinos, en una vivienda de palos, lonas, maderas y piso de tierra en la que, hasta el martes, convivían 12 personas. 
 El jueves el entierro de Fernando fue acompañado por una caravana multitudinaria de vecinos de Aguas Blancas y de Orán, para acompañar a la familia y exigir que se condene a los responsables del asesinato. A pesar de los esfuerzos de Sáenz, el intendente de Orán y el Interventor de Aguas Blancas, de justificar el asesinato, en nombre de combatir el narcotráfico, el pueblo del departamento sabe que no es así. El bagayeo en Orán alimenta a un flujo comercial objetivo, que abastece a todas las provincias del norte incluida La Rioja. Representa un mecanismo extremadamente precario de sustento de familias enteras con consecuencias trágicas para los trabajadores que más de una vez ponen en riesgo su vida para cruzar la frontera. El cuadro de miseria social y pobreza, los despidos y la destrucción de los puestos de trabajo en toda la región, sostenido por Romero, Urtubey y profundizado con Sáenz y Milei, arroja a miles de familias a sobrevivir en estas condiciones y en el peor de los casos, las arroja a las garras de los grupos narco. 
 El negocio del narcotráfico opera en el norte provincial y ha crecido a los ojos de todos los gobiernos. En 2022 según declaraciones de Sergio Berni, en el AMBA, el flujo económico del narcotráfico era de entre 3 y 4 millones de dólares por día. En Salta ese negocio se ha inficionado en las fuerzas de seguridad, el poder político y la justicia desde hace años. Los narcos no acusan recibo del Plan Güemes, en cambio, fueron beneficiados por Milei con el blanqueo de capitales y la reserva de identidad de los blanqueadores. El Plan Güemes viene a regimentar a los trabajadores más explotados y empobrecidos y a liberar las zonas para el reguero de los negocios más descompuestos de este régimen como la trata y el narcotráfico. 
 La pueblada en Aguas Blancas y el inmenso repudio popular que produjo el asesinato de Fernando Gómez, sin embargo, hizo retroceder al Gobierno. Sáenz y Bullrich saben que aún no han reunido las condiciones para imponerse a fondo en la regimentación popular y están tratando de darse tiempo. La frontera que se está forjando ahora es de sangre, entre los explotados y el régimen político que avala el hambre y los negocios del narcotráfico; esa frontera se desarrolla sobre la base de la experiencia de los propios trabajadores. El plan Güemes tendrá nuevos episodios de crisis; los responsables son políticos, tienen nombre y apellido.
 Justicia por Fernando Gómez, abajo la militarización de la frontera. 

 Violeta Gil
 20/12/2024

Luis Emilio Recabarren: a 100 años de su muerte


El 19 de diciembre se cumplieron 100 años de la muerte de Luis Emilio Recabarren, considerado “el padre del movimiento obrero chileno”. Su figura, sin embargo, trascendió ampliamente las fronteras nacionales. Fue uno de los tres grandes líderes marxistas que conoció América Latina a principios del siglo XX, junto con el peruano José Carlos Mariátegui y el cubano Julio Antonio Mella. Su participación en la fundación del Partido Obrero Socialista de Chile fue un acontecimiento vital en la historia del movimiento obrero del país. Más que eso, Recabarren se destacó como un importante propagandista, participó en los debates políticos cruciales de las direcciones obreras del momento, impulsando la ruptura con los partidos de la burguesía, participando de la fundación del Partido Comunista alineado a la Internacional de Lenin y Trotsky e ingresando al Parlamento como primer diputado socialista. 
 Nacido en Valparaíso en 1876, Recabarren inició su militancia en el Partido Demócrata (un partido de la burguesía liberal), aunque manteniendo siempre un estrecho contacto con la clase obrera (inició en 1903 una frenética actividad de charlas y conferencias por salitreras y otras concentraciones de trabajadores, cuya fecundidad lo llevó a ganarse el mote de “padre del movimiento obrero”); fundó y colaboró con diferentes periódicos obreros, desde donde entabló encarnizadas polémicas (por ejemplo, con el célebre anarquista chileno Alejandro Escobar y Carvallo); fue elegido diputado por Antofagasta en 1906 pero no fue admitido en la Cámara al negarse a “jurar por Dios”; fue sometido a juicio debido a su participación en movimientos huelguísticos, por lo que abandonaría el país en la clandestinidad; iniciaría entonces un exilio de dos años, estableciéndose primero en Argentina y viajando desde allí a Europa, donde tomaría contacto con los principales líderes socialistas, participando a la vez en una reunión de la Internacional Socialista donde se admitió el ingreso de un “Partido Socialdemócrata Chileno”; fue detenido y obligado a cumplir parte de la sentencia a su regreso a Chile en 1908 mientras ofrecía una serie de conferencias sobre el movimiento obrero en Europa. Recabarren se distinguirá por por su empecinada labor propagandística del socialismo dentro del movimiento obrero.

