jueves, diciembre 01, 2022

Turquía ataca al pueblo kurdo


Hace una semana, el gobierno de Recep Tayyip Erdoğan puso en marcha la “Operación Aérea Garra-Espada”. Consiste en el bombardeo de las tropas nacionalistas kurdas tanto en Irak como en Siria. Según el ministerio de Defensa de Turquía, fueron alcanzadas varias ciudades por la artillería turca, entre ellas, Qandil, Asos y Hakurk, en el norte de Irak; y Kobane, Tel Rifaat, Cizire y Derik, en el norte de Siria. Por la cantidad de ciudades atacadas, es una operación de alto alcance. 
 Según el gobierno turco, el bombardeo tuvo como objetivo “refugios, búnkeres, cuevas, túneles, depósitos de municiones y los llamados cuarteles generales y campos de entrenamiento”, pertenecientes al Partido de Trabajadores de Kurdistán (PKK) y a las Unidades de Protección del Pueblo (YPG). Sin embargo, fueron bombardeados hospitales, estaciones eléctricas, escuelas, entre otros objetivos civiles. Desde el 17 de abril, el gobierno turco mantiene ataques contra guerrilleros kurdos, en Kurdistán del Sur, utilizando armas químicas.
 Erdoğan presentó la operación como respuesta al ataque terrorista en Estambul. El gobierno turco responsabiliza al PKK y al YPG por el ataque terrorista, aun cuando estos se han desvinculado públicamente del hecho en cuestión. Todo indica que Estambul ha manipulado políticamente el atentado para iniciar una operación en Siria contra las milicias kurdas. Después del atentado, más de 100 personas han sido detenidas por protestar contra los ataques transfronterizos, en una persecución en todos los terrenos contra los que apoyan la causa kurda. 
 Además, Erdoğan, anunció que los ataques aéreos contra las milicias kurdas "son solo el principio" e insistió en "su determinación" de ordenar una operación terrestre para asegurar su frontera sur. En otras palabras, el Estado turco amenaza con una intervención militar en Siria y desatar un mar de sangre sobre el Kurdistán. 
 Durante el conflicto de Siria, las tropas kurdas se mostraron altamente eficaces en el combate contra el Estado Islámico, asesoradas y pertrechadas por Estados Unidos, lo que llevó a Erdogan a tejer un acuerdo con Putin. Luego del retiro de los norteamericanos y de la derrota de EI, los kurdos quedaron a merced de Erdogan. Para Turquía, la cuestión kurda es un asunto estratégico. 

 Elecciones y guerra imperialista 

No es casual que faltando siete meses para las elecciones presidenciales, se produzca esta escalada bélica. Turquía atraviesa una crisis económica extraordinaria y la reelección para la alianza oficialista se ha complicado. Erdoğan, que mantiene a Turquía dentro de la OTAN, busca explotar en el electorado turco la veta nacionalista y bélica. En anteriores elecciones apeló a la misma estrategia. 
 Informes hablan de que los aviones de combate turcos están utilizando el espacio aéreo sirio para bombardear a los kurdos. Ese espacio aéreo está controlado por Rusia. El gobierno de Vladímir Putin hizo un silencio atroz sobre la situación. La operación turca se produce en medio de la guerra imperialista de la OTAN en Ucrania –el gobierno turco rechazó las condolencias de la Casa Blanca luego del atentado y acusó a EE. UU de “alimentar terroristas”. El problema kurdo ha traído un gran resquebrajamiento diplomático entre Estados Unidos y Turquía, aprovechado por Rusia. Turquía es el segundo ejército más grande de la OTAN. En esa perspectiva, Putin busca aunque sea asegurarse la neutralidad del gobierno turco en la guerra. Por su parte, Turquía ha tratado de mediar, dados sus fuertes lazos tanto con Rusia como con Ucrania, entre Washington y Moscú. Busca el apoyo de Putin, que respalda a Bashar Al-Assad, el presidente sirio. Para lograr su cometido, ha amenazado con vetar la membresía de Suecia y Finlandia en la OTAN si la OTAN no les da vía libre en Siria e Irak para liquidar a los separatistas kurdos. También está tratando de normalizar las relaciones con Al-Assad, después de trabajar durante años para destruir su régimen, contra los kurdos. 
 Una ofensiva del ejército turco contra las fuerzas kurdas amenaza con desatar un conflicto a gran escala, desplazando a masas de personas a la barbarie misma. Denunciemos la masacre que busca perpetrar Turquía contra el pueblo kurdo. 

 Mauri Colón 
 01/12/2022

Vialidad: “últimas palabras” de Cristina Kirchner

Las “últimas palabras” de Cristina Kirchner antes del fallo del tribunal oral que está previsto previsto para el 6 de diciembre próximo, aludieron, de nuevo, a una condena escrita de antemano, y a la calificación del tribunal como “un pelotón de fusilamiento”. Con esto la Vice hizo referencia al atentado que sufrió el 1 de septiembre y a un titular de Clarín que asociaba “la bala que no salió” con “el fallo que sí saldrá”. Cristina se encuentra imputada por los delitos de defraudación al Estado por las obras públicas otorgadas a Lázaro Báez y por asociación ilícita agravada, que se valió del aparato estatal para delinquir. Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola reclamaron para ella 12 años de prisión y otro conjunto de penas para el resto de los acusados, -Lázaro Báez, Julio De Vido y funcionarios de Vialidad Nacional y Vialidad Santa Cruz.
 El de Vialidad es uno de los casos de corrupción que se tramitan en tribunales. Hay otros, en especial el de los Cuadernos, que exponen una red de coimas pagadas por empresas de la construcción al kirchnerismo, que cobrara Roberto Barata, ex funcionario de Obras Públicas. Los delitos de estas características acosan a los Kirchner desde cuando Roberto Lavagna, ex ministro de Economía de Néstor Kirchner, renunció en alusión a la corrupción en la obra pública. 
 En el aspecto político de su defensa, la vicepresidenta reivindicó lo que llamó el “desendeudamiento” producido bajo su presidencia, el acuerdo YPF-Chevron, la estatización parcial de YPF-Repsol y una mayor participación de los salarios durante su gestión. Estos cuatro puntos, al menos, constituyen otros tantos delitos políticos o penales, porque el “desendeudamiento” fue obligar a Anses, Pami, Banco Central y Nación a comprar títulos públicos para pagar deuda privada; el acuerdo con Chevron sigue siendo secreto, con el aval de la Corte Suprema, para que YPF le remitiera utilidades a un fondo ‘off shore’. La estatización de YPF-Repsol consistió primero en imponer el ingreso del grupo kirchnerista Eskenazi a Repsol, para nacionalizar en parte a la española por ocho mil millones de dólares, maniobra que derivó en un juicio en los tribunales de Nueva York. En cuanto a los trabajadores, crecieron los índices de pobreza, en una economía en crecimiento, mientras que las subas de salarios no han sido dádivas del Estado sino consecuencia de la lucha. La vicepresidenta falsificó la historia reciente sin que se le moviera una pestaña. Esto fue interpretado por sus seguidores cercanos y alcahuetes, como una ratificación de su liderazgo.
 Es cierto, de todos modos, que la sentencia, como el juicio, será política, porque la independencia del Poder Judicial es una falacia, aunque el film “1985” pretenda mostrar lo contrario. Aceptar, en aquel momento, la autoamnistía de las Juntas, luego de la capitulación en Malvinas, fue caracterizada en el país y en el exterior como una necesidad absoluta del Estado pos dictadura. El Poder Judicial aprovechó ese juicio para amnistiarse a sí mismo. 
 Que la sentencia está escrita de antemano es una verdad a medias, salvo la tropa judicial del kirchnerismo, no se conoce un cuestionamiento a la acusación de defraudación del Estado. Pero en otro sentido, salvo para la tropa macrista, hay fuertes cuestionamientos al cargo de asociación ilícita, en el entendimiento de que es algo incompatible con un gobierno constitucional. Si el tribunal absuelve a Cristina de esta última figura, lo que se verá enseguida es una andanada de apelaciones contradictorias, del kirchnerismo contra la defraudación y del macrismo contra la exoneración de la asociación para delinquir. La controversia sería dirimida a través de enormes dilaciones, mientras CFK contará con la protección de los fueros. Sin sentencia firme y sin la asociación ilícita, habrá caído la condena que la pretende privar del derecho a ocupar cargos públicos. 
 Las características del fallo del tribunal medirán la consistencia de los acuerdos que han ido alcanzando kirchneristas y macristas, ante el pedido de un gobierno de coalición del embajador norteamericano y el respaldo del FMI al ´plan aguante´ de Massa. Un nuevo default de Argentina, esta vez por dos veces y media más que en 2001, y con una deuda en pesos dolarizada e indexada, desataría lo que el viceministro de Economía describió, modestamente, como un ‘rodrigazo’. Oscurecido para la opinión pública y para los trabajadores, crece la corriente de cagatintas del Poder Judicial que considera que la estabilidad monetaria es judiciable y tiene alcance constitucional. Otra corriente, en este caso de alcance internacional, entiende que el Poder Judicial debe asumir un papel de “moderador” de la política, en el marco de una crisis de régimen político generalizado. La supervisión del Departamento de Justicia de Estados Unidos se hará sentir fuertemente en estos procesos judiciales. La posibilidad de una condena ya persuadió a CFK a dar el completo apoyo SM. 
 Como ya han destacado muchos, la Vice exhaló las últimas palabras como si fuera jefa de la oposición. Contrapuso lo que ocurre bajo su cogobierno actual con lo que entiende que ocurría bajo su gobierno pasado. Esta conducta no rescata las perspectivas ‘nacionales y populares’, sino que acepta el entierro de ellas por parte de los ‘nac & pop’. Las últimas palabras no fueron la convocatoria a un nuevo inicio sino un responso ante la sepultura aún abierta. La burocracia de algunos sindicatos propone movilizaciones contra un fallo adverso, que no han hecho para defender a los trabajadores de la política del gobierno de su lidereza.

 Fede Fernández 
 01/12/2022

EEUU probó la bomba de hidrógeno en seres humanos en Islas Marshall

"La mayoría de lxs jubiladxs están por debajo de la linea de indigencia" // Romina Del Plá

Stefan Zweig y la historia

El “pelotón de fusilamiento” es el FMI de Massa-Alberto-Cristina


Cristina Kirchner y la causa Vialidad. 

