domingo, marzo 29, 2020

Chile: por la huelga general y la cuarentena total



Frente al dictamen de la Dirección del Trabajo que habilita a no pagar los sueldos

El jueves 26, la Dirección del Trabajo (DT) emitió un dictamen que otorga la posibilidad al empleador de no pagar la remuneración de los trabajadores en caso de que estos se encuentren en cuarentena, no puedan llegar al trabajo por el toque de queda o estén sitiados por los posibles cordones sanitarios que se levanten.
La iniciativa de la DT se enmarca en un cuadro brutal de ajuste que está llevando adelante el gobierno en contra de los trabajadores, desestimando las advertencias de organismos internacionales sobre el control de la pandemia, para asegurar la ganancia de los capitalistas.

El cuadro de una crisis severa

No es nuevo para nadie que la economía nacional está inmersa en una profunda crisis al mismo tiempo que la salud pública está destruida, la emergencia creada por la proliferación del Covid-19 lo expone crudamente. Al mismo tiempo golpea duramente al gobierno nacional y la posibilidad de encontrar una salida a la crisis iniciada el 18 de octubre. Sebastián Piñera y la gran patronal buscó utilizar la pandemia como un salvavidas, pero lo que ocurrió fue que acentuó las contradicciones sociales y sobre todo las necesidades populares que mantiene movilizadas a amplias capas de las masas desde el 18 de octubre.
Piñera y el ministro de Salud, Jaime Mañalich, se han negado férreamente a declarar una cuarentena total en el país, mientras sí la declaran en algunas zonas acomodadas. Su preocupación no es la protección de la salud de la población, sino salvar el posible quiebre de la aerolínea Latam y financiar la deuda de empresas medianas con la fijación de una tasa de interés en 1%. La tentativa del gobierno, desde el inicio de la pandemia ha sido mantener la producción intacta para evitar un derrumbe generalizado de la economía, a costa de la salud obrera.
La profundización de la crisis ha significado una masiva ola de desocupados. Miles de trabajadores han perdido su fuente de ingresos por el cierre de distintas actividades, en su gran mayoría ligadas al comercio. A estos se le suman los 70.000 despedidos, durante la rebelión popular y los 370.000 despedidos por necesidades de empresa, en febrero. Según cifras difundidas por Juan Pablo Sewtt, ex director de la CPC, el coronavirus podría arrasar con un millón de empleos de aquí a junio y 150 mil pequeñas, medianas y grandes empresas podrían quebrar.
Con el coronavirus pretenden esconder que la ola de despidos es una constante, debido al nulo crecimiento del país durante años, manteniendo el desempleo y el empleo informal elevados.
El actual presidente de la CPC, Juan Sutil, señaló el viernes 27 que la paralización de la producción significaría convertir a Chile en uno de los países más pobres de Latinoamérica. Y es que la crisis a la cual asistimos amenaza con mandar por la borda todo el oasis que se ha construido en base al endeudamiento de las familias trabajadoras y la privatización de más de medio Chile desde la dictadura hasta ahora. La pandemia solo potencia las tendencias de fondo.

La independencia política como factor

Mientras el desempleo crece la posibilidad de contagio en los lugares de trabajo y el sistema de transporte aumenta. El sistema de salud público se encuentra al borde del colapso al tiempo que el gobierno se endeuda para paliar la crisis de las patronales. Ahora plantea el no pago de sueldos para quienes estén imposibilitados de ir a trabajar. La CUT y la Mesa de Unidad Social han desechado cualquier posibilidad de llamar a una huelga general para reclamar una cuarentena total.
Aun cuando la burocracia sindical ha hecho caso omiso de movilizar a las y los trabajadores por el cese completo de las actividades, la independencia política de la clase trabajadora se ha manifestado de manera vigorosa. En el hospital público de Antofagasta esta semana hubo un paro por las precarias condiciones del centro asistencial, además varios sectores de trabajadores han amenazado con la paralización si es que no se decreta una cuarentena nacional, como la unión portuaria, sindicatos mineros, trabajadores de la celulosa y los trabajadores salmoneros en el caso de Chiloé, que cercaron la isla impidiendo el acceso de Carabineros. Se suma además el hecho de que la coordinadora 8M y la coordinadora de asambleas populares están impulsando una huelga general para reclamar la cuarentena total.
En el marco de las medidas anti obreras del gobierno, es necesario que las y los trabajadores avancemos hacia una huelga general, reclamando la suspensión de este dictamen, la mantención del pago de todos los sueldos y la creación de un fondo, financiado por las empresas y el Estado, para otorgar un salario básico a quienes están imposibilitados de trabajar. Así como la isla Chiloé se ha levantado por la cuarentena total y la paralización de la actividad productiva, las y los trabajadores del resto del territorio deben avanzar hacia ese horizonte.

Sebastián Pezo
Desde Santiago de Chile

La China de Xi Jinping: ¿emergiendo de las cenizas del coronavirus?



Con la curva de expansión aguda de la pandemia aparentemente controlada y sin registro de nuevos casos en la ciudad de Wuhan, el epicentro del Covid-19, el gigante asiático quiere acelerar los pasos para la recuperación económica y la revitalización de la golpeada imagen de la burocracia del Partido Comunista Chino en el mundo.

El gobierno de Xi Jinping busca consolidar una especie de “segunda fase” de la crisis del coronavirus en China. La prensa estatal china está salpicada de imágenes de producción de máscaras que son entregadas a otros países, de aviones chinos aterrizando en el Estado español con medicamentos, y equipos médicos chinos partiendo a otras zonas de infección para auxiliar en el combate al Covid-19. El Partido Comunista Chino y el presidente Xi-Jinping quieren dejar atrás la primera fase caótica del coronavirus, organizada por la propia burocracia en su obsesión por la estabilidad. Más que eso, quieren alentar un resurgimiento de las cenizas, aunque con métodos autoritarios, como un triunfo del régimen ante la catástrofe sanitaria en Occidente.
Con la curva de expansión aguda de la pandemia aparentemente controlada y sin registro de nuevos casos en la ciudad de Wuhan, el epicentro del Covid-19, el gigante asiático quiere acelerar los pasos para la recuperación de los históricos daños económicos sufridos, y para la revitalización de la golpeada imagen de la burocracia del Partido Comunista Chino en el mundo.
Ni el propio gobierno chino puede esconder el efecto devastador del coronavirus sobre su economía. Según el National Bureau of Statistics, órgano oficial del gobierno, la industria china se contrajo un 13,5 % en el período de enero y febrero, junto con una retracción del 24 % en las inversiones de capital. El desempleo urbano alcanzó un nuevo récord, de 6,2 %. Ese debilitamiento sugiere la posibilidad de que el PBI chino pueda haber caído casi el 15 % en el primer trimestre de 2020.
Sería la primera contracción del PBI desde 1976, cuando China fue golpeada por el devastador terremoto Tangshan. En ese mismo año moría Mao Tsé-Tung, cuya Revolución Cultural - un evento traumático para la burocracia stalinista que hizo pedazos el monolitismo del estado y puso en riesgo el dominio del Partido Comunista Chino - había erosionado la economía entre 1966 y 1975. A partir de Deng Xiaoping, los resultados económicos de China no vieron recesiones. Para Xi Jinping, que se alaba como el político chino más importante desde Mao, el golpe económico puede traer incontables problemas políticos.
Una caída económica que amenaza el corazón de las reformas “insignia” de Xi, que con la Nueva Ruta de la Seda y el Made in China 2025 dirige el tortuoso cambio de las bases de crecimiento de China, dejando de apoyarse exclusivamente en la recepción de capitales para competir por espacios mundiales de acumulación de capital. Es distinto realizar la tarea de esta magnitud en una economía en retracción que sobre una economía pujante.
Políticamente, a pesar de que vemos condiciones sanitarias muchas veces peores en los propios imperialismos occidentales, la imagen de superpotencia china fue severamente afectada. Se puso de manifiesto tanto su precaria infraestructura sanitaria como el autoritarismo rampante de la burocracia. Sin nada que envidiar al autoritarismo de los estados capitalistas occidentales como Italia, el Estado español y Francia, al comienzo de la crisis el gobierno de Xi impuso medidas policiacas para encerrar a la población de la provincia de Hubei, perseguir a la disidencia expuesta en las redes sociales (Weibo, entre otros) y dejar merced de la muerte a miles de personas, como relata el Foreign Policy, que olvidó mencionar la incompetencia de los gobiernos europeos. En negacionismo típico de la burocracia restauracionista china, resultó en el ahogamiento de las advertencias que podrían haber reducido las muertes (entre ellas la de Li Wenliang, el médico que advirtió sobre la epidemia y fue acusado por las autoridades de “propagar rumores” y luego falleció por el Covid-19).
Por más que esto moleste a los stalinistas de guardia, dotados de una ligereza intelectual siempre lista a apoyar de modo superficial todo lo que hace la burocracia china (especialmente sus “represiones correctivas” a otros burócratas), la verdad es que China fue el más extremo ejemplo de autoritarismo, con un férreo control burocrático que impedía noticias directas de Wuhan y demás zonas afectadas.
Ante estos problemas, la “segunda fase” de la crisis vivida por China trata de cubrir dos flancos de actuación, apoyados en el control temporal del Covid-19 dentro de su territorio.
La primera medida es reactivar la economía. Para evitar convulsiones internas con el retardo de la recuperación económica, Xi concentró la máquina de control del PCCh en garantizar el restablecimiento de las líneas de producción y la cooperación de los gobiernos regionales en el traslado terrestre de los trabajadores confinados en el interior del país. El periódico oficial Xinhua relató las principales directrices del gobierno en una rueda de prensa de emergencia, “en virtud de la presión descendente en la economía china”, donde Xi exigió “alentar empresas y provincias a reiniciar el trabajo y la producción de forma ordenada para disminuir el impacto negativo”. En un mensaje directo a los gobernadores provinciales, dijo que “más esfuerzos” son necesarios para destrabar el flujo normal de la producción en regiones de bajo riesgo.
Las mismas fuentes de Xinhua relatan que las grandes empresas en 19 provincias, incluyendo Shanghai, Zhejiang y Jiangsu, ya comenzaron la producción a larga escala, disminuyendo su capacidad ociosa. En Shanghai, ocho monopolios automotrices, como Tesla, y 600 fabricantes de autopartes ya trabajan con capacidad avanzada. En Wuhan, centro industrial que alberga a más de 300 monopolios extranjeros como Google, Microsoft, Apple o Amazon, Xi Jinping anunció el retorno gradual al trabajo, así como en toda la provincia de Hubei.
La segunda medida es recomponer el prestigio externo de China. Este punto es muy sensible para la burocracia china, especialmente ante los ataques racistas y xenófobos de Trump, en permanente campaña para estigmatizar a China como causante de la pandemia (bautizando al coronavirus como “Chinese Virus”). Xi Jinping fue pródigo esta semana al anunciar la solidaridad china con el mundo, exportando materiales sanitarios necesarios para el combate de la pandemia a Italia, a Serbia y a distintos países europeos. Diplomáticamente, Xi se acercó especialmente a Emmanuel Macron, presidente francés, y se mostró dispuesto a trabajar con Francia en el esfuerzo de coordinación internacional de combate a la pandemia.
El acercamiento entre China y Francia es importante para el Partido Comunista chino. Macron es el principal desafecto de Trump en la arena europea, y su imperialismo tiene una línea globalizadora opuesta al nacionalismo proteccionista de Estados Unidos. Estratégicamente, la relación entre China y Francia es una de las vías de entrada del capital chino al interior de la Unión Europea, después del enfriamiento de las relaciones con Berlín y la crisis de la gobernante Democracia Cristiana (CDU), partido de la canciller Angela Merkel, que adoptó una postura más agresiva contra la compra de activos industriales de China en Europa.

Emmanuel Macron y Xi Jinping

Estos esfuerzos de control y reactivación industrial de la economía china vienen colocando a China, de forma sorprendente, como la primera potencia en superar la crisis del coronavirus y dar los primeros pasos de normalización productiva. Según Alan Crawford y Peter Martin, de Bloomberg, el plan de Xi Jinping sería algo como una “Health Silk Road” (Ruta de la Seda de la Salud), una narrativa según la cual China habría triunfado sobre el vírus y ahora ejerce su influencia a través de la ayuda sanitaria internacional, como debería hacer cualquier potencia global. Se trata de una oportunidad de liderazgo deseado hace mucho, y que estaba temporalmente fuera del radar por los impactos iniciales del coronavirus.
Henny Sanders, de Financial Times, afirma que China puede tornarse uno de los destinos de capital más seguros en el mundo en medio de la propagación del Covid-19 hacia el Occidente. Al contrario de la Reserva Federal estadounidense y la mayor parte de los bancos centrales europeos, que redujeron sus tasas de interés a cero (o por debajo de cero), “China todavía preserva relativamente intactas sus herramientas monetarias. El banco central de China (PBoC) se resistió a inyectar miles de millones de dólares en la economía china, y todavía no redujo sus tasas de interés de referencia, lo que le permite hacerlo en situaciones más críticas”. Según Taimur Baig, jefe de la división Singapur del Banco DBS, “China podría haber inundado los mercados de liquidez para evitar cualquier tipo de problema financiero, pero eso no sería consistente con el imperativo económico chino, es decir, hacer que las empresas sean menos dependientes de préstamos para financiar su crecimiento”. Se trata de “mantener la pólvora seca” para usarla en momentos de emergencia.
El precio de los activos financieros chinos se sostuvo con mayor estabilidad que el de los mercados extranjeros. El índice de referencia chino CSI 300, como todos los índices de las principales bolsas mundiales, cayó desde el cambio de año. Sin embargo, la caída de 12 % es la mitad del valor perdido por el índice de referencia de Estados Unidos, el S&P 500. La moneda china se mantuvo estable frente al dólar y la Inversión Extranjera Directa (IED) para China volvió a ganar estímulo a principios de marzo.
Sin embargo, la integración de las cadenas globales de valor y la dependencia del comercio mundial desautoriza celebraciones precipitadas. Li Xingqian, director departamental del Ministerio de Comercio de China confesó que “En el corto plazo, el impacto del Covid-19 sobre la economía global y la cadena de producción y aprovisionamiento es inevitable, y China tendrá que trabajar para minimizar el impacto en el comercio extranjero y en el crecimiento global”.
El gran riesgo para China es ver su recuperación retrasada por los efectos devastadores que las principales economías mundiales, en primer lugar Estados Unidos, puedan sufrir. Si la crisis del Covid-19 ocupa el proscenio en el drama mundial, en los bastidores una nueva recesión mundial aun más poderosa que la de 2007-2008 parece inevitable (a tal punto que la OCDE pidió un “Plan Marshall” contra el coronavirus), y esto lo certifican pensadores tan dispares como Nouriel Roubini y Paul Krugman, Michael Roberts y David Harvey. Una nueva recesión o incluso depresión mundial puede deshacer en route todos los esfuerzos iniciales de reactivación industrial en China.