 La fundación del Partido Obrero Socialista 

 En 1912 se produce un acontecimiento que marcará un hito en la historia del movimiento obrero latinoamericano. Durante las elecciones legislativas en Iquique, en las que el Partido Demócrata sufre una derrota y no logra renovar su banca, Recabarren logra de todas maneras superar por 8 a 1 al candidato moderado de los demócratas, el diputado saliente Pedro Segundo Araya. Este apoyo popular de la base obrera de su partido, junto a la actitud hostil hacia él de parte de la dirección demócrata, lo precipitan hacia la ruptura de la organización y a la fundación del Partido Obrero Socialista de Chile. Fue apoyado por el que sería uno de los periódicos obreros más importantes de la historia de la clase obrera chilena, “El despertar de los trabajadores”. Desde entonces, la actividad de Recabarren se torna febril: establece contacto con otros grupos que rompen con el Partido Demócrata, funda cooperativas de trabajo, crea nuevos periódicos obreros, ofrece innumerables charlas y conferencias, escribe numerosos artículos, participa activamente de huelgas y acciones de lucha obreras y realiza giras de difusión del programa de POS. 
 Entre 1916 y 1918 Recabarren residirá en Buenos Aires, donde entablará polémicas con las diversas corrientes del movimiento obrero. Combatió, primero, las posiciones “apolíticas” que profesaban algunas corrientes sindicales (FORA IX). Sostuvo que “la permanente declaración de los sindicatos para no preocuparse de asuntos políticos, la que declara que al sindicato deben venir los obreros a defender sus intereses económicos, sin diferencia de ideas políticas, quiere decir claramente que cada obrero, conservando sus afecciones políticas a los partidos de la clase burguesa y capitalista o sin rumbos al respecto, se refugia en el sindicato solo para ‘mejorar’ sus condiciones económicas”, lo cual “es el más grave de los errores”, ya que “el único tipo de sindicato capaz de ‘socializar’ los instrumentos de trabajo y la sociedad toda” es “el sindicato político y cooperativo”, viendo al sindicato como una instancia preparatoria y formadora de “un mundo superior de vida”. Recabarren defendía al “cooperativismo” como parte integrante de su estrategia socialista: “nuestro mundo colectivo o comunista, decía, debemos construirlo al margen del mundo capitalista, para demostrar sus ventajas y atraer a nuestro lado a los convencidos de su superioridad, sin perder tiempo en querer destruir primero ese mundo para construir sobre sus despojos el nuestro”. La I° Guerra Mundial La posición a adoptar frente a la Primera Guerra Mundial abrió una polémica con la dirección del Partido Socialista Argentino. Para los dirigentes de este partido, en la guerra “estaba en juego la suerte de la democracia” y el grupo parlamentario del partido lanzó una declaración en la que llamaba al gobierno a alinearse con el bando aliado. Recabarren defendió entonces una línea “pacifista”, pensada ésta como una postura de neutralidad y no alineación del país con ninguno de los bandos en disputa. Pero la Revolución de Octubre de 1917 iba a impactar de lleno en el pensamiento del dirigente chileno. En diciembre de ese año Recabarren publica en el periódico “Adelante” de Talcahuano una serie de artículos titulados “La Rusia Revolucionaria librando al mundo de la guerra”, a contramano de dirigentes socialistas que hablaban de los bolcheviques “vendidos al oro alemán”. Recabarren definió entonces a Rusia como “la antorcha del mundo”.
 En sintonía con esto, se formó en Buenos Aires el “Comité de Defensa de la Resolución del Tercer Congreso Socialista” con el fin de reagrupar a toda la militancia socialista disconforme con los “rumbos chauvinistas y guerreros” del Comité Nacional del PS, que pasaría luego a fundar el Partido Socialista Internacional, el cual adoptaría dos años después el nombre de Partido Comunista Argentino, alineado con la III Internacional de Lenin y Trotsky. Entre los firmantes de su acta fundacional figura Luis Emilio Recabarren. 
 De regreso a Chile, Recabarren se abocará a la propagación de la Federación Obrera Chilena (FOCH), de la cual logrará abrir seccionales en diferentes puntos del país. A finales de 1919 se realizará la famosa III Convención Nacional Ordinaria de la FOCH, calificada por Recabarren como un “inmenso acontecimiento en la historia proletaria de este país, tanto por la calidad de los elementos proletarios que la compusieron, como por las fuerzas numéricas que estaban representadas” de más de veinte mil obreros organizados, según sus palabras. Las deliberaciones del congreso se abocaron la modificación de los estatutos y a la confección de una nueva declaración de principios, en la que por primera vez se comprometía abiertamente a “conquistar la libertad efectiva económica y moral, política y social de la clase trabajadora (obreros y empleados de ambos sexos) aboliendo el régimen capitalista con su inaceptable sistema de organización industrial y comercial, que reduce a la esclavitud a la mayoría de la población” y que “abolido el sistema capitalista, será reemplazado por la Federación Obrera, que se hará cargo de la administración de la producción industrial y sus consecuencias”. Esta proclamación, cuya impronta llevaba la marca de Recabarren, traslucía el giro político del dirigente chileno que en sus primeros tiempos abogaba por el mutualismo y el cooperativismo. Él mismo explicará luego que esta organización sindical había adoptado “un carácter perfecto de clase, pues la organización obrera se ha dado cuenta que necesita tener como meta la socialización de los medios de producción y de cambio, ya que, de otra manera, la acción por el mejoramiento y perfeccionamiento de las condiciones de vida resultaría una labor eterna y estéril”. La reacción de la burguesía, horrorizada por estos acontecimientos, no se haría esperar. Desde entonces se sucedieron una y otras vez los allanamientos, detenciones, clausuras de periódicos y diversas medidas represivas contra Recabarren y su organización que serían constantes a lo largo de su vida. El líder chileno fue detenido por el delito de “sedición” y por “propagar ideas subversivas”. 