 Cristina Kirchner dijo sus ´últimas palabras´ en el juicio por las obras viales del Sur, sin aportar nada nuevo a la causa judicial y, mucho menos, a la crisis política del gobierno que ella representa. Cristina tiró frases reivindicatorias de los anteriores gobiernos kirchneristas, que no resisten otra cosa que el slogan. Aludió a la ´recuperación´ de YPF, sin mencionar a la asociación secreta posterior con el pulpo Chevron, al régimen de libre disponibilidad de divisas y al inicio de la dolarización de los combustibles, que Macri culminó. Con la misma liviandad, se refirió al supuesto ´desendeudamiento´ 2003-2015, que dejó al Estado argentino con los mismos 200.000 millones de dólares de deuda que tenía en diciembre de 2001. La defensa impostora del pasado fue un intento por encubrir a su actual gobierno, que ya derrumbó entre un 20 y 30 % el valor de los salarios y jubilaciones, por un lado, mientras engrosaba la deuda pública en 60.000 millones de dólares, del otro. Cristina no dejó de acordarse del que “nos trajo al FMI”, sin mencionar que la política económica de su gobierno se audita trimestralmente en Washington. Mientras desgranaba las ´últimas palabras´, el Banco Central del gobierno “de Todos” inauguraba otro round de beneficios en favor de las aceiteras y cerealeras.

 Asociación ilícita 

Ya en relación a la causa de corrupción, Cristina insistió con la ausencia de elementos probatorios que la liguen con Lázaro Báez, el beneficiario exclusivo de una cincuentena de obras viales incumplidas, o sobrefacturadas, en el Sur del país durante los mandatos kirchneristas. La falta de pruebas, si existiera, no puede disimular el enriquecimiento de las dos patas del banquillo –Báez y los Kirchner-, o los flujos de dinero circulares entre la facturación del contratista y los hoteles de la familia presidencial, algo que Cristina presentó como “intercambio de prestaciones recíprocas (sic)”. Cuando Lavagna renunció como ministro de Néstor Kirchner, denunció ´sobreprecios y cartelización´, precisamente, en las obras públicas viales. Mucho más adelante aparecieron los cuadernos de Centeno, apuntando por igual a los K y a la gran burguesía contratista, no sólo a los Báez. En el sur, la inconclusa autovía Caleta -Comodoro, con quince años de licitaciones fracasadas, es conocida como el “monumento a la estafa”.
 Para desacreditar los chats amistosos de José López con la patria contratista K, Cristina utilizó un argumento curioso: López, dijo, también empleaba esa familiaridad con los ejecutivos de las constructoras macristas. O sea que la corrupta ´redeterminación´ de precios de las obras no reconocía grieta o, en otros términos, era una cuestión de Estado. El punto se conecta con el principal argumento del alegato cristinista, a saber, que un Estado y un gobierno electo democráticamente no pueden constituir una asociación ilícita. En otras palabras: cuando los peculados con la obra pública son articulados desde las instituciones del Estado, entonces sencillamente dejan de ser peculados, por principio. Pero lo que se ha puesto de manifiesto es al Estado como gestor ´institucional´ de un conjunto de camarillas capitalistas. En la causa vialidad, el banquillo se extiende a la Sindicatura y al propio Congreso, que aprueba las obras y debiera verificar su ejecución. Detrás de la obra pública se encuentra el endeudamiento externo, avalado y rescatado por todos los gobiernos, y su consecuencia directa: el déficit fiscal, sobre el cual se justifican los planes de liquidación de derechos sociales y jubilatorios. La puntada final del circuito es el acuerdo con el FMI, al que Cristina Kirchner y su gobierno se han aferrado sin reservas.

 Pelotón

 Cristina no dejó un solo momento de asociar el juicio de Vialidad con el atentado que sufrió en setiembre pasado. Pero también en este punto no pasó de los títulos y las insinuaciones sobre los responsables materiales. En cambio, nunca puso el dedo en la llaga sobre las responsabilidades de Estado, desde la custodia hasta la cúpula de los organismos de seguridad e inteligencia comandados por su gobierno. También en este punto, el Estado “no puede” ser una asociación ilícita o, dicho de otro modo, entre bueyes no hay cornadas. 
 Pero el verdadero pelotón de fusilamiento sobre Cristina y la coalición oficial no se aloja en los juzgados federales. El derrumbe político del gobierno y del kirchnerismo es el resultado de la crisis social galopante, la hiperinflación en puertas y la tentativa de cargarle a trabajadores y jubilados el peso integral de la bancarrota del Estado y de los capitalistas. O sea, el libreto que la vice y Massa han pactado con el FMI. Mientras tanto, las burocracias sindicales K, solidarias con el plan fondomonetarista, ya están invocando el ´bancar a CFK´ como coartada para no luchar por el salario o por la salud en ruinas. 
 El juicio Vialidad es el retrato de un régimen social en ruinas, que ha hecho del Estado y del presupuesto público un instrumento de confiscación permanente a las masas. Opongámosle la lucha por un gobierno de trabajadores. 

 Marcelo Ramal 
 30/11/2022

El turno de los tarifazos


Los “precios justos” que el gobierno anunció para los alimentos y los combustibles es un plan de aumentos programados -4 % mensual- de acá a marzo. Ningún trabajador -y mucho menos el que está fuera de convenio- cuenta con esa indexación sobre sus salarios. Como ocurrió con otros planes, los productos con “precios justos” no están en las góndolas. Y los “otros” aumentan sus precios a un ritmo muy superior.
 Pero detrás de estos mentirosos “precios justos”, lo único que ha hecho el gobierno es ´hacerle lugar´ a los violentos tarifazos que se vienen en los servicios públicos.
 En noviembre, empiezan a pesar los aumentos del gas y de la luz sin subsidios. 
 En el caso del gas, el 40 % de los usuarios va a tener aumentos de hasta el 50 % en los próximos tres meses. 
 En la luz, los aumentos previstos de acá a marzo alcanzan al 80 %. 
 Los aumentos del agua, según la provincia, están entre el 30 y el 50 % para este verano. 
 Las prepagas subirán un 14 % entre diciembre y enero. 
 El gobierno es el principal fogonero de la inflación. Se sirve de ella para desvalorizar los salarios, las jubilaciones y el gasto social. 
 Acentuando la crisis social, el gobierno no sólo cumple con el acuerdo fondomonetarista. Además, reúne los recursos para resarcir generosamente a todas las corporaciones capitalistas. Los pesos que se escatiman a comedores y merenderos se usan para rescatar a los acreedores de la deuda pública. 
 Los pesos que deberían sostener a los trabajadores de la salud –en medio de un recrudecimiento del COVID- premian a las megaexportadoras de soja y aceite de soja. 
 Pero ninguno de estos rescates al capital eximirá al gobierno y al Estado de su bancarrota. 
 Los capitalistas lo saben. Por eso, mientras embolsan los beneficios aportados por los tarifazos y las prebendas del Estado, los pasan de inmediato a moneda extranjera. 
 Y preparan un desenlace todavía más grave para esta crisis: devaluación e hiperinflación.
 Los trabajadores debemos preparar nuestra propia salida. Es la que señalan los trabajadores de la salud de todo el país, con movilizaciones, autoconvocatorias y huelgas indefinidas.
 Los Massa, Fernández y el FMI nos llevan al desastre. Preparemos la huelga general, en defensa del salario y el derecho al trabajo.

Nota de tapa de Política Obrera N°58 edición impresa.

miércoles, noviembre 30, 2022

¿Quiénes bancan la continuidad del represor Sergio Berni?


Después del discurso de Cristina en La Plata, nueva crisis en el Frente de Todos. Sergio Berni fue confirmado en su cargo pese a su devaluada gestión y a las críticas de Cristina Kirchner por la falta de una “política seria” en materia de seguridad. La vicepresidenta utilizó el acto del 17 de noviembre en el Estadio Único de La Plata para pedir que se vuelva a inundar de gendarmes el conurbano, una política reaccionaria de militarización de las barriadas donde la pobreza supera el 42% y hace estragos en la niñez y la juventud. 
 El operativo clamor para que Cristina sea candidata en el 2023 viene teñido de un corrimiento a la derecha y apoyo al plan fondomonetarista de Sergio Massa. Por lo pronto, entraron en pausa todos los pronósticos y corrillos oficiosos que daban a Berni por “renunciado” y a Julio Alak, titular del Ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires, como su reemplazante de apuro. 
 Alak, lisonjeado por Alberto Fernández en un acto donde se reencontraron el gobernador y el presidente, negó que estuviese previsto unificar su ministerio con el de Seguridad y rescató la “importante tarea” del represor de Guernica y jefe de hecho de la Bonaerense. Si Berni termina yéndose será como producto de una negociación con el kirchnerismo y en desmedro de Kicillof. Tratándose de un incondicional de Cristina Kirchner, las declaraciones de Alak tienen el sello de la vicepresidenta, que fue la banca de Berni en el gabinete provincial desde su designación en diciembre del 2019 .
 La especie echada a rodar que le atribuye al gobernador no querer entregarle su ministro al “corpo” Lanata -después del programa donde se expusieron la veintena de propiedades subvaluadas y no declaradas al fisco que fue acumulando el millonario Sergio Berni- es una justificación en modo K (“no hacerle el juego a Clarín y la derecha”) y fundamentalmente una coartada para que Berni siga en el gobierno de Kicillof. 

 ¿Berni no se va? 

El facho de Berni juega con el poder de fuego de la maldita policía, un cuerpo armado de 100.000 efectivos, pero también con la data y los conocimientos íntimos que tiene de los negocios de la familia Kirchner desde los tiempos de Santa Cruz. El carpetazo está siempre presente y pende sobre Cristina que enfrenta la causa Vialidad por corrupción, y un pedido de pena de 12 años de prisión efectiva.
 Midiendo el revuelo provocado, la “sobrevivencia” del confeso derechista confirma hasta qué punto el gobernador Kicillof es bernidependiente y resiste el despido de su ministro. Axel Kicillof ve en la ofensiva contra Berni un tiro por elevación contra su intento de reelección, y una jugada de los intendentes en alianza con La Cámpora para impulsar un candidato a gobernador de su riñón, como podría serlo Martín Insaurralde. 

 Cristina y Berni 

La apelación a que Cristina decida el futuro de Berni devolvió gentilezas y terminó comprometiendo directamente a la “jefa” en el salvataje del capo mafia de la Bonaerense. Las intrigas palaciegas y los embates de Máximo Kirchner y el “Cuervo” Larroque contra el ministro represor son un recurso tardío, y sin entusiasmo, para frenar la “autonomía” de Sergio Berni, quien no pierde la oportunidad para recordar a viva voz que el kirchnerismo lo defraudó. 
 Es además una jugada de Máximo y La Cámpora para restablecer la alianza quebrada con los intendentes y el PJ bonaerense frente a una elección incierta. Fue con la venia de Cristina que Sergio Berni hizo de La Bonaerense un ariete del kirchnerismo para disciplinar a los barones del PJ bonaerense, arrebatándoles incluso el manejo de la Policía Comunal y los fondos para “seguridad”. Esta funcionalidad, que explotó el kirchnerismo y La Cámpora, entró en crisis agravando la fragmentación del peronismo. 
 El responsable político del secuestro policial de Facundo Astudillo Castro no se privó de “empatizar” con el gatillo fácil de la Bullrich y con el liberfacho de Milei. Tampoco de festejar el discurso de la vicepresidenta en el Día del Militante como “música para los oídos”, apuntando contra Aníbal Fernández, ministro de Seguridad de Alberto, como responsable de la Gendarmería Nacional que no se envía a la provincia. Aún en desgracia, Sergio Berni sigue siéndole útil a Cristina para impostar una oposición trucha “desde adentro” al gobierno nacional de Alberto Fernández, que integra la vicepresidenta como parte y fundadora. 

