“Directiva Hannibal”: confirman que el Estado sionista asesinó a sus propios ciudadanos para impedir que se los llevaran como rehenes

El ejército israelí (FDI) y el gobierno de Benjamín Netanyahu están bajo una presión cada vez más fuerte para que revelen cuántos de sus propios ciudadanos fueron asesinados el 7 de octubre por soldados, pilotos y policías israelíes en cumplimiento de la -supuestamente derogada- Directiva Hannibal, que desde 1986 ordena a las fuerzas de seguridad impedir que los palestinos tomen prisioneros, aunque esto signifique la muerte de los capturados.

 Si bien Hannibal no ordena matar a los cautivos, “con el tiempo se extendió una interpretación a través del ejército de que era mejor matar a los compañeros que permitir su captura -explicó el filósofo israelí Asa Kasher, autor del código de ética de las FDI-. Lo interpretaron como si tuvieran que matar intencional y deliberadamente al soldado para frustrar el intento de secuestro" (ABC.net.aus). 

 El gobierno de Netanyahu dice que más de 800 civiles y alrededor de 300 soldados murieron el 7 de octubre. En su nombre, empuja una limpieza étnica que significó la destrucción de Gaza y el asesinato de 40.000 vidas palestinas. Pero a medida que pasan los meses el relato del sionismo se ha ido resquebrajando: ni violaciones ni bebés decapitados y ahora, a medida que el gobierno muestra que la recuperación de los rehenes vivos no son ninguna prioridad para Netanyahu, sobrevivientes y familiares comienzan a preguntarse quién mató realmente a sus seres queridos.

 En noviembre del año pasado, Haaretz publicó que asistentes al festival Nova que se daban a la fuga o que eran llevados a Gaza como prisioneros de las milicias palestinas habían sido bombardeados por un helicóptero de combate Apache. A partir de entonces, documentos obtenidos por Haaretz, así como testimonios de soldados y oficiales de rango medio y superior de las FDI, revelaron un sinfín de órdenes impartidas por la División de Gaza, el Mando Sur y el Estado Mayor de las FDI hasta las horas de la tarde de ese día, que muestran la aplicación de la Doctrina Hannibal, desde que sucedió el ingreso de las milicias en diversos puntos de la frontera. Se calcula que Israel habría disparado 33.600 rondas explosivas perforantes contra viviendas y vehículos civiles, no sólo matando, sino demoliendo las casas, los vehículos y los ocupantes hasta dejarlos irreconocibles. 

 Los ataques militares no se limitaron a puestos avanzados o bases. A las 10:32 se ordenó que los batallones de la zona dispararan morteros en dirección a la Franja de Gaza. Las discusiones internas en el ejército señalaron que esta orden, atribuida al general de brigada Rosenfeld, fue muy criticada. 

 Soldados y civiles trataban de ocultarse de los milicianos en zonas abiertas o arboladas a lo largo de la frontera. “Todo el mundo sabía lo que significaba no permitir que ningún vehículo regresara a Gaza. La instrucción pretendía convertir el área alrededor de la valla fronteriza en una zona de exterminio, cerrándola hacia el oeste”, dijo a Haaretz en julio un alto jefe del Mando Sur. 

 Haaretz documentó entonces lo que hasta ese momento solo había denunciado un puñado de sobrevivientes: “Hannibal en Erez, despachen un Zik [dron de ataque]", fue la orden dada el 7 de octubre, afirmó taxativamente el periódico de Tel Aviv. Los comandantes en las FDI dieron la orden de disparar contra tropas que habían sido capturadas por Hamás en tres lugares separados, haciendo referencia explícita a la Directiva Hannibal. La orden transmitida a las 11:22 a.m. a través de la red de la División Gaza fue entendida por todos: “Ni un solo vehículo puede regresar a Gaza”. 

 El coronel de la Fuerza Aérea Nof Erez, dijo en un podcast de Haaretz: "Esto fue un Hannibal en masa. Había montones de boquetes en el muro, y miles de personas en todo tipo de vehículos, algunos con rehenes y otros sin ellos". 

 En consonancia, pilotos de la fuerza aérea describieron al periódico Yedioth Ahronot el disparo de "tremendas" cantidades de municiones el 7 de octubre a personas que intentaban cruzar la frontera entre Gaza e Israel. "Veintiocho helicópteros de combate dispararon durante todo del día todas las municiones que tenían, en recorridos renovados para rearmarse. Estamos hablando de cientos de morteros de cañón de 30 milímetros y misiles Hellfire", dijo el reportero Yoav Zeitoun. 

 Oficiales de tanques también dijeron que dispararon contra vehículos que regresaban a Gaza. "Mi instinto me dijo que mis soldados podrían estar en ellos", admitió el capitán de tanque Bar Zonshein a Channel 13 de Israel. El periodista, atónito, le preguntó si no se daba cuenta de que podía estar matando a sus propios soldados. Zonshein respondió: "Si, pero decidí que esta es la decisión correcta, que es mejor detener el secuestro, que no sean llevados". 

 El periodista de investigación Ronen Bergman escribió en el periódico Yedioth Ahronot que el ejército había aplicado la Directiva Hannibal desde el mediodía del 7 de octubre. 

 "Las FDI instruyeron a todas sus unidades de combate a seguir la 'Directiva Hannibal', la instrucción fue detener 'a toda costa' cualquier intento de los terroristas de Hamás de regresar a Gaza". La investigación de Bergman encontró que 70 vehículos fueron destruidos por aviones y tanques israelíes para evitar que volvieran a Gaza, matando a todos los que estaban dentro. 

 El ejército también ha dicho que se ordenó a las tropas disparar contra viviendas, a pesar de que había civiles retenidos como rehenes adentro. En el Kibbutz Be'eri, donde murieron 101 civiles israelíes, un tanque disparó contra por lo menos una casa, la de Pessi Cohen, que fue asesinada por disparos israelíes junto con otros 13 rehenes que estaban allí. 

 "Queremos una comisión de investigación que no solo investigue esto, sino que revise toda la política del ejército sobre el uso de la Directiva Hannibal, o su concepto, cuando se trata de rehenes. El pueblo israelí merece saber qué le está pasando" dijo el hermano de Pessi, Reuven Meir, a Haaretz.

 Otro tanto pasó con los rehenes del Kibbutz Nir Oz según el testimonio de una sobreviviente. Seis meses después, una investigación de la Fuerza Aérea de Israel admitió que era probable que un helicóptero Apache de ataque hubiera matado a Efrat Katz y otros vecinos. Sin embargo, el jefe de la Fuerza Aérea, el mayor general Tomer Bar, "no encontró fallos en la operación por parte de la tripulación del helicóptero, que operó de acuerdo con las órdenes en una realidad compleja de guerra". 

 Acosado por pedidos de informes, el ejército sionista “ni confirma ni desmiente”, se limita a responder que: “Las FDI están actualmente enfocadas en eliminar la amenaza de la organización terrorista Hamás. Preguntas de este tipo se examinarán en una etapa posterior". La falta de escrúpulos de un ejército genocida invariablemente recae también sobre la población a la que supuestamente defienden. 

 Olga Cristóbal

 11/09/2024

La muerte de Alberto Fujimori

A los 86 años de edad, murió el expresidente peruano Alberto Fujimori debido al cáncer de lengua que lo aquejó durante tres décadas.

 Llegó al cargo en 1991, como un ´outsider´ peculiar de la política. Como profesor de la Universidad era conocido como un filo izquierdista, que fue promovido como candidato por el evangelismo peruano. Salió segundo en la primera vuelta, lejos de Vargas Llosa, al que derrotó en el ballotage. Fujimori se integró a una ´ola´ política que lo emparentó con el argentino Carlos Menem y el venezolano Carlos Pérez, entre otros gobiernos ´neoliberales´ que sucedieron a las experiencias democratizantes de los Alfonsín, Alan García, Sanguinetti y Sarney, iniciadas a comienzos de los años 80 y en franca bancarrota hacia finales de aquella década. Fujimori y Menem fueron ´arquitectos´ de los regímenes políticos vigentes en sus respectivos países, por medio de reformas constitucionales preservadas hasta el día de hoy, aunque de naturaleza diferente –Fujimori impuso la regla de la “subsidiaridad” del Estado, inaugurada por Pinochet. Al final, apeló a un autogolpe: en 1992, disolvió el Parlamento e intervino al Poder Judicial. Instauró una férrea dictadura cívico-militar, con un saldo, al cabo de una década, de millares de muertos y detenidos, especialmente entre el activismo obrero y campesino. En 1993, bajo un clima de terror, convocó a la elección del congreso constituyente que parió la Constitución vigente en Perú hasta el día de hoy. 

 Uno de los mayores éxitos políticos de Fujimori fue el encarcelamiento de Abimael Guzmán, líder indiscutido de la guerrilla maoísta Sendero Luminoso, y la extinción de aquella organización. Caprichos del almanaque, Fujimori falleció un 11 de septiembre, al igual que Guzmán tres años atrás. 

 En el embate contra los grupos guerrilleros, desarrollado con métodos propios de guerra civil, Fujimori también asestó una derrota significativa a otra organización izquierdista, el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA), que ocupó la embajada de Japón durante cuatro meses, reteniendo a más de 70 rehenes, con el propósito de obtener la liberación de los presos políticos del movimiento. Mediante señales de buscar entablar una salida negociada, Fujimori elaboró un plan de rescate sorprendente que permitió al ejército peruano penetrar en el edificio y rescatar a todos los rehenes -excepto uno-, mientras que los guerrilleros fueron masacrados sin miramientos, tanto durante los enfrentamientos como a través de ejecuciones sumarias.

 Hacia finales de la década del 90, aunque Fujimori había logrado que se le habilitara una segunda reelección, el imperialismo le bajó el pulgar. Los videos del ´monje negro´ de su gobierno, Vladimir Montesinos, comprando diputados opositores para el oficialismo, preanunciaron su caída. En 2000, Fujimori huyó a Japón, desde donde despachó su renuncia a la presidencia por fax. En 2007 fue extraditado de Chile a Perú, donde fue condenado a 25 años de prisión. Pudo abandonar la cárcel definitivamente gracias a una decisión del Tribunal Constitucional, que revalidó un indulto presidencial otorgado en el 2017 por su precaria salud. La decisión contravino una orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y ha colocado al Gobierno de Dina Boluarte -otra golpista- en una posición de desacato frente al sistema interamericano de Justicia. El mes pasado, el Congreso peruano aprobó una ley que favorecía directamente a Fujimori, pues libra de todo proceso judicial a quienes hayan cometido delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra antes de julio de 2002, cuando entró en vigencia en Perú el Estatuto de Roma. El Congreso también había aprobado una pensión vitalicia para Fujimori. 

 Su hija, Keiko Fujimori, estuvo a punto de alcanzar la presidencia de Perú en tres oportunidades. Cuando su padre recuperó la libertad, llegó a postularlo para un nuevo mandato en 2026. Incluso Boluarte, se dice, no descartaba una coalición con el ex presidente. 

