Bolsonaro contrae la “gripezinha”

El presidente Jair Bolsonaro confirmó este martes que padece coronavirus, la enfermedad que había descalificado de manera contumaz y que ya se cobró la vida de más de 65 mil brasileños.

El negacionismo del presidente brasileño y el rechazo a las medidas de aislamiento social ha tenido el propósito de resguardar los intereses de la burguesía brasileña, que presionó para mantener la actividad económica en marcha, aun la no esencial, a costa de la salud de la población. Los gobernadores, conscientes de que el negacionismo presidencial los llevaba al desastre, recurrieron a la Corte Suprema y lograron el aval para instrumentar cuarentenas en sus estados. Sin embargo, se trató de cuarentenas parciales, que fueron flexibilizando al calor de los reclamos de los grandes empresarios.
Los resultados de esta política son catastróficos. Brasil es el segundo país más afectado del mundo por el Covid-19, solo por detrás de Estados Unidos. Las cifras oficiales indican más de 65 mil muertos y 1,6 millones de infectados. Sin embargo, los números reales pueden ser mucho mayores, dado que muchos casos se estarían disimulando, haciéndolos pasar por enfermedades conexas, cuyos registros han crecido enormemente estos meses.
El crecimiento de la curva de contagios ha llevado al sistema de salud al límite y al colpaso en algunos estados. En este contexto, Bolsonaro y los gobernadores se tiran unos a otros la pelota de la responsabilidad política. Ya infectado, el presidente dijo a los medios que la gestión de la pandemia “cabe a los gobernadores y prefectos, según la decisión de la Corte”, al mismo tiempo en que insistía en que la economía no se puede parar. Como parte de la crisis por la gestión del Covid-19, cayeron dos ministros de salud.
A la par de la pandemia, que ha sumergido a Brasil en la que puede ser la peor recesión de su historia (según el pronóstico del Deutsche Bank), Bolsonaro se ha lanzado a descargar el peso de la crisis sobre los hombros de las masas. Acaba de ratificar una medida que habilita la reducción temporal de salarios y la suspensión de convenios colectivos. El desempleo ha trepado casi al 13%, pero estos registros no cuentan a los desalentados que ya no buscan trabajo ni a los subocupados. En este contexto, se han dado algunos procesos de lucha como el paro de los repartidores del 1 de julio. Los trabajadores del subte de San Pablo podrían ir al paro contra los recortes salariales.
La crisis política en Brasil se ha ido agudizando en el marco de la pandemia. La Corte ha abierto una investigación contra el mandatario, por intentar copar la Policía Federal para bloquear investigaciones en su contra, que puede culminar en su destitución. En el Congreso se acumulan los pedidos de impeachment. Bolsonaro intenta frenar esta embestida por medio de un pacto con el “centro” político, que cuenta con 200 diputados, y reforzando los lazos con las Fuerzas Armadas, que gozan de mucho peso en el gabinete. La situación es convulsiva. La reciente detención de Fabricio Queiroz, quien fue jefe de gabinete de uno de los hijos de Bolsonaro, es un nuevo revés para el presidente.
La imagen del gobierno se sigue deteriorando y pese a las dificultades de la pandemia, hay movilizaciones de repudio como las “manifestaciones antifascistas” que tuvieron lugar durante varios fines de semana. Para el 10 de julio, numerosas organizaciones sindicales y sociales están convocando una jornada nacional por “Fuera Bolsonaro”.
Sin embargo, la CUT y el PT ponen el centro de su acción en el Congreso y en las elecciones municipales que deben tener lugar este año. No buscan derrotar al gobierno por medio de la lucha de las masas sino que levantan un planteo institucional y de convergencia con la derecha opositora.
La lucha por echar a Bolsonaro-Mourao requiere el protagonismo del movimiento obrero, con un plan de lucha en las condiciones que lo permita la pandemia, en la perspectiva de la huelga general. Fuera Bolsonaro-Mourao y todo el régimen corrupto. Por una asamblea constituyente libre y soberana que reorganice el país sobre nuevas bases sociales.

Gustavo Montenegro

Chile: El fracaso del gobierno y la respuesta de la clase obrera

A pesar de la dura represión desatada en el país y que dejó un caído en Melipilla -cuya muerte la policía achaca a los mismos manifestantes-, este 2 y 3 de julio se desarrolló una gran jornada de movilización nacional por la revocatoria del gobierno. Las protestas, protagonizadas principalmente por la juventud, dejaron sentado el Fuera Piñera como el planteo central frente al naufragio de su política económica y sanitaria. Las recientes jornadas confirman la patencia de la rebelión popular y la vigencia del pliego reivindicativo -y las principales consignas- que, nuevamente, el movimiento de masas plantó en las calles.
En materia sanitaria, a pesar de la “leve mejora” pregonada por Enrique París, este sábado se registró una nueva alza nacional en los casos de contagio por Covid-19 -superando las 6 mil víctimas fatales (sólo con PCR) y ubicando a Chile en el 6to país del mundo más afectado por el virus. Respecto del Colegio Médico, esta vez Siches criticó el peligroso discurso triunfalista del gobierno y rechazó la presión de éste y de la patronal por la reactivación productiva en las próximas semanas (sic). Lo anterior, lejos de distender la situación bajo un criterio común, continúa las tensiones entre ambas entidades; bajo la fachada de ser la “autoridad sanitaria”, el Colmed ha pretendido absorber gran parte de la crisis política en curso -a cuya cola se ha ubicado la “oposición” prácticamente de conjunto- para sostener al régimen.
En general, el criterio fascistoide del gobierno en el manejo de la crisis es cuestionado inclusive por la opinión pública. El caso de Fruna (industria de confites que mantenía una guardería clandestina para que sus operarias pudieran dejar a sus hijos e hijas mientras ellas trabajaban) es representativo de lo anterior al evidenciar el profundo nivel de explotación al que están sometidos las y los trabajadores, y la nefasta política de mantener en actividad a sectores no esenciales en estas condiciones.
La política capitalista-pinochetista es hambre y miseria
Según la ONU para la alimentación y la agricultura -a las 600 mil ya existentes en Chile- se sumarán más de 400 mil personas al padecimiento de la insuficiencia alimentaria severa que, por ahora, el pueblo ha combatido con ollas comunes en todo el país. Piñera, por el contrario, lejos de dar una salida en este respecto, en su último anuncio se limitó a ofrecer concesiones a las masas que, bajo el velo de “ayuda para la clase media”, sólo buscan sobreendeudar aún más a los trabajadores y la juventud.
Por su parte, frente a cada embate de la crisis capitalista y pandémica a la fuerza de trabajo, las medidas del gobierno -aún cuando éste ladra lo contrariohan sido opuestas a la lógica de la “protección al empleo” ya que, a la fecha, el castigo de la cesantía afecta a más de dos millones de personas -y sigue en aumento. En realidad, cada iniciativa de Piñera ha mostrado su verdadero carácter de clase al imponer, en todo momento, el salvataje capitalista y la confiscación al salario. Así, mediante Estado de Excepción, se procede tanto al rescate de los explotadores como a la protección de los parásitos que especulan con los ahorros previsionales de la clase trabajadora -que, por cierto, ha tenido que acudir a sus propios ahorros de cesantía para hacer frente a la crisis.

La clase obrera irrumpe en la escena política

Éstos han sido, a grandes rasgos, los elementos generales que cristalizaron en la respuesta de masas este 2 y 3 de julio. Sin embargo, estas acciones se han desarrollado en simultáneo con dos significativos conflictos sindicales que, de llevarse hasta el final, tendrían una gran repercusión nacional: 1) El de la Federación Nacional de Walmart (que cuenta con más de 17 mil trabajadoras y trabajadores afiliados) que, en medio de su proceso de negociación colectiva, votó la huelga; y 2) También en el marco de su negociación colectiva reglada, el de las y los trabajadores de AES Gener que amenazaron con provocar un gran apagón para este lunes 6 en el norte grande del país que afectaría exclusivamente a la actividad minera -particularmente a Codelco, Escondida, Spence y SQM, principales empresas del sector. Mientras las ciudades de Antofagasta y Calama lideran los contagios a nivel nacional, ambas luchas pondrán en tensión al gobierno y a los capitalistas; para revertir esta catástrofe, la situación obliga a luchar por el cierre de este sector en medio de la pandemia al tratarse de uno no esencial.

Conclusiones

Los capitalistas y el gobierno pretenden reactivar totalmente la producción a costa de nuestras vidas, lo que nos convoca a reiterar la necesidad de un plan con carácter de emergencia de los explotados para confrontar tanto con Piñera como con el régimen pinochetista.
Un plan que ponga en primer orden la lucha por el pan, el trabajo y la salud de los trabajadores; por una cuarentena efectiva, con sueldos y puestos de trabajos garantizados mientras dure la pandemia; por la recontratación de todos los despedidos y despedidas, y un sueldo de emergencia para los desempleados; por testeos masivos y comedores populares en las poblaciones, y medidas sanitarias efectivas emanadas por asambleas de trabajadores en los centros de trabajo y barrios obreros; por un plan de lucha discutido en un gran congreso de emergencia de la CUT y las centrales obreras con delegados de base electos por la asamblea de sus sindicatos; por un congreso de ocupados y desocupados para deliberar una salida de conjunto de clase obrera para derribar al régimen pinochetista.
En un país donde el proletariado sigue a la burguesía, sus programas y referentes, es decir, donde debe impulsarse la independencia política de la clase obrera, plantearnos las bondades y dificultades en torno a la construcción de un auténtico Partido Obrero que permita organizar al movimiento de trabajadores y a su vanguardia tras un programa socialista, constituye una constante para nosotros. Persiguiendo este objetivo es que nos organizamos quienes militamos en el POR. Invitamos a todos y todas quienes simpatizan con nuestros planteos a sumarse a la construcción del Partido Obrero chileno.
¡Por una salida obrera, socialista e internacional a la crisis!Fuera Piñera – Asamblea Constituyente Libre y Soberana – Gobierno de la clase trabajadora.