 Al Fondo y a la derecha 

El ministro de Kicillof captó lo esencial del discurso de Cristina el pasado 17 de noviembre. Sea con la Bonaerense, la Gendarmería o ambas fuerzas represivas en acción, el blanco no está en el delito y la inseguridad ciudadana sino en las protestas, los piquetes obreros y las ocupaciones de tierras en un conurbano hambreado. Berni, Kicillof , Máximo y Cristina saben, al igual que todo el PJ bonaerense, que la provincia de Buenos Aires es un polvorín y que el ajuste atiza el fuego de las movilizaciones populares. 
 A un derechista como Berni tampoco se le escapó la reivindicación expresa que hizo CFK de su alineamiento -hasta el final- con Juan Domingo Perón, creador de la Triple A y del aparato de represión criminal y antiobrero contra el activismo clasista y antiburocrático,
 El “general” comandó personalmente la represión durante el tercer gobierno peronista. Los Kirchner no rompieron con el peronismo de la AAA ni siquiera con el advenimiento de Isabel, López Rega y el Operativo Independencia que abrió las puertas al golpe y dictadura de Videla. 

 Berni y la reelección de Kicillof 

Kicillof ha optado por aferrarse a su ministro a sabiendas del poder de fuego que tiene Berni para tirarle la Bonaerense por la cabeza. Un problema con el que también tiene que lidiar el ministro de “Seguridad” para arbitrar en las disputas e internas policiales mafiosas del mayor cuerpo armado del país. La Bonaerense no es un cuerpo homogéneo sino una corporación asociada al delito organizado y las grandes bandas, donde las cúpulas de la policía se disputan a tiro limpio los vueltos y ganancias del narcotráfico, la trata y todo tipo de ilícitos. 
 La muerte del hincha de Gimnasia en medio de una represión feroz fue básicamente una “podrida” de la interna policial y una advertencia al propio Berni para “que se ubique”. Por extensión, sacudió a Kicillof, quien por enésima vez respaldó la continuidad del capo mafia en el gabinete provincial. Un eventual desplazamiento de Berni movería la estantería jerárquica de la Bonaerense y la trama delictiva que la rodea. En lo inmediato forzaría el desplazamiento del número 1 de la policía provincial -obligado a irse con Berni- agravando la guerra de patotas por el control de los territorios, negocios y el control de las comisarías. 
 Para Kicillof, si Berni se va o lo van avanzan sus adversarios en el gabinete provincial. Martín Insaurralde, jefe de gabinete impulsado por Cristina después de la derrota en las legislativas del año pasado, representa a la liga de gobernadores que no descarta sacarse de encima la reelección del Kici si este finalmente deja la provincia de Buenos Aires para compartir una fórmula presidencial con Sergio Massa en primer término y con él como vice. 
 Axel Kicillof desconfía del momento elegido para atizar el relevo de Berni por Alak. Todavía tiene que sortear el tratamiento y aprobación del presupuesto provincial 2023 que está negociando con Juntos por el Cambio. Una ley de leyes y fiscal que se presenta como la garantía de pago y de ajuste en beneficio del Comité de Acreedores de la fraudulenta deuda externa de la provincia de Buenos Aires. Un fracaso de Kicillof con el Presupuesto 2023 o el avance sobre su aliado Berni son golpes a su campaña reeleccionista. 
 Cuando el diario La Nación habla del proyecto de presupuesto de Kicillof y de su gobierno como una expansión explosiva del empleo público, omite señalar que el gasto fiscal fue destinado principalmente a costear la incorporación de 40.000 nuevos efectivos policiales que ingresaron como personal efectivo a la Bonaerense. La contrapartida son los contratos a término y precarios a cargo de la Dirección General de Escuelas, preámbulos de despidos en masa como ocurriese con los docentes del programa +ATR. 

 Ganar las calle para echar a Berni 

Si Berni la pudre Kicillof tendrá que lidiar con la sucesión del “camarada” de la maldita policía y con los apetitos de las cúpulas de la Bonaerense. La movilización por el “¡Fuera Berni!” implica intervenir en esta crisis política golpeando al ministro derechista y a sus sostenes, empezando por Kicillof, el gobernador amigo de Baradel y las burocracias kirchneristas.
 Fuera Berni es una respuesta también a Cristina que no termina de soltarle la mano a Berni y quiere militarizar -como la derecha- el Gran Buenos Aires y las zonas calientes de la provincia. Para la izquierda es un deber movilizarse para echar a Berni si quiere acaudillar la lucha contra la impunidad y la violencia estatal contra los trabajadores y la juventud. 
 ¡Fuera Berni ya! ¡Desmantelamiento de la Bonaerense!

 Daniel Rapanelli

Recorte en la asistencia social: una práctica común de los políticos capitalistas

Cuánto disminuyeron las asignaciones y prestaciones del Estado por el ajuste y los recortes con la inflación. 

 Los gobiernos capitalistas, tanto el actual del Frente de Todos como el de Juntos por el Cambio, defienden una práctica común respecto a la asistencia social del Estado: el ajuste y los recortes de las partidas por medio de actualizaciones inferiores a la inflación.
 El lanzamiento de “nuevos” programas y medidas de contención muchas veces esconde la verdadera naturaleza de un ajuste sobre las políticas orientadas a los trabajadores empobrecidos, en el marco de una desocupación que se agrava y altos índices de pobreza e indigencia.
 El principal mecanismo para desenvolver esta política es el impacto de la inflación, utilizada por el gobierno como un medio para licuar el gasto público. Algo que queda de manifiesto con el hecho de que los principales programas sociales aumentaron este año entre el 29% y el 60%, lejos de la inflación acumulada del 76,6% y un proyectado anual en el orden del 100%. 
Los resultados salen a la luz haciendo una comparativa entre los valores de algunos de los principales programas, asignaciones y prestaciones sociales del Estado, desde su lanzamiento hasta la actualidad, observando las diferencias entre los montos actuales y los que corresponderían de haberse actualizado al mismo ritmo que la inflación. 
 La Asignación Universal por Hijo, nacida en el año 2009 cuando se pagaban $180 por hijo, asciende actualmente a $7.332 por hijo. De haberse indexado estrictamente a la inflación correspondiente debería alcanzar los $11.932. Para el caso de la Tarjeta Alimentar, tomando el monto actual de $9.000 estamos ante una pérdida de $5.377, debiendo estar en $14.377, considerada la inflación desde el 2020. 
 El programa Potenciar Trabajo, una de las principales víctimas actuales del gobierno del Frente de Todos, cubre $25.600, pero si se ajustara por inflación correspondiente desde el 2020 a hoy debería llegar al menos a $30.550. Algo similar a lo que ocurre con otro programa, el Fomentar Empleo creado en 2021, que se encuentra en $23.000 pero debería estar en $40.220. 
 Otras prestaciones y asignaciones como la Prestación Básica Universal (acceso a servicios de telefonía, internet y TV, existente desde el 2009), AUH con Discapacidad (2013) y Asignación por 7 hijos (2013) sufrieron la misma suerte, con pagos actuales de $17.166, $23.881 y $37.965, respectivamente, contra $25.907, $38.438 y $71.663 si se hubieran actualizado por inflación.
 La política de este gobierno ha sido profundizar esta línea, atacando particularmente a la asistencia económica a los trabajadores desocupados para empujar a cientos de miles de trabajadores a aceptar salarios bajos y empleos mal pagos, y/o en la informalidad, y deprimir así el conjunto de los salarios. Los trabajadores debemos enfrentar esta orientación con la organización y la lucha, como hace la Unidad Piquetera en la calle, contra el ajuste del gobierno y las patronales.

 Marcelo Mache

Venezuela: un giro acicateado por la guerra en Europa


La “mesa de diálogo” y la licencia para Chevron 

 El gobierno venezolano y la oposición que se agrupa en la Plataforma Unitaria retomaron el proceso de diálogo en México, que se había interrumpido hace poco más de un año, tras la extradición desde Cabo Verde a los Estados Unidos de Alex Saab, un hombre del régimen de Nicolás Maduro. 
 Las conversaciones cuentan con el impulso de Washington y el apoyo de la Unión Europea, Reino Unido y Canadá. Noruega ejerce de facilitador, Rusia y los Países Bajos de acompañantes. 
 El primer acuerdo alcanzado en la capital azteca establece la conformación de un fondo por 3 mil millones de dólares, administrado por la ONU, que estará destinado a la reconstrucción del sistema eléctrico y otras obras de infraestructura. Ese dinero, que pertenecía a Caracas, fue bloqueado por los yanquis como parte del paquete de sanciones instrumentado en la era Trump.
 A la vez, el gobierno estadounidense ha liberado una licencia (por seis meses) para que Chevron pueda retomar la producción de petróleo en tierras venezolanas, en una serie de proyectos en los que se encuentra asociada a la estatal Pdvsa. De todos modos, solo podrá exportar el crudo a Estados Unidos, y no está autorizada a pagar regalías e impuestos al gobierno venezolano. 
 El giro estadounidense es sobre todo fruto del estallido de la guerra en Ucrania, que condujo a un aumento en los precios energéticos a nivel global y una crisis en los suministros. Ya en el mes de marzo, empezaron las negociaciones entre Washington y Caracas.
 Por lo demás, las petroleras occidentales venían presionando a sus respectivos gobiernos para que revisaran su política hacia la nación caribeña. “Además de Chevron, otras multinacionales energéticas como las europeas Eni y Repsol hacen lobby para obtener concesiones similares en gas y petróleo. Se especula con insistencia en torno al interés de otras multinacionales estadounidenses y francesas”, destaca un artículo de El País (reproducido por La Nación, 27/11).
 Es importante señalar que el régimen venezolano se encuentra en un proceso de reprivatización petrolera que apetece a las firmas occidentales. Y lo que no aprovechen estas últimas lo harán Rusia y China, como ya viene ocurriendo desde la imposición del bloqueo. 
 Washington se ve forzado también a cambiar de táctica debido al fracaso de la tentativa golpista de Juan Guaidó. Ya en los comicios regionales de fines de 2021, un ala de la oposición capitaneada por Henrique Capriles decidió concurrir a las urnas, ante la pérdida de consistencia del gobierno paralelo. 
 La presión del imperialismo se concentra ahora en arrancar mayores concesiones a Caracas en la mesa de negociaciones. El grueso de las sanciones económicas aún sigue en pie. En el aspecto político, Washington y la UE quieren una elección presidencial controlada por la comunidad internacional, que eventualmente pueda abrir paso a un recambio político.
 Los gobiernos “nacionales y populares” de Colombia y Argentina se han plegado al operativo de Joe Biden y el francés Emmanuel Macron, colaborando informalmente con el restablecimiento de los nexos. 

