viernes, noviembre 17, 2017

Los mariscales de Silicon Valley



Los dueños de Internet -Facebook, Twitter, YouTube, Microsoft- hacen negocio con la guerra antiterrorista vendiendo los datos de millones de usuarios.

El 26 de marzo de 2016, un parque infantil de Lahore, Pakistán, sufrió un ataque terrorista que acabó con la vida de gran cantidad de niños y sus padres; juguetes y zapatitos quedaron desparramados junto a diversas partes del cuerpo y fragmentos quemados de ropa. A cientos de miles de kilómetros de allí, en Palo Alto, California, el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, entró en su perfil de Facebook, que aglutina a millones de seguidores en el imperio de su red social. Conmovido por las noticias de la masacre de Lahore, Zuckerberg observó que su equipo de Facebook había activado demasiadas veces en los últimos meses la “Comprobación del estado de seguridad” (Safety Check), que se diseñó para que los usuarios pudieran alertar a sus amigos y seguidores de que se encuentran fuera de peligro cuando se produce un ataque mortal o una catástrofe natural. Zuckerberg hizo referencia a los ataques terroristas que habían sacudido Turquía y Bélgica, además de mencionar el atentado de Lahore. Para finalizar, confirmó su determinación de hacer frente a esos males con una conclusión marcada por su característico sientehabla:
Creo que la única manera sostenible de defenderse de aquellos que buscan dividirnos consiste en crear un mundo en el que la comprensión y la empatía se propaguen con mayor velocidad que el odio, y en el que todas las personas de todos los países se sientan conectados, apreciados y amados. Ese es el mundo que podemos y debemos construir entre todos.
En los meses posteriores, Zuckerberg pasó a otras cosas: una iniciativa para “curar todas las enfermedades” (sí, la gente todavía cae enferma de forma inoportuna, aunque Zuckerberg velará porque reciban el tratamiento más eficaz posible) y, en junio de 2017, una visita a Iowa para sondear una supuesta candidatura presidencial. No obstante, a finales de ese mes, regresó a la tarea de hacer frente al terrorismo. Se alió con Microsoft, Twitter y YouTube, y anunció una iniciativa que difería bastante del emotivo alegato en favor de la empatía lanzado un año antes. Los gigantes de las redes sociales se centrarían a partir de ahora en desarrollar una tecnología que sirviera para restringir el acceso de los grupos terroristas a sus redes, y el coloso de software Microsoft (que no emitió un comunicado por separado) probablemente expandiría sus protocolos de control lingüístico mediante una serie de colaboraciones que había formalizado en mayo con varias ONG.
La nueva iniciativa multiplataforma y antiterrorista, fabulosamente titulada “Foro mundial de internet para combatir el terrorismo”, prometía desarrollar tecnología que pudiera detectar el material terrorista y establecer unas buenas prácticas que sirvieran para combatir el extremismo y el odio; además, tendría a las cuatro megaplataformas colaboradoras compartiendo información sobre posibles “herramientas para contrarrestar el discurso”. Al parecer, el amor y la empatía habían desaparecido del debate. Tampoco quedaba rastro del tecnorealismo que un año antes había llevado al grupo de reflexión de Twitter a declarar que no existía ningún “algoritmo mágico” que pudiera identificar el contenido terrorista en internet.

El Blackwater virtual

De hecho, desde que emitieron su anuncio, sobrio en comparación con otros, las cuatro partes integrantes del Foro mundial de internet todavía no han logrado inventar nada remotamente parecido a un algoritmo mágico que desafíe al terrorismo. Aunque en realidad la verdadera innovación nunca pretendió adoptar forma de código: el nacimiento del Foro mundial de internet marca el inicio de la expansión de las redes sociales y las plataformas de contenido compartido hacia la administración de la guerra contra el terrorismo con el respaldo del Estado.
Como sucedió con otras iniciativas que pretendieron privatizar las guerras terroristas en el pasado, esta futura simbiosis probablemente empeorará la situación en todos los frentes. Los gobiernos podrán seguir inmiscuyéndose libremente en la privacidad y la libre expresión en condiciones de mayor impunidad, y también las plataformas sociales se ajustarán con firmeza al protocolo estatista (y las fuentes de financiación) para garantizar sus actuales monopolios mundiales. Como ya sucedió con el famoso caso de Blackwater (la empresa privada cuyos mercenarios llevaban a cabo interrogatorios, extradiciones, torturas y masacres civiles durante la invasión estadounidense de Irak), la rama antiterroristas del Foro mundial de internet podrá operar a salvo sin que exista nada parecido a una rígida supervisión pública, libre del molesto mandato del sector público sobre transparencia e información. La información que acumule podrá compartirse en secreto con un gobierno, y con más de un gobierno, y esto le permitirá ser capaz de localizar, procesar y perseguir a cualquier ciudadano que localicen las búsquedas de datos según la agenda política del momento.
El panorama es igual de desolador para los usuarios de las redes sociales situados en la parte comercial. Si una de sus publicaciones o tuits suscita el interés del politburó del Foro, los usuarios podrían perder el control real sobre sus clics, ubicaciones y consultas (y lógicamente sobre el flujo constante de información demográfica que se filtra de forma rutinaria de sus cuentas) en el caso de que un moderador de Facebook o un algoritmo de Twitter extremadamente recelosos les etiquete como terroristas, o como terroristas en potencia. En otras palabras, nuestros amos tecnológicos, que no rinden muchas cuentas de por sí, serían el factor más influyente en la vida privada de un individuo, sin necesidad de estar sometidos al peso de las garantías procesales que exigen todos los gobiernos hasta que esa persona ya esté clasificada y condenada por los datos recopilados.

Zuckerberg, zar del terrorismo

Más allá de la capacidad optimizada de vigilancia que inevitablemente acompaña a un acuerdo contractual para promover una iniciativa de este u otro tipo en la lucha contra el terrorismo, aquí también está en juego algo que podría llamarse una rama metafísica de la ampliación de metas. Cuando las plataformas sociales estén a la vanguardia de la guerra contra el terrorismo, también se arrogarán el poder de definir qué es terrorismo (y quién, a su vez, es un terrorista).
En realidad, pocos días después del anuncio del Foro, la página de periodismo de investigación sin ánimo de lucro, ProPublica, publicó un sólido informe sobre el trato diferente que los moderadores daban a ciertas publicaciones, dependiendo de la identidad racial y las convicciones políticas de los que publican las entradas. En su mayor parte, se trataba de una trágica historia de dos publicaciones de Facebook. Una del congresista republicano de Luisiana, Clay Higgins, al día siguiente del ataque terrorista en el puente de Londres, que decía: “Cazadlos, identificadlos y matadlos, ¡matadlos a todos!”. “Por el bien de todo lo bueno y justo, ¡matadlos a todos!”.
Facebook no eliminó la publicación, a pesar de que incitaba claramente a la violencia y contravenía los términos de servicio de la página, porque supuestamente iba dirigido hacia un subgrupo específico de musulmanes (los “radicalizados”) en lugar de estar dirigido a todos los creyentes del islam. Más o menos por las mismas fechas, Facebook eliminó una publicación del poeta y activista de Black Lives Matter, Didi Delgado, que decía: “Todos los blancos son racistas. Parte de esa base o ya estarás equivocado”. Para asegurarse de que se castigaba como era debido a la persona que lo publicó y que el contenido ofensivo no se republicaba, cancelaron la cuenta de Delgado durante siete días.
Esta evidente doble moral parece reflejar perfectamente la política empresarial de Facebook. Uno de los ejercicios que figura entre el material de formación que entrega la empresa a los moderadores encargados de implementar el algoritmo de Facebook contra la incitación mundial al odio, les pide que seleccionen de entre una lista de tres al grupo que tiene derecho a ser protegido de las expresiones de odio en internet: las mujeres al volante, los menores negros y los hombres blancos. La respuesta correcta son los hombres blancos.
El propio Zuckerberg ha actuado como árbitro final en los casos en que había que moderar polémicas relacionadas con hombres blancos, y se ha asegurado de que reciban un tratamiento favorable. Por ejemplo, cuando los empleados de Facebook señalaron que las publicaciones que realizó el por entonces candidato a la presidencia, Donald Trump, en favor de prohibir viajar a los musulmanes (un grupo concreto), violaban las normas de la compañía sobre las expresiones de odio, Zuckerberg intervino personalmente y afirmó que había que permitir esas publicaciones incluso aunque fuera consciente de que violaban las propias restricciones de la empresa sobre incitación al odio.
Días más tarde, la empresa emitió un comunicado esclareciendo que los moderadores permitirían a partir de ahora el contenido que se considerara “periodístico, significativo o relevante para el interés público”. Las entidades que determinarían quién y qué cumple con estos criterios serían, cómo no, Facebook y Zuckerberg. Y como el Foro se ha apropiado de la guerra digital, la perspectiva es bastante preocupante: las empresas privadas de información serán los primeros árbitros en valorar situaciones de gran alcance y a menudo especulativas sobre el lenguaje terrorista, la intencionalidad y la expresión (y otros asuntos demasiado reales relacionados con el castigo y el contraataque militar).
De igual manera, Twitter concibió un vacío legal del tamaño de Trump en su política contra la incitación al odio. Como ya han documentado numerosos artículos, Trump ha retuiteado en repetidas ocasiones memes y expresiones de odio provenientes de grupos neonazis que superaron sin problemas los controles oficiales de Twitter, aunque su contenido incitaba abiertamente al odio contra los musulmanes, los afroamericanos y contra otras minorías (infringiendo de nuevo la política oficial de Twitter). Igual que Facebook, Twitter parece haber decidido dictar una excepción subjetiva a su propia política cuando se trata de una incitación al odio avalada por el presidente. Pero como Twitter es una empresa privada, no está obligada a justificarse públicamente por semejantes excepciones, ni tampoco está sujeta a un escrutinio público sobre cuál es su definición de lo que considera expresiones de odio que hacen apología del terrorismo en su plataforma.