 Fujimori encabezó una dictadura atroz en Perú y será despedido con honores de Estado. 

 Jacyn 

 12/09/2024

Ley de Financiamiento Universitario, el veto y después…

Cómo enfrentamos lo que viene. 

 Con más de dos tercios de los votos, el Senado aprobó la “Ley de Financiamiento Universitario”, dándole sanción definitiva a la norma que “encomienda” al Poder Ejecutivo a establecer una recomposición de los salarios del personal docente y no docente desde el 1 de diciembre de 2023 y hasta la sanción del proyecto, cuyo impacto presupuestario apenas asciende al 0,14 % del PBI.

 La ley plantea actualizar el presupuesto destinado a cubrir los gastos de funcionamiento de las universidades por la inflación acumulada de diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley, y luego, de manera bimestral, ajustar vía inflación previo descuento de los aumentos ya otorgados en lo que va del año. Este proyecto cobró estado parlamentario en el marco del paro de 72 horas que se concretó en la segunda semana de agosto. Fue un paro cumplido masivamente, con asociaciones que los extendieron a toda la semana, con ocupación y movilizaciones. Si se piensa en el cuadro de asfixia presupuestaria en que viene desenvolviéndose la universidad en los últimos años, el proyecto apenas “congela” esa penuria en los términos de diciembre de 2023. 

 El proyecto de Ley de Financiamiento vino a cumplir una función política contraria al proceso huelguístico. Todo el arco burocrático que conduce a las diferentes Federaciones docentes y no docentes y la Federación que agrupa a los estudiantes (FUA), todos ellos, a su vez, agrupados en el Frente Sindical Universitario, salieron a proclamar el apoyo al proyecto de ley y, en función de ello, a clausurar la continuidad del proceso huelguístico y dejar en el limbo la convocatoria a una nueva marcha educativa. Esta maniobra contó con el apoyo activo de la izquierda agrupada en el FITU. 

 Una expresión del cuadro de desmovilización se pudo percibir en la propia jornada convocada para apoyar la ley que iba a ser tratada en el Congreso, que resultó reducida a unos pocos miles de manifestantes. 

 Milei ha reafirmado que el proyecto va a ser vetado. El gobierno, como lo demostró con el veto a ley de movilidad jubilatoria, está decidido a aplastar cualquier medida que altere su curso de ajuste contra salarios, jubilaciones, educación, salud y obra pública, incluso con el carácter difuso de esta ley.

 Aunque los vetos acentúan el abismo entre el gobierno y la población trabajadora, Milei espera con ello refrendar una adhesión y apoyo del FMI, de los fondos internacionales y la gran patronal. 

 Desde el Frente Sindical y el CIN han saludado la aprobación de la ley y han señalado que se van a oponer al veto, en cuyo caso se convocaría a un paro y a una movilización. Apuntan a presionar al Congreso para lograr los dos tercios para rechazar el veto. 

 “Bloque del veto” 

Lo que no se puede ocultar, sin embargo, es que el gobierno ya ha constituido un “bloque del veto” en el Congreso. Ese bloque se manifestó en la sesión que en la Cámara de Diputados trató el tema de los jubilados. Los diputados volcados a aceptar el veto lo hicieron en nombre de rescatar la política oficial-o sea que actuaron como un bloque político. El apoyo al veto jubilatorio, por lo tanto, no constituyó una cuestión circunstancial, y deberá manifestarse también en relación al financiamiento universitario. 

 Lo que está planteado es una lucha para derrotar a Milei-Caputo, teniendo en claro que el Congreso ya ha encontrado la ruta para blindar al gobierno. Una marcha y la huelga universitaria deben partir de esa cuestión. 

 Los diarios han informado de conciliábulos entre el gobierno y el ala del radicalismo que dirige la UBA y que motorizó la ley, en la previa a la sesión del Senado. Allí, a sabiendas del veto por venir, se discutieron variantes alternativas, por caso, la promesa de un reajuste presupuestario para las universidades en el presupuesto 2025. Los rectores no renuncian a salvar su caja, aunque vuelvan a archivarse las reivindicaciones docentes y no docentes. 

 A la luz de esta realidad, la lucha por esas reivindicaciones no puede estar confinada a una cuestión parlamentaria. Es necesario preparar una movilización universitaria y una acción huelguística capaz de derrotar al ajuste de Milei-Caputo. 

 Esa tarea no puede quedar en manos de las burocracias sindicales o estudiantiles. Muchos menos de la casta rectoral de las 62 universidades, que como demuestra la experiencia, siempre están presta a negociar y colaborar con el poder de turno. 

 Impulsemos autoconvocatorias y coordinadoras, sumando a los sindicatos y centros estudiantiles combativos, impulsemos asambleas que pongan en marcha una campaña nacional para enfrentar el veto, explicitar la lucha por un aumento salarial inmediato del 50 % y, sobre esa base, trabajemos por reeditar un nuevo 23 de abril.

 Solo por esta vía se lograrán los reclamos de la lucha. 

 Anahí Rodríguez y Daniel Blanco 

 13/09/2024

El “abrazo al Congreso” por la Ley de Financiamiento Universitario

Mientras los senadores comenzaban la sesión que aprobó el financiamiento de las universidades, afuera se desarrollaba un acto en apoyo de las federaciones y centros de estudiantes, y sindicatos docentes y no docentes, convocado como un “abrazo simbólico” al Congreso. Hubo varias intervenciones, entre diputados, dirigentes sindicales y presidentes de centros de estudiantes.

 Una constante en todas fue el señalamiento de que la ley sería vetada al igual que la ley jubilatoria. No obstante, ninguno llevó el paralelismo a fondo, colocando la posibilidad de que, al igual que diputados votó a favor y luego apoyó el veto, ahora suceda lo mismo con la Ley de Financiamiento. Tampoco explicaron por qué razón subordinaron la lucha universitaria a una ley que, como ellos aceptaron, tiene los días contados. 

 Ante la posibilidad del veto, adujeron que entonces se pondría en marcha la convocatoria de una segunda marcha universitaria. Pero justamente el objetivo de la ley fue llevar a un impasse al movimiento de lucha universitario, poniendo en suspenso la nueva edición de la marcha, originalmente fechada para la segunda semana de septiembre. 

 Es lo que dejó en claro el vicerrector de la UBA Emiliano Yacobitti, negando una nueva movilización a Plaza de Mayo, y en su lugar ponderando el reclamo al Congreso que un día antes avaló el veto a los jubilados: "si el presidente llega a vetar la ley, seguramente cuando el Congreso esté sesionando vas a tener a la sociedad movilizada" (Página /12, 13/09). Fue lo que sucedió con la ley jubilatoria, y sin embargo Diputados avaló el veto. La movilización debe ser a Plaza de Mayo contra el gobierno de Milei. 

 En la misma línea de advertir y llamar a la reflexión al gobierno se expresó Ileana Celotto de AGD-UBA: “espero que el Presidente haya escuchado lo que se viene diciendo desde cada uno de los sindicatos docentes y no docentes […] Si veta la ley, vamos a salir a enfrentar ese veto y se va a tener que bancar una nueva gran movilización nacional de todo el país, como fue la del 23 de abril” (Página /12, 13/09). Es la línea que defiende enchalecar el conflicto en la vía parlamentaria, evitando una confrontación de conjunto contra un gobierno inviable con la continuidad de la cursada. 

 El objetivo de las organizaciones convocantes, especialmente la UCR y el PJ que dirigen la UBA y su federación, nunca fue preparar las condiciones de una nueva movilización y la derrota del gobierno, sino dilatar el conflicto y neutralizarlo, en la comprensión de que una lucha a fondo pone en peligro, en primer lugar, la estabilidad de sus negociados con la universidad pública.

 Toda la reserva de lucha y la disposición combativa de docentes y estudiantes debe ponerse en función de garantizar la continuidad de acciones de lucha independientes en todas las universidades, y no supeditarse al reclamo a un Congreso que el día anterior mostró su verdadero rostro: una pata fundamental en el sostenimiento del gobierno liberticida. 

 Facundo Perales Noya

 13/09/2024

Aerolíneas Argentinas: el conflicto se agudiza

Paro aeronáutico por 24 horas. 

 Luego de una andanada de ataques contra la huelga del viernes pasado, los gremios aeronáuticos APLA (Pilotos) y AAA (Aeronavegantes), lanzaron un paro de 24 horas, el más largo desde el inicio del conflicto entre los trabajadores aeronáuticos y el gobierno de Javier Milei. Reclaman un aumento salarial que compense el desfasaje entre salarios e inflación, que superaría el 72 % en lo que va del año. Al paro se sumó personal de servicios de rampa que trabaja en la Ciudad, por lo que también se paralizaran los embarques de las empresas low cost como Flybondi y JetSmart. El gremio APA no puede adherir a la huelga porque tiene vigente una conciliación obligatoria. 

 El gobierno de Milei ha concentrado todos sus recursos para quebrar a los trabajadores luego del paro del viernes pasado. A las amenazas de privatización, los descuentos masivos, la agitación fascista de los trolls y medios afines, el procesamiento de los dirigentes sindicales, se le ha sumado ayer el despido de tres pilotos, por negarse a carnerear la huelga del viernes pasado. Según indicaron los medios, los trabajadores se negaron a trasladar un avión a sus dueños -bajo la directiva de APLA-. La empresa envió ayer los telegramas de despido, por lo que la huelga tiene un reclamo adicional. 

 Sturzenegger anunció en X (ex Twitter) la firma de Milei al decreto que establece la esencialidad del transporte aerocomercial, en los términos del DNU 70/2023, que sigue vigente. La “esencialidad” significa un cercenamiento del derecho de huelga, que sólo podría llevarse adelante manteniendo en un 75 % los servicios de guardia. Es decir, se puede hacer “huelga” ... mientras no implique una verdadera huelga.

 Las asociaciones de trabajadores calificaron la decisión como "ilegal y arbitraria". Se basan en que el derecho de huelga de los trabajadores aeronáuticos ya está limitado por una ley, por lo que cualquier reglamentación del decreto 70 choca con la ley ya establecida. 

 El Gobierno también busca abrir una cuña entre los trabajadores aeronáuticos, a través de la firma de un acuerdo con la Unión de Personal Superior de Aerolíneas (UPSA). El acuerdo consiste en un aumento del 11 %, más un plus de 2 %, similar al que ya había acordado la Asociación del Personal Técnico Aeronáutico (APTA). De los cinco gremios aeronáuticos, quedan con la paritaria salarial "abierta" los pilotos, aeronavegantes y APA (personal de rampas y administrativos). 

 A pesar de que el desfasaje con la inflación es del 72 %, el reclamo de los sindicatos que van hoy a la huelga es del 25 %. "Desde Aeronavegantes que conduce Juan Pablo Brey confirmaron que su reclamo continúa siendo del 25 % de ajuste, en alusión al acuerdo de UPSA que se encuentra por debajo", dijeron voceros de Brey. 