 El mapa político 

El proceso de diálogo cuenta con el aval de la mayor parte de la derecha venezolana, incluyendo a Guaidó. Solo un sector minoritario, encabezado por María Corina Machado, salió a cuestionarlo.
 La oposición está tratando de superar su fragmentación, con la mira puesta en los próximos comicios presidenciales. Negocia una elección primaria para definir el futuro candidato en la que ya hay varios anotados. La fecha tentativa es mediados del año próximo. De todos modos, la discordia estalló por estos días debido a que algunas fuerzas se oponen a la continuidad de Guaidó como presidente interino, señalando que el cargo ya no tiene ningún sentido, en tanto que aquél defiende su permanencia y la de la Asamblea Nacional paralela. 
 El gobierno venezolano, por su parte, examina la posibilidad de adelantar la elección presidencial para frustrar la consumación de una gran alianza opositora. 
 Caracas llega a esta nueva etapa de diálogo en medio de un fenomenal ajuste, con recortes en los subsidios a la gasolina, el gasto público y la eliminación de los controles de precios. La devaluación imparable del bolívar ha destruido los salarios e impera una dualidad monetaria, con un porcentaje similar de transacciones en dólares y moneda local. El bolívar, ultra depreciado, se usa para las compras chicas.
 Maduro alienta también una normalización de los vínculos con Colombia. Le propuso al colombiano Gustavo Petro el armado de una “zona económica especial” en la frontera. La vice venezolana, Delcy Rodríguez, participó de un foro conjunto de la Fenaco y Fedecámaras (centrales patronales de los dos países) en que expuso oportunidades de negocios (El Pitazo, 24/11).
 En el reciente XXII encuentro de partidos comunistas desarrollado en La Habana, el secretario general del PCV, Héctor Rodríguez, que forma parte de una alianza política que rompió con el gobierno venezolano, criticó a Maduro por el ajuste “neoliberal” y denunció la persecución de los luchadores populares. El límite de este conglomerado opositor es que no propone una perspectiva socialista sino un retorno al chavismo. El cubano Miguel Díaz-Canel, de todos modos, pareció salir al cruce de los comunistas venezolanos en su discurso, al ratificar su total apoyo a Caracas. 
 La situación venezolana plantea la necesidad de un programa de medidas urgentes para defender las condiciones básicas de vida, partiendo de la indexación de salarios y jubilaciones de acuerdo a la inflación. Libertad a los trabajadores presos por luchar.
 Abajo las sanciones económicas del imperialismo. Por el desarrollo de una alternativa política de los trabajadores, independiente del gobierno y de la oposición proimperialista. 

 Gustavo Montenegro

China: protestas, covid y derrumbe económico


Aunque los grandes medios de comunicación occidentales presentan a las protestas chinas como una suerte de resistencia a la cuarentena, lo cierto es que el gobierno de Xi Jinping viene desarrollando en el último período un proceso progresivo de apertura del país y de relajamiento de las medidas sanitarias. Es lo que refrendó el último Congreso del Partido Comunista Chino. Los medios han transformado el reclamo de alimentos de las familias pobres en cuarentena en un reclamo de “apertura del mercado”.
 Un ejemplo de esta campaña anticuarentena ha sido el tratamiento que se dio al trágico incendio de un edificio en la ciudad de Urumqi. Diversos medios han querido instalar la idea de que la vida de los 10 chinos muertos en el incendio pudieron salvarse si no fuese porque el régimen de cuarentena les impedía salir de sus departamentos. Pero Urumqi no se encontraba en confinamiento estricto y la dificultad de los bomberos chinos para apagar las llamas se debieron a las malas condiciones de infraestructuras urbanas y eléctricas que fueron denunciadas por los propios vecinos a través de las redes sociales. 
 Aunque el reclamo contra el confinamiento ha estado presente en las múltiples movilizaciones chinas (múltiples pero no multitudinarias, ya que se ha respetado la cuarentena), éste corresponde más bien a un reclamo de los sectores medios y altos. 
 Mientras tanto, otras protestas callejeras y obreras, como las de Foxconn, corresponden al rechazo de exponerse a personas contagiadas y contactos estrechos. En todo caso, las unas y las otras han sido reprimidas fuertemente por el gobierno chino.
 Esta política de “convivencia con el virus” fue aprobada en el último Congreso del Partido Comunista Chino y promovida desde occidente por Biden y el FMI. El levantamiento de medidas contra el Covid son el resultado de una gran presión de la burguesía y el sector inmobiliario, por el temor a la interrupción de la cadena de suministros, entre otros. 
 El levantamiento de medidas ha incluido la reducción de los días de aislamiento para los contactos estrechos y también la reducción de los días de sostenimiento de los contagiados a cargo del Estado. Ya tampoco se registran los contactos secundarios, y se han levantado los testeos masivos. Esto último es una de las principales preocupaciones de la población, pues han pasado de conocer el circuito del virus a moverse en terrenos desconocidos. 
 Producto de esta política, durante la última semana los casos diarios de contagiados han aumentado y superan los picos obtenidos durante abril. Se calcula que hay alrededor de 40 mil infectados en todo el país. Por ello, las medidas aperturistas de Xi han retrocedido por acción de los gobiernos locales que han tenido que restablecer los cierres parciales y generales. Este es el caso de Guangzhou y Chongqing. Ambas ciudades suman más de 50 millones de habitantes y debieron ir a un confinamiento general. También Beijing ha vuelto al cierre. Son en total 80 ciudades las que están volviendo a cuarentena. 
 Uno de los principales riesgos de la apertura es la baja tasa de vacunados mayores de 80 años. “Si el país abre, morirán 2 millones de chinos”, habría señalado el portavoz de la Comisión Nacional de Salud, Mi Feng, según el diario El Mundo. Una catástrofe humanitaria de esa envergadura podría colapsar el sistema sanitario chino. La vuelta a la cuarentena incluye regiones donde se producen cerca de dos tercios del PBI de China, según la consultora Capital Economics. Y bastaría tan sólo el cierre de las provincias portuarias para afectar las exportaciones de todo el mundo.
 El gobierno de Xi se debate entre la presión de la población ante una crisis humanitaria, y la presión del capital y un desplome brutal de la economía. Luego de las protestas del sábado y el domingo, la moneda china y los principales índices bursátiles cotizaron a la baja. Ante el riesgo de una mayor interrupción de la cadena de suministros, los mercados de todo el mundo respondieron vendiendo a lo loco. Los índices a la baja golpearon a todo el mercado asiático, la Bolsa de Nueva York y las bolsas europeas. Como uno de los mayores compradores de materias primas del mundo, la crisis china también provocó la caída mundial de los precios de insumos como el petróleo. 
 Apple, que durante la semana pasada estuvo en el epicentro de las huelgas obreras por las protestas de los trabajadores de Foxconn, cayó un 2,6%. Se calcula que la huelga dejó a la compañía con un ‘déficit’ de 6 millones de teléfonos Apple para este año. 
 La demanda de exportaciones chinas seguirán cayendo además porque el consumo y el poder adquisitivo en occidente también lo ha hecho. También el consumo interno de China seguirá estancado incluso con la baja de intereses hipotecarios del plan “Prosperidad Compartida” votado en el último Congreso del PC. El plan buscaría además una suerte de autoabastecimiento de alimentos, energía y tecnología. Sin embargo no es ningún rescate para la clase obrera, sino un intento de contener el estallido social y subsidiar también a los capitales con crisis de financiación. 
 El gobierno de Xi había pronosticado un crecimiento de 5,5%. Sin embargo las consultoras financieras internacionales señalan que al finalizar el año el crecimiento será como máximo del 4%. China ya no recuperará el crecimiento de dos dígitos que obtuvo antes de la pandemia. A esto se le suman las sanciones económicas que ha recibido por parte de EEUU, que ha buscado sacarlo de los circuitos comerciales vetando diversos entes financieros de bolsas como la de Nueva York. El país asiático corre además el peligro de las bancarrotas de sus gobiernos locales, que suman una deuda igual a la mitad de su producto interno bruto. La deuda del Estado nacional, tanto peor, corresponde al 300% de su PBI. 
 El ‘levantamiento en favor de la economía’ es el rescate principalmente del sector inmobiliario, quienes representan más de un cuarto de la actividad económica china. La China sobreexplotada y hacinada, también está recorrida por la construcción de ciudades fantasmas que nadie ha podido comprar, y por rascacielos a medio terminar. La bancarrota de las constructoras es total. Es el caso de Evergrande, con una estratosférica deuda de 300 mil millones de dólares, y que viene agonizando junto a todo el mercado inmobiliario. 
 Xi organizó 16 medidas de salvataje a las constructoras, entre ellas préstamos millonarios aún cuando no existan garantías de que puedan ser pagados luego. Esa es la situación de los créditos que se le han dado a las constructoras de la Ruta de la Seda, a quienes desde el 2013 se le han entregado cerca de 840 mil millones de dólares para que se mantengan en el circuito financiero. El Estado chino rescata a los capitales sabiendo que ese dinero no será devuelto: los créditos de inversiones otorgados a los Estados de la Ruta se encuentran en la lista de países en riesgo de default. 
 Pero este rescate no ha sido igual para todos. Para los 400 mil chinos de la Provincia de Henan que perdieron sus ahorros en inversiones de cuatro bancos quebrados por un valor de 6 mil millones de dólares, el rescate económico no pasa de ser un subsidio simbólico de unos pocos dólares. 
 La capacidad de financiación china para el bicicleteo de inversiones inmobiliarias provienen de los ahorros de capitales que se han obtenido gracias a la sobreexplotación de las masas asalariadas chinas cuyo poder adquisitivo es extremadamente restringido. La caída de la productividad china como consecuencia de los confinamientos ya han comenzado a manifestarse en el aumento aún más grave de la pobreza y el desempleo. Este último, para el caso de la juventud llega al 20% este año. 
 China ha sido el factor más dinámico del desarrollo capitalista de las últimas décadas. Más abiertamente visto, el epicentro de la economía capitalista internacional se levanta sobre la opresión y sufrimiento de cientos de miles de millones de chinos y chinas, y de las luchas que ellos puedan desarrollar. La incorporación de esta abundante y barata mano de obra incorporada al mercado mundial (a través de una suerte de proletarización forzada por parte del régimen chino), se ha realizado en un periodo de decadencia del capitalismo. Esta es la principal contradicción del régimen contrarrevolucionario chino y la capacidad de maniobra del propio Xi Jinping. 
 El trasfondo de la crisis china está puesto sobre la guerra mundial que la tiene a ella misma como enemigo estratégico del imperialismo estadounidense. habrá que seguir muy de cerca el desarrollo de las protestas, la propagación del Covid, y las alternativas históricas que se vayan presentando. 

 Javiera Sarraz 
 29/11/2022

El régimen chino juega con “la inmunidad de rebaño”


La reclama la pequeña burguesía restauracionista, en medio de huelgas obreras.

