martes, enero 31, 2023

Medio Oriente: escalada de agresiones del régimen sionista


En las últimas 72 horas el régimen teocrático ultraderechista israelí lanzó un raid sin precedentes de intervenciones terroristas de vasto alcance en Irán, Siria y, por supuesto, Cisjordania y Gaza. 
 No es la primera vez que los sionistas incursionan en Irán y Siria. El sábado, Israel destruyó una fábrica de sistemas de armas avanzados en la ciudad iraní de Isfahan utilizando drones suicidas. También atacó una refinería de petróleo en una zona industrial cerca de la ciudad noroccidental de Tabriz. Sólo en los tres últimos años Irán culpó a Israel de un ataque a su instalación nuclear subterránea de Natanz que dañó sus centrifugadoras, en abril de 2021. En 2020, Irán denunció a Israel por un ataque sofisticado que mató a su principal científico nuclear. Si el gobierno previo de Netanyahu se opuso a la reapertura de negociaciones que Biden impulsó con Irán para reestablecer el acuerdo nuclear de 2015 cancelado por Trump, ahora la nueva coalición de gobierno va por más. Está actuando por su cuenta para impedir todo acuerdo. 
 El domingo, aviones israelíes lanzaron un ataque contra un convoy de camiones en la frontera entre Siria e Irak, según informó el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. Dos meses antes, en noviembre, un convoy de camiones cisterna de combustible fue atacado por drones en la misma zona y medios afiliados a Hezbolá atribuyeron el ataque a Israel. El ingreso de la aviación sionista en el espacio aéreo sirio sólo es posible gracias al visto bueno de Rusia, que controla todo ese espacio. De paso, esto explica la equidistancia de los sionistas en el conflicto de la OTAN con Rusia. 
 Con todo, lo más grave se vivió en los territorios. Desde el ataque suicida de un joven palestino a una sinagoga de Jerusalem, el jueves, “Israel ha registrado 35 casos de crímenes nacionalistas dirigidos a palestinos en Cisjordania, incluido arrojar piedras a automóviles y destrozar propiedades, principalmente en la región de Binyamin al norte de Jerusalén. No hubo arrestos en ningún caso” (Haaretz, 30/1). 
 La columna vertebral de estos ataques son los colonos que pueblan los asentamientos. El ministro de seguridad de Israel acaba de darles virtual piedra libre para esos actos y para que los colonos se armen por su propia cuenta. Son los mismos colonos que agreden sistemáticamente los campos palestinos aledaños a las colonias, destruyen sus olivares y agreden a los campesinos. 
 El año pasado se produjo “el asesinato de 146 palestinos en Cisjordania en 2022, según la organización de derechos humanos B'Tselem, la mayoría de ellos no combatientes”. En lo que va del 2023 suman “unas 30 personas” (Guideon Levy, íd., 30/1). Según este calificado periodista israelí “la incursión de Israel en Jenin (miércoles 25) creó el ataque terrorista del jueves que proclamó frustrar”. Ese atentado se produjo en una sinagoga del asentamiento de Neve Yaakov en Jerusalén Este, territorio palestino usurpado por los sionistas en años recientes. Khairi Alkam, el joven palestino de 21 años que perpetró el atentado y fue acribillado minutos después por tropas sionistas, “lleva el nombre de su abuelo, quien fue asesinado a puñaladas por un judío israelí en 1988. Según los miembros de su familia, llevó a cabo el tiroteo en la sinagoga como venganza” por el asesinato de otro familiar suyo, Mohammad Ali, de 17 años, del campo de refugiados de Shoafat, “quien cayó fusilado por fuerzas israelíes el miércoles previo porque “sospechaban que portaba un arma”. Esa sospecha contra el “adolescente era falsa” (Haaretz, 28/1). La vivienda de la familia de Khairi Alkam en Jerusalem fue acordonada, demolida e incautada. Toda la familia Khairi Alkam fue detenida. 
 El sionismo teocrático ultraderechista opera bajo la consigna “Ojo por ojo y diente por diente”. En palabras de Guideon Levy: “operaciones de venganza que echarán leña al fuego. Cualquier castigo colectivo sólo agravará la situación, incluso si satisface el ansia de venganza de la derecha. ¿Arrestar a 42 miembros de la familia (de Khairi Alkam)? ¿Con qué fin, sino para satisfacer esta lujuria?” (ídem). 