 Aerolíneas solo recibió del Gobierno 50 millones de dólares en lo que va del año, para sostener la avanzada de retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas que redujo el plantel de 11.900 a 10.300 empleados.

 Pablo Busch

 13/09/2024

La ´fake news´ de Bullrich, una síntesis del gobierno liberticida

Abajo el protocolo represivo y la jefa de provocaciones del ministerio de Seguridad. 

 Nada menos que Eduardo Feinmann, en su programa de LN+, reveló una manipulación flagrante del Ministerio de Seguridad, que tenía el propósito de absolver a la Policía Federal por haber gaseado a una niña de diez años durante la represión del miércoles pasado en Congreso. 

 Varios medios habían recogido la denuncia de la nena y de su mamá, porque en la desconcentración de la marcha -entre gases y balas de goma- habían sido rociadas deliberadamente con gas pimienta por un uniformado -de apellido Rivaldi- cuando trataban de resguardarse de la represión, abrazadas sobre el asfalto de la Avenida Rivadavia. Amnistía Internacional -crítica del protocolo represivo de Bullrich- condenó inmediatamente este atropello a través de sus redes sociales, lo que fue respondido por Bullrich con imputaciones a la madre de la nena. Por la tarde, la plana mayor del Ministerio de Seguridad difundió el video fraguado, que pretendía responsabilizar a una manifestante por el gas que afectó a la nena. Ese video llegó a manos de Feinmann, según dijo luego, durante un cruce con la ministra, a través del jefe de la PFA, Alejandro Rollé. La número dos de Bullrich en el Ministerio, Alejandra Monteoliva, desfiló por los medios para deslindar a la policía y atribuir el ataque a “infiltrados” que supuestamente responden a “organizaciones de derechos humanos”. Nuevos videos y fotografías demolieron la versión. Confrontada con la verdad, Bullrich salió en vivo en el programa de Feinmann, en un intento penoso pero agresivo de aminorar daños. Negó que la versión hubiera sido sostenida por referentes de su cartera, lo cual a esa altura ya era innegable; defendió a la policía y atacó a la mamá de la chica. 

 No estamos en presencia de un exabrupto. La desinformación se ha convertido en el instrumento de lucha política predilecto del gobierno liberticida. Ha montado un enorme aparato de manipulación en las redes sociales, valiéndose de todos los recursos del Estado. Su propósito es denigrar a los críticos, mantener a raya a los opositores bajo la amenaza del ´carpetazo´ y exacerbar a sus seguidores más acérrimos. Es un recurso de características fascistas, aunque todavía preliminar. En una reunión de la Comisión de Libertad de Expresión del Congreso, la periodista Romina Manguel -entre otros periodistas que concurrieron a dar testimonio de cómo fueron agredidos por el gobierno en los últimos meses- destacó haber vivido “situaciones complicadas” en la vía pública luego de los ataques de las usinas oficialistas. El reclutamiento de verdaderos malhechores informáticos por parte del gobierno de Milei es público y notorio, como ocurre en los casos del inefable pseudoperiodista español Javier Negre, repudiado por sus excompañeros del diario El Mundo por sus manipulaciones, o de Fernando Cerimedo, acusado en Brasil por participar de los planes golpistas de Jair Bolsonaro. Los “gastos reservados” de la SIDE tienen por destino alimentar a esta cría, no hallar a Loan Peña y desmantelar el tráfico de personas. 

 El hecho de que el video haya sido distribuido por la cúpula del Ministerio de Seguridad alcanza para definir a ésta como un peligro público. En la burguesía ha encendido una luz de alerta -lo cual explica la airada intervención de Feinmann, un partidario de toda la vida de la represión a los piquetes y él mismo un formador de fake news, como cuando reprodujo, amplificadas, las infames acusaciones de Aníbal Fernández contra el Partido Obrero por la quema de trenes en Castelar-. Si el gobierno no ´encauza´ la represión por determinados andariveles, advierte, se expone a una crisis política mayor aún que la que transita Bullrich por estas horas. Por ese motivo en el Congreso se han reunido los votos para derogar el decreto que aumenta el presupuesto de la SIDE pero no para derrotar el veto a la ley que repartía miserables 15 mil pesos a cinco millones de jubilados que cobran la mínima. 

 El protocolo represivo de Bullrich, una carrerista todoterreno, asimila la protesta y la movilización al delito. Bullrich ha dispuesto la militarización de grandes empresas y centros industriales para enfrentar huelgas y piquetes. Todo esto por medio de resoluciones administrativas, no ya de menor rango que una ley del Congreso, sino sencillamente incompatibles con la Constitución argentina misma. Con el mismo propósito reaccionario el gobierno pretende modificar la ley de seguridad interior para habilitar la intervención del Ejército en la represión interna, bajo el pretexto de la “lucha contra el narcotráfico” y “el terrorismo”. Estos aprestos represivos son la confesión temprana de que el rumbo del gobierno conduce a un choque de proporciones con los trabajadores. 

 El gobierno de los Milei y los Bullrich es incompatible con las libertades y aspiraciones más elementales de los trabajadores. Impulsemos una lucha y una movilización política para terminar con Bullrich-Milei y su protocolo criminal. 

 Jacyn 

 13/09/2024

El debate Trump-Harris, una competencia entre imperialistas

El debate fue televisado por la cadena ABC News

 A falta de méritos propios, Donald Trump y Kamala Harris lograron su mejor performance en el segundo debate presidencial hacia las elecciones del 5 de noviembre (el primero, en junio, derivó en el retiro de la contienda del demócrata Joe Biden) cuando atacaron a su rival. 

 “Somos una nación que está en serio declive”, “se ríen de nosotros en todo el mundo”, “la inflación es probablemente la peor de la historia” (las encuestas indican que la economía es el tema más sentido por los norteamericanos), “tenemos el peor presidente y la peor vice de la historia” fueron algunos de los cuestionamientos que dirigió Trump a su contrincante.

 Harris, por su lado, dijo que el magnate “nos dejó el peor desempleo desde la Gran Depresión, la peor epidemia de salud pública en un siglo (y) el peor ataque a nuestra democracia desde la Guerra Civil”, en referencia a la tentativa de golpe de Estado del republicano, tras su derrota electoral a manos de Biden, en 2020. Así fue la dinámica de ataques y contraataques del debate transmitido por la cadena ABC News. 

 Trump protagonizó momentos desopilantes, como cuando acusó a Harris de “marxista” y cuando agitó su mensaje xenófobo sobre la supuesta “invasión” migratoria a Estados Unidos, que asocia sin pudor a la delincuencia. El magnate llegó a decir que los migrantes de origen haitiano se comen a las mascotas (gatos y perros) en Ohio, algo que, si hacía falta, fue desmentido por las autoridades locales. Con fake news y referencias peyorativas, Trump volvió a mostrarse como el mayor exponente de un discurso global de odio que se está diseminando también en otras latitudes (Estado Español, Reino Unido, Alemania). 

 Pero Harris fue incapaz de encarar una defensa de los migrantes, sencillamente porque el gobierno al que pertenece deportó a millones de personas y reforzó la seguridad en la frontera. 

 El bloque de política exterior fue el más indicativo del carácter imperialista de las dos candidaturas. Harris reivindicó (otra vez) “el derecho de Israel a defenderse”, una manera sibilina de justificar la masacre en curso. En medio de los cuestionamientos al ataque de Israel contra escuelas, hospitales y centros de refugiados de la Franja de Gaza, estos términos, apenas matizados por una crítica de los supuestos excesos de las fuerzas israelíes, no son más que piedra libre para el genocidio y garantías de la continuidad de la entrega de bombas y municiones a Tel Aviv. Poco importa que la vice haya intentado cubrirse promoviendo una salida de “dos Estados” en la región, que la propia colonización sionista ha vuelto inviable. 

 Trump buscó, si eso fuera posible, mostrarse como más consecuente en el apoyo a Israel, al reprocharle a Harris no haber participado este año de una recepción al primer ministro Benjamin Netanyahu en Estados Unidos. 

 En cuanto al conflicto en Ucrania, Trump volvió a acusar al gobierno de falta de liderazgo y dijo que bajo su gestión podría acabar con la guerra en 24 horas. Más aún, se jactó de que “si yo fuera presidente, Putin se hubiese quedado en Moscú”, como réplica a la acusación de Harris de que “si Trump fuera presidente, Putin ya estaría en Kiev” -esto debido al recelo de muchos republicanos a seguir financiando la guerra, como resultado del costo que supone para el Estado. 

 El líder republicano alertó del riesgo de una Tercera Guerra Mundial, pero son precisamente las políticas de la Casa Blanca en los últimos años, incluida su gestión (guerra comercial, incremento del gasto militar, cerco naval sobre China, apoyo a Israel) las que nos están llevando en esa dirección. 

 En definitiva, fuera de la demagogia y los fuegos de artificio, el debate enfrentó a dos candidatos que no tienen ninguna perspectiva favorable que ofrecer a los trabajadores de su país y a los pueblos del mundo. 

 Prensa Obrera

Alberto Fujimori, un enemigo de los trabajadores y el pueblo

El fallecimiento del dictador peruano. 

 Fujimori gobernó Perú entre 1990 y 2000

 Alberto Fujimori, víctima de un cáncer de lengua fulminante, se despidió de este mundo cumpliendo con el último sacramento de un católico practicante, ya que un sacerdote concurrió a su domicilio para darle la extremaunción. Su hija Keiko informó más tarde por las redes sociales que había partido su padre “al encuentro del Señor” y solicitó que “nos acompañen con una oración por el eterno descanso de su alma”. 

 Cumplidos los oficios religiosos, ¿cuáles son las deudas terrenales que deja quien fuera presidente de Perú entre 1990 y 2000, y no hace mucho se había visto favorecido con un indulto presidencial por su responsabilidad en las masacres de Barrios Altos y La Canuta, en que más de veinte personas fueron asesinadas por un escuadrón paramilitar creado bajo su mandato?

 Fujimori, profesor universitario de matemática y miembro de una familia de raíces japonesas, venció en las elecciones de 1990 al escritor Mario Vargas Llosa y se consagró presidente, sucediendo a una gestión desastrosa de Alan García que culminó con una inflación próxima al 400% mensual. 

 El mandatario aplicó una política de ajuste brutal y remate del patrimonio público que se entrelazó con una aceitada red de corrupción. “Se privatizaron empresas públicas por 7.000 millones de dólares, pero al final de esa gestión solo se encontraron 500 millones de dólares en el Tesoro Público”, afirma un artículo del periodista Sebastián Ortíz Martínez, citando datos del exprocurador Pedro Gamarra (reproducido por La Nación, 12/9). Como parte de esa terapia de shock, se procedió a una liberalización total de precios que incluyó un salto de 6.000% en el caso de los combustibles, según recordó en una conferencia en Buenos Aires el entonces titular del Banco Central, Julio Velarde. Fue, junto a Carlos Menem, una de las grandes estrellas del ciclo neoliberal en América Latina.