 La mayor parte de la prensa internacional ha fracasado interesadamente en ofrecer una caracterización adecuada de las manifestaciones de protestas que han tenido lugar en China en estos días. La burguesía internacional y la clase media alta reclaman el levantamiento o la atenuación de las medidas de confinamiento y testeo sistemático como método para combatir al circulación del Covid-19. El relajamiento de los controles contra la expansión del virus, sin embargo, fue adoptado hace dos meses, antes del último congreso del partido comunista que votó la postulación de Xi Jinping para un tercer mandato como jefe de gobierno. El Covid-19 sería recaracterizado como una endemia, y los tratamientos de los contagiados tomarían el lugar de las medidas de prevención. Cuando la pandemia se ha cobrado 15 millones de vidas a nivel internacional, China lleva registradas alrededor de 50 mil fallecidos en tres años, en un país con 1.400 millones de habitantes. La crisis que ha desatado las últimas protestas obedecen a un salto inesperado en el número de infecciones debido al surgimiento de una nueva variante o subvariantes de ómicron. En Francia ha ocurrido algo similar pues los contagios diarios han subido a más de 50 mil, con perspectivas crecientes. En Argentina las infecciones se han duplicado y en Brasil están creciendo día a día.
 Las decisiones acerca del relajamiento que adoptó la camarilla gobernante están vinculadas al impacto económico y social que ha provocado una política de cuarentenas estrictas en los distritos donde se constataba un resurgimiento de infecciones. Más allá de la eficacia probada de estas medidas para prevenir la propagación del virus, la burocracia capitalista de China no atendió a las necesidades económicas de la población sujeta a confinamiento, incluido el pequeño comercio. Es también lo que ha ocurrido en todo el mundo, donde el monto de subsidios al capital ha creado una crisis inflacionaria, en contraste con la desatención económica de la población laboriosa. China, por otra parte, es políticamente un régimen autoritario, que se apoya en un fortísimo aparato de seguridad. Las medidas sanitarias, en un régimen capitalista, tienen limitaciones inherentes, en especial cuando tienen lugar en un marco de guerra económica y de una guerra internacional propiamiente dicha. Esto es obvio desde las guerras por las vacunas, respiradores e insumos sanitarios; a las sanciones a las cadenas de producción; hasta la guerra en Ucrania y Europa y los despliegues bélicos en el mar de China.
 De otro lado, ninguna pandemia puede ser combatida con eficacia “en un solo país”, en especial frente al altísimo grado de interconexión de la economía y política de China con la economía mundial. Las protestas han partido de las universidades de élite, o sea de la burguesía, la pequeña burguesía acomodada y los hijos de la burocracia restauracionista. Como ocurre en el resto del mundo, es el sector más interesado en mantener la ‘libertad’ de comercio y mercado y de transporte, y partidario, por eso, de la inmunidad de rebaño. El estallido de la crisis, hace una semana, fue recibido con una caída en Wall Street por el temor de que el gobierno se echara atrás en la prevista política de relajamiento, afectando al conjunto de la economía mundial. El año nuevo en China, durante enero, se caracteriza por un flujo enorme de viajeros, a lo largo de todo su territorio. De acuerdo a algunas informaciones, el tránsito de la prevención de contagios al régimen de tratamiento de la enfermedad, habría llevado al gobierno a contratar la provisión de vacunas mRNA, como las que fabrica la alemana BioNtech en alianza con la norteamericana Pfizer. Se trata, sin lugar a dudas, de la apertura de un negocio gigantesco para la farmacéuticas internacionales. Pero incluso esa variante de vacunación sólo cuenta con una aprobación de emergencia. No ha eliminado la circulación del virus. En muchos países ha forzado a la aplicación de una quinta dosis, y no está probado que sea adecuada para la subvariante que ha aparecido en las últimas semanas. La contracción del Covid, cuando no conduce a la muerte, tiene efectos de larga duración, con afección a distintas partes del organismo humano. En resumen, está en juego la vida de decenas o centenas de millones de personas. 
 El impacto político de las protestas obedece no a su número –los diarios han corregido la alusión a decenas de miles, y ahora se refieren a centenares de personas. Tiene que ver con la situación en su conjunto, que se caracteriza por una crisis económica de varias dimensiones. Por lo pronto, el PBI crecerá un 3.5% anual, cuando en los años del ‘milagro’ alcanzaba hasta el 12 por ciento. La desocupación juvenil es del 20 por ciento. La crisis inmobiliaria es, por cierto, la más importante, en un país que ha depositado en la construcción civil todo el dinamismo económico, incluidas las grandes construcciones internacionales (los estadios de fútbol en Qatar, por ejemplo). En su mejor momento alcanzó al 35% del PBI. El derrumbe de la inmobiliaria Evergrande dejó a millones de chinos sin sus viviendas, que compraron en boca de pozo y no han sido terminadas, con su consecuencia en la demanda a la industria y el default con bancos y clientes. Este cuadro llevó a Xi a proclamar su política de “prosperidad compartida”, una suerte de redistribución de ingresos a la Kirchner, que, como esta, no redistribuye nada. Los salarios, en China, son extremadamente bajos y no son acompañados por una atención de salud y educación gratuitos, como tampoco con un régimen previsional del Estado.
 En China, según los observadores que residen en Hong Kong, se producen cien mil “incidentes” por año, en referencia a protestas, manifestaciones y huelgas. La notoriedad de las últimas protestas no obedece al número sino al impacto político, algo que no ocurre con los choques sociales y políticos aislados unos de otros. Lo más importante de la crisis actual es, por estas razones, el conflicto en Foxconn, una fábrica dormitorio, donde el cumplimiento de las normas sanitarias antiCovid es ostensiblemente defectuoso. En esta empresa taiwanesa que trabaja para Apple se desató una huelga, acompañada de manifestaciones y choques con la policía, por incumplimiento de contratos salariales, por parte de la patronal, y por no proveer asistencia sanitaria. No es la primera huelga en esta empresa de 800 mil trabajadores; es la columna de un movimiento obrero que ha roto, numerosas veces, el control de la burocracia ‘sindical’ del gobierno ‘comunista’. El intento preventivo de la burocracia china de instaurar un bonapartismo pseudosocial, policíaco-militar, ha sido sometido a prueba antes de que adquiera carácter oficial, con la elección de Xi por la Asamblea Nacional. Los trabajadores de China enfrentan a las patronales y al aparato estatal, en numerosas ocasiones, cantando la Internacional.
 Como solía decir Mao Tse tung, aunque para jactarse de su régimen y no a la revolución proletaria, “el viento sopla desde Oriente”. 

 Jorge Altamira 
 29/11/2022

martes, noviembre 29, 2022

Ciberseguridad en Cuba

#AltamiraResponde “¿Hay alguna manera de encauzar a quienes canalizan su descontento en la derecha?”

Presentación: Revolución, una historia intelectual | Enzo Traverso en diálogo con Fernando Rosso

El pueblo bangladesí y su apoyo a la selección argentina


Luego del triunfo contra México, estallaron los festejos. 

 Nuevamente, se visualizaron por medios periodísticos y redes sociales videos y fotografías del pueblo de Bangladesh apoyando a la selección Argentina de fútbol. 
 Así como lo hicieron en la Copa América 2021, el pasado sábado 26, en el marco del partido entre México y Argentina, los bangladesíes llevaron adelante acciones de aliento al equipo de Scaloni. Los multitudinarios festejos en Daca (capital de Bangladesh) no tuvieron nada que envidiar a los sucedidos en el Obelisco. 
 La República Popular de Bangladesh, con más de 151 millones de habitantes, ubicada en el sur de Asia, entre la India y Birmania, fue colonia británica desde el siglo XV. En la década de los ’70, consigue su independencia.
 “A fines del siglo XV llegaron a lo que hoy es Bangladesh los comerciantes ingleses y su influencia fue creciendo hasta que la Compañía Británica de las Indias Orientales se quedó con el control de la región de Bengala tras la batalla de Plassey en 1757. Un siglo más tarde, la sangrienta ‘Rebelión de los Cipayos’ en 1857 derivó en que se transfiriera la autoridad a la corona británica, con un virrey que se encargaba de administrar el territorio. Durante esta época colonial las hambrunas atormentaron a los bangladesíes y, en especial, la Gran Hambruna de 1943, que le costó la vida a tres millones de personas durante la Segunda Guerra Mundial, que según muchos analistas es consecuencia de una estrategia militar británica para obstaculizar un posible avance japonés.” (Infobae 27/11). 
 Pocos años después de su independencia, estalla la Guerra de las Islas Malvinas (1982). Como producto del papel de Maradona en el Mundial de 1986, fundamentalmente de la victoria de Argentina contra Inglaterra en el partido en el que tuvo lugar la famosa “mano de dios”, el pueblo de Bangladesh adoptó a la selección argentina. Se trata de un apoyo que no es solo futbolero, sino también contra el ataque de la potencia imperialista. A 17 mil kilómetros de distancia, la lucha es una sola. 
 Consultado sobre Maradona, Quazi Zulqvarnain, reconocido periodista deportivo del país del sur asiático, afirmó que “sus luchas personales, su victoria contra los ingleses y su personalidad defectuosa nos atraen porque nos recuerda a nosotros mismos”. 
 No es tan solo futbol. En el mundial, tanto jugadores como aficionados, expresan dentro y fuera de las canchas de Qatar, fuertes denuncias a un régimen capitalista en caída libre. Viva la lucha contra el imperialismo. 
Viva la autodeterminación de los pueblos. 

 Diego Bubu

Irlanda: la Iglesia Católica recibe cientos de denuncias por abuso sexual infantil


Más casos de pedofilia eclesiástica. 
 Los abusadores de la Iglesia gozan de impunidad. 

Órdenes religiosas de la Iglesia Católica en Irlanda enfrentan cientos de denuncias de abuso sexual infantil dentro del sistema escolar por actos cometidos desde los años 60. La ola de acusaciones llega tras un documental de la cadena de radio irlandesa RTÉ, que presenta a dos hermanos que fueron abusados ​​​​sexualmente en el internado Blackrock College. 
 A pesar de que hace 15 años en el país se estableció la Junta Nacional para la Protección de los Niños en la Iglesia Católica de Irlanda (Nbsccc, por sus siglas en inglés), un organismo de control interno para hacer que las diócesis y las congregaciones religiosas rindan cuentas sobre la protección de los menores de edad, no se han tomado las medidas necesarias, recoge The Irish Times. 
 Según el medio, durante la última década la junta realizó revisiones en las 26 diócesis católicas, además de investigar las 138 congregaciones religiosas. Entre las órdenes y congregaciones denunciadas está la Orden de los Dominicos, que dijo haber recibido 97 denuncias, mientras que la Orden de las Carmelitas confirmaron 56 (Actualidad RT, 28/11).
 El año pasado, otro informe señalaba que murieron alrededor de 9.000 niñes en total en orfanatos del mismo país, es decir un 15% de los infantes que se encontraban en esos hogares entre las décadas de 1920 y 1990. Además, se conoció que eran arrojados en fosas comunes sin ningún tipo de identificación. 
 La impunidad que gozan los abusadores de la Iglesia Católica es una expresión de su injerencia sobre el Estado, como una pata fundamental del sistema capitalista y de la regimentación sobre las familias trabajadoras, en particular sobre las mujeres y disidencias. 
 La Iglesia Católica está salpicada de abusos sexuales en todo el mundo. El rechazo generalizado del Papa Francisco a reunirse con las víctimas debe entenderse como lo que es: un desprecio a las víctimas de abuso que organizadas y luchando ponen en jaque a una Iglesia que busca dominar en el oscurantismo. 
 Es importante remarcar que las crecientes denuncias en este ámbito se deben al ascenso del movimiento de mujeres, y que la lucha por los avances en cada una de estas causas traen aparejadas nuevas denuncias de otros sobrevivientes que se animan a declarar. La lucha por la separación de la Iglesia del Estado resulta necesaria para terminar con la protección política y el amparo de los responsables de los aberrantes delitos constantes del personal eclesiástico, y también contra el tutelaje ideológico y oscurantista que implica para la sociedad.