Partido Obrero Revolucionario

Conspiraciones por arriba, descontento creciente por abajo

El comunicado de Patricia Bullrich que atribuye ´gravedad institucional´ al crimen del exsecretario de CFK, Fabián Gutiérrez, terminó desatando una crisis -´institucional´- en el macrismo. No se jode con un gobierno que está a punto de cerrar un acuerdo de deuda al gusto de los fondos internacionales. Lo que Caputo, Prat Gay y Cavallo saludan, no puede ser menoscabado por una camarilla que quiere sobrevivir al fenomenal desastre de su gobierno. Alberto Fernández “es lo que hay”, como bien lo entienden Vidal, Larreta, Monzó y otros, para colmo objeto de espionaje de los ‘institucionalistas’. El alarde del 41% de los votos que se resignaron por Macri en la segunda vuelta, el año pasado, no puede impedir la demolición política de una pandilla de aventureros que creyó que podía gobernar porque le había pagado el ciento por ciento de los reclamos a los fondos buitres que litigaron con el difunto Griesa.
Obviamente, el arreglo de la deuda que insinúa el aplauso que recibió la última oferta de Guzmán, no alcanza para superar una crisis descomunal - incluso la agrava. Los Fernández han tenido que ofrecer un bono por los intereses que Argentina no pagó en los últimos meses, lo que supone otro aumento de la deuda externa, con sus correspondientes intereses. Si los términos del acuerdo en ciernes se replican para la deuda en dólares, legislación local, y en pesos, y lo mismo ocurre con lo que se debe al Club de Paris, el FMI y otros, Argentina deberá añadir diez mil millones de dólares, a partir de 2021, al déficit fiscal que orilla los más de 40 mil millones de la misma moneda. Los términos del arreglo vulneran la sustentabilidad de esta deuda, según lo había calculado el FMI. De modo que otro default a corto plazo es perfectamente verosímil. En cualquier caso, para poder pagar lo ofrecido los Fernández se deberán comprometer a un histórico ajuste presupuestario, que no se logrará con recortes de gastos o incremento de recursos, sino probablemente tampoco con ambos. El jefe de gabinete, Santiago Cafiero, acaba de reconocer que poco le sirven los súper poderes para ejecutar el super ajuste, y ha comenzado a preparar el Presupuesto de 2021, que deberá ser aprobado por el FMI. Que un acuerdo de deuda hasta 2048, inicie su vida útil en forma tan precaria, ilustra los límites extraordinarios de acción que tiene la gestión de gobierno. ¿Alcanzará el ‘trío fantástico’ que componen Larreta, Fernández y Kicillof para sustentarlo? Son muchos los pesimistas que no le ven futuro luego de la reapertura de Caba el 17 de julio próximo. La incertidumbre creada por el Covid-19 y sus aparentes mutaciones, es un peso de plomo sobre la economía mundial.
Volviendo al comunicado de Bullrich y Cía, hay que señalar que la camarilla ‘institucional’ se apresuró en su aventura, apretada por la escalada en que ha entrado la investigación por espionaje, que ha llegado a Majdalani y Arribas, los jefes de la AFI macrista, es decir Macri. El ex presi es un aficionado al espionaje de las personas próximas y de las íntimas, precisamente porque conocen como nadie sus chanchullos. Un presidente que es capaz de pedir a un líder opositor que permita el perdón fiscal a los lavadores de dinero de su familia, pone de manifiesto que no trasciende el círculo de intereses de una camarilla. Para la franja emergente de los Larreta, Vidal y su primo Jorge, se trata de una mochila que amenaza cualquier perspectiva política propia.
Los cañones que ahora enfilan contra los máximos jefes del espionaje macrista sustraen a esta causa de la hipótesis de un “cuentapropismo de servicios”. La Nación está apoyando esa orientación, junto a la crítica al macrismo “duro”. La sobrevivencia política de la oposición derechista exigirá una depuración previa. Si la purga va a fondo, sería la demolición final de la camarilla que gobernó en 2015-2019, y obligaría a la derecha a volver a ‘modernizarse’. Los intelectuales kirchneristas habían caracterizado al gobierno anterior, en sus inicios, como una “derecha moderna”.

Del otro lado del mostrador

Precisamente, y si de fondos internacionales se trata, hay que tomar nota del apoyo cerrado de Luis (“Templeton”) Caputo a la nueva propuesta de deuda que anunciaron Guzmán y Fernández. Aunque el guiño no asegura el aval de los fondos más intransigentes, es un reconocimiento de las monumentales concesiones incluidas en la nueva propuesta. La más significativa es la liquidación de cualquier “período de gracia”, pues se comienza a pagar en 2021 y se incorporan el capital y los intereses (usurarios) devengados este año. La echada de lastre representa 15.000 millones de dólares respecto de la oferta original, e incluso supera la “recomendación” del FMI respecto de cuánto sería una deuda “sustentable”. Precisamente, la apuesta de los bonistas es que la grieta sea cubierta por el propio FMI, a través de los 5.000 millones pendientes de la línea de crédito oportunamente otorgada al macrismo. El acuerdo con los bonistas, en ese caso, quedaría inexorablemente atado a un arreglo con el FMI y a un plan económico capaz de afrontar pagos el año que viene. Pero ¿qué tiene que ver Caputo y la oferta de deuda con el culebrón de espías y asesinados? Con su visto bueno a Guzmán, Caputo se ha puesto el barbijo de Larreta y Vidal – no hacer olas, cuando se están contando los porotos que se terminarán llevando BlackRock y otros.

Frentes de tormenta

Los “acuerdistas”, en definitiva, abogan por sostener al gobierno tripartito de la cuarentena, algo que sin embargo podría perjudicar sus posibilidades electorales en 2021. La sombra de 2011, cuando CFK les ganó 54 a 17 las presidenciales, todavía aterra a los opositores. Los pedidos a AF para que se aparte de CFK, demuestra la orfandad de la ‘oposición’, que tendrá que empezar de nuevo.
Adicionalmente, los planes postpandemia tropiezan con el inconveniente…de la propia pandemia, que en su punto más álgido amenaza con romper justamente al cogobierno que se quiere prolongar. Después del 17 de julio, Larreta anunció que la CABA vuelve a la apertura económica –el ‘entendimiento’ se hará más distante, como ocurre en muchos países.
Lo que ni unos ni otros atienden es, sin embargo, el crecimiento de los contagios en los lugares de trabajo, debido a la desidia patronal, que no está dispuesta a aumentar costos. Tampoco muestran urgencia frente a las huelgas de choferes, y en algunos casos lockouts de las patronales del transporte, por la postergación de paritarias, de una parte, y congelamiento de subsidios, de la otra.
La gran cuestión de estas horas es el contagio en el mundo del trabajo. La lucha por protocolos laborales realmente protectores, lo cual incluye la reducción de la jornada laboral, una mayor incorporación de obreros y personal sanitario pone en la agenda la lucha en defensa de la vida y de la salud.

Marcelo Ramal
07/07/2020

Falta de profesionales en terapias intensivas: el colapso del que nadie habla

Principal limitante para la ampliación de camas de terapia intensiva.

Días atrás señalábamos en Prensa Obrera cómo el pico de la pandemia empuja al sistema sanitario hacia el colapso, por falta de camas. Un dato en el que queremos profundizar es la dificultad que hay en el país para contar con profesionales especializados en el área intensiva. Este problema tiene un trasfondo de desvalorización del trabajo en el área, profundizado en el sistema público.
En las terapias intensivas se atienden pacientes con diversas patologías, que requieren los cuidados más complejos. Si bien trabajan una cantidad de profesionales y personal no médico, la triada médico terapista, kinesiólogo respiratorio y enfermero resulta indispensable. El trabajo en la terapia intensiva es continuo durante las 24 horas, por lo que la cantidad de profesionales y la intensidad de trabajo no deberían variar a lo largo del día. No debe llamar la atención que esta especialidad no sea la más elegida a la hora de realizar una residencia y, mucho menos, optar por un trabajo estable.
Según la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (Sati), existen 1.800 médicos intensivistas en el país, alrededor de 1.200 kinesiólogos intensivistas. En cuanto a la Enfermería, el número es más incierto, ya que si bien la especialidad es relativamente nueva y cuenta con 400 egresados, la experiencia profesional abarca a una cantidad de enfermeros más amplia (Página12, 16/4). Teniendo en cuenta la cantidad de camas que el gobierno nacional dice que hay en todo el país, la relación terapista/camas sería de 1:6,3 (cuando la Sati recomienda 1:6) y de kinesiólogo/camas, de 1:9,58 (cuando ese organismo recomienda 1:4).
Nuevamente señalamos que ni las camas ni los profesionales se distribuyen de manera equitativa a lo largo del país, y que, aunque tampoco es algo que el gobierno esté desarrollando con la velocidad que manifiesta, la principal limitante de la ampliación de la dotación de camas es la falta de profesionales para disponerse a cargo de las mismas. Veamos las causas.

¿Cuánto cuesta en tiempo y dinero formarse en el área intensiva?

Las carreras de grado de Medicina y Kinesiología resultan ser las más largas del sistema público, con una currícula que, cumplida en tiempo y forma, dura 7 y 6 años respectivamente. Las residencias suman 4 y 3 años más, con la jefatura opcional.
Si bien las residencias resultan ser la formación intensiva más especializada, tanto para kinesiólogos como para intensivistas la certificación como especialista se otorga luego de completar un curso superior pago. La Universidad de Buenos Aires cobra 41.250 pesos el título de especialista en kinesiología intensivista de 2 años. Formarse en la Sati, tanto para kinesiólogo como para médico (único título habilitante), cuesta más de 60.000 pesos. Los congresos de actualización, cursos y rematriculación tienen costos altísimos que los trabajadores deben pagar con sus salarios. Una vez más, no existe formación de posgrado continua y gratuita, porque el Estado no promueve ni invierte en una salud altamente calificada, sino que esto depende de la voluntad y capacidad de pago de los trabajadores.

24 horas seguidas por salarios de miseria

En cuanto al salario, resulta ser un punto muy importante a la hora de elegir desarrollar tareas en las Unidades de Terapia Intensiva (UTI).
En CABA, la devaluación del salario hace que cada vez haya menos trabajadores que soporten la intensidad de las guardias y de las áreas cerradas. Una suplencia de guardia en una UTI de CABA se paga 9.800 pesos las 24 horas en la semana, y el fin de semana se suma un plus que no llega a los 2 mil pesos. El gobierno porteño mantiene a muchísimos trabajadores médicos y kinesiólogos realizando guardias fijas con cargo de suplentes, con un contrato de mayor flexibilidad, ya que si el trabajador se enferma o se toma licencia por descanso, no cobra sus guardias. Además, un titular de guardia cobra alrededor de 56 mil iniciales, un salario bajo, pero casi 17 mil pesos más que un suplente que realiza el mismo trabajo. Sacando cuentas, el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta les paga a profesionales ultra especializados, con más de 10 años de formación, entre 400 y 500 pesos la hora, por 24 horas de trabajo continuo. Tampoco se reconoce el trabajo en área cerrada, que muchos trabajadores han judicializado para recibir el plus correspondiente.
En el sector privado, las guardias de fin de semana pueden llegar a pagarse 14 mil pesos a kinesiólogos y hasta 20 mil a médicos intensivistas. Esta es una de las razones por las cuales los trabajadores eligen el ámbito privado, aunque el trabajo termina siendo flexibilizado a través de la contratación por monotributo.
La situación de Enfermería resulta más precarizadora. En el sector público de la CABA, además de no ser reconocidos como profesionales y tener salarios de 35 mil pesos, no hay ningún reconocimiento a la labor ni especialización del enfermero intensivista. Solo algunos servicios han ganado la reducción de la jornada laboral a 6 horas, producto del reclamo histórico de insalubridad. En las clínicas privadas suelen recibir un plus por área cerrada, que ronda el 20% del básico. Pero generalmente, la estrategia es pagárselo a todo el personal, para así poder disponer de rotación de los trabajadores según las necesidades cotidianas.
El estrés y la sobrecarga laboral que genera el área cerrada, sumado a la falta del reconocimiento remunerativo de la especialización y responsabilidad en el área, apuntan también a que los trabajadores no soporten llegar al momento de la jubilación sosteniendo cargos. En el mejor de los casos pueden aspirar a una jefatura de guardia, pero los salarios y las jubilaciones siguen siendo una miseria. En países como España, los profesionales se “retiran” de las guardias pasados los 45 años. Ya que poner el cuerpo y la mente 24 horas seguidas por chaucha y palitos es un costo muy alto que los trabajadores pagan con sus vidas.
Desde Tribuna de Salud creemos que la promoción y prevención de la salud son una pieza fundamental en la defensa de las condiciones de vida de los trabajadores, y que el acompañamiento en los momentos más graves debe ser abordados dentro de un mismo plan estratégico. Es importante fortalecer con recurso humano capacitado todos los servicios de salud, y resulta de suma urgencia cambiar de raíz la formación de grado y posgrado, y las condiciones laborales, para que haya profesionales que puedan desarrollar su trabajo poniendo sus conocimientos al servicio, en este caso, de la pandemia, y no entregando sus vidas.

Rocío Erre
Kinesióloga, especialista en terapia intensiva

Saturación de camas y hospitales en el Gran Buenos Aires

Centralizar ya el sistema de salud, es cuestión de vida o muerte.

