El miércoles 1 de abril, Jorge Macri, jefe de gobierno porteño, le reclamó la transferencia de 27.000 millones de pesos al gobernador bonaerense Axel Kicillof en compensación por la asistencia a personas en situación de calle en la Ciudad y con domicilio en la provincia de Buenos Aires. “Dejá de mirar para otro lado y cumplí la ley: la Provincia tiene que dar alojamiento y asistencia a las personas en situación de calle de PBA”, reclamó a través de su red X. El gobierno de la ciudad fundamenta su reclamo en el decreto nacional 373/2025 que modifica la Ley Nº 27.654 ( SITUACIÓN DE CALLE Y FAMILIAS SIN TECHO) publicado en Boletín oficial en junio de 2025. El mismo indica que cada jurisdicción debe hacerse responsable de las personas en situación de calle.
En el texto difundido por J. Macri, el Gobierno porteño se dirigió al Ministerio de Economía bonaerense haciendo alusión a una “deuda histórica” en materia de asistencia social. Por su parte, Andrés Larroque, ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, respondió a Macri en redes sociales: “En la provincia duplicamos los centros de integración social que operan en el área metropolitana y en el interior bonaerense en articulación con municipios y organizaciones de la comunidad”. También señaló que el principal reclamo debía dirigirse al Gobierno nacional y no a la provincia. Es decir se pasaron la pelota. Lo cierto es que las acusaciones cruzadas se encuadran en un contexto en el que la cantidad de personas que viven en situación de calle van en aumento, pese a que el gobierno liberticida se vanagloria del “descenso de la pobreza”.
La cifra de la población en situación de calle en la Capital Federal, tuvo un aumento del 27,83% con respecto al relevamiento que se había hecho en noviembre de 2024, con 5176 personas según los datos arrojados por el último censo de la Ciudad realizado en noviembre de 2025, (La Nación, 15/01/2026). El primer relevamiento fue hecho en noviembre de 2017 y contabilizó a 1602 personas. Desde entonces, la tendencia siempre fue a la suba. De acuerdo a este censo, un 68,8% del total (3563 personas) están alojadas en los Centros de Inclusión Social (CIS) de la Ciudad o más conocidos como “paradores”. Mientras que 1613 personas pasan el día y la noche en plazas, veredas y la vía pública en general. “De la población total asistida en estos CIS, al menos 2327 personas son residentes de la Provincia. “La prestación integral de la asistencia referida implica un costo mensual por persona de $1.163.135, lo que representa para esta jurisdicción un costo total de $27.066.151.450″, detallaron desde Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad de Buenos Aires. La Ciudad cuenta con 61 Centros de Inclusión Social (CIS), a los cuales se accede a traves de la línea telefonica 108 o acudiendo presencialmente al Dispositivo de Primer Acercamiento (DIPA) desde donde se solicita la derivacion a los mismos. En los últimos meses, frente al aumento de la demanda, el gobierno de la ciudad instaló un micro en la puerta del DIPA en donde personas en situación de calle duermen a la espera de su derivación. Por su parte, en la provincia de Buenos Aires debieron ampliar la red de atención a personas en situacion de calle, ampliando de 28 a 58 los Centros de Integración Social (CIS). Estos espacios están distribuidos tanto en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) como en el interior provincial. La implementación se realiza en conjunto con municipios, organizaciones sociales y entidades religiosas.
Una política expulsiva y punitiva
A la ciudad de Buenos Aires ingresan diariamente trabajadores provenientes del conurbano bonaerense, por ende es un error discernir entre habitantes de provincia y de capital, ni hablar que muchas personas en situación de calle no tienen sus documentos actualizados o directamente los extraviaron.
La política del gobierno de Jorge Macri es expulsiva y punitiva, en lo que va su mandato aumentaron los desalojos de viviendas precarias y ferias en los barrios y parques. El operativo orden y limpieza, acrecentó la violencia institucional frente a vendedores ambulantes y personas que habitan la calle. Bajo el argumento de evitar el crecimiento de la Villa 31 el gobierno de la ciudad realizó desalojos de corralones y dispuso retenes policiales en los ingresos al barrio. A esto se agrega la suspensión de la entrega de los alimentos a los comedores que se replica en la provincia de Buenos Aires. La cuenta de instagram del jefe de gobierno de la ciudad está repleta de videos que promocionan los operativos de desalojo llevados adelante por las fuerzas represivas, con festejo incluido por el “logro de 600 desalojos”. Los desalojos son un mecanismo para inflar el mercado inmobiliario y de esta forma aumentar los precios generando una demanda sobre la oferta de los alquileres.
La respuesta al incremento de la población que vive en las calles debe ser integral, partiendo del rechazo a la represión y cualquier tipo de política punitiva. Organicemonos en los barrios por la construcción de viviendas, aumento de dispositivos de alojamiento para las personas en situación de calle, restitución de los alimentos a los comedores barriales y de la ayuda social, por una verdadera urbanización de las villas, por trabajo para todos.
Daniela Magoc
03/04/2026
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