 Camila Michel

lunes, noviembre 28, 2022

“Tintorero”, la obra de un artista perseguido // Entrevista a César Arakaki e Iván Moschner

Mesa Redonda: “Dos grandes economistas de la Revolución”

"Los grandes temas de aumento de salarios y jubilaciones están ausentes” // Romina Del Plá DTV

Zona de sacrificio: humedales y litio en la Argentina extractivista

Massa, entre el ajuste que fue y el que vendrá


Panorama político. 

 Ante 250 empresarios, el ministro de Economía Sergio Massa ratificó esta semana el cumplimiento de las pautas del FMI en un evento organizado por el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (Cicyp). 
 Mientras la atención popular se centraba en el Mundial y en los preparativos del partido con México, el dirigente del Frente Renovador sostuvo que “vamos a cumplir con las metas del programa tanto en materia de déficit como de acumulación de reservas”. En términos más precisos, señaló que “vamos a terminar el año cumpliendo el (objetivo de) 2,5% de déficit fiscal”. 
 ¿De qué manera? No lo explicitó, pero es por medio del ajuste en jubilaciones, prestaciones como la Asignación Universal por Hijo, vivienda, educación, salud y obra pública, lo que ya mereció el elogio de la titular del Fondo, Kristalina Georgieva.
 Paralelamente, la ministra de Trabajo, Raquel “Kelly” Olmos, adelantaba que el gobierno quiere que la actualización del monto de los planes sociales deje de estar atada a la evolución del salario mínimo, estableciendo su incremento por separado. Una vía para reducir aún más el ingreso real de los sectores más empobrecidos.
 También en el Cicyp, Massa se despachó con el anuncio de un nuevo blanqueo de capitales, que premiará a los fugadores de divisas al exterior con beneficios impositivos. Y se apresta a convalidar un nuevo dólar soja que favorecerá a las patronales rurales, todo bajo el mantra de engrosar las reservas. 
 En tiempos de crisis, se ajusta aún más las clavijas sobre las masas, mientras los grandes empresarios siguen obteniendo privilegios.
 El “superministro” Massa, cabe recordar, cuenta con el apoyo de las distintas alas Frente de Todos, incluyendo el kirchnerismo. 
 Massa balbuceó en el Cicyp que “si no bajamos la inflación, la incertidumbre no va a cesar”, pero no hizo ningún anuncio serio para frenarla. El aumento de precios, que en octubre registró un incremento de 88% interanual, es un mazazo sobre los ingresos populares. 
 Mientras la burocracia sindical se dedica a asistir a los actos del oficialismo, sectores del movimiento obrero como el sindicato del neumático (Sutna) y los residentes y concurrentes porteños marcan el camino, con procesos de lucha que arrancaron una recomposición salarial. En tanto, 2.500 delegados protagonizaron el fin de semana pasado un gran congreso nacional del Polo Obrero. Es necesario llevar a la victoria cada lucha parcial y poner en pie un paro nacional. 
 Otra de las novedades de la semana es que el gobierno estudia el despliegue de más gendarmes en el Gran Buenos Aires, en línea con el reclamo que hiciera la vice Cristina Kirchner en su discurso del sábado 19 en el Estadio Único de La Plata. Según el diario La Nación, CFK recogió un planteo que ya venían haciendo por lo bajo los barones del Conurbano. 
 La mayor presencia de la Gendarmería no resolverá el problema de la inseguridad, cuya base es la asociación del delito con el propio aparato de seguridad del Estado. Es, además, una fuerza que ha estado involucrada en el espionaje contra los movimientos populares (Proyecto X) y la muerte de Santiago Maldonado. 
 La propuesta de CFK mereció la aprobación del ministro de seguridad bonaerense, el represor Sergio Berni (ahora denunciado por enriquecimiento ilícito), quien la calificó como “música para sus oídos”. Atiborrar las ciudades con gendarmes es también el planteo de la dirigente de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich. 
 “El desafío es superar este peronismo que le hace la tarea sucia a una derecha que fracasó con Macri, que está fragmentada, pero que impone la agenda de cabo a rabo”, subraya Néstor Pitrola en el editorial del jueves de Prensa Obrera. 
 Fuera los políticos capitalistas. Por un movimiento popular con banderas socialistas. 

 Gustavo Montenegro

Desposesión, expulsión isleña y destrucción ambiental en el Río Paraná


Avanzan contra los humedales 

Las islas del delta del Paraná, por su carácter aluvional, forman parte del lecho de esta vía navegable internacional. Son bienes del Dominio Público Natural, protegidas por la Constitución, las leyes, los Códigos y diecisiete pactos internacionales. No pueden enajenarse en forma privada aunque sí se admite la posesión comunitaria de los pueblos isleños que allí residen. No pueden venderse, ni embargarse, ni privatizarse. Sobre ellas tienen competencia la Nación y las provincias ribereñas pero no los municipios. Toda acción que intente entregar a privados para su explotación comercial, inmobiliaria, forestal o ganadera es ilegal.
 En las islas viven miles de trabajadores; son pescadores, canoeros, guías de pesca, forestadores, hacheros, junqueros, apicultores, ceramistas, mimbreros, artesanos, quinteros, criadores de animales de granja, familias que tienen una economía de subsistencia habitando una posesión comunitaria permanente e ininterrumpida dentro del Delta del Paraná bonaerense, frente a las riberas de San Nicolás, Ramallo, Baradero, Zarate, Campana, Escobar, Tigre y San Fernando. 
 Los isleños organizados en la Asamblea del Paraná denuncian el avance de los negocios capitalistas que ha desatado toda clase de ataques a los pobladores, mediante patotas, introducción de topadoras, incendios de viviendas y campos. Es el caso del Club Náutico de Zarate que pretendió alambrar y expulsar a los isleños, o el de la isla Alfano frente a San Nicolás donde el intendente Pasaglia entregó a su hermano 877 hectáreas para la pastura y engorde intensivo de ganado, desconociendo probados derechos de posesión familiar que se remontan a 1934. Por su parte, el Municipio está realizando obras de infraestructura en Parque Regional, Forestal y Botánico Rafael de Aguiar llevándose puestos 300 ejemplares de árboles nativos. Tan ilegales como la usurpación y el cierre en Zárate del Arroyo de la Cruz por parte de Techint, una vía navegable que ha sido clausurada para transformar un valle de humedales en depósito de chatarra y residuos industriales peligrosos.
 Mediante la expulsión de la población isleña los grupos capitalistas buscan apropiarse de uno de los más grandes sistemas de humedales del país. El negocio forestal es impulsado por la multinacional Arauco y Papel Prensa para sus plantas de celulosa y tableros en Misiones. El gobierno y la Sociedad Rural impulsan un plan de ganadería en humedales, un proceso que viene avanzando con la extensión de la frontera sojera. Desde el Inta y ONGs “ambientalistas” como Wetlands se pretende imponer el “paquete Monsanto” (semilla transgénica, glifosato) para cultivo de forraje para ganadería de exportación. Este sistema está destruyendo los humedales de Entre Ríos, provincia que ya representa el 35% de las exportaciones nacionales de carne. Este “boom” explica los sistemáticos incendios intencionales en las islas del Paraná y la gigantesca contaminación que trae el río Gualeguay que desemboca en su cuenca con glifosato y piretrinas que el humedal isleño no llega a degradar. Es este poderoso lobby agroindustrial el que en Diputados culmina con un dictamen que es una ley de entrega de humedales a los capitalistas. 
 Los isleños vienen organizándose en todo el litoral bonaerense a partir de asambleas autoconvocadas y además de acciones legales, protagonizan movilizaciones importantes junto a los movimientos ambientales contra las quemas, los rellenos con escombros para el negocio inmobiliario, el dragado y la minería arenera, la usurpación del territorio isleño o la disolución de los organismos consultivos en Tigre. La multiplicación de estas iniciativas es lo único que puede pararle la mano a la depredación capitalista. 
 Las asambleas isleñas, junto a la resistencia popular en las costas ribereñas, junto los trabajadores ocupados y desocupados pueden imponer con su movilización el veto ambiental a la política de los gobiernos locales y provinciales. 

