Desde hace casi un mes, Bolivia asiste a una escalada de movilizaciones. Este fin de semana, la capital de Bolivia se encontraba cercada por 22 bloqueos de caminos. En la mañana de este lunes, se espera una movilización masiva sobre La Paz, para reclamar la renuncia del presidente derechista Rodrigo Paz Pereira.
Las reivindicaciones en juego
A los transportistas que denuncian el incumplimiento de las medidas de resarcimiento acordadas con el gobierno nacional por la mala calidad del combustible, se le han sumado, desde abril, sectores campesinos e indígenas que exigen la caída de una ley, la 1.720, que anula el carácter inembargable de sus tierras. Los maestros rurales y urbanos exigen aumentos salariales y la Federación de Cooperativistas Mineros (Fecomin), nuevas concesiones de explotación minera.
La COB ha decretado una huelga general por tiempo indeterminado el 2 de mayo; mientras que la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos (CSUTCB), Túpac Katari, lo hizo el 6 de mayo.
Impasse del régimen
Paz Pereira no ha podido desactivar las manifestaciones y estas no han parado de crecer y extenderse desde La Paz a Potosí, Oruro y otros departamentos del Oriente.
A principios de la semana, bajo la presión de una marcha campesina que recorrió más de 1.000 kilómetros hasta La Paz, el Senado decidió abrogar la ley 1.720, aunque incluyendo una cláusula que rehabilita la posibilidad de su tratamiento dentro de 60 días.
Los maestros rurales derribaron los muros del Ministerio de Educación a la par que enfrentaban la represión policial. Ante los rumores de posibles motines policiales, el Gobierno otorgó un bono de 3.000 pesos bolivianos por única vez a la policía (La Razón, 14/5). Por otro lado, bajo la excusa de los bloqueos, el Gobierno impuso una suerte de lock out de YPFB, que dejó de enviar camiones cisterna a las expendedoras. En este marco, los cooperativistas mineros bajaron hacia La Paz y se enfrentaron a la policía.
En las bases del movimiento prospera la exigencia de renuncia de Rodrigo Paz. La COB y la Túpac Katari, así como otros sectores sindicales, han firmado, en cambio, un compromiso con el Gobierno, como ya había ocurrido a principios de año en ocasión del gasolinazo. La dureza de los bloqueos ha puesto en jaque el abastecimiento de La Paz, El Alto y otras ciudades.
Blindaje derechista
Los expresidentes Mesa y "Tuto" Quiroga, junto con cámaras empresariales y comerciales, han exigido la declaración del “estado de excepción”. El Gobierno no cuenta con los dos tercios necesarios en la Asamblea Legislativa Plurinacional para ratificarlo, tal como exige la Constitución boliviana.
Por su parte, los presidentes latinoamericanos alineados políticamente con Donald Trump, entre los cuales revista el boliviano, sacaron una declaración de apoyo a Paz, sumándose a las denuncias de golpismo y desestabilización contra el Gobierno (Ámbito Financiero, 15/5). El presidente argentino Milei ha enviado dos aviones Hércules con “ayuda humanitaria” para sortear los bloqueos. Es una repetición de lo que habían hecho Macri y Bullrich en 2016.
Paz Pereira ha intentado retomar la iniciativa política mediante un feroz operativo represivo, bautizado “corredor humanitario”. El sábado a la madrugada movilizó a miles de efectivos policiales y militares para levantar piquetes instalados en puntos estratégicos, principalmente de La Paz y El Alto. Sin embargo, después de 13 horas de represión, 47 personas detenidas y al menos 5 heridos, el Gobierno debió ordenar el repliegue militar y policial “sin lograr la apertura total de las vías bloqueadas” (infobae, 17/5). Los bloqueos se restablecieron y se sumaron otros. Hasta la noche del sábado permanecían instalados 22 puntos de bloqueo, la gran mayoría en el departamento de La Paz.