Norberto Malaj
30/01/2023

Detienen a Facundo Jones Huala


Un nuevo capítulo de una larga cacería. 

 En la madrugada de este 30 de enero fue detenido en El Bolsón Facundo Jones Huala. Lo encontraron en el quincho de una casa donde habría entrado para refugiarse. Curiosamente los medios periodísticos relatan que momentos antes había proferido gritos en la vía pública, llamando la atención de los vecinos. Se espera que Chile la transforme en alerta roja para habilitar la captura internacional y el correspondiente pedido de extradición. 
 En febrero de 2022, la Corte suprema de Chile revocó la libertad condicional que le habían otorgado a Jones Huala, luego de haber sido juzgado y condenado por “hechos incendiarios y posesión ilegal de armas” de fuego en la Región de los Ríos, al sur de Chile. Ese juicio estuvo plagado de contradicciones y arbitrariedades: a todos los procesados, con excepción de Jones, los sobreseyeron. A Jones Huala, sin pruebas concluyentes en los hechos que se le imputaron, lo condenaron a a nueve años de prisión. Una muestra evidente de persecución política y criminalización de las protestas mapuche.
 El 15 de febrero de 2022 lo declararon prófugo, por no haberse presentado en los tribunales de Temuco. 
 La detención de Jones Huala en el año 2017 dio lugar a movilizaciones protagonizadas por la Resistencia Cushamen, que cortó la ruta 40 para reclamar su libertad. Fue aquella represión brutal, encabezada por la ministra Bullrich, la que terminó con la vida de Santiago Maldonado. 
 Ahora, la detención de Jones Huala ha conducido a una rápida comunicación y “cooperación” de tribunales argentinos y chilenos, para asegurar la extradición. Ese proceso, de todos modos, deberá seguir un conjunto de pasos. 
 La detención y extradición de Jones Huala refrenda una orientación de conjunto, que siguen los Estados de ambos lados de la cordillera: defender los intereses capitalistas que necesitan eliminar a las comunidades originarias de los territorios, para lanzarse sin obstáculos a la depredación de los recursos naturales y la explotación inmobiliaria. Abajo la persecución a Jones Huala y a la comunidad mapuche, ¡Libertad! 

 Elena Florín 
 30/01/2023

China: el fin de la política Covid cero y sus consecuencias inmediatas


Como señalamos en estas páginas (https://politicaobrera.com/8656-china-colapsa), el desmantelamiento de la política de Covid cero en China está generando una verdadera catástrofe humanitaria. 
 Se estima que el 80% de la población china contrajo Covid el último mes, es decir, 1.100 millones de personas. Aunque las cifras de fallecidos han sido manipuladas, expertos calculan que China podría alcanzar muy pronto los 36.000 fallecidos por día. Los datos oficiales sólo reflejan las muertes en los hospitales. Profesionales de la salud han informado de presiones oficiales para no incluir el Covid-19 en los certificados de defunción y las mediciones toman sólo a las personas que murieron directamente de insuficiencia respiratoria relacionada con el coronavirus. La cifra puede ser mayor. El alto número de contagios se conjuga con una baja tasa de vacunación y vacunas menos eficaces.
 Algunas provincias, incluidas Henan, Gansu, Qinghai y Yunnan, han alcanzado un pico de infecciones, propagándose el virus más rápidamente hacia las áreas rurales (Airfinity, 16/01). El colapso del sistema de salud ha llevado a las autoridades a conminar a los trabajadores a concurrir a hospitales y clínicas incluso presentando síntomas compatibles con el Covid.
 La propagación desenfrenada del virus en China, por sus dimensiones y la internacionalización de su economía, plantea un desafío mundial ya que se ha convertido en un gigantesco caldo de cultivo para nuevas mutaciones y subvariantes.

 La crisis no es sólo sanitaria

 El desmantelamiento de la política de Covid cero se aprecia en otros indicadores: las empresas que fabricaban kits de pruebas, que se aplicaban masivamente y eran la base de la política de seguimiento y sofocación del virus, han visto desplomarse su actividad. Se han registrado acciones de protestas contra despidos y por reclamos salariales en fábricas ubicadas en las ciudades de Chongqing y Hangzhou.
 La crisis del Covid se entrelaza con datos sociales y económicos alarmantes. El año pasado las muertes superaron en número a los nacimientos, por primera vez en seis décadas. Por otra parte, la economía china registró una tasa de crecimiento de sólo el 3 por ciento el año pasado, la más baja desde principios de la década de 1990. Mientras tanto, el viceprimer ministro de China, Liu He, en el Foro de Davos, mencionó que China estaba abierta a los negocios porque “la vida ha vuelto a la normalidad” (WSWS, 23/01). 