Un conflicto comercial-tecnológico en “stand-by”

Las operaciones económicas de recuperación en China son esenciales, como dijimos, para que la compleja conversión de la economía se haga en terreno favorable. En sí mismo, ya es titánico el desafío de transformar una economía exportadora de manufacturas de bajo valor agregado de la magnitud de China, en una economía basada en el mercado interno y productora de alta tecnología. La tareas es de Sísifo, y si debe ser realizada en medio de convulsiones económicas internas y externas, tiene menores posibilidades de éxito.
Pero los obstáculos no vienen solo de la economía o de la crisis sanitaria del Covid-19. La llamada guerra comercial entre Estados Unidos y China, aunque dormida, tiene motores estructurales que pueden emerger durante la crisis, y no se descarta que pueda tomar nuevas formas.
El conflicto entre Estados Unidos y China es producto de la crisis económica mundial. Cuando China empezó a ser afectada en sus exportaciones por la retracción del comercio mundial, fruto de la crisis de 2008, fue obligada a concluir que el “esquema exportador” iniciado por Deng Xiaoping a fines de la década de 1970 y perfeccionado por las reformas procapitalistas de la década de 1990 ya no podría sostener su evolución futura. Esa caída económica china, explicada por la debilidad de la economía mundial (y de Estados Unidos en particular), llevó a que China opere un complejo cambio en su padrón de acumulación.
La operación consiste en reducir drásticamente su dependencia de la exportación de bienes de bajo valor agregado y acelerar el cambio de contenido de su producción hacia bienes de alta tecnología, en una economía basada en la expansión del mercado interno. Al cambio de contenido, se combinó un cambio de postura en la arena internacional: China empezó a transformarse progresivamente en competidora por espacios mundiales de inversión y por el liderazgo en tecnología de punta, con una producción cada vez más competitiva con la estadounidense. Eso acarreó una verdadera corrida por el desarrollo de nuevas tecnologías y su aplicación en la producción, con proyectos como el Made in China 2025 (según el cual China se transformaría en líder en las ramas de robótica, semiconductores, vehículos eléctricos, etc.) y la Nueva Ruta de la Seda, que ligaría a tres continentes (Asia, Europa y África) por rutas, puertos y ferrovías. Este expansionismo económico y cultural a través de la exportación de capitales trajo consigo la acentuación de la propaganda nacionalista del Partido Comunista Chino. Un resultado de este proceso en mutación en la economía mundial consistió en una especie de “ruptura” del motor simbiótico entre Estados Unidos y China, que impulsó la economía mundial en los últimos 30 años. Naturalmente, las dos economías dependen una de a otra para prosperar. Sin embargo, no pueden reeditar la complementariedad relativamente “armónica” de las décadas neoliberales, donde Washington compraba lo que China exportaba mientras que las reservas en dólares del gobierno chino auxiliaban el sostenimiento de los crecientes déficits estadounidenses.
Esta competencia de China por espacios de acumulación de capitales se transformó en un problema estructural para Estados Unidos. Aquí nos vamos acercando a los fundamentos reales y no ilusorios de la guerra comercial movida por Trump. Esto es así porque, para Estados Unidos, la expansión del capital chino sobre sus tradicionales zonas de influencia globales es básicamente inaceptable. China no tiene poderío económico y militar suficiente para cuestionar la hegemonía capitalista de Estados Unidos sobre el mundo. Sin embargo, la preocupación de Washington viene del hecho que los avances tecnológicos de China le permiten algunos desafíos parciales pero importantes en nichos industriales y sobre vastas regiones, especialmente Asia-Pacífico. Ante este escenario, Estados Unidos se pone como objetivo a partir de 2017 frenar la corrida de China en el desarrollo de nuevas tecnologías y en la expansión de sus propias empresas y capitales que la posicionan com un competidor global cada vez más peligroso, y mejorar las condiciones de entrada de las transnacionales estadounidenses en China.
Este es el real fundamento que explica el actual conflicto sino-estadounidense, que es comercial en su fachada e industrial-tecnológico en su esencia. El objetivo de la “guerra comercial” movida por Estados Unidos contra China es el de frenar la velocidad del desarrollo tecnológico-industrial de China y la expansión de sus capitales. El aspecto comercial del conflicto oculta el verdadero fundamento de una política que unifica a la burguesía imperialista estadounidense: preservar la preeminencia tecnológica industrial (y por lo tanto militar) de Estados Unidos.
Desde un punto de vista estratégico, para esta corrida por la primacía tecnológica la crisis del coronavirus es una tregua relativa, pero de ninguna manera la elimina. La relación tensa entre Washington y Pekín se hace notar a todo momento. El Gobierno estadounidense está en campaña xenófoba permanente contra China, responsabilizándola por el Covid-19. Mike Pompeo, secretario de Estado estadounidense, suele llamarlo “vírus de Wuhan”, mientras Trump prefiere decirle directamente “vírus chino”. Por su lado, China afirma que el coronavirus fue instalado por el Ejército de Estados Unidos, y expulsó de su territorio a 13 periodistas de los diarios The New York Times, The Wall Street Journal y The Washington Post. Tal vez sea el peor momento de las relaciones bilaterales desde el acercamiento entre Nixon y Mao en 1972.
La altivez contra Estados Unidos también salpica a los vasallos de Trump, como Bolsonaro y su trupe en Brasil. Cuando el hijo del presidente Eduardo Bolsonaro reprodujo las críticas de Trump y acusó a China de “esparcir su virus”, tuvo una contundente respuesta de la embajada china. Yang Wanming, embajador de China en Brasil, atribuyó a Bolsonaro un “virus mental” en su “insulto maléfico contra China y el pueblo chino”. A pesar del trumpismo de los Bolsonaro y del canciller Ernesto Araújo, fueron rápidamente disciplinados por los militares encabezados por el vicepresidente Hamilton Mourão, que saben el carácter innegociable de la dependencia económica brasileña ante China. En este punto, las “dos cabezas” del gobierno son evidentes en el trato con el socio asiático.
Los roces entre China, Alemania y Estados Unidos están en la base de la falta de coordinación internacional para hacer frente a la combinada crisis económico-sanitaria, coordinación que estuvo presente de forma relativa durante los momentos más dramáticos de la Gran Recesión tras la caída de Lehman Brothers. Nada indica que en un momento de ascenso de los nacionalismos este escenario vaya a cambiar.

El proletariado chino y el verdadero dolor de cabeza de Xi

El infierno de la burocracia del PCCh es su inmenso proletariado. Rebeliones de trabajadores en las grandes ciudades contra el desempleo y los despidos, o incluso las protestas contra las medidas bonapartistas del régimen frente al coronavirus, pueden agravar el cuadro de caída económica y transformarlo en una tormenta perfecta.
En comparación al momento anterior al brote de Covid-19, la cantidad de huelgas obreras registradas en China es inicial. Sigue los pasos iniciales de la propia reactivación económica. Según el China labour Bulletin, la razón de las protestas obreras más recientes concierne justamente a las reducciones salariales y despidos. Obreros de la construcción que armaron en tiempo récord los hospitales de internación contra el Covid-199 en Zhoukou, provincia de Henan, protestaron contra el gobierno chino y fueron brutalmente golpeados por la policía. Trabajadores de una empresa de alimentos en Shanghai protestaron el 10 de marzo contra el atraso salarial de más de tres meses, por el valor total de 400.000 yuanes. En Pekín, varios sectores obreros protestaron en marzo contra la imposición de licencia no remunerada por las empresas de plataforma y aplicaciones de delivery, parte de los sectores más precarios de los trabajadores. Pequeños propietarios de tiendas y restaurantes, que ven sus negocios arruinados, le exigen al Estado un corte en el precio de los arriendos, un sector que emplea a 230 millones de empleados en toda China.
Las condiciones de trabajo en medio del coronavirus también movilizaron a los trabajadores de la Salud, en un hospital de la ciudad de Zibo en Shandong, contra el uso de instrumentos y utensilios hospitalarios vencidos. Las trabajadoras de la Salud están en la línea de frente en el combate al coronavirus en China, y son las primeras alcanzadas por la desidia gubernamental. Siendo más del 90 % de las enfermeras y 50 % de las médicas que están atendiendo, son las mujeres las heroínas de clase que tienen la peor protección sanitaria en los hospitales, como lo denuncia Shanghai Women’s Federation, que señala las miles de infecciones de trabajadoras hospitalarias en el tratamiento de la enfermedad.
Otra fuente de disturbios es el campo chino. Las dificultades en la siembra y la interrupción en los flujos de transporte que resultan en un retraso en el envío de la cosecha a las ciudades y en la llegada de insumos agrícolas preocupa a los trabajadores rurales, que ya viven en situación de penuria. Los conflictos laborales pueden conectarse con la lucha por las libertades democráticas de la población urbana. Cientos de activistas y usuarios comunes de las redes sociales fueron detenidos por la policía estatal por expresar el rechazo a la conducción burocrática de Xi ante el Covid-19. En la provincia de Shandong, Ren Ziyuan fue preso por criticar la actuación del PCCh ante la crisis sanitaria, mismo destino de Tan Zuoren, de la provincia de Sichuan. El profesor Guo Quan, en Nanjing, fue preso por “incitar a la subversión contra el Estado” después de publicar artículos en los que relataba estudios científicos sobre el coronavirus. Las organizaciones de derechos humanos de China calculan en miles la cantidad de perseguidos y detenidos por criticar al gobierno o divulgar estudios científicos. Ese tipo de persecución fue lo que resultó en la muerte del médico Li Wenliang, que se transformó en un símbolo de la lucha por las libertades democráticas en China. La utilización de los servicios de reconocimiento facial y dispositivos de tecnología para identificación remota también son criticados por la población. Hay incontables denuncias, reveladas por The New York Times de que los QR Codes compilarían “información de salud” de los usuarios de celulares comparten también esas informaciones con la policía.
Esas protestas iniciales revientan el discurso de éxito de Xi, y se suman a las protestas anti autoritarias que desafían su dominio, tanto en Hong Kong como en la región de Xinjiang, donde la población musulmana es históricamente perseguida por Pekín. Al contrario de lo que esperaba el Gobierno, las calles chinas siguen silenciosas y descontentas. Un ejemplo sintomático de la desconfianza de la población, víctima del autoritarismo estatal, fue que ante la presión del alcalde de Wuhan para que la población “aplaudiese la actuación de Xi Jinping en el control del virus”, tuvo como respuesta un repudio masivo en las redes sociales, obligando al gobierno central a retroceder de ese trofeo simbólico. Ejemplos como ese, anteriores a los resultados aterradores de la economía, no proyectan un camino suave para la burocracia china, y antes que nadie para Xi Jinping. ¿Podría el descontento popular y los problemas económicos dar origen a disputas internas en la burocracia? Cuestionamientos a Xi probablemente llevarían a una nueva oleada de persecuciones, en los moldes de las “grandes purgas” realizadas por Xi Jinping durante su “campaña anticorrupción” en 2017, en la que 170 ministros fueron expulsados del Gobierno y presos. El precio alto a pagar no elimina la posibilidad de fisuras internas en la burocracia, que sabe que necesita mantener altos los índices de crecimiento para hacer frente al desafío de mantener los objetivos económicos más importantes del Gobierno.
No hay dudas que la superación temporaria de la crisis del Covid-19 en China representa un alivio frente a la desaceleración económica. Pero hay que ver si la máquina de propaganda del Partido Comunista chino logra sus objetivos en medio de la mayor crisis económica de China en 80 años.

André Acier
Lunes 23 de marzo | 15:35

Sobre la “solidaridad” del Banco Mundial y el FMI



Los dos organismos multilaterales de crédito más importantes, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, solicitaron en un comunicado conjunto la suspensión de los pagos de la deuda soberana de los países más pobres que así lo reclamen.
El comunicado está dirigido a las potencias que son acreedoras bilaterales de los países que integran la nómina de la Asociación Internacional de Fomento, compuesta por 76 países principalmente de África y Centroamérica (pero también de otras regiones como Pakistán, Nepal, Siria y Yemen), considerados los más pobres del sistema financiero internacional. Argentina, que enfrenta un quebranto de la deuda soberana, no integra este listado.
En estos países vive un cuarto de la población mundial y dos tercios de sus habitantes se encuentra en situación de pobreza extrema. Según ponderan el FMI y el BM, la pandemia del coronavirus puede hacer estragos tanto sanitarios (por las peores condiciones de vida, de salud y su densidad poblacional), como también sobre sus economías. Los organismos plantean al G20 analizar propuestas para atender un panorama de insostenibilidad de las deudas en cuestión.
Esta preocupación empalma con el anuncio del FMI de inyectar un billón de dólares en préstamos, mientras que los gobiernos del G20 calcularon que sus esfuerzos por aminorar la recesión mundial suman unos cinco billones de dólares. El Banco Mundial anunció por su parte un plan para proporcionar 160.000 millones de dólares en rescates financieros durante los próximos 15 meses, que incluye salvatajes a grandes capitalistas: “la Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés), nuestro brazo del sector privado, ya está trabajando en nuevas inversiones en 300 empresas”.
En el directorio del Fondo están obsesionados por aumentar la liquidez (la disponibilidad de dinero), para lo cual propusieron recrear –como se hiciera en la crisis financiera de 2008/09- los Derechos Especiales de Giro para aumentar la disponibilidad de reservas internacionales de los países miembros. Además propusieron expandir mecanismos como los swaps y duplicar la capacidad de emitir financiamiento de emergencia de los países acreedores para aliviar la carga de la deuda de las naciones más pobres. Esto cuando, según sus datos, “los inversores ya han retirado 83.000 millones de dólares de los mercados emergentes desde el comienzo de la crisis, la mayor salida de capital jamás registrada”.
¿Qué hay detrás de esta “solidaridad” del Banco Mundial y el Fondo Monetario para con los países más pobres? Simplemente, apuntan a salvar el sistema monetario internacional de un dislocamiento generalizado.
Por un lado, estos planteos son un tiro por elevación para presionar a China, el principal prestamista de las naciones más atrasadas y que no es miembro del Club de París –el pool de los mayores prestamistas del mundo. La crisis mundial detonada por la pandemia, como se ve, agudiza la guerra comercial internacional –como lo muestra el mercado petrolero-, lo cual a su vez obstaculiza un abordaje coordinado elemental para combatir al coronavirus.
Pero en primer lugar buscan evitar un quebranto en cadena que afectaría a los propios prestamistas y generaría un cuadro caótico. “Muchos países van a tener que reestructurar totalmente sus deudas e incluir quitas”, declaró el titular del Banco Mundial al dar a conocer el anuncio. El Líbano, que no está incluido en el listado, acaba de defaultear sus vencimientos de deuda. Los organismos no plantean desconocer las deudas sino un corrimiento de sus vencimientos, mientras se discute una renegociación global que incluya también a los acreedores privados.
Si bien el pedido del Banco mundial y el FMI está dirigido a los préstamos que fueron otorgados de un país a otro, a través de entidades y organismos públicos, el rescate apunta también a salvar a la banca. Si muchos analistas se esfuerzan en diferenciar la crisis actual de la de 2008 por una solidez mayor del sistema bancario, estas medidas son una confesión de que estas deudas son impagables. Los planteos del Fondo y el Banco Mundial constituyen un intento por evitar que todos estos activos deban pasarse a pérdida como créditos incobrables.
Los países atrasados serían así un tubo de ensayo para un salvataje. Estos, al igual que otros no incluidos en esta propuesta pero con situaciones muy comprometidas, como Argentina o Turquía, no pueden recurrir a las medidas que están adoptando las potencias imperialistas, porque la relajación monetaria (baja de tasas) y los paquetes de estímulo fiscal (mientras caen sus ingresos por exportaciones) agravaría la devaluación de sus monedas en momentos en que sufren aumentos inflacionarios. Históricamente, además, en estos países las reducciones de las tasas de interés no derivan en un crecimiento económico sino en una mayor figa de capitales.
Los organismos multilaterales, entonces, pretenden rescatar al corazón del sistema financiero mundial. La Reserva Federal de Estados Unidos ve con preocupación tanto el encarecimiento de su moneda como la mayor demanda de dólares de los llamados emergentes, que tiende a incrementarse por las exigencias de los vencimientos de deuda. La FED rechaza convertirse en el banco central del mundo (Bloomberg, 26/3), y cargar así con los tormentos financieros de Estados al borde de la quiebra.
El planteo del Fondo Monetario y el Banco Mundial es un eslabón más de la cadena de salvatajes al capital, con la intención de evitar una ola de quebrantos que amenaza con impactar de lleno en el nervio de la economía mundial capitalista, que es el sistema financiero.

