Con esta nueva emisión de deuda, la ley prevé destinar 1.446 millones de dólares para afrontar los vencimientos de deuda de 2026, uno en marzo y otro en septiembre. El resto serán 251 millones para cubrir el déficit público, 1.045 para recuperar gastos ya ejecutados, 400 millones para obras, mientras que quedan 543 millones para ‘otras adjudicaciones’. Según un informe de la consultora Empiria, el nivel de deuda del Estado bonaerense ya equivale al 90% de los ingresos provinciales, reflejando un cuadro estructural de quiebra financiera que sólo puede prolongarse mediante con ‘refinanciamientos’ permanentes. Kicillof aprovecha cada ocasión para señalar que gran parte de esa deuda proviene del gobierno de María Eugenia Vidal que, sin embargo, legitimó. El informe destaca que en la provincia cayó la recaudación por la baja temporal de retenciones y el adelantamiento de exportaciones; la caída de los impuestos ligados a la actividad interna (IVA DGI, cheque, internos) y la eliminación del impuesto PAÍS. Kicillof denuncia que el gobierno de Milei le debe a la provincia “13 billones de pesos” en conceptos de transferencias no ejecutadas.
Lo cierto es que para conseguir la aprobación de la ley Kicillof debió primero pactar con los legisladores de los intendentes ‘propios’ (La Cámpora) y ajenos un fondo por 360.000 millones de pesos que se financiaría con este nuevo endeudamiento. Lo mismo en cuanto a nombrar cargos públicos como el Consejo General de Cultura y Educación, y el Tribunal Fiscal de Apelación. La frutilla del postre fueron los nuevos cargos creados en el directorio del Banco Provincia, que se entregaron a legisladores del massismo, camporistas, radicales, del PRO y los “libertarios blue” de Carlos Kikuchi, que asumieron como LLA para luego escindirse. Asediado por el quebranto señalado, un desesperado Kicillof cede terreno político y financiero apelando a los pactos podridos de la ‘casta’. El BAPRO es una entidad financiera de envergadura, y lejos de estar al servicio de las necesidades de los trabajadores de la provincia. La LLA, que votó en contra de esta ley, denunció que cada uno de esos cargos “va a costar 70 millones de pesos por mes”. Desde que asumió Milei, sin embargo, este reparto de votos por cargos, endeudamiento y transferencias financieras, en primer lugar, con los gobernadores, sigue siendo la norma a seguir, especialmente ahora hacia el presupuesto nacional del 2026. Los ‘escandalizados’ libertarios de la provincia no escandalizan a nadie.
Kicillof debe sortear, sin embargo, un escollo más, porque este endeudamiento debe contar con la autorización del gobierno nacional, es decir, de Caputo y Milei. Según lo establecido por la ‘Ley de Responsabilidad fiscal’ se habilita al gobierno nacional rechazar un endeudamiento provincial en la medida que el distrito no cumple con la ‘disciplina de finanzas públicas’, ponga en riesgo el patrimonio público o si hace gastos que están por encima de la inflación. En una entrevista en A24, Caputo señaló que “Buenos Aires no está cumpliendo con la Ley de Responsabilidad Fiscal. Técnicamente, lo que es deuda nueva no debería estar sujeta a aprobación porque no está cumpliendo con la ley. La provincia está aumentando los gastos corrientes por encima de la inflación”. ‘Técnicamente’ se rechazaría, pero ‘políticamente’, veremos. Kicillof no se caracteriza por un gasto público con fines sociales que siquiera empate a la inflación. Desde el gobierno de Kicillof replicaron que Caputo no dejaría en default la deuda de Buenos Aires a riesgo de transmitir mayor fragilidad al conjunto de la deuda argentina que acaba de ser rescatada por el Tesoro Norteamericano. En cualquier caso, se prevé una nueva etapa de negociaciones entre nación y provincia a pocos días de lo que sería el tratamiento de seis nuevas leyes aclamadas por la clase patronal y el imperialismo en sesiones extraordinarias en el Congreso Nacional.
Emiliano Fabris
08/12/2025
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