Tuitear siendo moreno

Estas flagrantes omisiones en el diagnóstico y castigo de la incitación al odio son moneda corriente en el ámbito de las redes sociales. El Southern Poverty Law Center(una organización de defensa de los derechos civiles) constató que Twitter se estaba quedando atrás de forma manifiesta en su intento por imponer restricciones a la incitación al odio en las cuentas relacionadas con supremacistas blancos. La plataforma suspendió por fin algunas cuentas asociadas con grupos de odio de supremacistas blancos a finales del año pasado, aunque muchas páginas de este tipo siguen difundiendo propaganda racista. Mientras tanto, Twitter informó de que los moderadores de la empresa habían suspendido 125.000 cuentas por tener presuntos vínculos con ISIS.
Como era de esperar, los incentivos del mercado para condonar el discurso de odio marca Trump, y para incluir a los nacionalistas blancos que usen redes sociales en la definición de incitación al terrorismo, han dado unos llamativos resultados. En 2016, un estudio llevado a cabo por el Curso sobre Extremismo de la Universidad George Washington, titulado “Nazis contra ISIS en Twitter: un análisis comparativo de las redes sociales de los nacionalistas blancos y de ISIS”, concluyó que los principales grupos de nacionalistas blancos habían aumentado su número de seguidores en un 600% desde 2012. El informe atestiguó que los grupos de nacionalistas blancos utilizaban sobre todo la etiqueta #whitegenocide y que nombraban al presidente Donald Trump más que a ninguna otra persona. El estudio también confirmó que la presencia en internet de los supremacistas blancos superaba a las cuentas relacionadas con ISIS en casi todos los parámetros.
Esta tendencia ha demostrado que no le afectan los ataques terroristas cometidos en el mundo real: los delitos de odio perpetrados por supremacistas blancos, como por ejemplo el de Dylann Roof, que asesinó a nueve personas en una iglesia negra de Charleston, Carolina del Sur, no hicieron que se incrementaran los esfuerzos policiales por vigilar a estos grupos o controlar el uso que hacen de las redes sociales. Las cuentas de los nacionalistas blancos o nazis cuentan con un seguimiento medio ocho veces superior al de las cuentas relacionadas con ISIS, y aun así, como denunciaba el estudio de la universidad George Washington, casi todas siguen operando libremente en Twitter.
El consenso entre las plataformas propietarias de redes sociales es evidente: el terror, según la definición operativa que manejan, es algo extranjero que perpetúan las minorías religiosas y raciales. El vacío deliberado que crea esta ceguera voluntaria desplaza de forma errónea el foco de atención y lo aleja del odio que disemina la derecha. Las plataformas de redes sociales pueden hacer excepciones o alterar sus reglas internas en cualquier momento, y así asegurarse de que el trato diferente que reciben los diversos grupos sociales que promueven el terrorismo sirve de base para llevar a cabo un ejercicio de ingeniería social. Como resultado, aquellos que ya se sienten con el derecho de actuar con impunidad, como por ejemplo los hombres blancos identitarios, reciben un apoyo tácito para continuar como hasta ahora, mientras que aquellos etiquetados como “otros” hostiles y peligrosos, son rápidamente castigados y suspendidos por la red social que dominan los blancos. Teniendo en cuenta este entorno permisivo, no sorprende que “los extremistas de derechas conspiraran o llevaran a cabo casi el doble de ataques terroristas que los extremistas islámicos” en EE.UU. entre 2008 y 2016.

Todo medio y ningún mensaje

Todo este proceso autoselectivo obtiene su autoridad moral del mandato que todo lo justifica cuando se trata de luchar contra el terrorismo online, es decir, el que practica un cierto tipo de moreno, musulmán o extranjero. Al igual que otras iniciativas antiterroristas, esta medida se puso en marcha como consecuencia de una amenaza externa amorfa y camaleónica de origen y poder desconocido; y el miedo que produce una amenaza de ese tipo es tan paralizador que ninguna de las partes siente la obligación de cuantificar el éxito real que tienen las medidas antiterroristas que se adoptan para frenar la proliferación del terrorismo.
La creación del Foro sigue este manual de corte alarmista a pies juntillas. Al igual que los servicios de inteligencia propensos al pánico del Reino Unido y los EE.UU., los amos de las redes sociales suponen que la disponibilidad de internet y la ubicuidad de las redes sociales son de alguna forma responsables de la producción y difusión del terrorismo de inspiración islamista. Por tanto, deducen que si bloquean las redes de distribución de terrorismo islámico, podrían desaparecer las causas subyacentes del terrorismo islamista.
Tras el ataque terrorista en el Puente de Londres, los ciudadanos británicos recibieron de la primera ministra Theresa May una dosis no filtrada de este razonamiento. May, que había elaborado la mayoría de las medidas antiterroristas durante su período como ministra del Interior, culpó directamente a internet. Con el gesto serio, anunció: “No podemos permitir que esta ideología disponga del espacio seguro que necesita para reproducirse”, y prometió nuevas normativas “para regular el ciberespacio y prevenir la proliferación del extremismo y de los planes terroristas”.
La declaración de May refleja un consenso amplio y transversal entre todos los líderes de gobierno occidentales mientras calculan el poder del Estado Islámico para llevar a cabo ataques dentro de sus fronteras. No obstante, lo que resulta aún más revelador es que su declaración pone de manifiesto el decisivo error que impide a los gobiernos occidentales ganar terreno frente a sus enemigos islamistas militantes. En lugar de centrarse en el fondo de la ideología de ISIS o en los factores estructurales que disparan el encanto que genera entre los lobos solitarios o las células independientes, los líderes occidentales se dejan seducir una y otra vez por los medios superficiales de transmisión de los mensajes.
De ahí que solo se centren en la estrategia predominante del momento. Las antiguas estrategias eran videos de Bin Laden y sermones de imanes afines a las ideas de Al Qaeda o los Hermanos Musulmanes en YouTube; y ahora mismo, son las redes sociales.
La insensatez de este enfoque está extendida de forma alarmante entre todos los medios occidentales y los organismos de inteligencia. Para poner solo un ejemplo destacado, más o menos al mismo tiempo que ISIS declaró el califato, J.M. Berger, periodista de The Atlantic, publicó un artículo que pretendía explicar “Cómo ISIS manipula Twitter”. Berger detallaba cómo ISIS empleaba una aplicación del Twitter árabe llamada “El amanecer de la buena nueva”, que estaba disponible en Google. Esta aplicación, que supuestamente contaba con el apoyo de las principales figuras de ISIS en Twitter, publicaba tuits aprobados por ISIS en cuentas personales de Twitter, y así conseguía magnificar y expandir la influencia que ejerce el grupo en la red social.
Pensándose que el despliegue teatral de imágenes medievales ejemplificaba un primitivismo auténtico, Berger hizo una pausa para maravillarse frente a la utilización que hacía el grupo de “los conceptos de marca y mensajería en los grupos de discusión” con el objetivo de extender su mensaje. Sin embargo, no se le pasó por la cabeza que la apariencia medieval pudiera ser un método empleado por el recientemente lanzado califato para presentarse como el islam auténtico. De igual forma, otros medios de comunicación, ansiosos por exagerar la importancia de las redes sociales como causa principal del pensamiento terrorista, publicaban titulares tan llamativos como: “ISIS consigue dominar una técnica decisiva de reclutamiento que ningún otro grupo terrorista había dominado antes”. En medio de toda esta carrera por hacer un periodismo basado en la tesis tecnocentrista, los analistas no cayeron en la verdad evidente de que cualquier tipo de grupo que quiera conseguir un seguimiento masivo utiliza estrategias de promoción en redes sociales, y que todas esas estrategias, como las plataformas que buscaban explotar, por definición, son de reciente creación. O lo que es lo mismo: ser original no implica ser un malvado genio de las redes.
Algunos estudios exhaustivos sí cuestionaron esta premisa de que las redes sociales forman parte integral de las operaciones del ISIS. Un informe publicado en 2015 y titulado “ISIS en EE.UU.: de los retuits a Al Raqa”, concluyó que los setenta y siete afiliados de ISIS que habían sido arrestados hasta entonces componían un grupo “muy diverso” cuya radicalización no tenía su origen en unas únicas condiciones sociales, y menos aún en una única red social.
Pero ninguna de estas conclusiones afectó a la constante retórica alarmista sobre el ISIS en Twitter, ni tampoco a la tesis especulativa complementaria que afirma que una mayor vigilancia de las cuentas de Twitter y Facebook podría acabar con ISIS o asestarle un golpe casi definitivo. En febrero de 2016, el curso sobre Extremismo de la Universidad George Washington ya había comenzado a cantar victoria basándose en este argumento, con una publicación titulada Los réditos cada vez menores del Estado Islámico en Twitter: cómo la cancelación de cuentas pone coto a las redes sociales de los seguidores del ISIS de habla inglesa. Firmado por J. M. Berger (cómo no), el informe presenta el tipo de argumento circular que induce a poner la mirada en blanco y que solo puede considerarse una investigación si todas las partes interesadas buscan la confirmación selectiva de una hipótesis en lugar de demostrar su auténtica veracidad. El informe de Berger pretendía demostrar que al suspender las cuentas de Twitter relacionadas con ISIS, la empresa había conseguido reducir significativamente la actividad de ISIS en Twitter. En realidad, el informe afirmaba que los parámetros básicos demostraban que la red social del ISIS estaba “estancada o disminuía ligeramente”, aunque para la prensa estadounidense, siempre dispuesta a cantar cualquier tipo de victoria frente al ISIS, aunque sea online, esto fue motivo suficiente para dar saltos de alegría. Berger, quizá todavía emocionado por su reciente momento de gloria en The Atlantic, complació de buena gana y declaró que una presencia menor en Twitter significaba que “las actividades clave del grupo habían disminuido considerablemente”.
No obstante, si la actividad ya había disminuido seriamente en 2015, la cancelación de cuentas continuada y creciente de 2016 y 2017 hace pensar que esas acciones no son más que una campaña publicitaria para promocionar la lucha contra el avance del terrorismo islamista. El informe de Berger señalaba que en octubre de 2015, el número de cuentas de habla inglesa de ISIS “fácilmente localizables” era de aproximadamente unas mil. No obstante, algunas noticias de CNN situaron el número de cuentas relacionadas con ISIS que habían sido canceladas en 235.000 en 2016 y 377.000 en 2017. En este sentido, el aumento escalonado del número de cancelaciones no hace sino enturbiar el argumento en favor de lanzar una ofensiva integral contra el tráfico de internet que promueve el discurso de odio y fomenta el terrorismo.
Solo muy bien entrado el informe de Berger, nos topamos con una explicación bastante más plausible de la tendencia descendente de los números del grupo en Twitter: que como buen promotor de conspiraciones terroristas mundiales, ISIS había adoptado una estrategia de comunicación mucho más reservada, y sus miembros se comunicaban solo con otros miembros en lugar de intentar captar nuevos reclutas. Además, al ver cómo su perfil disminuía en una red social, ISIS simplemente utilizó otras y optó por WhatsApp y Telegram, puesto que ambas facilitaban el secretismo que buscaba el grupo al brindar a sus usuarios un nivel de encriptación mucho mayor y menores opciones de ser descubiertos. Con el permiso de la famosa máxima de Marshall McLuhan, los esfuerzos de promoción del ISIS siempre fueron acerca del mensaje, aunque Berger solo pudo ver el medio.
Este número récord de cambios de plataforma del entorno del ISIS, casi igual que su atracción inicial por la novedosa plataforma de Twitter, resulta poco sorprendente si tenemos en cuenta el amplio radio de acción de la agenda de ISIS desde el principio. Aunque el énfasis de los miopes medios de comunicación y agencias de inteligencia por centrarse en las redes sociales conocidas de EE.UU. indica, por el contrario, un error fundamental en la estrategia tecnocentrista de EE.UU. para contrarrestar el extremismo violento. En lugar de reconocer que ISIS y otros militantes islamistas eligen (o descartan) una plataforma concreta para lograr ciertos objetivos políticos, los políticos y analistas asumen de forma ingenua que bloquear o vigilar de cerca la presencia en las redes sociales del grupo corta el paso a ISIS y a sus aliados. Los analistas y periodistas occidentales, tras haberse imbuido de una erudición crédula y engañosa sobre el poder radicalmente democrático de las redes sociales para promover los levantamientos de la Primavera Árabe, no han hecho más que modificar el mismo determinismo tecnológico para concebir la amenaza terrorista islámica como un lío siniestro de algoritmos, y confundir una estrategia mediática de difusión con una agenda de ISIS fuera de internet bien organizada y financiada cuyo objetivo es reclutar terroristas y expandirse a nivel geopolítico.
Esta misma miopía tecnológica occidental impide que se adopten enfoques nuevos en la elaboración y difusión de campañas eficaces que puedan desacreditar la propaganda extremista de forma sustancial. Esto también se convierte rápidamente en un bucle de ingeniería social burocrática: al asegurar que el éxito aparente de la propaganda extremista es fortuita, los estrategas antiterroristas occidentales permiten que ese tipo de propaganda prospere fuera de internet, donde se la retrata como atractiva y letal.