Iván Hirsch

Panamá: el país mas afectado por el coronavirus de América Central



El gobierno impone medidas de salvataje del gran capital

La pandemia del coronavirus encuentra a Panamá en una situación de extrema fragilidad. Con un déficit en la balanza de pagos precedente al estallido de la pandemia, que asciende a 11.525 millones de dólares, y una deuda pública de 30.000 millones de la misma moneda, el pronóstico es absolutamente negativo.
Cabe decir que esto se agrava por el retroceso de la industria (cemento, cal y yeso, un 6,2%; bebidas alcohólicas, 14,8%; gaseosas, 7,6%; concreto, 7,4%; producción láctea, un 22,9%, tomate y azúcar, 9,4%). Este ha sido el cuadro propicio para despidos que disminuyeron el plantel industrial en un 2,4% en el istmo. La economía panameña basa sus ingresos fundamentales en la actividad financiera, de turismo y hotelera, así como en los peajes del Canal de Panamá. Copal, la empresa aeronáutica panameña ha visto caer sus acciones en Wall Street en un 30%, como fruto del impacto del coronavirus. La hotelería y el negocio gastronómico han caído abruptamente a partir de la declaración de la pandemia. Lo mismo se pronostica con la recaudación de los peajes de los barcos de 160 países que realizan 144 rutas navegables, que constituyen un 10% de la recaudación fiscal panameña. Cabe señalar que el Canal ocupa a diez mil trabajadores, cuya estabilidad peligra en esta nueva situación.
Como se ve, la situación es catastrófica por el presente, pero también por el pasado inmediato que expresa el impacto de la crisis del capitalismo. Sus expresiones en Panamá son las siguientes: 6% de desocupación, 44% de trabajo informal (en negro), el 75,3% de la población percibe un ingreso menor a los mil dólares (costo de la canasta familiar), y el 10% más rico percibe ingresos 37,3 veces mayor que el 10% más pobre.
Bajo estas circunstancias, Panamá presenta la cifra de 674 casos de coronavirus, con seis casos fatales, en un cuadro sanitario constituido por la proporción de 2,5 médicos cada mil habitantes y 2,2 camas cada mil (por debajo de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud), con una disminución drástica en las comarcas a una proporción de uno cada mil en ambos ítems (le siguen Puerto Rico con 581 infectados, tres de ellos muertos; Costa Rica con 263 infectados, tres fallecidos; Honduras con 95 infectados y un deceso; Cuba tiene 80 infectados y dos víctimas fatales.
El gobierno derechista de Laurentino Cortizo, ha declarado una cuarentena con dos horas de permiso para realizar compras de alimentos, y ha decretado un plan de “ayuda alimentaria” para los más necesitados, postergando para ellos el pago de los servicios, a la vez que ha dictado una eximición de impuestos a la clase patronal. El conjunto de los partidos de la oposición panameña, convocados por Cortizo, acordaron con las medidas decretadas por el Ejecutivo, en una manifestación clara de no provocar una escisión al interior de la clase capitalista, aunque no sin que estuviera ausente un pedido de que sean los alcaldes quienes distribuyan la ayuda, en una expresión clara de disputa por el manejo clientelar de los recursos.
Pero se trata de medidas superficiales ya que no atacan al sistema privado de salud, mantienen el pago de la deuda externa (y acaban de emitir deuda con el Citibank por valor de 1600 millones de dólares), que dan piedra libre a los despidos y se proponen una reforma previsional contra la clase obrera.
Los trabajadores panameños cuentan con una tradición antiimperialista y de lucha que se ha manifestado en el transcurso de 2018 y 2019 en la provincia de Colón contra la expulsión de decenas de miles de trabajadores de sus viviendas en una rebelión que enfrentó un negocio inmobiliario de Odebrecht, y en las recientes huelgas portuarias y de la construcción, de una gran combatividad.
Cuenta por lo tanto con las reservas necesarias para luchar por la nacionalización del sistema de salud bajo control de los trabajadores sobre la base de la expropiación de las clínicas privadas, un impuesto de emergencia al gran capital bancario para financiar la emergencia sanitaria y completar la cantidad de camas necesarias y la construcción de hospitales de emergencia, colocar los grandes y lujosos hoteles al servicio de este propósito, poner la infraestructura industrial a producir insumos para enfrentar la catástrofe, desconocer la deuda externa para financiar la cobertura de estas necesidades, y prohibir los despidos.
La situación explosiva común de América Central y el Caribe, con antecedentes recientes de levantamientos populares en Honduras, Costa Rica, Puerto Rico, Nicaragua, es de esperar que impacte en la memoria colectiva de las masas explotadas para dar una salida a la crisis que trae la pandemia, en los únicos términos posibles: una salida obrera y socialista.

Roberto Gellert

Las favelas brasileñas, jaqueadas por el coronavirus y las bandas narco

El Financial Times del viernes titula: “Bandas narcos brasileñas hacen cumplir el toque de queda dentro de las favelas, contra la propagación del Covid-19”. Como si fueran un comité de salud, los cabecillas narcos se reunieron para determinar las medidas que iban a llevar adelante en los complejos superpoblados donde tienen el dominio total. Estas son, las de imponer un toque de queda a partir de las 20 horas, distribución de jabones y la explicación -vía un vehículo con un parlante en su techo- sobre cómo deben higienizarse.
Esto está ocurriendo en varias favelas de Rio de Janeiro. Estas concentran al 20% de la población local, o sea 1,4 millones de personas (El Comercio, 25/3). Los grupos de narcotraficantes presionan a la población, vía amenazas constantes y la ostentación de armamento de grueso calibre, para cumplir el toque de queda, siendo algo así como una policía pero de la favela. Imponen el confinamiento de familias enteras, sin medidas básicas de salubridad, acceso al agua potable y lógicamente sin alimentos.
El poder de las bandas narco es reconocido y legalizado por el Estado. Es la respuesta de Bolsonaro a los sectores que viven en la pobreza, tiene trabajos precarios y en su mayoría están desempleados. Son conocidos los vínculos del mandatario con distintos milicianos, algunos de los cuales estuvieron detrás del crimen de la concejal del Psol de Rio, Marielle Franco.
La acción de estas bandas es el complemento de las fuerzas represivas, que tienen en su haber miles de muertes por el gatillo fácil. El panorama se completa con la presencia de las Fuerzas Armadas en el gobierno, dado que están a cargo de numerosos ministerios.
En la mayoría de los países de Sudamérica las fuerzas de represión son movilizadas, no para garantizar la prevención del Covid-19, sino para contener estallidos sociales provocados por condiciones inhumanas de existencia y necesidades profundamente insatisfechas.
Brasil es uno de los países más afectados por el coronavirus, con 92 muertos y más de 3400 infectados. Si se propaga en las favelas podría asumir dimensiones colosales. Bolsonaro niega la verdadera envergadura de la crisis, lo que ha forzado a los gobernadores de distinto signo político a imponer cuarentenas en aras de su supervivencia política. Todo esta ha redundado en un agravamiento de la crisis política.
Es necesario un planteo obrero frente a la pandemia: no pago de la deuda externa. Aumento del presupuesto de salud. Suspensión de todas las actividades no esenciales. Prohibición de despidos. Licencias sin afectar el salario. Inmediata asistencia alimentaria y sanitaria para todos los habitantes de las favelas.
Fuera Bolsonaro-Guedes.

Matías Grandia
desde Rio Grande do Sul

Irlanda, la pandemia y la “estatización provisoria” del sistema de salud



La República de Irlanda ha registrado ya nueve muertos por el coronavirus y más de 1.500 infectados. El ministro de salud, Simon Harris, advirtió que el país “es la Italia de hace unas pocas semanas atrás”, en referencia al país europeo más golpeado por la pandemia.
En estas condiciones, el gobierno de Leo Varadkar (del Fianna Gael, uno de los partidos tradicionales de la isla) se ha visto forzado a poner en marcha un paquete de medidas de emergencia. Entre ellas, ha puesto bajo su comando al servicio de salud privado durante la crisis, en lo que algunos medios presentaron como una nacionalización. Algo similar ya había ocurrido en España. También se anunció una prohibición de los desalojos por tres meses y de los aumentos de los alquileres mientras dure la pandemia, esto debido a que son miles los que han perdido sus empleos y no pueden pagar el alquiler. De todos modos, la deuda se seguirá acumulando, por lo que es una decisión que patea el problema hacia adelante. Habrá un aumento en los subsidios sociales y también a las patronales, dado que el Estado se hará cargo del 70% del sueldo del personal de empresas afectadas por la crisis. Por último, no se establece una cuarentena obligatoria pero sí el cierre de locales comerciales no esenciales, a la vez que se fomenta el teletrabajo. Hay denuncias, sin embargo, de que grandes fábricas y obras en construcción se mantienen abiertas.
Con la “estatización” temporaria del sistema de salud privado, el gobierno suma 2.000 camas, nueve laboratorios y la fuerza de trabajo del sector. No son claros los “detalles” de la medida, por ejemplo si los hospitales privados serán remunerados por sus servicios. En un diario de la isla, un vocero del sector hablaba de que se estaba discutiendo un “contrato” (The Journal, 25/3).
El sistema de salud público irlandés ha sido víctima, como ocurre en otros países del continente, de un brutal desfinanciamiento. De hecho, esta fue una de las razones por la que el gobierno sufrió una fuerte derrota electoral en los comicios de febrero. En estos días, los trabajadores de la salud han denunciado la escasez de equipos de seguridad para desarrollar sus labores, que en algunos casos deben costear de sus propios bolsillos. Una de cada cuatro víctimas del coronavirus en el país es un trabajador del sector.
La pandemia amenaza con provocar una fuerte caída económica y un brusco aumento de la desocupación. Según el diario británico The Guardian, 140 mil trabajadores (sobre todo de comercios) ya han sido cesanteados y el desempleo podría trepar hasta el 18% (actualmente es del 5%). A todo esto debemos sumar las consecuencias -tanto económicas como políticas- del Brexit, que pone sobre la mesa otra vez el problema del vínculo con Irlanda del Norte -actualmente adscripto al Reino Unido.
Se crean las condiciones para un volcán social, en un país donde se ha acumulado un fuerte malestar por las políticas de ajuste y de rescate a la banca, por 64 mil millones de euros en 2010.
En este contexto, se han multiplicado las voces que llaman a la formación de un gobierno de unidad nacional. Tras las elecciones de febrero, hubo negociaciones pero no se logró conformar ninguna mayoría de gobierno (Irlanda es un país con régimen parlamentario).
Los dos partidos tradicionales del país (Fianna Gael y Fianna Fáil), que sufrieron un fuerte revés en febrero, han expresado su disposición a un gobierno común, pero aun así necesitarían el auxilio de otros partidos, por lo que están sondeando a sectores independientes. El Partido Verde, que cuadruplicó su cantidad de bancas, parece dividido entre un sector proclive a integrarse y otro que no.
Un gobierno de unidad nacional sería un engendro reaccionario para enfrentar la respuesta popular y transferir a las masas el costo de la crisis.
Sinn Fein, la fuerza centroizquierdista que dio un batacazo y ganó las últimas elecciones con un 25%, a partir de un discurso centrado en propuestas sociales (construcción de viviendas, etc.), critica las políticas de ajuste, pero estuvo en tratativas con el Fianna Fáil para formar gobierno.
La envergadura de la crisis está obligando a los gobiernos europeos a tomar medidas que estaban fuera de su radar, pero siempre orientadas en una perspectiva de rescate del capital.
Los trabajadores necesitan construir un programa y una salida propia.

