30 años de la caída del Muro de Berlín

1ª Parte

La caída del Muro de Berlín en noviembre de 1989 aparece en la mayoría de los análisis actuales asociada a la restauración capitalista en el este europeo y a la disolución dos años más tarde de la URSS y el proceso de restauración capitalista en las repúblicas que la conformaron. En el lenguaje periodístico aparece como parte de la “caída del comunismo” o de la caída del “socialismo real” como eufemísticamente denominaban las corrientes de izquierda democratizantes a los regímenes stalinistas del este europeo y a la propia URSS. Es importante, sin embargo, analizar estos fenómenos en su conexión y en sus contradicciones.
El Muro fue uno de los exponentes más palpables de los acuerdos contrarrevolucionarios entre la burocracia del Kremlin y las potencias imperialistas que derrotaron al nazismo en la Segunda Guerra mundial. El Muro era el símbolo vivo de la división de Alemania impuesta por las potencias ocupantes con el propósito de evitar que el derrumbe del nazismo pudiera dar lugar a una intervención revolucionaria del proletariado alemán, como había ocurrido en la primera posguerra desde 1918 hasta 1923. Y como ocurrió efectivamente en Francia, Italia y Grecia al final de la segunda guerra tras la caída de los regímenes pronazis de esos países, intervención revolucionaria ahogada y entregada por los partidos comunistas de esos lugares bajo las directivas de la URSS que había pactado su compromiso contrarrevolucionario con el imperialismo. La división de Alemania apuntaba a dividir a su proletariado, el de mayor tradición política de Europa.
El Muro, por lo tanto tenía un carácter reaccionario y su caída (mejor dicho, su derrumbe) como resultado de una intervención popular lo que pone de relieve es el derrumbe de toda la arquitectura armada en la posguerra. Y esto no puede ser confundido con la liquidación de las conquistas de la revolución de Octubre por obra de la burocracia restauracionista.
Trataremos de comprender y exponer la vinculación entre ambos fenómenos contradictorios pues no es tampoco un resultado azaroso que la caída del Muro haya sido seguida y estuviera vinculada con la restauración capitalista.
La zona de ocupación soviética de Alemania dio lugar a la constitución de la República Democrática de Alemania (RDA) donde al igual que en el resto del este europeo ocupado por el Ejército Rojo se produjeron expropiaciones de terratenientes y burgueses que convirtieron a esos regímenes en estados obreros burocratizados regidos por los representantes de la camarilla stalinista del Kremlin, que a su vez saqueó gran parte de la industria de esos países en su beneficio.
Las masas de esos países no soportaron pasivamente el dominio burocrático. Su resistencia y su movilización tuvo picos revolucionarios durante las cuatro décadas que van desde fines de los 40 hasta fines de los 80 del siglo pasado. Y que comenzaron emblemáticamente en el levantamiento del proletariado berlinés en junio de 1953, levantamiento protagonizado por muchos cuadros obreros curtidos en la lucha de clases y que fue reprimido a sangre y fuego por las tropas rusas que ocupaban Alemania y sus secuaces de la RDA. Hungría en 1956, Checoslovaquia en 1968 y Polonia en el 56, 70 y nuevamente en el 80-81 fueron los picos más destacados de estas movilizaciones contra la burocracia. La apertura de los archivos de la ex URSS ha puesto de relieve que, aunque menos difundidas, también hubo importantes manifestaciones antiburocráticas dentro de la propia URSS. Se ponían en marcha así las tendencias a la revolución política contra el dominio burocrático y en defensa de los principios de socialización de los medios de producción que había sido la bandera y el programa formulado por la IV Internacional en el programa de Transición adoptado en su congreso fundacional de 1938.
El Programa de Transición formulaba su caracterización y pronóstico de la URSS en los siguientes términos: “El régimen de la URSS encierra contradicciones amenazantes… El pronóstico político tiene un carácter alternativo: o la burocracia se transforma cada vez más en órgano de la burguesía mundial dentro del Estado obrero, derriba las nuevas formas de propiedad y vuelve al país al capitalismo; o la clase obrera aplasta a la burocracia y abre el camino hacia el socialismo” .i
La alternativa entre la revolución política o el regreso al capitalismo se fue perfilando crecientemente al calor de la movilización popular por un lado y por otro la disminución del crecimiento primero y el estancamiento después de la URSS y del conjunto de Europa oriental, que fueron llevando crecientemente a la burocracia rusa a un mayor entrelazamiento con el imperialismo (Acuerdo de Helsinki 1975) y a facilitar las políticas de acuerdos con el FMI y de ajuste de las condiciones de vida de las masas en los regímenes stalinistas de Europa oriental.
Las movilizaciones del proletariado polaco en agosto de 1980 llevaron a la formación del Sindicato independiente de la burocracia Solidaridad que llegó a agrupar a diez millones de afiliados (la cuarta parte de la población del país). Aunque el golpe liderado por el militar Jaruzelsky y la instauración de la ley marcial en 1981 restablecieron precariamente el orden burocrático, las movilizaciones polacas fueron un fuerte alerta para la burocracia de que la amenaza de la revolución política estaba cada vez más presente. Es en esas condiciones que Gorbachov asume el liderazgo de la URSS en 1985 representando a un ala de la burocracia partidaria de un mayor acercamiento al capital internacional y de aplicar reformas en la URSS (mayor autonomía a los gerentes y administradores, institucionalización y reforma política). Sus iniciativas de Glasnost (transparencia) y Perestroika (restructuración) abrían un camino que podría derivar en una restauración de la propiedad privada capitalista. Muchos izquierdistas incluidos trotskistas (SU, Morenismo) saludaban este giro hacia un “socialismo con democracia” ocultando las tendencias restauracionistas que lo motorizaban. Gorbachov no era el único. También en los otros países regidos por burocracias stalinistas se desenvolvían tendencias restauracionistas que buscaban desplazar a las alas burocráticas más inmovilistas y conservadoras.
Las movilizaciones antiburocráticas no se limitaron a Europa oriental. En los primeros meses de 1989 se desarrollan importantes movilizaciones antiburocráticas en China que van a culminar con la gigantesca movilización en la Plaza de Tienanmen en el centro de Beijing en junio de 1989 reprimida brutalmente por la burocracia y que pasó a la historia como la masacre de Tienanmen.
Este fue el cuadro que preparó las condiciones de la caída del muro de Berlín. Un contexto de estancamiento de los regímenes stalinistas combinado con movilizaciones populares y las disputas al interior de los regímenes burocráticos con la emergencia de alas “reformistas” proclives a las “reformas de mercado” (mayor autonomía a las unidades productivas, gerentes y administradores) como se las llamaba en ese entonces y que abrían el camino a la restauración.
Es llamativo que el desencadenante de la crisis que derivará en el derrumbe del Muro haya partido de la burocracia “reformista” de Hungría que en marzo de 1989 abre sus fronteras para que los alemanes de la RDA puedan pasar a Austria y de allí a Alemania Occidental, la República federal alemana (RFA) que les reconocía su ciudadanía alemana. Hungría estaba sometida a la burocracia rusa y se había convertido en un cliente preferido del FMI por lo que es indudable que una medida como ésta no podría haber sido tomada sin el acuerdo de la RFA, la URSS y EEUU, y también del propio gobierno de la RDA que estaba en plenas negociaciones con el gobierno de la RFA para recibir créditos y otros beneficios. En el seno de la burocracia germano oriental se desataba una fuerte pugna entre los sectores inmovilistas y los “reformistas”. "El Kremlin no dio señales de oponerse a la salida de orientales hacia Occidente [porque] teme que la política antirreformista de Honecker conduzca a un serio e incontrolable levantamiento popular”.ii
Decíamos entonces que "la crisis de los refugiados parece forzada por el imperialismo y los reformistas orientales para abrir una crisis política en la RDA que permita el desplazamiento de Honecker, el llamado ‘Brezhnev alemán' y abra el curso a una perestroika este-alemana" . iii
En un cuadro de grandes movilizaciones populares el 17 de octubre cae el desprestigiado Erich Honecker, reemplazado por Egon Krenz, más afín a Gorbachov. Las movilizaciones populares continuaban no solo en Berlín, también en Leipzig y otras ciudades de la RDA. Después de semanas de movilizaciones populares el 9 de noviembre el nuevo gobierno decide permitir el libre paso entre ambas alemanias. En la noche del 9 al 10 de noviembre multitudes salen a la calle y derriban el Muro.

i Programas del Movimiento Obrero y Socialista, Editorial Rumbos, Buenos Aires, julio de 2013, pag. 309.
ii (Clarín, 18/9/89).

2ª Parte

Como señalamos en la primera parte de esta nota, la caída del Muro fue el fruto de un gran levantamiento popular. Pero debemos subrayar que la burocracia stalinista nunca perdió el control del aparato estatal, la odiada policía secreta no fue desmantelada. El poder, en lo inmediato pasó del ala más conservadora e inmovilista de la burocracia (Erich Honecker) al ala “reformista” que contaba con el visto bueno de la burocracia de Moscú (en la persona del jefe del estado soviético Mijaíl Gorbachov), y del propio imperialismo.
No se puede afirmar que la caída del Muro haya sido promovida ni por la burocracia rusa ni por el imperialismo pero lo que mostraron los acontecimientos es que ellos estaban mejor preparados que la izquierda para aprovechar la crisis y operar en consecuencia.
Varios procesos políticos que se desarrollaron a fines de los 70 y durante los 80 fueron preparando el terreno.
Por un lado, la amenaza generada por las revoluciones políticas de Hungría, Checoslovaquia y Polonia impactó en las burocracias de Europa Oriental, en cuyo seno comenzaron a aflorar y desarrollarse tendencias restauracionistas bajo el formato de la “renovación”. Este proceso tuvo su correlato en los mayores partidos comunistas de occidente (Italia, Francia, España) que viran hacia el “eurocomunismo”, centrando su estrategia en la colaboración política frente populista, asemejándose a la socialdemocracia.
También la Iglesia va a jugar su papel. En 1978 es elegido Papa, un cardenal polaco, Wojtila, que toma el nombre de Juan Pablo II y que va a jugar un rol protagónico en lo cooptación del liderazgo de la revolución polaca con Solidaridad y su líder Lech Walesa. Y más en general en todo el proceso de liquidación de los regímenes stalinistas de Europa oriental.
Las corrientes de izquierda, incluyendo una parte importante del trotskismo (SU, SWP británico, morenismo) alabaron al eurocomunismo y a las tendencias “reformistas” de la burocracia, reconvirtiéndose al democratismo (socialismo con democracia) después del fracaso de sus experiencias foquistas.
Lo que la movilización popular puso de relieve fue "la descomposición conjunta del imperialismo y de los regímenes burocráticos y el completo agotamiento de las relaciones políticas establecidas entre ellos a partir de la posguerra"[i] como señalaba Prensa Obrera pocos días antes de la caída del Muro. Pero la crisis de dirección también se expresaba limitando los alcances de la intervención independiente de la clase obrera. El potencial revolucionario de quebrar la división del proletariado alemán y establecer su colaboración política e iniciativa independiente en favor de una unificación socialista del país no estuvo presente. El proletariado actuó políticamente diluido y sin poder desenvolver una política independiente.
Primaron los reclamos democratizantes hacia el ala “reformista” de la burocracia que contaba con las expectativas de la mayoría de la izquierda, incluida la trotskista (SU, SWP británico, morenismo). Organizaciones como el Nuevo Foro alemán fueron convocadas por la burocracia “reformista” para colaborar en la salida política a la situación creada.
“La movilización que acabó con el Muro fue tempranamente estrangulada por la pequeño burguesía democratizante, el sector ’perestroiko' de la vieja camarilla stalinista y el imperialismo, mediante recursos principalmente políticos, fundamentalmente el pasaje abierto de la burocracia al capitalismo y de la pequeño burguesía a la democracia imperialista. Esto explica que el derribamiento del Muro se convirtiera, al cabo de un proceso político muy claro, en la anexión forzada del sector oriental a la Alemania capitalista, y que el episodio revolucionario quedara limitado a ´una semi-revolución, lo cual hasta cierto punto o relativamente significa que fue una contrarrevolución´”[ii]. El carácter contrarrevolucionario le fue dado por la naturaleza de la unificación alemana, que en realidad no fue una verdadera unificación sino la anexión lisa y llana de la República Democrática Alemana (RDA) por Alemania Federal.