Refutación conceptual

Hay una paradoja que pasa desapercibida y que está en el núcleo de la presente batalla por acabar con el contenido yihadista en las redes sociales: si los esfuerzos reclutadores de ISIS en Twitter se frenaron hace casi dos años, entonces ¿por qué el poderoso consorcio de plataformas de internet se alía ahora al estilo de la liga de la justicia para combatir el terrorismo?
La única forma de comprender esta lógica pasa por ignorar la gran premisa que dio pie a esta unión. En realidad, luchar contra el terrorismo fuera de internet no tiene nada que ver con borrar a los emprendedores terroristas de la esfera social online. He ahí la verdadera alteración: como quieren explotar la tremenda confusión del gobierno entre estrategia terrorista y habilidad en las redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube y Microsoft han concebido un plan de ingeniería inversa para escapar de una obligación regulatoria que habría supuesto un golpe muy duro para sus modelos de negocio. Como seguramente se tendrían que enfrentar a una mayor regulación gubernamental, ofrecieron “combatir” el terrorismo de forma enérgica en sus propias plataformas y entregar información de forma voluntaria en lugar de hacer frente a los requerimientos legales para hacerlo.
Este cómodo acuerdo entre las autoridades y los ejecutivos de las redes sociales excluye de forma conspicua a los consumidores, cuyas identidades e información podrán ser recopiladas y canceladas mediante algoritmos desconocidos y luego puestas a disposición de los organismos policiales. En el contexto de EE.UU., las disposiciones fundamentales de la Cuarta y la Quinta enmienda, que protegen a los ciudadanos contra el registro e incautación ilegales, nunca se activan porque las empresas privadas no están obligadas a cumplir ante un tribunal con el principio de sospecha fundada antes de recopilar y entregar datos de los usuarios. Por último, en un contexto más amplio, la gigantesca variedad de métodos que emplean las compañías de macrodatos para monitorizar la información sensible en los ámbitos comercial y geopolítico deja muy claro que el compromiso de la industria con el mantenimiento de la privacidad de los usuarios nunca va más allá de la simple palabrería.
Consideremos, una vez más, el ejemplo de Pakistán. En mayo de 2017, Dawn, el periódico en inglés más grande de Pakistán, publicó un informe en el que detallaba cómo cuarenta y uno de los sesenta y cuatro grupos terroristas que habían sido prohibidos en Pakistán seguían operando libremente en Facebook.
Los grupos eludieron los sencillos protocolos de usuario para crear cientos de páginas y hacer proliferar los perfiles individuales y de grupo. Los periodistas de Dawnlocalizaron a los grupos prohibidos variando una serie de siglas y acrónimos y luego documentaron una larga lista de “me gusta” y seguidores para cada organización. Descubrieron que el más popular de estos grupos era Ahle Sunnat Wal Jamaat (los seguidores de la Sunna), anteriormente conocido como Sipah-e-Sahaba (Soldados de los Compañeros del Profeta). Ahle-Sunnat tenía doscientas páginas bajo su actual alias, mientras que SSP tenía 148 páginas.
Las autoridades pakistaníes prohibieron Sipah-e-Sahaba por primera vez en 2002, y luego prohibieron Ahle Sunnat Wal Jamaat en 2012; los tribunales pakistaníes condenaron a sus miembros por asesinar a cientos de musulmanes chiíes e incitar a que otros hicieran lo mismo. Los investigadores relacionaron a los líderes Ahle Sunnat con el poderosísimo Consejo de Defensa de Pakistán, y el grupo también escenificaba concentraciones de masas en las que exigía que el Estado de Pakistán rompiera toda relación con los países occidentales. Sipah-e-Sahaba, prohibida de forma oficial en 2002, tenía el mismo programa y utilizaba la misma estrategia fraudulenta en las redes sociales (operar bajo una gran variedad de nombres y asesinar a musulmanes chiíes y minorías). Asimismo, sus líderes también trabajaron en conjunto con el organismo de inteligencia militar de Pakistán.
El escrito de Dawn documentaba con profusión de detalles cómo los esfuerzos oficiales por reducir la presencia yihadista en internet sirven a los gigantes como Facebook, en el ámbito de su política operativa, como una cortina de humo. En su afán por eludir la intromisión del gobierno en su país de origen, Facebook simula estar tomando duras medidas contra el contenido con tintes remotamente terroristas, pero en un mercado nacional como el de Pakistán, la macro red social no tiene ningún problema en ignorar ese tipo de contenido y aplicar un régimen de vigilancia mucho más permeable. Por ese motivo, más de una década después de haberlos prohibido, ambos grupos pueden seguir disfrutando y explotando libremente una significativa y visible presencia en Facebook, y un apoyo gubernamental poco disimulado.

Muerte a los blasfemos

En realidad, en lugar de negociar con las autoridades de Pakistán para frenar las actividades de estos grupos extremistas tanto dentro como fuera de internet, Facebook hizo lo imposible por acomodar el programa de los líderes islamistas en un ámbito clave: la vigilancia del contenido ostensiblemente blasfemo. El pasado mes de marzo, el gobierno Pakistaní anunció que Facebook retiraría a partir de ahora de la plataforma social “todo el contenido blasfemo”. El ministro del Interior de Pakistán hizo referencia a la reciente correspondencia que mantuvo con altos cargos de Facebook en la que le aseguraban que la empresa estaba tomándose “muy en serio las preocupaciones planteadas por el gobierno de Pakistán”. Algunos otros miembros del gobierno pakistaní y de la Agencia Federal de Investigación de Pakistán declararon asimismo que Facebook había aceptado retirar el contenido blasfemo y entregar la información de los usuarios que estuvieran relacionados con investigaciones criminales a las autoridades pakistaníes. El 11 de junio de 2017, un tribunal pakistaní condenó a muerte a Taimoor Raza, tras acusarlo de blasfemia por un comentario que había publicado en Facebook.
Facebook todavía no ha confirmado de forma independiente el contenido íntegro de este proclamado cambio de política en Pakistán. Tras el anuncio de esta primavera, el vicepresidente de políticas públicas de Facebook, Joel Kaplan, viajó a Pakistán para encontrarse con el ministro de Interior de Pakistán, Nisar Ali Khan. Las noticias del encuentro citaron un email de la empresa que afirmaba que “Facebook se había reunido con las autoridades pakistaníes para expresar el fuerte compromiso de la empresa por proteger los derechos de la gente que usa su servicio y por permitir que la gente se exprese libremente y de forma segura”. Durante la reunión del 7 de julio, Khan supuestamente ofreció establecer una oficina en Pakistán para dar servicio a los 33 millones de usuarios de Facebook que se calcula que hay en el país. El cumplimiento de las peticiones gubernamentales relacionadas con la entrega de información de los usuarios que registró la propia empresa demuestra que Pakistán está entre los diez regímenes que más solicitan ese tipo de información sensible. Facebook informó de que había cumplido con dos tercios de ese tipo de peticiones, aunque a mediados de julio la empresa denegó la petición del gobierno de Pakistán para sincronizar las cuentas personales con los números de teléfono, lo que habría simplificado a las fuerzas del estado hacer un seguimiento de los usuarios.
Ese es el valor, según parece, de la emotiva promesa de Mark Zuckerberg de repartir amor y empatía a lo largo y ancho del tenebroso mundo que se conecta a su sitio web. En su lugar, la principal directriz de Facebook sigue siendo maximizar su acceso a los mercados y adaptar los protocolos de vigilancia terrorista según corresponda. El gobierno de Pakistán ya prohibió YouTube por negarse a retirar el contenido blasfemo (aunque no extremista); por lo que resulta evidente que la reciente iniciativa antiblasfemia de Facebook está pensada claramente para evitar un destino corporativo similar. Si tenemos en cuenta las particulares exigencias políticas de Pakistán, el cálculo comercial resulta sencillo: la supuesta amenaza blasfema siempre prevalecerá sobre las consecuencias más que reales de un discurso de odio extremista. En la misma línea, una investigación de ProPublica sobre las repercusiones para las redes sociales de la Primavera Árabe concluyó que era mucho más probable que Facebook colaborara con los gobiernos opresores que buscan limitar el acceso a las plataformas sociales que con los manifestantes y los organizadores que intentan organizar movimientos de resistencia.

Ni gratis ni barato

En cierto modo, la postura de Facebook de colaborar con los regímenes autoritarios del mundo Árabe no difiere mucho de la postura adoptada por Motorola y Westinghouse, por poner un ejemplo, de beneficiarse del apartheid en Sudáfrica. En ambos casos, la mínima decencia política no es más que agua de borrajas: la obligación principal de una empresa privada es conservar su marca y el valor de sus acciones, y perseguir el objetivo conjunto de asegurar la confianza del consumidor y atraer al mayor número posible de usuarios.
Por lo general, en estas situaciones las empresas de redes sociales buscan afianzar su credibilidad de mercado realizando un delicado ejercicio de equilibrismo: evadir la regulación del gobierno y al mismo tiempo asegurar que los usuarios confíen en la plataforma y la consideren como un benévolo repositorio donde pueden expresar sus opiniones y guardar su información. Tanto Facebook como Twitter saben que coordinar de forma conjunta la experiencia de libertad y seguridad en sus plataformas es vital para expandir su cuota de mercado y así monetizar las ingentes cantidades de información que recopilan de los perfiles online de sus clientes.
Por el momento, están teniendo éxito. De acuerdo con las cifras que ha publicado SmartInsight, Facebook es la red social más popular del mundo. En EE.UU. ostenta un 89% de penetración de mercado, lo que significa que la gran mayoría de los adultos estadounidenses utilizan la plataforma. Además, la experiencia de Facebook está diseñada para que los usuarios crean que usarla sale gratis, aunque, por supuesto, todo el modelo de negocio de Facebook se basa en recopilar información de los usuarios y venderla a otras plataformas, o gobiernos, cuando surja la necesidad. Bajo la engañosa tapadera de suministrar a los usuarios un “servicio gratuito”, la red social más grande del mundo evita cualquier escrutinio público de sus algoritmos de clasificación de la información y por otra parte consagra una gran cantidad de recursos propios a encubrir con quién comparte su valiosísima información sobre los usuarios.
Taimoor Raza, el hombre que fue sentenciado a muerte por haber supuestamente cometido un pecado de blasfemia en Facebook, permanece en el corredor de la muerte en Pakistán. Mark Zuckerberg no ha publicado ningún mensaje conmovedor en Facebook para llamar la atención sobre el drama de Raza, o sobre el régimen autoritario que diseñó el sistema que suprime la libertad de expresión de forma brutal. Ni tampoco los usuarios pakistaníes que se conectan a la página de Zuckerberg reciben ninguna advertencia sobre la capacidad del gobierno pakistaní o sus órganos policiales para acceder a su información sin su consentimiento, aparte, claro está, de una serie de complejas cláusulas legales que se ocultan en lo más profundo del contrato que regula los términos del servicio.
Pero eso no es lo único que se echa en falta en esa alianza que se está concretando entre el gobierno y las empresas bajo la apariencia de una dudosa y prolongada guerra occidental contra el terrorismo. Al promover una estricta definición del terrorismo político como si fuera un monopolio exclusivo del islam, los líderes del cártel occidental de los macrodatos han distorsionado la noción de aquello que representa un discurso online “aceptable” y lo han convertido en cualquier cosa que pueda mejorar su cuota de mercado. Pero para detener esa amenaza nadie puede activar una convincente comprobación del estado de seguridad.