 El gobierno de Alessandri 

 En 1920 se produce otro acontecimiento de vital importancia para el movimiento obrero chileno. Al calor de un enorme ascenso de los conflictos obreros, ese año se llevaron a cabo una de las elecciones presidenciales más emblemáticas de la historia del país, donde el candidato Arturo Alessandri despertó un apoyo de masas enarbolando una bandera de reformas sociales y concesiones obreras de todo tipo. La fiebre alessandrina suscitó polémicas al interior de la militancia de izquierda, mucha de la cual se inclinaba a apoyar su candidatura e incluso a ir a la huelga en caso de que la “oligarquía” no llegara a reconocer su triunfo. Recabarren entonces emprendió una audaz iniciativa para dar la batalla por la independencia obrera frente a los partidos de la burguesía. Desde la seccional del POS de Antofagasta, donde residía entonces, se resolvió “ir a la lucha presidencial y llevar candidatos propios a electores en la actual contienda”, proclamando la candidatura de Recabarren para la contienda electoral y convocando simultáneamente a una convención partidaria nacional que le diera alcance nacional a la iniciativa, lo cual finalmente logró los primeros días de junio. La primera y única candidatura presidencial de Recabarren cosechó menos de 700 votos a nivel nacional; sin embargo, la defensa de una candidatura independiente y la denuncia de Alessandri que buscaba “conseguir el apoyo de las clases trabajadoras para convertirse mañana en el amo de estas”, tuvo un valor inestimable, concentrando además el 77% de su caudal electoral en las provincias obreras del salitre. 
 Luego de la votación, Recabarren defenderá una nueva estrategia al sostener que “a nosotros nos corresponde asegurarnos el cumplimiento de ese programa, tomando por nuestra cuenta la parte de ejecución que nos corresponda, y que el señor Alessandri tendrá que apoyar”. En el marco de un acercamiento del PSO al presidente electo, en marzo de 1921 Recabarren se alzaría con 2855 votos y se convertía, junto al candidato Luis Víctor Cruz, en el primer socialista en alcanzar una banca de diputado (en 1906 había sido electo como militante del Partido Demócrata). Su primera intervención, registrada en la sesión de 18 de junio, fue para defender al sistema soviético como la mejor expresión de democracia que había en el mundo. Una campaña conservadora en favor de la destitución de Recabarren (una constante hasta el final de su mandato) por ser “promotor de huelgas” fue contrarrestada con movilizaciones obreras en apoyo a proyectos legislativos del diputado socialista. En ocasión del cuarto aniversario de la revolución bolchevique, Recabarren realizó una serie de actos públicos en su conmemoración, aprovechando la ocasión para tomar distancia del gobierno de Alessandri, que lejos se encontraba de cumplir sus promesas electorales. En ocasión de una represión desatada contra una manifestación obrera, uno de los periódicos dirigidos por Recabarren aseguraba que “en los pocos días del gobierno del Sr. Alessandri se han hecho más víctimas que durante los cinco años de Sanfuentes” (anterior presidente). 