La anexión de la RDA por Alemania occidental

La política de la burocracia gorbachoviana y la pequeño burguesía democratizante que le hizo de comparsa, de “reformar” la RDA llevó a elecciones en marzo de 1990 en la RDA, en las que se impuso la democracia cristiana oriental (que había participado del gobierno stalinista durante los cuarenta años de existencia de la RDA) y que se integró con la democracia cristiana del oeste liderada por el canciller Helmuth Kohl. La actual primera ministra alemana, Ángela Merkel, nació y se formó en la RDA hasta recalar en la Democracia cristiana de la Alemania “unificada”. Nuevo Foro obtuvo una votación marginal.
El proceso de unificación, aunque liderado por el gobierno de Alemania Occidental, no podía ignorar los reclamos y aspiraciones de las masas movilizadas y por eso Kohl ofreció la paridad 1 a 1 de los marcos de ambos países, premiando a los orientales dado que la paridad real era de 5 a 1. En julio de 1990 se eliminó el obstáculo final para la unificación alemana cuando Gorbachov aceptó renunciar a las objeciones soviéticas a una Alemania unificada dentro de la OTAN, a cambio de una ayuda económica alemana sustancial para la Unión Soviética. La anexión de los cinco estados que formaban la RDA a la RFA (ese fue el formato institucional que adoptó) concluyó formalmente el 3 de octubre de 1990.
Las expectativas generadas por la “unificación” (anexión) dieron lugar bastante rápidamente a una profunda desilusión. Las consecuencias sociales para la población del este alemán fueron terribles. En lo único que hubo 1 a 1 fue en la tenencia de monedas.
Ni los salarios ni las prestaciones sociales se equipararon. La industria de la RDA colapsó y fue rematada a precio vil en favor de los capitalistas de la RFA. La producción industrial se derrumbó y creció la desocupación y la diferenciación social. La presión de los bajos salarios del este presionó a su vez a la baja de los salarios de los obreros de la RFA. La educación y la salud públicas, que habían sido algunas de las conquistas de los trabajadores de la RDA se fueron perdiendo al igual que las condiciones de las viviendas. Ante la miseria que se generalizaba numerosas viviendas fueron vendidas a precios de remate a favor de especuladores de la RFA. La pobreza extrema se extendió por los cinco estados ex RDA. Por eso, la nota de EDM de 1996 citada comenta el deterioro de la situación socio económica alemana a seis años de la anexión.

La caída del otro Muro

La caída de los regímenes stalinistas de Europa Oriental y al poco tiempo la desintegración de la URSS y el comienzo del proceso restauracionista en Rusia y las demás repúblicas que formaron la URSS alentó en el mundo capitalista la expectativa de un nuevo ciclo ascendente del Capital. La “unificación” alemana impulsó poco después la creación del Euro, el tratado de Maastricht y un nuevo impulso a la Unión Europea que se extendió hacia los países del este europeo.
Pero el régimen capitalista imperialista que emprendía estas iniciativas no era el joven y lozano de la “primavera de los pueblos” de mediados del siglo XIX. Era un capitalismo decadente y senil que lo hacía con sus propios métodos y recursos. Durante la década del 90, guerras incentivadas por las distintas potencias imperialistas devastaron y destruyeron la unidad yugoeslava, retrotrayendo las condiciones de esas poblaciones décadas hacia atrás. Hoy Ucrania sufre presiones similares.
La crisis asiática y de Rusia de fines del siglo XX, el estallido de la burbuja de las punto com a comienzos de este siglo fueron anticipando las condiciones catastróficas en que se desenvolvía la economía mundial capitalista.
Finalmente entre 2007 y 2008 arrancó la crisis más importante del sistema mundial capitalista desde 1930. En una metáfora que parodiaba la caída del Muro de Berlín, el semanario británico The Economist titulaba “La caída del otro Muro” en referencia a Wall Street (literalmente la “Calle del Muro”) en relación a la crisis comenzada por el descalabro del mercado de hipotecas de EEUU, pero que luego se extendió a todo el mundo. Europa, incluida Alemania, fue una de las regiones más afectadas, en especial la región europea más atrasada, la del sur donde se creó el acrónimo PIGS, para referirse a Portugal, Italia, Grecia y España que eran los países más afectados por la crisis, la mayoría de ellos deudores de la banca alemana. La Unión Europea crujió y se expandieron las tendencias centrífugas (con el Brexit a la cabeza)
Alemania, que se había convertido después de la “unificación” de 1990 en la locomotora de Europa, comenzó a sufrir los coletazos de la crisis. La gran acreedora de la Europa del sur, fue afectada por su insolvencia. Hoy, los bancos alemanes (Deutsche Bank) están entre los más riesgosos y amenazan arrastrar a gran parte de la economía alemana que está entre los principales países con tasa de interés negativa.
La crisis alemana y europea en un cuadro de crisis de dirección del movimiento obrero, abandonado por sus direcciones históricas es un caldo de cultivo para el desarrollo de partidos y movimientos reaccionarios, anti inmigrantes y racistas, que tienen un especial desarrollo en los estados alemanes que formaron parte de la RDA.
Pero la crisis también crea las condiciones para una recomposición del movimiento obrero y de lucha, en especial en Francia, (chalecos amarillos y huelgas de masas) y también en Alemania donde el movimiento obrero se recompone y enfrenta las difíciles condiciones sociales creadas por la crisis capitalista.

Andrés Roldán

[i] Prensa Obrera n" 284. 19/10/89, citado en “Prensa Obrera y el Muro de Berlín”, por Jorge Martín (Guri), En Defensa del Marxismo 14, 1/9/1996
[ii] Idem, La cita final es de Prensa Obrera n° 297. 27/3/90.

Ciberactivismo: la red como campo de batalla

Desde las revueltas de la llamada Primavera Árabe (2010/2013) hasta los actuales disturbios en Barcelona, pasando por el movimiento Me Too (2017) y el Ice Bucket Challenge (2014), el activismo con fines políticos, sociales o culturales se ha instalado en la red.
Cuando los editores de la revista Time designaron al “protester” como personaje del año en 2011, reconocieron que los manifestantes globales no solo habían conseguido hacer escuchar su voz, sino que también habían cambiado el mundo.

El ciberactivismo como fenómeno global

Los dispositivos móviles, la mensajería instantánea y las redes sociales, dieron nuevos alas al activismo político, como quedó de manifiesto de forma temprana en la campaña de Obama en 2008 y con el caso Wikileaks en 2010. El 11M español y su versión estadounidense, Occupy Wall Street, en 2011, así como los movimientos globales Bring Back Our Girls (2014) y Je suis Charlie (2015), certificaron la consolidación de un nuevo modo de acción política y social que gracias a la red traspasaba fronteras y se hacía instantáneo, masivo y global.
El ciberactivismo utiliza internet como un espacio político: la red ha dado poder a los ciudadanos, a los activistas y a los disidentes para controlar y desafiar tanto a las empresas como a las instituciones. De todas formas, la vocación del activismo digital no se restringe a las redes, ya que su objetivo final es llegar a las calles (muchas veces a través de la amplificación de sus acciones otorgada por los medios de comunicación de masas).
Así como la red es el campo de batalla del ciberactivismo, la comunicación se entiende y se practica como una guerra narrativa. El activismo asume que el poder se ejerce y se legitima mediante discursos, de modo que más allá de la verdad, de la historia y de la realidad, el enfrentamiento se plantea en torno a dirimir de quién es la historia que gana.
Entre las tácticas discursivas clásicas del ciberactivismo figuran la resignificación de palabras y marcos conceptuales (framing), la creación de pseudoeventos (acontecimientos reales basados en informaciones falsas), la falsificación y el camuflaje (enmascaramiento del discurso propio e imitación del discurso del antagonista), sin descartar las parodias y el humor (exagerando de modo grotesco las posiciones del adversario).

Los límites del ciberactivismo

La aplicación del poder de las redes a las estrategias del ciberactivismo, entre otras cosas, ha producido la eclosión de las noticias falsas (fake news) y la consecuente proliferación de la posverdad, triste renuncia a la razón y a la evidencia para sustentar las propias opiniones políticas.
Pero, a pesar de su envergadura, el ciberactivismo tiene límites: se diluye si no consigue la movilización fuera de las redes, se dispersa y compite entre sí debido a la cantidad de causas que reclaman la atención y acaba saturando a los medios y a la opinión pública con acciones claramente diseñadas para convertirse en virales.
Las empresas y las instituciones van aprendiendo lentamente a defenderse del ciberactivismo entendiendo sus tácticas, asumiendo que no pueden utilizar sus mismas armas y descubriendo el inmenso poder del silencio estratégico.

Millennials y Generación Z: de las guerras de memes a las calles

Por su parte, los jóvenes viven el activismo como una guerra de memes aunque asumen que los cambios proclamados en las redes tienen que resultar operativos en el mundo físico y que comienzan por uno mismo.
Tanto los Millennials (en cuanto generación indignada con el presente) como la Generación Z (hiperconectados y enfocados en el futuro) tienen en común un fuerte sentido social y una honda preocupación por las causas ambientales.
Un fenómeno global como el protagonizado por la activista sueca Greta Thunberg (nacida en 2003) revela una muy temprana y comprometida toma de conciencia acerca de los riesgos del cambio climático y representa un modo de indignación que trasciende al mundo digital y se proyecta sobre el ámbito político.
Las redes no son ajenas a lo que la BBC ha bautizado como “El efecto Greta”, huelgas de estudiantes en más de 150 países reclamando acciones concretas para una lucha eficaz contra el cambio climático.
Para las nuevas generaciones, el activismo político en las redes (como muchas otras de sus prácticas sociales y culturales) forma parte integral e indistinguible de sus acciones en el mundo físico. Solo los mayores llamamos ciberactivismo a lo que para ellos, simplemente, es participación política o cambio social.

José Luis Orihuela
protegetucorazon.com

Selección de lecturas sobre ciberactivismo: https://www.ecuaderno.com/ciberactivismo/

* José Luis Orihuela es profesor en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra (Pamplona, España). Email: jlori@unav.es – Blog: ecuaderno.com – Twitter: @jlori – Medium: medium.com/@jlori

Alerta roja

Ante las “emergencias” que se vienen.

