El caso Loan destapó lo que podría ser una enorme red de trata de personas en la cual estarían involucrados funcionarios públicos, la policía, la Justicia y hasta el Estado paraguayo. Es la viva representación de la complicidad del poder político en el crimen organizado, lo que mantiene en permanente alza la cifra de víctimas de trata a nivel nacional, porque no solamente viabiliza este tipo de negocios espurios para quedarse con un vuelto sino que además garantiza el encubrimiento y la impunidad de los responsables. Nadie desaparece sin que el Estado sepa donde está.
Hoy los acusados por el secuestro de Loan son un capitán retirado de la Armada y su esposa que era funcionaria de la localidad correntina, con la complicidad del comisario a cargo del operativo y otros oficiales por maniobrar las pericias y desviar la búsqueda, e incluso el juez interviniente cuestionó a los fiscales del caso, y algunos familiares señalan que evitaron llevar adelante la investigación. Todos ellos retratan cómo estas redes delictivas actúan al amparo del Estado.
Trabajadoras y trabajadores de todo el mundo son sometidos forzosamente a la explotación laboral y sexual, esclavizados en campos, casas particulares o prostíbulos. Familias enteras superexplotadas en industrias legales, en el medio rural y en las ciudades. Niñas y niños sometidos a prostitución o a trabajo infantil. El abanico de escenarios y situaciones en las que se operan estas relaciones sociales es muy amplio y se presenta ante los ojos de quien quiera verlo. En Argentina una estimación de 2012 de la fundación La Alameda calculaba que 500.000 personas trabajaban en condiciones análogas a la esclavitud, principalmente en el sector rural y textil.
Según la Línea 145 del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas, en Argentina se recibe en promedio una llamada cada cinco horas denunciando trata en Argentina. Esto equivale a miles de personas atrapadas en situaciones de explotación sexual, laboral y otras formas de esclavitud. Ya en el año 2012 Argentina fue condenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso “Fornerón”, por la existencia de compra venta de niños -en ese caso con fines de adopción ilegal- y se recomendó la tipificación del delito de tráfico de niños. Más de diez años después, todavía no hay ley que penalice especialmente la compraventa de seres humanos en nuestro país.
Gracias al ajuste que los distintos gobiernos descargan sobre las mayorías trabajadoras, los contingentes de seres humanos desprotegidos y hambrientos (en su mayoría mujeres y niños) que son plausibles de ser captados para la explotación en las cosechas, para la explotación sexual o como mano de obra esclava en granjas avícolas, en el campo o en el trabajo doméstico, tienden a incrementarse, sobre todo en un mundo en el que decrecen los ingresos de los sectores populares, se pierden conquistas laborales, cunde la desocupación e incrementan la precarización laboral los Estados y las patronales.
Estas acciones están entrelazadas con la provisión de leyes acordes, en términos de protección en la ilegalidad y fomento de sus actividades, lo que explica que aún hoy no haya ley que sancione la venta de seres humanos. Sin ir más lejos, el paquete fiscal incluido por Milei en la Ley Bases premia a quienes trafican con los cuerpos de las mujeres y de las infancias concediéndoles un generoso blanqueo para que ingresen al país su dinero mal habido, como también lo hizo el gobierno de Macri y el gobierno kirchnerista. A su vez, beneficia a especuladores y bancos, principales favorecidos de todo este tipo de negocios espurios mientras ataca las condiciones de vida de la población. Este programa, lejos de tener por objetivo terminar con las redes de trata que operan en el país, incentiva su proliferación.
En tanto, el reforzamiento de la represión, y el consecuente poder otorgado a las fuerzas represivas, allana el terreno para que este tipo de negocios espurios operen con aval oficial. Los propios vecinos de los barrios más vulnerados, como fue en su momento la villa Las Antenas, un barrio controlado por el narcotráfico, denunciaban la connivencia policial en las operaciones que se llevaban día a día la vida de decenas de pibes. También lo hace el pueblo rosarino, una ciudad sitiada por el narcotráfico.
La Justicia oficia como títere del poder político, garantizando la impunidad de los principales cabecillas y de lo funcionarios responsables. Lo único que haga logrado que se condene a algunos de los principales jefes del negocio es la lucha de familiares, amigos, organizaciones políticas, contra la trata y de derechos humanos. Sin embargo, estas redes, como forman parte de todo un entramado político, sigue operando igual. Por ejemplo, en 2012, bajo el gobierno kirchnerista de José Alperovich (hoy condenado por abuso sexual) en la provincia de Tucumán, se sustanció un juicio por la desaparición de Marita Verón (2002) con trece imputadas e imputados, todos eslabones intermedios de una red que nunca se desmanteló.
Para enfrentar este enorme flagelo es necesaria una lucha independiente, que confronte al Estado capitalista y los partidos del régimen que garantizan la captación, explotación y encubrimiento en la trata de personas.
Camila García
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