miércoles, diciembre 11, 2024

Causa contra el Polo Obrero: la UIF redobla la apuesta acusando de lavado de activos


La causa que comenzó con las denuncias en el 134 contra el Polo Obrero y otras organizaciones sigue siendo para el gobierno un terreno para redoblar la persecución política contra las organizaciones que salen a la calle a enfrentar el hambre y el ajuste. Efectivamente, luego de que el juez diera por cerrada la instrucción en tiempo récord para correrle vista al fiscal en función de que requiera la elevación a juicio, la UIF, querella del gobierno nacional, solicitó ampliar la acusación a lavado de activos a los presidentes y tesoreros de la Asociación Civil Polo Obrero y la Cooperativa El Resplandor. Los medios oficialistas se apuraron a titular que “Belliboni va a juicio por lavado de activos” cuando ni el juez ni el fiscal se pronunciaron frente a este pedido de la UIF. 
 Así, el gobierno que elogió a los evasores y estableció un blanqueo que permite el lavado masivo de dinero del narcotráfico y otros negocios ilegales, ahora levanta el dedo acusador pretendiendo penas de hasta 10 años de prisión contra los dirigentes y compañeros del movimiento piquetero combativo. Esta acusación apunta a seguir condicionando la investigación en función de agravar las penas de los compañeros imputados. En el pasado, la UIF ya solicitó que los compañeros fueran indagados por este delito, pero la acusación no fue tomada por la Cámara ni por el juez ni el fiscal. Ahora, vuelve a la carga con el objetivo de agravar los cargos sin ningún fundamento. 
 La acusación por lavado no tiene pies ni cabeza, porque no se aportan nuevas pruebas sino que se interpreta que la defraudación de la que se acusa al Polo Obrero fue además un acto de lavado de activos. Pero la acusación de defraudación es falsa, porque omite lo mas importante, que es que el Polo Obrero utilizó los fondos de los convenios con Desarrollo Social para construir más de 50 sedes de comedores comunitarios, para folletos y cursos de formación, para la compra de maquinaria para el trabajo gráfico, textil, de sublimado, de medios comunitarios, para talleres de batucada en los barrios de todo el país, para la organización de eventos deportivos y culturales, y, en suma, para todos los fines establecidos en los convenios. Ni el juez ni el fiscal se detuvieron nunca a constatar toda esta actividad, que está presentada frente al Ministerio de Desarrollo Social y frente al juzgado. 
 Mientras la justicia levanta nuevos cargos, redoblando la persecución, el Polo Obrero sigue protagonizando importantes medidas de lucha contra el gobierno nacional, como lo fue la movilización del 20 de noviembre al Ministerio de Capital Humano, y la movilización por la Ruta 3 y el acampe en la Plaza central de San Justo en La Matanza. En estos reclamos se vuelve a poner en evidencia que, lejos de ser una “entente criminal” como sostiene el Fiscal de Cámara, el Polo Obrero es una organización que canaliza los reclamos de cientos de barrios de todo el país, que están totalmente desamparados frente al avance de la pobreza y la miseria, el cierre de los comedores populares, el recorte de los programas sociales y la pulverización de salarios y jubilaciones. 
 Por eso, se va generando entre la población una corriente de solidaridad con esta lucha y contra la persecución judicial. El pronunciamiento que impulsa el Polo Obrero contra la persecución recoge ya cientos de firmas de personalidades, entre ellas, el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel. 
 Impulsemos con todo esta campaña de apoyo para ponerle un freno a la justicia y el gobierno que quieren llevar a juicio y condenar a más de 15 compañeras y compañeros del Polo Obrero. 

 Juan García

Corea del Sur: un gobierno contra las cuerdas


Crece la movilización por la salida de Yoon Suk-yeol 
 Las marchas del fin de semana

 Tras la derrota del presidente surcoreano Yoon Suk-yeol en su intento de imponer la ley marcial y un autogolpe de Estado, los manifestantes pasaron a la ofensiva para reclamar la salida del poder del mandatario derechista. El sábado 6, entre 150 mil personas -según las autoridades- y un millón -según los convocantes- se movilizaron a las puertas de la Asamblea Nacional, donde se tramitaba una moción de destitución presentada por diputados opositores.
 La moción no prosperó debido a que no alcanzó los dos tercios de los votos. La apoyó el bloque del centroizquierdista Partido Democrático (PD) y apenas tres legisladores del oficialista Partido del Poder Popular (PPP). De todos modos, el titular del PPP, Han Dong-hoon, ha dicho que trabajará por un desplazamiento de Suk-yeol y que, mientras tanto, la administración recaerá de hecho en el primer ministro, Han Duck-soo. “Mediante una salida anticipada y ordenada del presidente, minimizaremos el caos y estabilizaremos la situación política”, sostuvo. El jefe del PPP quiere evitar una transición agitada, bajo la presión de la calle, como la que tuvo lugar en 2016-2017, cuando movilizaciones multitudinarias condujeron a la destitución de Park-Geen-hye, también de la derecha, quien fue acusada de integrar una red de recepción de sobornos y de favores a grandes grupos empresarios. 
 El fin de semana, las manifestaciones populares se combinaron con algunas huelgas y movilizaciones obreras. Los ferroviarios de Seúl pararon 72 horas y se movilizaron; los metalúrgicos marcharon al Ministerio de Trabajo y de allí a la Asamblea Nacional. La KCTU, una de las dos grandes centrales sindicales, también movilizó e hizo un llamado a una huelga general hasta la caída del presidente, aunque no la puso en marcha. La otra federación sindical, FKTU, emitió un comunicado el 8 de diciembre reclamando la salida de Suk-yeol, pero no anunció medidas de fuerza. 
 El martes 3, Suk-yeol había dictado la ley marcial, prohibiendo las manifestaciones, huelgas y la actividad política parlamentaria, bajo el pretexto de supuestas actividades “pronorcoreanas” por parte de sectores opositores. Por algunos testimonios, ahora se sabe que el plan del presidente y el ministro de Defensa Kim Yong-hyun (actualmente detenido) incluía el encarcelamiento de opositores políticos y la entrega de munición real a las tropas desplegadas cerca del parlamento, orden que habría sido desobedecida por mandos inferiores (El País, 9/12). 
 La rápida respuesta popular frustró la tentativa golpista que trajo a la memoria la dictadura militar que se extendió desde 1961 hasta 1988. Los manifestantes rodearon la Asamblea Nacional y los blindados de las fuerzas represivas, y se enfrentaron cara a cara con ellas. El parlamento rechazó, en ese cuadro, la ley marcial, y unas horas más tarde, con la movilización en desarrollo, el presidente reculó en su decisión. 

 El pulso geopolítico 

 Corea del Sur es un estrecho aliado del imperialismo yanqui; es, sobre todo, una pieza en el cerco contra China. La Casa Blanca tiene cerca de 30 mil soldados desplegados en el país. En 2017, desarrolló un escudo antimisiles en el territorio y son recurrentes los ejercicios militares conjuntos. Suk-yeol, que asumió en 2022, después de derrotar por estrecho margen a la centroizquierda, acentuó esta política de alineamiento, igual que la beligerancia hacia Corea del Norte, con la que han recrudecido las tensiones.
 El presidente saliente de Estados Unidos, Joe Biden, visitó Seúl durante su gira por Asia, en 2022. En mayo de 2023, fue el mandatario coreano quien visitó Washington. Y en agosto de ese mismo año, tuvo lugar una cumbre en Camp David entre Biden, Suk-yeol y el entonces primer ministro de Japón, Fumio Kishida, con la intención de afianzar lazos políticos y militares. Vale señalar que el mes pasado, estos tres países realizaron ejercicios militares conjuntos en el Pacífico (“Freedom Edge”), con buques y aviones. 
 Esta entente, para consolidarse, requiere, como paso previo, una normalización de relaciones entre Japón y Corea del Sur, que arrastran rivalidades desde la monstruosa ocupación japonesa de la península (1910-1945), con trabajo forzado y sometimiento sexual de cientos de miles de mujeres. A tales efectos, Kishida visitó Seúl en 2023, primer viaje de un mandatario nipón en mucho tiempo. 
 La cuestión presenta una complejidad adicional, y es que, a contramano de su alineamiento geopolítico, Corea del Sur tiene una importante relación económica con China, que es su principal socio en materia de exportaciones e importaciones, seguido de Estados Unidos. En 2015 llegó a firmarse un tratado de libre comercio entre Seúl y Washington, si bien desde 2017 China impuso sanciones a la industria coreana por los acuerdos militares con la Casa Blanca. 
 China busca dinamitar la entente en formación. En una reciente cumbre de carácter económico, les ofreció a sus pares asiáticos avanzar en un acuerdo de libre comercio entre las tres naciones.

 Lo que viene

 Este miércoles la oposición presentaría una nueva moción de destitución que podría votarse el fin de semana, a la expectativa de un quiebre del oficialismo. A la par, el presidente está siendo investigado y se le prohibió la salida del país. 
 Las movilizaciones en curso vienen precedidas por otras gestas históricas del pueblo surcoreano, como las que derrotaron el intento de imponer una elevación de la jornada laboral en 2023, la que conquistaron la legalización del aborto en 2021 y las resonantes “marchas de las velas”, bajo el frío polar, que voltearon a Park Geun-hye. 
 El pueblo surcoreano puede hacerlo de nuevo. 

 Gustavo Montenegro

martes, diciembre 10, 2024

El precio de la “paz cambiaria” inestable de Milei


Coexiste con reservas en rojo.