Con un crecimiento exponencial que alcanzó un número de 40.000 contagiados, la provincia de Buenos Aires, junto a la Capital Federal, concentra el 91% del total de 75.000 infectados en el país. Esta suba de casos positivos trae aparejada un aumento de la demanda de camas en las Unidades de Terapia Intensiva (UTI), una cuestión clave y determinante, cuando desde mediados de junio, el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, viene abriendo el paraguas sobre un eventual colapso del sistema de salud provincial. La aceleración del número de infectados en el Amba obligó a los gobiernos nacional y provincial a anunciar el retroceso de fase en el conurbano y la capital con una “cuarentena dura” por dos semanas hasta mediados de mes.
Pero el colapso del sistema sanitario se acerca a pasos agigantados. El ministro Daniel Gollán informa parcialmente cuando dice que la provincia tiene un 51% de camas ocupadas, que escala al 60% en el Gran Buenos Aires. Una radiografía ya de por sí alarmante cuando entramos de pleno en el invierno y aumentan las enfermedades infecciosas y virósicas. El dato sobresaliente y negativo es, sin embargo, la creciente saturación de las unidades de terapia intensiva en los municipios más poblados de la zona oeste y sur que suman casi el 40% del total de infectados de la provincia. Los municipios que están en una situación crítica son La Matanza, Quilmes, José C Paz, Lanús, Moreno y Escobar que tienen entre el 75 y el 90% de plazas ocupadas. En La Matanza, el distrito más populoso, suman 5.500 los afectados por el Covid-19, una consecuencia directa de la falta de agua, cloacas y servicios en los barrios pero también de la apertura económica que propició el intendente Espinoza. Sin una centralización del sistema de salud el 66% de los pacientes de Quilmes depende del “subsistema privado” y aumenta en toda la provincia la dependencia de los capitalistas de la salud que ponen condiciones para ceder camas como lo han hecho con la imposición del subsidio de 410 millones de pesos mensuales para clínicas y hospitales privados, que saldrán de las arcas del Ioma desfinanciando a la obra social de los trabajadores del Estado.
Otros distritos comprometidos por la cantidad de casos positivos son los pertenecientes al Gran La Plata con 1.000 infectados en la ciudad capital, 119 en Ensenada y 228 en Berisso. En La Plata, los trabajadores de la salud son los más castigados por el avance del Covid-19 y la falta de elementos de protección. Una característica de la región, es el crecimiento de contagios en los lugares de trabajo bajo la intimación de los empresarios que amenazan con despedir. En la zona norte del Gran Buenos Aires, San Fernando se ha convertido en el foco de la pandemia de la región con una suba del 85% en los últimos siete días con focos en las villas San Jorge y Presidente Perón, ubicadas en el límite con Tigre. La pandemia sacó brutalmente a luz las condiciones de miseria social en las que vive una masa de los trabajadores bonaerenses en los casi 2.000 asentamientos, villas y barriadas precarias.
Esta escalada, que llevó en la última semana a un aumento del 50% de contagios en por lo menos 26 municipios bonaerenses, está saturando la posibilidad de recepción de enfermos graves en grandes municipios como ocurre con el Hospital Interzonal de Agudos “Luis Güemes” de Morón, el “Simplemente Evita de González Catán” en La Matanza, el “Magdalena Villegas de Martínez” de Tigre, y Hospital Regional “Dr. Iriarte” de Quilmes que tendría ya completa su capacidad instalada. Si bien la situación en la provincia es desigual y el pico de la pandemia se encuentra en el área metropolitana, la propagación del virus ha empezado a extenderse nuevamente a las llamadas “zonas libres de Covid-19”. Las Flores, Ayacucho y Roque Pérez han tenido que retroceder de fase por la aparición de contagios. De no revertirse, y en caso de ampliarse esta tendencia, entraría en crisis la llamada fase 5 (flexibilización) donde se anotaron 72 municipios del interior bonaerense en la cuarentena “administrada” de Kicillof.
Con la curva en ascenso, se agudizan los choques entre las intendencias, en otro capítulo de la crisis política en la provincia. El intendente macrista de Olavarría, ciudad donde se expandió rápidamente el virus, está en una guerra virtual con los distritos vecinos. Lo mismo ocurre en Bragado donde el jefe comunal Vicente García dispuso una cuarentena obligatoria para quienes vivan en el municipio y retornen por razones de trabajo desde Chivilcoy. En lugar de un sistema integral de salud y una política común para combatir la pandemia bajo el comando del estado, se agudiza la feudalización de las comunas y el “sálvese quien pueda” ante el temor a un desplome del sistema sanitario.
En Quilmes, con 3.000 afectados “se preparan alternativas”, pero la intendenta Mayra Mendoza aclara que “el 66% de la atención de salud en el distrito corresponde a las obras sociales y medicina prepaga”, lo cual, agregamos nosotros, agrava todo porque la falta de control sobre este sector es total. Al igual que en CABA, los pacientes infectados son enviados a su casa por el sector privado y de obras sociales que no se hace cargo del aislamiento, de manera que su conducta está fuera de todo control social y del Estado. Tampoco se sabe cuál es el nivel de salturación de camas en ese tramo de la salud. Lo cual hace urgente, de vida o muerte, la centralización del sistema de salud, tal cual lo ha planteado desde el inicio nuestro partido y el Frente de Izquierda.
Mientras todavía están por verse los resultados de las restricciones (fundamentalmente en el transporte), el ministro Gollán y el gobernador Kicillof ya preparan otra voltereta y preanuncian un retorno a la fase 3 después del 17 de julio. En línea con esta política“normalizadora” el ministro de Educación nacional, Nicolás Trotta, quiere apurar la vuelta a clases en el interior de la provincia. En rigor, Alberto Fernández y Kicillof exceptuaron de la cuarentena “rígida” a 2.500 empresas no esenciales, la gran mayoría del territorio bonaerense. Esta apertura en defensa de los intereses capitalistas y con la colaboración de una burocracia sindical cómplice que “se acuerda” de los protocolos de seguridad e higiene solamente allí donde presionan y actúan los trabajadores, explica la multiplicación de los infectados en la clase obrera. Por otro lado, la miseria social exponencialmente acentuada en estos casi cuatro meses, empuja a una masa de la población a romper la cuarentena para sobrevivir.
La cantidad diaria de infectados y la proyección exponencial en el Gran Buenos Aires son una catástrofe social para los trabajadores. Es una tarea de la hora la puesta en pie de las comisiones de seguridad e higiene en los lugares de trabajo y barrios bajo el control de representaciones de la clase obrera para elaborar y hacer cumplir los protocolos de protección. Los comités de crisis bajo la batuta del gobierno y las intendencias han demostrado ser apéndices de una política al servicio del capital y para que la clase obrera pague la crisis. Centralización del sistema de salud, por un plan único de salud y combate de la pandemia bajo control de los trabajadores. Basta de subsidiar al capital privado de salud.

Daniel Rapanelli

El último Perón: la restauración de la Providencia

Este 1° de julio se cumple un nuevo aniversario de la muerte de Juan Domingo Perón. Retomamos el debate sobre su últimos años y su retorno al país.

“Nun había apostado por Lenin y ahora resulta que el premio mayor era Kerensky”. La novela de Perón. Tomás Eloy Martínez.

El sueño chocó con la realidad. La poesía con la política. Ocurrió allá, a mediados de la década del 70, cuando el hombre del destino volvió a pisar suelo patrio de manera definitiva, tras 18 largos años de exilio.
Juan Domingo Perón retornó a la Argentina como una suerte de héroe. Para millones su regreso venía a prometer una multiplicidad de finales: el fin de los ataques constantes a sus condiciones de vida; de las persecuciones y proscripciones; de una prepotencia patronal que -sin embargo- era crecientemente contestada en la lucha de clases.
Sin embargo, aquel exiliado volvió como garantía última de la dominación capitalista. Como freno y mecanismo de control a la insurgencia social que recorría empresas, universidades, calles y barriadas populares. Como figura del orden y de una normalidad: la burguesa.
Lo hizo saber a horas de la Masacre de Ezeiza. Escoltado por López Rega, Isabel y Cámpora recordó las “Veinte verdades peronistas”. Anunció que “tronaría el escarmiento” contra los enemigos “embozados, encubiertos o disimulados”. Recitó un catecismo reaccionario, que funcionó como música celestial para las bandas armadas de ultra-derecha que el llamado Movimiento albergaba hacía tiempo. Las mismas que, 24 horas antes, habían sembrado de heridos y muertos los bosques de Ezeiza.
Alejandro Lanusse, el último general a cargo de la (falsamente) llamada Revolución Argentina, había pronosticado que su retorno equivaldría al “fin del mito”.
El 12 de octubre de 1973, detrás de un vidrio blindado, Perón saludó a la multitud que en Plaza de Mayo acompañaba su regreso formal al poder. El cristal reforzado marcaba la distancia entre el líder y el pueblo. Aquel velo transparente encarnaba (mucho) más de lo que podía captarse a simple vista.
Al viejo líder le quedaban meses de vida. Medidos desde la historia, aquellos fueron tiempos prolíficos en acontecimientos, desengaños y traiciones.
Meses que vieron perpetuarse el Pacto Social y nacer a la Triple A. Testigos de salutaciones a Pinochet y críticas al derrocado Salvador Allende. Mostraron un Perón carnívoro, que se devoraba a sus propios hijos: aquellos que habían peleado su retorno en un imaginado camino a la Patria Socialista. Lo vieron azuzar fantasmas, denostar a “los infiltrados” y bendecir a la maldita burocracia sindical.
“Para mí hubo un quiebre. Para mí se equivocó. Se equivocó y después había que seguir con ese estigma que te queda”. Carlos Ríos fue delegado e integrante de la Comisión Directiva del sindicato clasista de Perkins, allá por los años 1973-1975. Estuvo entre los millones de desilusionados. Entre quienes vieron como el Perón real no se parecía en nada al Perón anhelado [1]. Entre quiénes veían derruirse al mito.
Pero el hombre del destino no se equivocó. No era Lenin. Era Kerensky. Y también era un poco Kornilov. Jugó el papel que estaba destinado a jugar en aquella Argentina convulsionada por un ascenso revolucionario que llevaba casi un lustro. El de guardián del orden.
“Le rindieron honores, con los sables desenvainados. La misma gente que tiempo atrás ordenado que se castigara con la cárcel el mero uso público de su nombre y que había vetado a su partido en todas las elecciones estaba otra vez allí, abrazándolo, dando gracias a Dios por haberlo conservado saludable y entero, en condiciones de salvar a la patria” [2].
Como ocurre en nuestros tiempos, el peronismo usó y abusó del vocablo “traidor”. Si alguien tenía la potestad de decidir quien ejercía el lugar de la traición, ese era el fundador del movimiento. Ese atributo, nacido de la gloria pasada, no fue desaprovechado.
En 1966, el gran Eduardo Galeano se encontró con él en Madrid. El exiliado, muy inteligente para las metáforas y las comparaciones, desglosó: “’¿Usted sabe cómo hacen los chinos para matar gorriones? Simplemente, no los dejan posar en las ramas de los árboles. Los hostigan con palos y no los dejan posar, hasta que se mueren en el aire; les viene una crisis cardíaca y caen al suelo. Y esta gente tiene vuelo de gorrión’ (...) ‘A los traidores, a los tránsfugas, hay que dejarlos volar, pero sin darles nunca descanso. Y esperar que la Providencia haga su obra. Hay que dejar actuar a la Providencia...’. Y subrayó, guiñándome un ojo: ‘Especialmente porque a la Providencia, muy a menudo, la manejo yo’" [3].
La Providencia hizo su labor en aquellos años previos: construyó relatos y mitos. Solo para derribarlos casi de inmediato. Creó figuras y leyendas que estaban condenadas al destino de los gorriones. Desde las “formaciones especiales” y la “juventud maravillosa” al Tío Cámpora. Desde la reivindicación del Che (“era uno de los nuestros, quizás el mejor”) a la “Patria socialista”.
“Hay que cambiar de planes varias veces al día y sacarlos de a uno, cuando nos hacen falta. ¿La patria socialista? Yo la he inventado. ¿La patria conservadora? Yo la mantengo viva. Tengo que soplar para todos lados, como el gallo de la veleta” [4].
La Providencia gozó de las ventajas del exilio. La distancia entre el hombre del destino y el campo de batalla funcionó como un salvoconducto, como una garantía de que las impurezas de la política cotidiana no mancharían el uniforme o el traje. O su nombre. Mientras en el barro de la patria, el peronismo real caía y se levantaba, a miles de kilómetros, en el lejano Madrid, el autodenominado “Comando estratégico” daba consejos a propios y a ajenos.
El sueño chocó con la realidad. La poesía con la política. Pero el viejo líder empezó a chocar con la clase obrera. Esa que había protagonizado el Cordobazo y el Viborazo. Esa que protagonizaría las enormes gestas de Villa Constitución. Esa que paralizó el país allá por junio y julio de 1975, cuando Isabel y López Rega ejercían la continuidad del tercer gobierno peronista.
El poder político y económico tembló ante la fuerza de la clase obrera y la debilidad del tercer peronismo. Bajo el imperioso peso de la crisis económica caminó hacia la puerta de los cuarteles. Las FF.AA. -con una extendida complicidad civil- protagonizaron un genocidio de clase destinado a apagar las llamas que habían prendido en el glorioso Cordobazo. Se hicieron del poder para terminar la tarea que la Providencia había empezado tiempo antes.