Gustavo Montenegro

India: 1300 millones expuestos sin red frente al coronavirus



La catástrofe que se avecina

El gobierno derechista de la India, encabezado por el primer ministro Narendra Modi, decretó esta semana una cuarentena por el término de 21 días, que alcanza a 1.300 millones de habitantes, ante el temor de que, en un corto plazo de días, comience la disparada de contagios de coronavirus en ese país.
El cuadro de explosividad que supone esta amenaza que avanza sobre el país asiático, está dada por las condiciones de vida y de trabajo de la población de uno de los países más poblados del mundo. “Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), al menos el 90% de la fuerza laboral en India trabaja en el sector informal” y “la mayoría no tiene acceso a pensiones, bajas por enfermedad, ni vacaciones remuneradas y no cuenta con un seguro médico” (BBC News, 25/3).
Esto deja librados a su suerte a millones y millones de trabajadores y a sus familias que no tendrán ningún ingreso en el curso de las tres semanas de aislamiento. Esto cuando más de 360 millones de personas (casi el 30% de la población) vive bajo el umbral de la indigencia.
Aunque los casos computados de contagios (cerca de 600) y de muertos (12) son relativamente bajos, varios expertos han declarado a la prensa que, en realidad son datos poco veraces y que la razón es que se han realizado escasos testeos entre la población.
Una proyección realizada por especialistas, “sugiere que el país podría llegar a tener unos 300 millones de casos, de los cuales cuatro o cinco millones podrían ser graves” (ídem), es decir con riesgo de muerte, cuando la epidemia se desarrolle y extienda como se espera que suceda.
Ante este cuadro, que convertiría a la India en, quizá, el país con la mayor expansión de la pandemia en el mundo y también con la mayor cantidad de muertes, los expertos advierten sobre la dificultad que entrañará enfrentar la expansión del virus, ya que el sistema sanitario indio “sólo tiene un hospital público por cada 55.000 habitantes” (El País, 27/3).
Es una fotografía conocida la de la imagen de las ciudades indias superpobladas, donde millones de personas viven hacinadas en sus viviendas, con también millones de trabajadores que se desplazan de una ciudad a otra para tratar de conseguir un trabajo o para realizar alguna actividad que les permita subsistir a ellos y sus familias, en un cuadro de total informalidad como el que da cuenta la OIT.
El hacinamiento es tal que “alrededor del 75% de los hogares indios con una cantidad promedio de cinco miembros (unos 900 millones de personas en total) vive en espacios de dos habitaciones o menos” (BBC News, 25/3).
Según surge de datos del propio gobierno indio, la falta de medios sanitarios es resultado de la inversión mínima del 1,28% de su PIB en sanidad. “Las insuficiencias médicas condenan al sector más desfavorecido del país” que “queda expuesto al coronavirus en entornos insalubres que ya eran caldo de cultivo de enfermedades” (ídem).
El gobierno tiene que armar una enorme planificación para garantizar las líneas de suministro de alimentos para más de 1.300 millones de personas. Pero, además y fundamentalmente, se trata de cómo va a sobrevivir la inmensa población trabajadora ya que en una economía en gran parte informal, el confinamiento significa la pérdida total de ingresos para centenas de millones de personas.
Ante la miseria histórica de este país, asolado durante decenas de años por la explotación colonial británica y luego por los sucesivos gobiernos de distinto signo (la mayor parte de los cuales correspondió al Congreso Nacional Indio) que mantuvieron las temendas diferencias sociales entre una clase de grandes millonarios y una masa de la población viviendo en condiciones de miseria, el cuadro actual tiene un componente explosivo.

Represión

Analistas indios dijeron a BBC News que el gobierno teme que “la gente rompa la cuarentena” y que se generen “disturbios sociales”. Por esa razón, Modi puso rápicamente en las calles a las fuerzas de represión y, como trascendió en muchos videos, agentes armados con palos han golpeado a las personas que paseaban por la calle, mientras que otros, “han optado por obligarles a hacer sentadillas y flexiones”, al igual que la policía y los gendarmes en las barriadas obreras de nuestro país.
El primer ministro justificó el "encierro total" con el planteo de "salvar" al país, "a sus ciudadanos y a las familias" y acotó que "es imposible imaginar el costo que India tendrá que pagar si continúa su comportamiento irresponsable”, en referencia a quienes no cumplieron el aislamiento voluntario que había sido decretado días antes.
Así, la responsabilidad de enfrentar a la pandemia la hace recaer exclusivamente sobre la población que vive en condiciones de miseria, para la que aún no anunció ninguna medida que garantice su subsistencia, ni que cambie las condiciones de hacinamiento en la que vive la mayoría. Y, así también, justifica la represión.

Un gobierno criminal

Este cuadro encuentra al pueblo indio con un gobierno derechista, defensor a ultranza del repetido cuadro de explotación y miseria, alineado con Donald Trump y que hace apenas unos meses hizo aprobar en el Parlamento una ley discriminatoria de la minoría musulmana, constituída por unas 200 millones de personas, la mayoría pobres, por la cual los deja como ciudadanos de segunda, con el objetivo de generar una división en la clase obrera india.
Las movilizaciones que se hicieron contra esta ley fueron ferozmente reprimidas por bandas parapoliciales armadas al amparo del gobierno con el resultado de unos 30 manifestantes muertos. Esas mismas bandas “irrumpieron recientemente en los campus universitarios para atacar a los estudiantes”.
Así, la catástrofe que se avecina seguramente va a llevar a la quiebra de la cuarentena y a “disturbios sociales” como teme el gobierno. La lucha contra la pandemia y contra el hambre está en manos de las masas.

Nelson Marinelli

Argentinavirus: nuestro país y la experiencia mundial



La cuarentena resulta insuficiente sin otras medidas de salubridad que puedan controlar y frenar el avance del virus. Existen países en el mundo que han podido contener el avance del COVID 19, inclusive países cercanos a China: Taiwán (23.600 millones de habitantes, 67 casos y un fallecido), Hong Kong (7.500 millones de habitantes, 155 infectados y 4 muertes), Japón (120 millones de habitantes, solo 800 contagiados) y Corea del Sur (reducción abrupta las últimas semanas). En Europa, se destaca Alemania: es el quinto país del mundo en registrar casos confirmados (31.000) pero tiene el menor índice de proporcionalidad de muertes (132 fallecidos). Esto es porque han hecho énfasis en campañas de prevención rápidas, análisis (realizan 12.000 test diarios) y han aumentado el presupuesto para salud en un 40%.
Más allá de las características de los gobiernos de dichos países, la situación geográfica y su densidad poblacional, la clave fueron las medidas de salubridad que se hicieron efectivas.

Medidas

En un primer lugar: testeos masivos. Según recomienda la Organización Mundial para la Salud (OMS), este es el factor fundamental para contener la extensión de la pandemia. Debido a la característica inicial asintomática del virus, los tests revelarían con mayor certeza los casos existentes y se podría proceder a tomar acciones pertinentes a partir del conocimiento del impacto real del virus. En Argentina solamente se realizan 200 pruebas diarias y solo a partir de que los pacientes manifiestan dudas sobre si se han contagiado o no. Insuficiente.
A su vez, otra medida necesaria es la atención temprana: el factor tiempo fue decisivo. Los países que destacamos en esta nota comenzaron a hacer test a las personas provenientes de otros países desde antes que se registrara transmisión local. En segundo lugar, el aislamiento efectivo de los contagiados. Esta forma contribuye a frenar la expansión del virus. Como ejemplo, en la ciudad de Pekín (China) el gobierno ha ido supervisando al extremo la detección de nuevos casos potenciales y aislado a los contagiados en “hoteles de cuarentena”. Además, actuar con rapidez en medidas como “el distanciamiento social” o “cuarentena” es fundamental para reducir los contagios. Pero, claramente, esta medida debe ser acompañada por las detalladas anteriormente, para conocer el cuadro real de infectados.
En última instancia, pero no menos importante, la higiene. En los países de los cuales estamos hablando, se han reforzado las campañas para el lavado de manos a través de internet a la vez que procedían a un incesante mecanismo para la limpieza de las calles y los lugares públicos.

Argentina

La situación en nuestro país alcanza grados de alarma superlativos. Se ha publicado un relevamiento reservado del Ministerio de Salud que plantea 4 escenarios posibles en relación a contagiados, teniendo en cuenta proyecciones de pacientes que requerirán internación y la estimación de fallecimientos. Cualquiera de esos 4 escenarios representa un cuadro de colapso absoluto del sistema de salud, a lo que le suma años de vaciamiento del sistema de salud público. En esta sintonía, algunos gobernadores de las provincias del interior, incluso, analizan cerrar sus propias fronteras ya que caracterizan que el cuadro en CABA y Provincia de Buenos Aires “va a explotar”.
En el conurbano bonaerense, en particular, las condiciones de vida en las barriadas más empobrecidas son otro factor explosivo a la hora de contener la pandemia: el déficit habitacional, el casi nulo acceso al agua potable y las cloacas, el hacinamiento, entre otros, son condiciones de base críticas. Bien lo saben los intendentes del conurbano, que piden eufóricamente a la Ministra de Seguridad que mande a la gendarmería y al ejército a sus respectivos municipios y barrios, pero no para “controlar” el #quedateencasa, sino para aplastar cualquier atisbo de organización mediante la regimentación, el disciplinamiento y la represión.
Con esta crisis, además, se ha puesto de manifiesto con mayor claridad que la clase obrera es la que produce, la que mueve los engranajes
Con un 40% de trabajadores en situación de “informalidad”, la crisis social es una caldera. Por eso, son necesarias medidas de fondo que contribuyan a frenar el avance de la pandemia y las consecuencias que la enfermedad cargará sobre la vida de los trabajadores.

Flor Palombo
27/03/2020

sábado, marzo 28, 2020

Naturaleza, marxismo y pandemias



La pandemia ha sido pronosticada por especialistas de todo el mundo, para el cual los gobiernos no se prepararon – al revés, desinvirtieron en sistemas de prevención, de investigación científica y de salud. Las pandemias actúan en contextos sociales y económicos concretos. El virus detrás de la pandemia actual (SARS-CoV-2), al igual que su predecesor de 2003 (SARS-CoV), así como la gripe aviar y la gripe porcina antes, se gestaron en el nexo de la economía capitalista y la epidemiología. Por lo tanto, esta pandemia debe analizarse en la fase en la que se encuentra el actual modo de producción. Lo que conocemos como epidemias se generalizaron desde el neolítico a esta parte, debido a cambios históricos de la organización del trabajo social: la cría de ganado, la agricultura y el sedentarismo. El contacto directo con el ganado hizo cada vez más frecuente el esparcimiento de virus y bacterias, que comenzaron a viajar de continente a continente con el comercio de larga distancia. La pobreza y el hacinamiento de las poblaciones contribuyó a su propagación. La lista es interminable. Es la mayor causa de muertes humanas, más que todas las guerras juntas.
(...) “la ciencia no es una función de los hombres de ciencia individuales; es una función social. La valorización social de la ciencia, su valoración histórica, queda determinada por su capacidad para incrementar el poder del hombre y para armarlo con el poder de prever los acontecimientos” (Trotsky, “El materialismo dialéctico y la ciencia”, 1925).
La enfermedades y su relación con la condición social ya fue analizada por Engels hace más de 150 años: “cuando la epidemia (de cólera) amenazó, un pavor general se apoderó de la burguesía de la ciudad (Manchester); de pronto se acordó de las viviendas insalubres de los pobres y tembló ante la certidumbre de que cada uno de esos malos barrios iba a constituir un foco de epidemia, desde los cuales extendería sus estragos en todo sentido a las residencias de la clase poseedora” (La situación de la clase obrera en Inglaterra, p. 96).

Restauración, crisis, pandemias

La expansión de la mayoría de los últimos virus proviene de China. La restauración capitalista en China determinó una expansión enorme de las ciudades y por lo tanto la separación del campo y la ciudad. Este nuevo desarrollo de la división del trabajo escindió a formidables concentraciones humanas del terreno donde se producen los alimentos. El desplazamiento de la fuerza de trabajo hacia las grandes urbes implicó una movilización impresionante de personas del campo hacia la ciudad y problemas de alojamientos adecuados. Eliminación de las comunas agrarias mediante, la relación campo-ciudad adoptó un carácter mercantil donde antes era planificada. Creció en forma exponencial el hacinamiento, por un lado, debido al alojamiento de los obreros en las mismas empresas, por el otro como consecuencia de las expropiaciones de viviendas para instalar grandes proyectos inmobiliarios. La expansión de la demanda de alimentos, que antes no salían del marco campesino, por parte de urbes desorganizadas, propiciaron la trasmisión de la enfermedad, como la del SARS en 2002.
Wuhan es una ciudad manufacturera por excelencia. Reproduce las condiciones laborales de la Gran Bretaña que analizó Engels. Es una ciudad industrial que se dedica a la producción de acero en altos hornos y a la construcción. La población creció un 20% en los últimos 10 años, la mayoría por la llegada de trabajadores del interior.
El consumo de ganado y la expansión de la producción implican –bajo el capitalismo– un mayor uso de antibióticos y del sistema de feedlot. Esto no solamente es agresivo para el ecosistema, sino que es un medio de propagación de todo tipo de enfermedades. Éstas pueden pasar de animales a otros animales y de éstos a los seres humanos. La mutación de este virus sólo puede entenderse comprendiendo la forma en que el mundo capitalista produce sus alimentos y la forma en que vive la clase obrera.
“La propagación de nuevas enfermedades a la población humana es casi siempre el producto de lo que se denomina transferencia zoonótica, que es una forma técnica de decir que tales infecciones saltan de animales a humanos. Este salto de una especie a otra está condicionado por cosas como la proximidad y la regularidad del contacto, todo lo cual construye el entorno en el que la enfermedad se ve obligada a evolucionar (…) La olla a presión evolutiva (es) la agricultura capitalista y la urbanización. Esto proporciona el medio ideal a través del cual las plagas cada vez más devastadoras nacen, se transforman, se inducen a saltos zoonóticos y luego se vectorizan agresivamente a través de la población humana. A esto se agregan procesos igualmente intensivos que ocurren en los márgenes de la economía, donde las cepas ‘salvajes’ se encuentran por personas empujadas a incursiones agroeconómicas cada vez más extensas en los ecosistemas locales. El coronavirus más reciente, en sus orígenes ‘salvajes’ y su repentina propagación a través de un núcleo altamente industrializado y urbanizado de la economía global, representa ambas dimensiones de nuestra nueva era de plagas político-económicas” (http://chuangcn.org/2020/02/social-contagion/)
La idea básica está desarrollada por el biólogo Robert G. Wallace, en su libro de 2016, “Big Farms Make Big Flu” (“Las grandes granjas crean grandes gripes”). Allí, la idea general es que la “lógica del capitalismo” se identifica con la “lógica de los virus”, lo que facilita su expansión y virulencia: “la lógica básica del capital ayuda a tomar cepas virales previamente aisladas o inofensivas y colocarlas en entornos hipercompetitivos que favorecen los rasgos específicos que causan epidemias, como ciclos de vida virales rápidos, la capacidad de salto zoonótico entre especies portadoras y la capacidad de evolucionar rápidamente nuevos vectores de transmisión. Estas cepas tienden a destacarse precisamente por su virulencia. En términos absolutos, parece que desarrollar cepas más virulentas tendría el efecto contrario, ya que matar al huésped antes proporciona menos tiempo para que el virus se propague. El resfriado común es un buen ejemplo de este principio, que generalmente mantiene bajos niveles de intensidad que facilitan su distribución generalizada a través de la población. Pero en ciertos entornos, la lógica opuesta tiene mucho más sentido: cuando un virus tiene numerosos huéspedes de la misma especie muy cerca, y especialmente cuando estos huéspedes pueden tener ciclos de vida más cortos, el aumento de la virulencia se convierte en una ventaja evolutiva” (ídem).
El antagonismo entre el desarrollo capitalista y la naturaleza ya fue analizado por Marx hace más de 150 años. Marx describe el capitalismo como una ruptura con las ‘leyes naturales’ de la vida: “Por otro lado, la gran propiedad de la tierra reduce la población agrícola a un mínimo en constante caída y la confronta con una población industrial en constante crecimiento, aglomerada en grandes ciudades. Crea condiciones que causan una ruptura irreparable en la coherencia del intercambio social prescrito por las leyes naturales de la vida. Como resultado, la vitalidad del suelo se desperdicia, y esta prodigalidad es llevada por el comercio mucho más allá de las fronteras de un estado en particular” (Marx, El Capital, Vol. 3, VI, 47).
La producción mercantil es el ambiente propicio para que nuevas epidemias y pandemias (cada vez más explosivas) se generen y propaguen. La producción agrícola y ganadera capitalista es el fermento de estos virus por la cantidad de patógenos volcados a la producción y el contacto estrecho entre animales y seres humanos. Y la mayor causa de deforestación y cambio climático.