 La incorporación a la III° Internacional 

 Recabarren pugnó por que la Convención Nacional de la FOCH se defina por incorporarse a la Tercera Internacional y luego hizo lo mismo con el Partido Obrero Socialista, aceptando expresamente las 21 condiciones de la Internacional Comunista. El IV Congreso del POS, realizado en Rancagua, que acordó cambiar su nombre a Partido Comunista, pasando a ser éste el Primer Congreso del Partido Comunista de Chile. A diferencia de otros PC de América Latina, que nacieron de la ruptura de una fracción del PS, el PC chileno nació del propio desarrollo del Partido Socialista de Racabarren que ya abrazaba desde el inicio las banderas de la revolución bolchevique. Recabarren fue entonces electo como delegado al Segundo Congreso de la Internacional Sindical Roja, por lo que viajó a Moscú, donde residió en compañía de otros dirigentes comunistas latinoamericanos como los argentinos Juan Greco y José Penelón y el uruguayo Francisco Pintos. De sus impresiones en Rusia escribirá que “conversando con distintos obreros, en muchos casos, por medio de intérpretes, he podido recibir la impresión perfecta de que la mayoría de los obreros ha cesado de ser una fuerza bruta para convertirse en un pensamiento creador, que desarrolla su inteligencia, que quiere contribuir al perfeccionamiento de las condiciones en que trabaja para obtener un alivio personal, del que disfrutarán los demás, y para gozarse en la satisfacción de haber contribuido a aumentar el bienestar social, a simplificar el sistema de trabajo, a elevar los conceptos de la vida”. En un intento de contrarrestar la campaña de propaganda capitalista que sostenía que “la mujer ha sido nacionalizada en Rusia y convertida, como los instrumentos necesarios al hombre, en propiedad común”, escribió un breve escrito titulado “La condición actual de la mujer en Rusia y sus expectativas para el porvenir”, donde, a pesar de develar grandes límites teóricos, defendió el carácter liberador que significó la revolución para la mujer rusa. A su regreso a Chile, inició una serie de conferencias para propagandizar entre el movimiento obrero chileno su experiencia en la Rusia revolucionaria y publicó un famoso texto llamado “Rusia obrera y campesina”, en el que además incluía otros materiales como los informes de Lenin y Trotsky a los encuentros en que le había tocado participar. 
 En la madrugada del 19 de diciembre de 1924, mientras su compañera de casi toda la vida, la dirigente comunista Teresa Flores, preparaba el desayuno, Luis Emilio Recabarren, a la edad de 48 años, se quitó la vida con un disparo de pistola. Sin haber dejado escrito alguno, los motivos de su determinación aún son motivo de las más amplias especulaciones, desde los golpes anímicos sufridos por la hostilidad permanente de la dirección de su propio partido y por el desencanto con el ascenso stalinista en la URSS, hasta asuntos personales y sentimentales de distinto tipo. Sea como fuere, el impacto de su muerte entre la clase obrera chilena se reflejó en el multitudinario funeral que se llevó a cabo. 
 La muerte prematura de Recabarren se presenta como un anticipo de la época que vendrá. Al calor de la burocratización stalinista de la Unión Soviética y la expulsión de Trotsky (1928), las muertes de Recabarren (1924), y luego de Mella (1929) y Mariátegui (1930), serán los últimos vestigios revolucionarios de los Partidos Comunistas latinoamericanos. A partir de entonces, los dirigentes de estos partidos no serán más que instrumentos subordinados al aparato burocrático de Moscú. El PC chileno renegará durante largas décadas de la figura de Recabarren, para ser luego readoptado vacío de cualquier contenido revolucionario.
 La importancia de Recabarren en la historia de la lucha de clases latinoamericana difícilmente se pueda exagerar. La antorcha revolucionaria encendida por los Recabarren se mantendrría encendida en los sectores de lucha por la emancipación de la clase obrera y la abolición del régimen capitalista y su imagen, como no podía ser de otra manera, volvió a ocupar las calles de Chile en los carteles de las movilizaciones de la rebelión de 2019. 

 El Be
 20/12/2024

viernes, diciembre 20, 2024

Mario Montoto e Israel, negocios más allá de toda grieta


Sobre el libro “Mario Montoto. El negocio del encierro, control y punitivismo en Argentina”

 Con un trabajo de compilación a cargo del periodista Germán Romano, el Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino publicó este mes el libro “Mario Montoto. El negocio del encierro, control y punitivismo en Argentina”, que fue presentado el miércoles 11 en la sede de la CTA Autónoma. Se trata del tercer trabajo editado por este Comité, antecedido por “El militarismo israelí en América Latina” (de 2018, disponible en forma digital) y un primer material acerca de Montoto (2019), del que el actual es una versión más desarrollada. Los fondos que se recauden por las ventas serán destinados a apoyar las actividades políticas del Comité. 
 En medio del genocidio sionista contra el pueblo palestino en la Franja de Gaza, el libro tiene el mérito de desnudar los negocios e influencia del Estado de Israel en Argentina a través de la figura de Mario Montoto, un personaje que comenzó su trayectoria política en los ’70 en la Unión de Estudiantes Secundarios (UES) y Montoneros –donde fungió como secretario de Mario Firmenich-, hasta ser en la actualidad el titular de la Cámara de Comercio Argentino-Israelí (CCAI) y comandar un imperio empresario dedicado a la venta de materiales y servicios de seguridad. Hace pocas semanas, fue el anfitrión del presidente Javier Milei en un encuentro en que el mandatario anticipó la firma de un memorándum para afianzar lazos con Tel Aviv. Su trayectoria política, por tanto, describe una parábola semejante a la de la ministra Patricia Bullrich, que en los ’70 también pasó por la “izquierda peronista” y hoy es una abanderada de las políticas de mano dura y alineamiento con la Casa Blanca e Israel. 