La opinión pública está siendo intoxicada por un sinfín de versiones acerca de las medidas que se vienen, en particular de tres leyes de “emergencia”, económica, social y sanitaria. Y, como el país está quebrado, y ciertamente las familias trabajadoras argentinas están en total emergencia porque o no tienen trabajo o no llegan a fin de mes y carecen de todo tipo de cosas, entre ellas vivienda, lo de las “emergencias” podría sonar a un gobierno actuando a la altura de las circunstancias.
Sin duda habrá que conocer los proyectos para opinar sobre ellos. Claro está que llegarán con suerte el lunes a la noche para ser tratados por un plenario de comisiones el martes y votados por la Cámara de Diputados en pleno el miércoles. El olor a atropellada que trae la maniobra crece a cada hora, puesto que a cada minuto trasciende alguna posible medida más, de tipo económica, impositiva, salarial, del régimen jubilatorio, de contención social, etc.
Sabemos claramente una cosa, no presentarán un presupuesto, por lo cual se dotará al Poder Ejecutivo de instrumentos de gobierno para disponer discrecionalmente de gastos y recursos, la llamada “emergencia económica” que rigió desde 2002 hasta 2018, más precisamente llamada “superpoderes”, porque delega atribuciones del Congreso en el arbitrio del Jefe de Gabinete. Semejante rasgo bonapartista asesta un golpe al sistema político porque los representantes del pueblo que vendrían a ser los diputados, constitucionalmente hablando, quedan dibujados, y el Presidente y su gabinete dictan impuestazos, subsidios a empresas y grupos económicos, tarifazos y hasta endeudamiento.
Hasta el momento se está presentando la maniobra como una necesidad impuesta por la crisis social y se hace trascender que habrá aumento para salarios mínimos y jubilados, incremento en la AUH (Asignación Universal por Hijo), partidas especiales para vacunas de sarampión, postergación de tarifazos, contención de aumentos y gravámenes como el aumento de las retenciones y del impuesto a bienes personales. En palabras del Presidente se trata de medidas de excepción “para empezar por los últimos para llegar después a los demás”.
Para nosotros no es así. Desde estas páginas hemos caracterizado claramente que la no presentación del presupuesto es una clara concesión a los acreedores de la deuda y al FMI, para confeccionarlo cuando hayan llegado a un acuerdo sobre la cesación de pagos del país. En ese caso, los números del presupuesto responderán al objetivo de empezar a reunir los fondos para pagar en un plazo determinado una deuda que hoy el país no puede pagar, por eso se ha reconocido que estamos en “virtual default”.
Pero entonces ¿de dónde vendrán los fondos para “la solidaridad social y la reactivación productiva” como se llamaría uno de los proyectos de emergencia? El capital agrario se prepara contra un aumento de las retenciones que en realidad son mínimas, porque Macri las colocó fijas en pesos y las sucesivas devaluaciones las han ido licuando. En segundo lugar se viene el dólar turismo que desdobla aún más el mercado cambiario que ya tiene el contado con liqui, el dólar bolsa y el paralelo. Sabemos que esta es la senda de la devaluación y, por medio de ella, del financiamiento vía precios tanto para el Estado como para el capital privado, contra los trabajadores y consumidores.
Por otro lado se espera un aumento en el impuesto a los bienes personales que grava sobre todo a una clase media, porque los grandes patrimonios los empresarios los disimulan en sociedades y paquetes accionarios y hasta en sociedades especiales para evadir impuestos como ese.

Atentos jubilados

Pero el tema de alerta más grande para los trabajadores y jubilados, es la cuestión del sistema previsional. En dos líneas Clarín del viernes 13/12 desliza que “cambiaría la fórmula de ajuste”. Esta medida se estaría conversando secretamente con los gobernadores, que fueron firmantes del pacto fiscal y sus diputados peronistas quienes garantizaron a Macri el robo a los jubilados de fines de 2017. A los gobernadores se les “compensaría” las pérdidas de las últimas medidas de Macri que alteraron aquel pacto fiscal, liberándolos del compromiso de disminuir ingresos brutos y otros impuestos provinciales, con lo que tendríamos impuestazos de las provincias en puerta.
Pero volvamos al ajuste de las jubilaciones. En diciembre corresponde un aumento general a todos los jubilados del 8,75% por la inflación del segundo trimestre de 2019. Luego en marzo 2020 corresponde otro ajuste del tercer trimestre de 2019 de 11,56% y por fin, en junio del año que viene lo que corresponde al trimestre octubre/diciembre 2019 que está en curso. La inflación de este último trimestre no será nada menor porque ya lleva acumulado dos fuertes índices de octubre (3,1%) y noviembre (4,3%), y diciembre es un mes estacionalmente alto.
El “cambio de la fórmula de ajuste” que livianamente mencionan distintos periódicos, puede ser un robo gigantesco, disimulado tras el “aumento de emergencia” de los mínimos de “nuestros abuelos”, como gustan decirnos. Por menos que esto en Francia están en un estado de huelga general en numerosos gremios, después de un gran paro nacional que unió a los trabajadores con los chalecos amarillos.
Como corriente de la clase trabajadora y como socialistas tenemos que fijar clara posición. Los índices adeudados de los tres trimestres finales de 2019, deben ser pagados en su porcentual a la brevedad, adelantando su pago, no anulándolo. El mínimo jubilatorio debe alcanzar la canasta básica del jubilado, así como el salario mínimo la canasta básica general, ambas alrededor de los $38000 al 31 de este mes.
El financiamiento de estas reivindicaciones elementales debe salir de la anulación de la rebaja macrista de aportes patronales que determina hoy un mínimo no imponible de aportes de $7003 por trabajador y sería del doble a partir del 2020. En segundo lugar de la derogación de la ley de rebaja de aportes dictada en 2014 bajo el nombre de “blanqueo”. En tercer lugar con la reposición de los aportes patronales que rebajó Menem en 1994. En cuarto lugar mediante el blanqueo compulsivo de los trabajadores en negro.
Este programa elemental para los trabajadores conduce al debate de la investigación y no pago de la deuda y a la ruptura con el FMI que vendrá como en Brasil, como en Francia, como en Chile, por el sistema jubilatorio. Defendamos a los jubilados desde todos los sectores de la clase trabajadora. Abuelos son para los nietos, para nosotros son trabajadores que aportaron una vida y son saqueados por el capital financiero, el Estado y la clase capitalista en su conjunto.

Néstor Pitrola

Asilados por México, son rehenes del gobierno de facto boliviano

Desde hace un mes y tres días, un grupo de ex autoridades del gobierno del presidente Evo Morales, derrocado mediante un “golpe de Estado” el 10 de noviembre, se encuentran asilados en la embajada de México a la espera de que el régimen de facto de Jeaninne Añez les otorgue el salvoconducto para trasladarse hacia el país norteamericano.
El grupo de personas en la legación diplomática mexicana –ocho hombres y una mujer- se encuentran en la lista de perseguidos políticos que el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, no se inmutó de anunciar, sobre todo cuando dijo que se iba a “cazar” a los ex ministros de Presidencia y Gobierno, Juan Ramón Quintana y Hugo Moldiz, respectivamente, y a Raúl García Linera, hermano del exvicepresidente Alvaro García Linera, a quienes acusó de promover y organizar acciones de sedición y terrorismo contra el “gobierno de transición”.
Las ex autoridades –seis ex ministros, un ex gobernador, un ex viceministro y un ex director de una entidad desconcentrada- ingresaron a la embajada de México entre el 10 y 11 de noviembre y obtuvieron su calidad de asilados el 15 de ese mismo mes, tras la aceptación del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien previamente ya había otorgado la misma condición a Evo Morales.
Sin embargo, a pesar del estatus reconocido a las ex autoridades, la Canciller Karen Longaric no termina de emitir los salvoconductos, con el argumento de que contra varios de ellos hay mandamientos de aprehensión por la comisión de delitos vinculados al denominado “fraude electoral” y “terrorismo y financiamiento al terrorismo”, extremos que no han sido probados.
La negativa del gobierno de facto de entregar salvoconductos a los nueve asilados es violatoria del derecho internacional público y de manera particular de la Convención de Ginebra que sostiene que la apertura de una causa judicial posterior al día en que se concedió calidad de asilado a una persona no causa efecto y no debería impedir que se le dé salvoconducto.
En la sede diplomática, además de Quintana y Moldiz, se encuentran los ex ministros de Defensa, Justicia y Minería, Javier Zavaleta, Héctor Arce y Cesar Navarro, respectivamente; el ex gobernador de Oruro, Victor Hugo Vásquez, y el ex director de Gobierno Electrónico, Nicolás Laguna.
De las personas que encontraban en la embajada de México, solo tres – un ex ministro de Economía que debe someterse a un control médico delicado y una activista en derechos humanos y su hija menor-, obtuvieron el salvoconducto la semana pasada.
El gobierno de facto de Añez en menos de una semana ha dejado un saldo de más de treinta muertos y decenas de heridos, según ha reconocido incluso un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) tras su visita a Bolivia en la primera quincena de noviembre.
Tanto la Cidh como la Unión Europea han expresado que el “gobierno de transición” debería otorgar salvoconductos a los asilados y liberar a los presos políticos que están en las cárceles.

Ernesto Reyes

Alberto Hensel, un empleado de la Barrick como secretario de Minería

El funcionario, hasta ahora titular de la cartera en San Juan, prepara nuevas avanzadas en beneficio de los pulpos de la actividad.

La designación de Alberto Hensel como secretario de Minería de la Nación tiene por objetivo dar curso a la presión que ejercen los pulpos mineros por habilitar nuevas zonas para la megaminería a cielo abierto, y por ampliar las condiciones leoninas que vienen gozando desde hace décadas. Hensel era hasta ahora ministro de Minería en el gobierno sanjuanino de Sergio Uñac, emblema del “modelo Barrick Gold” que Alberto Fernández reivindicó en plena campaña electoral, y que ahora se apresta a desenvolver a escala nacional.
San Juan es la tierra donde el pulpo canadiense Barrick Gold explota la mina Veladero, la más grande de Argentina y una de las más importantes del mundo. A sus alrededores, afectados por los sucesivos derrames de sustancias químicas en los cursos de agua, los habitantes de Jáchal han protagonizado verdaderas puebladas. Sin embargo, tras cuatro años del derrame de un millón setenta y dos mil litros de solución cianurada sobre el río Potrerillos, tanto la Justicia provincial como la Corte Suprema han absuelto a todos los ejecutivos de la empresa. Luego de ese fenómeno, un estudio de principios de año de la Universidad de Cuyo –realizado por la presión de la ‘Asamblea Jáchal No Se Toca’- demostró que la concentración de mercurio y aluminio en el Río Jáchal ha ido en aumento, afectando tanto la salud de las personas como la agricultura.
Este “modelo”, lejos de ser el factor de desarrollo regional (como lo presentan los Uñac y los Hensel), es un paraíso de la precarización laboral: dos tercios de sus trabajadores están contratados, en una rama que representa el 78% de las exportaciones de la provincia.