 Soledad Domínguez
 30/01/2023

lunes, enero 30, 2023

Mesa Redonda: José Martí en el alma de Cuba

¿Qué está pasando en Perú?

#AltamiraResponde “¿Es verdad que Churchill dijo ´no dejemos que Argentina sea una potencia´?

Massa se ´devalúa´, la crisis politica se acelera


La suba ininterrumpida de los dólares paralelos y financieros de los últimos días es mucho más que una perturbación cambiaria. Lo que asoma es el fracaso del “Plan Durar”, la tentativa de Sergio Massa de postergar una crisis financiera y monetaria terminal, de un lado, y de contener la escalada inflacionaria y el avance de la crisis social, por el otro. En la medida que el gobierno y su coalición política depositaron su suerte en ese “plan”, su desbarranque ha agravado la crisis política. 

 Recompra, dolarización y saqueo 

La disparada del dólar llega dos semanas después de que el gobierno anunció que aplicaría 1.000 millones de dólares de las escasas reservas justamente para “manejar” la paridad cambiaria. Además de contener al dólar, el gobierno aspiraba a mejorar la cotización de los títulos que salía a comprar. Pero en muy pocos días, el propósito oficial se fue a pique, agravando las condiciones de la corrida que se pretendió evitar. Algunas versiones insisten en que el gobierno quiere utilizar los títulos ´recomprados´ como garantía de un préstamo internacional, del orden de los 2.000-2.500 millones de dólares. Esa operación tropieza con la baja cotización de los títulos, que obligaría al gobierno a ofrecer una cifra tres veces superior a la que conseguiría con el préstamo. Pero incluso si el préstamo funcionara, no haría más que alimentar la imparable “dolarización de activos” que tiene lugar en la Argentina. En las grandes bancarrotas nacionales, los préstamos de urgencia han financiado la “dolarización” acelerada de los capitalistas, antes del colapso.
 El gobierno, además, ha elevado fuertemente la tasa de interés – la que ofrece el Banco Central cuando absorbe los pesos circulantes, y la que brinda el Tesoro para sus renovaciones de deuda. Sólo bajo esas condiciones está logrando refinanciar al Estado. Para la burguesía, sin embargo, esas colocaciones son sólo una pausa en la “dolarización”, y así lo describe una conocida economista, cuando alude a “un sector privado que sigue aprovechando las tasas esperando en fila para acceder al dólar oficial, mientras desarman sus coberturas” (Marina Dal Poggetto, Perfil, 28/1). Por la vía de dos “ventanillas” del Banco Central, la gran burguesía obtiene beneficios extraordinarios del desmadre financiero del gobierno: en uno de los mostradores, el Central entrega los pesos que remuneran a la deuda en esa moneda y le paga a los exportadores de soja los dólares de $230; en el otro mostrador, le entrega dólares oficiales de $185 a los capitalistas, que luego remarcan sus precios de acuerdo al “blue”. La base social del “plan Massa” es el arco de intereses capitalistas que medra con el derrumbe financiero del Estado y la expoliación infinita de las masas. 

 Inflación y crisis social

 El vertedero de todas estas contradicciones (y negocios) será una nueva disparada de la inflación, que en enero volverá a superar los cinco puntos y medio. No hay un mejor panorama para los meses que vienen, pues la remarcación de alimentos será acompañada de la suba de tarifas – a la eliminación de los subsidios, se sumarán aumentos “reales” en la distribución de energía. La escalada inflacionaria ha pulverizado las jubilaciones y las asignaciones familiares – las primeras, perdieron un 12% en términos reales a lo largo de 2022. Es esa confiscación la que explica el cumplimiento de la “meta” fiscal con el FMI. 
 Pero una nueva disparada de precios pulveriza el palabrerío de Massa en torno de la supuesta “inflación en descenso” para 2023. Lo mismo ocurre con los acuerdos salariales que suponen una inflación del 60% para el año. El “Plan” Massa, por lo tanto, también flaquea en su capacidad de pilotear la crisis salarial y social, fogoneadas por la inflación acelerada y un escenario nuevamente recesivo.