Eduardo Castilla
@castillaeduardo
Miércoles 1ro de julio | 00:02

Notas
[1] Entrevista realizada por el autor en marzo de 2018.
[2] La novela de Perón
[3] De la entrevista "Perón, los gorriones y la Providencia", realizada por Eduardo Galeano en 1966.
[4] La novela de Perón

Deuda pública: lunes de euforia y festejo entre los grandes usureros internacionales

El nivel de concesiones para endulzar a los acreedores, plasmado en la oferta de Guzmán, recolectó un importante respaldo en los “mercados” y en todo el arco político. Los fondos Gramercy y Fintech confirmaron su aceptación. A pesar de la pandemia, el Gobierno mantiene sus prioridades: cerrar un acuerdo que profundiza el saqueo de recursos.

La última oferta presentada por el ministro de Economía, Martín Guzmán ante la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC), cosechó durante el lunes efusivas señales de apoyo en los “mercados”. Tanto a nivel local como en Wall Street, las cotizaciones de las acciones argentinas cerraron en alza.
“Volaron las acciones en Wall Street” titulaban los diarios reflejando el resultado de una jornada que confirmaba el espaldarazo a la propuesta oficial, también por bancos y grupos de inversión. Las editoriales explicando porque es conveniente aceptar la última oferta de Guzmán –que vence el 4 de agosto- se multiplicaron el lunes por la tarde.
Las cotizaciones de las acciones argentinas en la bolsa neoyorquina alcanzaron subas de hasta el 40 %. Las empresas con mayores subas fueron:Irsa, Grupo Financiero Galicia, el Banco Macro, el Banco Supervielle, Banco Francés, Transportadora de Gas del Sur, Central Puerto y Pampa Energía. En la bolsa porteña el Merval registró subas récord de hasta 25%.
Además los bonos argentinos escalaron hasta 11% y el riesgo país retrocedió 5% a 2.378 puntos básicos, un nivel mínimo en cuatro meses.
Es que la oferta “mejorada” para endulzar a los especuladores garantiza reducir el periodo de gracia, comenzando el pago de intereses desde el año próximo. El valor presente neto ofrecido en los bonos pasó de U$S 40 por cada U$S 100 adeudados al inicio de las negociaciones a U$S 53,5 .Y una quita de capital del 1,9 % (promedio ponderado) casi nula.

Gramercy y Fintech, los primeros en aceptar el acuerdo

Frente a la sustancial mejora de la última oferta diseñada por Guzmán, que les garantizaría a los bonistas una mejora adicional de hasta U$S 15.0000 millones, los fondos Gramercy y Fintech aceptaron la oferta. Estos fondos ya habían participado de los canjes 2005 y 2010.
La gran incógnita es que pasará con el fondo presidido por Larry Fink. A pesar del amplio espaldarazo de los “mercados”, y de los apoyos de políticos, empresarios y ex ministros de Economía –como Caputo y Cavallo. Algunos trascendidos advertían que Blackrock no estaría satisfecho, pese a la sustancial “entrega” contenida en la última oferta.
El diario Financial Times reflejaba en un nota las declaraciones del presidente Alberto Fernández sobre la propuesta como el "máximo esfuerzo" que Argentina podría hacer. En el plano de la especulación y el chantaje de los buitres, nada es definitivo. Sin embargo, queda claro que los “mercados” festejan porque las concesiones implican futuras ganancias, a pesar de la pandemia.
De concretarse este acuerdo con los bonistas privados, no hay nada para festejar entre las mayorías de trabajadores y sectores vulnerables. Seguir atados a pagos de una deuda odiosa sólo profundiza las condiciones de atraso y dependencia de la economía nacional. Ante la crisis social, sanitaria y económica una salida de fondo implica el no pago soberano de la deuda, en el marco de un plan integral de medidas para que la crisis la paguen los capitalistas.

Guadalupe Bravo
Economista | @GuadaaBravo
Lunes 6 de julio | 22:49

Ennio Morricone: la ternura y la violencia de la historia, en música para imágenes

El compositor italiano murió este lunes 6, tras una extraordinaria carrera como musicalizador de cine, que tocó todas las notas del devenir social.

“Todas las músicas que he escrito las hice con gran amor, algunas mejor logradas que otras. Pero las recuerdo todas como si fueran hijos. Si hay un hijo más bravo, más bello, para mi son todos iguales”, sostenía Ennio Morricone en una de sus últimas entrevistas, y ¿quién podría decir que no es así?
Es que es imposible atravesar una escena musicalizada por el maestro, que hoy se fue a los 91 años, con el cuerpo indemne.
Se fue habiendo compuesto más de 500 películas y series, de haber trabajado con autores como Pier Paolo Passolini, Brian de Palma, John Carpenter, John Boorman, Quentin Tarantino, Bernardo Bertolucci, Terrence Malick y Gillo Pontecorvo, y de imprimir en la conciencia popular una buena cantidad de leit motivs indelebles, como ese “tuturu tu tún” de El bueno, el malo y el feo que se volvió sinónimo del western, de su polvo y su tensión.
Fue con el director de ese clásico, Sergio Leone, aunque algunos años antes, que dicen que Morricone entró para siempre en su liga única. Según recuerdan en un rico especial del podcast Banda Sonora Original dedicado al compositor, Leone le encargó para Un puñado de dólares, del año ‘64, una música que recuperase la cantinela de sonidos metálicos que había escuchado de otras piezas, y que volvería a hacer sonar en otras películas del género.
Hablamos del spaghetti western, del cual tanto Leone como Morricone son figuras centrales, y que tuvo en Un puñado… su definitivo lanzamiento para masas. La confluencia de director y compositor aparece tan mágica como necesaria: hoy cuesta separar a la potente banda sonora de Morricone de esta resignificación italiana del género, que venía a teñir con el realismo sucio y ese maridaje entre crudeza y belleza, tan propios de los tanos, un género nacido por el contrario para ensalzar las virtudes de la “civilización” moderna sobre la “barbarie” india. Leone y otros autores del subgénero (con los que también trabajó Morricone) cargaban de personajes cínicos, de héroes egoístas, lo que había sido el terreno (no exclusivo, pero terreno al fin) de cowboys ejemplares -mientras, merece decirse, también en Norteamérica se operaba un vuelco, con el desarrollo del oscuro “western crepuscular”. Un bello y buen fin de toda esta trama es la musicalización de Morricone para Los odiosos ocho, de 2015, en que Tarantino indagará con sus particulares gestos sobre la violencia de origen del Estado norteamericano.
Las pocas definiciones políticas de Morricone -algún apoyo a Matteo Renzi y Barack Obama, y su alegría por ir a recibir un premio “de los Reyes de España”- no opacan algunas decisiones laborales, mucho más interesantes, dejando su música en películas afines a los explotados. Son esas melodías familiares al thriller en la entrada a la fábrica de La clase obrera va al paraíso, que anticipan el accidente laboral, y las estridencias que acompañan las labores fabriles de un trabajador -aún- sin conciencia de clase. Es el tenso sonar del suspenso en la redada de los militares franceses de La batalla de Argel, y el triste tono con que acompaña en ella a un condenado a muerte, en su camino a una guillotina que ha pasado de ser instrumento del terror revolucionario jacobino a herramienta de la opresión colonial. Son esos coros cual liturgia cristiana en Teorema, ese escupitajo de Passolini a la moral cristiana de los burgueses. Es el conmocionante piano que acompaña el viaje en tren en Sostiene Pereira, drama de resistencia basado en la novela de Tabucchi sobre la Portugal del dictador Salazar. Son los violines dulces en la comida pobre de la familia campesina, en esa recorrido sobre el ascenso del fascismo que es Novecento.
En el citado podcast BSO se habla de un Morricone dulce, con el sonar conmovedor de cuerdas y de los vientos en que se formó (dio sus primeros pasos, de joven, como trompetista), en films como Cinema Paradiso, y uno estridente, de graves marcados y arreglos de piano tensionantes, que recorre films como Los intocables de De Palma.
Y en todos esos registros, en las decenas de géneros, en los miles de imágenes y acordes, Morricone aparece -y seguirá apareciendo- con toda su ternura, su épica y su crudeza. Trama sonora potente, huella y hermana de la violencia, y de la esperanza, de la historia.

