Las presuntas víctimas serían mujeres de la ciudad de Córdoba que viven en situación de pobreza. Una de ellas sería una mujer joven con tres hijos, desempleada, y en otro caso el embarazo habría causado serios problemas de salud a la gestante que ya tiene cinco hijos. A las parejas solicitantes les decían que las mujeres se presentaban de manera voluntaria.
La actuación de esta red de trata, sin embargo, funcionaba con la complicidad de la Justicia. Uno de los directivos de las clínicas implicadas sostiene que el 100% de los tratamientos se hacen con autorización judicial previa. Las parejas solicitantes y la gestante iban a los juzgados de familia para que contar lo que querían hacer y los jueces les dan el aval para anotar el bebé como propio. Por supuesto, los jueces que participaron no están siendo investigados en las causas.
El negocio de la subrogación de vientres y la explotación de mujeres pobres es favorecido por la propia legislación nacional que sólo establece ese mecanismo judicial. Lo normativo fomenta este negocio de alcance internacional y fomenta la opresión de la mujer a la que transforman en un objeto-incubadora, extremando el rol social impuesto de existir para la reproducción y nada más, y a los niños en mercancías de compra y venta.
La lucha contra la trata requiere incorporar la subrogación de vientres como una de sus expresiones. Plantea también el combate a las corrientes que en el movimiento de mujeres justifican que las mujeres sean usadas como incubadoras, o bien defienden la explotación sexual como trabajo, en nombre de la "libertad" sobre el cuerpo. La misma libertad que defienden los mileistas para que las trabajadoras tengamos que elegir entre comer o hacer de incubadora.
Alejandra del Castillo
03/10/2024
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