Milei anunció que va a vetar la ley que modifica la movilidad jubilatoria sancionada en el Senado afirmando que la misma “tiene como único objetivo destruir el programa económico del gobierno”. Una confesión de los intereses miserables que persigue el rumbo oficial. La Oficina del Presidente dijo que van a “sostener el superávit fiscal a toda costa”. ¿Para qué? Para garantizar el pago de la deuda… con lo que le roban a los jubilados. El de Milei es el mismo libreto de todos los “empobrecedores” que lo precedieron, como el veto de Cristina a la ley de 82% móvil en 2010 o las fórmulas a la baja de Macri y Alberto Fernández.
El Senado aprobó por amplísima mayoría el proyecto de ley que fijaba una suba del 8% de los haberes jubilatorios y una actualización por inflación, para recomponer parte de lo perdido desde la devaluación de fin de año. Luego de anunciar que lo va a vetar, el gobierno informó para septiembre un aumento del 4%. Esto cuando la jubilación mínima fue en agosto unos 10 puntos inferior a lo que hubiera sido solo con mantener el poder adquisitivo -ya de indigencia- que tenía cuando asumió Milei en diciembre.
La advertencia de Milei sobre el superávit fiscal es franca, porque los jubilados son quienes cargan con la mayor parte del ajuste. En los primeros siete meses de 2024 por cada $100 que cayeron las erogaciones del Estado $27,7 corresponden a los recortes en jubilaciones. Ahora que pasaron toda la deuda en pesos al Tesoro y se comprometen a pagarla sin emitir, a fuerza de achicar el gasto público, se comprende por qué hundir a los adultos mayores es fundamental en el “programa económico del gobierno”: porque todo el objetivo es cumplir con el FMI y los especuladores.
Con todo, como la reforma de la movilidad jubilatoria fue aprobada por más de dos tercios tanto en Diputados como en el Senado, queda más que planteada la posibilidad que ambas cámaras insistan con la ley y entierren así el veto de Milei. Sería la única respuesta coherente del poder legislativo. Habrá que ver si la oposición patronal no sacrifica a los jubilados en alguna negociación con el gobierno.
Este escenario deja en total evidencia la entrega de la burocracia sindical atornillada en la CGT, que ni siquiera cuando están dadas todas estas condiciones es capaz de convocar a un paro para rechazar el veto y exigir al Congreso que insista con la norma, la cual apenas si revierte en algo la pérdida de los haberes.
Claro que esta postración de los dirigentes sindicales peronistas es coincidente con cómo dejaron pasar sucesivos robos a los jubilados gobierno tras gobierno. Es la misma actitud que tuvieron hace poco más de 14 años, cuando Cristina Kirchner vetó la ley que fijaba que los haberes se fijaran en el 82% del salario mínimo. Ni siquiera convocaron al paro cuando una movilización popular combatió la represión en diciembre de 2017 contra la reforma que se robó el 20% de las jubilaciones en solo dos años; y por supuesto acompañaron las estafas de Alberto Fernández.
Es ilustrativo recordar que cuando Cristina vetó el 82% móvil en octubre de 2010 lo hizo diciendo que era “una ley de quiebra del Estado”. Vemos que la política de confiscar los aportes de los trabajadores para seguir pagando la deuda es una premisa de todos los gobiernos capitalistas, que Milei solo continúa. Entonces como ahora, son los jubilados los que financian al Estado, y no al revés.
Iván Hirsch
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