 “Muy pro estadounidense y hace negocios con Israel”

 El libro cita un revelador cable de 2008 de la embajada norteamericana conocido gracias a las filtraciones de Wikileaks: “Mario Montoto está involucrado en las industrias de defensa y seguridad. Publica una revista internacional sobre defensa y relaciones internacionales, llamada DEF, y es un ex asesor del jefe de la guerrilla Montoneros. Ahora es muy pro estadounidense y hace negocios con Israel” (p.20). Se trata de un buen resumen para empezar a conocer al protagonista de esta historia, quien goza de un blindaje mediático que le ha permitido pasar relativamente inadvertido a pesar de su enorme poder y de sus conexiones con el poder político. 
 Antes de dedicarse de lleno al negocio de la seguridad, Montoto fue presidente de Metropolitano, empresa del vaciador Sergio Taselli, favorecida por la privatización menemista de los ferrocarriles en los ’90. Durante fines de los ’80, antes de su retiro de la política, Montoto había participado del Peronismo Revolucionario y apoyó la candidatura del riojano, con quien negoció los indultos. 
 Como empresario de seguridad, Montoto fundó en 2003 Codesur (Corporación para la Defensa del Sur), que representa o se encuentra enlazada –según señala el trabajo- con las israelíes IAI, Azimut, Saymar, Metax y Soltam. La mencionada IAI (Israel Aircraft Industries) firmó en 2018 un convenio con la Fábrica Argentina de Aviones (FadeA) por 100 millones de pesos para venderle a esta última aeropartes y servicios (p.69). Codesur, a su vez, suscribió en 2012 un acuerdo con la sudafricana Paramount Group para comercializar en la región vehículos blindados (p.70). Y estuvo a cargo, también, de tareas de mantenimiento de los submarinos ARA Salta y ARA San Juan, hundido en 2017. 
 En 2008, además, Montoto formó junto al empresario de medios Daniel Hadad (actual dueño del portal Infobae) otra firma, Global View, que obtuvo numerosos contratos con gobiernos municipales y provinciales para la provisión de cámaras de seguridad. En 2012, la japonesa NEC se quedó con el 85% de dicha compañía por alrededor de 30 millones de dólares, manteniéndose Montoto como socio minoritario por exigencia expresa de NEC, que probablemente valoró las buenas conexiones del empresario (p.27). 
 Pero ya desde 2006, Montoto estaba abocado al negocio de las cámaras de seguridad en la ciudad de Buenos Aires a través de una de sus empresas insignes. “Entre abril de 2009 y enero de 2010, el gobierno de Mauricio Macri contrató en forma directa a Codesur siete veces”, señala el libro (p.28). Además, se convirtió en proveedor de múltiples municipios bonaerenses durante la gestión de Daniel Scioli, con quien viajó a Israel en 2010 en una gira oficial. En 2012, por su parte, Global View firmó un contrato para la instalación y mantenimiento de cámaras con la intendencia de Rosario, a cargo, por entonces, de Mónica Fein, del Partido Socialista (p.33). La conexión con los distintos partidos del régimen es una de las claves del poder de Montoto. 
 Cuando se toma nota del alcance y la concentración del negocio de la seguridad, la situación asume ribetes asombrosos y alarmantes. Montoto no solo se ha encargado de la instalación de cámaras en las calles y el transporte público (bajo la gestión del jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta, se encargó de colocar 1.510 en el subte, 7.882 en colectivos y 2.100 en la vía pública) (p.35), sino que también vende (a través de la firma Danaide S.A.) sistemas de vigilancia de vehículos, que son usados por los gobiernos para monitorear el paso de autos y registrar patentes. Danaide S.A., además, obtuvo en 2021 “una licitación por análisis de video y gestión de imágenes por 300 millones de pesos”, siendo jefe de gobierno el ya mencionado Rodríguez Larreta (pp. 35-36). El negocio se extiende a la vigilancia de cárceles y detenidos, por medio de Surely, que importa materiales de Israel y comercializa pulseras electrónicas, botones antipánico y tobilleras con GPS. “Tiene contratos con la mayoría de las provincias”, asegura el trabajo (p.37). 