Iván Hirsch

Juan Cabandié, el ministro de Ambiente de un gobierno del fracking, la megaminería y el agronegocio

Cuando presentó la designación de Juan Cabandié como ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Alberto Fernández expresó que “va a ocuparse de lo importante y no va a necesitar disfrazarse de árbol” en referencia al anterior Secretario de Ambiente, el rabino Sergio Bergman, de quien su disfraz en un festival de Cine Ambiental es de las pocas acciones que se le recuerdan, además de sus declaraciones frente a los incendios forestales que suceden cada verano: “lo más útil que podemos hacer es rezar”. El presidente no le pide mucho, más atendiendo que –al igual que su antecesor- no tiene el menor antecedente en la temática.
La única alusión a la cuestión en el discurso de asunción de Fernández fue que “estamos inspirados en la encíclica Laudato si de nuestro querido papa Francisco, carta magna ética y ecológica a nivel universal. Por eso hemos tomado la decisión de jerarquizar como ministerio al área ambiental”.
Para eso reclamó “una política ambiental activa” y un modelo “de valoración de los recursos naturales”, mientras que en el resto de las áreas de gobierno se han puntualizado objetivos que colisionan abiertamente con cualquier desarrollo sustentable.
Las mayores concesiones que promete a los pulpos que explotan Vaca Muerta -para lo cual desembarcó Guillermo Nielsen en YPF- explican que Cabandié viajara hasta Madrid para participar de la conferencia climática de la ONU (COP25) pero evitara allí hacer referencia al tema en discusión: la emisión de gases de efecto invernadero y la generación energía a base de combustibles fósiles. La vía libre al fracking, además, abarca los intentos por habilitarlo en Mendoza, donde tendría el consabido perjuicio de dejar sin agua a los cinco oasis de riego de la provincia en que se basa la producción agrícola e industrial.
A su vez, la adjudicación de la Secretaría de Minería a un propulsor del “modelo Barrick” de San Juan, Alberto Hensel, es una carta blanca al lobby de las mineras por reducir los míseros impuestos que pagan y flexibilizar aún más los controles de impacto ambiental. El flamante secretario ya se hizo eco de la presión por habilitar la megaminería contaminante en Chubut y Mendoza, y reclamó modificar la Ley de Glaciares para permitir la explotación minera en zonas periglaciares. En cuanto al litio, tan promocionado, diversos estudios realizados en las provincias de Salta y Jujuy señalan que los efectos de la extracción del mineral en las fuentes de agua de la zona afectada significan un riesgo hídrico para toda la región, y provocaría daños irreparables con consecuencias directas para los pobladores locales.
El nombramiento en Agroindustria de Luis Basterra, un delegado del gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, deforestador, promotor del agronegocio con transgénicos y del uso de agrotóxicos, también echa por la borda cualquier política ambiental. Esto cuando está muy cuestionada la implementación de la Ley de Bosques Nativos, cuyo presupuesto es subejecutado mientras crece la tala ilegal en toda la región chaqueña (provincias de Salta, Santiago, Formosa y Chaco), al igual que en Santá Fé, Córdoba y zonas patagónicas. Hay, además, toda una presión en marcha, para proceder a una degradación de categorías en el ordenamiento territorial y habilitar nuevas zonas a la deforestación para que avancen los negocios de los empresarios sojeros, azucareros, petroleros, ganaderos y madereros, mediante el avance de la frontera agrícola.
El conjunto de la “política productiva” del nuevo gobierno tiene un denominador común: el desastre del medio ambiente. La tarea de Cabandié será, entonces, disimular la depredación que se agravará por la acción de los pulpos capitalistas, estimulada con el único fin de recaudar dólares para pagar la deuda. En esa línea, apuntará a crear el gabinete contra el cambio climático, con el objetivo de cooptar a algunas de las organizaciones que vienen reclamando por la temática.
En contraste con la orientación del gobierno, los movimientos ambientalistas tienen todo un desafío de lucha en esta etapa que se abre, como las que se están librando contra la megaminería en Chubut y Mendoza. Además de las cuestiones señaladas, se agrega la pelea contra los incendios forestales, por la Ley de Humedales, el saneamiento de la Cuenca Matanza-Riachuelo, la derogación del decreto 591/19 que permite el ingreso de residuos peligrosos al país sin certificado de inocuidad sanitaria y ambiental.

Raúl Stevani y Iván Hirsch

Apriete imperialista: funcionario de la Casa Blanca cuestiona refugio político de Evo Morales

Se trata de Mauricio Claver. Pidió que Alberto Fernández defina si “va a ser abogado de las democracias de la región o apologista de las dictaduras”.

Mauricio Claver-Carone es funcionario de la Casa Blanca. Integra el Consejo Nacional de Seguridad de Estados Unidos, como asesor en América Latina. Su nombre sonó a inicios de esta semana, cuando decidió retirarse de los actos de asunción de Alberto Fernández por la presencia de un funcionario enviado por Nicolás Maduro.
Este viernes, en una conferencia telefónica que realizó con diversos medios de la región, volvió a demostrar la prepotencia imperialista que anida en la Casa Blanca.
“Queremos saber si Alberto Fernández va a ser un abogado de la democracia en la región o apologista de las dictaduras y caudillos de la región, sean Maduro, Correa o Morales”, afirmó Claver en lo que debe considerarse un enorme apriete político.
No fue la única definición que hizo en ese tono. En la misma comunicación dio su versión de lo ocurrido el martes pasado. "Tuvimos una situación desagradable en la toma de posesión. El Gobierno violó el acuerdo del TIAR permitiendo la presencia de una persona sancionada no solo por los Estados Unidos sino por las democracias de la región", señaló a los medios.
"Hace falta que no haya sorpresas en nuestra relación", afirmó en un tono categórico en relación al gobierno argentino recién asumido.
Estas declaraciones implican un cuestionamiento a la decisión argentina de otorgar el status de refugiado político a Evo Morales. Significan, al mismo tiempo, un intento de injerencia en la política internacional de la nueva gestión.
La decisión de permitir a Evo Morales quedarse en Argentina implica roces con la administración republicana en Washington. Como se recordará el gobierno de Donald Trump apoyó activamente el golpe de Estado llevado a cabo contra Evo Morales.
Estas declaraciones deben entenderse en el marco general de la relación entre EE. UU. y los países de América Latina. Una relación que, entre otros aspectos, implica avanzar en un mayor control sobre la región. En ese marco debe entenderse al aval a la intentona golpista desarrollada en Venezuela a inicios de este año y el apoyo al golpe que derribó a Evo Morales.
Esta ofensiva imperialista ha tenido como actor destacado al Grupo de Lima, integrado por los gobiernos de distintos países. A pesar del alineamiento de este agrupamiento con EE.UU., la gestión de Alberto Fernández ratificó su continuidad en el mismo.

LID
Viernes 13 de diciembre | 19:23

La escalera descendente en Argentina

Huella y contrahuella

Como es sabido, toda escalera está compuesta por múltiples peldaños o escalones. La que voy a describir se caracteriza por tener un único sentido descendente, en analogía a las últimas décadas de involución política, social y económica de nuestro país.
La parte horizontal de los peldaños, llamada huella, se continúa con la vertical a 90 grados, denominada contrahuella. En nuestra escalera, las “huellas” coinciden con períodos socialdemócratas (también llamados populistas o progresistas); en cambio las “contrahuellas” contienen ciclos neoliberales.
En este análisis partiré desde el peldaño más alto de una escalera imaginaria, en una huella ubicada en mitad de la década del 70 del siglo pasado. Para ese entonces los salarios alcanzaron su máximo histórico, alrededor del 50% del PBI. A partir de allí comienza un descenso continuo y, aunque en las huellas por lo general se detiene el descenso, nunca se recupera el nivel socioeconómico anterior, esto sucedió así en todo el tramo de esta escalera descendente, sin excepción.
Así, el “Rodrigazo” y la Dictadura nos arrojó por la contrahuella del primer escalón y redujo casi a la mitad el nivel salarial, sumado a la represión, violaciones a los DDHH y destrucción de la industria nacional.
En 1983, con la vuelta a la vigencia constitucional, se abre un período que podríamos situarlo en la huella del escalón siguiente. Se crea una expectativa esperanzadora, los salarios recuperan algo de lo perdido, pero vuelven a caer hacia el final del gobierno alfonsinista con la hiperinflación, abriendo el camino a otro descenso, por la contrahuella, al gobierno de Carlos Menem. En este período no sólo vuelven a perderse conquistas laborales (al tiempo que disminuyen las condiciones de vida de las amplias mayorías) sino que, además, es liquidado y vendido a precio vil el patrimonio público estatal, fruto del ahorro y trabajo de varias generaciones. Esta contrahuella abarca también al corto paso del gobierno de De La Rúa, continuidad del mismo programa de la “convertibilidad” de Domingo Cavallo.
Esta etapa de escalón descendente fue abruptamente interrumpida por la rebelión popular de diciembre de 2001. Luego de una sucesión de diversos presidentes en corto tiempo (como en un peldaño flojo) se dio paso a la huella del kirchnerismo. Auto referenciada como “la década ganada”, y a pesar de varios programas que beneficiaron a las capas más desprotegidas de la población, nunca alcanzó a restablecer los niveles sociales del menemismo. Impulsó los juicios por las violaciones a los DDHH durante la dictadura, favoreció a amplias capas de la población con planes sociales como la AUH y facilitó préstamos familiares a bajo interés. Pero el estancamiento económico de los últimos cuatro años puso un freno a esa política. Terminó el período de doce años con un índice de pobreza cercano al 30% de la población, multiplicando los asentamientos en el conurbano bonaerense. Estas limitaciones causaron su derrota electoral.
Llegamos así a una de las contrahuellas más nefastas de esta escalera, la del gobierno de los CEOs de Macri. Los salarios descienden a los niveles más bajos desde mediados de los 70, consecuencia de la brutal transferencia de recursos desde las capas medias y bajas de la población hacia los sectores más concentrados de la economía, sumando a esto un vertiginoso aumento de la deuda pública y la continua fuga de capitales. Además de la inflación más alta desde 1991, disminuyó el índice de actividad industrial, aumentando el de desocupación y llevando el promedio de pobreza a más del 40%.
Era previsible el rechazo social a este modelo de exclusión social y la derrota en las urnas, abriendo paso a lo que debería ser el tránsito a una nueva huella socialdemócrata o progresista. Pero la profundidad de la crisis, sobre todo por la exorbitante deuda externa, hace dudar de esta posibilidad. Más de la mitad de los ingresos del país se destinan al pago de los intereses de esa deuda y a la fuga de capitales. Mientras no se revierta esta sangría resultará imposible implementar políticas populares que deberían pertenecer a una nueva “huella”.
Si imaginamos la escalera en su totalidad, como en una fotografía, vemos que el descenso fue continuo y no se detuvo en ningún escalón.
Las escaleras no se sostienen por sí solas, en general se asientan sobre un sólido eje de material resistente. En nuestro caso, ese sostén está conformado por varios elementos: el reconocimiento de una deuda externa ilegal (fruto de un fabuloso fraude pergeñado en la dictadura), el remplazo de la actividad industrial por la especulación financiera y el extractivismo como principal ingreso de divisas, favoreciendo a multinacionales como Chevron, Barrik Gold y Monsanto. El eje que sostiene este modelo de atraso comenzó en la primer “contrahuella” y continúa hasta el último peldaño.
Es incorrecta la identificación de los gobiernos peronistas con políticas progresistas y de los demás con el neoliberalismo. Esta suposición es desmentida con la “huella” de 1983 (gobierno radical de Raúl Alfonsín) y la “contrahuella” de 1989 con el gobierno peronista de Carlos Saúl Menem.
El progresismo y el neoliberalismo se alternan en gobiernos de distintos signos políticos. Así ocurre en numerosos países del mundo desde la crisis de 1930. Con esta alternancia (keynesianismo y neoliberalismo), las clases dominantes van graduando los ajustes según el ánimo popular, otorgando concesiones sociales y económicas según vean peligrar su hegemonía de poder.
Esto viene ocurriendo sin solución de continuidad y seguirá sucediendo mientras el pueblo no se organice y luche para revertir definitivamente el sentido de esta escalera descendente, destruyendo para siempre el eje que la sostiene.