Propiedad privada, naturaleza y pandemias

Desde joven Marx entendió la relación que existía entre la naturaleza y la propiedad privada, y así lo expresó en los debates del parlamento renano, donde discutía el derecho consuetudinario de los campesinos que “robaban” leña, cuando en realidad apoyándose en la propiedad privada, los terratenientes se apropiaban de algo tan “natural” y “comunal” como las ramas secas de los árboles. Allí Marx descubrió que el “interés general” y el “bien común”, chocan con la propiedad privada y el estado capitalista.
La razón última de la explosión de las pandemias la encontramos en el funcionamiento de la sociedad capitalista: “La razón última de todas las crisis reales sigue siendo la pobreza y el consumo restringido de las masas en oposición al impulso de la producción capitalista para desarrollar las fuerzas productivas como si solo el poder absoluto de consumo de la sociedad constituyera su límite” (Marx, El Capital, Vol. 3, Parte V, 30). Las consecuencias de la producción capitalista son las devastadoras crisis de los sistemas de salud y de la destrucción de la fuerza de trabajo, porque esto es el funcionamiento “normal” de la acumulación del capital: “Por lo tanto, la producción capitalista solo desarrolla la tecnología y la combinación del proceso de producción social, al tiempo que socava las fuentes de toda riqueza: la tierra y el trabajador” (íbid). Hegel había marcado que la naturaleza no es pura y simple exterioridad, sino que conforma una unidad dialéctica con el hombre y su “esencia” social: “En su acción, el ser humano se comporta con la naturaleza como algo inmediato y exterior” (Enciclopedia de las ciencias filosóficas, p. 303). Marx y Engels tomaron esta lección y la generalizaron a todos los ámbitos sociales, incluida la producción. Y rápidamente entendieron que el capital plantea una situación de exterioridad con la clase obrera (alienación) y con la naturaleza.
"Por lo tanto, en cada paso se nos recuerda que de ninguna manera gobernamos la naturaleza como un vencedor sobre un pueblo extranjero, como alguien que está fuera de la naturaleza, sino que nosotros, con carne, sangre y cerebro, pertenecemos a la naturaleza y existimos en medio de ella, y que todo nuestro dominio del mismo consiste en el hecho de que tenemos la ventaja sobre todas las demás criaturas de poder aprender sus leyes y aplicarlas correctamente”. (Engels, “El papel desempeñado por el trabajo en la transición del mono en hombre”, 1876).

Ley del valor-trabajo y alienación

En las guerras convencionales se movilizan los ejércitos a partir del reclutamiento forzoso o voluntario, y se orienta la producción a las industrias esenciales para alimentar y proveer a la población, y hacia la industria armamentística. En esta “guerra” lo que vemos es la escasez de mano de obra industrial y la necesidad de movilizar a la clase obrera hacia las industrias que proveen servicios de salud, construcción e insumos. La falta de fuerza de trabajo por motivos de salud pública hace imposible la explotación de la clase obrera, generando la alarma de todos los empresarios y sus gobiernos. Los capitalistas pueden tomarse todas las cuarentenas que quieran, pero no se puede prescindir de los trabajadores.
EEUU anuncia un rescate del 10% de su PBI, Europa flexibiliza los regímenes fiscales y los préstamos. Pero ninguno de estos rescates puede reemplazar la producción de plusvalor real de la economía, la extracción de trabajo excedente. El capitalismo consiste en aumentar la proporción de plustrabajo frente al trabajo necesario. No existe masa de capital ficticio que pueda sostenerse si no existe una relación con la explotación de la fuerza de trabajo.
La clase dominante sabe que ningún rescate financiero o crediticio puede reemplazar la generación de plusvalor. El año pasado se registró la mayor cantidad de deuda global, llegando al 322% del PBI mundial, o 253 billones de dólares. Pero el crédito barato se acabó y la ausencia de rentabilidad y de inversiones muestra la caída de la tasa de ganancia y el peso inexorable de la ley del valor.
De lo que se trata es de revertir este proceso analizado por Marx: “La barrera del capital consiste en que todo este desarrollo se efectúa antitéticamente y en que la elaboración de las fuerzas productivas, de la riqueza general, etc., del saber, se presenta de tal suerte que el propio individuo laborioso se enajena; se comporta con las condiciones elaboradas a partir de él no como las condiciones de su propia riqueza, sino de la riqueza ajena, y de su propia pobreza” (Grundrisse, II, p. 33). Lo que defienden los capitalistas en la situación de crisis que atravesamos es la riqueza apropiada, y los recursos que reclaman los trabajadores para salir de la catástrofe son producto de su propio esfuerzo. La clase obrera debe entender su rol dirigente dentro de la sociedad.

Emiliano Monge
26/03/2020

Pandemia, guerra y crisis migratoria

La crisis migratoria en Europa se reabrió antes del avance del Covid-19. La isla griega de Lesbos ya era un campo de concentración de refugiados a cielo abierto; ahora es una bomba de tiempo.
Todos los estados nacionales han cerrado sus fronteras, pero no atienden las condiciones actuales de los refugiados, que constituyen un caldo de cultivo enorme para el Covid-19.
Los “centros de refugio” son lugares de contención de los “puntos críticos” de migración hacia Europa. Allí hacinan a los migrantes hasta que se realiza la solicitud de asilo, y los rechazados van hacia Turquía. Erdogan cierra y abre fronteras según sus acuerdos con Rusia y EEUU por el desmembramiento de Siria.
Es una política similar a la de Trump, que confina en la frontera mexicana a los migrantes, expuestos a condiciones de vida terribles mientras avanza la pandemia, antes de ser denegados los pedidos de asilo.
Moria, el campamento principal de Lesbos en Grecia, ahora alberga a 21.000 personas en un sitio planificado para 3.000. Es un pozo negro insalubre, un campo de concentración. “No hay más carpas disponibles, incluso para ubicar a las personas fuera del campamento, en los campos de olivos. Los recién llegados reciben solo una manta y deben dormir en el piso. Por lo tanto, es probable que haya tensión cuando no hay suficiente comida y hay que hacer cola durante cinco horas para una comida”, dijo Bouchetel, abogada francesa que trabaja para Oxfam en la isla. Un tercio de los refugiados en el campamento son niños sumado a mujeres embarazadas.
La OMS y distintas organizaciones sociales denuncian que las condiciones paupérrimas de estos centros (precariedad habitacional, hacinamiento, falta de agua, etc.) hacen imposible contener la situación en caso de un brote de Covid-19 entre esta población. Se le exige al gobierno derechista griego que se desconcentre a la población y brinde elementos de higiene e información sanitaria sobre la pandemia, pero nada de esto ocurre. La población debe ser alojada en condiciones para lograr el necesario aislamiento y evitar una tragedia humanitaria mayor.

Covid-19 en África

El COVID-19 se extiende por el continente al mismo tiempo que África enfrenta un número récord de desplazamiento poblacional. En la actualidad hay más de 25 millones de personas desplazadas por la fuerza, desplazados internos y refugiados, como resultado de conflictos bélicos, represiones o por cuestiones económicas. Los lugares de destino son las ciudades que permiten más oportunidades de trabajo y los asentamientos informales o campamentos. En todos los casos, los servicios de salud están sobrecargados o son inaccesibles, lo que aumenta el riesgo de exposición y vulnerabilidad a la infección. Las ciudades mismas se han convertido en trampas mortales para una población completamente hacinada, sin agua potable y alimentos.
Si bien estas masas en desplazamiento no han sido identificadas como puntos clave de transmisión de COVID-19, las altas densidades y la movilidad de los migrantes hace que sean muy vulnerables a la exposición. La capacidad de estas comunidades para practicar el distanciamiento social es casi imposible. Si el coronavirus llegara a estos sectores de la población la propagación sería rápida y devastadora como ya fue señalado en Política Obrera (politicaobrera.com/internacionales/709-africa-y-coronavirus-el-continente-olvidado)
La situación que se desarrolla en Europa, Estados Unidos y África se liga rápidamente a la luz de la política imperialista que continúa la guerra comercial y convencional desde Yemen hasta Afganistán.
El pretendido desarrollo alcanzado por las metrópolis capitalistas presenta por supuesto diferencias en las condiciones materiales, pero el resultado es el mismo, el colapso del sistema sanitario.
Vuelve a colocarse en la agenda de la clase obrera mundial, la necesidad de una acción coordinada de los explotados, empalmando con una creciente deliberación obrera que cuestiona las decisiones que toman sus gobiernos dictadas por los capitalistas y sus intereses.

Ana Belinco, Joaquín Antúnez y Emiliano Monge
28/03/2020

El coronavirus fragmenta a la economía mundial

El desarrollo de la pandemia producida por el coronavirus a nivel mundial ha implosionado las relaciones entre Estados Unidos y China, luego de la pretendida tregua de la guerra comercial anunciada en enero en la Casa Blanca entre Trump y Xi Jinping. The Economist lo tituló "The Blame Game" – después que Trump culpara a China por la diseminación del COVID-19. De un lado, Trump comenzó a referirse al "virus chino"; del otro lado aseguran que el virus fue propagado por parte del ejército yanqui que visitó el país asiático en ocasión de los juegos militares internacionales.
En cualquier caso, el golpe a la economía, asestado por la pandemia, tiene como implicancia la agudización en la competencia comercial y financiera. Se calcula que el aumento del PBI chino de este año alcanzaría un 4,8%, lo cual significa el mayor retroceso de la tasa de crecimiento en las últimas tres décadas (BBC, 17/03); en Estados Unidos, la economía se contraería en un 12% a finales de junio (Página 12, 22/03). Organismos internacionales anunciaron ya que la pérdida de la economía global a partir de la pandemia rondará los dos billones de dólares (Infobae, 14/03). La depresión capitalista internacional, durante la primera mitad del 2020, es la peor al menos desde la segunda guerra mundial en adelante. La tregua, ya cuestionada desde sus inicios, resulta irrealizable en un contexto como el actual.
En este contexto, China y Estados Unidos, principalmente, han entrado en una "carrera científica global" para probar fármacos solubles para el problema del coronavirus, mientras hacen lo propio para descubrir la correspondiente vacuna para esta enfermedad (El País, 20/03). La idea de que ambos sectores trabajen de manera cooperativa se da de bruces con la realidad. En Washington señalaron que “lo importante es quién consigue poner el virus bajo control, quién reconstruye antes la economía, la guerra de la imagen la ganará quien obtenga mejores resultados y para eso faltan unos meses” (El País, 22/03). Francia y Alemania están considerando la nacionalización de algunos polos farmacéuticos y de equipos médicos, para evitar que sufran una adquisición hostil de parte del capital norteamericano.
En efecto, se ha desatado una lucha por el control de la producción sanitaria y farmacológica. La competencia es por respirados y equipos de detección, pero por sobre todo por los antivirales y la vacuna para el CO-VID19. Los intentos de resolución de la pandemia no están exentos de las leyes propias del funcionamiento del capital. Lo que se reivindica como una guerra contra un "enemigo común" para toda la humanidad, esconde la verdadera lucha intestina entre las potencias. El coronavirus no ha silenciado la guerra comercial, sino que la ha intensificado. El trabajo por la conquista de fármacos y vacunas, ni por la producción de respiradores artificiales no ha unificado a la economía internacional, sino que la fracturado como nunca desde la década del ‘30 del siglo pasado.

Camila Pérez
28/03/2020

Desempleo y pandemia: el capital en terapia intensiva

La pandemia ha puesto de manifiesto la extremadamente precaria situación de los trabajadores en el mundo.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) prevé 25 millones desocupados (OIT, 20/03). Y eso que es sólo el comienzo. Se evalúa que la crisis ya es más grande que la de 2008 y se la compara con la restauración capitalista en la URSS, que arrojó una caída del 50% del PBI en pocos años y un crecimiento del desempleo descomunal.
Esta situación golpea de lleno a la mano de obra joven, los trabajadores de entre 18 y 35 años figuran en el grupo más proclive a la pérdida del empleo, por su ya ingreso precario al mercado laboral. Entre ellos, las mujeres revisten el sector más vulnerable. Los rescates apenas sirven para salir del paso.
El New York Times ha colocado en su tapa del pasado martes 27 un gráfico que da cuenta del extraordinario salto en la solicitud de seguros de desempleo: sobrepasa los 3 millones, mientras que la semana anterior había oscilado entre las 250 mil y las 290 mil solicitudes.
Este salto exponencial no debe sorprender si partimos que, en la ciudad más afectada, Nueva York, con 15 millones de habitantes, el 40% de los trabajadores cobra por jornada trabajada o en situaciones aún más precarias. El cierre de comercios, la caída turística y el tránsito de personas al verse afectado, coloca a una enorme cantidad de trabajadores a la deriva.
Otro caso importante, es el de España, donde los trabajadores asociados a las empresas de reparto (Glovo, Uber eats, Rappi, Pedidos Ya) han sido declaradas “esenciales”, pero sin ofrecer ningún tipo de permiso a sus trabajadores, por lo cual muchas veces son detenidos por la policía. Este cuadro se repite, por ejemplo, en la Argentina.
Los denominados “changarines” o los trabajadores “golondrina” son otro de los sectores más afectados por la pandemia, debido a que no solo trabajan en situaciones precarias (sin derechos laborales en casi todos los casos) sino que directamente pierden la única posibilidad de empleo que poseen durante el año.
Los trabajadores precarizados y la fuerza de trabajo inmigrante es la que realiza la producción de alimentos tanto en el sur de Italia como en España, se encuentran en la “primera línea”, aunque superexplotados por su condición de extranjeros y sin derechos.
Los trabajadores formales tampoco se encuentran exentos de la catástrofe; una enorme cantidad de empresas alega “motivos de fuerza mayor” para justificar una enorme cantidad de despidos. Las aerolíneas piden ser rescatadas junto a todos los aeropuertos, tras procesarse miles de despidos. El capitalismo se niega a reconvertir la producción y los servicios a los fines de la salud pública y el bien común. Las ganancias van primero.
“El colapso económico” como define el NYT en su tapa (27/03), revela el esquema precario sobre el que se para la economía mundial.
Los trabajadores son colocados como el elemento a “sacrificar”, pero es justamente este camino el que acelerará aún más la crisis. Queda demostrado que ningún rescate puede reemplazar al trabajo como motor de la economía. El parasitismo del capital financiero queda al desnudo.
India es el país con mayor cantidad de empleo informal y precario. Protagonizó hace pocos meses una huelga general con cientos de millones de trabajadores por reclamos salariales y derechos laborales, la perspectiva se redobla. Este es el espejo en el que se mira la crisis mundial.
La crisis económica y política no pueden ser abordadas de manera separada. Se alimentan recíprocamente y contraponen de manera cada vez más decidida los intereses entre las clases, fundamentados en la necesidad de los artículos básicos para hacer frente a la pandemia, como las condiciones materiales de salud y trabajo.
Los trabajadores debemos discutir una superación de la crisis humanitaria a la que nos empuja la barbarie capitalista, esa superación parte de una reorganización del mundo sobre nuevas bases sociales, que estructuren el trabajo según la necesidad y no la acumulación capitalista. Por eso es más necesario que nunca una salida obrera y socialista.