Tomás Eps

La propagación del virus en las fábricas y el colapso de las industrias esenciales

La circulación laboral del COVID-19 es un hecho: no hay fábrica esencial que no tenga sus casos. En todas ellas empiezan a salir a la luz incumplimientos patronales de los protocolos indicados por la OMS, con el visto bueno del Estado Nacional y de la burocracia sindical. Los incumplimientos patronales y el ahorro en medidas preventivas amenazan con derivar en una ola de contagios masivos que haría colapsar la continuidad productiva. El Covid ya se cobró la primer victima en un trabajador de Alijor y la propia burocracia de la alimentación informa que ya tiene 145 trabajadores infectados. Está en curso una batalla fábrica por fábrica entre la salud de los trabajadores y las ganancias de los capitalistas.
Al comienzo de la cuarentena, por ejemplo, se dio una primera batalla en la avícola Granja Tres Arroyos: la inspección de Salud indicaba reducir la cantidad de envasadores por turno. La empresa propuso dividir los turnos, reduciendo la cantidad de horas trabajadas por persona. El STIA aceptó la propuesta, a pesar de que la adaptación al protocolo implicaba el descuento proporcional del salario. En la planta de Concepción del Uruguay, los delegados se plantaron y rechazaron los descuentos en asamblea. Finalmente, la empresa retrocedió solo en su planta entrerriana, continuando con la producción por fuera de los protocolos y descontando salarios en las otras. En Mondelez Pacheco, los trabajadores llevaron adelante un paro total de actividades frente a una cadena de contagios. La empresa se negaba a hisopar a los contactos estrechos y a parar la fábrica para sanitizar. El paro se terminó levantando por presión del STIA de Rodolfo Daer y, finalmente, la producción se reanudó. Los contagiados ya suman 29, pero los trabajadores sospechan que casos ocultos por el servicio médico. El mismo escenario ocurrió en la planta de Granja Tres Arroyos. En Felfort y en La Perla (IADA S.A.) los trabajadores tuvieron que parar para obligar a las empresas a cumplir con la sanitización de los establecimientos.
El retorno a la fase 1, anunciado por el “trío metropolitano” dejó de lado a los establecimientos industriales habilitados entre el 20 de marzo y fines de julio, por lo que el conjunto de las industrias que habían conseguido su certificado de esencialidad sigue produciendo normalmente. También se habilita a su cadena de proveedores, lo que convierte al listado de fábricas habilitadas en infinito. La adaptación de protocolos preventivos en esas industrias, según indica la Organización Mundial de la Salud, fue tan deficiente como los controles gubernamentales encargados de garantizarlos.
La lista de detección de casos en los últimos días habla por sí sola: en Alijor, Ledevit, Mondelez Victoria, Cerealko, Dai Angela, Okebon, Puratos, Bedtime, Fargo, Proteínas Argentinas, Saborísimo, Prosavic, frigoríficos Santa Giulia, Avellaneda y Frigolomas, en Fate, Bridgestone y Pirelli, Unilever Pilar, Unilever Tortuguitas, Danone, Acindar La Matanza, en los talleres ferroviarios, en decenas de sedes de supermercados, en el Subte, en Bagley Salto, Cattorini, Procter y la lista sigue. En cada uno de estos establecimientos se libra una batalla por el cumplimiento de los protocolos, el testeo a los contactos estrechos (área o sector), la sanitización de las instalaciones, etc.
Un aspecto central de estas peleas gira en torno al concepto de los “contactos estrechos” que manejan las empresas - “contacto de menos de 2 metros, mayor a 15 minutos, sin barbijos”, según definición de la OMS. Este concepto el que determina el cerco epidemiológico ante la aparición de casos positivos en las fábricas, es decir, quiénes deben ser testeados, Sin embargo, la circulación del virus continúa, con o sin barbijos. Por otra parte, obliga al trabajador contagiado a auto incriminarse: cualquier contacto estrecho que se denuncie implica una violación por parte de los trabajadores de las normativas sanitarias vigentes en la planta. De esta manera, los testeos a posibles contagiados, son reducidos al mínimo. La cuarentena obligatoria a los pocos “contactos estrechos” tampoco se cumple. Las patronales ahorran en testeos y en licencias, y apuran el reinicio de la producción a toda costa.
Bien mirado, el ahorro en testeos por priorizar las ganancias puede terminar siendo un tiro en el pie de las patronales. Ocurre que, si no realizan testeos masivos como reclaman en todos lados los trabajadores, el virus escapa al cerco epidemiológico y los contagios vuelven a aparecer. Así se terminaron multiplicando los casos en Felfort, Mondelez Pacheco, en el laboratorio Casasco, en Granja Tres Arroyos Capitán Sarmiento, entre otras. El contagio se expande a cada turno y a cada sector y las empresas vuelven a incumplir con la parada obligatoria para sanitizar, con los testeos y la cuarentena preventiva a los contactos estrechos. Este círculo vicioso entre contagios y ausencia de protocolo tiene como perspectiva a corto plazo el colapso de las industrias esenciales, poniendo en peligro el abastecimiento de la sociedad.
Como se ve, la pandemia agudizó las contradicciones entre el lucro capitalista y la salud de los trabajadores. Esto plantea la urgente necesidad de una coordinación primero en la defensa de un protocolo común .Gremios como el Sutna ya fueron a un paro nacional en defensa de un protocolo obrero. Este paro debe estar plantado además para todo el gremio de la alimentación para imponer la defensa d e la vida misma de los miles de trabajadores del gremio.
El avance de los contagios en todas las industrias esenciales deja planteada la necesidad de un congreso de trabajadores para debatir un protocolo obrero que priorice las inversiones necesarias de parte de las empresas, el pago a cargo de las mismas de los testeos de todos los trabajadores y comités obreros con poder de veto para que en el caso de no existan condiciones se pare la producción. Las patronales contagian, solo buscan defender sus guanacias, solo los trabajadores estamos en condiciones de garantizar nuestra propia salida económica y política.

Pablo Busch
06/07/2020

La crisis política se traslada a la sección policiales

En el río revuelto de las causas judiciales abiertas y de los escándalos de espías, el asesinato de un ex secretario de Cristina Kirchner ha vuelto a atizar el fuego de la crisis política. Por lo pronto, el crimen de Gutiérrez refrescó la memoria de la causa de los cuadernos -donde él testificó como arrepentido- apenas dos semanas después que la justicia declarara la ´falta de mérito´ de la propia Cristina, junto a los directivos de Techint. El “cambiemismo duro” se precipitó a asociar al crimen de Gutiérrez con la vicepresidenta, pero recibió el ninguneo de Larreta, Massot, Monzó y compañía. Ese pedido de moderación sumó nada menos que al principal editorialista de La Nación. Es que el horno no está para bollos: en medio de la crisis de deuda, el derrumbe económico y el descontrol pandémico, la gran burguesía quiere salvar a la coalición de facto que intenta pilotear la crisis en curso. La pretensión de prolongar al “gobierno de unidad” que gestiona la pandemia debería pasar por agudas crisis políticas, en el gobierno y en la oposición.

Cambio de juez

Mientras tenía lugar el episodio del Calafate, la causa de los espías macristas deparaba una nueva sorpresa, a partir del cambio del juez a cargo. El desplazamiento del juez Villena fue justificado por su aparente “parcialidad” o pro kirchnerismo. Pero con el nuevo magistrado, las implicancias explosivas de la causa no se han atenuado: sólo cambiaron los nombres del macrismo que serán sentados en el banquillo. El nuevo juez apunta a Arribas y Majdalani, el jefe y la subjefa de la AFI macrista, respectivamente. La trayectoria de Silvia Majdalani aparece unida a un entramado que comienza con la SIDE kirchnerista, con Stiuso a la cabeza, y termina con la red de jueces y espías armada por el macrista Angelici. Por lo tanto, el gobierno anterior no zafaría de las evidencias en su contra, aunque no está claro todavía si este nuevo hilo conductor involucrará en forma directa al ex presidente. En el caso de Arribas, todavía está fresca su participación en el cruce de cuentas y remesas del caso Odebrecht, por las obras que asociaban al pulpo brasileño con la empresa de Calcaterra, el primo de Macri. En definitiva, la cuestión de los espías podría mandar al ostracismo o a la cárcel a una parte del gobierno anterior. Desde que dejó el poder, la desintegración de los que decían ostentar “el 41% de los votos” no ha cesado ni un momento.

Pacto de espías

La escalada de los espías ha colocado en el tapete la cuestión del espionaje estatal. El kirchnerismo se quiso servir del espionaje M para abalanzarse sobre la estructura de “inteligencia”, y ponerla bajo su égida. Pero no le fue bien: a instancias de Cristina, el Senado votó retrotraer la disposición de Macri que colocaba a la oficina de escuchas judiciales bajo la égida de la Corte, para devolvérsela a la Procuración Fiscal (y por esa vía, al gobierno). Pero Massa se encargó de avisarle a CFK que no contaba con los votos para refrendar esa decisión en Diputados. En consecuencia, la cuestión de las escuchas ha quedado bajo un equilibrio precario: seguirá en la Corte, pero bajo control de la Bicameral que hace el “seguimiento” de las operaciones de inteligencia. Oficialistas y opositores no pretenden terminar con el carácter conspirativo del Estado de los “servicios”: apenas ensayan un pacto precario para colocar a los espías bajo su propio control (y compartido). La descomposición del aparato de Justicia, y su entrelazamiento completo con los servicios, es un síntoma poderoso de la crisis política que está en curso.

Marcelo Ramal
06/07/2020

5 preguntas clave sobre la Deuda Externa // Con Néstor Pitrola

El Papa Francisco sigue encubriendo al ex obispo de Orán, el abusador Gustavo Zanchetta

Hace exactamente un año, la fiscal penal de Violencia de Género y Delitos contra la Integridad Sexual de Orán, María Soledad Filtrín, requirió juicio oral y público, en la causa caratulada “Zanchetta Gustavo Oscar-Abuso sexual simple continuado agravado por ser cometido por un ministro de culto religioso reconocido”, en perjuicio de dos víctimas. Ahora se conoció que Zanchetta, ex obispo de Orán, fue restituido en sus funciones, de las que había sido apartado, en la Secretaria de la Sede Apostólica (APSA), un organismo clave que administra las propiedades inmobiliarias y financieras del Vaticano en todo el mundo.
Como lo demuestra el documento publicado por El Tribuno, Sanchetta salió del país el año pasado, a pesar que la fiscal a cargo de la investigación alego peligro de fuga, gracias a un certificado extendido por la Santa Sede y firmado por el sustituto de la Secretaría de Estado, Edgar Peña Parra. Desde el Vaticano habían declarado mandarlo a llamar para pedirle la renuncia. Se demuestra que solo dejó de asistir, y hoy Zanchetta está de nuevo en el mismo puesto.
Zanchetta contó desde un principio con el encubrimiento íntegro del Papa y el Vaticano. En el 2017 cuando era obispo de Orán, sorpresivamente renunció, alegando problemas de salud y se fue al Vaticano. Días después salió a la luz que en realidad pesaban sobre él las denuncias de abusos a seminaristas y una causa por administración fraudulenta. Se fue ante la inminente actuación de la justicia. Una vez instalado en el Vaticano, fijo domicilio en Santa Marta, la misma residencia del Papa y luego fue nombrado en la APSA, a sabiendas de las causas por abuso en Orán.
El 26 de noviembre del 2019 se presentó en Orán ante la Jueza Zamora Toledo, con dos abogados, uno por la causa penal y otro puesto por el Vaticano. Este último se presentó como su vocero y representante canónico, Javier Belda Iniesta, que en una entrevista a La Nación del 30/11/19, se quejó de un ensañamiento armado, ya que la acusación no es violación, “si no por abuso sexual simple, que puede ser un abrazo que quizá fue considerado demasiado largo, una mano, pero no violó a nadie”.
Zanchetta se presentó para evitar un pedido de captura internacional, ya se lo había declarado en rebeldía, por no fijar domicilio ni responder los correos electrónicos. En la audiencia se lo puso en conocimiento de la acusación y del pedido de juicio oral y público. Pasaron 7 meses y el juicio aún no tiene fecha, por lo pronto y confiados en la mano blanda de la justicia salteña, el ex obispo vuelve a sus funciones en el Vaticano.
Fue una puesta en escena la “gran cumbre para fijar medidas de protección a los menores”, que celebró el Papa en enero del 2019. Muchas de las víctimas denunciaron que la medida buscaba desalentarlas a que acudan a la justicia ordinaria. Los hechos demuestran que fue una maniobra para ganar tiempo, porque cuentan también con la impunidad que le da la justicia ordinaria manejada por el poder político en todos los países.
En Salta, no lograron avanzar las causas contra los curas abusadores, aún está en manos de la corte definir si prescriben las denuncias contra el cura Aguilera, capellán de la Universidad Católica, una instancia que marcara un precedente, para poder juzgar a otros, que tienen denuncias por hechos ocurridos en la década del 90 o antes.
Lo de Zanchetta revela que a pesar de las poses, desde el Vaticano se sigue amparando a los curas abusadores, como lo hace también el régimen político y la justicia en los distintos países. Salta y la Argentina no son la excepción. Por eso debemos redoblar la lucha para que los casos no queden impunes y para la separación de las iglesias del estado.

