La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, fue denunciada penalmente por la reasignación irregular de más de 8.300 millones de pesos originalmente destinados a comedores populares, cuyo destino aún no fue justificado. Mientras el hambre y la desocupación crece en la población, el gobierno persigue y judicializa a las organizaciones que luchan contra el programa de guerra oficial, desvía fondos, oculta documentación y retiene alimentos arrumbados en galpones.
La operación, ejecutada a través de un convenio con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), incluía el desembolso de $14.000 millones para la compra de leche, arroz y fideos en el marco del programa “Abordaje Comunitario del Plan Argentina contra el Hambre”, junto con otro proceso licitatorio a la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) por $7.000 millones. Ambos convenios fueron firmados en plena escalada del reclamo de las organizaciones sociales por alimentos para los comedores populares. Sin embargo, el Ministerio no presentó documentación alguna que acredite qué se hizo con más de la mitad de los fondos transferidos. El fiscal federal Franco Picardi advirtió que no existen actas, órdenes de compra ni constancias de entrega que permitan verificar el destino de ese dinero, y que el Estado pagó una comisión del 3% por “costos” de gestión, sin que se haya concretado la adquisición prevista de un millón de unidades de cada producto.
La licitación, gestionada por el entonces secretario Pablo De La Torre, fue otorgada a cuatro empresas, una de las cuales se retiró antes de cumplir. Aunque el Ministerio argumentó que parte de los fondos fueron reasignados para incrementar un 40% el valor de las raciones alimentarias, no existe ninguna resolución ni expediente que lo respalde. Para el fiscal Picardi, esta falta de documentación impide reconstruir el circuito financiero completo y verificar si el dinero se utilizó según los fines establecidos en el programa. La causa fue cerrada por el juez federal Ariel Lijo, íntimo del presidente Javier Milei, pero el fiscal apeló la decisión y solicitó que se obligue al Ministerio a presentar todos los documentos, resoluciones y convenios omitidos.
Recordemos que este no es el único frente judicial que enfrenta la ministra: también fue denunciada por haber cortado la entrega de alimentos a más de 40.000 comedores populares en todo el país. La gravedad del escándalo se agudizó con la aparición de depósitos en Villa Martelli y Tucumán repletos de alimentos a punto de vencerse, lo que desmintió por completo el argumento oficial de que no había mercadería para entregar. La justicia obligó a Pettovello a distribuirlos, pero nuevas denuncias con fotos y videos indicaron que todavía hay productos retenidos, mientras miles de familias obreras siguen sin acceso a comida básica.
En paralelo, Pettovello también fue denunciada por haber transferido más de $6.700 millones a la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), cuando solo estaba autorizada a hacerlo por hasta $2.700 millones. La operación dejó fuera de todo control estatal la licitación y compra de alimentos con fondos públicos, pero además, la OEI cobró una comisión de casi $340 millones —equivalente al 5% del monto total transferido— pese a que sólo ejecutó compras por la mitad del dinero recibido, y fue utilizada como intermediaria para contratar funcionarios del ministerio sin nombramientos oficiales, en muchos casos cobrando sobresueldos en dólares. La Justicia investiga si este esquema fue parte de una estructura de financiamiento político ilegal dentro del Ministerio de Capital Humano. Todo esto mientras el pueblo padece hambre y se le niega la asistencia alimentaria más elemental.
Mientras le sacan el plato de comida a los más pobres, arman corruptelas con contratos truchos, financian sobresueldos en dólares, y llenan de plata a todos los parásitos que viven del Estado mediante su desfalco. Al mismo tiempo, la justicia no investiga a Pettovello pero si persigue a cuenta del gobierno a quienes se organizan en los barrios contra el hambre, como con la causa trucha contra el Polo Obrero.
El ajuste de Milei es un saqueo que empobrece al pueblo para enriquecer a los mismos de siempre. La única salida es organizarnos y enfrentar este régimen de hambre y corrupción en las calles.
Camila García
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