 El 5 de abril de 1992, procedió al cierre del Congreso y consolidó un gobierno de tipo dictatorial en el que jugaron un rol clave los servicios de inteligencia y operaron comandos paramilitares como el Grupo Colina, bajo el ala de su nefasto asesor Vladimiro Montesinos. Bajo la coartada de la lucha contra los grupos guerrilleros Sendero Luminoso, cuyo líder, Abimael Guzmán, cayó por aquellos años en prisión, y el MRTA, varios de cuyos integrantes fueron ejecutados extrajudicialmente en abril de 1997, tras el desalojo de una toma de la residencia del embajador de Japón, se impuso un régimen de terror contra la militancia popular y los sectores más explotados, con el apoyo de la CIA. Fujimori estuvo involucrado también en el plan de esterilización forzada de alrededor de 200 mil mujeres indígenas entre 1996 y 2000. 

El recuerdo del pasado hiperinflacionario fue tan traumático para Perú que Fujimori consiguió estabilizarse en el cargo, igual que Menem en Argentina. Logró su reelección en 1995 y su re-relección en 2000 (en medio de denuncias de fraude), superando en esto al riojano, pero su crédito político se estaba terminando, como lo demostraron las grandes movilizaciones populares contra su gobierno de ese año. Cercado por las denuncias de corrupción en su contra, escapó a Japón y envió desde la nación del sol naciente su renuncia. 

 Pero Perú no se liberó nunca del fujimorismo, que persistió bajo la figura de Fuerza Popular, el partido político que dirige su hija Keiko, varias veces candidata a la presidencia. Por lo demás, esa fuerza mantuvo una presencia parlamentaria que le permitió negociar con los bloques políticos en el poder. 

 En 2017, ya condenado a 25 años de cárcel por las masacres de Barrios Altos y La Canuta (en las que fueron asesinados quince vecinos que hacían una comida de recolección de fondos para reparar un edificio, y nueve estudiantes universitarios, respectivamente), fue indultado por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski, a cambio del apoyo político del fujimorismo en el Congreso. Gracias a dicho toma y daca, aquél evitó su vacancia. El fallo fue revocado por la Corte Suprema dos años más tarde, pero el Tribunal Constitucional lo restableció en diciembre de 2023. Con euforia, desde el fujimorismo se alentaba una nueva candidatura del expresidente para 2026. 

 El gobierno de Dina Boluarte anunció, a pesar de todo, que se rendirán honores de Estado a Alberto Fujimori. Y no podría esperarse otra cosa del corrompido régimen político peruano. 

 En el caso de los trabajadores, los campesinos y las masas explotadas, no puede haber duda: ha muerto uno de sus mayores enemigos. 

 Gustavo Montenegro

Lecciones de la jornada del 11 en el Congreso: a Milei y los tránsfugas hay que derrotarlos con la huelga general

El triunfo del veto en el Congreso tiene muchos más responsables que los cinco radicales tránsfugas que vendieron su voto, los que se abstuvieron o los que aparecieron para votar en contra del miserable aumento a los jubilados. 

 Un hecho para hacer notar es que una minoría pueda imponerse frente a una mayoría: 87 diputados pesan más que 153. Argucias de un régimen político que por último tiene como esencia defender los intereses de una clase minoritaria. Pero quien haya seguido los acontecimientos de este miércoles 11 en el Congreso habrá percibido la diferencia brutal entre la indignación, la bronca, el repudio y la valentía de miles de jubilados contra un despliegue represivo descomunal y la pasiva aceptación de la “derrota” -incluso antes de votar- por parte de los diputados que defendían el “aumento” -con la descontada excepción de los diputados de la izquierda. Lucha afuera, “resignación” adentro. 

 El triunfo del veto estuvo asegurado mucho antes de la sesión, cuando el gobierno pudo comprar votos sin pudor y a toda luz. Milei “bajó a la Tierra” para fotografiarse con los representantes de la casta, con “violadores fiscales” y “ratas inmundas” a sabiendas de que su provocación no iba a tener respuesta y sus opositores no iban a redoblar su campaña contra el veto. 

 Incluso, horas antes de votar, el ministro Caputo sacó y propagandizó la resolución que prohíbe a municipios y provincias meter en las facturas de servicios el pago de tasas e impuestos propios; un golpe a la recaudación cautiva con la cual se sostienen cajas importantes que maneja “la casta”.

 Los dialoguistas

 El veto de Milei contra los jubilados pasó porque dejaron que pasara. Los partidos de la “oposición dialoguista” comprendieron que la derrota del veto ponía al gobierno en una notable precariedad: ampliamente minoritario en ambas cámaras, recorrido por crisis permanentes, la agenda política iba a ser marcada por el Congreso y no por el Ejecutivo. 

 El sostenimiento de Milei es un reclamo de la clase capitalista, no porque haya resuelto ni mucho menos la crisis económica -incluso la está agravando– sino porque está encabezando un ataque contra los trabajadores de características históricas, que se concentra por un lado en el ajuste descomunal que habilita, déficit 0 mediante, un traspaso de recursos de los trabajadores a los capitalistas -entre ellos los de los ¡jubilados!

 El punto estratégico del ataque de Milei a los trabajadores que la burguesía aplaude es la liquidación de históricas conquistas en el régimen laboral para imponer la dictadura patronal en los lugares de trabajo y mejorar la rentabilidad sobre la base de una mayor explotación. El diputado Martín Tetaz de la UCR -que defendió en el recinto un aumento para pagar “la miseria que pagaba Alberto Fernández” (sic)- preside la Comisión de Trabajo de Diputados donde se discuten los proyectos de reforma laboral más osados contra las indemnizaciones, jornadas laborales, convenios colectivos, organización sindical, etc. El 56% de los votos que obtuvo Milei encubre a los opositores parlamentarios para que avancen con el plan negrero. 

 ¿Y el peronismo? ¿Y la CGT? ¿Y CFK? 

Son quienes tienen la mayor responsabilidad, y no solo por los tres diputados que votan todo lo que Milei manda, ni por los que cacarean en el recinto pero impulsan el Rigi -o los Rigi propios como Kicillof- y la motosierra en sus provincias. Las distintas fracciones en las que está dividido el peronismo han trazado una línea común: dejar que Milei haga el trabajo sucio -con el cual coinciden- y luego ver cómo rearmarse electoralmente para volver al gobierno o incluso armar una salida con el programa reaccionario si este sucumbe. En esta línea se inscriben los coqueteos con la vice Villarruel. Guillermo Moreno no se cansa de atacar la calle y promover un juicio político futuro a Milei que necesitaría los dos tercios. Nada, que haga el trabajo sucio y punto. Y de última el juicio político terminaría en la sucesión de Villarruel, la vice de “mirada peronista” según Mayans y Moreno. 

 Bien mirada esto lo es que dice Cristina en su carta abierta, donde reconoce que hay una tregua frente al gobierno de Milei –“aunque no crean que es absoluta”. La esencia de la carta de CFK es la coincidencia con los propósitos reaccionarios del liberfacho en cuestiones “sensibles”, que se da en el contexto de despidos, rebajas salariales, represión, persecución contra luchadores, etc. Cristina plantea la necesidad de avanzar en la reforma laboral cuando dice que el peronismo “no se da cuenta que las relaciones laborales se han modificado sustancialmente”; incluso pide revisar el papel del Estado (habilitar privatizaciones) y reclama una amplia reforma educativa -justo cuando se votó la “esencialidad” para liquidar el derecho de huelga de los docentes sin que el sindicalismo kirchnerista haya hecho siquiera un paro de advertencia; en el medio de los ataques de Pettovello también va contra los “intermediarios” de los planes sociales, con el planteo de la universalización a la que siempre se opuso. Todo esto mientras oculta tras la teoría de la “economía bimonetaria” que la crisis argentina responde a la fuga de capitales, al pago de la deuda usuraria, es decir, al saqueo financiero y económico de la clase capitalista. 

 El papel clave lo ha jugado la burocracia sindical -sin fisuras. La convocatoria a un paro nacional para impedir este golpe a los jubilados hubiera alcanzado para frenar la provocación del gobierno, pero la burocracia estuvo lejos de eso. Los gordos no convocaron siquiera a la Plaza de Congreso para “no dar pasto a la represión”, pero dejaron que reprimieran. Los que decidieron ir lo hicieron muy menguados y sin convocar a una medida de lucha, apurando la retirada y así liberando la zona para las bandas armadas de Bullrich. La política de parálisis, traición y entrega de la burocracia es la mayor hipoteca que pesa sobre los trabajadores. 

 Todos jugaron al “poroteo” en el Congreso mientras en su cara Milei sumaba tránsfugas y afuera miles se esforzaban por dar pelea en las peores condiciones: con un aparato represivo descomunal y diputados que ya daban todo por perdido. 

 Más ajuste: confesión de un fracaso

 Es evidente que Milei ha obtenido con el triunfo del veto una herramienta que ahora sabe que podrá utilizar frente a su debilidad estructural, ya Espert lo anunció en su bravuconada en el recinto.

 Pero este es solo un aspecto de los problemas que afronta el gobierno. Milei decidió asumir una tarea que es propia de los ministros de Economía y va a ir el domingo 15 a la noche al Congreso a presentar el Presupuesto 2025, un hecho inusitado y hasta cierto punto riesgoso: va a ser su primer presupuesto y terminaría eliminando a los posibles fusibles si fracasa. Habrá que ver todavía quién lo escucha en el recinto. 

 Milei ha anunciado que va por más ajuste para defender el mentado déficit 0, el cual adquiría carácter de ley, es decir, debiera ser sostenido cueste lo que cueste. Ya vimos que el gobierno decide erogaciones sin resolver cómo cubrirlas, es lo que sucedió con los 100.000 mil millones para la Side, con los gastos en defensa, o con la baja de impuesto a los capitalistas; pero es el argumento que se utilizó para impedir el miserable aumento a los jubilados. Es decir, el Presupuesto 2025 traerá un nuevo ataque a los jubilados, mayores despidos en la administración pública que tiene su correlato en las administraciones provinciales y municipales, licuación salarial, menores transferencias a las provincias, etc. 

 La proclamación de que va por un nuevo y mayor ajuste es la confesión de que el ejecutado, con su carácter brutal, no ha servido para sacar a la economía de la parálisis, no ha facilitado el acceso de los capitalistas al mercado de capitales y no ha resuelto el tema de la deuda pública. 

 Más aún, los datos grafican que la caída del consumo y de la recaudación -junto con los cierres de empresas, pedidos preventivos de crisis, y despidos y suspensiones-, se combina con la caída de las reservas -dólares-, lo que pone en duda la capacidad de hacer frente a los próximos compromisos de deuda y explica que el riesgo país gire en torno a los 1.500 puntos. 