Gabriela Cerrano

Uruguay: un golpe de Estado cívico militar contra el ascenso obrero y popular

Este 27 de junio se cumplen 47 años del golpe de Estado del 73 y del comienzo de la heroica huelga general con que los trabajadores y sectores populares enfrentaron el intento militar. Habrá movilizaciones en recuerdo de aquellos sucesos.

Podemos ver hoy como desde distintos sectores sociales, e incluso desde los medios de comunicación, hay un intento de borrar de la memoria colectiva un hecho tan importante como el golpe de estado cívico militar del año 73, hecho en el que tuvieron una enorme responsabilidad política integrantes de los propios partidos políticos que se encuentran hoy en el gobierno; así como también la heroica huelga general con que los trabajadores enfrentaron a los militares desde ese mismo 27 de junio.
Dentro de los intentos por minimizar estos acontecimientos también existen referentes y analistas políticos que intentan presentar al golpe militar como una consecuencia directa de la existencia del MLN- Tupamaros y otros grupos guerrilleros y que la acción de los trabajadores que enfrentaron el golpe fue simplemente en defensa de la democracia.

Un poco de historia: La represión del ascenso obrero de los 60 y 70

El golpe que se consumó en junio del 73 no fue hecho azaroso.
El Uruguay no fue la excepción en un panorama regional y mundial de ascenso obrero, revoluciones y rebeliones contra los colonialismos, así como de auge de luchas por los derechos civiles y democráticos.
El mayo francés y la revolución cubana son algunos de los hitos de esas décadas en que trabajadores y estudiantes cuestionaban el orden burgués en el marco de luchas y movilizaciones que se extendían por todo el planeta.
El golpe fue el corolario de un avance represivo que en nuestro país comenzó con las medidas prontas de seguridad que dictaron distintos gobiernos desde mediados de los 60.
La supresión de garantías constitucionales apuntaba a enfrentar el creciente proceso de movilización que los trabajadores y el pueblo uruguayo llevaban adelante para enfrentar los ataques a las condiciones de vida que intentaban descargar los gobiernos blancos y colorados.
La relativa bonanza de posguerra comenzó un lento declive desde mediados de los 50 y esto repercutió en pérdidas salariales y aumento de la inflación, así como en los primeros acuerdos con el FMI con sus recetas de liberalización de la economía y endeudamiento externo.
Ante estos ataques los trabajadores llevan adelante grandes acciones de resistencia, en un contexto de radicalización y ascenso, que en perspectiva abrían la posibilidad de romper con el imperialismo y avanzar cambios estructurales que terminaran con el capitalismo.
Las clases dominantes, con la complicidad de blancos y colorados implementan distintas medidas represivas, con una mayor injerencia de las fuerzas de seguridad (policías, fuerzas armadas, bandas parapoliciales, etc.) con desalojos, detenciones, ilegalizaciones de grupos políticos, represión de movilizaciones etc.
El golpe abre un periodo en que se implementan cambios económicos regresivos que disminuyen drásticamente las condiciones de vida de los sectores populares (trabajo, salud, educación) y a la vez promueven mayores ganancias empresariales y una mayor injerencia imperialista y de las multinacionales.
El golpe del 27 de junio desencadenó una huelga general por casi 15 días en que los trabajadores enfrentaron heroicamente a la naciente dictadura.

¿Quiénes se enfrentaron al golpe?

En la noche que se decreta la disolución de las cámaras y la imposición del gobierno de Bordaberry de facto a través de las fuerzas armadas, fueron la clase trabajadora, el movimiento estudiantil, y sectores populares quienes se opusieron al golpe. Con gran heroísmo las bases obreras (pese a las vacilaciones de la dirección de la CNT) ocupaban sus lugares de trabajo, resistían la proscripción de los sindicatos y sufrían detenciones masivas de sus principales dirigentes y activistas. El movimiento estudiantil acompañó la Huelga con movilizaciones masivas que fueron brutalmente reprimidas y que le costaron la vida a dos estudiantes: Ramón Peré y Walter Medina.
La Huelga duró 15 días, la clase obrera dio enormes demostraciones de valentía y disposición a la lucha. Pero la dirección mayoritaria de la CNT (hegemonizada por el Partido Comunista) no desarrolló todo el potencial de ese gran movimiento dispuesto al combate y renunció a postular a la clase obrera como sector social que podía convertirse en hegemónico entre las clases subalternas para derrotar el golpe militar.
Esta alternativa podría haber abierto la posibilidad de profundizar el cuestionamiento del orden burgués y llevar a cabo un cambio revolucionario.
El 12 de Julio la dirección de la CNT decidió levantar la medida llamando a resistir “por otros medios”, posición que se transformó en la continuidad de la política de confianza en un sector de los militares considerados “patriotas” o “peruanistas” (como ya habían hecho en ocasión de los comunicados 4 y 7 de los militares de febrero),lo que llevó al movimiento a un callejón sin salida, además de permitir que la burguesía infringiera una derrota física y moral de las fuerzas en lucha, generándose así una relación de fuerzas favorable a los sectores reaccionarios de la sociedad.
Por otra parte, los “demócratas” de la burguesía lejos de resistir el golpe de Estado en las calles, demostraron su cobardía no solo frente a los militares, sino también frente a la movilización popular, a la que en todo momento observaron temerosos.
El interés de estos sectores era que nada se saliera de los carriles de la negociación y el respeto a las instituciones de la democracia para ricos.
Su derrota, en la que también tienen responsabilidad las corrientes hegemónicas en el movimiento obrero, abrió las puertas a más de 10 años de gobierno autoritario.
Decenas de miles de presos y exiliados, asesinatos políticos y desapariciones durante el gobierno cívico militar es el costo que pagaron los trabajadores en la resistencia a los planes antipopulares.
Los que implementaron este modelo socioeconómico así como los que cometieron crímenes y violaciones de los derechos humanos hoy están libres gracias a la impunidad que les garantizó el régimen político desde el Pacto del Club Naval en adelante.
El aparato represivo no fue desmantelado y lo esencial de toda esa estructura se mantiene hasta el día de hoy.

¿Quiénes apoyaron el Golpe?

El Golpe de Estado de Junio fue apoyado por las grandes patronales nacionales y extranjeras. Algunas de las cámaras y asociaciones patronales que apoyaron el golpe fueron: Asociación Rural del Uruguay, Federación Rural, Cámara de Comercio, Asociación de Bancos del Uruguay, y la Cámara de Industrias del Uruguay, entre otras.
Todas estas instituciones reaccionarias, sumadas a algunos sectores de la Iglesia y a los sectores más conservadores de los partidos tradicionales (Partido Nacional, Partido Colorado y la Unión Cívica) promovieron que los militares dieran la asonada y permitiera imponer a sangre y fuego sus intereses de clase.
Ya desde antes, en el gobierno de Jorge Pacheco, los partidos tradicionales sostuvieron la política represiva de éste, la instauración sistemática del régimen de excepción a través de las medidas prontas de seguridad y la declaración del estado de guerra interno en 1972, medida que fue votada por el parlamento y apoyada por los sectores mayoritarios de los partidos tradicionales.

De la dictadura al presente: la continuidad de las políticas represiva

Con distintos gobiernos y a lo largo de las décadas podemos observar una continuidad en las políticas represivas que lleva adelante el Estado.
El capitalismo no se sostiene sin represión; a veces más descarnada y cruda como cuando los militares dieron el golpe de estado para poner fin al ascenso obrero y popular que ponía en jaque los intereses de las clases dominantes o a veces más sutil y con ropajes democráticos como en estos últimos 35 años.
En los 60 y 70 la represión tuvo como cometido el aniquilamiento de los militantes trabajadores y estudiantes que estaban al frente de las luchas populares y resistiendo el ajuste que en ese momento se quería implementar.
Hoy, detrás de la consigna de mayor seguridad, se quiere imponer la mano dura y la represión como “solución” a los problemas que genera el propio régimen social.
Grandes sectores de excluidos están en el foco de todos los mecanismos de control social que dispone el Estado, desde las leyes penales hasta las fuerzas represivas; y en mayor o en menor medida todas las variantes del régimen proponen cárcel, condenas más largas y más castigo para aquellos que quedan en los márgenes del sistema.
En los próximos años los ajustes tenderán a empeorar las condiciones de vida de los trabajadores; con el aumento de las fuerzas represivas y las leyes más duras también el régimen se prepara para enfrentar a los que como en los 60 y 70 opongan resistencia.
La lucha contra la impunidad no es una cuestión del pasado, los torturadores y genocidas libres son señales de que se intenta preservar al aparato represivo y reconciliar a las fuerzas represivas con la sociedad, para poder recurrir a ellos cuando vuelva a ser necesario.
Este nuevo aniversario del golpe de estado se da en un contexto en que desde este nuevo gobierno, formado por los promotores directo de la ley de caducidad e incluso de los que reivindican el accionar represivo estatal de los 60 y 70, se escuchan voces que insisten en el olvido y el perdón para los crímenes de lesa humanidad, a la vez que promueven un claro avance represivo en el presente como se observa con la Ley de Urgente Consideración.
Esta es la lucha en que nos encontramos hoy, trabajadores, estudiantes, organizaciones sociales, contra la impunidad de ayer y de hoy y contra el nuevo avance represivo que se intenta imponer.

La Izquierda Diario Uruguay
Viernes 26 de junio | 22:44

Deuda: el gobierno les concedió U$S 10.000 millones a los bonistas

El Gobierno nacional negocia con bonistas externos la reestructuración de la deuda por U$S 66.300 millones. La nueva fecha límite para alcanzar un acuerdo es el próximo 24 de julio. Hablamos con Lucía Pezzarini, economista de la consultora Ecolatina, en #SeTeníaQueDecir.

El Gobierno nacional negocia con bonistas externos una reestructuración de la deuda pública en jurisdicción extranjera, por alrededor de U$S 66.300 millones. A mediados de abril realizó una primera oferta ante la SEC (Security and Exchange Commission, o Comisión Nacional de Valores de EEUU), y ya extendió varias veces el plazo para alcanzar un acuerdo. La nueva fecha límite es el próximo 24 de julio.
Mientras tanto, reperfiló deuda pública bajo jurisdicción local, tanto en pesos como en dólares, y dejó impagos vencimientos en abril por U$S 503 millones (correspondientes a los bonos Globales 2021, 2026 y 2046). Así también, esta semana quedarán impagos los bonos Centaury (el bono a 100 años de Caputo) y Discount. No obstante continúan las renegociaciones por alcanzar un acuerdo con los acreedores privados.
De todas formas, el Gobierno pagó en mayo, en medio de la pandemia, vencimientos por U$S 853 millones (entre los cuales está el FMI como destinatario por unos U$S 313 millones).
Para comprender mejor las implicancias de la deuda pública externa y su renegociación, hablamos con Lucía Pezzarini, economista de la consultora Ecolatina, en el programa #SeTeníaQueDecir.
Para Pezzarini, la renegociación actual hay que entenderla como «un primer paso» en esa negociación que el gobierno nacional gestiona desde hace varios meses.
«La oferta inicial fue rechazada desde el principio y Argentina se fue moviendo y haciendo distintas ofertas, cediendo a distintos reclamos», cuenta, y destaca en esta entrevista algunas de esas concesiones, como los intereses corridos de los bonos o el pago en 2021 y 2023, como una muestra de la «voluntad» de pagar de esta gestión.
«Argentina fue cediendo algunos aspectos y fue mejorando esa oferta», remarca Pezzarini, y subraya que desde que comenzaron esas negociaciones «se sumaron alrededor de 10 mil millones de dólares y hasta 2028 se va a pagar alrededor de 25 mil millones».
Pero esta, como advierte, es sólo «una porción de la deuda que Argentina tiene que pagar». «Esta es la deuda con acreedores externos bajo ley extranjera», pero también está la que se contrajo bajo legislación nacional y con organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional.
«Con la deuda que está en legislación local se dijo que se le va a dar el mismo tratamiento que a la legislación extranjera», remarca, y añade que «de los tenedores de bonos, hay dos que están presentando sus propuestas juntas, y plantean que en la renegociación, la deuda bajo ley local no puede ser mejor que la ley extranjera, por lo que es esperable que se repliquen las mismas condiciones».