 La endeblez de la “paz cambiaria” actual se verifica en la persistente crisis de reservas. Sucede que, desde junio, el resultado de la cuenta corriente viene siendo negativo, lo cual amenaza con agravar las tensiones sobre el tipo de cambio, poniendo en riesgo la continuidad de la bicicleta financiera. 
 Lo cierto es que el “dólar planchado” se sostiene únicamente por el carry-trade montado sobre tasas positivas en pesos, que, entre diciembre 2023 y noviembre 2024, rindió 66,6% en dólares, según los datos del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (Cifra) de la CTA. Buena parte de esta burbuja especulativa fue financiada por los U$S 23.321 millones que ingresaron a través del blanqueo de capitales en apenas dos meses (de los cuales, cabe destacar, alrededor del 10% ya se retiró del sistema financiero local). Ahora bien, el “veranito cambiario” se posa sobre bases sumamente precarias puesto que la crisis de reservas del Banco Central no se ha revertido. Al 30 de noviembre, las reservas netas se hallaban en terreno negativo por U$S 9.057 millones. 
 Finalmente, entre julio y octubre, el déficit de la cuenta corriente superó los U$S 5 mil millones mensuales. Según en análisis publicado por el Cifra-CTA, lo anterior se debe, por un lado, a que en la segunda mitad del año se regularizaron los pagos de las importaciones, demostrando que el superávit exhibido por el gobierno durante los primeros meses de su mandato era un dibujo contable. 
 A su vez, el desbalance de la cuenta corriente también se explica por el saldo desfavorable en la cuenta de servicios, empujado por el turismo. La misma cerró en rojo por U$S 744 millones en octubre. Ocurre que el atraso cambiario actual desalienta el turismo receptivo e incentiva los viajes al exterior, mostrando cómo el esquema económico del gobierno se horada a sí mismo dado que estimula la demanda de divisas, atentando contra la sostenibilidad del dólar barato. 
 Por otra parte, entre enero y octubre, se pagaron intereses de deuda externa por más de U$S 10 mil millones, demostrando que no hay recomposición de reservas posible con gobiernos abocados al rescate de esa hipoteca usuraria.
 A contramano de las expectativas del oficialismo, tampoco arribaron dólares significativos mediante la inversión extranjera directa. La misma, a pesar del Rigi, se redujo 19% en los primeros diez meses del 2024 respecto al mismo período del año anterior. A fin de cuentas, el capital internacional exige el levantamiento del cepo cambiario como requisito ineludible para arribar al país, lo cual aparece lejano en un escenario económico de tanta fragilidad, con reservas en rojo y un crecimiento sideral de la deuda del Tesoro, cuyo stock se duplicó entre diciembre 2023 y octubre 2024 por el desarme de las Leliqs y el carry-trade en curso.
 El panorama para las reservas es desalentador. Según las estimaciones del Centro de Economía Política Argentina (Cepa), hacia 2028 el total de vencimientos de deuda externa, entre capital e intereses, asciende a U$S 25.100 millones (U$S 17 mil millones solo en 2025). Todas las alternativas para afrontarlos son negativas para el país y suponen una mayor subordinación colonial ante el capital financiero, tanto la vía de un nuevo endeudamiento en dólares (fondos frescos del FMI u otros préstamos) como la del “reperfilamiento” o canje de deuda a tasas más altas; aún así, ninguna está garantizada y no se descarta la posibilidad del default. Otro camino ruinoso a los fines de captar divisas es el del remate de los pocos activos nacionales que quedan por medio de la privatización, sumado a la entrega de bienes comunes a las multinacionales a través del Rigi. 
 Si añadimos las adversidades que plantea el escenario internacional -devaluación de Brasil, recesión de China, posible suba de la tasa de interés de la FED tras el triunfo de Trump- la durabilidad de la “calma cambiaria” está seriamente cuestionada, lo cual debe alertar al conjunto de los trabajadores quienes serán los principales perjudicados si se produce un nuevo salto devaluatorio. No obstante, si esta llegara a prolongarse en el tiempo, el pueblo también saldría perdiendo: en primer lugar, el abaratamiento del dólar no se tradujo en una recomposición del poder adquisitivo del salario; a su vez, el carry-trade agrava el costo financiero que paga el Tesoro a costa de un brutal ajuste contra jubilaciones y partidas sociales; además, la industria descarga las consecuencias recesivas del atraso cambiario despidiendo trabajadores. 
 Más que nunca, la única salida positiva a esta encerrona consiste en preservar el ahorro nacional, partiendo del repudio a la deuda externa usuraria y la nacionalización bajo control obrero de la banca y el comercio exterior, a fin de frenar la fuga de capitales bajo todas sus formas. De ese modo, vamos a poder inaugurar un ciclo de inversiones productivas que saquen al país del atraso y garanticen trabajo genuino. En definitiva, una reorganización social y económica comandada por un gobierno de los trabajadores en beneficio de las mayorías. 

 Sofía Hart

Un año de luchas contra Milei


La clase obrera y los explotados no se doblegan ante el ajuste. 

 Se cumple un año de gobierno de Javier Milei, quien planteó una fuerte ofensiva contra los trabajadores y los explotados, y que encontró rápidamente una respuesta contra el ajuste y los planes de destruir conquistas obreras, democráticas y populares arrancadas por la lucha obrera, de la juventud estudiantil, mujeres y jubilados. 
 El mandato del actual presidente comenzó con una provocación y ataque contra las libertades democráticas, con la implementación del Protocolo Antipiquetes ilegal de Patricia Bullrich, con la intención de liberar las calles y allanar el camino para hacer pasar de una un paquete de medidas antiobreras contra la población. 
 Los primeros en desafiar esta medida antiobrera y represiva fueron los trabajadores desocupados y precarizados del movimiento piquetero, convocando un Plenario Piquetero en Parque Lezama para poner en pie una fuerte movilización contra el ajuste el 20 de diciembre, en un nuevo aniversario del Argentinazo. Algo que se concretó y puso en cuestión los alcances de la ofensiva oficial, sorteando la represión policial y llegando a Plaza de Mayo, contra todo pronóstico y un operativo intimidatorio nacional contra los trabajadores. 
 Esta movilización abrió el juego a la intervención popular con los cacerolazos, que se expresaron en repudio al protocolo represivo de Bullrich y al mega DNU que sintetizaba la hoja de ruta privatizadora, ajustadora y liquidacionista del gobierno. 
 Esa acción decidida del movimiento piquetero y los sectores combativos le costaría al Polo Obrero –uno de sus principales impulsores- colocarse en el lugar de “enemigo n°1” del gobierno, comenzando una campaña de persecución política, espionaje, mentiras y criminalización de la protesta social que aún persiste. 
 No obstante esto, el Polo Obrero y el movimiento piquetero lucharon durante todo el año contra el desabastecimiento de los comedores populares y la política criminal de la ministra Sandra Pettovello, contra el ajuste y congelamiento de los montos de los programas sociales y las bajas oficiales y contra el crecimiento de la pobreza, el hambre y la desocupación. Lejos de terminarse los cortes, como señala falsamente el gobierno, venimos de una fuerte movilización en CABA en noviembre y de un gran acampe piquetero en La Matanza. 
 Estas luchas también reforzaron la defensa de las libertades democráticas, cuestionadas por la represión oficial y la detención recurrente de manifestantes. Esto cobró relevancia en la movilización contra la Ley Bases, con decenas de detenidos y una fuerte coordinación para obtener la liberación de todos los manifestantes. 
 El gobierno nacional se ensañó en particular contra la cultura y sus trabajadores, con la amenaza de cierre del Incaa y el vaciamiento presupuestario, lo que despertó un movimiento de lucha de artistas y de la cultura, para frenar esta ofensiva, con movilizaciones, campañas y expresiones de diversos sectores de la cultura. 
 En los primeros meses del año, el ajuste en el presupuesto educativo, particularmente el correspondiente a las universidades nacionales, sacudió las casas de estudios de todo el país, dando lugar a una masiva movilización educativa que el 23 de abril le infringió un duro golpe al gobierno nacional, con alrededor de un millón de personas movilizadas en CABA y manifestaciones multitudinarias en las provincias en defensa de la educación pública. 
 La AGD-UBA y la Conadu Histórica, gremios docentes universitarios, alimentaron este proceso, junto con la juventud estudiantil y los trabajadores no docentes, siguiendo la pelea por el presupuesto y las condiciones laborales y salariales, dando lugar a nuevas acciones, clases públicas, ocupaciones de facultades y una nueva movilización masiva. Incluso contra la orientación de la burocracia sindical y las autoridades universitarias. 
 La clase obrera comenzaba a intervenir decididamente contra la política del gobierno nacional, esto a pesar de la complicidad de la burocracia sindical que, tras unas primeras acciones dispersas (movilización a Tribunales en diciembre, paro del 24 de enero, paro del 29 de mayo y marcha de 1° de mayo) se plegó, con su complicidad, al ajuste en marcha, abandonando toda medida contra la reforma laboral, la Ley Bases antiobrera, los despidos y ataques contra los trabajadores, etc.
 La lucha de las mujeres también tuvo sus episodios y movilizaciones, ante un gobierno enemigo declarado de las reivindicaciones de las mujeres, negacionista de la violencia de género y oscurantista, con una fuerte movilización el 8 de Marzo, en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Algo que también se reflejó en la lucha de las diversidades contra un gobierno que intenta suprimir el concepto de crímenes de odio y que aborrece a las diversidades.
 El 24 de marzo, con el antecedente inmediato de la lucha por la defensa de las libertades democráticas, se convirtió en otra gran jornada de movilización ante un gobierno amigo de los genocidas, con la vicepresidenta Victoria Villarruel organizando visitas de apoyo a los criminales de Estado. 
 Este gobierno siquiera le dio descanso a las y los jubilados, vapuleados por cada una de las gestiones ajustadoras y vaciadoras de la Anses. Los jubilados salieron a movilizarse contra los haberes de hambre y una nueva reforma de la fórmula de actualización de haberes que los condena a la miseria eterna. Con rondas semanales en Congreso y movilizaciones se enfrentaron a la represión en más de una ocasión, con un punto fuerte ante el veto presidencial a la ley que recomponía parcialmente los haberes.
 En el movimiento obrero la lucha se extendió en diversos conflictos contra los despidos, facilitados por las reformas antiobreras del gobierno (eliminación de indemnizaciones por trabajo no registrado, reforma laboral, represión, etc.). 
 El Sutna (sindicato del neumático) lideró varias peleas contra esta política en las plantas del neumático, con despidos patronales y ataques contra los trabajadores. Además de convocar al conjunto de los trabajadores, direcciones gremiales y sectores combativos a unificarse y levantarse en la lucha contra el gobierno nacional. 
 Otro punto fuerte fue el de las y los trabajadores de la salud, quienes protagonizaron diversos conflictos contra el vaciamiento oficial y el deterioro de la salud pública. Allí se inscribe la lucha contra el cierre del Hospital Bonaparte, contra los despidos y cierre de sectores y especialidades en el Hospital Posadas y la pelea de los trabajadores del Garrahan por salario y condiciones laborales, entre otras. 
 En el sector público también tenemos la lucha de docentes y estatales, con huelgas importantes como la de los docentes de Neuquén y en Misiones, que expresan la resistencia de los trabajadores al ajuste replicado por los gobernadores en las provincias, quienes pactaron con el gobierno el ajuste fiscal y/o son cómplices y colaboradores de la ofensiva nacional. 
 El primer año de gestión de Javier Milei estuvo surcado por la lucha de clases, mostrando que la clase trabajadora y los explotados no se resignan al ajuste en marcha, a pesar de los esfuerzos de la burocracia sindical y la oposición política patronal por facilitar el trabajo sucio del gobierno. 
 Gran parte de los procesos mencionados aún se encuentran abiertos y otros serán los que se sumen para aunar fuerzas y derrotar definitivamente a este gobierno hambreador, antiobrero y antipopular. Este 20 de diciembre volvemos a salir a las calles a redoblar la movilización contra el gobierno y por el Fuera Milei. 