 A esto se agrega que la inflación de agosto superó a la de julio -pasó de 4% a 4,2%- y la incapacidad de bajar la inflación del 4% empieza a mostrar el fracaso del plan de ajuste con recesión incluida como una política capaz de acabar con la inflación. Para más, mientras hasta hace poco desde el gobierno se llamaba a posibles inversores a prestar atención a la inflación núcleo para mostrar que se iba hacia una caída de los índices, esta mostró un crecimiento que se va a proyectar en los datos de setiembre. Por otro lado, la inflación se suma a las presiones para ir a una devaluación como reclaman el FMI, los exportadores, etc., ya que mientras el 4% se sostiene fuerte la “tablita” de Caputo del 2% de devaluación mensual está provocando una depreciación del dólar. 

 Los trabajadores

 En esta situación es claro que la “táctica” parlamentaria -a la cual se aferra el peronismo para contener su dispersión- es una trampa para los trabajadores. El tema central es ganar la calle, es lo que verdaderamente preocupa a Milei y la razón por la que hace despliegues descomunales de su aparato represivo como factor de amedrentamiento para toda la población; es decir, más que signo de fortaleza es muestra de un temor.

 Las organizaciones de jubilados aguerridas sostuvieron con sus luchas esta batalla. Es lo mismo que hacen los trabajadores del neumático con el Sutna a la cabeza contra los despidos, los docentes universitarios que están en plan de paros por sus salarios, los aeronáuticos en lucha por su salario, los docentes de Neuquén ahora como ayer los de Córdoba y Misiones y de otras provincias, los del Garrahan con su extraordinario paro contra la licuación de sus salarios, los trabajadores despedidos en Tierra del Fuego contra el cierre de la Textil Río Grande, los trabajadores de Atucha II o las organizaciones piqueteras reclamando comida, entre otros. Todos ellos son la expresión de una clase trabajadora que va a la lucha en defensa de sus condiciones de vida y lo hace enfrentando y superando la parálisis de las centrales obreras, de la burocracia en los sindicatos, de los punteros en los barrios.

 Representantes de todos ellos estarán en el plenario de la Coordinadora Sindical Clasista de este sábado 14 en Sociales (UBA), junto a los de muchos otros gremios y luchas. Allí la deliberación y las resoluciones buscarán fortalecer la lucha de los trabajadores para superar a las direcciones que hoy los llevan a una crisis. Eso significa nuevos cuerpos de delegados, movilizarnos para rodear cada lucha, arrancar plenarios con mandato, desarrollar una fuerte agitación fabril, impulsar un polo clasista nacional. 

 Son las herramientas para armar la huelga general que derrote a Milei y los tránsfugas.

 Eduardo Salas

Mientras el Senado patea la votación del DNU, la Side ya gastó más de $100.000 millones

Mientras roban a los jubilados, el presupuesto para espionaje creció 245% real entre enero y agosto.

 Finalmente, el oficialismo logró postergar por una semana la discusión en el Senado sobre el tratamiento del DNU que habilita el otorgamiento de fondos discrecionales a la Side. Las millonadas que los libertarios destinan a reforzar la maquinaria represiva y conspirativa del Estado contrastan fuertemente con el ajuste que pagan los trabajadores, entre ellos los jubilados. 

 De hecho, el gobierno de Milei acaba de disponer que dos de los directores de la Side empiecen a cobrar un sueldo, ya que cumplían su rol “ad honorem”. Dudoso. Según un informe de Cepa sobre la ejecución presupuestaria, en el acumulado de los primeros ocho meses del año la Side tuvo un aumento real interanual del 245,4% y lleva gastados $102.125 millones. 

 Esto, cuando las partidas que no cayeron ante la inflación se cuentan con los dedos de una mano. Entre ellas, la del gasto para pagarle al estado mayor conjunto de las Fuerzas Armadas, que tuvo un incremento del 31,3%. Además el gobierno de Milei, amparándose en la figura del “secreto militar”, habilitó al ministro de Defensa Luis Petri a comprar armamento y realizar obras de infraestructura castrense a discreción y sin informar públicamente sobre gastos. Asimismo, está evaluando la posibilidad de adquirir fusiles fabricados por una empresa sionista y viene de comprar 24 aviones caza a Dinamarca. Y esta semana el gobierno estrenó una nueva milicia policial para atacar cortes de ruta y bloqueos en fábricas. 

 Los funcionarios de la Side son Alejandro Walter Colombo, director del Servicio de Inteligencia Argentino (SIA), y Alejandro Pablo Cecati, director de la Agencia de Seguridad Nacional (ASN). Colombo es un espía de carrera, trabajó en la Side durante los años 90 y bajo el gobierno de Mauricio Macri ejerció tareas en Relaciones Internacionales y estuvo cerca de Gustavo Arribas. Cecati es un comisario retirado de la Federal que durante la era Macri fue jefe de custodia del presidente y capo de la Casa Militar; asimismo, ha tejido relaciones con personajes como Carlos Corach y Daniel Scioli. Por otro lado, declaró como testigo en la investigación por espionaje ilegal en el caso ARA San Juan contra el expresidente. 

 Mientras los funcionarios de la Side cobrarán rentas millonarias, el trato del gobierno con los trabajadores es bien distinto. Acaba de vetar un aumento miserable de los haberes para los jubilados, dejándolos en la miseria más brutal; a los trabajadores estatales les paga salarios de pobreza o los despide dejándolos en la calle en un cuadro de recesión; y recorta los presupuestos de salud, educación y obra pública. Los ricos y los capitalistas tienen asegurada la protección de su régimen social y por lo tanto de los negocios que hacen a costa del empobrecimiento de la clase trabajadora. 

 En el marco de una crisis política brutal, Diputados rechazó a fines de agosto el DNU Side. En el Senado, el oficialismo no tiene garantizada por ahora la cantidad necesaria de congresistas para conquistar el desembolso de dinero. Pero la oposición de Unión por la Patria, bloque compuesto por los arquitectos del Proyecto X y por amigos del espía Jaime Stiuso, tampoco pudo construir una mayoría para rechazarlo. En la UCR, donde no hay una postura unánime, prima la crisis. Al interior del PRO, el estado de cosas es convulsivo, máxime si se tiene en cuenta que hace unas semanas trascendió que dos agentes de la Side estuvieron sospechados de querer espiar a Mauricio Macri. Con todo, Santiago Caputo terminó por correr a esos espías como parte de una purga más amplia en la que cayeron agentes que respondían a la macrista exAFI Silvia Majdalani. 

 Milei creó la Side y le enchufó dinero discrecionalmente para reforzar la persecución y represión contra la clase obrera. Está comandada por Sergio Neiffert, amigo de Caputo, y compuesta por elementos que provienen del riñón del menemismo; incluso forma parte de ella Lucas Nejamskis, mano derecha de Stiuso. El espionaje y el control sobre la población son claves para las patronales y su gobierno en tiempos de motosierra y crisis capitalista. El aparato de inteligencia es un eslabón muy importante en el engranaje del Estado capitalista, por eso suscita crisis en los partidos del régimen. Esto explica en parte que la UCR y el PRO, fuerzas colaboradoras de Milei que hicieron uso de la inteligencia para espiar opositores e incluso a elementos de su propia tropa –como lo hizo Macri–, hayan contribuido en Diputados para que salga el rechazo al DNU.

 Los trabajadores tenemos el desafío de derrotar al gobierno represor y ajustador con la movilización popular. 

 Nazareno Suozzi

Agencia Federal de Ciberseguridad: instrumento del fascismo digital

Algoritmos para manipular, vigilar y reprimir.

 El 1 de agosto el gobierno nacional ingresó al Congreso de la Nación los DNU 614/2024 y 656/2024. El primero estipula el cambio de nombre de la agencia de inteligencia de AFI a SIDE y una reorganización de la misma, que la subdivide en cuatro divisiones, que abordarán tareas específicas: el Servicio de Inteligencia Argentino (SIA), la Agencia de Seguridad Nacional (ASN), la División de Asuntos Internos (DAI) y la Agencia de Federal de Ciberseguridad (AFC).

 Esta última fue la beneficiaria de los $100.000 millones de pesos extra asignados para “gastos reservados”, es decir sin rendición de cuentas -se dice en los diarios que ya se han ejecutado más del 80% de esos recursos. El volumen de los fondos reservados ha despertado resquemores en los distintos bloques burgueses, dentro y fuera del Parlamento, ya que muchos avizoran que serán utilizados para volcarlos al aparato de propaganda, a través de los troles libertarios que viralizan fake news e inteligencia interna contra “opositores”, traduciéndose en carpetazos y armado de causas.

 Al frente de la nueva-vieja SIDE se encuentra Sergio Neiffert, una persona sin experiencia en el área, pero que habíría sido elegido para el cargo por Santiago Caputo .

 ¿Ciberseguridad o ciberinteligencia? 

El gobierno liberticida se quiere sumar a la tendencia que atraviesan a las “democracias liberales” en lo que respecta a ciberseguridad basada en las nuevas tecnologías. En Alemania, por citar un caso de “avanzada”, la coalición de gobierno encabezada por el socialdemócrata Olaf Scholz ha presentado dos proyectos de ley que le dan nuevas facultades a la Autoridad Federal de Investigación Criminal (BKA) y a la Policial Federal, que se van a valer de datos biométricos y la IA para reforzar el ciberpatrullaje. Con la cantinela del terrorismo y las migraciones, buscan asfaltar la construcción de un Estado policial, que tenga como objetivo controlar y reprimir las convulsiones sociales provocadas por una economía en caída. 

 La Agencia Federal de Ciberseguridad (AFC) está encabezada por el matemático Ariel Waissbein, experto en blockchain (1) y ciberseguridad. Durante el gobierno de Mauricio Macri desempeñó funciones en el Ministerio del Interior. Cuenta con un recorrido académico, en el que ha publicado una gran cantidad de papers y a su vez ha patentado en EE.UU. una serie de registros de derechos digitales (antipiratería). Waissbein, también conocido como “Wata”, tiene un recorrido en el sector privado. Prestó sus servicios en una de las principales empresas de ciberseguridad del mundo, Core Technologies Security, de origen argentino. Fundada en 1996 y unas de las pioneras en el rubro, mantuvo contratos con el Departamento de Defensa de Estados Unidos, lo que habría despertado el interés de Santiago Caputo en su figura. 

 La apertura de la AFC está antecedida por la presión del sector InfoSec (seguridad de la información) para que el Estado intervenga en la detección de ciberdelitos cometidos contra empresas y entes estatales (2). Según especialistas en el tema, la Argentina se encuentra en un estadio muy atrasado en la materia, pero advierten que ciberseguridad no es lo mismo que ciberinteligencia y afirman: “si la AFC tiene como objetivo mejorar la ciberseguridad y la meten dentro del paraguas de inteligencia, ya empezamos mal” (Dark News 19/7). Los libertarios se valdrán de las bases de datos del Estado para operar y manipular a la opinión pública. 