 Fernando Olub

La lucha de sus trabajadores pone sobre la mesa el ajuste a la salud pública


La extensión de la lucha de los trabajadores de la salud a varias provincias, por mejoras salariales y contra la precarización laboral, puso de manifiesto cómo los gobiernos están aplicando un ajuste brutal contra el sistema de salud público. 
 La movilización del 17 de noviembre a Plaza de Mayo fue una expresión de este cuadro. En ella participaron trabajadores de diversos hospitales (Garrahan, Posadas, Evita, entre muchos otros), que reclamaron aumentos salariales y una mejora en las condiciones de trabajo. Ese día, la docencia porteña y bonaerense también salió a la lucha. 
 En Córdoba, los trabajadores de la salud han estado llevando adelante paros y movilizaciones por un incremento salarial y condiciones dignas de trabajo. Allí, hace poco tuvo lugar un paro de 72 horas, protagonizado por trabajadores autoconvocados. El pejotista Juan Schiaretti paga salarios de pobreza, que van desde los $60.000 hasta los $120.000 pesos, y somete al personal de salud a jornadas de trabajo extenuantes. 
 Las calles de Santa Fe, la provincia gobernada por Omar Perotti, fueron inundadas la semana pasada por cientos de trabajadores. La situación en la provincia es extremadamente delicada; por ejemplo, los trabajadores del Hospital Gamen han ido a la lucha porque se les adeudan salarios, para denunciar la bancarrota del hospital y contra el eventual despido de trabajadores que el ajuste plantea. 
 En Chaco, los residentes de los hospitales Perrando y Pediátrico realizaron un paro a fines de octubre, reclamando un aumento de la beca que perciben como salario (los sueldos alcanzan los $80.000 y muchas veces los trabajadores laboran hasta 24 horas) y contra la precarización laboral. La protesta ha sido reprimida por la policía de Capitanich. 
 Los trabajadores de la salud pública de Jujuy desenvolvieron, el 17 de noviembre, protestas en el marco de un paro de 48 horas por mejoras salariales y contra el ajuste del gobernador radical Gerardo Morales. 
 Los residentes y concurrentes de la provincia de Buenos Aires también han emprendido el camino de la lucha, confluyendo con la movilización de los de CABA. El gobierno de Axel Kicillof paga salarios que se encuentran por debajo de la línea de pobreza y mantiene a los hospitales en condiciones calamitosas. Este 23 de noviembre, la Marea Blanca bonaerense marchará hacia la Casa de Gobierno, en La Plata, para reclamar un salario equivalente a la canasta básica familiar y contra el ajuste en la salud pública. 
 Estas luchas salariales son una reacción contra la política de ajuste que se encuentran desarrollando sin grieta los gobiernos, con las distintas burocracias sindicales como cómplices. El Ejecutivo nacional está aplicando un fortísimo recorte en salud. En agosto, avanzó en una poda de 10 mil millones de pesos en el área; y el Presupuesto 2023, que el oficialismo logró aprobar con la colaboración de la oposición de Juntos, contiene ajustes en la misma línea.
 Según el periódico La Voz, “si se toma todo el gasto que existe en salud, cada argentino necesita en promedio unos 1.400 dólares para su atención, de los cuales el Estado hoy invierte alrededor de 107”. Rodolfo Pablo Moreno, presidente de la Asociación Argentina de Pediatría, ha advertido que “el año pasado quedaron un 30% de las vacantes de residencia sin ocupar en todo el país y este año la situación va a ser peor” (La Gaceta, 7/11). Esto, debido a los bajos salarios y al ajuste tomado de conjunto. 
 La crisis y el quebranto del sistema de salud, en combinación con la descarga de la crisis sobre los trabajadores, trajeron consigo un deterioro de las condiciones de vida generales de la población. En los últimos sesenta años, las expectativas de vida en Argentina aumentaron por debajo de las de países profundamente desiguales como Corea del Sur, Ecuador y Chile.
 La mortalidad infantil, por su parte, es 4 veces mayor que en Corea del Sur; y en provincias como Chaco, Corrientes, Formosa y Tucumán, las cifras se disparan aun más. “La cirugía por cáncer puede alcanzar en la Argentina una mortalidad cuatro veces superior a la de países desarrollados, y tenemos mayor letalidad en infarto o cáncer de mama, con el paciente ya en el hospital” (La Nación, 21/11). 
 El ajuste se puede derrotar. El camino es el que marcaron los residentes y concurrentes porteños, el Sutna y el movimiento piquetero.

 Nazareno Kotzev

Privatización del agua en Uruguay: aunque la vayas a beber, empiézala a vender

El gobierno uruguayo liderado por Luis Lacalle ha dado un paso más, abonando el camino adoptado desde el inicio de su gestión, de retraer al Estado para que los capitales privados puedan hacer negocios. En este caso, nada más y nada menos fue el agua. 

 El gobierno pretende instalar una planta potabilizadora de aguas del Río de la Plata en Arazatí, sobre la costa del departamento de San José, plan presentado en octubre de 2020, con el nombre de Proyecto Neptuno, por el consorcio Aguas de Montevideo, que integran las empresas privadas Saceem, Berkes, Ciemsa y Fast. 
 El presidente anunció la concreción del proyecto Arazatí, mejor conocido como Neptuno, en una conferencia de prensa en la Torre Ejecutiva en la que participaron el ministro de Ambiente, Adrián Peña, el presidente de Obras Sanitarias del Estado (OSE), Raúl Montero, y la vicepresidenta del ente público, Susana Montaner. 
 Lacalle destacó que la inversión va a superar los 200 millones de dólares y que puede alcanzar los 500 millones de dólares en la etapa del saneamiento. Será “una inversión que hace a la seguridad de poder tener agua potable sin perjuicio de sequía, de fallas técnicas”, y suma “la posibilidad de tener saneamiento en una gran cantidad de pueblos de nuestro país, que va a alcanzar seguramente el número de 60”, sostuvo el presidente. 
 Prosiguió defendiendo el proyecto, y señaló que el modelo de negocio se plantea que el privado sea “quien diseña, financia, construye y mantiene la infraestructura que queda al servicio de OSE”, y que “hasta tanto no esté construida la infraestructura y al servicio de la empresa pública nacional, para que ella se encargue de la potabilización, el Estado no pagará nada; es decir, la gente no pagará nada”.
 Edgardo Ortuño, representante frenteamplista en el directorio de OSE, señaló que “hay una disminución del rol de la empresa pública con la promoción de proyectos millonarios de gestión privada con escaso contralor de OSE ni contralor de la oposición”. 
 Además se manifestó en redes sociales tras el anuncio y criticó que no se tuviera en cuenta la advertencia de la academia sobre el impacto ambiental de la obra. “Gobierno aprobó Neptuno con cambios sustanciales y llamado a licitación, con 24 horas para su estudio, sin informes de técnicos de OSE. La Planta de Arazatí será más chica de lo previsto y la tubería de menor calidad”, indicó. 
 “Se harán menos obras con gestión privada, 300 millones de dólares más cara que la gestión pública. OSE operará y pagará 40 millones de dólares por año al consorcio propietario de la planta por la disponibilidad de la infraestructura. Mal negocio, contrario al Plebiscito del Agua de 2004”, señaló. 
 En el año 2004 la ciudadanía se enfrentó a un plebiscito en el que tenía que decidir por la privatización del agua o no. El 64.7% del padrón electoral, decidió por la opción social antes que la mercantil y ratificó mediante la voluntad popular que: “la prestación del servicio de agua potable y saneamiento deberá hacerse anteponiéndose las razones de orden social a las de orden económico.” 
 Federico Kreimerman, presidente de la Federación de Funcionarios de OSE, dijo a la diaria que en la conferencia Lacalle presentó el proyecto “como lo que no es”, porque dice que no es una privatización pero sí lo es “en los hechos”. “Se va a firmar un contrato con una empresa que va a hacer el proyecto en sí, el estudio ambiental, la obra, después va a mantener la infraestructura y le va a abrir la puerta a la OSE para que la opere; no deja de ser un contrato con privados” 
 Ya en 2013 se generó una fuerte señal de alarma como consecuencia de elevados niveles de contaminación en la cuenca del Río Santa Lucía,uno de los principales reservorios de agua dulce del país, que abastece de agua potable a casi dos millones de personas mediante la gestión de OSE.
 “La presencia de cianobacterias de gran tamaño, consecuencia del exceso de fósforo y nitrógeno, provenientes de la fertilización, además de generar episodios de mal olor y sabor en el agua potable puede llegar a producir irritación en los ojos, problemas en la piel, gastroenterocolitis.” según el informe 10 respuestas a 10 mentiras sobre la minería. 
 Desde 2014 se venían barajando posibilidades sobre distintos proyectos de represas, por ejemplo el proyecto de construir una sobre el arroyo Casupá, en una zona de sierras con agua mucho menos afectada por contaminación que la del resto de la cuenca del Santa Lucía. 
 Para esta iniciativa ya está aprobada una línea de crédito de 80 millones de dólares de la Corporación Andina de Fomento-Banco de Desarrollo de América Latina, cuya ejecución las actuales autoridades decidieron postergar al tiempo que resucitaban la alternativa de Arazatí, antes descartada por razones técnicas. 
 Un informe solicitado por la empresa estatal OSE a una consultora israelí, en el marco del Plan Neptuno considera que no es oportuno realizar el proyecto potabilizador en Arazatí. El trabajo, bajo el nombre de Mekorot, expresa entre sus conclusiones que “Se trata de un informe muy somero producto de una visita de una semana, cuyo objetivo según sus autores es “entender el abastecimiento de agua a Montevideo y analizar el proyecto Neptuno”.
 Los estudios internos y externos dicen que la demanda de agua potable en 2045 va a tener un déficit. Se le dará a la empresa privada la propiedad y el mantenimiento de las obras y la infraestructura. Esto tiene un sobrecosto de 41 millones de dólares por poder operar una planta de agua potable, un costo de 1.100 millones de dólares. 
 “Se lo dijimos al presidente de la República: Usted va a bajar la calidad del agua del oeste de Montevideo y le va a dar mejor agua a la gente del otro lado”, expresó el presidente del sindicato de funcionarios de OSE Federico Kreimerman. 
 A las críticas y oposición al proyecto se sumó la intendencia de Montevideo que entiende que el directorio de OSE desconoció “el derecho fundamental de participación social” al no consultar a la sociedad civil, además de argumentar que está legitimada para reclamar que se haga efectivo este derecho. 

 Nicolás Centurión. Licenciado en Psicología, Universidad de la República, Uruguay. Miembro de la Red Internacional de Cátedras, Instituciones y Personalidades sobre el estudio de la Deuda Pública (RICDP). Analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, estrategia.la)

sábado, noviembre 26, 2022

La Fifa y la lógica del fútbol capitalista


La pelota como negocio y su impacto negativo en el deporte
 El balón de Adidas, uno de los sponsors mundialistas 

“Cuando fui a la Fifa en 1974 encontré una casa vieja y $20 en el bote. El día que partí, 24 años después, dejé propiedades y contratos por valor de más de 4.000 millones de dólares”. La confesión de parte es de João Havelange, mandamás de la Fifa (entidad máxima Internacional del fútbol) desde la mitad de la década del ’70 hasta 1998. Los números buscan demostrar un éxito monetario para argumentar una eficaz visión “empresarial”. Pero, de fondo, evidencian un modus operandi: poner al deporte más popular del planeta al servicio de los negociados. 