 Marcelo Mache

Mercado Libre da un golpe en ARCA


La titular de ARCA Florencia Misrahi y dos funcionarios que habían llegado de su mano al ente recaudador, fueron expulsados de sus cargos, según la versión oficial, por querer cobrarles impuestos a “streamers e influencers”. Además, según los medios de comunicación, Misrahi se habría resistido a bajarse su salario de 35 millones a 4 millones de pesos y a proceder con la “reestructuración” -es decir los despidos- exigidos por el gobierno. 
 La infortunada resolución a la que se atribuye la salida de Misrahi fue la 5607, que incorporó la actividad 731002 “de servicios de creación, edición, producción, difusión y/o publicidad de contenido audiovisual que sean utilizados y/o reproducidos a través de redes sociales, aplicaciones tecnológicas y/o plataformas digitales y otras actividades económicas vinculadas a creadores de contenido" al nomenclador de impuestos. Con ese nuevo régimen, los influencers y youtubers deben comenzar a pagar por las ganancias que obtengan de su actividad, incluidos los ´canjes´ por publicidad.
 En un comunicado de la cuenta paraoficial “Oficina del Presidente” se habló de "diferencias en el rumbo de la gestión". Pero el mismo comunicado continúa, al avanzar sobre los motivos del despido de Misrahi, en los siguientes términos: "Este Gobierno no va a perseguir a las nuevas formas de negocios digitales y reafirma su compromiso para trabajar en un régimen tributario simplificado. La solución al persistente déficit fiscal que sufrió por décadas la República Argentina no es buscar nuevas formas de recaudación sino bajar el gasto público". De este modo, se deja entrever que el verdadero motivo de la salida de Misrahi no fue que quisiera inscribir a influencers y youtubers en el monotributo. Según Clarín (9/12) se debe a otra resolución, esta sí, que afecta a jugadores de peso en materia de “nuevas formas de negocios digitales”. 
 Las modificaciones que “habrían desatado el enojo de grandes empresarios con llegada directa a Milei”, dice Clarín, fueron la incorporación del nomenclador “631201”, dentro del cual se incluye el “servicio de intermediación mediante plataformas de gestión electrónica en la compraventa de bienes nuevos, usados, registrables y no registrables, alimentos y/o bebidas”. “Ese cambio obligaría a Mercado Libre y Despegar -dice Clarín- a inscribirse como desarrolladores de plataformas de venta de bienes y servicios. cuando el régimen de promoción de la industria del conocimiento no contempla a las plataformas electrónicas, sino a la creación de software y servicios informáticos y digitales”.
 En 2007, Mercado Libre se acogió a los beneficios de la Ley de Software. Desde entonces, la empresa de Galperín se benefició con exenciones de impuestos y bonificaciones en el pago de las cargas sociales hasta alcanzar los 100 millones de dólares anuales, hasta el día de hoy, atravesando tanto los gobiernos peronistas como la gestión Macri. Además, ML sostiene su red de comercialización mediante la tercerización de su logística, compuesta de millares de cuentapropistas que son sometidos a jornadas extenuantes a cambio de tarifas irrisorias. Un verdadero “empresario prebendario” con llegada directa a Casa Rosada. Gakperín se encuentra radicado en Uruguay, disfrutando de las ventajas impositivas que le ofrecen ambas orillas del Río de la Plata. 
 El reemplazante de Misrahi será Juan Pazo, un exfuncionario macrista que -como Misrahi- también llega al gabinete liberticida de la mano de Luis “Toto” Caputo. Ocupó varios cargos en la administración pública entre 2016 y 2019. Su último puesto hasta ahora fue el de Superintendente de Seguros de la Nación. Su designación habría sido “una decisión de la mesa super-mega-chica” (Clarín, 9/12). ARCA es, además de una agencia recaudadora, una verdadera central de inteligencia en materia impositiva.
 El gobierno de Milei considera una “persecución” el cobro de impuestos y celebra como “héroes” a los evasores, a quienes ha premiado con un blanqueo y la promesa de borrar el registro de quienes se hayan acogido al beneficio. Y en el ámbito privado, Pazo se desempeñó, entre otros, “como director ejecutivo de firmas offshore de Rapsodia, una marca cofundada por su esposa” (minutouno.com, 7/12). Es decir, de impuestos sabe cómo evadirlos. Es un héroe que vuelve al ruedo.

 Jacyn 
 09/12/2024

Allanamiento en Nordelta: 35 obreros estaban cautivos, dormían en un sótano y trabajaban hasta 16 horas diarias


La red de trabajo esclavo tuvo cautivos en Nordelta más de 150 trabajadores durante dos años.

 Se investigan otras obras. Nada más difícil para un mortal común y corriente, incluidos quienes trabajan allí, que entrar en un barrio privado, verdaderas fortificaciones con guardias armados, leyes de admisión arbitrarias, alarmas, cámaras, etc. Sin embargo, cuando se trata de ingresar mano de obra esclava, el dispositivo de control desaparece. 
 Esta semana, un allanamiento comprobó una denuncia que había recibido en junio la Procuraduría contra la Trata, Protex. La Dirección General Impositiva (DGI) había descubierto por lo menos 24 trabajadores esclavos secuestrados en un sótano sin luz y casi sin aire , en Nordelta, la maravillosa “ciudad pueblo” propiedad de Eduardo Costantini, número 11 en la lista de grandes ricachones del país. 
 Los 24 prisioneros, que incluyen a cuatro mujeres, fueron traídos desde la provincia de Salta, engañados con la promesa de buen trabajo y buen sueldo. Les secuestraron los documentos y, cuando terminaba la jornada laboral, los encerraban. 
 Con una extensión de 1.600 hectáreas, Nordelta es una de casi un centenar de “urbanizaciones cerradas” que existen en Tigre. El allanamiento tuvo lugar en Delta Center, un complejo de lujo que se promociona con 172 unidades residenciales y 17 locales comerciales, ubicado sobre la ruta 27, frente a la entrada al Golf, en Rincón de Milberg. Su lema, “disfrutar la vida es algo de todos los días”. Delta Center es solo uno de los proyectos investigados, lo que permite suponer que hay muchos otros trabajadores esclavos “disfrutando la vida todos los días” en sus mazmorras. 
 La organización “operaba con un alto nivel de coordinación. Utilizaba empresas y documentos legales aparentemente regulares para encubrir sus actividades. La investigación también reveló nexos con otras obras de construcción en el área metropolitana y contratos que involucraban grandes sumas de dinero” (Diario Ar. 5/12) 
 Las actas describen crudamente el cautiverio y la explotación laboral: “Recibían salarios muy bajos, por debajo del mínimo legal”. “A veces eran prestados a terceros como forma de pago de deudas”. “Les retenían los documentos y se les restringía la libertad de movimiento”. “Uno de los trabajadores tuvo un grave accidente con una amoladora que le causó una gravísima herida y el contratista no le habría permitido ir al hospital”. "Había ratas y olores nauseabundos". La seguridad del barrio nunca vio nada.
 Los testimonios de los trabajadores dan cuenta de que a veces “los obligaban a dormir hasta 35 personas en una única habitación, el sótano, con colchones viejos y comida casi cruda; al principio era mejor, pero en los últimos meses solo polenta”. 
 “Nos decían ‘negros, nos trataban como si no fuéramos humanos. Nos quitaban los DNI, no podíamos salir ni a comprar comida, no nos daban desayuno”, relató otra víctima. “Además, nos deben meses de trabajo”, señalaron en declaraciones al diario El Tribuno. 
 El Ministerio de Seguridad y el Juzgado Federal N.º 1 de San Isidro realizaron 13 allanamientos simultáneos en Nordelta, Ramos Mejía, Escobar y otras localidades. En los procedimientos encontraron armas y municiones; más de 28 millones de pesos argentinos, dólares, euros y otras monedas extranjeras; planos de obra, recibos de pago, registros laborales y elementos relacionados con la obra Delta Center y cuatro automóviles, incluidos modelos de alta gama. 
 La investigación judicial sugiere la existencia una poderosa organización criminal ya que “más de 150 personas pasaron por las instalaciones, trabajando en condiciones infrahumanas durante más de dos años” (Informate Salta 5/12).
 Los detenidos, según la información policial, son Carlos Alberto Díaz Chilo, encargado de comprar vehículos utilizados por la organización. Cristian Sajama, el contratista involucrado en la gestión de las obras. Walter Jorge Mosca, arquitecto y capataz, acusado de coaccionar a las víctimas para trabajar bajo estas condiciones. Pablo Gastón Pellegrino, inversor que facilitó la estructura financiera de la organización. Díaz Chilo y Pellegrino son respectivamente contratista y empresario hotelero del Valle de Lerma. 
 En Tigre, el 10 % de la población vive en countries que ocupan más del 60 % del territorio. El otro 90 % se hacina en barrios obreros, villas y asentamientos. Para hacer los countries muchas veces hubo que levantar el terreno, taponando los humedales. Esto dificultó el drenaje del agua de lluvia, razón por la cual los barrios populares y los asentamientos se inundan periódicamente. “En la cuenca del río Lujan tenemos más de 9 mil hectáreas de humedales tapados con este tipo de urbanizaciones”, explica la urbanista Laila Robledo.
 El dirigente de la UOCRA, Gerardo Martínez, espía del Batallón 601 durante la dictadura, es experto en cautiverios. Y cómplice de las patronales en la reducción a la esclavitud de los obreros constructores. 

 Olga Cristóbal 
 07/12/2024

No hay plata para investigar, pero sí para atacar y estigmatizar a investigadores