 Ciberpatota libertaria 

La designación de Waissbein despertó suspicacias en tanto y en cuanto es un experto en criptomonedas. Según versiones, el Gobierno de Milei paga con monedas virtuales (que no deja rastros de transacciones) a los troles libertarios. 

 A la represión y persecución a cargo de la ministra de Seguridad, “patrulla” Bullrich, hay que sumarle los “grupos de tareas” digitales, que actúan en las redes sociales llevando adelante persecuciones, hostigamiento y propaganda libertaria a tiempo completo. Actúan como verdaderos grupos paraestatales, que tienen su centro de operaciones en el Salón de los Proceres en la Casa Rosada y se sustentan con los gastos reservados de la SIDE. Entre los que caminan los pasillos de la casa de gobierno se encuentran Juan Pablo Carreira y el médico genetista Daniel Parisini, más conocido como el Gordo Dan. El primero fue nombrado como director de Comunicación Digital y Publica del gobierno nacional. El segundo es un patotero de poca monta que mantiene un modus operandi: el doxing, término proveniente del inglés que se utiliza para describir la práctica de investigación y publicación de información privada en Internet sobre un individuo o una organización, generalmente con el propósito de intimidar, humillar o amenazar. Se puede inferir que esta práctica de las patotas virtuales se valgan de información proveniente de los servicios de inteligencia.

 La ciberpatota no se queda en el amedrentamiento por las redes. Con el aval del gobierno y de Santiago Caputo, su jefe político, y utilizando las herramientas del Estado han comenzado a materializar sus amenazas. El inefable Gordo Dan, por medio del doxing, comenzó un hostigamiento a un tuitero (@Antiponzista) que reveló información sensible sobre el gobierno. El tuitero en cuestión recibió en su domicilio a un “repartidor de Mercado Libre tocó el timbre de su casa y le entregó la típica bolsa amarilla de la compañía, en cuyo interior había un bol de plástico y tapa transparente con tierra y gusanos. Horas después le llegó un mensaje advirtiéndole que, en caso de seguirla, él también terminaría en la tierra” (Revista Crisis, 13/7). Estos tipos de ataques se han multiplicados en los últimos meses, ratificando la impunidad con la que se mueven estos grupos de tareas, que para materializar estos hechos utilizan a lumpenes y mano de obra desocupada. . 

 Reforzando esta línea de acción, el gobierno ha sumado a sus huestes, a través de Santiago Caputo, a un ferviente seguidor de Trump, Javier Negre, uno de los dueños del pasquín virtual La Derecha a Diario, señalado por la viralización de fake news. Algunos analistas indican que el dinero para la compra de ese sitio provino, precisamente, de los fondos reservados de la SIDE. Negre realizó pasantías en el diario El Mundo. Sus colegas españoles lo acusan de difundir desinformación y transgredir principios éticos de la profesión. En 2019 fue condenado por difundir información privada de una víctima de violencia de género que se encontraba bajo identidad reservada. Durante la pandemia abrió su canal de YouTube Estado de Alerta (EDA). Por la desinformación YouTube y Twitter suspendieron temporalmente las cuentas de EDA. El libertario de Negre, haciendo caso omiso de sus principios, recibe pauta del Estado español, así como de gobiernos derechistas de Galicia, Sevilla y Madrid, gobernadas por el PP o VOX. En definitiva, un ensobrado más. Es este el gramaje con el que están hechos los manipuladores de la opinión pública que construyen a través de su propaganda un escenario de confusión sobre las masas. Es esto lo que ha venido a hacer Negre a la Argentina. 

 Mientras Milei descarga por medio de un plan de guerra un ajuste de características brutales (“el más grande de la historia”), pretende aumentar el presupuesto para los servicios de inteligencia brindándole toda la maquinaria estatal, para afrontar por medio de la represión, el espionaje y el ciberpatrullaje la convulsión social y los choques de clases que se deriven de la aplicación de su plan económico. La lucha contra el Estado policial no va a salir de la rosca de los partidos burgueses en el Parlamento o fuera de él. Es necesario plantear la apertura y desclasificación de los archivos en manos de los aparatos represivos del Estado y su consecuente desmantelamiento. 

Lucas Giannetti

 12/09/2024

 (1) https://www.xataka.com/especiales/que-es-blockchain-la-explicacion-definitiva-para-la-tecnologia-mas-de-moda 

 (2) InfoSec (Seguridad de la información) es un término general que abarca diversas prácticas, herramientas y procedimientos que las empresas utilizan para proteger la información comercial. El objetivo de InfoSec es evitar cualquier uso, modificación, destrucción o inspección no autorizados de los datos. Los tres principios fundamentales de InfoSec (a menudo llamados CIA tríada) son Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad.

Estadísticas oficiales: una radiografía del empobrecimiento en la Ciudad de Buenos Aires

Una familia porteña de cuatro integrantes necesitó 966.228 pesos y una casa para no ser pobre en agosto de 2024. Un millón de pesos y un techo, en una ciudad donde un departamento con tres dormitorios no baja de los 650 mil pesos. Las cifras son parte del informe del Instituto de Estadística y Censo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La misma publicación dice que una familia tipo necesitó 536 mil (y un hogar) para no ser indigente y 1 millón y medio para ser de clase media. 

 Buenos Aires es “la ciudad más rica del país”, pero según midió el mismo organismo para el último trimestre de 2023 casi un millón de porteños era pobre. Desde entonces aumentaron el transporte, los servicios de luz, gas y agua, los remedios, los alimentos y los alquileres. Los que no aumentaron a la par fueron los salarios, las jubilaciones, ni mucho menos los planes sociales. Según el Indice de Precios al Consumidor de Buenos Aires, en los primeros ocho meses se registró una inflación del 106,8%: nadie debería sorprenderse del salto de la pobreza en la Ciudad que se registrará en el último trimestre en relación al mismo periodo de 2023. 

 “Clase Media” 

El otro dato que arroja la estadística oficial es que una familia tipo debió tener ingresos entre 1,5 y 4,8 millones para ser considerado de “clase media”. Esta expresión involucra en su mayoría a familias trabajadoras que viven en la Ciudad. La porción que ingresa en ese rango ha quedado reducida a su mínima expresión. Los trabajadores porteños hace años que vienen siendo expulsados al otro lado de la General Paz por el alto precio de la vivienda, cuando no se resignan a amucharse en un puñado de metros cuadrados, recortan las actividades extracurriculares de los y las hijas, achican el plan de la prepaga, etcétera. 

 Un docente porteño no llega a ser de “clase media”, los trabajadores del sistema de salud no médicos, menos. Entre los y las trabajadoras municipales, es cada vez más frecuente que habiten en el conurbano: sus ingresos están por debajo de la línea de indigencia –536 mil pesos más el costo del alquiler y las expensas. 

 Cada vez más familias enteras viven en la calle, bajo el asedio permanente de la Policía de la Ciudad y las patotas paraoficiales del gobierno porteño.

 Jubilados 

La situación de los y las jubiladas es aún más critica. Una pareja de dos adultos mayores necesitó más de 270 mil pesos para superar la línea de indigencia y más de 480 mil pesos para alcanzar el status de pobres. Entre ambas cifras se ubica actualmente el monto de la jubilación mínima. Estas mediciones, por otra parte, se realizaron antes del recorte del subsidio a los medicamentos por parte del PAMI, además de los aumentos y tarifazos antes mencionados. No hay jubilados con la mínima capaces de afrontar el gasto del alquiler sin ayuda de otros familiares. 

 La situación general de la clase obrera plantea la necesidad de luchar por romper con la connivencia de la burocracia sindical en la destrucción de los salarios y por terminar con los gobiernos de Milei- Macri. 

 Valentina Viglieca

 12/09/2024

El Congreso sale al rescate del gobierno de Milei

La jornada de este miércoles 11 ha sido altamente instructiva para todos los trabajadores que luchan contra el gobierno de Milei. El veto a la misérrima ley jubilatoria que disponía un aumento de $15.000 en los haberes fue salvado por un dispositivo político que no dejó afuera a ninguno de los aparatos políticos y sindicales tradicionales, de la UCR al peronismo, pasando por el massismo. Una versión interesada de la sesión que refrendó el voto atribuye ese resultado al viraje de un puñado de diputados radicales que “arreglaron” con Milei por cuerda separada. Lo que no dicen es que el jefe del bloque radical, Rodrigo de Loredo, ya avisó que los díscolos no serán separados del bloque. Todo seguirá “en casa”, como ocurrió con el apoyo del mismo de Loredo a la Ley Bases, o, todavía más, cuando el "rebelde" Lousteau se sentó a su banca en el Senado y habilitó el quórum necesario para el tratamiento de la megaley antiobrera. Junto a los radicales, sumaron su apoyo al veto los diputados pejotistas y massistas que responden a gobernadores como Jaldo o Sáenz. La participación del peronismo en la “coalición del veto” fue puesta de manifiesto por el propio Germán Martínez, el jefe de la bancada, al conjeturar sobre “qué hubiera ocurrido” si votaban contra el veto “todos los que fueron elegidos en la lista de la Unión por la Patria”. 

 Senado 

Los episodios de hoy, por lo tanto, mostraron a un gobierno que se sostiene con el aval del mismo Congreso al que somete con sus vetos y decretazos. Esta operación de rescate parlamentario del régimen se ha completado, hoy mismo, con otra componenda, pero en el Senado. El gobierno logró sacar del temario de la sesión de mañana al rechazo del DNU que dispuso la asignación de 100.000 millones de pesos de gastos reservados a la SIDE. La oposición le ha concedido a Milei postergar el tratamiento a sabiendas de que el Gobierno está gastando a todo vapor los recursos dispuestos en ese DNU para sus operaciones de fake news, insidias políticas y espionaje.

 Para la sesión de mañana quedó en pie la ley de “financiamiento universitario”, cuyo tratamiento se ha dejado correr por dos razones. Primero, porque cuando el Gobierno la vete, algo que ha anunciado que hará, ya cuenta con el “bloque del veto” que se manifestó en la sesión de hoy y que podrá impedir los dos tercios, en caso de que se quisiera insistir con la ley. Segundo, porque la ley sólo le “encomienda” al Gobierno ajustar los salarios universitarios; se trata, en definitiva, de una exhortación. La decisión de enterrar la cuestión de los gastos reservados demuestra que el rescate del veto jubilatorio no constituyó una votación aislada: se ha puesto en marcha un dispositivo de salvataje de los decretazos oficiales, con una amplia y extendida complicidad de la “casta” de los partidos del capital. 