 “Por el bien del fútbol”

 El reciente documental de Netflix titulado “Los entresijos de la Fifa” (Fifa Uncovered) comenta cómo la entidad máxima del fútbol profundizó esa visión en el último cuarto del siglo XX, de la mano de Havelange y su “mano derecha”, Joseph Blatter, que terminaría sucediendo al anterior desde 1998 y hasta 2015. La serie de cuatro capítulos refleja cómo el inicio de ese período abrió las puertas del fútbol mundial a la llegada de sponsors, contratos con marcas deportivas, proyectos de “mecenazgo” o “apoyo” en diferentes países. Este proceso, además de aumentar los ingresos de la entidad, construyó una influencia cada vez mayor de las multinacionales en el deporte. Fue el propio Havelange quien alguna vez patentó la frase “yo vendo un negocio llamado fútbol”.
 El documental no indaga a fondo (no sabemos si por simple elección o por desinterés en involucrarse en peleas con este sector) en uno de los principales negocios de la Federación: la televisación de los partidos. De hecho, en 2012, la propia Fifa (conducida por Blatter) tuvo que dar a conocer las pruebas de la corrupción de Havelange y su exyerno Ricardo Texeira con la empresa ISL, que cambiaba sobornos por derechos de transmisión hasta 2001. 
 El problema de las transmisiones deportivas es un ejemplo de la influencia del entramado de negocios en las decisiones deportivas. En México 1986 los partidos se jugaban al mediodía para favorecer la transmisión en horario “prime-time” europeo, lo que generaba un desgaste físico muy grande por el calor de la capital azteca. Varios jugadores (entre ellos Diego Maradona y Jorge Valdano) se quejaron. Havelange respondió a su estilo patronal: “Que se callen la boca y jueguen”.
 “Los entresijos de la Fifa” muestra cómo este entramado se transformó en un gigantesco escenario de corrupción. El hecho más reconocido es la elección, en simultáneo, de dos sedes (Rusia y Qatar) para las Copas del Mundo de 2018 y 2022. El Comité Ejecutivo intercambió esas decisiones por retribuciones económicas, en una dinámica que también se dio en la votación para Sudáfrica 2010. 
 La investigación fue llevada adelante por el FBI, como una suerte de “venganza” frente a su interés en organizar, al menos, alguno de los dos Mundiales. La fiscal Loretta Lynch inmortalizó una frase luego de que las fuerzas de seguridad estadounidenses interceptaran y llevaran detenidos a dirigentes de la Fifa en el hotel Baur au Lac de Zurich, en 2015. “Por el bien del fútbol”. El próximo Mundial se juega en Estados Unidos. 
 Si bien el documental se centra en las figuras de Havelange y Blatter, además de otros dirigentes como Jack Warner (Concacaf), hay otra figura que fue clave en el entramado de la Fifa en todos esos años. Julio Humberto Grondona, presidente de la AFA (Asociación del Fútbol Argentino) y “número 2” de la Fifa. 
 Que la entidad era sinónimo de poder lo dejó en claro el mismo el día que le ofrecieron un cargo en la lista para ser intendente del partido de Avellaneda. Miró a sus interlocutores y les dijo, socarronamente: -Soy el vicepresidente del mundo. 

 Más allá del desierto

 Son varios los sentidos en los que se refleja que esta orientación al servicio de los negociados ordena la dinámica de Qatar 2022. 
 Uno de ellos es la enorme cantidad de lesionados y figuras mundiales que quedaron fuera de la competición. Algunos ejemplos son Karim Benzemá, Paul Pogba, N’Goló Kanté (Francia), Sadio Mané (Senegal), Diogo Jota (Portugal), Philippe Coutinho (Brasil), Georginio Wijnaldum (Países Bajos), Giovanni Lo Celso (Argentina), Marco Reus (Alemania) y tantos otros. Las razones, por fuera de los imponderables, se deben al agobiante calendario de partidos. 
 FIFPRO, la federación de los futbolistas profesionales, reveló en un informe de la semana pasada la suma de minutos jugados por equipo (en el caso de Portugal, la más afectada, daba 31.000) y alertó que el esfuerzo entre agosto y octubre podría generar lesiones y era causa de las bajas ya anunciadas. 
No son pocos los jugadores que no llegan en condiciones óptimas para la máxima competencia. El tiempo entre el final del calendario regular y el inicio del Mundial fue insólito para la mayoría de las selecciones: apenas una semana, cuando solía ser el triple o cuádruple, como amerita la preparación para este tipo de certámenes. 
 ¿Por qué ordenar los partidos así? Es cierto que hay una disputa interna entre la federación mundial y la europea (Uefa) por determinados intereses de torneos. No obstante, la lógica de fondo es la conocida: más partidos son más transmisiones, que son más ventas que son más ganancia. Y así sucesivamente. No es la única expresión. También lo es la defensa de la Fifa al Estado capitalista organizador y sus características reaccionarias. Solo así se entienden las amenazas de sanciones para aquellos jugadores que manifiesten su solidaridad con la comunidad LGBTI.

 ¿Para quién juega la Fifa?

 La configuración de la competencia deportiva como negocio no solamente permiten camarillas espurias de corruptelas inmensas que hacen de la pasión una búsqueda insaciable de ganancia, sino que atentan directamente contra el deporte mismo. 
 La Fifa, hoy con Gianni Infantino en su escritorio principal, refleja una continuidad del esquema armado por personajes como Havelange, Blatter y Grondona. No solamente por una cuestión de orden personal: la Fifa juega en el campo de los intereses del capital. 
 Hay que patear para el otro lado.

Santi Nuñez

El lanzamiento de Fernán Quirós como candidato a jefe de gobierno


El ministro de salud de Larreta, un candidato “humanista” que busca amordazar las luchas populares. El actual ministro de salud de la ciudad de Buenos Aires lanzó esta semana su candidatura a jefe de Gobierno, impulsado por el actual titular del cargo, Horacio Rodríguez Larreta, y con el visto bueno de la Coalición Cívica. Su lanzamiento (que antes se había tenido que postergar debido a la enorme lucha salarial de residentes y concurrentes) presenta una relevancia política para lxs porteñxs, y más aún para lxs trabajadores de la salud de CABA. 
 En una entrevista radial reciente (Radio Con Vos), los periodistas destacaron su discurso moderado frente al “extremismo político” de otros candidatos, resaltando por ejemplo los “guiños” que el actual ministro le hizo en la pandemia a su ex colega Ginés González García. Pero aquello fue en realidad una complicidad de todos los bloques políticos para ultra explotar a lxs trabajadores de la salud, dejar pasar el ajuste y la pérdida del empleo, mientras crecía la mortalidad por Covid. 
 Con una autodenominación humanista, el ministro habló de la necesidad de una transformación profunda con “el otro”, cayendo en un misticismo berreta. Porque cuando desarrolla sus planteos, se ve claramente que su empatía no estará dirigida a los problemas de lxs porteñxs, sino a profundizar los pactos entre los gobernantes de turno. El ministro habla de tonos y grises, solapando que frente a las políticas de ajuste y defensa de la agenda del FMI estarán todos en la misma vereda. 
 Se encargó de poner énfasis en la necesidad de escuchar y buscar acuerdos. Claramente, se refiere a los bloques políticos que defienden al capitalismo y los empresarios explotadores, y no a lxs trabajadores y sectores populares.
 Cuando le citaron a Macri y la necesidad de cambios rápidos, respondió que para cambios profundos y duraderos se necesita consenso. Para Quirós, no hay grieta en materia de defender las políticas capitalistas. 
 En el terreno económico, Quirós declaró que “uno no puede distribuir lo que no tiene”, dejando claro que pretende un gobierno que siga beneficiando a los sectores capitalistas, en detrimento de los trabajadores y sus bolsillos. El planteo de Quirós resulta una impostura, cuando la ciudad más rica del país aumentó la recaudación impositiva, producto de la inflación y la enorme masa trabajadora que sostiene viva la ciudad -mientras su población cada día es más pobre.
 Y agregó el candidato que la ciudad debe profundizar su eje en el bienestar social, “tener un techo, salud, trabajo, seguridad como en los gobiernos de Mauricio y Horacio”. Esto contrasta con la realidad: crecimiento de villas, especulación inmobiliaria, municipales empobrecidos, población sin acceso a la salud, mayores subsidios a la educación privada, es la norma. 

 El candidato que ataca a sus trabajadores

 Al hablar de su gestión actual y el sistema de salud, Quirós se llenó la boca de frases armadas en torno a cuidar a lxs prestadores, el recurso humano, etc. Pero cuando le preguntaron específicamente por los reclamos más sentidos, apareció la hilacha. 
 Frente a preguntas sobre la la salud mental y la falta de turnos, directamente eligió no hablar del tema. Y al hablar de los trabajadores concurrentes, el ministro desnudó su perfil empresarial y mercantilista. Declaró que el Gobierno de la Ciudad les hace una especie de “favor” permitiéndoles hacer simples prácticas para especializarse, omitiendo que estos profesionales sostienen servicios enteros trabajando gratis, y que sin estas “prácticas”, la atención no existiría. Y demostró una ignorancia digna de quien nunca trabajó en un hospital público de CABA cuando apuntó que la situación de la salud mental “no la van a resolver lxs concurrentes”.
 El problema de las concurrencias, que el periodista entrevistador, Ernesto Tenembaum, historizó al recordar que desde 1999 viene preguntando cuándo se va a solucionar (“se lo pregunté a De la Rúa”, dijo), no es relevante para Quirós, pero el ministro perpetúa la explotación de más de 500 concurrentes, en su mayoría del área de la salud mental. 
 También ningunea a lxs miles de residentes que acaban de arrancarle una paritaria histórica, tratándolos de becarixs tuteladxs. Y apela a la falta de cobertura de cupos a nivel nacional, como si el problema fuera de distribución del personal, desconociendo los profundos problemas salariales y de explotación laboral que sufren concurrentes y residentes. Una clara denigración del conjunto de trabajadores profesionales que se ponen el sistema de salud al hombro. 
 De la entrevista se infiere que el Gobierno de la Ciudad pretende hacer desaparecer las concurrencias, pero no en pos de aumentar los cargos necesarios y mejorar las condiciones de lxs actuales concurrentes, sobre todo en salud mental. Solo la lucha podrá seguir arrancando al gobierno los reclamos más genuinos. 

 Divide y reinarás? 

 Los trapitos del ministro se siguieron exponiendo cuando se habló de la enfermería, sector profundamente golpeado, con salarios por la mitad de la canasta familiar.
 El ministro plantea una división del colectivo que viene luchando hace años por el pase a la carrera profesional existente (6.035), tirándole la responsabilidad a lxs licenciadxs. Dijo que para mantener la unidad, el gobierno les propuso una carrera única, rechazada por “unxs pocos licenciadxs que quieren diferenciarse”.
 Sus declaraciones esconden la política precarizadora y la enorme discriminacion que sufren el conjunto de enfermeras y enfermeros y las falacias de la CUPE, que está lejos de equiparar en derechos y salarios a enfermeras con profesionales de la 6.035. Cuando el ministro habla de consenso, no apunta a lxs trabajadores, sino a sus intereses y a las burocracias sindicales como Sutecba que acepta estos acuerdos y la degradación de derechos. 
 Y también eligió despegarse del conflicto de OBSBA diciendo que la obra social de más de 300 mil trabajadores de la Ciudad no depende de él. El ministro parece no estar a la altura de las problemáticas de lxs trabajadores del municipio que pretende gobernar.
 Quirós siguió elogiando los logros de sus antecesores, hablando de diálogo, políticas integrales, acuerdos. Pero no acepta reclamos. “En la medida que los que quieran buscar beneficios gremiales o partidarios sigan diciendo en público que el sistema de salud está peor, solo dañan al sistema”. Amenazante, culpabiliza y quiere poner mordaza a lxs trabajadores y sus organizaciones. 
 Quirós plantea que no estuvo en contra de las marchas derechistas en la pandemia, mientras ataca públicamente a lxs trabajadores que se organizan, como a lxs residentes y concurrentes que dejó de recibir por sostener el paro en las calles. 
 Y cerró la entrevista planteando una “marca humanizada” para la ciudad, atacando los piquetes y métodos de lucha. 
 “Evolucionar hacia un lugar mejor”, plantea quien forma parte de un gobierno que hace 14 años profundiza la explotación laboral. Un ministro candidato que se coloca en las antípodas de las necesidades de la población y lxs trabajadores de la salud. 

 Rocío Erre - Prensa Obrera