El ataque violento misógino y anticientífico del youtuber de ultraderecha Tipito constituye un ejemplo del accionar de los grupos de tareas mileistas contra la ciencia pública. 
 Desde que comenzó el gobierno de Javier Milei, el sistema científico y tecnológico nacional ha sido objeto de múltiples y reiterados ataques y de una campaña de estigmatización y desprestigio, desarrollada por trolls y también por funcionarios públicos, que ha sido relatada oportunamente. 
 En las últimas semanas además se sumó el accionar de las milicias digitales -factiblemente subsidiadas con fondos de la SIDE- las cuales eligieron como uno de sus blancos a una investigadora de CONICET, a partir de una actividad de agitación militante en el subte, en la que ella denunciaba el ataque virulento al sector científico, efectuado por este gobierno hambreador y represivo. 
 En este caso, un youtuber de unos 40 años conocido como Tipito o Tipito Enojado recoge un video de una agitación en transporte público, que ya se había viralizado, hace un recorte intencional y tendencioso, alterando el sentido de la protesta y el contenido de la denuncia. La finalidad del video es tergiversar la lucha por una causa colectiva, renominándola como “lloriqueo” de quien se queja “de llena” en un país con elevados índices de pobreza e indigencia, omitiendo deliberadamente hacer alusión a uno de los ejes clave de la intervención: mostrar que el vaciamiento y desfinanciamiento de la ciencia pública ha transcurrido concomitantemente al brutal incremento de aquellos índices a lo largo de este último año. 
 Así, el video comienza con un título mentiroso "Científicos" protestan contra Milei porque ganan poco (GANAN MÁS DE UN MILLÓN) y en el *thumbnail *figura la imagen de la investigadora en cuestión en primer plano, con una leyenda que reza “No nos alcanza” (frase que en ningún momento se profiere, precisamente porque se trataba de una acción de lucha colectiva y no de una victimización subjetiva y personal).
 Luego, Tipito realiza un violento doxeo, exhibiendo los datos personales y académicos de quien escribe -que son de acceso público y no incluyen nada vergonzante, sino todo lo contrario- pero son descontextualizados maliciosamente, entremezclados con una serie de datos erróneos sobre el funcionamiento del sector científico nacional (que solo denota la arrogancia e impunidad con la que estos personajes abordan livianamente cualquier temática). El objetivo era evidente: por un lado, intimidar a quien milita contra las políticas de este gobierno y, por otro, ridiculizar, ante una audiencia adicta y acrítica, la investigación científica en general, y en el área de ciencias sociales y humanidades en particular. Como ejemplo palmario de esto último, omite mencionar que nuestros cargos son concursados y que pasamos por evaluaciones rigurosas para cada promoción. A esto se agrega que el streamer enumera la larga lista de publicaciones que figuran en el sistema, sin aclarar que un artículo académico (paper) en una revista científica (journal) es el producto de entre medio año y un año de trabajo de investigación y lo equipara -no inocuamente- con notas de opinión, entre las cuales figuran las publicadas en Política Obrera: Motosierra en la ciencia pública; Situación del CONICET; Abajo los recortes.
 En este punto vale la pena detenerse ya que la estrategia clásica de oponer trabajador contra trabajador, en este caso, en apariencia, emergía como servida en bandeja: una mujer -blanca, instruida y con un empleo fijo y registrado- tenía el descaro de “quejarse por su salario” (que no obstante es levemente superior a la canasta familiar) que obtiene por escribir “cosas que no le importan a nadie” (sic), mientras que los seguidores del youtuber -que, a su criterio, constituyen una muestra representativa de la población trabajadora argentina- ganan bastante menos que ella, sin gozar de los beneficios del empleo registrado, “realizando tareas útiles” y -el punto crucial en todo este escenario- “no se quejan”. 
 Así fue como, a ese primer video, que resultó viral, con casi 145.000 reproducciones hasta la fecha y miles de comentarios violentos, sexistas y oscurantistas contra una trabajadora asalariada del área de investigación que milita su causa, junto con otras tantas causas que tienen como protagonistas a los sectores más damnificados por el programa de ajuste brutal llevado a cabo por el gobierno de Milei. 
 A continuación, la investigadora publicó una nota: Lo que le molesta al Tipito, en la que hace visible el ataque, poniendo el foco particularmente no en el agravio personal, sino en el contenido del reclamo que se buscaba silenciar y ridiculizar. Pocas horas después, el personaje hace otro streaming dedicado netamente a reaccionar en vivo a la contundente e irrefutable nota, en el que repite exactamente lo antedicho, pero acentuando su sarcasmo y revalidando su pretendido rol de “patroncito de estancia” exigiendo rendición de cuentas a quienes, a su entender “viven de los impuestos de todos”. De este modo, se ataca en manada a quienes forman parte del sector CyT -cuya tarea consiste precisamente en propiciar el pensamiento crítico y el cuestionamiento a las desigualdades inherentes a este régimen social- con el objeto deliberado de construir un supuesto enemigo artificial visible e identificable, generando una tensión ficticia entre trabajadores asalariados de rubros distintos (públicos versus privados, estables versus precarizados, intelectuales versus manuales, etc.). Mientras todo esto sucede, desde el Estado se financia a estos grupos violentos encargados de diseminar y propagar, mediante una metodología fascistoide, una narrativa funcional a los grandes intereses concentrados y contrarios a las amplias mayorías populares. 
 Pese a los reiterados ataques, no nos amedrentarán ni desmoralizarán. Por el contrario, nos encontrarán luchando, una vez más tanto en las calles como en el subte. 

 Ariadna Gallo (Investigadora Independiente de CONICET) 
 07/12/2024

domingo, diciembre 08, 2024

Derrocamiento de Bashar al Assad: “No la vieron venir”


Los despojos de Siria y la guerra mundial. 

 La República Siria no era un estado unificado al momento en que la milicia islámica Hayat Tahrir al Sham (HTS) y el “Ejército nacional sirio” (ENS) sostenido por Turquía lanzaron la guerra relámpago que acabó con el régimen de Bashar al Assad en sólo diez días. HTS ejercía un control en Idlib, en el noroeste del país, donde tenía sus propias fábricas de armamentos. El ENS había asumido el control de una franja de 15 a 20 kilómetros de la frontera con Turquía, a expensas de las milicias kurdas, el YPG, en territorio sirio del irredento Kurdistán, que ha construido una suerte de estado en esa región. Al sur de Siria, en Deraa, operaban otras milicias, mientras una zona desmilitarizada separaba a Israel, en posesión de los altos del Golán, de Siria. El derrocamiento de al Assad deja expuesta esta división territorial y la intervención extranjera que la sustenta, desde Turquía e Irán, hasta Estados Unidos y Rusia. EEUU tiene un cuerpo militar junto a las milicias del YPG y Rusia una base naval en Tartus y una base aérea. 
 El ejército del estado sirio sucumbió en masa ante el avance de las milicias opositoras –sin pelea-. Ahora los medios informan del estado de decrepitud en que se encontraban las fuerzas armadas de Siria y de los reproches que le dirigían Rusia e Irán a al Assad por la tolerancia con semejante debacle. Desde mucho antes del asalto del ejército sionista contra Gaza, y más tarde contra Líbano, el régimen sirio y su soporte ruso habían contraído un acuerdo, al menos de facto, con Israel, que vedaba cualquier ataque de las fuerzas de la Guardia Revolucionaria de Irán y de Hizbollah, desde Siria, contra el estado sionista y, de otro lado, permitía los ataques de la aviación israelí contra las bases de una y otra. En reconocimiento por esta complicidad de hecho de Rusia y del régimen sirio con el régimen sionista, el gobierno de Netanyahu se negó a condenar la invasión de Ucrania y el gobierno de Bashar al Assad fue reincorporado a la Liga Árabe, a instancias de los emiratos del Golfo. El nexo político-territorial se encontraba destruido antes de la caída de al Assad y lo mismo puede decirse de la proyección naval que pretendía Putin en el Mediterráneo oriental. 
 El derrocamiento del gobierno de Bashar al Assad ha acentuado la disgregación política de Siria. En el sur, las milicias tomaron la provincia de Daraa; las milicias kurdas ocuparon las ciudades de Deir el Zou y Bukamal, sobre la principal ruta que conduce a Bagdad, un contratiempo para el régimen de Erdogan, que sin embargo ha impulsado el avance arrollador de HTS y el ENS hacia Damasco, la capital de Siria. De acuerdo a los principales diarios internacionales, Erdogan había intentado conseguir una renuncia pacífica de al Assad, para bloquear este desenlace, sin el menor resultado. La ocupación, por parte de cuatro a cinco milicias diversas, del terreno dejado por las fuerzas armadas oficiales, se ha mostrado como un obstáculo para formar un nuevo gobierno nacional. Al Jolani, el jefe HTS, la mayor y más pujante milicia, ha convocado a la “unidad de Siria”, y tomado la inusitada decisión de reclamar la continuidad del primer ministro del gobierno derrocado, para defender “las instituciones”. En medio de una conmoción política que ha sacudido a gran parte del mundo, el planteo suena a una mascarada de Macrón ante la TV de Francia. Es el mismo que la prensa atribuye a las conclusiones de una reunión entre los ministros de exteriores de Rusia, Irán y Turquía, para evitar un incendio de toda la pradera. Netanyahu, por su lado, ha tomado el control militar de la tierra de nadie entre Siria y Turquía, sin importarle otra violación más de los acuerdos internacionales. Donald Trump y su vice, JD Vance, se apresuraron en tuitear mensajes de apaciguamiento: el primero llama a que el gobierno de Estados Unidos no intervenga; el segundo, alertando contra una reaparición del Estado Islámico. 
 Aunque la alianza de Erdogan con HTS y el ENS le otorgan las cartas más fuertes en una negociación de poder, el desenlace de la guerra ha reforzado considerablemente la autonomía de esas milicias, que han tomado el control del arsenal militar de al Assad con la deserción masiva del ejército de Siria. Por otro lado, el YPG, la milicia kurda, ha tomado la importante ciudad de Majlib, sobre el río Éufrates. Putin, Khameini y Erdogan ya no contarían con actores subordinados en el territorio sirio; el mismo Netanyahu habría expresado reservas o temores por esta situación. Se ha desatado una crisis de poder en Siria. Ninguna de las fuerzas autóctonas en presencia se han pronunciado ante la anexión de Gaza y eventualmente Cisjordania por parte del estado y los colonos sionistas. Pero no se puede gobernar Siria sin esta clarificación, mientras que lo contrario –definir una política– desataría tempranamente una guerra civil e internacional. 
 Cuando todavía no se ha reunido la mesa de negociaciones sobre Ucrania que propondría Donald Trump, y el sionismo violenta el cese el fuego en Líbano y prosigue con la masacre en Gaza (recibiendo una condena más de genocidio, por parte de Amnistía Internacional), la cuestión siria se ha convertido en incandescente. En el Medio Oriente y en el mundo musulmán, el nacionalismo laico ha desaparecido por completo como consecuencia de su propia impotencia e incapacidad. La dirección política ha pasado a las diversas corrientes del integrismo islámico, que la mayor parte de las veces se convierten en tributarias de los diversos poderes imperialistas. Después del derrumbe gigantesco de los partidos comunistas de masas de la región, la cuestión de la dirección de la clase obrera de la lucha antiimperialista no ha sido resuelta. 
 La mayor parte de los medios atribuye el abandono del régimen sirio, por parte de Putin, a una ‘distracción de fuerzas’ debida a la guerra de Ucrania. Es como decir que la decisión de invadir Ucrania con el propósito de someterla nacionalmente ha fracasado. Pero este revés estratégico repercutirá, a su vez, en las condiciones de esa guerra. Una entrevista muy oportuna del argentino La Nación (7/12) a quien fuera embajador de Israel en Rusia y en Azerbaiyán, no podía ser más esclarecedora, pues este hombre del aparato del sionismo declara abiertamente: “No hay que darle a Putin una victoria sobre Ucrania”, para oponerse a las intenciones que se le adjudican a Trump. Arkadi Mil-Man, el entrevistado, expone la estrategia que informa toda la operación genocida contra el pueblo palestino, que es asumir la guerra imperialista de carácter mundial que ha emprendido la OTAN. Con todas sus acentuadísimas peculiaridades, el derrocamiento militar de una dinastía de medio siglo, que ha recorrido todas las variantes del nacionalismo árabe, desde el reformismo nacional hasta la contrarrevolución, forma parte de una guerra imperialista, cuyo objetivo es, de nuevo, un nuevo reparto del mundo. 

 Jorge Altamira 
 08/12/2024

El revés estratégico de Rusia y China en Siria y Medio Oriente


Desde el Mar Rojo al Báltico, se unifica el territorio de la guerra mundial.