 Crisis política 

 Si el Plan “durar” no dura, se acelerará la variante del “ajuste cambiario” que el gobierno quería evitar hasta las elecciones. Queda planteada la cuestión de si ese desenlace convulsivo será piloteado por el propio Massa. Con todas las palancas del gobierno en manos del “superministro” del FMI, el despiste del plan Massa no solo cuestiona sus pretensiones electorales – también coloca al rojo vivo la crisis terminal del gobierno. Con el telón de fondo de la nueva corrida cambiaria y el fiasco massista, la lucha intestina en el gobierno se ha reavivado al extremo. Kirchneristas y albertistas se disputan los restos de una coalición política en ruinas. Mientras tanto, Alberto Fernandez improvisa la búsqueda de un eje de sustentación propio. Cree que puede encontrarlo en la diplomacia internacional, un terreno que lo obligará a establecer un alineamiento sin reservas en la guerra de la OTAN. Esa fue la agenda “no escrita” de las reuniones con Lula y el canciller alemán. Este 2023 de mayores estallidos inflacionarios y crisis políticas acentuará la deliberación y las luchas en las organizaciones obreras. 

 Marcelo Ramal 
 29/01/2023

Haiti, al borde de la disolucion y la barbarie


Se discute una nueva ocupación de ´paz´. 

 Cuando los 7 mil efectivos de la misión “de paz” de la ONU -llamada Minustah- se retiraron en 2017, tras 13 años de permanencia en el país, se dijo que Haití había sido ´normalizado´. En verdad, en ese largo período la fuerza ´pacificadora´ que integraron mayormente fuerzas armadas de Latinoamérica bajo conducción de Brasil, fue acusada de todo tipo de delitos – desde violencia y abusos sexuales hasta la introducción del cólera (se comprobó que un contingente de tropas nepalesas fueron responsables: el cólera se cobró la vida de decenas de miles de haitianos en 2011-2012). En 2010 el país sufrió un huracán devastador que destruyó sus débiles infraestructuras básicas y provocó un tendal de casi 100 mil muertos. Sobre su final la Minustah dejó instruido un cuerpo policial de 15 mil hombres. Desde entonces ese cuerpo se vio sistemáticamente desbordado frente al caos social imperante y la crónica inestabilidad política. 
 Desde 2004, cuando los yanquis provocaron el golpe de estado que destituyó al nacionalista Arístide, Haití se desbarrancó en una crisis crónica. En 2004, los gobiernos latinoamericanos, con Lula y Kirchner a la cabeza, aceptaron integrar la Minustah en reemplazo de las tropas yanquis que habían invadido el país y los yanquis necesitaban en Medio Oriente. Desde que la Minustah se retiró de Haití, el país se debatió en crisis recurrentes. El actual primer ministro Ariel Henry sustituyó a Jovenel Moise, asesinado dos años atrás en un golpe palaciego. Desde entonces Ariel Henry se ha perpetuado en el gobierno y viene reclamando una nueva fuerza armada internacional para hacer frente a su incapacidad de control del país. Desde hace meses zonas enteras de la isla están bajo dominio de pandillas armadas.
 Antonio Guterres, secretario general de la ONU, reclamó a la diplomacia internacional, en septiembre pasado, "examinar urgentemente la solicitud del gobierno haitiano de desplegar sin demora una fuerza armada internacional especializada para enfrentar la crisis humanitaria". Entonces, la terminal petrolera de Varreux, la más importante de Haití, permanecía bloqueada por bandas criminales. Lo mismo ocurría con el principal puerto del país, lo cual paralizaba toda la isla. En la ONU no ha habido acuerdo y ahora se habla de una intervención armada de los países del NAFTA, EE.UU., México y Canada, bajo dirección de la última, sin el patrocinio de la ONU. 
 De Buenos Aires, Ariel Henry se llevó un apoyo a “los constantes esfuerzos del gobierno haitiano para ampliar aún más el consenso entre los actores políticos y la sociedad civil haitiana” y a su política “con miras a hacer operativas las instituciones democráticas lo antes posible, tan pronto como el entorno de seguridad y los medios técnicos lo permitan”. En Puerto Príncipe, en cambio, lo recibió una movilización de efectivos policiales -once policías habían sido fulminados por bandas criminales- con una importante participación popular que, según los cables, procedió a ocupar el aeropuerto y varios edificios gubernamentales, impidiendo el aterrizaje del avión. 
 La situación desesperante de Haití es una expresión aguda del agravamiento de todas las condiciones de la opresión imperialista del subcontinente. Toda América Latina debe mirarse en el espejo haitiano. 