La composición de la deuda

Sobre la composición de la deuda, hay 23 mil millones de dólares, aproximadamente, que son los bonos del Canje (2005 y 2010), dice Pezzarini, y aclara que esos bonos «tienen condiciones mas difíciles en los contratos legales para hacer una reestructuración, pero los emitidos en 2016, en la gestión de Macri, tienen clausulas más fáciles para la negociación del gobierno nacional». Respecto a los bonistas, destaca también que «piden que se use el marco legal de 2005, lo que significaría un retroceso».
Por otra parte, respecto a los pronósticos del FMI para Argentina, señala que aunque auguran que la actividad caerá, entre este año y el próximo, un 10%, ese «es solo un piso: 11,5 %- 12% es mas probable, pero obviamente está sujeto a cómo salga el canje» y a cuestiones tales «como cuánto dure el aislamiento, ya que lo que representa el AMBA en la producción del país es mucho. Hoy está sujeto a cosas muy contingentes, que no sabemos cómo va a continuar».

La Izquierda Diario

Usos alternativos de las divisas que gestiona el Estado

Preocupa la fuerte recesión en el país (10 a 12%) y en el mundo (5%), porque es menos lo que se puede distribuir, máxime cuando existe un rumbo previo de asimetría en la distribución del producto social.
Es lo que explica la desigualdad que ha sido creciente bajo la hegemonía del gran capital en tiempos de neoliberalismo (1973-2020) y ofensiva reaccionaria del gran capital en todo el mundo. La recesión supone menos consumo, inversión y dificultades en la dinámica del comercio internacional, insistamos, con consecuencias diferenciadas según la acumulación previa de riqueza y el acceso al ingreso de las personas. Si bien las categorías aludidas, consumo, inversión, o balance comercial y financiero, remiten a cuantificaciones nacionales del PBI, todas ellas están asociadas al tipo de inserción internacional de cada país y a la capacidad de gestión de las divisas por cada país.
A fuerza de ser obvio, no es lo mismo ser el país emisor de la moneda mundial, EEUU, o de uno con moneda de circulación global, caso de Europa Unida, Inglaterra, China o Japón, que ser dependiente de la acumulación de esas monedas para insertarse en la mundialización de la economía. Por esto es que los países dependientes en su capacidad de acumulación de divisas deben ser cuidadosos de los usos de las mismas. ¿Cómo obtiene divisas un país dependiente como la Argentina? Por ingreso de inversiones externas, con años que la región latinoamericana y caribeña no es destino privilegiado de ellas; por el saldo positivo de su comercio internacional de bienes y servicios, con tendencia a la baja de los precios internacionales de exportación; por la venta de activos al exterior, cuando ya se ejecutaron buena parte de las privatizaciones de empresas y bienes públicos; o por préstamos externos recibidos (deuda), eso sí en constante incremento.
Esas divisas que ingresan al país se canalizan por el BCRA, que actúa como intermediario. Contra el ingreso de esos recursos en divisas, el BCRA entrega moneda local, de circulación regular en el territorio nacional. Al mismo tiempo, es proveedor de esas divisas para cancelar deuda con el extranjero, facilitar compras de activos externos realizadas por residentes locales, o para favorecer las remesas de utilidades al exterior de los inversores externos, que como sabemos, en un régimen bajo la lógica del capital, lo que les interesa es la obtención de ganancias. Son todas razones para considerar con detenimiento las relaciones económicas de la argentina, o de cualquier país, con el resto del mundo, y la forma de utilización de las divisas, que son escasas y esenciales al momento de definir el tipo de inserción de cualquier país con el resto del mundo.
Por eso hay que seguir con atención las negociaciones por el endeudamiento público. El gobierno sugirió que para marzo tendría solucionado el proceso con los acreedores privados de la deuda pública de legislación extranjera, por unos 62.500 millones de dólares. Luego sería el turno de los organismos internacionales, por unos 69.000 millones de dólares, especialmente el FMI, acreedor por 41.500 millones de dólares. En total es una cifra considerable a pagar según se resuelva en las negociaciones. Aun cuando nunca se cancele el capital, lo que preocupa es la cancelación de intereses, que restringe la capacidad de uso alternativo de las divisas destinadas a pago de intereses.

Argentina resigna divisas

El gobierno argentino sigue postergando las negociaciones, concediendo mejores condiciones a los acreedores y mientras, cancelando intereses de la deuda pública, tal como señalan los informes oficiales. En el primer trimestre del año se cancelaron 3.279 millones de dólares en concepto de intereses.[1] En el mismo informe se detallan pagos por remesas de utilidades al exterior por 370 millones de dólares.
Algunas consideraciones hay que hacer al respecto. La primera tiene que ver con la resignación de 3.640 millones de dólares que podrían haber tenido uso alternativo, claro que previamente debió suspenderse el pago de la deuda y claro, auditarla con participación popular como demanda la campaña en ese sentido. Al mismo tiempo se debía establecer la imposibilidad de transferir utilidades al exterior en el marco de la emergencia sanitaria y social derivada de la prolongada recesión de la economía local. Otra cuestión es relativa a los ingresos fiscales, ya que mientras se paga deuda por casi 3.700 millones de dólares, se demora el ingreso al Parlamento del proyecto de ley a las grandes fortunas, con el cual se pretende recaudar una cifra similar.
El tema se complica a futuro, ya que la oferta inicial a los acreedores externos suponía un valor de descuento de los títulos equivalente a un 39% de valor presente, contra el 57% promedio por ellos demandados. Según la información que circula, ya se estaría ofreciendo un valor presente equivalente al 53% del valor nominal de los títulos de deuda, incrementando así los intereses a pagar en el futuro. Son millones de dólares que el país deberá colectar con gran esfuerzo y continuar postergando su uso alternativo.
Los datos ofrecidos sobre el sector externo argentino, en el informe antes mencionado destacan una pérdida de reservas internacionales por 1.089 millones de dólares.
Son datos elocuentes de quienes acumulan en la economía argentina, aun en condiciones de recesión y elevada inflación. Mientras que acreedores e inversores externos apropian riqueza, generada socialmente en la actividad local, la información cotidiana remite a cierres de empresas, cesantías y suspensión de trabajadoras y trabajadores, baja de ingresos salariales y sociales derivados del alza de precios más allá de congelamientos y acuerdos sustentados por la política pública. Todo indica que las tendencias del primer trimestre se repetirán, agravadas en el segundo, completando un primer semestre de deterioro para las cuentas externas, lo que impacta regresivamente sobre el conjunto de la sociedad. Más aún, el detalle de las cuentas públicas alude a un déficit externo por -444 millones de dólares, especialmente explicado por el saldo negativo de la cuenta de capitales (más egresos que ingresos), que se compensa con un saldo positivo del intercambio comercial. Pero esto último que debiera ser buena noticia, tiene el límite de que es consecuencia de la recesión. Es que la industria local es dependiente de insumos, máquinas y equipos externos y como hay recesión, entonces no se importan esos bienes. Además, las exportaciones disminuyen en cantidad y monto.
El comercio exterior local tiene saldo positivo porque hay fuerte caída de las importaciones. Ante la mínima recuperación de la actividad económica local, hasta podría revertirse el balance total, con saldo negativo no solo d ela cuenta de capital. Por eso se impone discutir el uso de las divisas y apuntar a modificar el modelo productivo y de desarrollo. Nuestra propuesta es que las divisas deben usarse para reactivas la economía con otro orden socioeconómico, más asentado en la economía popular, de autogestión y comunitaria, que atienda las demandas de producción y consumo del 50% empobrecido de la Argentina. Vale señalar que medidas en este sentido supone otros problemas, es cierto, especialmente con el sector del privilegio económico, pero constituiría el inicio de una política que privilegie el combate contra la pobreza. Por eso interesa discutir los datos relativos a las relaciones internacionales y los usos de las divisas. Al analizar cuál es la inserción internacional del país y las posibilidades de usos alternativos de la riqueza socialmente generada, es que se potencia la posibilidad de no reiterar una lógica de dominación que reproduce la salida recurrente de divisas, e imposibilita un arranque económico con la mira colocada en satisfacer las amplias necesidades de los sectores sociales más desprotegidos. Es claramente una cuestión política.

Julio C. Gambina | 06/07/2020

Nota:

[1] INDEC. Balanza de pagos, posición de inversión internacional y deuda externa. Primer trimestre 2020, en: https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/bal_06_2045AAE8C4CE.pdf (consultado el 5/7/2020)

Julio C. Gambina es presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP

Francia: después de las elecciones municipales

Se acelera la crisis.

La crisis dio un paso adelante con el nombramiento de un nuevo primer ministro, luego de unas elecciones municipales catastróficas para el partido del gobierno de Macron y en el cuadro de una debacle económica que se acentúa. El movimiento obrero, la juventud, la población, siguen manifestando su oposición al gobierno y a la política capitalista de hacerle pagar la crisis a los trabajadores.

Las elecciones municipales: un catalizador

Para entender las consecuencia de las elecciones municipales, hay que tener en cuenta algunos datos básicos. Francia es un país unitario con regiones, departamento y comunas. Cada nivel es autónomo y sus autoridades son electas. La comuna es manejada por el Consejo Municipal, que elige al alcalde. Hay cerca de 35.000 comunas, con más de 500.000 concejales, pero el 73% de los municipios tiene menos de 1.000 habitantes (y el 90 % menos de 3.000) y solo 228 municipios tienen más de 30.000 habitantes y 42, más de 100.000. Las elecciones son a dos vueltas, con una prima a la lista mayoritaria, cada 6 años. Son elecciones muy dispersas, cuyo carácter “local” es más marcado cuanto más chica es la comuna.
Habitualmente, son las elecciones más concurridas -fuera de las presidenciales- y son importantes para los aparatos de los partidos nacionales y como temperatura del estado de ánimo de la población en relación al gobierno. Por ejemplo, las últimas elecciones municipales fueron en el 2014; un éxito para la derecha y un retroceso significativo del Partido Socialista y el presidente Hollande, que gobernaba desde el 2012.
En el 2020, el gobierno hizo todo lo posible para disminuir la importancia de las elecciones municipales, porque sabía que iban a ser un retroceso para los candidatos de La República en Marcha, el partido creado por Macron para la elección presidencial del 2017. La primera vuelta tuvo lugar el 15 de marzo, convocada en medio de la pandemia, y la segunda el pasado domingo 18 de junio, tres meses después en lugar de una semana. En la primera vuelta se eligieron concejales municipales sin etiquetas políticas en prácticamente todas las comunas chicas. El domingo estaba convocada el 38 % de la población (16 millones) en 4.800 comunas, el 13 % del total.
El rasgo más marcado de las dos vueltas fue la abstención, que llegó al 60% nacional, 20 puntos más que en el 2014. Fue la abstención más alta en las elecciones de la Va República (1958). Si se puede pensar que esta abstención aumentó tanto en la primera vuelta por el temor de la población al virus y la incompetencia del gobierno en la organización, es claro que en la segunda vuelta se trata ante todo de una expresión política: rencor, indiferencia, desconfianza, de la población hacia el poder político. En Francia se suele afirmar que los alcaldes son la autoridad más próxima a la población. En el 2020, la mayor parte de los alcaldes ganadores tuvieron el voto de poco más del 10% del padrón. Su legitimidad política se ha reducido al mínimo. Es otro retroceso cualitativo de la capacidad del poder político de controlar y encausar a la población.
Los resultados electorales fueron un verdadero desastre para el partido de gobierno y para Macron. En realidad, debe decirse que estas elecciones mostraron que La República en Marcha (LRM) no existe como partido, ni siquiera en el sentido caricatural de los viejos partidos burgueses en Francia, llamados partidos de notables. Tampoco es por supuesto un partido de militantes. Es una organización de arribistas y aventureros que captaron los puestos públicos y las bancas parlamentarias, en el período en que Macron aparecía como la única alternativa burguesa.
LRM llevó adelante una política de alianzas con la derecha y pudo presentar un candidato propio solo en París. Su campaña fue una calamidad, sin orientación, sin rumbo. Perdió sobre todos los tableros y no gobierna ninguna ciudad -salvo Tolosa en alianza con el Partido Republicano. En París, se dividió, tuvo que cambiar de candidato luego de un escándalo sexual y su candidata -la exministra de la Salud- ni siquiera pudo ser electa como concejal. En Lyon, fue la desbandada total. En Marsella, prácticamente ni figuró. Macron quedó arrinconado y solitario en el Palacio del Eliseo.