 La guerra en Ucrania y la escalada militar del estado sionista contra el pueblo palestino y Líbano han sufrido un giro político de magnitud. El pivot de este giro, largamente preparado por “los servicios de Inteligencia de Turquía, Ucrania y Francia, con el apoyo de Israel y la aprobación de Estados Unidos” (Naked Capitalism, 2/1) es el presidente turco Recep Tayyip Erdogan. En efecto, la ofensiva lanzada el 27 de noviembre pasado por la milicia islámica Hayat Tahrir al Sham (HTS), junto al Ejército Nacional Sirio, respaldado por Turquía, contra el territorio de la República Siria, representa un golpe a la retaguardia de Rusia, comprometida en la guerra contra la OTAN en Ucrania. El HTS y ENS ocuparon en 72 horas la ciudad de Aleppo, la segunda en importancia de Siria, y en poco tiempo lo hicieron con Hama, para continuar hacia Homs, la puerta de entrada a Damasco, la capital del país. En 2015, cuando Putin envió el ejército ruso a Siria, con el propósito de prevenir la caída del gobierno sirio ante la ofensiva islámica, la recuperación de Aleppo y otras ciudades le llevó cuatro años, a costa de un bombardeo despiadado contra la población local. En 2021, Putin obtuvo un cese del fuego de parte de Erdogan, que repartió el norte del país entre fracciones islámicas controladas por Turquía o Estados Unidos, que envió tropas en apoyo de las milicias kurdas en el Kurdistán sirio. La nación kurda se encuentra repartida fundamentalmente en Turquía y el norte de Irak, y en Irán y Siria. Tres días antes de la ofensiva islámica, Erdogan y Putin habían reafirmado el cese del fuego en una conversación telefónica, que el mandatario turco violó en 72 horas. Erdogan reclama ahora “un acuerdo político integral” (Clarín, 6/12), en “alusión a un cambio de régimen”. Biden y Netanyahu han saludado, con el guiño de sus funcionarios, la guerra relámpago de las milicias proturcas. 
 El giro en la situación de la región ha sido propiciado por la calamidad sufrida por Hizbollah de parte de los servicios de Inteligencia y de las fuerzas armadas de Israel. El estado sionista ha estado bombardeando Siria en forma regular en la última década, con la autorización no escrita de Putin, cuyo ejército ha controlado el espacio aéreo de Siria. A partir de la guerra étnica lanzada por el estado sionista en Gaza, esos bombardeos se convirtieron en asesinatos de dirigentes y funcionarios de Irán; la guerra contra Líbano fue acompañada por ataques de mayores proporciones contra Siria, la retaguardia de Hizbollah. Putin asistió a esta aniquilación política con una completa pasividad o complicidad. La consecuencia está a la vista: Rusia se ha visto forzada a remover su flota de Tartus, en el Mediterráneo de Siria, donde estuvo asentada durante cincuenta años. La ha debido mandar al enclave de Kaliningrad, en el Báltico, ante la imposibilidad de regresar al Mar Negro por los estrechos de Turquía. Repite, de este modo, lo que hizo ante los bombardeos de Ucrania contra Crimea, cuando desplazó la flota en Sebastopol, al puerto de Novorossiysk, en la provincia rusa de Krasnodar. Para diversos observadores, el régimen del sirio Bashar al Assad, señala un estado de agotamiento final y rendición. Mientras los ojos de la prensa internacional estaban puestos en la respuesta que la OTAN darïa al avance de Rusia en el sudeste de Ucrania, y últimamente en conjeturas acerca del “plan de paz” de Trump, la OTAN convirtió su guerra en el Medio Oriente en un socavamiento geopolítico de Rusia. En cualquier escenario de negociaciones y canjes acerca de la guerra en Ucrania, la OTAN pondrá sobre la mesa el nuevo cuadro del Medio Oriente. 
 El involucramiento del Medio Oriente en la guerra de conjunto de la OTAN, de un lado, y Rusia y China, del otro, no comienza con esta ´blitzkrieg´ islámica preparada por Turquía, no sola sino fundamentalmente. Irán tiene en Siria fábricas de drones que producen para Rusia; es también un exportador de petróleo importante para China. Sin embargo, una unidad de la Inteligencia militar de Ucrania había atacado Aleppo hace pocas semanas y también el lado sirio de los altos del Golán. La ofensiva de las milicias islámicas contra Siria es presentada, por algunos analistas, como una oportunidad ofrecida por las guerras de Ucrania e Israel. Pero el objetivo de todo el operativo no es Siria sino incidir en el desenlace de la guerra de la OTAN contra Rusia, en el marco de las expectativas de una iniciativa de negociación por parte de Trump. La OTAN ingresa a esta negociación en una posición de fuerza que no tenía con anterioridad. Los sucesos en Siria unifican el territorio de una única y misma guerra mundial. 
 Pero Erdogan es un pivot de la guerra en otro escenario – el del Cáucaso sur-. En Georgia, uno de los tres países de la región, se desarrolla un movimiento golpista pro OTAN, como el que llevó al derrocamiento del último presidente proruso en Ucrania, que desató la guerra actual. Rusia ha sufrido un gran retroceso en este espacio, como consecuencia de la derrota militar de Armenia frente a Azerbaiyán, una ex república soviética aliada de Turquía. Israel tuvo un papel activo en esta guerra al ofrecer aviones de guerra a Azerbaiyán, que enfrenta conflictos con Irán por cuestiones de corredores comerciales y geopolíticos. La derrota llevó a Armenia, con anterioridad bajo la tutela del Kremlin, a los brazos de la OTAN y de Estados Unidos. El Cáucaso norte –Chechenia y Daguestán– sigue siendo una zona ‘caliente’ como resultado de la opresión de Rusia. Con la ofensiva contra el régimen sirio, Erdogan se ha convertido en una nueva pieza de la negociación de la guerra en Ucrania. Turquía ha sido un canal para el gas ruso, ante la destrucción de los gasoductos del Báltico, por parte de la OTAN y en especial a instancias de Trump, por su conexión entre el golfo Pérsico y Europa. Por esta razón también, ha servido como vehículo para que Rusia pudiera esquivar las sanciones financieras de sus enemigos, en especial a favor del Gazprobank, la rama bancaria de Gazprom. Ha protagonizado un doble juego en la guerra, en función de obtener una silla en la mesa de los canjes políticos y territoriales entre Trump y Putin.
 Los reveses geopolíticos que ha sufrido Rusia en el Medio Oriente y también en el Cáucaso sur ilustran el *impasse *estratégico en que se ha metido la oligarquía rusa con la invasión de Ucrania, entendida como una barrera a la expansión de la OTAN. De un lado, el territorio de la guerra mundial se ha expandido y unificado; del otro, las conquistas territoriales en Ucrania, por parte de Rusia, e incluso las amenazas de extender la guerra en términos de una utilización de armas más devastadoras, se han mostrado ilusorias para la defensa nacional del país. Los trascendidos que hace llegar Trump a la prensa norteamericana acerca de su “plan de paz”, en especial al Washington Post, del multibillonario neotrumpista Jeff Bezos, son muy reveladores. Cesiones temporales de territorio a cambio de convertir a Ucrania en un estado fronterizo potente frente al ocupante ruso, que debería llevar, en un mediano plazo, a su ingreso a la Unión Europea y a la OTAN. El único obstáculo para estos designios no son las megalomanías de Putin y de quienes ven a la Rusia capitalista como un muro contra la OTAN, sino la decadencia del capitalismo; la etapa de crisis a repetición en que ha entrado; y la intervención histórica independiente de la clase obrera mundial.

 Jorge Altamira 
 06/12/2024

Balance de un año de un gobierno incompatible con la vida del pueblo


El Observatorio de la Deuda Social de la UCA acaba de publicar un informe que –teniendo en cuenta los ingresos- revela que en el tercer trimestre de 2024 en relación al de 2023 –después de meses de baja de la inflación- la pobreza aumentó 5 puntos (de 44,7 a 49,7) y la indigencia pasó de 11,9% al 12,9%. “Mientras tanto, la pobreza infantil trepó del 62,9% al 65,5% y la inseguridad alimentaria aumentó del 20,6% el año pasado al 24,3% en este tercer trimestre” (El Cronista, 5/12). La mitad de los jubilados cobra la mínima que, con el bono de $70.000, llega a menos de $320.000, cuando la canasta básica para jubilaciones en septiembre estaba calculada en $912.684 
 Según el Indec el retroceso de los trabajadores en la “torta” cayó del 54,2% del PBI en 2016 al 45% en julio de 2024, solo en el último año fue del 3,9%. Cerca de 250.000 trabajadores registrados perdieron sus empleos, la mayoría en el sector privado, pero también en el Estado en todos los niveles. A esto hay que sumarle la caída del trabajo no registrado, el que vive de changas, el monotributista.
 Avanza la reforma laboral, no solo la aprobada en la Ley Bases sino también la acordada gremio por gremio, fábrica por fábrica entre la burocracia sindical y las patronales, que ha incrementado la explotación y arbitrariedad patronal. 
 En el medio se están vaciando los hospitales, se paralizó la obra pública -¡viviendas!-, se desfinanció la educación, se golpeó a la cultura, etc. Milei salió a golpear a los trabajadores en sus ingresos, en el salario indirecto y en todos los aspectos de su vida cotidiana. 

 Los que sí ganaron… con la nuestra 

Esto contrasta fuertemente con las ganancias fabulosas de las empresas. Veamos algunos casos: mientras las compras minoristas de alimentos en el primer semestre cayó 21,8% la ganancia operativa de Molinos Río de la Plata (Pérez Companc) creció un ¡7.542%! El consumo de leche fue un 13% inferior pero la ganancia neta –operativa más financiera- de Mastellone (La Serenísima) trepó 2.050%. 
 Mediante los tarifazos ganaron las privatizadas: +352% resultado neto Pampa Energía, +727% resultado neto Edenor, +779% resultado neto Central Puerto, así y todo se viene un verano de apagones porque nadie invierte. 
 Los combustibles aumentaron a lo largo del año y cayó el consumo un 9,3% pero las ganancias de PAE (Bulgheroni) crecieron un 421%, las de Tecpetrol (Paolo Rocca) 1.860% y las de CGC (Eurnekián) 3.121%.
 A su vez el gobierno liberó el precio de los medicamentos y recortó la cobertura del Pami, todo eso llevó a una caída del 29,6% de las ventas en farmacias pero Laboratorios Richmond tuvo una ganancia neta de 1.325%. 
 A esto hay que sumarle las ganancias de los bancos (solo el Santander ganó el 727%) y de todos los que apostaron a la bicicleta financiera. El gobierno intervino para mantener bajo el dólar y garantizar el llamado “carry trade” cuya ganancia en dólares de 2024 es la más alta en al menos 32 años, provocando un rendimiento del ¡45%! en dólares. Las acciones en noviembre ganaron 27,9% en dólares y los bonos del Tesoro en pesos dejaron 16,5% en dólares; los Bonares, Globales y Bonceres, algo más de 12%; y las Lecap, 9,8%; y el plazo fijo, 7,7%. (ámbito, 2/2). 
 Mientras los trabajadores padecen, los capitalistas festejan y aplauden. A la par de los negocios ofrecidos por el gobierno, vía el Rigi o la bicicleta financiera, hay un hecho invaluable para la clase capitalista: en un año han obtenido “reivindicaciones” históricas para modificar las relaciones laborales y acabar con una parte de las conquistas obreras.