Rafia Zakaria
CTXT (Contexto y Acción)

Este artículo se publicó originalmente en inglés en The Baffler
Traducción de Álvaro San José

Nuevas revelaciones sobre la relación del Che Guevara y el trotskismo



Una ponencia presentada en un coloquio cubano, a cincuenta años de la muerte del Che, recoge las vicisitudes de este vínculo en la voz de uno de sus protagonistas.

Prensa Obrera publicó un sentido y justo homenaje al Che con motivo del 50° aniversario de su asesinato (1).
Es útil volver sobre las relaciones entre Guevara y el trotskismo porque se están produciendo nuevos materiales, que subrayan la validez del enfoque del Partido Obrero.
El tema ya fue tratado en Gary Tennant, “El Che Guevara y los trotskistas cubanos”, (En Defensa del Marxismo n° 18, octubre 1997) y desarrollado por los compañeros Daniel Gaido y Constanza Valera en “Trotskismo y guevarismo en la revolución cubana, 1959-1967” (En Defensa del Marxismo n° 46, octubre 2015).

Lo que importa es que el tema se está debatiendo en Cuba a estas horas

La cátedra Antonio Gramsci del Instituto Cubano de Investigación Cultural Juan Marinello convocó en noviembre del 2016 a un seminario sobre Las Izquierdas Latinoamericanas. Las ponencias fueron publicadas en libro en Santiago de Chile en agosto de este año (2017). Rafael Acosta de Arriba presentó una contribución sobre “El final del trotskismo organizado en Cuba”. El autor es hijo de Roberto Acosta Hechevarría, militante trotskista del POR cubano (posadista) perseguido en 1965. El trabajo está dedicado “A la memoria de Roberto Acosta Hechevarría e Idalberto Ferrera Acosta, revolucionarios”.
Rafael Acosta comienza por afirmar que “El tema del trotskismo en Cuba es una de las asignaturas pendientes de nuestra historiografía. Trotski y el trotskismo fueron tabú en los años 70 y solamente después de la ‘disolución del campo socialista’ se crearon condiciones para análisis como el que podemos presentar”
La ponencia de Acosta se concentra en los años 63-65 cuando la Revolución Cubana “afrontó un cuadro complejo en su política interior y exterior”. El Che fue protagonista de un debate intenso y terminó por abandonar la dirección y la isla misma, pero no la lucha revolucionaria –un tema que no abordaremos ahora.

El Che frente a la persecución a los trotskistas

Un episodio importante en este período fue la persecución de los trotskistas cubanos entre 1961 y 1965. El grupo trotskista cubano, Partido Obrero Revolucionario-Trotskista (POR T) estaba ligado al posadismo (2). El padre de Rafael Acosta era uno de sus dirigentes. Era funcionario del Ministerio de Industrias y tenía un trato permanente con el Che.
En 1961, el Che apoyó la represión de los trotskistas cubanos. Según Acosta, el Che no fue trotskista pero había leído a Trotsky y comenzaba a revalorar sus ideas, haciendo una distinción entre el dirigente de la Revolución de Octubre y sus seguidores. Su afirmación central es que “en el orden práctico, el Che fluctuó (…) en su posición ante los trotskistas cubanos desde el inicial encono de 1961, a una posición de tolerancia, colaboración y comprensión entre 1964-65”.
A comienzos de 1965, se produjo el episodio final de la represión del POR (T), que da lugar a su desaparición. El aparato represivo, con una clara inspiración y dirección estalinistas, lanzó una operación contra los militantes del POR, luego de que esta organización publicara La revolución traicionada, de León Trotsky. Fueron encarcelados y amenazados con penas enormes. En ese momento, el Che intervino activamente para frenar la represión. Se entrevistó con Roberto Acosta Hechevarría y le propuso un acuerdo posible: los trotskistas serán liberados de la prisión y no habrá más represión a cambio de que acepten la no continuación de las actividades del partido. Acosta solicitó y obtuvo la posibilidad de una reunión entre todos los presos para decidir. Los militantes aceptaron el acuerdo. Fueron liberados y gran parte del material secuestrado les fue restituido. El acuerdo arrancado por el Che al aparato político y represivo fue respetado.
Acosta Hechevarría relata su última entrevista con el Che. Reproducimos un párrafo de este relato.
“En la última conversación que tuve con él, estando ya preso, el Che me comentó que entre los papeles que se habían encontrado en el registro de mi casa, había una carta del POR-T a la Cuarta Internacional, y que él había podido comprobar que yo había reproducido fielmente nuestra conversación acerca de la ley del valor y otras cuestiones sobre el marxismo. Después me preguntó qué pensaba hacer y le contesté que si no se permitían había que suspender las actividades trotskistas. El Che, para mi sorpresa, me respondió que si creíamos que teníamos razón debíamos luchar por mantener nuestra actividad y no desistir. Finalmente, el Che me dijo que sería puesto en libertad en corto plazo. Poco después, el Che salió de Cuba. Al terminar la reunión me despidió con un abrazo y con esta frase: Nos veremos en las próximas trincheras”.
“Pasaron unos días y el instructor de mi caso (que, por cierto, quedó pasmado con la actitud del Che para conmigo en la reunión citada) me planteó que me iban a liberar junto a los demás trotskistas, siempre y cuando todos nos comprometiéramos con el Ministerio del Interior a no proseguir con las labores del partido y por supuesto a no seguir publicando nuestro periódico o cualquier otro tipo de publicación. Le contesté que tenía que consultar con los demás compañeros y haciendo énfasis en que la libertad tenía que ser para todos los detenidos. Acompañados por ese oficial viajamos a Guantánamo y allí se nos planteó a todos los trotskistas que seríamos puestos en libertad si aceptábamos lo discutido en Villa Maristas. Aceptamos, era la única forma que veíamos como posible para recuperar nuestra libertad, pero, naturalmente, sin dejar de pensar como trotskistas”.
La salida del Che de Cuba, su emprendimiento guerrillero y su asesinato en 1967, frustraron un posible desarrollo revolucionario. La actitud de Guevara en relación a los trotskistas cubanos se entiende en este escenario.

Roberto Gramar

Notas

(1) Christian Rath, "El asesinato del Che, cincuenta años después", Prensa Obrera Impresa n° 1478.
(2) Posadismo: corriente del trotskismo dirigida por J. Posadas (muerto en 1981). Llevó hasta el final el planteo del anacronismo de la revolución proletaria en nuestra época, elaborado antes por M. Pablo (ex secretario general de la IV en 1952). La burocracia de la ex URSS debía ser la encargada de realizar la transformación socialista, con los trotskistas como asesores, a lo que llamaron “teoría de la regeneración parcial de la burocracia”.

Acto por los desaparecidos de la Facultad de Arquitectura



“Un homenaje a cada compañero”

La FADU-UBA presentará hoy un libro con los nombres y los rostros de los 117 estudiantes, docentes y trabajadores que fueron secuestrados o asesinados bajo el terrorismo de Estado. También se entregarán legajos de las víctimas a sus familiares.
La bandera que está en el patio central de la FADU fue instalada el año pasado a 40 años del golpe.
La bandera que está en el patio central de la FADU fue instalada el año pasado a 40 años del golpe.
La enorme bandera que preside el patio central de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (UBA) recuerda los rostros y los nombres de los 117 estudiantes, docentes y trabajadores de la casa que fueron secuestrados, desaparecidos y asesinados por el terrorismo de Estado. Ese emblema de la memoria en la universidad fue llevado ahora por la FADU a un libro, Siempre presentes, que recupera también los principales datos personales y de militancia política de las víctimas, junto a imágenes y textos aportados por sus familiares. Con la participación de organismos de derechos humanos, el libro será presentado hoy en un acto en el que también se entregarán los legajos académicos de siete detenidos-desaparecidos de la facultad a sus familias.
“Siempre presentes es un homenaje a cada uno de los compañeros detenidos-desaparecidos de la Facultad de Arquitectura, en busca de la reconstrucción de la memoria histórica y como reconocimiento a su lucha por una sociedad más justa. Y también intenta ser una mínima, pero sentida, retribución a sus familiares por las pérdidas que han sufrido”, explica el subsecretario de Relaciones Institucionales de la FADU, Luis Angilletta, coordinador del libro.
La publicación y el encuentro organizado hoy son parte del trabajo que viene realizando la Comisión de Derechos Humanos de la facultad, continuación, a su vez, de una larga historia de militancia por la memoria que a fines de la dictadura se plasmó en un gran cartel de papel con los nombres de las víctimas del genocidio escritos a mano, reemplazado en 2006 por una bandera impresa, anterior a la instalada el año pasado, a 40 años del golpe.
Siempre presentes se abre con un listado de los detenidos-desaparecidos de Arquitectura identificados hasta el momento, “un listado en permanente construcción”, aclara Angilletta. El prólogo fue escrito por Roberto “Toti” Corvaglia, presidente del centro de estudiantes entre 1973 y 1974: “La facultad antes de la dictadura –cuenta allí– era un espacio público con mucha participación, efervescente, con una relación muy fuerte con la sociedad (...) Aquellos estudiantes eran protagonistas y se sentían parte de una transformación, tenían una fuerte y decidida voluntad de cambiar la sociedad, estuvieron dispuestos a relegar sus sueños personales y profesionales en pos de un proyecto político-social colectivo.”
De alguna manera, el libro busca reponer aquellas experiencias de vida para las nuevas generaciones que habitan la facultad. La mayor parte del libro está dedicada a reproducir los rostros de cada uno de los 117 estudiantes, docentes y no docentes, sus nombres, sus espacios de militancia política, la fecha en que fueron secuestrados o asesinados. Las últimas cien páginas incluyen los aportes realizados por los familiares de las víctimas: recuerdos personales, fotos, testimonios, poemas, dibujos.
Esta tarde a las 19, en el aula 323 del Pabellón III de Ciudad Universitaria, además de la presentación del libro, la FADU continuará con la entrega de legajos académicos a familiares de las víctimas, una iniciativa a través de la que ya se entregaron 53 expedientes. Hoy se sumarán otros siete. “Este siempre es un momento muy especial para la Comisión de Derechos Humanos, en el cual sentimos que hacemos nuestro pequeño aporte en restituirles a los familiares una parte de su historia que la dictadura les quitó –dice Angilletta–. A veces nos parece poco, son solo algunos papeles, pero muchas veces el resultado es gratificante. Uno de los primeros legajos que entregamos lo recibió el hijo de una estudiante desaparecida. Entre las cosas que le dimos estaban la ficha de inscripción que ella había completado y una pequeña foto tipo carnet. Él nos dijo que no tenía ningún otro papel con su letra manuscrita. Y que esa era la foto más linda que tenía de su mamá.