 Contactos 

 Montoto posee también la editorial Tadea, que financió, por ejemplo, el libro de Sergio Massa “Así lo hicimos” que versa en torno a la experiencia en materia de seguridad del municipio de Tigre (donde hay gran cantidad de cámaras de vigilancia instaladas) y que cuenta con un prólogo del ex alcalde Nueva York y abogado de Donald Trump, Rudolph Giuliani (p.64). 
 El libro repasa también los vínculos del empresario con el fiscal Carlos Stornelli (al que, según Montoto, lo une una amistad personal), con represores de la dictadura (Daniel Karlsson, teniente del Regimiento de Infantería N°9 de Corrientes en esa época, es el director de Codesur –p.55), y su declaración en la causa judicial por las actividades extorsivas del falso abogado Marcelo D’Alessio, quien le habría anticipado a través de una comunicación de Whatsapp una de esas maniobras. Consultado al respecto, Montoto dijo a la justicia que “soy una persona vinculada, porque tengo compañías que se dedican a temas de seguridad ciudadana, y era una forma, supongo, de acercarse a mi persona o demostrar que él tenía capacidades o conocimientos a los cuales a mí me podían ser de interés” (p.47). 
 El libro incluye también un capítulo acerca de la formación de las fuerzas de seguridad argentinas en Israel. Por ejemplo, el grupo Halcón, en 2017, bajo la gestión de María Eugenia Vidal (p.77). A esto se suma la participación de empresas israelíes en el control fronterizo (p.78), la compra de cuatro lanchas militares, en 2018, bajo la gestión Bullrich, el abastecimiento de armas a los kelpers, y la adquisición del sistema de espionaje Pegasus en el curso de la visita del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu al país en 2017. En este viaje jugó un rol clave, como parte de la comitiva, el empresario Guillermo Yanco, esposo Patricia Bullrich (p.18). 

 Más allá de la grieta 

 Una de las principales conclusiones del libro es que “la denominada grieta, es decir lo que divide políticamente a la población o partidos políticos no lo es en todos los temas. En el caso de los vínculos con el Estado de Israel los últimos gobiernos, de diferentes colores políticos, han profundizado la relación. Algo que el actual gobierno de Javier Milei está ahondando mucho más” (p.110).
 A contramano de esta valiosa conclusión, sin embargo, el libro tiende a presentar a Néstor y Cristina Kirchner como enfrentados a Montoto, a raíz de algunos choques que tuvieron con él. En el libro se menciona, por ejemplo, que Néstor quitó la concesión del ferrocarril San Martín a Taselli (en 2004), el socio de Montoto, y que amagó, luego, con quitar al empresario de seguridad las tareas de mantenimiento del avión presidencial Tango 01 (pp. 40-41). Pero nada de eso impidió que el titular de la CCAI desarrollara fabulosos negocios bajo todo el período kirchnerista y, de hecho, el gran salto de Montoto se da en 2003, con la fundación de Codesur. El empresario, que supo acomodarse a todas las administraciones, decía en declaraciones a La Nación del 14 de mayo de 2006: “me siento totalmente identificado con las políticas que el Presidente [Néstor Kirchner] planteó públicamente para la Defensa nacional, especialmente para recuperar nuestra capacidad de producción para la Defensa”. 
 Con respecto a Cristina, se cita una grave denuncia de la expresidenta en sus redes sociales, en 2018, cuando advirtió la instalación de cámaras de video cerca de su departamento en la Capital Federal, aparentemente a instancias del Ministerio de Seguridad porteño, y en la que habrían intervenido empleados de una de las firmas de Montoto (p.48). De cualquier manera, uno de los principales alfiles de la expresidenta, Eduardo “Wado” de Pedro, quien llegó a sonar como candidato a presidente de ese espacio para 2023, fue, durante su gestión como ministro del Interior de Alberto Fernández, el principal promotor de la llegada a la Argentina de la firma israelí de aguas Mekorot, gracias precisamente al cabildeo de Montoto, como bien destaca uno de los capítulos finales del libro. Por todo esto, la conclusión es que los popes del kirchnerismo también integran la agenda de contactos de Montoto y se han esforzado por cultivar buenos vínculos con Israel. 

 Los tiempos de Milei 

 Con gran ironía, el libro señala que “en las elecciones presidenciales de 2023 hubo un nítido ganador: Mario Montoto, quien tiene fuertes vínculos con la y los candidatos con mayor caudal de votos: Milei, Massa y Bullrich” (p.129). A modo de apéndice, se ofrece un texto acerca de la relación de Montoto y Milei, y cómo se han acentuado los vínculos con Tel Aviv desde que el mandatario “libertario” llegó al poder.
 “Mario Montoto. El negocio del encierro, control y punitivismo en Argentina”, en definitiva, muestra que es posible combinar en una obra la rigurosidad y seriedad en el abordaje informativo con su carácter militante. Sus casi 200 referencias bibliográficas lo comprueban. Es, también, un modo muy distinto de proceder que el del gobierno y los grandes medios de comunicación que apelan a la calumnia y la persecución para desacreditar a quienes se solidarizan con el pueblo palestino y se pronuncian contra los crímenes del Estado de Israel. 