Carlos Mario Martínez

CUJAE, la Universidad cubana que derrotó a Harvard y Masachussetts

Desde la Universidad Tecnológica de La Habana, la Cujae. Por sus pasillos nos deslizamos hoy para conocer más su historia, estudiantes y profesores que la prestigian. Desde allí te damos entonces la bienvenida a #LaPupilaTV

Una política exterior a pedido del imperialismo

El giro derechista respecto de Evo Morales y Hezbollah

Alcanzó con el reclamo realizado por Michael Kozak, un asesor del gobierno de Trump, en una reunión que mantuvo en la Casa Rosada con Alberto Fernández y Felipe Solá, para que el canciller recién asumido declarara que no se iba a quitar a la organización Hezbollah del listado de entidades terroristas, armado por presión de los Estados Unidos y en el que había sido incluida por el gobierno de Mauricio Macri en julio pasado.
El nivel de subordinación a la política norteamericana que supone esta decisión puede apreciarse en que, hasta entonces, la Argentina se regía por el listado consolidado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en el que Hezbollah, que integra el gobierno en el Líbano, no se encuentra incluida.
La decisión dejó descolocada a la nueva ministra de Seguridad, Sabina Frederic, quien había planteado, días atrás, que declarar a Hezbollah como una organización terrorista “fue una exigencia de los Estados Unidos” y añadió que hacerlo es "comprar un problema que no tenemos". El gobierno israelí hizo lo suyo, con el no envío de representantes a la asunción de los Fernández y la ministra debió dar marcha atrás rápidamente con sus dichos, recurriendo al clásico argumento de que le habían sacado sus opiniones de contexto.

El hombre del Norte

Solá, que se ha convertido en el hombre del gobierno que vuelca en el terreno los reclamos que realizan los Estados Unidos en los temas de política internacional, no dejó ninguna duda respecto de cómo se orientará el gobierno en este terreno: "no vamos a hacer ningún cambio, no vamos a hacer cosas que nos traigan problemas". Traducido esto quiere decir: no vamos a tomar medidas que nos generen problemas con el gobierno de los Estados Unidos, es decir que la verborrea sobre la independencia nacional queda convenientemente relegada.
En este acelerado proceso de alineamiento que encaró Solá, en nombre del gobierno, en las pocas horas que lleva como ministro, y que incluye la decisión de no abandonar el denominado grupo de Lima, formado por los gobiernos latinoamericanos que siguen disciplinadamente la política de Trump, especialmente respecto de Venezuela, el canciller agregó ayer a su haber los reclamos que colocara a los ex miembros del gobierno boliviano encabezados por Evo Morales al concederles la calidad de refugiados.
Aunque la ley no lo establece -y Solá finalmente tuvo que reconocerlo- planteó que ninguno de ellos podía realizar declaraciones políticas ni participar en ninguna actividad vinculada con la situación de su país. “No queremos que Evo Morales use este lugar (la Argentina) para hacer política ni declaraciones públicas”, y acotó que "ese es un compromiso político, no lo dice la ley. Puede saludar, reunirse, pero no hacer campaña desde acá". Otra vez con el mismo argumento: "la situación de Argentina es delicada y no queremos sumar problemas” (Clarín 12/12).
Mauricio Claver-Carone, el asesor de Trump que no participó en la asunción del nuevo gobierno y se volvió “disgustado” a los Estados Unidos porque en ese acto estaban un representante del gobierno de Nicolás Maduro y el ex presidente ecuatoriano Rafael Correa, antes de subir al avión también marcó la cancha. Maduro, Evo Morales y Correa “no le traen ningún beneficio a la Argentina” y añadió que “desenfoca lo que debe ser la prioridad de Argentina, que es “como pueden trabajar bilateralmente con nosotros y con otros aliados" (ídem).
Además, el planteo con Morales y sus ministros está en línea con el mismo reclamo realizado por la canciller del gobierno golpista de Bolivia, Karen Longaric, quien planteó: "no queremos que ocurra (en la Argentina) como en México donde Evo Morales tenía micrófono abierto y una palestra" (El Mundo, España, 13/12).
Es decir que, nuevamente, no sumar problemas ni conflictos supone seguir con fidelidad las políticas del imperialismo y sus aliados.
La política exterior tiene un lazo directo con la interna. No es posible el desarrollo del país, ni satisfacer las necesidades de los trabajadores y de los demás sectores populares si no se rompe la subordinación con el imperialismo, si no se repudia el pago de la fraudulenta deuda externa, si no se rompe con el FMI.

Nelson Marinelli

Kicillof en el Titanic

El discurso del nuevo gobernador de la Provincia de Buenos Aires confirmó la situación de quebranto generalizado en las cuentas provinciales. Kicillof no sólo hizo mención a la impagable deuda en dólares, sino también a la incapacidad de pago inmediata a los proveedores e incluso de los salarios de los trabajadores del Estado provincial. Es lo que explicaron en detalle los candidatos del Partido Obrero y el Frente de Izquierda durante la campaña electoral.
Como era de esperar, acusó al gobierno de Vidal de llevar la deuda a más de 11.000 millones de dólares. Si bien Kicillof reconoció que “muchos problemas venían de antes”, omitió que de ese endeudamiento unos 9.000 millones de dólares fueron emitidos bajo el gobierno de su “compañero” Daniel Scioli. El discurso de asunción de hoy, además de abrir el paraguas ante lo que se viene, buscó ocultar tras el fracaso de Vidal la situación que dejaron quienes la antecedieron en los sucesivos gobiernos provinciales. Ni la crisis de la provincia ni los padecimientos de los trabajadores comenzaron hace 4 años.
El hecho de que el 80% de la deuda provincial esté nominado en dólares es explosivo, porque la provincia recauda en pesos y esos billetes verdes solo pueden salir de las reservas del Banco Central. El lastre del FMI sobre la economía nacional, con el cual ni Fernández ni Kicillof se proponen romper, condena también a la provincia.
La descripción de esta situación “extremadamente delicada” apuntaba a justificar el pedido abierto a “las y los bonaerenses” para que “acompañen al gobierno en el lento proceso de reconstrucción de la provincia”, un llamado a postergar toda perspectiva de organizarse para reclamar por sus necesidades. En otras palabras, el nuevo gobierno provincial condicionará la atención de las necesidades sociales elementales a las garantías que exigirán los acreedores de la deuda provincial, que al igual que la del Estado nacional está siendo renegociada. La crítica al “industricidio” cometido por Macri y Vidal en favor del “modelo de valorización financiera” no llevó al keinesiano Kicillof a rechazar el pago de ese negociado fenomenal. Por lo demás, sus felicitaciones a los empresarios “que no bajaron las persianas” encubren que en enorme medida éstos se valieron del cuadro de recesión para achicar personal y arremeter contra las conquistas obreras.
El gobernador también señaló la “pérdida de autonomía” de la provincia respecto de sus recursos, y criticó a Vidal por haberse allanado al Pacto Fiscal de Macri, que, entre otras, tuvo como consecuencia el traspaso a las exiguas arcas provinciales de los subsidios millonarios a las privatizadas de la electricidad y el transporte. Esta medida tomada tras el acuerdo con el FMI, fue reclamada por los gobernadores pejotistas del interior para lubricar la firma de ese infame Pacto Fiscal del ajuste. La “pérdida de autonomía” indica que Kicillof dependerá de los recursos del Estado nacional para intentar mantener a flote una provincia que se hunde, pero más temprano que tarde se chocará con el quebranto de esas arcas y con un Alberto Fernández que también le pide al pueblo trabajador nuevos esfuerzos para “ordenar las cuentas” y rescatar la deuda.
Tanto Kicillof como Fernández coincidieron en convocar a la “unidad de todos los sectores”, entre industriales, capitalistas del campo, empresarios “pymes” y trabajadores –que fueron presentados como víctimas por igual de la gestión saliente. Sin embargo, el flamante gobernador anunció que presentará un plan con beneficios impositivos y crediticios a los capitalistas, mientras que a los trabajadores les solicitó mayores esfuerzos sin mencionar siquiera la intención de otorgar un aumento salarial. En ningún pasaje de su discurso habló de rebajar los impuestos que gravan a las familias laboriosas, ni de un plan de viviendas populares frente a los millones de bonaerenses que no tienen acceso a la vivienda propia. Más allá de la verborragia “popular”, las verdaderas reivindicaciones populares han quedado al margen de los planes inmediatos de la nueva gobernación.
Kicillof también se refirió al aumento del delito en la provincia y la sobrepoblación carcelaria, sólo para ofrecer como salida un mayor presupuesto para la Maldita Policía. Nada de tocar a las cabezas del crimen organizado, encaramadas en toda la estructura de la Bonaerense. Por el contrario, la designación de Berni en Seguridad para ensayar un reforzamiento represivo vendrá de la mano del sostenimiento de los altos mandos que oficiaron con Ritondo. La elección de Berni, que fuera la cabeza del espionaje y las represiones a los trabajadores durante el segundo mandato de Cristina Kirchner, sugiere que el nuevo gobierno prevé que se avecinan fuertes choques sociales. Berni es sinónimo de Gendarmería en el control social y el espionaje político. El slogan es “con todos” incluye a represores de este calibre.
Merece una mención especial el homenaje de Kicillof a Sandra y Rubén, víctimas de la explosión de la Escuela 49 de Moreno. La corriente política a la cual pertenece rechazó apoyar el juicio político a Vidal pedido por la banca del Partido Obrero y el Frente de Izquierda en la Legislatura, es decir que colaboró a la estrategia de la gobernadora saliente de deslindarse de su responsabilidad por haber vaciado las dependencias que se ocupaban del mantenimiento de las escuelas, y hasta haber intervenido el propio Consejo Escolar de Moreno sin responder a los incesantes reclamos de la comunidad educativa. Esta absolución de los bloques peronistas a Vidal es también un autoencubrimiento, ya que la situación de decadencia de la infraestructura de las escuelas en toda la provincia lleva décadas.
El nuevo gobernador enfrenta de inmediato una encrucijada. Saldar la “deuda con el pueblo” es incompatible con nuevos beneficios a las patronales y el pago a los usureros tenedores de la deuda. Recorreremos esta experiencia señalando la necesidad de romper con los usureros para resolver los problemas acuciantes de los trabajadores, la investigación y no pago de la deuda, establecer impuestos progresivos a la renta agraria y a las grandes fortunas de la provincia, la reapertura de toda fábrica que cierre o despida masivamente bajo control de sus trabajadores, el reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario y un salario mínimo igual al costo de la canasta familiar.