 No todo lo que brilla es oro 

Junto al festejo aparecen las preocupaciones: cuál es el alcance de la “paz cambiaria”, su perdurabilidad. Y eso no depende ya de las fanfarroneadas del liberfacho. El Central sigue con las reservas en rojo, lo que obliga a renegociar los vencimientos de deuda que abruman en 2025, pero además el emblocamiento con Trump viene “envenenado” porque el nacionalismo que éste pregona exacerba las tendencias a la recesión de la economía mundial, lo cual es mortal para un país dependiente de la colocación de materia prima en el mercado. 
 Además una revalorización del dólar con un aumento de la tasa de interés por parte de la FED puede invertir el flujo de capitales secando a los países emergentes como Argentina. A la par la industria tiene una capacidad ociosa del 40% y el dólar barato y la apertura de las importaciones agravaría más la situación. 
 Pero hay otro hecho que importa y preocupa. El éxito de Milei tampoco está garantizado políticamente, hay una precariedad también en ese aspecto. Una fuerza reducida en el Parlamento, la ausencia de gobernadores propios, un sistema judicial armado por peronistas, radicales y macristas, e incluso sin tropa propia para cubrir el staff de funcionarios no hubiera podido gobernar sin la concurrencia del resto de las fuerzas políticas. La oposición patronal salió en su auxilio habilitando la Ley Bases, dejándole pasar los DNU y los vetos, callando frente a los atropellos represivos, etc. Eso ha llevado a crisis que amenazan la existencia de partidos como el PRO, el más jugado en sostenerlo en el Parlamento, y ya tiene dividido al radicalismo.
 El sostén fundamental vino del peronismo, el cual también está golpeado y dividido. Por eso el papel de la burocracia sindical ha sido clave: habilitó la reforma laboral, tal cual había prometido Barrionuevo –sin la necesidad de una ley específica-; abandonó la calle frente a los vetos o la Ley Bases; firmó acuerdos salariales siguiendo la pauta oficial; permitió la militarización del Aeroparque contra los reclamos por los despidos en Intercargo, y luego los gremios de Aerolíneas Argentinas firmaron la entrega del convenio. A cambio de ello el oficialismo no habilitó el tratamiento del proyecto radical para terminar –formalmente- con el unicato en los sindicatos. 
 Y también lo obligó a una negociación con el kirchnerismo que llamó a no “patalear” frente a los vetos mientras centenas de miles ganaban las calles en defensa de la universidad. Máximo llamó a concentrarse en las elecciones legislativas del año que viene. La expresidenta –que se ufana de ser más trumpista que Milei- “aggiornó” su discurso para plantear la necesidad de la reforma laboral, de una “Estado eficiente”, de garantizar el pago de la deuda usuraria, de limitar a las organizaciones sociales, etc. Así hubo un acuerdo para que no salga la ley de Ficha Limpia que dejaría a Cristina fuera de las próximas elecciones. 
 Milei pone de manifiesto permanentemente sus planteos fascistas, pretende imponer un control ideológico en el Estado, la cultura y la educación, halaga y exacerba a sus seguidores más reaccionarios, todo lo cual debe ser fuertemente combatido; estamos ante un intento de cambio de régimen político, que barra con conquistas, derechos políticos, sindicales, de organización, una agenda reaccionaria. Pero hoy Milei gobierna en el marco del actual régimen político, habilitado por Cristina, la burocracia, los gobernadores, la oposición “dialoguista”, todos ellos actúan con el mandato de la clase capitalista: asegurar la gobernabilidad de Milei para que no peligre su guerra contra los trabajadores. 
 La dependencia de Milei de la oposición pero sobre todo del peronismo revela una precariedad política para afrontar una crisis de envergadura ante la agudización de las contradicciones de la propia política oficial y las exigencias que imponen la subordinación a Trump y Netanyahu.

 Los trabajadores o Milei

 Solo una intervención de los trabajadores puede convertir la precariedad en una derrota del gobierno. Tampoco Milei ha conjurado el peligro de una irrupción popular que se lo lleve puesto, en una situación mucho más precaria por la propia crisis de las fuerzas políticas históricas que él explotó para ganar las elecciones. 
 Milei y Bullrich se han propuesto cumplir con el mandato de vaciar las calles de protestas y quebrar las organizaciones de lucha, para ello hay un hostigamiento a la movilización popular mediante el Protocolo Antipiquetes, un despliegue represivo sin precedentes y la represión directa, con detenidos incluidos. El otro aspecto es la persecución al activismo, el ensañamiento con las organizaciones piqueteras, los comedores populares, incluso apelando a las difamaciones de los medios de comunicación y los jueces de la “democracia”, como la que vive el Polo Obrero.
 Pero los ataques de Milei contra los trabajadores alimentan la lucha de vastos sectores. No bien asumió debió enfrentar movilizaciones como la del 20 de diciembre, cacerolazos, paros impuestos a la burocracia que se había mandado a guardar. Sacudieron muy fuerte las movilizaciones en defensa de la Universidad, primero el 23 de abril con más de un millón en todo el país, lo que constituyó un plebiscito de hecho, y luego las tomas y movilizaciones en noviembre en defensa del salario docente. También las calles fueron ocupados con marchas multitudinarias el 8 de marzo, día de la mujer trabajadora; el 24 de marzo; el 1° de Mayo; las concentraciones contra el ataque a la cultura; contra la ley Bases y los vetos; los paros de maestros, trabajadores de la salud (¡Garrahan!) en todo el país frente a la miseria salarial; la lucha contra los despidos y por salario en gremios industriales –Sutna, por ejemplo-, en Aerolíneas, en Afip; movilizaciones y acampes piqueteros como el de hace unos días en La Matanza; solo una lista somera que muestra las tendencias a la lucha que anidan entre los trabajadores. Todo ello a pesar de la persistente parálisis a que somete a los sindicatos la burocracia, lo cual coloca la tarea de expulsarla de las organizaciones obreras como una necesidad de primer orden.
 El de Milei es un gobierno de los capitalistas cuyas consecuencias tendrán efectos devastadores sobre el presente y el futuro del pueblo argentino. El retroceso que está provocando su política de miseria salarial en la salud y en la educación –sobre todo la universitaria- ya se percibe en la renuncia de destacados profesionales formados que abandonan sus puestos en busca de mejores oportunidades. Lo mismo sucederá en el abandono de la obra pública que terminará en una crisis habitacional sin precedentes, en el hundimiento del sistema de transporte y en la infraestructura de servicios. Todo ello es un acicate para impulsar la irrupción popular en la situación.
 A Milei y su gobierno hay que derrotarlos, es la única salida al calvario que hoy vive el pueblo, hay que enfrentarlo con la lucha independiente de los trabajadores, ganando las calles por las reivindicaciones en la perspectiva de la huelga general; es decir, en abierta oposición al rumbo que pretenden imponer el peronismo y la burocracia de los sindicatos. Con ese objetivo planteamos la necesidad de que el 20 de diciembre haya una gran movilización obrera y popular en todo el país de oposición a Milei, y que ponga en la agenda el programa y las necesidades de los trabajadores. 
 La vida de los argentinos es incompatible con Milei. ¡Fuera Milei! 

 Eduardo Salas

Los proyectos hidrocarburíferos en el Golfo San Matías


Un camino por la cornisa medioambiental.

 La combinación de excelsas playas, mares azules de aguas cálidas y cristalinas, nos remite a pensar en el Caribe. Pero para el caso que nos ocupa, no se trata de los mares tropicales, sino del Golfo San Matías en plena Patagonia Argentina. 
Y dentro del Golfo, un sitio: Punta Colorada. Un lugar ubicado a pocos kilómetros desde donde otro “liberfacho” lanzó aquella famosa frase hace 35 años atrás: “Desde el socavón de la mina de Sierra Grande empezará la revolución productiva” (Carlos Menem en campaña durante el año 1989, referido a la mina de Sierra Grande). 
Aquel pedazo de costa, olvidado por años, donde aún perduran ruinas de la planta que elaboraba el hierro extraído de la mina para su exportación, hoy gana nuevamente los titulares de los medios de comunicación, pero esta vez en relación con los fluídos hidrocarburíferos, no con el metal ferroso. 
Es que allí se proyecta estacionar el buque productor de GNL, pero también esa zona, sería la terminal exportadora del proyecto petrolero de YPF S.A. 
Dos proyectos que, de concretarse, colocarán en franca situación de riesgo ambiental a una costa marina, y un golfo, que alberga algunas reservas y áreas naturales protegidas por la flora y fauna que albergan, muy sensibles a cambios en el entorno. Desde albatros, petreles, gaviotas, cormoranes, pingüinos y otras aves hasta ballenas, delfines, lobos marinos y toda clase de mariscos como pulpitos, mejillones, y variedad de peces. Esas playas son zona de nidaje y descanso de aves migratorias, como el famoso playero rojizo en peligro de extinción. Uno de estos pájaros fue noticia porque el año pasado fue avistado en EEUU, y había sido anillado en esas playas hace 26 años atrás. Más de dos décadas yendo y regresando cada año. Hacia el sur de Punta Colorada está ubicada, a escasos kilómetros, el Área Natural Protegida Península Valdés (en provincia de Chubut) que es el reservorio de flora y fauna costera más importante de la Patagonia y fue declarada Patrimonio Natural Mundial por la Unesco. Todo ese ecosistema y vida silvestre camina ahora por la cornisa del desastre ambiental.