 Gustavo Montenegro

Mujica-Topolansky le dan un golpe a la causa de los derechos humanos


La exvicepresidenta uruguaya Lucía Topolansky desató un tembladeral político en Uruguay con sus declaraciones para el libro “Los indomables”, de Pablo Cohen, editado recientemente por Planeta. Las repercusiones se extienden también, por las peculiaridades del tema, a estas orillas del Río de la Plata.
 La dirigente del Movimiento de Participación Popular (MPP), corriente del Frente Amplio, aseguró en la entrevista que “hay gente que miente en las declaraciones” de juicios sobre los crímenes de la dictadura para lograr determinadas condenas. Consciente de la vaguedad de esa afirmación, a renglón seguido agregó: “Nosotros sabemos quiénes son los que mintieron dentro de la izquierda. Pero no lo vamos a decir porque no somos traidores ni botones” (sic). El expresidente José “Pepe” Mujica, que es esposo de Topolansky y fue su compañero en la organización guerrillera Tupamaros, respaldó estas declaraciones casi con la misma liviandad de criterio. “No leí el libro, ni lo que dijo Lucía, no leo los libros sobre nosotros, es muy aburrido. Ahora, esas cosas nos constan, sí. No voy a decir que fuera generalizado, pero había gente que salió con mucho rencor y encontraba que era justo eso, por las que pasó. No todos, eh, pero sé que hubo casos”. 
 Las organizaciones de derechos humanos salieron al cruce del matrimonio. La Asociación de Madres y Familiares expresó su “máximo repudio ante este tipo de afirmaciones, que ponen en tela de juicio un proceso de muchos años de búsqueda y construcción de justicia”. 
 Y abundó: “Al decir que ‘hay gente que miente en las declaraciones’ sobre crímenes de lesa humanidad vinculados al accionar de la última dictadura cívico militar, se socava la legitimidad de los procesamientos y condenas realizadas en el marco de los debidos procesos (…) Son las víctimas de tortura, de abusos sexuales y tratos inhumanos, las que han tenido el coraje de denunciar y decir su verdad ante la justicia, a pesar de la revictimización que se sufre en estos procesos y del asedio constante de los abogados defensores de los militares y civiles acusados (…) Entre miles de denuncias y denunciantes, quizá pueda haber existido un falso testimonio pero es algo que no nos consta ni tampoco a la justicia. Esta posibilidad, sin embargo, no avala poner en tela de juicio a decenas y decenas que han podido hablar a pesar del dolor y de la angustia”.
 Finalmente, señala que “el falso testimonio, conforme a la normativa de nuestro país, es un delito (…) la Senadora electa y ex vicepresidenta (conforme al rol que reviste y en su calidad de funcionaria pública) ante el conocimiento de la situación debiera denunciarlo en la justicia y no en una entrevista. Bueno sería retractarse o, de no ser así, quizá sea mejor llamarse a silencio”. 
 Cuando, aquí en Argentina, desde el gobierno negacionista de Milei-Villarruel se ha emprendido una furibunda campaña para desacreditar a las víctimas y familiares de las víctimas del terrorismo de Estado, poniendo en duda la existencia de 30 mil desaparecidos, e insinuando que se mintió en los juicios con el objetivo de cobrar indemnizaciones (el llamado “curro” de los derechos humanos que agita la vice), las palabras de Topolansky-Mujica se vuelven aún más sorprendentes e indigeribles.
 ¿Cuál es su sentido político? En las recientes elecciones presidenciales uruguayas, el candidato del Frente Amplio, Yamandú Orsi, que pertenece a la misma corriente interna que Mujica-Topolansky, ganó por estrecho margen el ballotage y se consagró como nuevo presidente, poniendo fin al gobierno derechista de Luis Lacalle Pou. En la primera vuelta, sin embargo, el resultado de las parlamentarias arrojó una composición muy pareja del parlamento. El FA ganó 48 bancas, contra 49 de la suma del Partido Nacional (29), el Partido Colorado (17), el Partido Independiente (1) y Cabildo Abierto (2), la alianza que llevó a la derecha al poder en las elecciones de 2019. El grupo del abogado Gustavo Salle (Identidad Soberana) obtuvo las dos bancas restantes. 
 Tras los comicios, Cabildo Abierto, dirigido por el militar retirado Guido Manini Ríos, puso en duda la continuidad de la alianza derechista, con lo cual dejó abierta una puerta a la colaboración con el Frente Amplio. Según el diario Clarín (18/12), Mujica, a pesar de su delicado estado de salud, está interviniendo activamente para asegurar una mayoría para Orsi en el parlamento. Y, en tal sentido, recibió a Manini Ríos, quien le transmitió su preocupación por militares detenidos en la cárcel de Domingo Arenas. En declaraciones públicas posteriores, Mujica se pronunció abiertamente por la liberación de represores, argumentando su edad avanzada (el mismo pretexto que en nuestro país usan la derecha y los editorialistas de La Nación), o bien como recompensa si alguno de los condenados presta información acerca de los desaparecidos.
 Las declaraciones de Mujica-Topolansky son especialmente dañinas para la causa de los derechos humanos debido al origen político del matrimonio. El exmandatario, que gusta de los refranes populares, habrá escuchado decir que “no hay peor astilla que la del propio palo”. 
 Repudiamos los dichos de ambos.