 Norberto Malaj 
 29/01/2023

domingo, enero 29, 2023

Bertold Brecht, 125 no es nada


Hace 125 años nacía B. Brecht. 

El hombre de teatro que cambió más frecuentemente de país que de zapatos. Ese Brecht que decimos a veces, es tan necesario, porque nos gusta y conmueve, porque todavía nos complica la vida y la escena.
 El que escribió para el deleite de algunos, y la agarrada de cabeza de otros, ciertamente pudiendo coincidir ambas en una misma persona. 
 El Brecht impertinente nacía hace 125 años. Impertinente, si es que le cabe el adjetivo, o es acaso que solo nos sigue reclamando esa actitud frente a las atrocidades del mundo y las nuestras. 
 De ese Brecht tenemos muchos puñados de escritos, obras tan reales como fabulosas, e imágenes y análisis concretos de su realidad concreta A nosotros, los de este tiempo, nos llega un Brecht, o varios. Son 125 años cargando todavía sobre la vida de otros, interpelaciones permanentes que no se agotan nunca, a menos que uno quiera que se agoten. Caen a borbotones las miradas posibles de la realidad en que vivimos si la miramos con la lupa de Brecht. O es que no son tantas posibles, sino unas pocas, pero que son muy, pero muy difíciles de mirar. 
 No divide Brecht, después de 125 años, el arte de la vida, el teatro de la sociedad. No separa la ciencia posible que se acerca al cotidiano ni descree a 125 años, de las acciones pequeñas que cambian, por fin, alguna cosa. Así todo, tras siglo y cuarto puede todavía encontrar la manera de ver y hacernos ver lo imprescindible de los hechos, el meollo del problema, el punto justo de la contradicción. 
 Parece no cansarse nunca este Brecht, que machaca y machaca sobre los sentidos y conciencias de todos nosotros. Y cuando de repente nos vemos en lo seguro, vuelve y avisa, muy a su modo, que miremos atentos el entorno. 
 Lanza y sostiene todavía, impávido, las preguntas que corren rápidas y actuales, sobre artistas y circunstancias mayores, sobre actos y consecuencias a los que no le vimos los hilos finos, aunque firmes y palpables. 
 Una larga vida la de este hombre que se nos aparece cada tanto como excusa u objetivo. Como verso o imagen. Más o menos comprendido, interpretado en múltiples lenguas y sentidos. Discutido, refutado incluso por él mismo, apartado y querido, ¡incluso por él mismo!
 Pasaron 125 y todavía seguimos buscando la manera de ponernos en el centro de la escena y gritar la respuesta colectiva a su pregunta ¿Quién construyó Tebas?

 Julieta Grinspan, Actriz, Profesora de teatro.