 La audiencia pública: un mero trámite de los contaminadores

 Para cumplir con las formalidades, días pasados se realizó una audiencia pública sobre el proyecto de GNL en Punta Colorada, pero no se hizo ni en San Antonio Oeste, ni el balneario Las Grutas, sino en el Puerto de San Antonio Este (a 120 kilómetros de Punta Colorada, y a 70 kilómetros por ruta desde San Antonio Oeste). Es decir, se dificultó sobremanera la presencia de pobladores locales, y en especial de la Asamblea por la tierra y el agua de Las Grutas. Es que el año pasado, en otra audiencia similar, pero sobre el proyecto del puerto petrolero en Punta Colorada, realizada en Sierra Grande, el gobierno rionegrino tuvo que apelar a la policía y patotas sindicales para impedir la llegada y participación de las organizaciones ambientales, en lo que se constituyó en un escándalo político y mediático. 
Con este antecedente se llevaron esta nueva audiencia a un lugar casi sin población estable, alejado, y presentando un informe de impacto ambiental con imágenes y texto escaneados, lo cual no permitió ser analizado en detalle. Aún así, esta vez los ambientalistas lograron ingresar y expresarse para demostrar el daño sobre la fauna que causará el ruido de los gigantescos barcos que navegarán el golfo, así como el funcionamiento de las instalaciones terrestres. Y recordaron con la voz de la experiencia, que la planta de Alpat ubicada sobre la costa frente al puerto del San Antonio Este, no entrega los informes sobre sus efluentes e impacto ambiental, a pesar que debe hacerlo periódicamente. Sin embargo no es sancionada por las autoridades que, por el contrario, amnistían de antemano toda acción contaminadora.
 Y aportaron un dato clave, al denunciar que “el enfriamiento del gas se realizará utilizando agua de mar, que será devuelta al mar con una temperatura de entre 5ºC y 7ºC por encima de la temperatura natural, lo que es sumamente preocupante para el equilibrio de ese ecosistema”. Esa diferencia de temperatura por encima de la temperatura natural del agua de mar del Golfo San Matías, ya es un riesgo cierto. Es que el golfo cuenta con áreas cuasi cerradas en algunos sitios, por lo que en 20 años de operación que está pactado el acuerdo de uso del barco licuefactor, pueden terminar causando un lento pero imparable desastre ecológico. Por ejemplo afectar las algas marinas (alimento) y los moluscos como vieyras, mejillones y ostras de la zona. Algunas especies de las cuales se están sembrando. En Las Grutas funciona el único criadero de moluscos del país, el Instituto de Biología Marina y Pesquera Almirante Storni fundado hace 50 años y dependiente de la Universidad Nacional del Comahue. Allí se cultivan, por ejemplo semillas de moluscos como base de una producción acuícola marina, que estaría seriamente afectada por derrames o incidentes en Punta Colorada.
 La empresa consultora que realizó el estudio de impacto ambiental y las petroleras, ignoraron todos estos riesgos en la audiencia amañada que realizaron. Por eso las y los abnegados militantes ambientales, deben confluir su lucha con sindicatos, organizaciones piqueteras, partidos de izquierda, como parte de la lucha contra el régimen capitalista. En lo ambiental también tiene vigencia lo de socialismo o barbarie. 

 Norberto E. Calducci

La Cámara de Diputados prohibió la realización de una audiencia convocada por el Movimiento de mujeres del Kurdistán en América Latina


Conferencia de prensa de repudio 
 La radio abierta en las puertas del anexo de Diputados 

Las autoridades de la Cámara de Diputados dirigida por Martín Menem ordenaron, a pedido de la embajada turca, la suspensión de una audiencia convocada por el movimiento de mujeres del Kurdistán en América Latina que iba a reclamar la libertad de los miles de presos políticos kurdos, incluyendo a Abdullah Ocalan, dirigente del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), quien se encuentra detenido desde 1999 en una cárcel turca. 
 En respuesta a esta gravísima acción de censura se realizó este viernes una radio abierta en las puertas del Congreso en la que participaron Mirta Israel (militante por los derechos humanos), Claudia Korol (Feministas de AbyAyala), Carlos “Sueco” Lordkipanidse (Encuentro Cachito Fukman) y otros referentes de organizaciones políticas y de los derechos humanos, además de los diputados y diputadas del Frente de Izquierda – Unidad Vanina Biasi, Mónica Schlotthauer y Nicolás del Caño, quienes leyeron un comunicado que reproducimos más abajo. 
 Más allá de la distancia que nos separa de los planteos políticos y la intervención práctica de la dirección del movimiento kurdo, repudiamos la censura del Estado argentino y al régimen represivo de Erdogan, miembro de la Otan, que persigue también de manera implacable las luchas de la clase obrera de Turquía. Creemos que la salida para Medio Oriente, que está conmovido también en estos momentos por el genocidio cometido por el sionismo contra el pueblo palestino, pasa por la derrota de los gobiernos reaccionarios, la expulsión del imperialismo y una federación socialista de pueblos de la región. 
 El régimen de Erdogan es sin dudas uno de los regímenes más cruelmente represivos del planeta, un espejo en el que seguramente el gobierno represivo de Javier Milei se mira con entusiasmo.

 Comunicado del FIT- Unidad

 A horas de realizarse el evento convocado por el Comité de Mujeres del Kurdistán en reclamo por la libertad de Ocalan y más 10 mil presos políticos kurdos, y por el cese de los ataques por parte del gobierno de Erdogan, la Cámara de Diputados informa que no va a permitir su realización, en un claro acto de censura contra el derecho democrático y de libertad de expresión hacia el interior del parlamento.
 Los diputados del Frente de Izquierda, aún con diferentes posiciones sobre el conflicto en curso en Oriente Medio, nos hemos solidarizado con estos reclamos democráticos de quienes nos solicitaron colaborar en la realización del evento, donde iban a expresarse incluso posiciones divergentes sobre el curso del conflicto y cuáles son las perspectivas para una salida favorable a las y los trabajadores del Kurdistán y toda la región. 
 Denunciamos que se trata de un grave precedente, pues se pretende imponer la censura, la regimentación y la persecución contra cualquiera que levante la voz contra la represión política y en defensa de las libertades democráticas dentro del Congreso Nacional. 

 Prensa Obrera

“Examen de idoneidad”: una ilegalidad al servicio del ajuste salarial y la precarización laboral


El jueves 12 a las 12:00 movilización al ministerio de Sturzenegger. 

 Necesitamos asambleas en todos los lugares de trabajo. En un hecho inédito, el gobierno nacional se ha lanzado a una mayor ofensiva contra los trabajadores del Estado. En esta oportunidad pretende implementar el denominado “examen de idoneidad” a 40 mil trabajadores y trabajadoras de la Administración Pública Nacional, y sujeta la continuidad laboral a su aprobación. ¡Tenemos que rechazarlo! 
 Esta iniciativa, que para no perder la costumbre cuenta con el auspicio y la promoción de la UPCN del burócrata sindical Andrés Rodríguez, tiene un carácter absolutamente ilegal porque el convenio colectivo la establece para el caso de los nuevos ingresos, no -como es la intención- para aplicarlos a quienes ya se encuentran trabajando en el Estado de manera precarizada. 
 El ministro Sturzenegger -encargado de este mamarracho- tiene dicho ya que la superación del examen no garantiza la continuidad en los puestos de trabajo. ¿Entonces cuál es el propósito? El gobierno vulnera las normas que obligan al empleador a garantizar la estabilidad laboral, y asimismo no prevé que la evaluación sirva para ofrecer un avance en la carrera administrativa con impacto en el salario. En otras palabras, así como en su oportunidad lo hizo Macri, Milei se vale de la extendidísima precarización laboral prohijada durante las gestiones del gobierno kirchnerista para ir a fondo en el ajuste. 
 La mala fe de Milei y Sturzenegger es manifiesta. El actual régimen de carrera administrativa ya contempla evaluaciones al personal que desempeña sus tareas en el Estado, a la vez que las sucesivas contrataciones año a año ofician de evaluación de hecho. Este examen trucho -establecido el 5 de diciembre- no ofrece siquiera condiciones para que las y los compañeros puedan abocarse a estudiar: su único objetivo es, sencillamente, volcar a miles de trabajadores a una instancia compulsiva durante el mismo mes de diciembre y preparar las condiciones para efectuar otros miles de despidos masivos. 
 Además, no se garantiza una instancia de control previo ni posevaluación. Tampoco están contempladas las veedurías gremiales que establece el convenio para el régimen de ingreso a la planta permanente. ¡Nadie más que el gobierno va a contar con información acerca de los resultados de la prueba! Viniendo de una gestión que no tiene empacho en decir que los jubilados le ganaron por 20 puntos a la inflación (Caputo, 5/11) es previsible que los resultados sean manipulados por un Poder Ejecutivo que se jacta públicamente de haber echado a 55 mil empleados públicos. 
 En el marco de una fuerte campaña de estigmatización del empleo público, la evaluación persigue la intención de diseminar terror en los lugares de trabajo por la perspectiva de despidos masivos. Pero también tiene el propósito de desalentar una presión por el salario en un gremio donde su caída parce no tener fondo: desde noviembre de 2023 el deterioro salarial alcanza 30%, y el acumulado con los salarios promedios de hace una década alcanza el 50%. 
 La cuota de responsabilidad de Andrés Rodríguez es inapelable. UPCN, que ahora empuja el carro de este peligroso e ilegal examen, ha sentenciado a los trabajadores con ridículas sumas paritarias de 2% y 1% y fue -junto con la cúpula de la CGT- la promotora de la reforma laboral regresiva consagrada en la Ley Bases, que en el ámbito del Estado terminó con estabilidad laboral. 
 El próximo jueves 12 tendrá lugar una acción del sindicato ATE de la Seccional Capital frente a las puertas del Ministerio de Desregulación de Sturzenegger, tomada de manera tardía, inconsulta y desprovista de un plan de lucha. Aun con esos límites llamamos a las y los trabajadores del Estado a realizar asambleas en todos los lugares de trabajo y a movilizar con todo en defensa de nuestros puestos de trabajo y en la perspectiva de ponernos de pie frente al agravamiento de nuestras condiciones de vida, reclamando la planta permanente y una recuperación de nuestros salarios.

 Eduardo Viceiro

sábado, diciembre 07, 2024

“Con la victoria de Trump los banqueros de Wall Street bailan en la calle”


Según J. Dimon del J. P. Morgan. 

 La “desregulación” prometida por Donald Trump producirá amplias facilidades de negocios para una mayor concentración de grandes empresas al facilitar fusiones, desregular reglas de contaminación ambiental y promover negocios para los bancos reduciendo los requisitos de capital cuyo efecto será mayor riesgo e insolvencia financiera. Los cambios anunciados de suba de aranceles sobre las importaciones de los vecinos Canadá y México, y de China, predisponen grandes choques dentro del gobierno por sus consecuencias.

Una de las primeras consecuencias de la victoria de Trump: evadir las condenas judiciales 

La nueva elección de Trump facilitó su impunidad al suspenderse las demandas y condenas con sentencia firme, algo solicitado por el fiscal Jack Smith. Un juez dictaminó que es anticonstitucional la acusación federal a un presidente en ejercicio.
 Antes de la elección, la Corte Suprema, que tiene una mayoría que es afín a Trump, le permitió evadir las condenas con sentencias firmes por varios delitos y el enjuiciamiento por el levantamiento del 6 de enero de 2020 provocado para anular el resultado electoral y la proclamación de Joe Biden como presidente electo. 
 El amplio triunfo electoral, que le permitirá manejar ambas cámaras legislativas, da al futuro gobierno gran poder ejecutivo, legislativo y judicial y un status cercano a la impunidad. 