Juan Pablo Rodríguez

Café Tacvba reversiona “La ingrata” en sintonía con las movilizaciones de mujeres en México

En la celebración de sus 30 años en el Foro del Sol y frente a más de 50 mil personas, el conjunto mexicano Café Tacvba reinterpretó su tema "La ingrata". La banda había dejado de tocar el tema en 2017. El relato de la canción, que fue hit durante años y recibió diferentes premios, retomaba el contenido de los corridos norteños mexicanos. La canción terminaba en un femicidio.
“La ingrata” fue lanzada en 1994 como corte difusión del disco “Re”. Inspirado en los corridos norteños mexicanos, la letra del tema retrataba en primera persona el machismo y la violencia contra las mujeres. "Ingrata, no te olvides que si quiero pues si puedo hacerte daño, solo falta que yo quiera lastimarte y humillarte" (...) "Por eso ahora tendré que obsequiarte un par de balazos pa’ que te duela, y aunque estoy triste por ya no tenerte, voy a estar contigo en tu funeral". En el año 2017, signado por las crecientes movilizaciones populares y el ascenso del movimiento de mujeres en México y en todo el mundo, el grupo decidió dejar de tocar el tema. "Éramos bien jóvenes cuando se compuso y no estábamos sensibilizados con esa problemática como ahora todos sí lo estamos, creo que es un momento de repensar si la vamos a seguir tocando o si le cambiamos la letra", dijeron en ese momento.
La letra de la nueva versión contó con la participación de Andrea Echeverri, cantante del grupo colombiano Aterciopelados. En la letra escrita por Echeverri, aparece una mujer, quien responde reivindicando los derechos y lucha de las mujeres. Ahora, “La Ingrata” dice: “Ingrato, no me importa si me quieres; me vale si me dejas, a mandarte a la chingada, ingrato, porque soy independiente, porque no te necesito. No soy tu media costilla, respeto es lo que exijo. Ingrato ni una más es lo que pido… que la violencia se desaparezca, la tolerancia será bandera (...) Ingrato, como madre yo reclamo, ni una más es lo que pido, ningún macho abusivo violará a una chava".
La reversión de “Ingrata” aparece luego de una nueva irrupción del movimiento de mujeres mexicano. Minutos antes de que se presentara, el escenario fue copado por el colectivo de mujeres mexicano que realizó junto a la banda la perfomance “Un violador en tu camino”.
2019 fue un año de grandes movilizaciones de mujeres en México: por la legalización del aborto en todo el territorio y, especialmente, contra los femicidios. Se calcula la alarmante cifra de que en México siete mujeres son asesinadas por día y las denuncias contra todo tipo de agresiones a las mujeres están en crecimiento. En agosto, la movilización #NoMeCuidanMeViolan tras la violación de cuatro policías a una mujer menor de edad ganó las calles de todo el país durante varios días. El 25 de noviembre, Día internacional contra la violencia hacia la mujer, miles de mujeres se volvieron a movilizaron contra los femicidios y por el aborto legal, que fue acompañada los días previos por la campaña de denuncia #CruzadaConNosotras de instalación de cruces rosas que simbolizaban los femicidios. También hubo importantes movilizaciones en la Universidad Nacional Autónoma de México contra los acosos dentro de la institución. El 25D, en el Zócalo, centro político de la Ciudad de México, la movilización se denunció la responsabilidad del Estado y sus instituciones por la gravísima situación de las mujeres mexicanas, frente a un Gobierno que responde echando mano a los militares. La vía de la movilización independiente abre el camino al movimiento de mujeres mexicano.

Fermín KV

Francia: la huelga de masas y el papel de la izquierda

El pasado martes tuvo lugar otra jornada de lucha en Francia, con huelgas y manifestaciones. Las centrales sindicales fijaron esta fecha poco después de la jornada del jueves 5; en realidad es la fuerza del movimiento -ante todo la masividad de la huelga reconductible ferroviaria- algo así como una huelga indefinida-, de los subtes, de los maestros y profesores y del personal de los hospitales- la que impuso una fecha tan próxima. El gobierno, asustado con el millón de personas en la calle, hará los anuncios “definitivos” sobre la reforma jubilatoria este miércoles 11, donde espera preservar las medidas fundamentales del proyecto de liquidación de las jubilaciones por reparticiones, realizando concesiones secundarias. La huelga va a continuar y ya se anuncia una nueva jornada para el jueves 12. Es posible que se extienda a nuevos sectores y se incorporen crecientemente las grandes fábricas.

La crisis capitalista

Estamos frente a un período histórico de huelga de masas y no sólo en Francia. Los historiadores nos dirán dentro de muchos años cuando comenzó exactamente. Desde el punto de vista de la lucha de clases podemos decir que fue en noviembre del 2018 con la revuelta de los chalecos amarillos: una reacción popular, de movilización y lucha, contra las consecuencias de la crisis capitalista y contra el poder político. Ningún partido de izquierda, ni ningún sindicato, estuvieron en el origen de esta reacción popular. Por el contrario, la izquierda y las direcciones sindicales eran portadores de la derrota, de la adaptación a las necesidades, bien que reaccionarias, del régimen político y social. Como ya sucedió muchas veces, y volverá a suceder, un acontecimiento que puede considerarse como menor -un aumento de impuestos-provocó la furia de los sectores más pobres de la población, que salió a las calles. El movimiento impresiona sobre todo por su constancia, su capacidad de resistencia a una represión feroz sin antecedentes, su tozudez con manifestaciones todos los sábados, su organización en miles de grupos locales y su difusión nacional.
Estamos ante una crisis histórica que necesariamente afecta a las condiciones elementales de vida de la clase obrera y de la población. El capitalismo se ve obligado a agudizar los términos de su explotación: aparecen y reaparecen los rasgos más bárbaros, y cada burguesía, en competencia con las otras en el mercado mundial, no se fija ningún límite.
A la manera bonapartista de la V República, el gobierno de Emmanuel Macron representa esta política, a la que quiere darle una cobertura liberal. Es la destrucción de las conquistas obreras, de la salud, de la educación, de los mecanismos de protección social. Se trata de un cambio de escala en relación a los gobiernos burgueses anteriores. Por esto, sus rasgos son también la represión brutal, la “sociedad de vigilancia”, las patrullas permanentes en los barrios populares, la xenofobia. Finalmente, es el militarismo y la intervención imperialista en África. Se trata, sin embargo, de un imperialismo en retroceso. Su lugar en el mercado mundial es cada vez menor, con la descomposición de la Unión Europea de trasfondo.
Lo que resalta ante todo, en el movimiento de los chalecos amarillos, es que cualquier movilización popular contra tal o cual medida choca con el régimen político en su conjunto y pone a la orden del día un escenario de crisis. El intento de liquidar el sistema actual de jubilaciones provocó un salto cualitativo en este enfrentamiento. La huelga de masas con la intervención directa de la clase obrera quedó a la orden del día y el “detalle” que la desencadenó fue la enorme huelga de los subtes del 13 de septiembre.

Las reacciones de la izquierda

A causa de su rutina política, las organizaciones de izquierda (salvo excepciones) jugaron un rol menor en el movimiento de los chalecos amarillos. La intervención de los sindicatos ha modificado en parte esta marginalidad, pero sólo en parte.
Dejando de lado a La France Insoumise, que reúne todos los defectos de Podemos -llegar al poder como sea a través de las instituciones, ahora proponiendo una alianza con los ecologistas y negando una y otra vez la lucha de clases- sin tener ninguna raíz en los “movimientos sociales”; la cual fracasó también con los chalecos amarillos, tratando de utilizarlos como palanca de su demagogia; lo que nos interesa es la izquierda anticapitalista.
Esta izquierda entra en esta etapa de la huelga general con un hándicap histórico: no existe un agrupamiento sindical clasista, de lucha de clases, que pueda proponer y desarrollar políticas alternativas y opuestas a las de las de las burocracias sindicales.
Lutte Ouvrière, que es la organización con más militantes e intervención en los sindicatos, saca un volante nacional, el lunes 9, que se reproduce en los boletines de fábrica, en la que invita a los obreros a que “seamos lo más numerosos posibles en huelga y en la calle”, sin fijar ninguna política, ninguna orientación, ni ninguna proposición. Si se les pregunta que tiene que hacer un obrero consciente contestarán diciendo: hay que incorporarlo a LO, para que reparta más boletines llamando a ser numerosos. Por lo mismo, no hay ninguna caracterización política, ninguna referencia a la crisis capitalista. Se acompaña simplemente el movimiento de los sindicatos. Es una incomprensión de la naturaleza del período, del lugar de las direcciones, y de la necesidad de construir una dirección revolucionaria. La constancia militante de LO no tapa estos agujeros negros.
Una organización política está para proponer una orientación y y contribuir a la organización, que puede ser decisiva, para una intervención independiente. Por ahora, la organización de estas jornadas nacionales a caído en manos de las direcciones sindicales, las cuales a su vez tratan de controlar el proceso en curso. Esta crisis de dirección tiene que ser planteada, lo que no impide que se hagan avances efectivos en la intervención, partiendo de dtar a la huelga de una perspectiva política, a través de asambleas generales en los lugares de trabajo para decidir día a día sobre la continuidad de las medidas, el retiro del proyecto de reforma jubilatoria, que la crisis la paguen los capitalistas y el fuera Macron y su gobierno.
En otro casillero del tablero tenemos al NPA (Nuevo Partido Anticapitalista), el que se encuentra en una crisis, probablemente, terminal, que podría arrastrarse durante mucho tiempo. Actualmente se trata de una federación de tendencias, con estructuras independientes, que no respetan un atisbo de disciplina partidaria, con excepción de las reuniones de su Comité Nacional. La mayoría, o más bien la ex mayoría, ligada al Secretariado Unificado, repite ahora su política habitual: formar un frente de la “izquierda de la izquierda” que se adapte a las políticas de las burocracias, y donde su contribución al movimiento consiste en la hazaña de firmar una solicitada común con toda suerte de militantes y corrientes, incluso con las fracciones interiores al NPA que caracterizan a esta mayoría como obsoleta, reformista e inútil. La dificultad de este sector del NPA es que en Francia no puede repetir la experiencia española de Anticapitalistas y contribuir a la construcción de Podemos. Carece de una política propia.
Por su parte, la CCR (Corriente Comunista Revolucionaria)- estructura francesa de la Fracción Trotskista, corriente internacional del PTS argentino- es una fracción del NPA y tiene una autonomía total como las otras fracciones. Su teórico, Juan Chingo, publica el 8 de diciembre en Révolution Permanante un artículo de conjunto sobre la huelga general. Hay muchas afirmaciones generales correctas. En cambio, la idealización de la situación actual de la huelga compromete el análisis, con dos o tres errores graves.
El más serio se refiere a la construcción del partido revolucionario en Francia y el NPA. Chingo afirma que hay que organizar un partido obrero revolucionario y que es “tiempo para que las direcciones de las principales organizaciones de extrema izquierda tomen sus responsabilidades y dediquen toda su energía a este objetivo”. Ahora bien, con la dirección del NPA (y de LO) se pueden hacer muchas cosas pero no construir un partido revolucionario. Está claro que a convocatoria en estos términos plantea ampliar a gran escala la experiencia fallida del NPA, para construir una organización centrista con un barniz de izquierda. La CCR tiene un objetivo estratégico erróneo de construcción revolucionaria.
La política y la naturaleza de las burocracias sindicales están mal caracterizadas, con el mismo barniz centrista. Para Chingo, las direcciones sindicales “tratan de limitar las potencialidades del movimiento en lugar de desarrollarlas”. Son conservadoras. Claro que lo son, si se dice claramente que tienen una política contrarrevolucionaria que trata de ahogar el movimiento y no de limitarlo. No ponemos un signo igual, por supuesto, entre la dirección de la CGT, que llama con otras confederaciones a las jornadas de acción, y la dirección de la CFDT, que llama a colaborar con el gobierno. Pero decimos claramente que una intervención independiente de la clase obrera y de sus militantes revolucionarios pasa por avanzar con una política contraria a la de la burocracia para construir canales de lucha independientes. Por ejemplo, llamamos a Asambleas Generales para que las bases tomen la huelga en sus manos y no para que la burocracia se despache con sus discursos.
Por estas razones, la CCR tampoco llama a desarrollar un agrupamiento clasista. Embellece las reuniones interprofesionales, como si fueran asambleas soviéticas. Son reuniones con muchos activistas de las organizaciones anticapitalistas y poco efectivas como elementos de coordinación e intervención de la clase obrera. Mientras la actividad debe concentrarse en las Asambleas Generales y en la formación de Coordinadoras, agrupando genuinamente a los activistas. Con las huelgas y las jornadas de movilización callejera, los activistas sindicales son el terreno fértil para avanzar en la construcción de una alternativa revolucionaria, sindical y política.