La educación perfecta


Ronald fue uno de los tantos veteranos de guerra que conocí, desde Vietnam hasta Afganistán. Algunos de ellos se convirtieron en militantes contra las guerras de los ricos; otros trataron de justificar la pérdida de una pierna o de una vida antes del suicidio. 
 Por alguna razón, la discusión sobre el golpe de Estado de 1976 en Argentina había derivado a la educación familiar. Ronald (su nombre era otro) levantó una mano y expuso su teoría de la educación de los hijos y el impacto en el destino de una sociedad y de una nación. Ese mito popular de “la familia es la base de la sociedad”. 
 Tenía 22 años. No tenía hijos, dijo, pero había sido educado por dos padres que nunca le habían dado un chancletazo, ni cuando él le había gritado a su padre el clásico “n’gger motherfucker” (traducción literal: “negro violador de tu madre”). En castellano no existe una ofensa tan obscena. Sus padres ni siquiera le habían levantado la voz para corregirlo. Habían apelado al modelo clásico de psicología Disney, tratando de comprender su frustración. En su casa, todo se discutía de forma democrática.
 ―Pero una familia no es una democracia―observé. 
 ―La mía sí. No todas las familias son iguales… 
 ―Cierto. Tampoco todos los hijos ni todos los padres son iguales… 
 Por entonces, Ronald era muy joven; no tenía hijos, lo cual no lo inhabilitaba para opinar sobre cómo educar a un hijo. Pero sí para moralizar. En realidad, todos estamos inhabilitados para moralizar, sobre todo en asuntos que ignoramos tanto, como lo es la vida privada de nuestros vecinos. 
 ―Mis padres ―cortó Ronald, con la fe de los convencidos― siempre estuvieron en contra de toda forma de violencia en la educación… 
 En este momento, se detuvo dos segundos y otro estudiante aprovechó para apoyar con más ejemplos personales a su compañero. Creo que alguien mencionó a la Madre Teresa, quien no había tenido hijos pero igual había sido madre. Una madre terrible, habría que agregar, como Santa Teresa unos siglos antes. Como algunos curas célibes, pero no abstemios, a quienes todos llaman padre mientras dan consejos matrimoniales y clases de educación sexual. 
 No recuerdo qué dijo la estudiante sobre sus padres en Nebraska, porque me quedé pensando en Ronald. El joven sufría de trastorno post traumático. El día que pasé la película Missing (sobre el golpe de Estado en Chile, con Jack Lemmon) salió del auditorio corriendo. Luego me dijo que por su condición no podía presenciar escenas violentas porque él mismo perdía el control y se ponía violento.
 Yo conocía a Ronald bastante bien porque había estado muchas veces en mi oficina y muchas veces habíamos terminado hablando de su experiencia en Irak. Lo habían enviado a esa guerra justificada con mentiras, como casi todas, de donde volvió con ese trauma o trastorno que parecía no tener cura. Los jóvenes sobrevivientes de esa y otras guerras que conocí (algunos muertos en vida) creían saber de qué se trataba todo, aunque solían ocupar sus días disparando al enemigo, hasta agotarse, o cargando el cuerpo de algún compañero caído. Algunos pocos entendieron que, en realidad, como decía Mohamed Alí, habían ido al otro lado del mundo a matar y a morir por los poemas de siempre: Dios, la patria, la libertad, la democracia y la seguridad nacional. Los otros, lo último que querían escuchar era que habían sido apenas peones de un viejo ajedrez. 
 Ronald fue uno de los tantos veteranos de guerra que conocí, desde Vietnam hasta Afganistán. Algunos de ellos se convirtieron en militantes contra las guerras de los ricos; otros trataron de justificar la pérdida de una pierna o de una vida antes del suicidio. Miles de ellos (16.000) se suicidan cada año en Estados Unidos, pero los medios prefieren enfocarrse en noticias de verdad. Junto con sus psicólogos del gobierno, muchos de estos combatientes se convirtieron en distintos personajes de mis novelas, como Crisis y El mar estaba sereno. Creo que no había otra forma explorar el problema desde su interior. 
 Ahora, Ronald es pastor de una iglesia en Texas. Probablemente eso lo salvó del suicidio o los psicólogos del gobierno lograron controlar su estrés post traumático. Su prédica de la no violencia de Jesús no le impide, ni a él ni a sus feligreses, acumular armas de guerra en sus casas, sólo por las dudas, por si un día deben defender la libertad contra otros compatriotas que no están pensando igual. Como en los videos tóxicos y virales donde un pobre muchacho es acosado por los bullies y al final los revienta a todos con elegantes patadas, Roland le enseña a sus hijos las virtudes de la educación libre de todo tipo de violencia que le enseñaron sus padres. Hasta que sea necesario recurrir a la solución de siempre, siempre en defensa propia. ¿Tenemos derecho a defendernos, o no? 
 Los padres de Ronald lo habían educado con amor, sin violencia. Amor al diálogo, a las armas, pero solo para protección personal y para proteger la libertad. Amor a Jesús, pero no amor de Jesús. Una educación amablemente construida en la pulcra y orgullosa devoción en la iglesia los domingos, en las bucólicas cenas de thanksgiving en noviembre y en los videojuegos casi todos los días. 
 Videojuegos y educación en valores de la no violencia, como el que siguió jugando Ronald cuando lo enviaron a Irak. Sólo que, cada vez que apretaba un botón, los otros jugadores morían de verdad. Como decía el Andrew Jackson de los billetes de veinte dólares, cuando aseguraba que debió tomar las tierras de los salvajes para dárselas a “los amantes de la libertad” y el bueno de Winston Churchill, cuando recomendaba usar armas químicas, era un sacrificio necesario para suprimir a los salvajes que no entienden eso de la civilización y la no violencia. 

