La prohibición del derecho a huelga fue ´incrustado´, como si se tratara de un comentario, en el decreto 340/25, referido a la actividad de la marina mercante, hoy prácticamente inexistente – “Quedan entre 10 y 20 barcos y ninguno hace comercio internacional” (LN, 23/5). La CGT anticipó que recurrirá a la justicia y se apresuró a descartar la convocatoria a un paro general. Asimismo, la burocracia sindical mantiene “conversaciones informales” con el gobierno cotidianamente, para discutir la letra de una nueva reforma laboral (Clarín, 23/5).
El decreto reitera parte del capítulo laboral incluido en el DNU 70/23, frenado por una cautelar y luego por un fallo de primera instancia. La Corte Suprema no se expidió y mantiene “un estratégico silencio” (La Nación, 22/5) al respecto. La burguesía apoya maciza la medida, aunque desconfía de su consistencia jurídica. “Hasta que no salga por ley una reforma laboral con peso legislativo, no se tomarán medidas de fondo. Nadie adopta decisiones profundas solo con un decreto fácil de cuestionar. Pero el rumbo está perfecto”, le dijo un empresario de la Salud a La Nación. El extitular de la UIA, Daniel Funes de Rioja, en cambio, se apresuró a apoyar “la juridicidad del decreto” (Infobae, 22/5).
El decreto es manifiestamente inconstitucional. En la práctica, anula el ejercicio de un derecho enunciado en el artículo 14 bis. “Del control político ulterior por parte del Congreso nada se puede esperar debido “a la defección de los otrora republicanos, actuales indignos sometidos”, apunta el constitucionalista Andrés Gil Domínguez (Perfil, 21/5). Pero no sólo de los republicanos. El silencio del peronismo, especialmente del kirchnerismo, es abrumador, aunque previsible luego de los ataques reiterados de Kicillof y CFK a las huelgas docentes. Cabe agregar que fue en 2004, bajo un gobierno K, cuando se introdujeron “los conceptos de servicios esenciales y trascendentes a los que se les permitía cierta restricción a la huelga. Se incluyó por entonces al personal de Salud, al control del tráfico aéreo y a los distribuidores de agua y energía eléctrica” (LN, 22/5). Varios gobernadores ensayaron legislaciones similares en sus provincias. La prohibición del derecho a huelga ha sido siempre la quimera de todos los gobiernos capitalistas.
El derecho de huelga, en Argentina, ya se encuentra relativamente cancelado por la prerrogativa del exministerio de Trabajo (ahora Secretaría) y de los ministerios provinciales ‘nacionales y populares’, para dictar la conciliación obligatoria. Esta norma ha servido para paralizar numerosas huelgas, que las burocracias sindicales decretaron de palabra para obtener esta paralización oficial. El gobierno ha manejado también el cepo a las paritarias, sin suscitar ninguna reacción de las burocracias sindicales; en el Neumático, la dirección sindical logró imponer el cambio de régimen de trabajo que le reclamó la patronal, luego de fracasar en sucesivas asambleas previas. A pesar de estos ‘éxitos’, Milei ha decidido jugar al límite. Debe entenderse que es una respuesta a las huelgas docentes promovidas desde abajo, a la huelga indefinida de Tierra del Fuego y al temor de una huelga del transporte colectivo. Es una respuesta, asimismo, al temor de que la crisis industrial provoque acciones contra el desempleo masivo, con la ocupación de empresas incluida. La ‘oposición’ juega lo suyo con la pasividad, bajo el pretexto del ‘grogui’ que le han propinado las elecciones recientes. Esta acción de fuerza es, sin embargo, una extorsión a los aparatos sindicales y simultáneamente una expresión de inseguridad. Ha añadido al proceso electoral en desarrollo un nuevo elemento de provocación. La última dictadura también canceló el derecho de huelga, pero no consiguió detener ninguna, a partir de 1981, cuando la crisis erosionó su base de sustentaciôn.
La CGT no ha respondido de inmediato con un llamado al paro nacional de protesta, pero no podrá evitar el desafío para el que ha programado con enorme antelación para finales de junio. Los trabajadores tenemos el desafío de reunir todos los elementos de organización para defender el derecho de huelga cuando así sea necesario. Llamamos a autoconvocarnos de inmediato para preparar una respuesta.
Jacyn
23/05/2025
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