En agosto de 2015, en el marco de las huelgas y de las luchas en todos los sindicatos y gremios de la educación, el gobierno del Frente Amplio, con Tabaré Vázquez a la cabeza, decretaba la esencialidad en la educación pública. Hoy, en 2025, continúa ajustando, manejando con opacidad el presupuesto educativo -con una “lógica no incremental”-. Debemos mirar esa fecha como un punto de inflexión que marcó el rumbo del ataque sistemático a la educación pública por parte de todos los partidos del régimen y de la resistencia de la clase obrera.
2015 : El Frente Amplio reprime para garantizar el ajuste
La huelga de los trabajadores de la educación en 2015 fue una de las más importantes de las últimas décadas. Enfrentaba una situación insostenible: salarios por debajo de la media canasta, sobrecarga laboral y multiempleo, infraestructura en los liceos y las escuelas en estado crítico, y un presupuesto educativo que postergaba las necesidades más urgentes. Frente a esto, los sindicatos del área metropolitana en principio Ades Montevideo, luego ADEMU, AFUTU Montevideo y a nivel nacional ATES, así como varias filiales de la FENAPES (que definió paralizaciones de varios días), impulsaron una huelga que llevaba una semana de paralizaciones, en reclamo de mayor presupuesto para la educación (6 % del PIB), condiciones laborales dignas y salario de $30.000 (media canasta). Paro, decenas de ocupaciones, movilizaciones, cortes de calle, barriadas, asambleas multitudinarias fueron algunas de las medidas que se llevaron adelante en esas intensas jornadas.
La respuesta del gobierno fue clara: el 24 de agosto, la ministra de Educación María Julia Muñoz anunció el decreto de “esencialidad en la educación” (que empezaría a regir el día 26), una medida que, en los hechos, buscaba prohibir la huelga, intimidar a los trabajadores y garantizar el funcionamiento de la educación a cualquier costo. Tabaré Vázquez se escudó en un falso discurso “progresista”: que los niños y niñas eran “los más perjudicados” por las huelgas.
Pero lo que realmente estaba en juego era la política del Gobierno. El Frente Amplio, lejos de aumentar el gasto en la educación, priorizó garantizar el pago de la deuda externa, beneficiar a las multinacionales y sostener los negocios de las PPP, mientras les exigía a los docentes y funcionarios de la educación que aceptaran condiciones indignas en nombre de la “responsabilidad fiscal”.
La respuesta docente: masividad, organización y lucha
La reacción no se hizo esperar. Miles de docentes salieron a la calle el mismo día en que se definió la medida gubernamental, movilizándose a DINATRA, Torre Ejecutiva y luego a la marcha en conmemoración de la Masacre de Jacinto Vera. El 26 de agosto, se masificó el paro, nadie se presentó a trabajar, incumpliendo en los hechos la declaración.
Hubo paros, ocupaciones, movilizaciones históricas como la del 27 de agosto de 2015 y un rechazo generalizado desde las bases al decreto de esencialidad. Fue esa fuerza desde abajo, expresada en la lucha colectiva y el repudio popular, la que obligó al Gobierno a retroceder y levantar el decreto.
Ese episodio dejó en evidencia algo fundamental: cuando los trabajadores se organizan y luchan con independencia de los partidos del régimen, pueden frenar ataques incluso de un gobierno que se presenta como “progresista”.
Sin embargo, la cúpula sindical, lejos de impulsar la profundización del conflicto y organizar el apoyo, eligió sentarse a negociar con el Gobierno para desactivar el proceso de lucha. La dirección burocrática del PIT-CNT cumplió un rol lamentable, a pesar de su retórica -que derivó, por ejemplo, en la declaración de persona no grata de Fernando Pereira, hoy presidente del FA y en aquel entonces presidente del PIT-CNT, en varias asambleas-, sosteniendo al Gobierno y buscando contener la bronca, en lugar de canalizarla y unificarla. En setiembre, una vez finalizada la huelga docente, los estudiantes tomaron la posta ocupando el CODICEN, medida que fue duramente reprimida por la policía del ministro Bonomi, con un saldo de varios heridos y presos. La misma policía utilizó a los servicios de inteligencia para espiar a estudiantes, docentes y trabajadores que intervinieron para proteger a los estudiantes y que, luego, enfrentaron causas judiciales por esa misma razón. 2025: un nuevo gobierno del FA repite el ajuste y mantiene la contrarreforma educativa. Hoy, diez años después, el panorama no cambió: el presupuesto para la educación pública sigue estancado, y el Gobierno ya anunció que no habrá aumentos reales para el año 2025. Nuevamente, se recorta en salarios, infraestructura, políticas que aborden la integralidad de los estudiantes y recursos didácticos.
Natalia Leiva
25/08/2025
En en el ámbito educativo, se fortalecen los mecanismos de privatización a partir de la contratación de ONG, de empresas tercerizadas, de las exoneraciones fiscales, así como el desvío de los magros recursos a compromisos asumidos con el BID, el FMI y a fundaciones (como la Fundación Ceibal, Ágora, Fundación Familia Fogel, por mencionar algunas) que lucran e inciden en el sistema educativo, delineando su agenda y políticas de la ANEP y otras instituciones.
Esto confirma lo que desde el Partido de los Trabajadores hemos planteado: ni el Frente Amplio ni el resto del elenco político parlamentario representan una salida para los trabajadores. Todos han demostrado gobernar para los “malla oro”, para los organismos internacionales y para el gran capital.
El decreto de esencialidad de 2015 y el mantenimiento del presupuesto de Arbeleche no son hechos aislados: forman parte de un mismo proceso de degradación de la educación pública bajo el capitalismo, en un contexto de crisis y guerra internacional. Un sistema educativo que se sostiene sobre la base del trabajo precarizado de miles de docentes, auxiliares y funcionarios administrativos, con las repercusiones que implican en las condiciones de estudio de miles de niños y jóvenes.
Urge discutir en los gremios y sindicatos cómo enfrentar esta política de ajuste, no cómo adaptarse a ella. igual que en 2015, llamamos a los trabajadores a romper con la política de conciliación de clases que impone la cúpula sindical, que antepone la defensa del gobierno por sobre los intereses de los trabajadores.
Organicemos el rechazo al ajuste presupuestal -implementado por los gobiernos del FA y la coalición de derecha, sin distinciones- y levantemos mediante un plan de lucha, nuevamente, la exigencia de aumento inmediato del presupuesto para educación, de acuerdo a las necesidades (6 % del PIB como base, no como techo); salario mínimo igual a la canasta familiar para todos los trabajadores de la educación y el desmantelamiento inmediato de la contrarreforma educativa; por una educación pública estatal, integral, laica, gratuita y al servicio de la emancipación de la clase trabajadora.
Una de las enseñanzas que nos dejó la huelga de 2015 fue la necesidad de romper con el gobierno del capital y construir una alternativa política de los trabajadores, que luche por un gobierno obrero y socialista.
Los gobiernos pasan, pero el ajuste queda, si los trabajadores no lo enfrentamos con una estrategia propia y revolucionaria.
Natalia Leiva
25/08/2025
No hay comentarios.:
Publicar un comentario