 Jorge Majfud | 12/12/2022

Perú: una nueva correlación de fuerzas contra Dina Boluarte


Entre la tregua, el adelanto de elecciones, la militarización de la protesta social y la guerra civil. 

 En los últimos días, la presidente golpista, Dina Boluarte, dijo: “llamo a una tregua nacional para entablar una mesa de diálogo y fijar una agenda común por cada región”. A continuación, señaló que “Puno no es el Perú”, cuestión que exacerbó más a las masas laboriosas en lucha. 
 No obstante, el mensaje de tregua se da en un contexto donde el ala más dura del gobierno, el exministro de Defensa, premiado como premier, Alberto Otárola, opera como el Poder Ejecutivo de facto detrás de Dina. Es Otárola el que tiene las relaciones con la Junta directiva del Legislativo y con la embajada yanqui y el que lidera, junto con Dina, la orientación militarista de la protesta social. 

 La represión y la lucha de las masas 

Esta estrategia, en vez de amilanar a las masas en lucha, las ha envalentonado. Actualmente, existen aproximadamente 15 regiones con un nivel de conflictividad intenso (27 provincias con marchas, más de 80 bloqueos de carreteras, etc.), cinco regiones donde el paro indefinido es total, con el saldo de más de 60 asesinados, 1.492 heridos, etc. Recién se acaba de bloquear la carretera central que conecta a Lima con las regiones del centro del país (con una serie de conflictos vinculados a la contaminación minera, despedidos en protesta, etc.). 
 A esto hay que agregar que algunos nuevos bloqueos están en el “conservador” norte del país y están organizados por pobladores y obreros agrícolas (que ya han bloqueado la carretera antes por sus derechos laborales). El día 26 hubo una movilización de sacrificio importante de más de 10,000 pobladores desde Puente Piedra (al norte de la capital) hasta el centro de Lima, que demoró hasta las 16 hs. La misma estuvo compuesta de delegaciones provincianas y de trabajadores de la zona. Por su lado, indígenas awajún acaban de tomar las instalaciones de la Estación 5 del Oleoducto Norperuano pidiendo la renuncia de Boluarte. Y así cada día que pasa se suman nuevos actores sociales exigiendo la caída del régimen golpista pro yanqui. 

 Una nueva correlación de fuerzas

 Este nuevo ascenso popular que hace insostenible al gobierno golpista ha generado una reconfiguración de la correlación de fuerzas del golpismo. Grandes medios de prensa como el conglomerado del grupo El Comercio o La República han cambiado su línea editorial de defensa acérrima del régimen dictatorial, pasando a cuestionar la masacre y a pedir el adelanto de elecciones o la renuncia de Dina, respectivamente. Por otro lado, el vocero del capital agroindustrial y exgobernador fujimorista por Ica, Fernando Cilloniz, también está proponiendo el adelanto de elecciones de inmediato. Por la renuncia de Dina, también se pronunciaron el excandidato presidencial de derecha Hernando de Soto y la bancada congresal de centroderecha Podemos Perú (PP). 
 En una reciente entrevista, el premier Otárola declaró que “el país no está para medidas audaces y el proyecto del fujimorismo de adelanto de elecciones es una medida audaz, en todo caso que en el Congreso se pongan de acuerdo”. El fujimorismo planteó el adelanto de elecciones días después de la vacancia golpista de Pedro Castillo. 
 Así las cosas, mientras que el régimen cívicomilitar llama a la “tregua”, a la vez maniobra con el adelanto de elecciones para confundir a las masas y lograr replegarlas a sus casas, para luego imponer su política de explotación laboral y saqueo de los recursos naturales. En este sentido apunta el comunicado de los ministerios del Interior y de Defensa, con el fin de militarizar Puno y la frontera con Bolivia, so pretexto de una guerra con Bolivia. 