 La calle 

Esta operación de socorro al gobierno libertario ha tenido otra pata decisiva, pero ya afuera del Congreso. Nos referimos a la burocracia de los sindicatos. El veto jubilatorio pasó ante el ominoso silencio de la CGT, que en esas horas discutía con el Gobierno la reglamentación de la reforma laboral y la caja de las obras sociales. En la marcha de hoy, una fracción de la burocracia aportó algunos miles de manifestantes de sus aparatos gremiales, vale decir que la jornada ni siquiera mereció un paro de la CGT. En el palco oficial colocado por las centrales sindicales no se le otorgó la palabra a las organizaciones de jubilados que todos los miércoles concurren al Congreso, y que dispararon la movilización popular contra el veto. Aunque formalmente los sindicatos ligados al moyanismo y al kirchnerismo -UOM, Bancarios, Judiciales y otros- exhibían sus carteles, la masa de manifestantes no se confundía: “Adónde está que no se ve la famosa CGT” fue una de las consignas más cantadas en la jornada. Los luchadores presentes no daban por válida ni efectiva a la presencia de los aparatos sindicales, que buscaron disimular su ausencia en la lucha contra el Gobierno. Apenas se retiraron los aparatos, ocurrió lo previsible: la represión feroz sobre el público presente, organizaciones de jubilados y partidos de izquierda. Bullrich había preparado largamente ese desenlace: al advertir en la jornada anterior sobre los “hechos de violencia”, anticipaba su propia conducta, o sea, la provocación represiva. 

 Conclusiones políticas 

La ratificación del veto es una victoria del gobierno liberticida. Pero deja poderosas conclusiones y cierra una etapa política. Durante las últimas semanas, se montó el escenario de un choque de poderes entre el Gobierno y el Congreso. Los bloques parlamentarios -y los aparatos sindicales y políticos que los sostienen- intentaron presentarse como el canal de ciertas reivindicaciones sociales, como ocurre con el tema jubilatorio o la cuestión universitaria. Esta presentación le aportó otra excusa al inmovilismo de los aparatos sindicales. En el caso de la universidad, la lucha salarial fue convertida en un lobby parlamentario, con el apoyo del FITU. Pero la “coalición del veto” ha derrumbado estas ilusiones políticas. Detrás de los chisporroteos, se puso de manifiesto una solidaridad estratégica con el plan de guerra de Milei-Caputo contra las masas trabajadoras. Las luchas por delante plantean la independencia y la demarcación implacable de los cómplices políticos y sindicales de Milei, que son mucho más que siete mercenarios radicales. 

 Marcelo Ramal 

 11/09/2024

Santa Fe: con represión y una votación trucha, Pullaro y la legislatura imponen la reforma previsional

En el marco de una jornada que inició con la Legislatura blindada por un vallado y un despliegue policial inaudito, en sintonía con el protocolo Bullrich, los legisladores santafesinos se aprestaban a tratar la reforma previsional que establece la emergencia previsional, liquida el régimen opcional docente (2x1), impone aporte a los jubilados, aumenta edades y los aportes que realizan los activos, habilita al Poder Ejecutivo a modificar las edades de retiro y a ‘armonizarlas’ con las que establezca la Nación. 

 El déficit aludido para justificar este ajuste contra las jubilaciones no es tal, representa menos del 10% del presupuesto provincial. Pullaro -que no ha hecho nada para recuperar los fondos retenidos por Nación y ataca la caja con sumas en negro y trabajadores precarizado- es responsable de este desfasaje cuyo costo pretende cargar a los laburantes. Pullaro elige no recaudar recursos genuinos, protegiendo los intereses de los poderosos grupos económicos, beneficiándolos con exenciones impositivas a agroexportadores, cerealeras, grandes capitales y terminales portuarias que pagan míseros 0,25% de ingresos brutos. 

 Movilización 

Una movilización histórica y multitudinaria de docentes, jubilados, junto a distintos sectores de trabajadores públicos de salud, municipales provinciales, se fue congregando desde la mañana para rechazar la reforma de Pullaro. 

 A pesar del golpe que representa la reforma para el conjunto de los trabajadores de la provincia, sólo los gremios docentes, Amsafe y Sadop, convocaron a movilizar con un paro de 24 horas; otros sindicatos afectados por la reforma, como el de los municipales movilizaron sin paro, mientras que ATE y UPCN directamente boicotearon la lucha sin convocar a movilizar, en una clara demostración de subordinación y acuerdo con el gobierno. Esto no impidió que sectores estatales de base se movilizaran por su cuenta.

 Las conducciones celestes de la Amsafe y SADOP, junto a dirigentes de la CTA y la CGT, repitieron la escenificación de la jornada del jueves pasado, cuando el Senado dio media sanción, colocando el escenario casi fuera de la plaza, a 50 metros de la esplanada legislativa. El acto dirigido por la CTA y la CDP de Amsafe, consistió en un desfile de los voceros, incluso de gremios que no movilizaron, y luego transmitirían la sesión, sin más perspectiva para los trabajadores que ser espectadores de cómo se consumaba la liquidación de nuestros derechos, que ya tenía resultado cantado, porque el oficialismo cuenta con mayoría en ambas cámaras. Por eso, el acto fue ignorado por sectores de la oposición y una enorme mayoría de docentes, jubilados y manifestantes que se congregaron en torno a las puertas mismas de la legislatura, para manifestar exigiendo el ingreso hasta derribar las puertas. 

 La brutal y preparada represión se descargó de inmediato, con gases y palos. La carga represiva no logró dispersar la movilización que se mantuvo en la plaza. Mientras tanto, en el recinto, el oficialismo (el bloque de Unidos que responde al gobernador Pullaro y el Partido Socialista) buscó apurar y forzar una votación sin debate, invocando una moción de privilegio, y sin siquiera contar con el quórum como establece el reglamento lo que fue denunciado por distintos diputados de oposición, que pidieron anulación de la votación, se les negó la palabra, e incluso advirtieron que sus votos fueron cambiados en medio de la maniobra. Tras el cuarto intermedio en Diputados, la oposición exigió reconsiderar el tratamiento del proyecto, denunció un procedimiento irregular y anunció que irá a la Justicia. 

 Amsafe Rosario y otros gremios han emitido rápidamente comunicados planteando la nulidad de la reforma votada de manera irregular. También desde el colegio de abogados y trabajadores del poder judicial habían advertidos de numerosos aspectos que vuelven el proyecto inconstitucional. 

 La heroica jornada de lucha protagonizada por la docencia y estatales este jueves ha sido un punto de inflexión. Deja en claro que la clase trabajadora está de pie, que tiene la determinación de enfrentar los atropellos del gobierno, pero también que toma nota del rol de las conducciones que han despejado la cancha a las patronales, dejando pasar todos los ataques y ajustes. Hay condiciones para derrotar la reforma y a los gobiernos, pero de ninguna manera va a pasar por las centrales sindicales que son parte del problema, sino de la intervención independiente de los trabajadores en la crisis. Por este camino, con autoconvocatorias, plenarios de delegados con mandato, asambleas en lugares de trabajo, preparemos la huelga general. 

 Germán Lavini 

 12/09/2024

Hace 51 años

Es importante recordar, mantener la memoria viva para que las generaciones que no vivieron esas experiencias estén al corriente de ese pasado, que, aunque obscuro, pertenece a nuestra historia.

 El tiempo pasa a ritmos diversos de acuerdo a las vivencias de cada individuo, pero la memoria conserva de manera intacta aquellos sucesos que marcaron y que convulsionaron profundamente la vida de las personas. 

 Creo que ha sido el caso de quienes fuimos de alguna manera protagonistas principales o secundarios de esa singular experiencia de cambio social con democracia y participación ciudadana, que condujo durante mil y un días el presidente Salvador Allende y que culmina con el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. 

 Aunque hayan pasado 51 años en nuestra memoria aún están nítidos los acontecimientos de esa fecha y las crueldades, asesinatos, desapariciones, torturas, exilios y violaciones a los derechos de las personas y de la dignidad humana que con más o menos intensidad se prolongaron durante poco más de 16 años hasta el retorno a la democracia.

 Igualmente están presentes los cambios que la dictadura militar apoyada por civiles y por los Estados Unidos produjo en la sociedad chilena imponiendo un estado totalitario, antidemocrático e individualista, antítesis de una antigua tradición republicana, solidaria y tolerante. 

 Perduran aún las imágenes de los prisioneros de La Moneda tirados boca abajo y maltratados por soldados cuyo uniforme evoca la vestimenta de las tropas nazis. O la terrorífica imagen del dictador Pinochet con sus lentes negros y su cara patibularia inmortalizada por el fotógrafo de la agencia Gramma, el holandés Chas Gerretsen, luego del tedeum efectuado el 19 de setiembre de 1973 en honor a las Glorias del Ejército en la Iglesia de la Gratitud Nacional; como si la felonía y la traición fuesen una gloria. Tedeum al que asistieron sin vergüenza alguna el ex presidente Gabriel González Videla, quien dejó para la posteridad su figura de bailador de conga, de perseguidor de secretarias por los pasillos de la Moneda y su traición a sus aliados comunistas; el también ex presidente conservador en lo político y menos en su vida personal Jorge Alessandri y el más presentable de todos aunque también vasallo del golpismo el demócrata Cristiano Eduardo Frei Montalva cuya familia donó ostentosamente joyas para “reconstruir el país” y que hasta hoy nadie se ha preguntado en qué dedos y gargantas de ex militares se encuentran.

 Presente en la memoria está también el exilio del que muchos sufrimos, el desarraigo y la voluntad por insertarse en las diferentes sociedades y por continuar la lucha por la democracia. Lucha que le costó la vida al General Prat, al ex ministro de Salvador Allende Orlando Letelier junto a los intentos de asesinato a Bernardo Leighton, a su esposa y a Carlos Altamirano entre muchos otros atentados en el marco de la Operación Condor, organización terrorista que contó con la complicidad y el beneplácito de las dictaduras latinoamericanas y de la CIA

 Muchos exiliados fuimos objeto de persecución por denunciar las atrocidades del régimen y por propiciar la democracia. En Argentina se nos persiguió, torturó y encarceló junto a nuestras esposas, dejando a nuestros hijos pequeños solos y desvalidos, peligrando ser raptados por familias de militares. Hasta el último suspiro de agonía de la dictadura se nos prohibió el ingreso al territorio nacional. Se nos negó el derecho a pasaportes y cuando se pudieron obtener, esos documentos fueron marcados con una letra “L “que indicaba que estábamos en las listas de los aborrecidos. 

 Una vez recuperada la democracia y aunque la alegría no haya sido del todo como se esperaba, los chilenos pudieron tomar conciencia de lo que fueron esos años de terror, de miedo, de intolerancia. Los medios de comunicación jugaron un rol fundamental en ello, al igual que las diversas Comisiones por establecer la verdad, la reconciliación, como el informe Rettig publicado en 1991. Los posteriores mea culpa de muchos conspicuos civiles que siempre dijeron que no sabían nada, que ignoraban las atrocidades o que se excusaban diciendo “algo habrán hecho” o “es necesario extirpar los males para restablecer la convivencia”, mostraron el servilismo, la condescendencia y la bajeza moral de esos personajes algunos de los cuales ocuparon altas funciones en el periodo democrático. 

