lunes, agosto 19, 2024

Chicos apropiados bajo la dictadura: Milei maniata a la CONADI

El gobierno fascistizante de Javier Milei ha dado un paso decisivo para bloquear la búsqueda de las personas nacidas en cautiverio y apropiadas durante la dictadura por los militares y sus cómplices. Suma un nuevo elemento al andamiaje de medidas con las que pretende liberar a los militares condenados por delitos de lesa humanidad (el 80 % ya tiene prisión domiciliaria con distintas excusas), rehabilitar a las Fuerzas Armadas y avanzar contra los derechos democráticos y sindicales del pueblo trabajador. 
 Un decreto firmado por el ministro Cúneo Libarona —cuyo bufete de abogados defiende represores— deja maniatada a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi), el organismo que durante dos décadas desarrolló cientos de investigaciones y es protagonista fundamental de que más de un centenar de hijos de desaparecidos hayan sido restituidos. La Conadi contaba con una Unidad Especial de Investigación (UEI), facultada para iniciar investigaciones por su propia iniciativa sin someterse a la hostilidad y parsimonia de la Justicia. Con ese fin, podía acceder a los archivos del Estado -desde la Presidencia hasta la Fuerzas Armadas y de seguridad. 
 Con la excusa de que la Conadi “invade las competencias del Poder Judicial” y vulnera la división de poderes -un argumento que durante 20 años ni siquiera planteó la defensa de los genocidas-, el gobierno disolvió la UEI y le prohibió a la Conadi que haga aquello para lo que fue creada: investigar el destino de las personas nacidas en cautiverio. El gobierno de Milei destruye la Conadi porque su aporte ha sido y es muy significativo para hallar a los hijos de desaparecidos y aportando pruebas en los juicios de lesa humanidad. Luis Petri, el ministro de Defensa, fue el primero en anunciar que no le mandaría más documentación. Además desguazó y despidió a todos los trabajadores del Equipo de Relevamiento y Análisis que, desde marzo de 2010, revisaban archivos militares de la última dictadura. 
 Poco después, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, calificó a la Conadi como un “organismo militante” que “violaba la intimidad” (sic) del personal de seguridad”. Con esos argumentos decidió que su ministerio les bloqueara el acceso a los legajos de efectivos de las fuerzas de seguridad federales. No es la primera vez que Bullrich intenta algo semejante: durante su primera gestión, desarmó el Grupo Especializado de Asistencia Judicial (GEAJ), encargado de los allanamientos para extraer ADN a personas que se sospechaba que podían ser hijas o hijos de desaparecidos. Hace casi medio siglo que por lo menos 300 personas viven creyendo que los asesinos de sus padres son sus padres, ignorando su identidad, su origen y su historia familiar. Hace casi medio siglo que sus familias esperan reencontrarlos y saber qué fue de los nietos, sobrinos, hermanos, nacidos en cautiverio o secuestrados por la dictadura militar. Las secuelas emocionales, los padecimientos son inenarrables. Muchas abuelas murieron sin encontrarlos.
 Algunos bebés fueron robados a sus madres recién paridas directamente por los asesinos en los centros de exterminio, otros fueron entregados en adopción por los juzgados de menores (1) -tal el caso de los dos que “encontró” en un portal Ernestina Herrera de Noble, la finada dueña de Clarín-, muchos fueron distribuidos “a familias decentes” por una organización de la Iglesia Católica, el Movimiento Familiar Cristiano. Las patronales no se quedaron al margen del botín, como probó la periodista alemana Gabi Weber respecto de algunos gerentes de la Mercedes Benz a pesar de que la Justicia alemana y la argentina trataron de desconocer sus investigaciones.
 Los gobiernos de todas las variantes han colaborado en el encubrimiento de los genocidas manteniendo como secreto de Estado sus archivos. Hasta ahora se han recuperado 133 nietos gracias al ahínco de las Abuelas y de otros organismos de derechos humanos. 
 Que no se sepa de los otros 300 se explica porque ningún gobierno “democrático” del 83 a la fecha abrió los archivos. Fue la lucha de amplios sectores de la población la que derribó las leyes de amnistía y arrancó algunos organismos como la Conadi, creada en 1992 y confirmada después por una ley. 
 La Justicia ha caracterizado el robo de los hijos de desaparecidos y bebés nacidos en cautiverio como un plan sistemático, y un delito vigente en tanto la desaparición, la apropiación y la privación de la identidad siguen su curso igual que el primer día. Como subraya un comunicado de Abuelas, “además de la sustitución de identidad de menores, implicó el secuestro, desaparición, partos en condiciones infrahumanas y asesinato de nuestras hijas y nueras”. 
 La eliminación de la UEI es parte del plan de rehabilitación de las Fuerzas Armadas y de los genocidas, que con todo descaro quedó expuesto con la visita de los diputados de LLA a los represores condenados por delitos de lesa humanidad. 
 A partir de un pedido de sobrevivientes y organismos de derechos humanos, la Cámara de Casación Penal, el máximo tribunal penal del país, encomendó a los jueces proteger la documentación y los “sitios de memoria”, verbigracia los campos de concentración y exterminio. La Cámara de Casación es el máximo tribunal penal del país y sus resoluciones “impactan en todas las jurisdicciones”. No se debería confundir esta resolución con un espíritu democrático de la Cámara de Casación Penal, presidida por Mariano Borinsky, el redactor del ultrarrepresivo Código Penal que le encomendó su amigo Mauricio Macri. Más bien se podría pensar que han puesto las barbas en remojo, conscientes de la sensibilidad popular con los derechos democráticos. El 24 de marzo de este año, cientos de miles de personas salieron a la calle a repudiar los atropellos de Milei. En mayo de 2022, una movilización aplastante abatió el fallo de la Corte Suprema que habilitó el 2x1 para liberar a los condenados por delitos de lesa humanidad. Y la declaración del estado de sitio fue el combustible que activó el helicóptero en el que De la Rua dejó la Casa Rosada. 

Olga Cristóbal 
 17/08/2024

Notas (1) 
En 1978, la jueza Delia Pons, del Tribunal de Menores N° 1 de Lomas de Zamora, les dijo a un grupo de Abuelas: “Estoy convencida que sus hijos eran terroristas, y terrorista es sinónimo de asesino. A los asesinos yo no pienso devolverles los hijos porque sería injusto hacerlo. No tienen derecho a criarlos. Tampoco me voy a pronunciar por la devolución de los chicos a ustedes. Es ilógico perturbar a esas criaturas que están en manos de familias decentes que sabrán educarlos como no supieron hacer ustedes con sus hijos. Sobre mi cadáver van a obtener la tenencia de esos chicos.”

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