Y ahora qué

Las próximas horas y días son decisivas. A pesar de los obstáculos, el movimiento obrero ha ganado la iniciativa. El gobierno está retrocediendo: está enredado y por ahora no ha sabido definir siquiera una línea coherente, más allá de la represión. Muy difícilmente podrá escapar a una crisis política que modifique de manera radical las relaciones entre las clases. Los militantes clasistas y revolucionarios y sus agrupamientos están frente a enormes desafíos.

Roberto Gramar

Con complicidad de sectores del PC y el Frente Amplio, Piñera impone ley contra huelgas y piquetes

Con la complicidad de la oposición, incluida la proclamada centroizquierdista o izquierdista, el gobierno chileno de Sebastián Piñera viene de obtener una legislación que fortalece el poder de fuego del Estado contra la rebelión popular que atraviesa al país, atropellando el derecho a huelga y de movilización del pueblo trabajador.
La ley fue denominada “antisaqueos” y tramposamente presentada como un intento de combatir a la violencia, ello por parte de un gobierno responsable de centenares de manifestantes que han quedado sin ojos por la represión, de detenciones ilegales a mansalva, de violación por parte de los agentes represivos a las y los detenidos, de la muerte de activistas, como parte de una lista interminable de crímenes.

Prohibido movilizarse

Aprobado el miércoles 4 en la Cámara de Diputados –con 127 votos a favor, 7 en contra y 13 abstenciones- y el jueves 5, en general, en el Senado -33 a favor, dos en contra y dos abstenciones-, la norma modifica el Código Penal estableciendo que “quien tome parte violenta y activamente en un hecho constitutivo de desorden público durante una manifestación o reunión pública será sancionado” con penas de entre un año y medio y cinco años.
Entre los hechos que define como tales se incluye la “paralización o interrupción de algún servicio público de primera necesidad, entendiéndose por tales los servicios de transportes, hospitalarios, de emergencia, de electricidad, de combustible, de agua potable y de comunicaciones”, con lo que se prohíbe ejercer la huelga a amplios sectores de los trabajadores públicos y privados, al tiempo que se persigue a quienes tomen acciones como las que desataron la rebelión, con la juventud protestando en el sistema de transporte contra la suba del boleto.
A su turno, prohíbe “usar o usurpar bienes inmuebles de carácter industrial, comercial o agrícola, ya sean de carácter público o privado”, disparando contra las ocupaciones de fábricas y empresas que constituyen acciones clave en las luchas en defensa del trabajo y del salario, todavía más en un país donde la sindicalización es bajísima y en buena medida por empresa y no por rama (ergo, más débiles). Y contra las tomas de terrenos, cuando son más de 2 millones los chilenos con déficit habitacional y el pueblo mapuche sigue obligado a batallar por las áreas que le fueron sustraídas por los capitalistas.
La norma penaliza la utilización de elementos para “impedir coactivamente la libre circulación de las personas o vehículos”, es decir, cualquier tipo de piquete. También el lanzamiento de objetos, pretendiendo dejar inermes a los manifestantes –y el conjunto de la población- ante las avanzadas criminales de Carabineros y militares, que han cobrado notoriedad internacional por su brutalidad.

Vergüenza nacional

El proyecto fue presentado por parlamentarios de la derecha oficialista de Chile Vamos, y de la opositora Democracia Cristiana y contó con el apoyo de la práctica totalidad de la oposición. En ello se incluyen numerosos parlamentarios del centroizquierdista Frente Amplio, como el ex dirigente estudiantil Gabriel Boric, quien luego se excusó diciendo que lamentablemente se ha entendido la ley “como una criminalización a la movilización” (es decir, como lo que es) y que ellos solo buscaban “dar una señal” contra los saqueos –o sea, aparecer como un factor de gobernabilidad del Estado capitalista. El FA también aportó con una suma de abstenciones, al igual que parlamentarios del Partido Comunista como Karol Kariola. Solo unos pocos representantes de estas fuerzas votaron en contra. En estos días se discuten las “indicaciones” al proyecto votado en general, donde desde el FA buscarán colar matices para camuflar su carácter represivo.
Esta misma oposición es la que misma que busca desviar la rebelión popular, ya sea por la vía del “pacto social” con Piñera y una asamblea constituyente absolutamente regimentada, o por medio de una acusación constitucional que traslada el eje de la calle al parlamento (PC).
La ley contra la movilización popular se integra en un amplio paquete de reforzamiento represivo impulsado por Piñera, que incluye entre otros un proyecto para poner a los militares a “custodiar la infraestructura crítica del país” –que el mandatario presenta extorsivamente como la alternativa al estado de sitio, y está en tratativas en el Senado- y la “ley antiencapuchados”, aprobada recientemente por esa misma cámara.
En la búsqueda por garantizarse su subsistencia, el régimen “democrático” de expoliación y precarización de la población hace cada vez más claro su carácter de heredero del pinochetismo. Los rebeldes de Chile tienen planteada una gran movilización por la caída de esta ley y de todas las normas represivas; por la salida inmediata de Piñera y por una asamblea constituyente y soberana convocada por las masas en lucha, por la refundación del país por parte de los trabajadores.

Tomás Eps

Nuevos desafíos

Los trabajadores frente al gobierno de Alberto Fernández

Mientras se agita para las tribunas que la prioridad son las condiciones de vida de los argentinos, la economía en su conjunto girará en torno al pago de la deuda

No se puede pasar por alto el hecho de que en su primera actividad como flamante presidente, Alberto Fernández iba a recibir a Mauricio Claver Carone, director de asuntos para el Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional enviado por Donald Trump. Carone fue director ejecutivo interino de Estados Unidos en el Fondo Monetario Internacional y será un interlocutor clave en el proceso de renegociación de deuda. Pero todo empezó mal: el funcionario, molesto por la presencia de un ministro de Nicolás Maduro, de Rafael Correa y por los rumores de un posible asilo a Evo Morales, se tomó el palo y ni presenció la jura. En su lugar, aceptando el desaire, el presidente aceptó reunirse con un funcionario de cuarto orden, Michael Kozak.
La masividad de la Plaza de Mayo dejó oculta esta circunstancia palaciega. El fervor por la salida de Macri fue hábilmente explotado por la coalición pejotista que se ha hecho del poder, pero el incidente con los representantes del imperialismo es expresivo del verdadero escenario que afronta el gobierno, al igual que la caída de la Bolsa con que fue recibido el flamante presidente y su vice. Aún cuando en los palcos de la jura estaba el “tout” de la burguesía, desde el presidente de la Sociedad Rural, hasta el de la UIA, pasando por Bulgheroni, Eurnekian y algún CEO de Clarín.

La ficción de un nuevo ciclo

Fernández en su discurso inaugural pretendió vender la idea de un nuevo ciclo donde Argentina recuperaría autonomía en sus decisiones. Días previos, el nuevo mandatario anunció que no solicitaría el desembolso de los tramos faltantes del préstamo otorgado por el Fondo, de modo de liberarse del monitoreo y control del FMI. Lo cierto es que mientras se bate el parche sobre la autonomía, las tratativas con el organismo están en marcha. Como lo confesó Alberto Fernández, se viene trabajando “silenciosamente” con dicho organismo”, sin dar ningún detalle sobre la negociación en curso que se lleva adelante completamente a espaldas del pueblo argentino.
Los condicionamientos del imperialismo, agreguemos, están en todos los planos. EEUU incluye en las negociaciones un alineamiento con la política yanqui respecto a Venezuela y poner un freno a la presencia china en el país y la región. La decisión de poner aranceles al acero y aluminio para los productos provenientes de la Argentina es un aviso de las presiones de las que se valdrá el imperialismo y que ya ha comenzado a implementar sin esperar que asuma el Frente para Todos.
El gran capital no se privará de marcarle la cancha al nuevo gobierno. Por lo pronto, tras el discurso de Alberto Fernández, el Merval se desplomó 4,8%. Los acreedores piden definiciones. En Wall Street fue visto con agrado el plan del ministro Martín Guzmán para la deuda: la suspensión del pago de capital e intereses por dos años e incluso con un quita reducida, significaría un rescate de los bonos a una cotización muy superior a la que hoy tienen en el mercado, que oscila alrededor del 40%. Pero los bonistas, además, exigen a cambio de una postergación, garantías del repago de la deuda. Y esto pone sobre el tapete el monitoreo de las cuentas y por lo tanto de la auditoría del FMI. La expectativa de eludir al FMI es infundada.
Mientras se agita para las tribunas que la prioridad son las condiciones de vida de los argentinos, la economía en su conjunto girará en torno al pago de la deuda, hasta el punto tal que la sanción del presupuesto, “la ley de leyes”, quedó relegado para marzo o abril una vez conocidos los resultados de la renegociación con los acreedores, que el gobierno estima concluir en esa fecha. Una vez más, los aspectos determinantes de la economía nacional serán decididos en Washington y Nueva York. A eso llamó AF “empezar por ordenar la macroeconomía”. Los primeros cuatro meses gobernarán con la vuelta de los “superpoderes”, traficados como “emergencia económica” que se enviará al Congreso junto a la emergencia en salud y tal vez alguna emergencia más.

El paquete en marcha

Pero el gobierno ya viene dando las primeras pistas del paquete que se implementaría. Guzmán prepara una reforma jubilatoria. “Se buscará reformar casi de inmediato la fórmula de actualización de los haberes jubilatorios. Para ello se enviará un proyecto de ley para ser tratado en sesiones extraordinarias” (La Nación, 8/12). La movilidad actual toma como base la inflación pasada y la intención del gobierno sería que empiecen a tomarse otros indicadores -la inflación futura- en nombre de desmontar las expectativa inflacionarias.
Estamos en presencia de una nueva confiscación de los jubilados, a quienes se les amputará parte de la recomposición de sus haberes del año 2019 de altísima inflación. Como viene ocurriendo a escala mundial (Francia, Brasil, Nicaragua) la reforma jubilatoria es una pieza clave del ajuste, pues los recursos para pagar la deuda provienen de los recortes que se hacen de las jubilaciones, que tienen un peso significativo en el gasto público. Este peso en el gasto, en la Argentina, es derivado de las rebajas de aportes patronales que se vienen aplicando desde los ’90, durante el kirchnerismo (ley Pymes y falso blanqueo laboral) y acentuada bajo el gobierno Macri.
La “desindexación” es la pantalla, asimismo, que se pretende utilizar para un nuevo ataque al salario. El ministro de Trabajo elabora, con el aval de la CGT y la UIA, un acuerdo de precios y salarios, que contempla una postergación momentánea de las paritarias de 2020, a cambio de un aumento general y no remunerativo por decreto para los trabajadores bajo convenio. Una suma que oscilaría entre los 6000 y 10000 pesos, que sería en cuotas y a cuenta de futuros aumentos.
La referencia en el discurso de AF acerca de que “la economía popular, el cooperativismo y la agricultura familiar” serán un pilar de desarrollo económico, revela que hay una decisión política de promover el trabajo por fuera de los convenios colectivos. Una variante de reforma laboral, que se une a los planes por introducir cláusulas de flexibilización en los convenios vigentes. En el mismo sentido apunta el anuncio de becas estatales para que estudiantes se capaciten trabajando en empresas, lo cual es otra vertiente de precarización laboral y subsidio a las patronales. Los planes del gobierno no contemplan ninguna medida para frenar los despidos, ni siquiera la doble indemnización que existió bajo la época de Duhalde.
Aunque el nuevo mandatario habla de poner plata en el bolsillo de los que menos tienen, la emisión monetaria tiene como principal destinatario a la burguesía nacional y no a la población necesitada. El gobierno pretende desdolarizar las tarifas pero a cambio de ello plantea otorgar compensaciones a las empresas privadas. Subsidios semejantes están contemplados para las petroleras en Vaca Muerta.
De conjunto, los planes del gobierno prevén incentivos fiscales, exenciones impositivas y de cargas sociales a los capitalistas y tasas de interés subsidiadas. La envergadura de la crisis económica, atravesada por la guerra comercial y monetaria y la amenaza de una nueva recesión mundial, está poniendo en juego la sobrevivencia de grupos capitalistas. La noticia de que firmas líderes como Vicentín o Celulosa no pueden pagar sus deudas ha encendido las alarmas del mundo empresario y financiero, con más razón cuando dichas empresas están concentradas en los agronegocios, considerados una de las ramas más lucrativas y con más posibilidades de expansión.
El fantasma del default no sólo acecha la deuda soberana sino que se extiende a la corporativa. El rescate que promueve AF, sin embargo, no garantiza salir del impasse económico y menos aún, un relanzamiento productivo, como tampoco de la cesación de pagos, pero es sufriente para entrar en choque con los bonistas y el propio FMI, quienes quieren que los recursos sean destinados al pago de la deuda y privilegian, por sobre todas las cosas, que haya un superávit fiscal para asegurarlo.