Barrios populares y abstención

La abstención fue todavía más fuerte en los barrios populares y en la juventud. La media es del 75 % en estas secciones, lo que quiere decir que hay barrios donde prácticamente no votó nadie, teniendo en cuenta que hay que inscribirse en las listas electorales y que los inmigrantes recientes están excluidos porque no son franceses. Los barrios populares han sido los más golpeados por la crisis y el parasitismo del capitalismo francés. El desempleo es 2,7 veces mayor que la media nacional, 33% de los jóvenes entre 16 y 25 años no tienen empleo ni formación, 42 % de los habitantes vive bajo el mínimo de pobreza, los servicios públicos están ausentes.
Durante muchas décadas, los llamados “municipalismos” comunista y socialista funcionaron como un amortiguador de la explotación y las miserias del capitalismo para un conjunto de franjas de la pequeña burguesía y de la clase obrera y dieron forma a los aparatos del PC y del PS. El municipalismo comunista arranca desde la fundación del partido en 1920 y se extiende y consolida a partir de 1945, con los “suburbios rojos” de París. El electorado de estos suburbios aseguraba una fuerte representación parlamentaria y la carrera de los burócratas. Las municipalidades comunistas intervinieron en la construcción de viviendas sociales, educación, ayuda social. Con el tiempo, se formó una red clientelista y una burocracia municipal confundida con el aparato partidario. Los inmigrantes fueron excluidos y hasta rechazados. El PC fue perdiendo municipios a partir de los años 70-80 y ahora queda muy poco de este municipalismo. En estas elecciones perdió el municipio emblemático de Saint-Denis en favor del PS ytambién fue derrotado en Champigny, por la derecha. Tuvo algunas victorias que alcanzan para decir que el PC no sufrió un descalabro en el 2020 y que continuó su retroceso. En 1977, el PC controlaba 147 comunas de la región parisina; hoy controla 34 y Montreuil es la única con más de 100.000 habitantes.
El municipalismo socialista es más variado en sus formas y pequeño burgués, más organizado alrededor del notable local que del aparato nacional. En la década del ’70 contribuyó al ascenso de Mitterrand al poder en 1981, conquistando municipios en nombre de una política urbana progresista, no especulativa y con acciones culturales. En los años 80 y 90 vivió de los triunfos nacionales y de las acciones sociales y culturales. En las elecciones del 2014 perdió pie completamente; por lo mismo, las elecciones del 2020 le permitieron salir del pozo en el que cayó en la elección presidencial del 2017. Mantuvo ciudades como Nantes y Rennes y volvió a ganar en París. En muchos casos, formó parte de las listas ganadoras en alianza con el partido ecologista, Europa Ecología-Los Verdes.
Los ganadores de la elección fueron los ecologistas, que se impusieron en Lyon y otras ciudades y participaron en alianzas ganadoras con el PS, al punto que se popularizó el término de “ola verde”. Sin embargo, nada indica que esta ola dé lugar a fenómenos similares a los de los municipalismos de izquierda. Se produce en un momento de crisis y de abstención masiva: es una ola en el vacío. Se identifica mucho con la Unión de la Izquierda (alianza electoral entre el PS, el Movimiento de Radicales de Izquierda -MRG- y el PCF desde 1972 hasta 1977) y los verdes ya habían obtenido buenos resultados desde el 2001. Es muy probable que el aumento de la votación verde se deba en parte a un desplazamiento del voto a Macron. Se concentra en las grandes ciudades y en los barrios pequeño burgueses, resultado de la gentrificación (se echa a la clase obrera y se instala la pequeña burguesía acomodada, los bobo, burgueses bohemios). La ecología ganó influencia entre la juventud estudiantil y no en los barrios populares. Finalmente, los verdes navegaron casi exclusivamente con los temas ecológicos muy populares y dejaron de lado las cuestiones más candentes.
En su primer discurso, el nuevo alcalde ecologista de Lyon trató de ganar la simpatía de la burguesía y declaró que “la ecología no es el enemigo de la economía, es su mejor aliado”. El dirigente ecologista Yanick Jadot, líder de la lista europea en el 2019, se niega a definirse como de izquierda, rechaza la alianza con el PS y llama a trabajar con los empresarios. Toda una fracción de la ecología europea ya participa en gobiernos con partidos burgueses, en Austria y regiones alemanas. En Francia, el ala de izquierda dispuesta a una nueva Unión de la Izquierda es importante en el aparato partidario y ganó algunas municipalidades y no tiene ninguna sospecha de “anticapitalismo”, a diferencia de los movimientos ecologistas juveniles.
La única ciudad en la que puede decirse que hubo una movilización sistemática de jóvenes, mujeres y trabajadores para las elecciones municipales fue Marsella, lo que permitió un triunfo resonante del conglomerado llamado “La primavera marsellesa”.
En la izquierda, el derrotado es Melenchon. El movimiento de La Francia Rebelde no condujo ninguna alianza unitaria, se presentó con lista propia solo en París y tuvo resultados escasos.

Un fantoche como primer ministro

El presidente Emmanuel Macron tuvo que adelantar el cambio de gobierno, golpeado por el desastre de las elecciones municipales. El jueves dio una entrevista a la prensa en la que anunció una “reanudación de la actividad (en septiembre, luego del verano) muy dura” y se despidió del que oficiaba de primer ministro Edouard Philippe, que ese momento era mucho más popular que el presidente. Al día siguiente, un comunicado matinal anunciaba el nombramiento de Jean Castex como primer ministro, que nombrará su gabinete el fin de semana y presentará su gobierno el miércoles a la Asamblea Nacional.
Jean Castex es un alto funcionario, miembro sin importancia del derechista Partido Republicano (donde adhería al ala más de derecha), alcalde de un pequeño pueblo y sobre todo sin ningún peso político propio. Su nombramiento implica claramente que todos los poderes estarán concentrados en el presidente Macron. Un hecho aparentemente secundario lo confirma: Macron nombró a un fiel servidor personal como jefe de gabinete del primer ministro (a diferencia de lo que había sucedido con Philippe) y el jefe de gabinete es el que controla cotidianamente la actividad ministerial.
Estos elementos confirman y agravan la situación de crisis del gobierno. Macron refuerza su bonapartismo institucional. Francia está gobernada por un banquero que tiene como “colaborador” a un alto funcionario como primer ministro y dispone de un Parlamento con mayoría, sin ninguna autoridad. El artículo 20 de la Constitución, que enuncia que “el gobierno determina y conduce la política de la Nación” está anulado de hecho.
La pandemia del coronavirus puso en evidencia no solo que el capitalismo como sistema mundial de expoliación favorece estas pandemias, sino también que los gobiernos burgueses, y el gobierno de Francia no fue una excepción, son incapaces de una política efectiva de control, porque están marcados por la necesidad de retomar la explotación cotidiana de las masas, y que las burocracias gubernamentales de los altos funcionarios del sistema sanitario están subordinadas a esta impotencia burguesa. La epidemia en Francia no fue más grave gracias al esfuerzo del personal de los hospitales públicos, afectados por los planes de racionalización y privatización pero todavía disponibles para la población en un cuadro de urgencia. Las intervenciones políticas de Macron fueron un desastre, que arrastró también a ministros y funcionarios.
Al mismo tiempo, es un bonapartismo cada vez más débil y vacilante, sin control del movimiento de las clases sociales y con la represión como arma fundamental para oponerse a la movilización obrera y popular. Está sentado literalmente sobre las bayonetas y además con una policía derechista y racista, que manifiesta en las calles contra su ministro. El poder político se diluye. La derecha y la burguesía afirman que el gobierno no tiene autoridad, cuando la crisis necesita precisamente un “gobierno fuerte”.
El imperialismo francés cruje por todos lados: la intervención militar en África es un desastre, fue expulsado de Libia, se agarra a la Alemania como tabla de salvación de una Unión Europea en retroceso, depende completamente del Banco Central Europeo para que el endeudamiento impresionante del Estado y de las grandes empresas no provoque una estampida financiera y bancaria.
Se sabe que la crisis que se está desarrollando se manifestará mucho más abiertamente en septiembre, con despidos, quiebras, miseria. Macron ya anunció que piensa retomar la reforma de las jubilaciones. Es una verdadera provocación que anuncia cuál será la política del gobierno Castex. Va a ser un nuevo acto de la política derechista, bajo la divisa “trabajar y producir más”, con ataques más profundos a las condiciones de vida de la población. Lo que es cierto es que esta “nueva” etapa se caracteriza por el hecho que el gobierno dispone todavía menos de los medios habituales y rutinarios de la dominación política burguesa, que tenían los gobiernos anteriores, y que la crisis lo empujará a medidas cada vez más terribles y duras.

Una perspectiva de lucha

Este período está marcado por la movilización juvenil y obrera. Los mismos jóvenes de los barrios populares que se abstuvieron en las elecciones municipales fueron el resorte y el proyectil de la gran movilización contra la represión y las violencias policiales, llamada por el Comité Adamá el martes 2 de junio y el sábado 13. A la sorpresa general, como ya indicáramos en otra nota, la manifestación prohibida del 2 de junio reunió más de 20.000 personas y la del 13 también, en favor de inmigrantes y sin papeles. Esta irrupción de jóvenes que fueron clasificados como apolíticos cambió el rostro del período y lo iluminó. El propio presidente Macron tuvo que dedicar una parte de su último discurso a calumniar a esta juventud militante, acusándola de “separatista” y “comunitarista” cuando en realidad se está organizando y movilizando contra la política y las instituciones del Estado burgués, la policía en primer lugar.
Las movilizaciones del personal hospitalario continuaron con una nueva manifestación combativa el martes 30. Por su lado, las movilizaciones contra los despidos comienzan a generalizarse : 7.500 despidos en Air France, 3.400 en Airbus Francia, 400 despidos en Nokia en Bretaña, cierre y despidos en Renault en la región parisina y muchos más.
La creciente movilización, centralización, politización, de estas luchas nos permiten predecir que nos encaminamos a un septiembre caliente, sino antes, como reacción al programa del gobierno y.la represión. Las elecciones municipales muestran que ha cedido un nuevo dique del orden político burgués cotidiano y la movilización contra la represión ha ganado a un sector clave de la juventud. Si el movimiento obrero y su vanguardia avanzan en su estructuración combativa, en su maduración política, en su iniciativa centralizada, puede esperarse que la rebelión y la bronca se desarrollen como una movilización revolucionaria contra el capitalismo, su crisis y su barbarie.

Roberto Gramar