 La “desregulación” para los bancos que prometió Trump durante la campaña hace que los banqueros estén “bailando en la calle” 

Wall Street está celebrando las promesas de Trump de retirar regulaciones que “obstaculizaron el crédito”. Las políticas del magnate de desregulación para facilitar negocios de Wall Street con menores requisitos de capital y menos controles a las apuestas de alto riesgo, según ha dicho J. Dimon del J. P. Morgan, hacen “bailar en la calle a los banqueros”. 
 El banco estadounidense promedio solía tener 100 dólares en depósitos por cada 100 dólares en préstamos que otorgaba, pero ahora presta solo 65 dólares por cada 100 dólares en depósitos. Dimon dijo que “los aumentos de capital luego de la crisis financiera del 2008 no son necesarios”, negando lo sucedido en marzo de 2023, cuando la desvalorización de sus activos (bonos del Tesoro y propiedades comerciales) crearon la insolvencia y llevaron a la quiebra tres bancos (Silicon Valley Bank, Signature Bank y First National) por falta de capital. 
 La gran cantidad de depositantes que quedaron sin cobertura de seguro de depósitos (que cubren hasta 250 mil dólares) amenazaba con producir una corrida bancaria más amplia. Esto obligó a la Reserva Federal (banco central) a llevar adelante una medida excepcional: extender la devolución de los depósitos a todos los clientes sin colocar límite de monto. 
 Los banqueros impulsan reducir todas las regulaciones para tener “libertad” de negocios, esa libertad que facilitó en Londres una pérdida de 6,2 mil millones de dólares al JPMorgan en 2012 al operar con derivados financieros. Y más aún con los derivados de hipotecas, lo que produjo la gran crisis financiera de 2008. Pérdidas que pagaron todos los trabajadores con el monumental rescate que impidió la propagación de la crisis.

 Scott Bessent, el nuevo secretario del Tesoro, hizo experiencia financiera administrando un “pequeño” fondo buitre 

Scott Bessent ha sido nombrado como el próximo secretario del Tesoro, un millonario administrador de fondos con apuestas de alto riesgo. Una reciente revisión del historial de su fondo Key Square revela las arriesgadas y cambiantes apuestas con derivados financieros. 
 Entre sus méritos se encuentra ser aceptado en el ámbito de las criptomonedas, donde su elección ha sido vista con gran entusiasmo ya que promete desregular las limitaciones para las operaciones con criptoactivos, entre ellos el Bitcoin. Dijo a Fox Business, a mediados de este año: “cripto es libertad, y la criptoeconomía está aquí para quedarse”. 
 El cargo le dará a Bessent una enorme influencia sobre la mayor economía del mundo, y, con ella, sobre los mercados globales, aunque no ha tenido ninguna experiencia en funciones de gobierno en todo su historial. Su fondo Key Square tiene 25 empleados. Y ahora pasará a dirigir el Tesoro de Estados Unidos, que tiene más de 100.000 trabajadores.
 Desde ese puesto deberá cumplir la promesa de Trump de recortar varios impuestos y el año próximo renovar las reducciones impositivas a las ganancias.
 También tendrá que contener las consecuencias económicas de deportar a millones de inmigrantes y al mismo tiempo aumentar los aranceles de importación desde Canadá, México y China, lo que de llevarse adelante tendrá un gran impacto inflacionario en la economía según adelantan varios especialistas.

 Los derivados financieros usados con las deudas hipotecarias en 2008 causaron la mayor crisis financiera desde 1930

 El jefe del J. P. Morgan, que festeja los anuncios de reducción de controles financieros y menores requisitos de capital, tiene una importante experiencia con derivados financieros. Experiencia que adquirió cuándo el banco que dirige perdió, en apuestas con derivados de deuda, 6.200 millones de dólares en 2012, en el episodio conocido como la “Ballena de Londres” (por el tamaño de las apuestas financieras).
 Las apuestas con derivados se realizaron en Londres como consecuencia de las restricciones regulatorias en Estados Unidos, que fueron impuestas luego de la crisis financiera de 2008 debido a que la extensión y profundidad de la crisis se debió al alto apalancamiento de las apuestas con derivados de hipotecas. 
 Cuando los endeudados en hipotecas dejaron de pagar y entraron en mora con los acreedores también dejaron de cobrar los que compraron valores respaldados por las mismas hipotecas. Los bancos usaron las hipotecas para organizar valores que vendieron (MBS Mortgasge Backed Security) a otros bancos para recuperar el dinero a corto plazo. Así se produjo una cadena de quiebras que atrapó a varios bancos europeos, extendiendo la crisis a nivel global. 
 La Reserva Federal organizó un salvataje con reducción de la tasa de interés, préstamos masivos y compra de los valores hipotecarios para rescatar a los bancos. El tamaño del rescate fue de 16 billones de dólares.
 J. Dimon, director ejecutivo de JP Morgan Chase, formó parte del consejo de administración del Banco de la Reserva Federal de Nueva York al mismo tiempo que su banco recibía préstamos de emergencia de la Reserva Federal y era utilizado por esta como banco de compensación para los programas de préstamos de emergencia de la Reserva Federal. De esto da cuenta un informe realizado para el Senado de Estados Unidos. 
 Los banqueros “bailan en la calle” esperando desregulaciones porque, según su experiencia, cuando sus apuestas financieras generan una crisis financiera como en 2008, están tranquilos esperando que el Estado salga al rescate como hizo en esa oportunidad. 
 La diferencia con el 2008 es que la deuda equivale al 100 por ciento de la producción anual, cuando en aquel año era inferior al 70 por ciento. Y las tasas de interés, actualmente, son del doble; las previsiones de los especialistas mencionan que seguirá aumentando. 

 La deuda nacional en el centro de la escena

 Durante el anterior gobierno, Donald Trump impulsó la Ley de Reducción de Impuestos y Empleos de 2017, que entre las varias reducciones que dispuso se encontraba una rebaja del impuesto a las corporaciones del 35 al 21%. 
 Eso elevó el endeudamiento nacional; cuando asumió en 2017 era de 20 billones de dólares, y al finalizar su mandato de 28 billones. 
 Cuando Trump asuma nuevamente el cargo en enero, la deuda nacional será de casi el 100 por ciento del Producto Bruto, mientras que el déficit del presupuesto federal será de aproximadamente el 6,6 por ciento. Mientras tanto, las tasas de interés reales sobre la deuda del Tesoro son de aproximadamente el doble de las que eran al comienzo de su última administración. Los costos netos de los intereses consumen ahora alrededor del 3 por ciento del Producto Bruto y casi el 13 por ciento de todo el gasto federal. Trump ha pedido que se prorroguen los recortes de impuestos de 2017, lo que añadiría más de 5 billones de dólares en 10 años a la deuda nacional de 35,7 billones de dólares de Estados Unidos.
 La desregulación buscada por los banqueros y fondos de inversión generarán mayor inestabilidad financiera; el nivel alcanzado por la deuda incrementa el riesgo de insolvencia bancaria y posibilidades de una crisis de endeudamiento. 
 Wall Street es el centro financiero del capitalismo global y fue origen de la mayor crisis financiera desde 1930, cuando en 2008 llevó a un derrumbe de la bolsa y a la insolvencia de los bancos por la crisis hipotecaria. 
 “La historia no se repite, pero a menudo rima”, escribió Mark Twain. 

 Sergio Rivero

Más medicamentos de venta libre… de cobertura médica


El gobierno dejó nuevos remedios fuera de los descuentos de prepagas y obras sociales. 

 El gobierno decidió ampliar una vez más la condición de venta libre para una serie de medicamentos que hasta ahora se vendían bajo receta. Esta vez, la ANMAT dictó la medida para los medicamentos compuestos por acetilcisteína de hasta 400 mg como monodroga, destinados a la descongestión de vías respiratorias superiores, por lo que dejarán de tener descuento vía prepagas y obras sociales. Más negocios para los capitalistas a costa los usuarios que requieren atención médica.
 Los nuevos remedios que ahora pasan a venta libre, conocidos por su nombre comercial, son: Qura Muk, Tempotane, Acemuk y Toflux. En general son medicamentos que percibieron un incremento interanual del 197%, un porcentaje por encima de la inflación que sin duda no fue acompañado por los aumentos salariales. 
 Sin el descuento, estos medicamentos oscilan entre los 10 mil y 20 mil pesos y ahora serán una nueva carga para los bolsillos de los trabajadores, a quienes se les descuenta un porcentaje de su salario para destinarlo a una obra social o que hacen un enorme esfuerzo por pagar una prepaga, cuya cuota aumenta sistemáticamente por encima de la inflación. Sin embargo, en ningún caso podrá mantener el descuento necesario para poder adquirir dichos medicamentos. 
 Esto significa un gasto menos para las obras sociales y las prepagas, que se beneficiarían con dicha medida. Sin embargo se quejan porque no son medicamentos de “alto costo”, presionando porque estos últimos sean los que se incorporen al catálogo de “venta libre” . Vale destacar que las prepagas fueron beneficiadas desde que asumió el gobierno con la liberalización de precios, lo que les permitió incrementar sus cuotas en un 200%, el doble que la inflación general para el mismo periodo. 
 Vale destacar que la ANMAT viene encausando este tipo de medidas hace rato como respuesta a la exigencia del Ejecutivo, quien a través de la resolución 284 de marzo de este año le exigió al organismo pasar una cuota periódica de medicamentos de venta bajo receta a venta libre.
 Durante mayo la ANMAT ya había dispuesto la “venta libre” de una serie de medicamentos conocidos como “prazoles”, para la protección estomacal, por un total de 133 presentaciones. Además, en agosto, liberó medicamentos para el tratamiento del herpes, cremas antialérgicas, productos con corticoides, analgésicos, antifúngicos, laxantes y suplementos dietarios. Es la privatización absoluta de la salud donde solo puede acceder el que puede pagar. 
 A esto se suma la resolución aplicada por el gobierno de eliminar el acceso gratuito a los medicamentos del PAMI a jubilados y pensionados, los cuales fueron abonados por anticipado con los aportes que los jubilados realizaron durante décadas. La medida se aplica a sabiendas que los medicamentos que las personas mayores utilizan habitualmente alcanzaron en promedio una inflación acumulada del 210,7% desde noviembre 2023, superando ampliamente a la ya elevada inflación de ese mismo período (201,5%). En tanto, los haberes previsionales solo se incrementaron un 6,7% real interanual, una licuación absoluta que impide que los jubilados puedan costear los medicamentos que necesitan. 
 Un gobierno que arremete contra la salud de la población y contra las condiciones de vida de los jubilados, es un gobierno que se tiene que ir. Los trabajadores debemos irrumpir en el escenario político con un programa propio. Para defender la salud de la mayoría de la población hay que expropiar y poner bajo control obrero toda la industria farmacéutica (esto permitiría ver los costos reales y comercializar los productos en función de las necesidades sociales de la clase trabajadora y no del lucro privado capitalista) y nacionalizar el sistema de salud, triplicando su presupuesto sobre la base de impuestos extraordinarios al capital y del desconocimiento de la deuda externa. 

 Camila García