Página12

La hoja de ruta de una gran confiscación social



Nada refleja con mayor contundencia el carácter del “paquetazo” oficial que las declaraciones de apoyo de los directivos de Coca-Cola, por un lado, y de bancos como el HSBC, por el otro. Aunque en ambos casos habían aparecido quejas por algunas de las medidas impositivas -el impuesto a las gaseosas o la ‘renta financiera’-, los capitalistas saben muy bien lo que está en juego. El paquete oficial es una tentativa extraordinaria por levantar la tasa de ganancia del capital, liberándolo de la carga de varios impuestos y asegurándole la liquidación de conquistas fundamentales de la clase obrera. Los subsidios fiscales a los capitalistas serán compensados con impuestazos al consumo, con despidos estatales y, en lo inmediato, con un saqueo brutal a los jubilados y al Anses. Al compás de la exigencia de los capitalistas, el PJ-FpV y el massismo, junto a sus agentes burocráticos en el movimiento obrero, extreman sus esfuerzos para acordar con el gobierno.

Pagan los jubilados y estatales

En estas horas, el gobierno y los gobernadores del PJ, el FpV, massistas y “socialistas” discutían la letra fina de un pacto fiscal con consecuencias explosivas para las provincias y sus trabajadores. El macrismo exige la eliminación gradual del impuesto a los Ingresos Brutos de las empresas que representa, en promedio, el 75% de la recaudación de los distritos. A cambio de ello, el gobierno les ofrece una mayor tajada del impuesto a las ganancias, a costa de quitársela a la Anses. Como consecuencia de ese despojo, y de la rebaja de aportes patronales que también anunció el gobierno, la caja de los jubilados sufrirá una pérdida anual de 10.000 millones de dólares. Eso explica la anunciada decisión de amputar el sistema de “movilidad” jubilatoria, condenando al 70% de los pasivos a percibir la mitad de una canasta de pobreza. En suma, los jubilados bancarán la eliminación de impuestos a los capitalistas. Pero ello no bastará para cerrar los números de las provincias: por eso, el gobierno apura un nuevo ‘pacto de responsabilidad fiscal’, que implica ajuste en los gastos sociales y despidos. En las negociaciones en curso, el gobierno habría ofrecido tomar a su cargo a las trece cajas previsionales que dependen de provincias, con regímenes jubilatorios propios.
Detrás de esta oferta ‘generosa’, se anticipa la intención de ‘armonizarlas’ de prepo -y a la baja- con los haberes nacionales. El vaciamiento en puerta de la Anses ya ha colocado en la agenda oficial el retorno de la jubilación privada, bajo la forma de un ahorro complementario para quienes pretendan superar los haberes de miseria del sistema oficial. El gobierno ha resignado ciertos impuestos que cuestionaban los lobbyes capitalistas regionales -como el gravamen al vino- pero, al mismo tiempo, anunció la intención de reducir en un 10% la planta de estatales, lo que podría implicar el despido de 70.000 trabajadores. El vencimiento de contratos de miles de precarizados en diciembre coloca a los estatales en urgente alerta.

Pagan las conquistas obreras

En el toma y daca por el reparto de los recursos impositivos, los gobernadores han colocado una cuestión decisiva en la balanza: “el apoyo decisivo de sus diputados y senadores a las reformas que el gobierno busca aprobar, como la tributaria y la laboral” (Clarín, 14/11). El principio rector del paquete oficial es trasladarle a los trabajadores el fardo del ajuste. Nada retrata mejor esta orientación que el acuerdo ‘impositivo’ en Tierra del Fuego, donde la moneda de cambio para el recorte de beneficios a la patronal electrónica… es la aceptación -por parte de la UOM fueguina- de un congelamiento salarial por dos años; o sea, de una reducción de salarios a término del 30 o 40%. Es esta misma orientación la que sigue la burocracia sindical en torno de la reforma laboral. El gobierno le ha admitido al triunvirato cegetista algunos cambios que, bien mirados, sólo apuntan a enmascarar el carácter antiobrero de la reforma. Por ejemplo, acepta incluir en el cálculo de las indemnizaciones a las comisiones -que sólo afectan a un sector particular y reducido de trabajadores- y a las horas extras ¡a sabiendas de que el proyecto prevé eliminarlas por la vía de establecer un banco de horas! El gobierno aceptaría que quien sufre cambios en sus condiciones laborales pueda recurrir a juicio, pero sin asegurarle la reposición en su puesto. Además, gobierno y burócratas discuten instituir una “mesa de diálogo permanente”, para disfrazar una pérdida de derechos laborales que quedaría consumada con la sanción de la ‘reforma’. La burocracia también promete una futura “batalla en la Justicia” en torno de aspectos de la ley que podrían dar lugar a diferentes interpretaciones. Con ello, fingen ignorar el copamiento judicial en marcha por parte del gobierno, con eje singular en el fuero laboral. En cualquier variante, en la reforma quedarán las pasantías precarizadoras para los jóvenes, el indulto a los evasores (blanqueo) y la ‘agencia de evaluación de tecnologías médicas’ para las obras sociales, dirigida a recortarle a los afiliados las prestaciones más complejas y costosas. A cambio de ese ajuste a la salud obrera, y de preservar el monopolio de la representación sindical, la burocracia ha entregado la ‘reforma’ antilaboral.

Pacto político

En su apoyo a este paquete antiobrero -incluso con sus consecuencias devastadoras para los presupuestos provinciales-, los gobernadores de la oposición expresan la dependencia mortal de pejotistas, massistas y también kirchneristas para con la clase capitalista, que está jugada a fondo con los anuncios del oficialismo. Nada de ello exime a la salida oficial de sus enormes contradicciones: el macrismo ha colocado el presupuesto público al servicio de los capitalistas, cuando ese presupuesto -y también el Banco Central y la Anses- carga con los quebrantos de la gestión anterior. La pretensión de resolver esa contradicción con un mayor endeudamiento se enfrenta, por un lado, a los límites de la hipoteca ya existente y, por el otro, a los virajes financieros que impone la crisis capitalista internacional. A despecho de ello, los “nacionales y populares” de diferente laya se han entregado de pies y manos al macrismo. El ‘respeto al mandato de las urnas’ se ha convertido en la coartada para aceptar sin rodeos a esta verdadera confiscación social. Ello no exceptúa a Cristina Kirchner y a su “unidad ciudadana”, a la cual uno de sus mayores laderos -Aníbal Fernández- acaba de declarar extinta, en nombre del retorno al Pejota.
Mal que les pese a todos ellos, el movimiento obrero está siendo recorrido por una verdadera conmoción, como lo revelan distintos plenarios de delegados o asambleas que debaten y rechazan la reforma laboral. En este cuadro, el Partido Obrero ha lanzado una campaña política en regla contra el paquetazo macrista, dirigida en primer lugar a las grandes concentraciones obreras y a los sindicatos. Como parte de ello, la Coordinadora Sindical clasista del PO se ha dirigido a diferentes organizaciones para promover una iniciativa de lucha y movilización contra la reforma, que tendrá lugar el próximo 6 de diciembre y que debería ser el punto de partida de un plan de acción en regla contra el paquete antiobrero. Tomemos a la acción del 6 como un punto de apoyo para redoblar el debate y la organización en todos los sindicatos y lugares de trabajo. Hagamos de esta campaña un gran factor de reagrupamiento político de los luchadores, contra el gobierno ajustador y sus cómplices.

Marcelo Ramal

jueves, noviembre 16, 2017

El soberanismo se centra en las urnas y sectores reniegan del 1O y la República



Una vez más, como fue el 27-S y el 1-O, el bloque soberanista confía la suerte de la República Catalana a las urnas, aunque esta vez impuestas por Rajoy. Sectores del prosecisme, frente a la represión del Estado, comienzan a renegar de la República Catalana.

Las fuerzas soberanistas aceptaron, con más o menos rapidez, la imposición de los comicios del próximo 21-D dispuestos por la intervención que el gobierno central realiza a través del infame articulo 155. El objetivo es obviar la voluntad del pueblo catalán expresada en el referéndum del 1-O y en las múltiples jornadas de concentraciones, -destacando la huelga general del 3-0 o la última jornada de movilizaciones del pasado miércoles 8 de noviembre-, son hoy el objetivo.
En este marco la hoja de ruta definida por el proces pone rumbo a las urnas, a buscar una mayoría “clara en escaños y votos”, como han afirmado durante las últimas 48h el diputado en el Congreso por ERC (Izquierda Republicana de Cataluña por sus siglas en Catalá), Joan Tardà o el propio Carles Puigdemont.
Este giro representa un retroceso a la hoja de ruta “clásica” del procesisme desde el 2012 hasta el mismo día 20 de septiembre de este año. Confiar la pelea por la República Catalana (anteriormente por la independencia) a la vía institucional.
No obstante el movimiento no se encuentra en el mismo punto que en 2012. Desde el día 20 de septiembre, con el encarcelamiento de más de una decena de miembros del Govern asociados a la Consellería d’Economía, el movimiento popular no ha parado de crecer y organizarse. Jugó un rol clave en la celebración del 1-O y su organización se consolido en los CDR’s, Comités de Defensa de la República, que a fecha de hoy suman más de 230 en todo Cataluña.
Esto, junto al inevitable aumento de la represión por parte del Estado central ha hecho que la dirección del procés haya tenido que realizar esta vuelta a hojas de ruta pasadas bajo un balance claramente superficial. Agitando un discurso del miedo a la violencia Anna Simó, secretaria de la Mesa del Parlament aseguró que la DUI (declaración unilateral de independencia) era inviable “por culpa de un Gobierno [central] que según dicen está preparado para ejercer una represión más dura de la que muchos podían prever”.
Así como que el “reconocimiento” de que no se tiene mayoría suficiente, como señaló Artur Mas, lo que es una negación del Referéndum del 1O y su resultado. En la misma línea se pronunció Joan Tardà, que tuvo el descaro de decir que si hoy Catalunya no es independiente es porque “no ha existido una mayoría de catalanes que así lo hubieran querido”, frente a un pueblo que puso el cuerpo para que se realizara el referéndum y un gobierno del que forman parte que no opuso la más mínima resistencia.
El mismo Puigdemont afirmó en el diario “Le Soir” que “otra alternativa a la independencia es posible”, aunque matizara que él, como President, lo había intentado sin éxito. También Clara Ponsatí (Consellera d’Educació), afirmó recientemente que “el Govern no estaba preparado para aplicar la independencia”.
Una afirmación de una responsable del Govern y miembro de la ANC (Assamblea Nacional Catalana), que apoyó el discurso oficial basado en dos premisas; tenemos estructuras de Estado preparadas y tendremos apoyo internacional. Además de las habladurías de que liderarían una resistencia pacífica que brilló por su ausencia.
No era de extrañar que Europa, la Europa del capital y enemiga de los trabajadores y los pueblos, fuera a dar la espalda a este proceso alineándose con el Estado español, lo que le daba vía libre a la represión y judicialización del proceso, lo que llevó a la detención de casi todo el Govern, además de los dirigentes de Omnium y la ANC.

¿Y después del 21D?