Ana Belinco, Joaquín Antúnez y Emiliano Monge
28/03/2020

Venezuela en el callejón

La crisis en Venezuela se ha transformado, desde hace varios años, en uno de los centros políticos de Latinoamérica.
El imperialismo buscó, con el golpe encabezado por Juan Guaidó, desbancar a Nicolás Maduro y encabezar una recolonización económica de Venezuela, utilizando, además, esta pretendida victoria para ir por Cuba y reforzar todas sus posiciones en América Latina.
Por su parte, China, pero especialmente Rusia, han potenciado su política de colonización económica en Venezuela. La crisis venezolana está metida de lleno en la guerra comercial que sacude las relaciones internacionales. Venezuela se ha transformado en un botín codiciado en una disputa de alcance mundial.
El fracaso temporal del golpismo de Guaidó no implica ningún aspecto progresivo del régimen de Maduro. El régimen ha llevado a las masas de Venezuela a una situación desesperante.
Luego de representar, bajo el chavismo, el modelo para la izquierda nacionalista latinoamericana, la crisis y el posterior colapso económico venezolano pasaron a ser el caballito de batalla de la derecha continental contra los regímenes nacionalistas. La izquierda y el nacionalismo, que durante años se alinearon con el chavismo, guardan un vergonzoso silencio sobre la situación en Venezuela.
En la Argentina, el gobierno de Alberto Fernández se distanció rápidamente de Maduro, criticando el golpe parlamentario por medio del cual el régimen impuso a Luis Parra como presidente de la Asamblea Nacional en enero de 2020. El gobierno de Fernández no abandonó el llamado “Grupo de Lima”, de los países que promueven una salida de Maduro. Dentro del mismo se ubica como partidario de una “negociación” para normalizar la política venezolana. El chavismo como tendencia continental fue enterrado por la crisis venezolana.
Mientras tanto, el movimiento obrero y popular de Venezuela se ha dividido entre el campo nacionalista y el apoyo al golpismo proimperialista, sin desarrollar una posición política independiente. Sin embargo, el escenario de rebeliones en Latinoamérica y la crisis de la oposición derechista encarnada por Guaidó, sumado al impasse político del gobierno de Maduro para encontrar una salida a la crítica situación social que vive el país, abre un campo para desarrollar una perspectiva independiente de la izquierda.
Para la izquierda latinoamericana, el desarrollo de una izquierda independiente en Venezuela sería un aporte fundamental, porque implica una delimitación a fondo de la debacle a la que ha conducido la experiencia nacionalista más audaz del continente en los últimos veinte años, por un lado, y una denuncia fundamental del rol del imperialismo en el país y, por lo tanto, en el continente, por el otro. La izquierda venezolana no ha pasado, por el momento, la prueba de los hechos que le impuso la férrea división del país entre el oficialismo y la oposición golpista. Ha oscilado y tendido a dividirse en el seguidismo a los dos campos patronales, en una expresión de las enormes presiones políticas que dividen al país.

La crisis y sus orígenes

La economía venezolana se encuentra prácticamente paralizada. Con una hiperinflación que ya lleva más de dos años y medio, en 2019 el aumento de precios alcanzó la suma sideral de 7.343%, mientras que en 2018 fue de 1.000.000%. El salario mínimo de 450.000 bolívares alcanza los 6,7 dólares. Venezuela, potencia energética, se ha transformado en importador de combustibles y se destaca por sus apagones generalizados. Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), los migrantes venezolanos alcanzan ya los 4 millones, poblando el conjunto de Latinoamérica. La migración alcanza a profesionales, técnicos y trabajadores calificados, significando un retroceso fenomenal para el país. La desnutrición y la destrucción de las condiciones de vida del pueblo venezolano avanzan. Se calcula que un 80 por ciento de la población está bajo la línea de pobreza.
La recesión económica comenzó en 2014, incluso antes de la caída de los precios petroleros de ese año. La reducción de los índices de crecimiento se remonta a 2013, cuando la economía creció solamente un 1,3%. En 2014, el hundimiento de los precios petroleros arrastró a la economía venezolana. De un barril de petróleo del orden de los 100 dólares en el período precedente, el crudo se hundió a precios del orden de los 30 a 40 dólares. La recesión económica se profundizó en el período 2014, 2015 y 2016, durante el cual la economía retrocedió un 9%, 14,1% y 23,7% anual. Dentro de este cuadro ya catastrófico, 2017 representó un nuevo salto, porque las sanciones económicas impuestas por la administración de Donald Trump, en agosto de ese año, golpearon nuevamente a la economía venezolana en la capacidad ya limitadísima de refinanciación de deudas. Las sanciones financieras fueron un golpe de gracia para la crítica situación de PDVSA y empujaron a la economía venezolana a la hiperinflación. La política de sanciones norteamericanas se fue profundizando en 2018 y pegó un nuevo salto en 2019, cuando, reconociendo a Guaidó como presidente, Estados Unidos directamente aplicó un bloqueo a Venezuela, en la posibilidad vital de exportar petróleo y luego congeló el uso de todos los activos estatales y de empresas vinculadas con el Estado venezolano en Estados Unidos.
Los orígenes de la crisis están directamente vinculados con la política del chavismo en materia petrolera y de endeudamiento. El chavismo utilizó a fondo la caja de PDVSA para financiar programas de viviendas y asistencia social para el pueblo venezolano. Para lograrlo, Hugo Chávez debió intervenir la empresa, lo cual estuvo en el centro del lock-out petrolero de 2002 y 2003, y del intento de golpe, derrotado por la movilización popular el 11 de abril de 2002. La derrota del paro petrolero contra Chávez otorgó al chavismo el control completo de la empresa, que utilizó además para extender el control estatal de la producción petrolera a través de una política de nacionalizaciones y redistribución de la renta petrolera contra el capital privado.
Esta redistribución de la renta petrolera, en un período de alza de los precios del petróleo a nivel mundial, permitió poner en pie el sistema de “misiones” chavistas, que aportaron al desarrollo de la alfabetización, la salud pública y especialmente la vivienda. Las misiones fueron una forma de movilizar políticamente el apoyo popular del chavismo, pero dejando intacto el viejo aparato de Estado “formal”, con el que convivieron.
En materia de vivienda, el chavismo construyó más de un millón de viviendas estatales. Recientemente, Maduro sostuvo haber alcanzado la entrega de dos millones de viviendas a través de la Gran Misión Vivienda.
Paralelamente a la expansión de la construcción de viviendas estatales, el chavismo fue llevando adelante una política de nacionalizaciones. Las nacionalizaciones fueron extensas y en prácticamente todos los casos fueron pagadas por los fondos públicos venezolanos. En ciertos casos, las nacionalizaciones tuvieron el objetivo de intervenir para mediar frente a reclamos sindicales: fue, por ejemplo, el caso de la nacionalización de Sidor, del grupo argentino Techint. Abarcaron áreas industriales y también una gran cantidad de tierras que fueron puestas a disposición de cooperativas o pequeños productores agrarios.
Las nacionalizaciones no solamente se destacaron por haber sido pagadas. Además, y como lo muestra especialmente el caso de Sidor, donde Chávez nacionalizó la empresa como respuesta a una lucha obrera, el régimen impidió cuidadosamente la gestión obrera, desarrollando una gestión burocrática que pronto llevó a las empresas nacionalizadas a la crisis y, finalmente, en muchos casos, a la parálisis. La gestión estatal no se propuso la industrialización ni la superación de la dependencia petrolera, sino una redistribución de la renta arbitrada por el Estado. La intervención estatal y las nacionalizaciones, lejos de alimentar la organización independiente del movimiento obrero, fueron un factor de regimentación de las masas por parte del Estado.
La redistribución de la renta petrolera, la construcción de viviendas y la expansión de la inversión estatal, sin ningún tipo de control obrero y en manos del régimen, dio lugar al crecimiento de una capa empresarial vinculada con el régimen, la llamada “boliburguesía”, por vivir de los negocios montados por la “revolución bolivariana”. Esta boliburguesía tuvo un alcance internacional, involucrando sectores vinculados con los gobiernos nacionalistas de América Latina. Los negocios de los Antonini Wilson (que fue descubierto en el aeropuerto de Ezeiza con una valija con 750.000 dólares), despuntaron a la sombra de la intervención estatal chavista.
La boliburguesía utilizó todas las palancas provistas por la burocracia estatal en función de una acumulación de capital, en desmedro del pueblo de Venezuela. Las nacionalizaciones, incluso, fueron pagadas a precio de Bolsa (como en el caso de Verizon, de telecomunicaciones), por encima de su valor real. En el caso de Sidor, dejó a cargo del gobierno venezolano los pasivos ocultos de Techint. El doble régimen cambiario, con un cambio oficial muy por debajo del oficial, fue otra fuente de ganancias extraordinarias mediante la sobrefacturación de importaciones pagadas al precio oficial y otras mil maniobras.
Como resultado de esta política, pesando el endeudamiento para exportaciones, los negociados a costa del Estado y la necesidad de pagar las nacionalizaciones, Venezuela fue acumulando una deuda externa muy importante y, además, costosa. En 2013, luego de la muerte de Chávez, Venezuela tenía una deuda externa de 112.100 millones de dólares, cuyos intereses alcanzaban el 19,4% de los ingresos por exportaciones, cuando todavía los precios del crudo orillaban los 100 dólares el barril . El peso de los intereses de la deuda, a partir de 2013, llevó al régimen a recortar importaciones, recortando la venta de divisas y la provisión para las mismas. Sin embargo, la redistribución de la renta petrolera en ningún momento había significado una transformación de la estructura económica venezolana, caracterizada prácticamente por la monoproducción petrolera. La dependencia de la producción, especialmente de la producción industrial, de insumos importados, y la dependencia del país en general de la importación de bienes de consumo fundamentales para la población, como medicamentos y alimentos, hicieron que la restricción de importaciones tuviera un efecto duro y recesivo sobre el funcionamiento económico sobre las condiciones de vida de la población. Esta restricción tuvo además un efecto recesivo sobre el funcionamiento económico. En 2013, el valor de las importaciones se redujo un 13%. En 2014, la economía comenzó a entrar en recesión, inclusive con precios altos del petróleo. Ese año, los precios del petróleo en el primer semestre superaron los 100 dólares el barril. El desplome posterior llevó el precio a 50 dólares, y la caída y depresión de precios se prolongaron por varios años.
El desplome de los precios petroleros sumió a Venezuela en una primera fuerte recesión, disparando la relación entre la deuda y los ingresos por exportaciones. La relación entre los intereses de la deuda y las exportaciones pasó del 19,4% en 2013 al 54% en 2015, hundiendo la capacidad de importar y llevando, bajo un mercado de cambios regulado, a la necesidad de recortar importaciones que, a su vez, se desplomaron de 57.300 millones en 2013 a 16.400 en 2016 (ver cuadro). Esta caída provocó un golpe brutal, no solamente a las condiciones de vida de las masas, sino además y fundamentalmente a la producción industrial y de combustibles, dependiente en gran medida de insumos importados. La prioridad de Maduro de pagar la deuda a costa del ajuste masivo contra el pueblo de Venezuela tuvo consecuencias catastróficas crecientes.
Bajo el peso de la crisis petrolera, el costo de la refinanciación del capital de la deuda fue creciendo. Las tasas de interés pagadas por el Estado fueron crecientemente en aumento, poniendo en crisis la orientación de pago a rajatabla de la deuda externa. Poco a poco, el crédito externo de Venezuela se fue reduciendo a su mínima expresión, agravando la necesidad de realizar pagos en efectivo para cumplir con los compromisos externos. Por ejemplo, en el canje de 2016, de bonos de PDVSA por bonos con vencimiento en 2020, la empresa asumió un 21% de interés en dólares, por bonos respaldados por las acciones de la petrolera venezolana Citgo, con sede en Estados Unidos . Maduro llegó a anunciar la formación de una comisión de reestructuración de la deuda en 2017, luego de las sanciones norteamericanas. Sin embargo, tampoco entró totalmente en default, sino en un default selectivo, en el cual los intereses de muchos de los bonos se siguen pagando y especialmente se pagan los vinculados con los negocios con Rusia y China.
La crisis puso al rojo vivo los límites insalvables del nacionalismo chavista, que llevó adelante una política de nacionalizaciones pagadas que hundieron las finanzas públicas. El pago a rajatabla de la deuda, en base a postergar las necesidades populares más urgentes, llevó al pueblo venezolano a una situación crítica y solamente pudo imponerse sobre la base de la estatización de las organizaciones obreras y la represión pura y dura, no solo contra la oposición proimperialista sino, además, contra los reclamos populares.