 Gustavo Montenegro

Con Milei crece el desempleo y el deterioro del trabajo


Pese a la mejoría en la medición trimestral del desempleo, éste crece interanualmente y refleja una reversión de la tendencia precedente. 

 El gobierno difundió los datos del empleo del tercer trimestre de 2024, indicando una leve mejoría respecto al desempleo del segundo trimestre, pasando del 7,6% al 6,9%, aunque con una reversión de la tendencia interanual a la baja de la Tasa de Desempleo (comparando mismo trimestre de los últimos años) y con un marcado deterioro del empleo, creciendo el trabajo precario, “autónomo” y la demanda de un segundo empleo entre los ocupados por la caída de los salarios. 
 El dato fue publicado por el Indec con el informe del tercer trimestre de Mercado de trabajo. Tasas e indicadores socioeconómicos, donde se expresa una desocupación del 6,9%, superior en términos interanuales al último registro del 5,7% y revirtiendo la tendencia bajista de la pospandemia. 
 Lo que está en claro con la estadística oficial es que incluso considerando la mejora del tercer trimestre respecto a su antecesor inmediato tenemos un crecimiento del segmento de “ocupados demandantes”, que implica a aquellos trabajadores que buscan otro empleo debido a la caída del poder adquisitivo de sus salarios por el ajuste en marcha. Se trata de un 17,6% de la población económicamente activa, contra un trimestre anterior del 16% y, un año atrás, del 15,2%. 
 Esta misma realidad es la que empuja a una mayor presión sobre el mercado de trabajo, pasando del 26,8% en el tercer trimestre del 2023 al 30,2% actual. Todo esto explicado por el deterioro económico y de los ingresos de las familias obreras. 
 La Tasa de Desocupación crece en el segmento de mujeres hasta el 7,9%, y se dispara particularmente entre la juventud, alcanzando la alarmante cifra del 14,9%, lo que revela que las medidas oficiales no han servido para introducir a los más jóvenes al mercado laboral, en un contexto de despidos y ajuste.
 Otro dato significativo es que a nivel interanual cae la cantidad de trabajadores registrados (-3,8%), mientras que el trabajo no registrado pasó del 35,8% en 2023 al 36,7% actual. Además, crece el trabajo autónomo y monotributista, como fraude laboral y precarización contra los trabajadores. Esto se refleja también en el crecimiento interanual de la tasa de subocupación, que ascendió 1,1 puntos porcentuales. 
 La política del gobierno de Javier Milei de extender garantías a las patronales para que realicen sus negocios y amplíen sus ganancias a base de destruir y atacar conquistas obreras (Ley Bases, reforma laboral, etc.) no ha repercutido en una mejora del empleo y la actividad económica, pero si en el deterioro de las condiciones de vida y empleo de los trabajadores, obligando al pluriempleo y una mayor flexibilización y precariedad laboral. 
 Más aún, con Milei se extiende el proceso de cierre de lugares de trabajo, suspensiones, despidos, rebajas salariales y convenios a la baja, con la colaboración de una burocracia sindical servil que sostiene un pacto con el ajuste oficial para garantizar sus propios privilegios de casta. 
 Si vemos el proceso en su conjunto tenemos que la leve mejoría trimestral del desempleo solo puede ser considerada en relación a un agravamiento previo de dicho indicador por parte del gobierno nacional, consolidando una tendencia hacia el crecimiento del desempleo y no a su disminución. 
 El programa económico de ajuste de Milei trae consigo estas consecuencias nefastas: menos empleo, empleo peor pago, precario y flexible, desocupación, pobreza y miseria. Hay que sacarse de encima a Milei y derrotar su ajuste antiobrero, para garantizar el trabajo y el salario, en el marco de un programa propio de los trabajadores. 

 Marcelo Mache