Pero escrito el nuevo relato, ¿qué camino se abre el día posterior a la votación? Tanto PDCat (Partido Demócrata Europeo Catalán), como ERC, han dejado claro que buscarán formar candidaturas amplias. Descartada la convergencia con la CUP (Candidatura de Unidad Popular) de cara al 21-D o inclusive un Govern de contención posterior, la dirección del procés fija en los “comunes” las posibles alianzas.
ERC es quién más abiertamente se ha expresado por esta vía. Oriol Junqueras, desde la cárcel de Estremera, se ha dirigido a la militancia de ERC con dos mensajes claros: Puigdemont también es nuestro candidato y la solicitud de tejer complicidades con los “comunes”.
Sobre este último punto Junqueras señala la necesidad de “tejer complicidades” con “aquellos que equiparan República y 155. Por dolorosa e incomprensible que a veces nos parezca su actitud. Da igual. La mano la tenemos que tener extendida”.
Es decir, el desenlace del relato propuesto por la dirección del procés es la entablar alianzas con aquellos que no han reconocido en ningún momento el resultado del 1-O y que aportan como solución la negociación y el referéndum pactado. Poco menos que un brindis al sol, cuando al otro lado del pacto están PP, PSOE, C’S y la Corona.
Por su parte la CUP se expresó el domingo pasado por la participación en estas elecciones “ilegítimas e impuestas”. Lo hará bajo una “candidatura propia, lo más amplia posible, claramente rupturista, independentista y de izquierdas”.
No obstante, el momento actual y el ataque represivo del Estado español, no se combaten únicamente desde las urnas, es necesario que para que realmente exista un movimiento “rupturista, independentista y de izquierdas” debe haber una ruptura y denuncia a la actual dirección del procés.
Si bien ésta viene sufriendo los mayores azotes de la represión del Estado español, con multa y penas de cárcel, no es menos cierto que la actual situación, de una Generalitat tomada por el Gobierno central y un nulo plan de defensa de la República y las instituciones catalanas, es también responsabilidad suya.
Por ello a la defensa incondicional de los presos políticos y la exigencia por su inmediata libertad, no se puede dejar de señalar que la estrategia procesista de la dirección, a la que busca volver basada en urnas, consensos, negociaciones y esperanzas en la UE, es andar en círculo.
El 21-D puede ser reescribir la hoja de ruta, o una oportunidad para presentar candidaturas de los que sí quieren pelear por una república, de romper con el procesisme con candidaturas de carácter anticapitalista que promuevan un programa independiente a la dirección de Junts pel Si, basados en la movilización social y que unan de forma estratégica la lucha democrática por la independencia con un programa de demandas sociales que sume a la clase trabajadora, la única “ampliación” de la base del movimiento que aportaría un valor cualitativo.

Ivan Tamajón
Barcelona | @Ivan_Borvba
Federico Grom
Barcelona

Claves de la crisis en Zimbabue y su impacto regional



El Ejército tomó el control y mantiene aislado al presidente Mugabe ¿Golpe de estado o Juego de tronos, con impacto regional? Qué rumbo tomará el gobierno en un país marcado por la crisis política y social.

Finalmente el Ejército se hizo del gobierno en Zimbabue. El presidente destituido, Robert Mugabe que gobernó el país durante los últimos 30 años, se encuentra “protegido” en su casa según confirmo tanto fuentes castrenses y del gobierno de Sudáfrica.
Los mandos militares insisten en que no se trataría de un golpe de estado sino de asegurar la depuración de los "criminales" que rodean al presidente. Según un sector, ligado a Mugabe, de la Unión Nacional Africana de Zimbabue-Frente Patriótico (ZANU-PF), el presidente y su familia estarían detenidos y apuntan a que el exvicepresidente (destituido semanas antes por Mugabe) Emmerson Mnangagwa estaría detrás de lo que consideran un golpe.
Como si todo esto no fuera confuso, aumentan los rumores de contactos entre líderes del Ejército y la oposición para conformar un posible gobierno de transición ante la renuncia de Mugabe. A lo que se suman los discursos interesados en presentar al Ejército como los responsables de “terminar con la dictadura” de Mugabe o quienes aseguran se trata de un golpe para terminar con conquistas conseguidas en la lucha por la liberación nacional.
Para entender esta intrincada trama, en esta nota abordamos algunas claves de la situación política y económica que han transformado la crisis en Zimbabue en un problema de impacto regional.

La acción del Ejército busca definir el “juego de tronos”

La intervención del Ejército contra el presidente Mugabe tiene un primer objetivo: definir la disputa entre las fracciones del poder.
Unos días atrás un sector del Ejército había advertido que no iba a tolerar que Mugabe continuara la purga contra el sector del gobierno ligado al ex vicepresidente Mnangagwa.
La disputa entre fracciones del poder no es nueva, pero el intento de ubicar a Grace Mugabe, esposa del presidente, en la línea de sucesión y la destitución de Mnangagwa, de la vicepresidencia, término por definir la ruptura entre los distintos sectores.
Más allá de esta disputa de cuotas en el poder, de fondo la batalla era por definir quién comandaría una serie de reformas económicas y sociales tras décadas de gobierno de Mugabe. Todo indicaba que sería Mnangagwa que tiene un fuerte apoyo dentro de las fuerzas armadas y de seguridad, fue varios años jefe de inteligencia, y entre los veteranos de la guerra de guerrillas de los años 70. Además Mnangagwa es visto como una garantía para encarar las reformas por los principales gobiernos del sur de África y el imperialismo.
Por el contrario una candidatura de Grace Mugabe contaba con la desconfianza de las fuerzas armadas, el rechazo social en los grandes centros urbanos y una endeble posición dentro del partido de gobierno.
El levantamiento militar comienza a definir el “juego de tronos” como demuestra el anunció de que buscan asegurar la depuración de los "criminales" que rodean al presidente. Otra expresión de que la acción militar busca garantizar una transición son las cuidadosas declaraciones sobre el presidente. No desconocen que la reforma agraria que expropió la tierra de las grandes empresas, a manos de los blancos, para entregarla a campesinos negros, continúa como un recuerdo presente entre millones de habitantes en las zonas rurales del país que apoyan a Mugabe.

Apoyo regional para una transición con final incierto

La acción de los militares contra Mugabe, lejos de despertar el rechazo regional, recibió varias muestras a favor junto a pedidos de acelerar la transición hacia un nuevo gobierno.
La definición más importante la dio el presidente sudafricano, Jacob Zuma, quién pidió calma a la población de Zimbabue y rápidamente envió 2 delegados de su gobierno a entrevistarse con los militares.
Por otro lado, el marcado apoyo de las fuerzas armadas para con Mnangagwa es bien visto por las principales potencias internacionales que buscan garantizar una transición ordenada y la imposición de una serie de reformas económicas que fomenten la apertura del país a las inversiones extranjeras.
Pero la situación actual no deja de plantear algunos interrogantes que preocupan a los líderes de la región y de las principales potencias: es incierta la posibilidad de una transición rápida, sin estallidos sociales y sin que los enfrentamientos entre fracciones deriven en una crisis regional.
La posibilidad de mantener durante un periodo extendido un gobierno militar choca con las resoluciones de la Comunidad de Desarrollo del África Meridional (SACD por sus siglas en inglés) y la Unión Africana que impide la interrupción de un gobierno constitucional e implicaría la intervención regional contra Zimbabue. Un terreno al que nadie quiere llegar.
También sería un nuevo problema para Estados Unidos y las potencias europeas que, aunque no tienen intereses directos por ahora en el país, se verían implicados por sus intereses en varios países de la región. Otro afectado sería China, que como parte de su ofensiva para asentar su expansión en África, planeaba invertir varios miles de millones para quedarse con las operaciones de la Compañía de Hierro y Acero de Zimbabwe (ZISCO).

La crisis social continua latente y sin resolución

La contracara de esta disputa por arriba es una verdadera situación catastrófica para la mayoría de la población en Zimbabue.
Mientras Mugabe, los miembros de su gobierno, la alta esfera del ZANU-PF y el Ejército se benefició con negocios multimillonarios durante estos años, la crisis social y económica se ha agudizada.
La crisis estalló el año pasado en forma de distintas protestas en todo el país. Lo que había comenzado como un reclamo, impulsado por sectores de la oposición, en las redes sociales bajo el hashtag #ThisFlag se extendió a huelgas y movilizaciones.
Se calcula que un 90% de la población económicamente activa está desempleada y alrededor de 3 millones se han ido al exilio. El país desde 2009 adopto una canasta de monedas extranjeras -en gran parte el dólar estadounidense- en remplazo de una moneda propia lo que ha generado la falta de fondos.
Los empleados públicos, médicos y maestros están con la mayor parte de sus salarios adeudados, incluso los miembros de las fuerzas armadas manifestaron en varias ocasiones su descontento por la falta de pago de sus salarios.
La intervención del Ejército busca aplacar este descontento, creado por las penurias económicas, con el discurso de un cambio en la situación política y un nuevo gobierno que encare una serie de reformas que mejoren la economía. Hasta ahora ha logrado el apoyo explícito o implícito de la oposición que se mostró abierta a formar parte de un nuevo gobierno de transición.
Lo cierto es que poco se puede esperar de la respuesta a la profunda crisis en manos de los que fueron parte del gobierno que llevo a esta situación. A espaldas del pueblo se negocia el futuro del país, buscando la aprobación de las potencias internacionales, lo que augura que quienes deberán cargar con los terribles efectos de la crisis económica y social seguirán siendo los trabajadores y el pueblo pobre.

Diego Sacchi
@sac_diego

El fetichismo tecnológico

Medios de comunicación y neoliberalismo

En las últimas décadas se viene produciendo una modificación de los ámbitos de formación y de distribución del conocimiento. Los espacios tradicionales de organización de la cultura, como la familia, las instituciones barriales (clubes deportivos, asociaciones de fomento, etc.-), las escuelas y la iglesia, están perdiendo centralidad frente la televisión e Internet.
Los partidos políticos y los sindicatos vienen reduciendo su histórica función de capacitación ideológica de los dirigentes y cada día, con más fuerza, la agenda de gobierno está siendo impuesta por los medios de comunicación concentrados. Estos últimos, actúan en alianza con los grupos económicos, el Poder Judicial y los servicios de inteligencia del Estado. El histórico lugar que tuvo la prensa gráfica en la formación ideológica de las elites y de las clases medias está siendo remplazado por la información que circula en las redes sociales y en los nuevos formatos televisivos ligados al espectáculo.

El fetichismo tecnológico

Para intentar comprender algunas de las posibles derivaciones de este proceso de transición cultural, consideramos oportuno poner en discusión dos cuestiones.