El impacto criminal de las sanciones

Bajo estas condiciones, la oposición triunfó en los comicios para la Asamblea Nacional de 2015, lo cual implicó un viraje político al quitar al Parlamento del control gubernamental. La Mesa de Unidad Democrática obtuvo 95 escaños sobre 165. El triunfo en las elecciones parlamentarias, en un cuadro de crisis económica y con el respaldo del imperialismo, alimentó las perspectivas opositoras de un rápido recambio político.
Es que el control de la Asamblea Nacional dio a la oposición atribuciones importantes. Por ejemplo, desde el punto de vista constitucional, la renegociación de la deuda pública debía pasar por el Parlamento. Maduro respondió a esta pérdida de atribuciones incrementando las tendencias bonapartistas ya presentes desde la última fase del gobierno de Chávez. El Tribunal Superior de Justicia prácticamente colocó a la Asamblea Nacional fuera de la ley, sancionando la presencia de cuatro diputados, a quienes se denunciaba por haber sido electos en forma fraudulenta. Contando con el apoyo de las Fuerzas Armadas, en 2017 convocó una Asamblea Constituyente, con el objetivo de concentrar atribuciones políticas. Bajo estas condiciones, la oposición lanzó una ofensiva de protestas callejeras que instalaron el reclamo de un cambio de gobierno.
En este contexto, y teniendo como un motor central el reclamo de la oposición venezolana, la administración de Trump produjo un cambio de política en relación con Venezuela. Ocurre que, aunque la oposición venezolana había recurrido crónicamente al golpismo, boicoteando elecciones, recurriendo, en 2002 a un golpe de Estado y tratando de forzar un recambio político, Estados Unidos no había recurrido a sanciones económicas ni financieras. Hasta 2015, el centro de la política de la administración Obama en la zona fue el arbitraje en relación con el conflicto entre Colombia y las FARC, para integrar a estas últimas al régimen político democrático y desactivar la lucha armada. Un impulso abierto, mediante sanciones, a la oposición golpista en Venezuela, podría haber alterado esta ruta, que el gobierno norteamericano consideraba central. Por otro lado, en la medida que el gobierno venezolano aseguraba el pago de la deuda externa, una parte del abastecimiento petrolero al mercado norteamericano y, lo más importante, la convivencia en la explotación entre PDVSA y el capital privado que había quedado como socio minoritario en la explotación, el gobierno norteamericano no llevaba sus críticas al punto de imponer sanciones.
Este equilibrio se quebró en 2017, cuando el gobierno de Trump impuso un embargo financiero a Venezuela, el primer paso de una política de sanciones que se fue profundizando . La política de sanciones terminó de empujar a Venezuela hacia el abismo. La producción petrolera en 2018 se derrumbó, pasando de cerca de 2 millones de barriles diarios a 1,2 millones, un retroceso de cerca del 30%, y las exportaciones disminuyeron en 6.000 millones de dólares. La inflación elevada que existía hasta el momento se transformó en hiperinflación. Se disparó la migración generalizada. La crisis humanitaria se potenció.
Aunque la oposición aspira a discutir que las sanciones hayan sido el desencadenante del colapso económico, la realidad no puede ser tapada con la mano. La oposición sostiene que un desencadenante del colapso petrolero de 2018 fue el recambio en la cúpula de PDVSA, a cuyo mando fue colocado el militar Manuel Quevedo. Sin embargo, está claro que, a una economía altamente internacionalizada como la venezolana, la presión norteamericana la golpeó fuertemente.
Las sanciones se profundizaron en 2019 con la autodesignación como presidente de Guaidó, y su reconocimiento por el gobierno norteamericano. Estados Unidos dejó de comprar los 500.000 barriles diarios de petróleo venezolano, trabó un embargo comercial a Venezuela impidiendo cualquier tipo de compras al sector público y sus empresas vinculadas, y comenzó a amenazar a naciones extranjeras que podían comprar el petróleo venezolano. Como resultado de este golpe, la producción de petróleo venezolano potenció su derrumbe, llegando al piso de 750.000 barriles diarios, menos de la mitad de lo que se extraía antes de las sanciones y la cuarta parte de lo que extraía Venezuela antes del crash petrolero de 2014.
Bajo esta situación ya muy grave, el gobierno norteamericano incrementó la presión en agosto de 2019, decretando un bloqueo total de las propiedades pertenecientes al gobierno de Venezuela o a empresas estatales en Estados Unidos. Este bloqueo implica que dichas propiedades no pueden ser utilizadas, transferidas, vendidas ni utilizadas de ninguna forma por Venezuela . En el caso de Citgo, la petrolera que PDVSA controla en Norteamérica, el gobierno norteamericano reconoció como administradores a los designados por Guaidó.
De esta forma, el gobierno norteamericano busca, mediante sanciones que golpean especialmente al pueblo venezolano, ahogar al régimen y apalancar el recambio político encarnado por Guaidó. La oposición venezolana reclama y avala estas sanciones criminales, negando la realidad obvia de que ellas golpean a la propia población venezolana. Con este discurso, solamente busca encubrir su responsabilidad criminal en la situación crítica que viven las masas venezolanas.
La excepción a este cerco internacional es significativa: se trata de las autorizaciones, renovadas cada tres meses, a petroleras yanquis o asociadas para operar en Venezuela. Por ejemplo, Chevron, Halliburton Schlumbemberg tienen licencias que se van renovando para operar en Venezuela. Esto tiene que ver con el hecho de que, frente a la presencia del capital ruso y chino, Estados Unidos no quiere abandonar posiciones que podrían resultarle favorables, especialmente en el caso de que tuvieran éxito las maniobras golpistas. El gobierno venezolano, por otro lado, se cuida muy bien de no provocar la caída de estos acuerdos petroleros, que le sirven, por un lado, para ganar un mínimo de respiro económico y, por otro, para alimentar la idea de una salida concertada con el imperialismo, que permita terminar con las sanciones.

Desguace económico y privatizaciones

De la mano del default de la deuda y, al mismo tiempo, como resultado de las demandas internacionales contra las nacionalizaciones chavistas, en los casos en los que no hubo acuerdo con las empresas nacionalizadas, se produjo una catarata de juicios contra Venezuela, que pone de manifiesto una política de desguace económico. El gobierno de Maduro, en relación con este desguace, tuvo en muchos casos la política de dejar correr, porque las privatizaciones de activos fueron utilizadas para el pago de deudas o juicios.
Indudablemente, el caso más importante es el de Citgo. El 50,1 por ciento de las acciones de Citgo fue puesto en garantía de los bonos PDVSA 2020, que el gobierno venezolano ha defaulteado; el otro 49,9 está en garantía por un préstamo de 1,5 mil millones de dólares de Rusia a Venezuela. Por lo tanto, existe un pedido, en la Justicia, de ejecución del 50,1 por ciento de las acciones de Citgo que pertenecen a PDVSA para pagar dichos bonos. La empresa está valorizada entre 8 y 10 mil millones de dólares, pero figura en garantía por préstamos por menor cuantía, con lo cual podría ser embargada a precio vil.
La falta de pago de Guaidó de los intereses de los bonos PDVSA 2020, a fin de 2019, y los litigios consecuentes, dieron origen a una medida extraordinaria del gobierno norteamericano, impidiendo el embargo de la empresa, en un intento por darle aire a la oposición venezolana. Dicha medida se renovó por tres meses en enero de 2020. El argumento del gobierno norteamericano fue que la emisión de dichos bonos, respaldados en las acciones de Citgo, fue ilegal, puesto que no fueron aprobados por la Asamblea Nacional.
Por otro lado, existe una orden de embargo anterior de Citgo, de 2018, del Juzgado Federal de la Corte de Delaware, producto de la sentencia por un fallo en el Ciadi contra Venezuela, debido al juicio iniciado por Cristallex, una minera canadiense que fuera nacionalizada por Chávez en 2009. Esta orden de embargo también está paralizada por la medida interpuesta por el gobierno norteamericano.
La empresa, por otro lado, ya venía en un proceso de desguace antes de estos intentos de embargo. Durante su período de gobierno, Chávez recurrió a la privatización de refinerías y venta de activos. Luego, en 2015, el gobierno de Venezuela recurrió a la venta de una refinería en Chalmette, Luisiana, por 322 millones de dólares, para el pago de una sentencia, producto del litigio iniciado por Exxon Mobile a PDVSA.
En 2016, Citgo perdió la refinería Merey Seeney, en Texas, producto de los juicios iniciados por Conoco Phillips, por la quita de la concesión petrolera a la empresa por parte de Chávez. En el marco de los mismos juicios, la empresa obtiene un embargo por 2.040 millones de dólares en la Cámara de Comercio Internacional, una suma que fue luego convalidada por el Banco Mundial y que dio origen a juicios con embargos sobre activos de Venezuela. En 2018, Venezuela llegó a un acuerdo para el pago de 500 millones de dólares a la empresa.
Como resultado de este desguace impuesto por el imperialismo y de la política de privatizaciones del chavismo, Citgo pasó de ocho refinerías en 2006 en Estados Unidos a tres en 2019.
El desguace y las privatizaciones no se limitan a Citgo, sino que involucran a todos los activos del amplio sector público venezolano. Recientemente, por ejemplo, se ha denunciado la situación de CVG Aluasa, la empresa de aluminio que Venezuela posee en Costa Rica y que se abastecía del producto de las minas de bauxita venezolana. La empresa está paralizada hace al menos un año por falta de materia prima. Los pasivos que se acumulan, en primer lugar, salariales, son enormes y la situación de la empresa y los trabajadores es crítica. En este marco, en marzo de 2019, la empresa reactivó su producción con un embarque de aluminio llegado desde Venezuela. Sin embargo, ya no lo hizo enteramente como empresa pública, sino en el marco de un acuerdo comercial con Metallik LTD, vinculada con empresarios del sector. Se ha denunciado que, en este marco, la reactivación implica una privatización encubierta de la empresa .

Desguace a la rusa

El marco impuesto por las sanciones y la crisis habilitó el ingreso de la petrolera rusa Rosneft en la industria petrolera venezolana. Rosneft y Rusia operan como prestamistas para el gobierno venezolano, poniendo como garantía la producción y los activos petroleros del país. Así, el gobierno de Maduro se entrega a una política de privatizaciones y desguace en manos del capital ruso y, en menor medida, chino. Ya hemos mencionado la garantía leonina del 49,9% de las acciones de Citgo por un préstamo de 1.500 millones de dólares. A esto se suma, por ejemplo, el ingreso de la petrolera rusa a la explotación de campos petroleros en Venezuela, en forma directa. Rosneft adquirió parte de la propiedad de varios campos de crudo venezolanos: Petromonagas (40%), Petromiranda (32%), Petroperijá (40%), Boquerón (26,6%), Petrovictoria (40%) y Junín 6 (más del 30%). Y en medio de una asfixia financiera, Venezuela le otorgó la licencia para la explotación del 100% de dos campos gasíferos, Mejillones y Patao, hace poco más de un año .
De acuerdo con versiones, fue la presión de Rusia la que forzó a Maduro a realizar el golpe, imponiendo en la Asamblea Nacional a Parra, contra Guaidó, para lo cual necesitó impedir por la fuerza el ingreso de los diputados opositores al recinto de la Asamblea, y sesionar sin quórum. Ocurre que las concesiones y créditos otorgados por el gobierno venezolano son puestos en duda judicialmente, por haber sido dispuestos sin autorización parlamentaria. La inestabilidad consecuente, que el imperialismo norteamericano está dispuesto a hacer valer hasta el final, preocupa al régimen de Putin, que apunta a una colonización económica de la industria petrolera venezolana. La situación de desguace de Venezuela en los tribunales internacionales, las sanciones y, fundamentalmente la crisis institucional, son un bloqueo para el desarrollo de una política a fondo de privatizaciones, dado que no existen garantías legales para que las concesiones o ventas no sean luego embargadas o desconocidas.
En cuanto a China, también ha jugado un papel en el sostén del régimen de Maduro. Sin embargo, la asociación con el capital chino fue más golpeada por las sanciones. La petrolera estatal china anunció, en septiembre, el final de sus operaciones en Venezuela, acatando el embargo impuesto por Estados Unidos. Asimismo, en agosto de 2019, China suspendió los embarques de crudo provenientes de Venezuela, también producto del bloqueo. China actúa bajo la presión de la guerra comercial, y aunque el retiro de la petrolera estatal de la producción en Venezuela no implica un cese total de operaciones en común, ha sido un golpe al gobierno de Maduro.
La asociación con el capital ruso es uno de los factores que estaría impulsando una limitada recuperación de la producción de crudo venezolano, que no alcanza aún, en enero de 2020, a un millón de barriles diarios. Pero la aproximación con Rusia y China está lejos de dar una salida a la situación desesperante del país. El hecho de que Rusia y China tomen el control, en lugar del imperialismo norteamericano, no desmiente el carácter confiscatorio y opresivo del operativo. No hay una defensa del patrimonio nacional, sino que es la convalidación de una política de privatizaciones y entrega.
El apoyo de las burocracias restauracionistas rusa y china tiene límites muy precisos; los intereses petroleros y económicos que tienen Putin y Xi Jinping en Venezuela son prenda de canje y negociación en la disputa que Moscú y Pekín mantienen con Washington.
El régimen de Maduro y sectores nacionalistas caracterizan la presencia de Rusia y China como un contrapeso a la penetración imperialista, e incluso, como un factor de impulso a las luchas antiimperialistas. Se trata de una confusión brutal, por un lado, porque las relaciones que se desarrollan son de tipo colonial, con venta masiva de activos por debajo de su valor, contrapartes leoninas y tasas de interés usurarias. Por otro lado, no se puede ignorar el carácter restauracionista y contrarrevolucionario de la burocracia china y del Kremlin a la hora de evaluar su papel en América Latina.

La boliburguesía sigue facturando

Este cuadro de desguace económico, como se ve, no se restringe al imperialismo norteamericano. La presencia rusa también aporta su cuota en el mismo. El vehículo central, sin embargo, sigue siendo el propio gobierno venezolano. Incluso angostándose mucho en sus negocios en el marco del colapso económico, las camarillas empresariales vinculadas con el régimen chavista siguen teniendo una injerencia determinante en aspectos fundamentales de la vida de Venezuela.
Es lo que ocurre, por ejemplo, con las cajas CLAP, que son las cajas de alimentos que reparte el gobierno y que alcanzan al menos a 2,9 millones de familias (el gobierno de Maduro sostiene que llegan a 6 millones). Las cajas CLAP vienen devaluando su contenido alimentario en el marco de la crisis, pasando de 19 a 10 kg de alimentos, una baja muy grave en el marco de la crisis alimentaria venezolana. Análisis científicos muestran, en tanto, que se estira incluso la leche en polvo que se reparte, disminuyendo su contenido nutricional, especialmente de calcio.
La distribución de cajas CLAP es un negocio a cargo de empresarios históricamente vinculados con el chavismo: Alex Saab y Alvaro Pulido Vargas. Ambos, actualmente en la mira del Departamento de Estado norteamericano, armaron una red de provisión de alimentos sobre la base de triangular con empresas en Hong Kong, Turquía y otros países.
La importación de las cajas CLAP se realiza en los buques de la empresa náutica estatal venezolana, Venevega. Las empresas de Saab y Pulido están enjuiciadas en México, Colombia, Italia y otros países por la sobrefacturación en los programas de exportación de alimentos y productos de primera necesidad a Venezuela, y por lavado de activos. Bajo la presión judicial, los empresarios fueron mutando la fachada empresarial, abriendo nuevas empresas en nuevos destinos, por ejemplo, Emiratos Arabes Unidos.
En el caso de Uruguay, se han denunciado los sobreprecios en las entregas de arroz por parte de empresarios vinculados con el gobierno del Frente Amplio, Damboriarena y Ecosteguy, uno de los proveedores centrales de arroz a Venezuela que siguen operando en la actualidad.
El peso de esta boliburguesía es importante en la política venezolana. Hasta tal punto, que Saab y Pulido han sido una pieza central en la ruptura de la oposición en la Asamblea Nacional, que dio origen a la fracción de Parra, al que Maduro encumbró en el golpe parlamentario de enero. En efecto, Parra y su grupo de diputados debutaron como fracción enviando notas a diferentes países donde Saab y Pulido están siendo investigados por la Justicia, utilizando su rol como diputados opositores para “blanquear” a los empresarios. Estos pretendidos certificados de buena conducta fueron denunciados antes de la asamblea de enero y dieron origen a la ruptura de los bloques parlamentarios vinculados con Guaidó, golpeando a la oposición proimperialista en su conjunto.