 Es importante recordar, mantener la memoria viva para que las generaciones que no vivieron esas experiencias estén al corriente de ese pasado, que, aunque obscuro, pertenece a nuestra historia. 

 Agustín Muñoz. Exdirector Regional de la OIT para Las Américas.

Para Milei: ataque a un jubilado y haga patria

Hay algo que el verborrágico presidente de la nación no puede pronunciar. Quizás por aquello de que nadie puede decir cualquier cosa en cualquier lugar y como Milei dejó de ser panelista se le imponen algunos pocos límites. 

 El límite no es algo que practica mucho pero, desde que es presidente, suele controlar su personaje y se rescata. Es un showman que sabe dónde y cuándo insultar para viralizar su mensaje. 

 No es improvisado en eso de la producción de un relato de la realidad que se ajuste a sus intereses. Es por esto último qué hay cosas que no puede decir pero que se denotan en su accionar. Por ejemplo, no es difícil entender que le encantaría decir “haga patria atacando a un jubilado”. Esta frase, horrible, o alguna parecida, sería la que pronunciaría si no tuviera miedo de perder adeptos. Así lo demuestra lo que viene haciendo desde su gobierno. 

 Denostó a quienes votaron una pequeña mejora en las jubilaciones. Lo hizo con un comunicado propio de su rol de showman. Puso insultos, habló de valores, de conceptos económicos y de lo que merecen los argentinos (como si los jubilados no fueran argentinos). Si se sacan todas las distracciones de su discurso y se lo contextualiza con lo que viene haciendo, lo único que queda es el ataque constante a los jubilados. Es eso lo que sostiene en el tiempo, los jubilados como enemigos de su supuesto “plan de gobierno”. Realizó un brutal ajuste y más del 30% del mismo lo pagó con la baja de las jubilaciones. Dice que no hay plata para aumentar las jubilaciones, pero cabe preguntarse si en realidad no es un tema de prioridades, porque vimos que se gastaron 500 millones por cada viaje del presidente al exterior y la mayoría fueron por cuestiones particulares. El desfile del 9 de julio se calcula que costó mucho más de 400 millones. A la SIDE pretende darle 100 mil millones de pesos. Y se podría seguir hablando de los distintos destinos que le da a la plata. Es claro que sí hay plata pero los jubilados no son prioridad, así como no lo son los comedores, ni la investigación científica o la educación pública. Mientras se castigan estos sectores se perdonan impuestos a quienes más tienen. Para el proyecto político encabezado por Milei los jubilados deben ser atacados. Y no sólo se ve en lo magro de las jubilaciones y en los datos señalados antes, también en los cambios de las prestaciones del PAMI y demás cuestiones que afectan a quienes tanto han trabajado para hacer este país. Allí están las agresiones contra los mayores y en ellas una de las frases que Milei y su gente no pueden pronunciar pero que ponen en escena en cada agresión a los jubilados. Como showman que es, desde hace días vienen anunciando el veto a la ley que plantea unos pequeños beneficios a los jubilados. No firmó rápidamente el veto, lo anuncia y lo vuelve a anunciar, con esa demora monta un escenario desde el cual tira insultos, acusa sin dar nombres, mezcla conceptos económicos y miente abonando su relato acerca de la realidad. Y continúa agrediendo a los jubilados, mintiendo que lo hace para que estén bien los argentinos como, repito, si los jubilados no lo fueran. Para él no importa tanto lo qué dice la Ley sino aparecer derrotando a sus enemigos, los jubilados. Otros pensamos distinto y debemos decirlo en voz alta, creemos que los jubilados deben cobrar montos dignos, que se les debe respetar sus derechos y que no vamos a tolerar que se los siga agrediendo como se está haciendo. Sabemos que hace años vienen pasando tiempos duros y que esto que se está haciendo no es el cambio necesario porque los arrastra a la indigencia. Y lo que pensamos y decimos con respecto a los jubilados, también lo sostenemos respecto a las infancias que pasan hambre mientras el gobierno retiene miles de toneladas de alimentos que podrían ayudar a salvar la urgencia de comida. También lo decimos de todos los sectores del pueblo que son atacados por este gobierno. El showman que está sentado en el sillón de la Presidencia de la Nación está haciendo su espectáculo, pero las luces de su escenario van siendo apagadas por los datos de la realidad. 

 Jesús Chirino. Secretario Gremial. CTA Villa MarÍa

¿Es nacionalista la vicepresidenta Villarruel?

Es común entre los analistas políticos de distinto cuño ideológico afirmar que la diferencia entre Milei y Villarruel radica en que él proviene del mundo financiero y, por ende, carece de cualquier anclaje en la idea de Patria, en tanto ella encarna a un ala ‘nacionalista’ y ‘malvinera’ con fuerte arraigo en las Fuerzas Armadas. 

 Históricamente en la Argentina existió una importante ala nacionalista de estirpe oligárquica, conservadora, clerical y anti-británica, que tuvo como voceros a talentosas y refinadas plumas que escribían habitualmente en la gran prensa de la época (La Nación, La Prensa, Crítica, etc). Dejaron una vasta obra para todo aquel interesado en la historia de las ideas de la primera mitad siglo XX. Podríamos mencionar a Carlos Ibarguren, los hermanos Irazusta, Marcelo Sánchez Sorondo, Leopoldo Lugones (en algún momento de su vida), Mario Amadeo y el cura Menvielle, entre otros destacados pensadores e intelectuales. El origen de esta corriente se remonta a las primeras décadas del pasado siglo y expresaba la reacción de las clases acomodadas a las nacientes organizaciones obreras, mayormente nutridas de inmigrantes europeos imbuidos de ideología socialista y anarquista. En sus tertulias en los salones del Jockey Club, estos caballeros profesaban un nacionalismo de etiqueta, que consistía esencialmente en repudiar la invasión foránea, reivindicar los tiempos dorados de Juan Manuel de Rosas y denostar al omnipresente demonio marxista. Rivalizaban con el liberalismo oligárquico clásico, de raíz mitrista, que ejercía una sólida hegemonía en alianza con la embajada británica. Los nacionalistas maurrasianos cifraron grandes expectativas en el fascismo italiano de Mussolini y se alinearon incondicionalmente con el franquismo durante la guerra civil española. En términos de la política doméstica eran furiosamente anti-irigoyenistas (rodearon a Uriburu en el golpe del ’30) y años más tarde anti-peronistas militantes, al punto de jugar un rol de primer orden en los bombardeos de junio del ’55 (‘viva cristo rey’) y en el golpe de septiembre que derrocó a Perón. En ambos momentos de la historia, fueron rápidamente desplazados por sus primos liberales que constituían la verdadera oligarquía terrateniente y controlaban a los altos mandos antiperonistas de las FFAA (Aramburu, Rojas, Lanusse, etc). En los ‘60 y ’70 se opusieron radicalmente a la gran ola de alza de masas que sacudió al país bajo el influjo de la revolución cubana y de la resistencia peronista. Algunos grupos juveniles del nacionalismo anticomunista giraron más tarde hacia posturas filo-peronistas e izquierdizantes y nutrieron a varias organizaciones armadas, especialmente Montoneros. A partir de los ’80 perdieron fuerza y virtualmente desaparecieron del escenario político. 

 La pregunta que surge tras esta breve reseña es la siguiente: ¿es posible reconocer en las raleadas huestes de militares retirados que rodean a la señora Villarruel algún atisbo de aquella vertiente político-ideológica influyente durante el siglo XX? Si nos detenemos por un momento a analizar el discurso y la práctica de la vicepresidenta, solo puede reconocerse en su gélido tono marcial una macabra y polvorienta reivindicación del terrorismo de Estado de los ’70, envuelto en la consigna encubridora sobre ‘la verdad completa’. No hay ni el más mínimo contenido político, programático, histórico o ideológico en sus pronunciamientos públicos; no existe un proyecto de país, aunque sea elitista y reaccionario como el de los viejos nacionalistas, mucho menos desarrollista o industrialista. Jamás se la escuchó esbozar una sola crítica política a la orientación servil y rastrera hacia el poder anglosajona y el sionismo que impúdicamente expresa Milei cada vez que puede. Por el contrario, con su voto ‘orgulloso’ (así lo calificó) decidió la aprobación de la Ley Bases, un verdadero ‘estatuto legal del coloniaje’. En tiempos de guerra mundial como el actual, en el que cada vez es más notorio que el imperialismo occidental tiende a abandonar la carta ‘derechohumanista’ que esgrimió en su enfrentamiento con el bloque soviético durante los ’80 y ‘90 y vuelve a recalentar su propaganda guerrerista, los discursos ‘anticomunistas’ y ‘antiterroristas’ de Villarruel son enteramente funcionales a los intereses del Pentágono, embarcado en la construcción de un clima de guerra de alcance planetario. 

 Es interesante observar que en boca de la vicepresidenta la reivindicación de Malvinas -la única divisa patriótica capaz de movilizar positivamente a las fuerzas armadas- nunca supera el plano meramente emotivo y convive sin problemas con un presidente que reivindica a Margaret Thatcher y coloca al país en el campo de la OTAN. La sedicente ‘hija de un veterano de Malvinas’ hizo mutis por el foro en cada una de las arremetidas del usurpador británico de los últimos meses (ampliación del puerto en Malvinas, explotación petrolera, visita del Canciller Cameron a las islas, etc). Cuando se trata de traer al presente el drama de los ’70, la vicepresidenta propone acciones legales inmediatas contra exmilitantes armados, en su mayoría exterminados bajo el terrorismo de Estado que ella exalta o integrados dócilmente al aparato del Estado oligárquico, como su aliada Patricia Bullrich. Por el contrario, nada concreto se le escuchó proponer hasta ahora para afectar el interés británico que ocupa nuestro territorio y saquea nuestros recursos. En ese tema, por el contrario, alienta una reconciliación entre exsoldados británicos y veteranos de Malvinas argentinos en aras de la paz. Es decir, dura, durísima con los escasos sobrevivientes de los lejanos ’70; blanda y comprensiva con los británicos que ocupan nuestras tierras y nuestros mares. 

 Como se deduce de lo dicho hasta acá, el ‘nacionalismo’ de Villarruel es apenas una tenue mascarada completamente desprovista de real contenido patriótico. Una retórica grandilocuente sin sustancia, puramente demagógica. Nada la une ni intelectual ni políticamente al viejo nacionalismo oligárquico que, al menos, exhibía un genuino sentimiento anti-inglés en una Argentina dependiente, que hoy se encuentra todavía más encadenada al poder occidental que en aquellos tiempos. Villarruel es apenas el ariete de un puñado de envejecidos torturadores condenados por crímenes de lesa humanidad y que buscan desesperadamente una imposible reivindicación en los prolegómenos de su desaparición física. 

 Fernando Cangiano. Exsoldado combatiente de Malvinas y autor del libro ‘Malvinas, la cultura de la derrota y sus mitos’ Ed Dunken, 2019.