1. La utopía tecnológica.
Habitualmente se cree que las nuevas tecnologías y en particular Internet, están liberando a la humanidad de las ataduras informacionales de otras épocas. Hay analistas que postulan que se terminaron las estructuras y las jerarquías en la circulación y en el acceso a los datos. Internet habría eliminado los límites al conocimiento y los cibernautas ejercerían un proceso horizontal y protagónico de adquisición del saber universal. En realidad, la comunidad se enfrenta a un mecanismo de control y de banalización de la cultura que está reduciendo la capacidad crítica y reflexiva de las personas. La definición misma de “red social” es engañosa, ya que no existe verdadera horizontalidad, sino que los principales circuitos de información y cultura están regulados por corporaciones locales y extranjeras. Como resultado de su accionar, está aumentando el poder cultural de la elite política y económica, en paralelo a la reducción de la capacidad de discernimiento de la masa popular.
La pérdida de la centralidad educativa que ejercían la familia, la dirigencia sindical, el cura, el profesor o el maestro, impiden que los receptores adquieran la capacidad crítica necesaria para entender cabalmente lo que leen y consumen en Internet y particularmente en las redes sociales. Ello supone un riesgo para el individuo y su familia, que quedan a merced de delitos informáticos o sexuales. En el plano emocional, las redes sociales producen adicciones, angustias, ansiedades y pueden originar trastornos severos de personalidad. Su consumo exacerbado disminuye la capacidad crítica y dificulta la conformación de un pensamiento riguroso y sistemático. Las nuevas tecnologías de la comunicación y del entretenimiento en manos de corporaciones están conformando un estado mental enfermizo que exacerba el individualismo, el aislamiento y el consumismo. Estas últimas características se convierten en los parámetros culturales y de vida para generaciones de jóvenes, que abandonaron todo tipo de proyecto social, colectivo o patriótico, para remplazarlo por la identidad banalizada y el consumo de la red. Hace tiempo que la educación pública está en crisis y ese vacío es ocupado por contenidos en las redes, conllevando el peligro de demoler la identidad nacional y los valores que hacen al mantenimiento del orden social.
Las redes infunden odios y temores colectivos que debilitan considerablemente la posibilidad de construir una comunidad política organizada. Se impulsa la acción irracional y la apología del método de la venganza mediatizada y el escándalo público. El bombardeo informacional, dirigido desde las corporaciones locales y foráneas, instala falsas agendas públicas y pone en serio riesgo la democracia y la soberanía nacional.
2. El supuesto de universalidad y de normalidad del funcionamiento de la TV e Internet en Iberoamérica.
El mundo actual está en una férrea lucha por los recursos naturales y por los mercados y esa contienda se desenvuelve en el plano cultural y comunicacional. Justamente por eso, no es casualidad que las naciones en disputa organicen sus propios sistemas y aplicativos de comunicación e Internet y que impulsen regulaciones con sentido nacional y social como ocurre en China, Rusia o en la Comunidad Europea.
El sistema de comunicación audiovisual de Iberoamérica no es el único posible, sino que es el resultante de una situación transitoria de lucha de poderes. En nombre de la libertad del periodismo y de Internet, en nuestro continente se esconde una subordinación neocolonial con los EUA, país con el cual tenemos una dependencia tecnológica, cultural y de contenidos.

La televisión e Internet en vías de reemplazar a las organizaciones libres del pueblo y al Estado

El sistema de medios de la República Argentina. Los servicios de comunicación audiovisual funcionan de manera oligárquica, extranjerizante y oligopólica.
Son oligárquicos por su condición de propiedad y sus titulares integran grandes empresas vinculadas al poder económico y político. Por mucho tiempo la ley 22.285/80 impidió la titularidad de radios y de televisión a las cooperativas, dejando ese derecho meramente a las empresas comerciales. En Argentina los principales medios de comunicación son propiedad de grandes conglomerados económicos, de manera similar a lo que ocurre en Chile (El Mercurio), en Venezuela (Cisneros) o en Brasil (Globo). Además, los medios son oligárquicos por su línea editorial y se han opuesto históricamente a los gobiernos de raigambre popular de Yrigoyen, de Perón o de Kirchner. Algo similar ocurre en toda Iberoamérica y los medios hostigan con su línea editorial a los dirigentes políticos con vocación de reforma económica y social.
Los servicios de comunicación audiovisual son extranjerizantes en su propiedad y en los contenidos que difunden. En la Argentina la Televisión surgió desde el Estado (Canal 7). En la misma etapa se inauguró la agencia de noticias pública (TELAM) y se sancionó una ley regulación de medios con regulación nacionalista (14.241/53). Desde el año 1955 en adelante, se inició un proceso de norteamericanización de la televisión en acuerdo con los nuevos grupos privados locales. Estos últimos, firmaron convenios con empresas de los EUA y el canal 9 surgió con la NBC, el 11 con la ABC y el 13 con el grupo Goar Mestre. Para detener esta tendencia, la ley 22.285/80 impidió que los medios de comunicación sean adquiridos por grupos extranjeros.
Carlos Menem impulsó una política de desnacionalización del periodismo por intermedio de reformas normativas y de la firma de tratados de inversiones. Los conglomerados internacionales se quedaron con canales y radios, como fue el caso del entonces grupo español que adquirió Canal 11 (TELEFE). La reciente realineación geopolítica de Cambiemos con los EUA, favoreció el hecho de que los norteamericanos se apropien de los derechos de televisación del futbol de primera división (Fox – Turner) y del canal TELEFE (Viacom). No es casualidad que Macri haya sacado de la grilla de la TV Digital a Telesur y permitido el ingreso de la TV francesa (France 24), en un acto de censura de la comunicadora sudamericana y de subordinación a la división internacional del trabajo y de la cultura.
Los servicios de comunicación audiovisual se organizan en un grupo reducido de oligopolios. En los años noventa se flexibilizó la normativa para fusionar la propiedad de los medios gráficos y audiovisuales. Se expandió de 4 a 24 el número de licencias de cada prestador de radio y de televisión, permitiendo a unos pocos conglomerados empresarios administrar la información y la cultura a lo largo y a lo ancho de la Argentina.
La ley 26.522/09 intentó revertir la tendencia a la concentración oligopólica, para impulsar la pluralidad de voces. Por exigencia de las grandes empresas de medios, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual fue derogada parcialmente por el DNyU 267/15. Éste último instrumento legal, prorrogó por 10 años las licencias de los grandes grupos, derogó la cláusula antimonopolio -pese a su constitucionalidad establecida por la Corte Suprema- y eliminó el tope de las licencias que puede adquirir cada prestador. En nombre de la libertad de mercado, el Gobierno Nacional intervino activamente para favorecer a Clarín y a los grupos oligopólicos trasnacionales. Con la finalidad de garantizar el poder de los CEOS y la parcialidad en la regulación de la comunicación, el DNyU 267/15 eliminó el AFCA y creó en su lugar el ENACOM, que es controlado por mayoría de miembros en representación del Poder Ejecutivo de La Nación.

Internet y los sistemas de control total

El uso que hacemos los argentinos de Internet y de sus aplicaciones depende, tecnológicamente y en contenido, de los EUA. Los programas de buscadores de datos más utilizados (Google, Yahoo, etc.), las redes sociales (Facebook, Instagram, Twitter, etc.-), los servicios de mensajería (WhatsApp, etc.-) o los repositorios de videos (Youtube) son producidos y administrados por empresas de los EUA en acuerdo con su gobierno. Un pequeño número de corporaciones radicadas en Silicon Valley y en unas pocas ciudades de los EUA, monopolizan el software (Microsoft) y regulan qué vamos a encontrar en los buscadores de información o de música de las computadoras, teléfonos celulares o tablets.
Con la masificación de uso de Internet sin regulación pública, desapareció el concepto tradicional de la vida privada de las personas. Las empresas y los gobiernos captan y ordenan las creencias religiosas, las tendencias sexuales, las ideologías, los hábitos de consumo y la ubicación geográfica de los individuos. Nunca en toda la historia de la humanidad, se tuvo la capacidad de reunir tanta información privada, sin más regulación y finalidad que la ambición comercial y el deseo político de dominio de algunos Estados.
Las empresas norteamericanas que administran los circuitos de internet, reúnen la información privada que es utilizada con fines comerciales y de control ideológico y político. La seguridad interna y la política exterior de los EUA se ponen en juego en Internet y no hay casualidad alguna en el hecho de que la red social Twitter haya censurado a la cadena rusa de Noticia RT y a Sputnik. Además, y de manera más sutil, hay diversos mecanismos para que las empresas ordenen la información que circula y que se lee en Internet. Google tiene un importante poder para regular y modificar algoritmos de los motores de búsqueda, llevando a los lectores a encontrar la información que la empresa y el gobierno de los EUA consideran oportuna.
El uso de internet y de las redes sociales que las corporaciones realizan, están violando los derechos del individuo liberal, al estar reuniendo datos, estudiando perfiles y utilizando todas las acciones particulares y las opiniones de las personas. Ya es obsoleto el postulado de la Constitución Nacional argentina que sostiene que “las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados”. En nuestro país los buscadores de información conducen compulsivamente a los lectores a las plataformas de Clarín, Infobae y La Nación. Estas empresas les imponen la agenda publica a los usuarios y su poder está amplificado con la inclusión de accesos directos obligatorios en la telefonía celular o tablets, conformando una red comunicacional oligopólica y direccionada políticamente.

La utilización partidaria de la comunicación e Internet

En el marco del debilitamiento de los partidos políticos y de las instituciones de la sociedad civil, la actividad de Internet y de los medios de comunicación audiovisual se tornó fundamental. Las corporaciones económicas y los dirigentes partidarios contratan consultoras y fundaciones para analizar tendencias, expectativas o el estado emocional de la opinión pública. Internet y las redes sociales son insumos fundamentales y el conocimiento de los sujetos reunido por los instrumentos tecnológicos, es varias veces más detallado que el resultante de realizar una encuesta. Sabiendo qué opinan, sienten y esperan las familias, clases o grupos humanos, las nuevas tecnologías permiten individualizar los mensajes e interpelar a la masa popular.
Las personas en su paso por Internet dejan rastros, conversaciones y datos. La información es utilizada para imponerle al individuo un mensaje personalizado en sus redes, casillas de correo o mensajería. Google y las redes sociales estudian a los individuos y son sociólogos y psicólogos para analizar comportamiento y pedagogos, artistas y comunicadores para imponerles ideología. Las empresas que regulan las nuevas tecnologías le imponen al individuo un mensaje que es irradiado en paralelo en la TV, las computadoras, la radio, tablets o los teléfonos celulares. Un mismo discurso es presentado en diversos formatos informativos, deportivos o de entretenimiento, tendiendo a una especie de dictadura comunicacional de alto impacto y prácticamente imposible de evitar para el individuo de a pie.
Los servicios de inteligencia del Estado y las empresas de Internet reúnen, venden o utilizan esa información para diagramar las campañas, extorsionar a la clase política o para manipular estados de ánimo colectivo. En el momento de definir la estrategia electoral, hay dos grandes universos de grupos sociales a interpelar ideológicamente. Por un lado, está el universo de los sujetos “politizados” o convencidos de seguir a un dirigente, un partido o a una idea. Haciendo reduccionismo, este sector puede involucrar alrededor del 30 al 40% de los electores. Con la prensa y con las nuevas tecnologías, a esta porción de electores se intenta radicalizarlo, desmovilizarlo o confundirlo, según el espacio de donde provenga la comunicación.
Por otro lado, están los individuos “desinformados” o sin posición partidaria claramente definida. A este grupo que suele definirse como ajeno o distante a la política, lo interpelan por intermedio de canales de comunicación no estructurados o de formato informativo clásico. El consumo de entretenimiento y las redes sociales permiten movilizarlo emocionalmente, sin que el sujeto lo perciba racionalmente. La comunicación de las redes o el espectáculo infunde empatías, temores, angustias, resentimientos o expectativas. En estos casos, la imagen y la emoción bombardeados constantemente al sujeto a través de internet, pesan más que la razón política (programas de gobierno o ideologías partidarias).
El asesor de Cambiemos, Jaime Duran Barba, trabajó con destreza la estrategia de construcción de la imagen presidencial en redes e Internet. La tarea del gobernante consiste en gestionar los intereses de las elites económicas y con esa finalidad hay que justificar los proyectos de desigualdad institucionalizada como los únicos posibles. En su óptica, vale más la credibilidad del dirigente que su plataforma de gobierno y esta cuestión se construye mostrando a sus familiares realizando gestos con personas comunes y mascotas o “actuando” escenas de la vida cotidiana del candidato. Esta campaña esconde los intereses de poder que representa el Partido político y evita debatir el trasfondo de las medidas que se proponen implementar los candidatos. Barba argumenta que la política es un campo de construcción de “esperanza” o de instalación de temas de “conversación” y que deben dejarse en un segundo plano los proyectos de país, las ideologías y las disputas de intereses. Al momento de ganar una elección, la emoción supera ampliamente a la razón.