Luego del fracaso del operativo represivo, Paz ha retomado un operativo de cooptación de diferentes organizaciones gremiales. Convocó a la Federación de Juntas Vecinales de El Alto (Fejuve), la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos de La Paz “Tupac Katari”, la Federación Departamental de Mujeres Campesinas Indígena Originaria “Bartolina Sisa” y a otros sectores sociales (La Razón, 17/5) a “un diálogo productivo” con una “agenda abierta” para ayer, domingo 17, en la Casa Grande del Pueblo, el palacio presidencial.
Pero la dinámica de la movilización por abajo supera a las organizaciones establecidas. Así lo demuestra el repudio de los cooperativistas mineros al acuerdo alcanzado este viernes, entre el Gobierno y la Fecomin, para suspender las medidas de lucha. Paz festejó un acuerdo con los maestros, por un bono anual de 2.400 pesos bolivianos y la promesa de una reunión en octubre para discutir la incorporación de un aumento salarial en el presupuesto 2027. El acuerdo fue rechazado rápidamente por el magisterio rural de La Paz (La Razón, 17/5). Lo mismo sucede con la Central Obrera Regional de El Alto, que firmó un acuerdo con Rodrigo Paz para la instalación de la internet satelital Starlink en colegios, proyectos de viviendas sociales y obras viales en el Alto, el viernes pasado. Sin embargo, buena parte de sus bases han continuado las medidas de fuerza y acusado de traidores a sus dirigentes, de “negociar con la sangre del pueblo” (ídem).
A diferencia de enero pasado, cuando la COB y la Túpac Katari cerraron un acuerdo con el Gobierno para la abrogación del decreto 5.503, que viabilizó el gasolinazo, las bases y dirigentes medios de estas y otras organizaciones sindicales y sociales no están dispuestas a dejar que sus direcciones entreguen su lucha. Sin embargo, los obreros fabriles, y particularmente los de YPFB y de mineras privadas, no tienen una participación activa ni han paralizado la producción.
Entre las acusaciones de Rodrigo Paz y sus funcionarios contra las movilizaciones y bloqueos obreros y campesinos, se destaca la que atribuye a Evo Morales la preparación de un golpe de Estado, sin ofrecer mayores pruebas.
Pero Evo Morales se ha delimitado de las bases que piden la renuncia de Paz Pereira en varias declaraciones públicas y hasta ha declarado estar dispuesto a asesorar al presidente bajo ciertas garantías (Latitud Bolivia, 17/5).
“Fuera Rodrigo Paz”
Mientras el gobierno de Paz Pereira no logra quebrar las manifestaciones y estas se extienden por todo el país, va creciendo también la exigencia de su dimisión. Si Paz Pereira renuncia, asumiría el vicepresidente Edman Lara, quien ha roto con Paz apenas asumió. Lara busca un pacto con sectores del MAS, pero debería llamar a elecciones en 90 días. Carentes de una perspectiva de poder, las masas movilizadas corren el riesgo de quedar atrapadas en un conflicto de cúpula (disfrazada de salida revolucionaria), lo que sería el mayor peligro para obtener la satisfacción de sus reivindicaciones. Sería necesario transformar las movilizaciones en una huelga política de masas y desarrollar una dirección nacional de la huelga al margen de las burocracias de turno.
Como telón de fondo de esta rebelión social en desarrollo, se encuentra la crisis inflacionaria desatada por la guerra imperialista. Bajo la invasión a Irán, se han disparado los precios de los combustibles y torpedeado la política de Paz. El presidente boliviano, un socio de Trump en el Escudo de las Américas, ha pedido socorro al imperialismo y a sus socios regionales, como Javier Milei.
Llamamos a seguir el ejemplo de Bolivia y convertir a las marchas masivas por la Educación y la Salud en bloqueos de ruta, al mejor estilo piquetero. El derrumbe de las condiciones sociales de las masas de Argentina no es menor al de las masas de Bolivia.
Julio Quintana
18/05/2026
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