El Ejército, la clave de la situación

La ruptura de la oposición agrupada en torno de Maduro fue un eslabón más de la crisis de esta oposición, producto del fracaso de la tentativa golpista durante 2019. Desde la autoproclamación de Maduro en la Asamblea Nacional, el 5 de enero, el respaldo internacional a la intentona golpista, el reconocimiento de Estados Unidos y el endurecimiento de las sanciones contra Maduro hasta el operativo por el cual Guaidó ingresó a Venezuela auxiliado por paramilitares colombianos y luego el intento de golpe del 30 de abril, el imperialismo y la oposición se jugaron a fondo en derrocar a Maduro.
La “resistencia” del régimen no tuvo nada que ver con una movilización popular, que el gobierno venezolano no tiene ninguna condición para promover, pagando salarios de 6,7 dólares al mes. Por el contrario, el arbitraje clave en la situación fue el del Ejército. Con Maduro, el Ejército maneja el principal presupuesto del país, el de PDVSA. El general de la Guardia Nacional Bolivariana, Manuel Quevedo, maneja los destinos de la empresa desde 2017. Asimismo, la posición del Ejército en puestos de mando clave en la administración civil y en las empresas estatales es muy destacada. El copamiento del gobierno de Maduro por parte de los militares refleja la transición en el equilibrio político del país. El respaldo activo de las masas que otrora caracterizó al chavismo se fue desdibujando hasta desaparecer. El encorsetamiento de las organizaciones populares por parte del Estado ahogó su iniciativa autónoma. El férreo control de la economía y la sociedad por una burocracia estatal vinculada con la boliburguesía excluyó cualquier participación popular en el régimen. El Ejército, que siempre fue fundamental en el desarrollo del chavismo, fue ganando espacio, de la mano de la dependencia del régimen respecto de los militares.
El régimen democrático en Venezuela está quebrado, bajo la presión de la iniciativa golpista opositora y los autogolpes oficialistas. Existen una Asamblea Constituyente funcionando junto a dos asambleas nacionales, dos presidentes, dos fiscales generales del Estado (una de ellas en el exilio). El golpe de Maduro contra la Asamblea Nacional, decretando a Parra como presidente, es solamente el último escalón, por el momento, de esta situación. Bajo estas presiones también se han quebrado las libertades democráticas básicas, aplastadas por el peso de la represión gubernamental estatal y paraestatal, las detenciones arbitrarias y otras. Este quiebre del régimen democrático alimenta en todos los planos el arbitraje del Ejército en la vida política nacional.
El apoyo del Ejército a Maduro quebró la iniciativa golpista. A su vez, el golpe parlamentario obliga a barajar y dar de nuevo. El liderazgo opositor de Guaidó está cuestionado, objetivamente, y se apoya crecientemente en el reconocimiento internacional, quebrado su frente interno. Un sector minoritario de la oposición ha ingresado en un “diálogo” con Maduro, sin demasiadas perspectivas de prosperar, mientras que otro promueve una intervención militar que, por el momento, está fuera del radar del imperialismo.
Del lado del régimen, la apuesta es adelantar las elecciones a la Asamblea Nacional, concurriendo a elecciones amañadas, de manera tal que permita presentar un triunfo que cierre totalmente la iniciativa golpista. Esto permitiría allanar las condiciones para perpetuar en el poder a Maduro, especialmente si el Ejército continúa su respaldo. A partir de allí es previsible que Maduro apueste a rearmar un diálogo con el imperialismo, sobre la base de privatizaciones masivas como prenda de cambio, un escenario que viene anticipado por lo que está ocurriendo hoy con Rusia. Cualquier intento, sin embargo, estará condicionado por un escenario internacional de convulsiones, guerra comercial y enormes choques internacionales.
El papel del Ejército, que fue clave hasta el momento para sostener al chavismo, puede transformarse de un momento a otro en quien defina un recambio político. La lealtad del Ejército es con el Estado y con la clase social que dicho Estado representa. Colocar la resistencia antigolpista en manos de un puñado de generales, sin apelar a las masas, es darle, a término, un pasaporte al poder a los golpistas.

De la regimentación a la represión generalizada

El cuadro descripto muestra la descomposición de un régimen nacionalista. El chavismo surgió bajo un fuerte impulso de la movilización popular, abierta en la etapa posterior al Caracazo contra la IV República. Esta movilización tuvo un fuerte impulso con la respuesta popular contra el golpe de 2002 y el paro patronal impulsado ese año contra el gobierno de Chávez. Frente a este proceso, el chavismo hizo lo posible e imposible por estatizar y regimentar a las organizaciones obreras y populares. En este proceso tuvo un rol central, junto al control de las organizaciones sindicales, la creación del PSUV, como partido único del chavismo, con el objetivo de regimentar a las organizaciones populares que apoyaban al régimen.
Bajo el gobierno de Maduro, y con la evolución de la crisis económica, las condiciones de vida de las masas se fueron deteriorando y la represión se fue volviendo masiva, no solamente contra la oposición derechista sino también contra el movimiento obrero que lucha por sus reclamos. Mediante el Memorándum 2792, el régimen eliminó los convenios colectivos, dándole atribuciones laborales enormes a las patronales privadas. La liquidación del salario, en el marco de una política de privatizaciones, es obviamente un bocado de cardenales para ofrecer al capital privado por parte del régimen.
La miseria social generalizada, sostenida por una asistencia estatal totalmente insuficiente, es también un mecanismo firme de regimentación de las masas. La entrega de millones de cajas CLAP, mientras se destruyen los salarios y las fuentes de trabajo, coloca al régimen como el árbitro entre quién come y quién no en las barriadas populares. En ausencia de organizaciones populares independientes que controlen la entrega de alimentos, se organiza la asistencia estatal con la finalidad de garantizar el apoyo al gobierno.
La represión gubernamental contra la oposición es brutal e involucra a los trabajadores. En el país hay 400 presos políticos. La ONU denunció la existencia de 7.000 muertos en represión estatal y paraestatal en el país en los últimos años. Mientras Guaidó, el responsable número uno del golpismo y la sedición, se desplaza libremente por el país, se instala un clima de persecución política y amedrentamiento que busca golpear fundamentalmente a los trabajadores.
Un ejemplo es la persecución a José Bodas, dirigente de la Federación de Petroleros, por sus posiciones opositoras a la burocracia sindical. O, en el día del maestro de 2020, la agresión de una patota oficialista contra los docentes que llevaban adelante un reclamo en defensa de sus salarios y de las condiciones de la educación. Las movilizaciones docentes han sido fuertemente perseguidas desde el Estado. También se denunció la prisión y persecución contra Rodney Alvarez, dirigente obrero de la estatal Ferrominera, acusado de un crimen para encubrir que fue realizado por un militante del PSUV.
La persecución contra trabajadores y activistas es una muestra de la descomposición del régimen. En una situación de emergencia, la movilización de masas para encarar la resolución de los problemas que atraviesa Venezuela es absolutamente imprescindible. Durante los grandes apagones, el gobierno no se propuso ni fue capaz de movilizar a los trabajadores para poner en pie una solución a la crisis energética. Ni hablar de enfrentar la amenaza golpista. La historia muestra que la vía para derrotar los golpes de Estado es la movilización de las masas. El gobierno, sin condiciones políticas ni apoyo para recurrir a ella, recurre a la represión y al amedrentamiento contra los trabajadores, atando su supervivencia a la camarilla militar y los pactos con los sectores capitalistas que perviven por fuera del bloqueo. La vieja base que sostuvo al chavismo mediante la movilización está desmoralizada. La descomposición del régimen nacionalista se pone de manifiesto especialmente en su relación con los trabajadores.
La defensa del derecho de organización, de movilización y de huelga es fundamental. Esto implica, además, levantar el reclamo del cese de todo tipo de persecución y la libertad de los presos políticos de la clase trabajadora. Una deliberación obrera independiente para poner en pie una salida propia a la crisis, comenzando por el reclamo de la reconstitución de los salarios y jubilaciones, sería un gran paso adelante. El planteo de un congreso de delegados de base del movimiento obrero, para discutir un programa y un plan de acción, tiene una vigencia enorme en la situación política venezolana.

La izquierda

Las variantes principales de la izquierda venezolana han tendido al seguidismo a las variantes patronales en pugna. En el caso del PSL, vinculado con la UIT-CI (en la Argentina, Izquierda Socialista), impulsa la consigna “Fuera Maduro”, orientando todos sus cañones contra el régimen. Fundamentan esto en la caracterización de que la autodesignación de Guaidó como presidente no fue un golpe de Estado. Caracterizan las movilizaciones contra el régimen como progresivas, incluso cuando son acaudilladas por variantes del imperialismo. Por lo tanto, se coloca, objetivamente, en un campo común con la oposición patronal al gobierno, más allá de la delimitación verbal que realiza de Guaidó y de la acción del imperialismo.
Pero en un cuadro en el cual Guaidó formó un gobierno paralelo con el apoyo del imperialismo, la idea de que “no hay un golpe” en marcha no tiene sustento. La denuncia del golpe de Estado, del bloqueo y del embargo no implica ninguna solidaridad con Maduro. Pero una salida de fuerza en favor del imperialismo sería una vía para una confiscación en regla del patrimonio de Venezuela, a precios de remate por la crisis actual. En un choque entre el imperialismo y una nación oprimida, el respaldo directo o indirecto al imperialismo es contrarrevolucionario. La delimitación y la denuncia del gobierno nacionalista deben poner de manifiesto su inconsistencia para enfrentar la ofensiva imperialista.
En el caso de Marea Popular, el grupo vinculado con el MST argentino, tuvo una larga evolución dentro del chavismo. Marea Popular caracteriza la degeneración y clausura de la revolución bolivariana por parte de Maduro. Pero está totalmente ausente un balance de la experiencia chavista y las posiciones de Marea Popular en ella , ni qué hablar de una reflexión sobre los aspectos de la experiencia de Chávez que originaron la situación actual en Venezuela: la regimentación de las organizaciones populares, el carácter del pago de las nacionalizaciones, el control burocrático de las mismas, el sostén del viejo aparato de Estado.
Integrantes de Marea Socialista participaron de la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución, una agrupación que impulsaba un referéndum consultivo para “evitar una guerra civil” en Venezuela, y que con ese objetivo se reunió con Guaidó y reclamó reunirse con el gobierno de Maduro. Posteriormente, Marea Socialista denunció que ese espacio fue copado por variantes derechistas. El carácter democratizante y de conciliación con variantes patronales del planteo original, sin embargo, es inocultable.
Otros sectores de la izquierda han sido arrastrados a un campo común con Maduro. En el caso de Opción Obrera, de Venezuela, desarrolla una posición de apoyo vergonzante al régimen, sosteniendo que “no se puede ser neutral entre los dos campos burgueses en lucha”. La posición de Opción Obrera ignora cualquier delimitación con el gobierno de Maduro y la responsabilidad del gobierno en la situación crítica de los trabajadores de Venezuela.
Las posiciones de la izquierda en Venezuela son, en parte, el resultado de la falta de consistencia política y teórica de sus planteos y, por supuesto, reflejan la enorme presión, producto de la situación política. La tarea de crear un campo independiente, una oposición de clase al régimen descompuesto de Maduro y al imperialismo, es una tarea pendiente.

Un planteo

A la luz de lo anteriormente expuesto, quedan claros los intereses en juego. El imperialismo disputa con Rusia y el régimen una reorganización general de la producción petrolera, que tiene como precondición el desguace de PDVSA y de todas las empresas públicas venezolanas. A la luz de la crisis, Rusia interviene en una perspectiva similar, aunque sobre la base de la alianza con el régimen. Maduro, apoyado en el Ejército, viabiliza el ingreso del capital ruso y chino y habilita los recursos estatales para ganar aire políticamente. La base de apoyo popular del régimen se ha reducido a su mínima expresión, y el sostén pasa por el Ejército y los sectores remanentes de la boliburguesía, que siguen parasitando la caja del Estado.
El rechazo al golpe de Guaidó es una precondición para una política revolucionaria en Venezuela, porque ninguna salida progresiva puede partir del imperialismo y los responsables del bloqueo. El fin del bloqueo y los embargos contra Venezuela, el retiro de todas las demandas de las empresas buitre, avaladas por el Ciadi y la Cámara de Comercio Internacional, el desconocimiento de los fallos, son otra consigna necesaria. El inviable pago de la deuda externa debe ser rechazado, la deuda debe ser investigada y repudiada por su carácter confiscatorio y fraudulento.
Este programa anti-imperialista es incompatible con un gobierno como el de Maduro. La reconstrucción económica de Venezuela requiere, en primer lugar, de una deliberación popular, de carácter político, y, luego, del control obrero de la producción y la distribución, un planteo que choca de frente, tanto con el control de la boliburguesía de sectores clave de la economía como con la burocracia estatal y, sobre todo, el Ejército. Es necesario un congreso de delegados de base del movimiento obrero y promover la discusión para desarrollar una posición independiente de los bloques patronales en pugna. La consigna del control obrero de la industria petrolera es fundamentalmente una consigna contra el control de la misma por la camarilla de oficiales que aseguran el control del Ejército por parte de Maduro.
Por supuesto que estos planteos van de la mano con la denuncia de la persecución por parte del gobierno a los activistas obreros, la liberación de los presos políticos, la libertad de organización sindical y la lucha por una nueva dirección en el movimiento obrero, contra la burocracia colaboracionista.
La confianza en el Ejército es suicida, por un lado, porque entrega el país al alto mando, y por otro, porque la oposición derechista pretende conquistarlo y, tarde o temprano, el Ejército tenderá a sacarse de encima al régimen de Maduro.
La aceptación de condiciones leoninas del capital ruso y chino debe ser denunciada como una nueva confiscación contra el pueblo de Venezuela. La política de privatizaciones no conducirá a un relanzamiento económico del país sino a un nuevo sometimiento colonial.
Las rebeliones populares que recorren Latinoamérica, tarde o temprano, van a sacudir a la clase obrera venezolana. La tarea de la izquierda en toda América Latina es levantar este programa de independencia de clase y denuncia del imperialismo, así como sacar un balance de los límites insalvables del nacionalismo chavista para contribuir a poner en pie una alternativa independiente.

Juan García