Perspectivas

El nacionalismo burgués aborda esta nueva etapa con muchos menos márgenes de maniobra, en un escenario mundial muy distinto que el que enfrentó el kirchnerismo al comienzo de su mandato. La bancarrota capitalista socava toda base de sustentación de los regímenes latinoamericanos, ya sean derechistas o “nacionales y populares”. El indigenismo boliviano, que era elogiado y considerado una referencia para el continente hasta hace muy poco, no ha logrado sustraerse a esta tendencia.
Este cuadro realza más el sostenimiento y colaboracionismo por parte de los dirigentes sindicales y de los movimientos sociales cooptados por el gobierno. Sin su concurso, no podrían pasar los planes que el nuevo gobierno tiene en carpeta. La política confiscatoria va de la mano con un reforzamiento de la estatización de los sindicatos. El “pacto social” se inscribe en esa dirección, del mismo modo que la formación de un Consejo Económico y Social que implicará una institucionalización de ese proceso de estatización, para atacar las protestas y reclamos que desafíen esta malla de contención. El Vaticano y la Iglesia son parte de la operación política. No es casual que en el discurso inaugural de AF la palabra aborto haya brillado por su ausencia. Fernández participó junto con Macri en la homilía en Luján previa a su asunción, que forma parte del operativo para garantizar una transición ordenada que tiene al Papa Francisco como uno de sus mentores.
La renuncia a defender la cuestión de la legalización del aborto, después de haberlo prometido semanas atrás, debe ser motivo de debate en todas las organizaciones de lucha por los derechos de la mujer. La respuesta tiene que ser masiva y en las calles, contra este avance clerical.
La base fundamental de una política de la clase obrera en esta etapa es la defensa rigurosa de la independencia política de los trabajadores, la autonomía de sus organizaciones respecto del Estado y la acción inmediata y sin condicionamientos por nuestros reclamos. Al Pacto Social llamamos a oponerle un Congreso de Bases de los trabajadores ocupados y desocupados para debatir nuestros reclamos, impulsar un plan de lucha para derrotar la nueva ofensiva que se prepara y discutir un programa propio de salida a la crisis nacional.
La paritaria exitosa del Sutna, las luchas del Polo Obrero y otras organizaciones de desocupados que no están en tregua, la victoria de la huelga de residentes y concurrentes, las duras luchas fabriles como Kimberly Clark o Molinos Minetti, muestran las reservas y las tendencias de lucha que anidan entre los trabajadores. Apoyemos con todo cada lucha y llevemos esta perspectiva al conjunto de los trabajadores, impulsando una amplia deliberación en todos los movimientos: los sindicatos, las organizaciones de la mujer y de la juventud.

Pablo Heller

"Los golpistas serán juzgados por las masacres"

El expresidente de Bolivia, Evo Morales, destacó un informe presentado por la CIDH

El organismo aconsejó crear un "grupo internacional de expertos independientes" para investigar las matanzas de Sacaba y Senkata e "identificar debidamente a los responsables". El gobierno de facto rechazó el informe.

El expresidente de Bolivia, Evo Morales, aseguró que los principales involucrados en el golpe de Estado serán juzgados por las masacres cometidas en las poblaciones de Sacaba y Senkata. Morales destacó el informe preliminar presentado por una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que confirma las masacres cometidas en ambas regiones. La CIDH aconsejó crear un "grupo internacional de expertos independientes" para investigar los crímenes e "identificar debidamente a los responsables". El gobierno de facto rechazó el informe de la comisión, al que calificó de "sesgado" y favorable al "narcoterrorismo" en el país.
"El informe de la CIDH confirma que hubo masacres contra mis hermanas y hermanos en Sacaba y Senkata. Los golpistas Añez, Camacho, Mesa y todos los que dispararon, creyeron que podían matar sin ninguna consecuencia", escribió el líder boliviano en su cuenta de Twitter.
"Ahora serán juzgados por tribunales nacionales e internacionales", agregó Morales, obligado a abandonar Bolivia el 10 de noviembre tras un golpe de Estado encabezado por la derecha opositora con el respaldo de las fuerzas armadas y la policía.
Un extenso informe difundido en las últimas horas por la CIDH califica de "masacres" las muertes de civiles en dos ciudades bolivianas, entre otras posibles violaciones de derechos humanos tales como "ejecuciones extrajudiciales". En ese sentido, aconseja crear un "Grupo Internacional de Expertos Independientes, con garantías de autonomía e independencia para asegurar el derecho a la verdad e identificar debidamente a los responsables".
El informe es el resultado de una visita de observación de la comisión por "invitación del Estado" boliviano entre los pasados 22 y 25 de noviembre a cuatro ciudades de Bolivia, entre ellas Sacaba y El Alto. La comisión confirmó que desde los comicios del pasado 20 de octubre murieron 36 personas por la violencia y la represión estatal en el país.
“La delegación de la CIDH recibió abundante información sobre dos masacres cometidas en Sacaba y en Senkata, los días 15 y 19 de noviembre, respectivamente, en las cuales perdieron la vida por lo menos 18 personas”, expresa el documento. El informe advierte que en ambos casos fuerzas conjuntas policiales y militares "habrían abierto fuego contra la población civil".
Para la CIDH, estos hechos pueden caracterizarse como masacres "dado el número de personas que perdieron la vida en un mismo modo, tiempo y lugar, y a que se cometieron en contra de un grupo específico de personas". El documento alerta además sobre casos de "incitación a la violencia y a la discriminación étnica y racial", y condena al Estado por "la persecución penal de los opositores políticos".
Si bien la comisión aseguró que el gobierno interino de Bolivia se mostró desde un principio "plenamente de acuerdo" con una investigación internacional, horas más tarde el ministro del Interior, Arturo Murillo, refutó esa versión. Respondió "con mucho dolor" al informe, por considerarlo "totalmente sesgado" y porque "no refleja la realidad".
"Está favoreciendo solamente al narcoterrorismo", lamentó Murillo en rueda de prensa, horas después de la publicación del documento. "Lo vamos a revertir y mostrar las pruebas de lo que ha sucedido en nuestro país", dijo el ministro.

Página/12

La movilización en Colombia no se apaga

En Colombia continúa el proceso de movilizaciones contra el paquetazo de medidas ajustadoras y privatistas de Iván Duque. Este martes 10, hubo concentraciones en todo el país que añadieron a los reclamos un aumento del salario mínimo, dado que se está discutiendo su actualización anual. El 4, por tercera vez en veinte días, los trabajadores y la juventud colombiana desarrollaron un cese de actividades convocado por el comité nacional de paro (que nuclea a la CUT, la CGT y la CTC).
El rechazo a la gestión de Iván Duque alcanzó, según la encuestadora Invamer, el 70%. El país vive cacerolazos, marchas y “plantones” estudiantiles, y las organizaciones indígenas se han sumado también a la lucha. El domingo hubo un masivo festival musical, “Un canto por Colombia”, en el cual artistas muy conocidos expresaron su apoyo a las protestas. El clima se extendió incluso a las canchas de fútbol: durante el partido de América Cali-Santa Fe, la hinchada coreó al unísono “Uribe, paraco, el pueblo está berraco” (enojado). Alvaro Uribe, ex presidente conocido por sus vínculos con paramilitares (de ahí lo de “paraco”), es socio político de Duque.
El empuje de las masas ha obligado a las centrales sindicales a ir más allá de lo que deseaban. El titular de la CGT había planteado, tras el histórico paro y movilizaciones del 21, que debía “volver la normalidad” al país. Pero esa misma noche se produjeron cacerolazos masivos y en los días siguientes hubo nuevas protestas, en el curso de las cuales la represión criminal del Esmad (Escuadrón Móvil Antidisturbios) se cobró la vida del joven Dilan Cruz. Ante esta presión popular, las centrales sindicales debieron convocar nuevas medidas. Pero el propósito de desmovilizar y regimentar sigue intacto. Tras la jornada del 10, las centrales quieren suspender las medidas de fuerza por el resto del año. "Nosotros entendemos que esta es una época de fiesta, incluso de descanso", intentó justificar un vocero de la CUT (El Tiempo, 10/12).
Esto cuando la movilización ha planteado la posibilidad de derrotar a Duque.

Mesa de negociación

Como resultado de las gigantescas protestas, el gobierno derechista propuso una serie de diálogos con los partidos de la oposición y las organizaciones que llevan a cabo las protestas. Ya se han dado algunas reuniones con el comité nacional de paro, pero han fracasado.
El proceso de negociaciones no impide que Duque siga tratando de hacer pasar su paquete de ajuste. Ya avanzó en la constitución de un holding financiero, privatizando el sistema financiero público, y está buscando una mayoría en el Congreso para imponer una reforma tributaria que beneficia a los grandes capitalistas. En este punto, el partido de Duque (Centro Democrático) depende del apoyo de otras fuerzas (Cambio Radical, Partido de la U). En carpeta están una reforma laboral y previsional reaccionarias.
Con tan solo quince meses de gestión, Duque demostró ser un alfil del FMI y del imperialismo. Se alineó a la cruzada de Trump contra Venezuela y retomó la fumigación aérea con glifosato de los cultivos de coca. Los activistas sociales siguen muriendo a manos de las bandas paramilitares.

Luchar hasta vencer

Si bien desde hace meses los trabajadores se movilizan, el 21N marcó un punto de inflexión. El pueblo parió una rebelión inusitada, concordante con el resto de Latinoamérica (Haití, Ecuador, Chile, la movilización antigolpista en Bolivia), exponiendo su hartazgo ante la desigualdad social, el desempleo galopante y los constantes golpes a las reivindicaciones de la juventud. Se vuelve a demostrar que las recetas del FMI son contrarias a las necesidades de los trabajadores.
Por un congreso de bases del movimiento obrero y la huelga general para derrotar a Duque.

Álvaro Chust