La amenaza de veto esgrimida por Milei a la ley de jubilaciones que ha sido votada por más de las dos terceras partes de ambas Cámaras del Congreso ha creado un simulacro de crisis política. La norma representaría, según las auditorías autorizadas, un 0.40% del PBI. Calculado en dólares oscilaría entre 1,8 mil y 2,4 mil millones. Se trata de cualquier modo de una distorsión interesada, esto porque el PBI real cae en valores constantes en tanto que sube en moneda extranjera por el cepo impuesto al tipo de cambio. Milei convirtió ese costo en 350 mil millones de dólares mediante el uso de un método disparatado, que vuelve a mostrar que se trata de un diletante en términos intelectuales, o sea un charlatán en términos corrientes. Los esfuerzos de los opositores para persuadirlo de que la ley resultaba beneficiosa para la hacienda pública han sido en vano.
La ley consolida la enorme confiscación sufrida por las jubilaciones desde 2017 -un 54%- que se hizo más intensa a partir de diciembre último, cuando no fueron recompensadas luego de una mega inflación del 25%. Entre el último día de noviembre de 2023 y el presente, las jubilaciones, en términos reales, sufrieron una poda de arriba de cuarenta puntos porcentuales. El reemplazo de un decreto por medio de una ley ofrece mayor solidez jurídica a la confiscación votada en forma masiva por casi todos los bloques. Otros aspectos de la ley, como el pago de la deuda de la Nación a las Cajas no transferidas de las provincias, o a los jubilados que iniciaron juicios por incorrecciones en los montos de sus jubilaciones, también benefician al plan motosierra del gobierno liberticida, porque los dilata hasta junio del año próximo. Lo que disfraza este barullo mediático es que la situación fiscal del gobierno ha empeorado fuertemente, pues el déficit mensual ha alcanzado la suma de 1 billón de pesos, con sesgo ascendente y el superávit comercial es consumido enteramente por repatriaciones al exterior, pago de intereses y servicios varios. Los intereses de la deuda pública se convierten en más deuda pública. Luis Caputo quiere imponer la aceptación de bonos del Estado a las constructoras públicas en lugar del pago en efectivo de certificados de obras varias veces billonarios. Ante la perspectiva de entrar en default por la deuda interna y externa, el ajuste fiscal y social se hará más intenso. El gobierno ha hecho el tercer envío de oro al exterior, por 1.400 millones de dólares, para ofrecerlo como garantía de un préstamos de cortísimo plazo.
El veto eventual a la ley de jubilaciones no es la única piedra de choque del gobierno con el Congreso. No es tampoco la razón de fondo de la disputa de Milei con Macri, por el voto favorable de gran parte del Pro al proyecto. En la hojarasca que se ha desatado tiene un lugar fundamental el decreto que asigna gastos reservados a la nueva SIDE por 100 mil millones de pesos. El temor de los opositores es que esta bolsa sirva al financiamiento de las operaciones liberticidas en las redes sociales en vísperas de las elecciones de 2025, y al espionaje político y los ‘carpetazos’. Es lo que intentan hacer Elon Musk y Trump en Estados Unidos y lo que ha desatado una onda de histeria política con motivo de las elecciones en la ciudad de São Paulo, Brasil, por la campaña de un candidato a Intendente que remunera a los “troll” a su servicio y que tiene millones de seguidores. Diputados anuló el decreto para esos gastos, que todavía debe pasar por el Senado. En un segundo plano ha quedado la colaboración de la SIDE con la CIA y el Mossad y la instalación de funcionarios designados por la embajada norteamericana en el ministerio de Defensa
Como resultado de esta crisis, Macri se ha asociado al gobierno para evitar que alguna Cámara del Congreso vuelva a reunir los dos tercios de los votos para vetar el veto, y para intentar que el decreto de gastos reservados para la SIDE sea tratado en el Senado. El vaciamiento del Pro en toda esta crisis ha renovado el objetivo de Milei de apropiarse del electorado de la ex JxC, aunque con una reserva. Es que Victoria Villarruel podría empeñarse en que su patio, el Senado, derogue los gastos reservados o incluso contribuye a conservar los votos para insistir en la vigencia de la ley de jubilaciones. La Vicepresidenta ha desatado el fervor patriótico en el presidente del bloque kirchnerista en el Senado, José Mayans; en el cabo Sergio Berni; y en el clerical Guillermo Moreno, que querrían que la nostálgica de la dictadura encabece un peronismo no kirchnerista -o en todo caso contra Kicillof- a pesar de que VV ejerció el voto que decidió la aprobación del luctuoso Régimen de Inversiones que veneran YPF, Techint, las petroleras, las mineras, las automotrices y los especuladores inmobiliarios. La oposición parlamentaria (UCR, UxP, FITU, bloques intermedios y unipersonales) es hábilmente manejada por Miguel Pichetto y Nicolás Massot, mediante compromisos y negociaciones, para convertir en leyes los ataques que Milei ha diseñado mediante decretos, en especial al derecho laboral y a la promoción de los grandes negociados, para darle estatuto jurídico y constitucional al programa liberticida. De este modo, sin necesidad de meter la mano, la ‘ley universitaria’ se convirtió en una suerte de declaración parlamentaria – sin efecto jurídico – al “encomendar” al Ejecutivo (y no establecer en forma taxativa) el aumento del presupuesto de las universidades. El Senado ni siquiera tiene en su agenda el tratamiento de esta pseudo ley. El gobierno apuesta a transitar con esta colaboración el tratamiento del proyecto de Presupuesto 2025 dentro de menos de tres semanas.
Las escaramuzas políticas no deben ser confundidas con verdaderas crisis de poder, aunque las anuncian, y menos todavía cuando ocurren en el marco de una crisis histórica que supera a cualquier antecedente. Por eso tampoco aparece el “liderazgo” opositor que los panelistas televisivos reclaman sin éxito. No será la oposición parlamentaria la que producirá una alternativa política al gobierno liberticida, sino al revés: la crisis de poder la que forzará a la oposición a improvisar un rescate político, a partir de ahora con el concurso probable de las fuerzas armadas. Es lo que ha ocurrido, invariablemente, en al menos los últimos cien años. La CGT y el conjunto de las burocracias sindicales se han llamado a silencio en los choques que han producido las jubilaciones, el financiamiento de la educación superior y los fallos de la Corte misma contra los derechos de los trabajadores. Es lo que quedó de manifiesto, por sobre todo, ante la rebelión docente de Entre Ríos o en cuanto a la continuidad de los paros universitarios y las marchas docentes multitudinarias en Neuquén. La “conciliación obligatoria” se ha transformado en la rama a la que se aferran las direcciones sindicales para evitar el planteo de la huelga indefinida. De otro lado, las contradicciones insuperables del programa económico no son suficientes para producir su estallido, mientras prosigue agravando todos los antagonismos de clase. Un derrumbe local irá asociado a la situación financiera internacional, que atraviesa también, a una escala sin precedentes, un horizonte de defaults nacionales, tanto públicos como privados.
En este cuadro de agudización excepcional de los antagonismos y conflictos de clases -de rebeliones populares locales y guerras internacionales- nuestra corriente, Política Obrera, milita por una salida obrera y revolucionaria a la crisis histórica, mediante la clarificación y la intervención en las luchas en todos los planos. El partido revolucionario se construye y desarrolla en conexión con la experiencia de las masas en este contexto y en esta perspectiva.
Jorge Altamira
28/08/2024
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