Organizaciones libres del pueblo o neoliberalismo

De profundizarse el panorama político y cultural mencionado, la estructura mental y actitudinal de las nuevas generaciones está en serio riesgo. El orden social puede ser suplantado por un inestable estado de crisis política permanente, motorizado por odios mediatizados y por una carencia total de sentido colectivo, patriótico y nacional de la vida humana.
Frente a ese panorama, deberíamos reconstruir la escuela pública reforzando el cumplimiento de normas sociales y el sacrificio personal, difundiendo valores humanos solidarios y una concepción nacional y patriótica de la existencia.
La comunidad para pervivir en el convulsionado sistema político internacional actual, necesita potenciar a los clubes de barrio, a las iglesias, a los partidos políticos y a los sindicatos. Solamente con un pueblo consiente y organizado, se generarán las condiciones políticas para la necesaria regulación social y nacional de Internet y de la comunicación que garanticen la pluralidad de voces y la elevación cultural y ética del pueblo.

Aritz Recalde

Filipinas: Rodrigo Duterte, un señor de la guerra convertido en presidente

La letanía de comentarios horribles que han catapultado al líder filipino, Rodrigo Duterte, a la notoriedad internacional es tan exhaustiva que es difícil elegir los más inauditos. No hay nada en lo que se contenga lo más mínimo.
En septiembre de 2016, por ejemplo, se refirió con entusiasmo al Holocausto como una analogía de su brutal guerra contra las drogas. “Hitler masacró a tres millones de judíos”, dijo. “Ahora hay tres millones de drogadictos. Me encantaría matarlos a todos”.
Duterte también ha alardeado de los días cuando se paseaba en moto buscando gente a la que matar, así como de haber lanzado a un hombre desde un helicóptero. Incluso se lamentó en broma de haber perdido la oportunidad de violar a una guapa misionera australiana antes de que fuese asesinada en una operación contra el motín de una prisión.
La semana pasada, Duterte volvió a ser el protagonista de los titulares. “Con 16 años, yo ya había matado a alguien”, dijo. “Una persona de verdad, una reyerta, un apuñalamiento. Solo tenía 16 años. Fue solo por una mirada. ¿Cuánto más ahora que soy presidente?"
El presidente filipino se dirigía a la comunidad filipina en la ciudad vietnamita de Da Nang, antes de la cumbre de Cooperación Económica de Asia Pacífico, a la que también acudió Donald Trump. Este martes, Donald Trump finalizó en Filipinas su gira por Asia, en la que se ha reunido con Duterte.
Por supuesto, Trump no es responsable de los crímenes de los que Duterte presume. Pero con sus afirmaciones populistas, su tendencia a la exageración y su actitud denigrante hacia las mujeres, así como con los ataques a la prensa y su desprecio total por la conducta política más convencional, no es sorprendente que se hayan trazado comparaciones entre ambos.
Duterte llamó a Barack Obama “hijo de puta”, pero la relación entre Trump y el presidente filipino parece haber tenido un inicio mucho mejor. Una transcripción filtrada de una llamada telefónica entre ambos reveló que Trump había alabado a Duterte por su “trabajo increíble” en la guerra contra las drogas.
Exfiscal y antiguo alcalde de Davao, una ciudad en la isla de Mindanao, el programa de Duterte como hombre fuerte –su logo de campaña era un puño cerrado– le hizo ganar popularidad en todo el país. Llego al poder gracias a promesas para erradicar las drogas y el crimen, prometiendo una campaña de mano dura que mataría a 100.000 personas y utilizaría los cuerpos de los consumidores de drogas para alimentar a los peces en la Bahía de Manila. La gente quedó impresionada por el líder duro que prometía impedir que el país siguiese cayendo en lo que él llamaba narcoestado. Finalmente salió elegido en mayo de 2016.
Apodado 'El castigador', este hombre de 72 años nació en Maasin. Sus inicios como persona mediomafiosa se formaron desde una edad muy temprana. Era un matón que fue expulsado del colegio y que con 15 años ya llevaba pistola.
“Fue expulsado de algunas escuelas e incluso disparó a un compañero de clase, pero nunca se le castigó por nada. Se libró”, explica a The Observer el senador Antonio Trillanes, uno de los mayores críticos de Duterte. “Creo que eso ha contribuido a su mentalidad de impunidad, porque nunca fue castigado. Ha matado a gente, pero eso simplemente se olvidó”.
Duterte estudió Derecho y se convirtió en fiscal, haciéndose camino hasta ser vicealcalde y finalmente alcalde de Davao, un cargo que ocupó durante más de 20 años.

Obsesión por el poder

“Creo que la única crisis que tuvo en su crecimiento fue cuando murió su padre y la riqueza y el poder político desaparecieron. No podía soportar ser un tipo normal. Recibió una cura de humildad y tuvo que hacerse su propio camino”, explica Trillanes. “Desde ese momento, aquel tipo que disfrutó de una vida de poder y riqueza no quería perderla. A partir de entonces, no lo dejó escapar”.
Un documento que forma parte del proceso de su divorcio con Elizabeth Zimmerman en 1998 también es revelador. En su evaluación psicológica detallada en el informe, el doctor concluyó que sufría un desorden de personalidad narcisista, con tendencias agresivas entre las que se incluye un “sentido grandilocuente de sí mismo y de los privilegios que cree merecer” y “una tendencia constante a menospreciar y humillar a los demás”.
Fue en Davao en los años 80 cuando Duterte probó por primera vez la mano dura contra las drogas y el crimen, una política que a menudo provocaba la aparición de cadáveres en las calles. Human Rights Watch detalló durante mucho tiempo las acusaciones de los “escuadrones de la muerte de Davao” cuando Duterte era alcalde, afirmando que se mató a más de 1.000 personas, incluidos sospechosos de ser consumidores de drogas y traficantes, niños callejeros, así como periodistas críticos con su actuación.
Incluso una vez Duterte lo confirmó abiertamente. “¿Soy yo el escuadrón de la muerte? Cierto. Eso es cierto”, declaró a su programa de televisión local en mayo de 2015.
Aunque los ayudantes de Rodrigo Duterte acostumbran a dar marcha atrás tras las declaraciones de su presidente, señalando que no se deben interpretar al pie de la letra sus comentarios disparatados o que los decía en broma, el presidente de Filipinas ha demostrado ser un hombre de palabra en relación a la "guerra antidroga".
Desde que tomó posesión del cargo el 30 de junio del año pasado, al menos 7.000 filipinos han sido asesinados, casi 4.000 por la policía y muchos miles más por supuestos justicieros. Imágenes espeluznantes de los asesinatos sobrecogieron rápidamente a la prensa nacional e internacional: imágenes terribles de gente muerta en las calles en mitad de la noche, con las cabezas envueltas en cinta de embalaje, muchas veces junto a carteles en los que se les acusa de ser traficantes de drogas, drogadictos o criminales. Un periódico local, el Inquirer, empezó una "lista de asesinados" en un intento de hacer un seguimiento de todas las muertes.

Asesinatos extrajudiciales con apoyo popular

Más de un año después desde el inicio de su mandato, el número de muertes extrajudiciales ha superado el de muertos durante la dictadura del sanguinario Ferdinand Marcos, que rigió el país durante dos décadas.
En una valoración del primer año del gobierno de Duterte, Amnistía Internacional emitió un comunicado en junio señalando que miles de filipinos han sido asesinados por, o a instancias de, una fuerza policial que actúa fuera de la ley y a las órdenes del presidente.
"La violenta campaña de Duterte no ha acabado con el crimen ni ha resuelto los problemas asociados con las drogas", dice James Gómez, director de Amnistía Internacional para el sureste asiático y el Pacífico. "Lo que ha hecho es convertir el país en un lugar aún más peligroso, debilitando aún más el Estado de derecho y otorgado notoriedad [a Duterte] como un líder responsable de la muerte de miles de sus propios ciudadanos".
Aunque la guerra antidroga de Duterte ha suscitado una gran condena a nivel internacional, el propio presidente ha permanecido inmune. En su lugar, ha ofrecido inmunidad a los asesinatos policiales en nombre de la "guerra antidroga", mientras que su gobierno niega las acusaciones en relación con "batallones de la muerte".
También ha luchado por silenciar a sus críticos más directos, incluido el encarcelamiento de la senadora Leila de Lima, que como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos lideró una investigación en 2009 del batallón de la muerte de Davao. Duterte también llevó al límite a algunos filipinos este septiembre cuando, para hacer frente a una insurgencia terrorista en Marawi, declaró la ley marcial en todo Mindanao. El Congreso ha votado para mantenerla vigente hasta el 31 de diciembre.
A pesar de todas las polémicas durante su Administración, el presidente mantiene un nivel alto de popularidad, a pesar de una caída reciente en las encuestas. A nivel nacional, la satisfacción con la "guerra antidroga" está al 63%, según una encuesta en octubre por el centro de investigación Social Weather Stations, aunque muchos dicen que también creen que los sospechosos deberían ser capturados con vida.
En una decisión que Duterte esperaba que calmase los "corazones sangrantes", el presidente ordenó el mes pasado a la policía poner fin a todas sus operaciones relacionadas con drogas y puso al cargo a la Agencia Antidrogas.
Al preguntar a la periodista filipina Solita Monsod cómo entender mejor quién es Duterte en realidad, dice que como mejor se explica al presidente es mediante la evaluación psicológica a la que fue sometido durante la anulación de su matrimonio. "No se puede juzgar a este hombre por los métodos habituales porque este hombre tiene un trastorno. Este hombre tiene problemas de salud mental".
Al menos, añade, él no tiene acceso a un botón nuclear.

El expediente de Duterte

Nacimiento: 28 de marzo de 1945 en una familia de políticos de Maasin. Su padre fue un gobernador provincial y su madre, maestra. Se formó como abogado, hasta convertirse en fiscal del Estado, antes pasar a ser alcalde de Davao en 1988. Casado dos veces. Cuatro hijos.
Mejores tiempos: obtuvo un amplio apoyo al transformar Davao de "ciudad mortífera" al lugar más seguro de Filipinas.
Peores tiempos: cuando amenazó dejar la ONU después de que criticaran su "guerra antidroga" por ser un crimen bajo el Derecho internacional. Desde el comienzo de su presidencia, las cifras oficiales muestran que la policía han matado casi a 3.500 "personalidades de la droga", mientras que otras 2.000 personas han sido asesinadas en crímenes relacionados con la droga y miles más bajo circunstancias sin explicar.
Lo que él dice: "Olvidad las leyes de derechos humanos. Si llego al palacio presidencial, haré justo lo que hice como alcalde. Vosotros, los camellos, delincuentes y vagos, es mejor que os vayáis. Porque os mataré. Os tiraré en la bahía de Manila y cebaré a todos los peces que hay ahí" (Discurso de campaña electoral).
Lo que dicen otros: "Una cosa sobre mi hermano es que es testarudo. Cuanto más le digas que no haga algo, más lo hará. Tiene que relajar su ira. Necesita gestionar su ira" (Emmanuel Duterte, New York Times).

Kate Lamb
eldiario.es
Traducido por Javier Biosca y Marina Leiva