 La guerra con Bolivia, un distractivo peligroso 

La guerra con Bolivia, impulsada por congresistas de derecha como Ernesto Bustamante, cuando dijo que “el Perú debe dar ultimátum al gobierno de Bolivia, para que detenga su apoyo material y financiero a terroristas en Perú (…) el Ejército del Perú deberá ingresar a Bolivia y ocupar cautelarmente recursos naturales que garanticen una ulterior reparación”, opera como un distractor del aislamiento al que está ingresando el gobierno golpista. 
 No obstante, una guerra con Bolivia puede ser un búmeran. Bolivia y Perú son pueblos con muchos vínculos históricos, culturales, políticos y sociales. En vez de lograr la división, pueden agitar por una revolución social andina. 

 Imponer la caída de Dina 

Por estas razones, es vital la caída de Dina y la imposición de una Constituyente soberana (sin poderes paralelos). Para lograr esto es fundamental que las masas en combate se organicen eligiendo a sus delegados por centro laboral, comunidad, centro de estudiantes, etc. para que las representen en una gran asamblea popular nacional de trabajadores que apruebe un plan de lucha. 

 César Zelada 
 Agrupación Vilcapaza

El año electoral en un tembladeral


Vamos al plenario abierto del 11 de febrero para impulsar al Frente de Izquierda Unidad. 
 El impasse económico corre parejo con la crisis política. 

No hay dudas de que Lula fue la presencia estelar de la cumbre de la Celac que se hizo en Buenos Aires. Pero, ¿qué papel vino a jugar el flamante presidente de Brasil? En el Sheraton de Retiro fue unánime el reconocimiento al gobierno golpista de Dina Boluarte que está masacrando al pueblo peruano, promovido directamente desde la CIA y el Pentágono. A eso Lula agregó el desplante a Cristina Kirchner y a Nicolás Maduro (que decantó en que el venezolano se bajara de la cita), gestos a medida de la línea Biden en la región. Hoy la preocupación del imperialismo es una estabilización de la situación en el subcontinente, y el líder del PT ha emergido como una pieza clave para esta tarea. La nueva “ola rosa” de gobiernos latinoamericanos viene a jugar un papel de contención, cuando la rebelión ante el golpe en Perú puso otra vez a las masas en acción, siguiendo el ciclo abierto por Chile en 2019. Esto fue denunciado in situ por el Frente de Izquierda Unidad, que marchó hasta ahí junto a organizaciones de la comunidad peruana y realizó un acto en repudio al golpe y en apoyo al pueblo de Perú.
 En cambio, la fantasiosa idea de la moneda única entre Argentina y Brasil quedó reducida a un posible acuerdo de financiamiento de importaciones y exportaciones por un año, de dudoso resultado frente a la aguda crisis de reservas que desespera al gobierno argentino. Hay temor a un parate productivo, porque la industria argentina es fuertemente dependiente de los insumos y piezas brasileras, y la balanza comercial del año pasado dejó un déficit de 3.350 millones de dólares que en 2023 no se podría pagar (menos con el impacto de la sequía). El financiamiento, de concretarse, apenas patearía el problema por un año. 
 En medio de esta crisis de reservas del BCRA el gobierno dilapida dólares en recomprar bonos de deuda para contener la brecha cambiaria. No lo logra, pero sí agrava los problemas para importar insumos industriales acentuando la caída productiva. De paso, armó un negociado para el capital financiero, con datos que se filtraron. 
 El impasse económico corre parejo con la crisis política. La reunión de la Comisión de Juicio Político de Diputados para tratar el pedido oficial de enjuiciar a la Corte Suprema es “el comienzo de una farsa sin destino”, como denunció Romina Del Plá. Sabiendo que nunca contará con los dos tercios de la Cámara para que sea aprobado en el recinto, la intentona kirchnerista se parece más a un clásico recurso opositor de agitación política. La derecha aprovecha para paralizar todo y así, entre unos y otros, hunden por ejemplo la moratoria previsional para que 800.000 trabajadores puedan jubilarse. En el intento de juicio a la Corte no figuran la convalidación de los robos a los jubilados o el saqueo de la cordillera; sino que es una reacción tras la condena a la vice en la causa Vialidad, en el marco de una lucha feroz por el control de la Justicia entre el peronismo y el macrismo para garantizar la impunidad de cada uno y sus negocios más sensibles. 
 Con esto siguen agitando la autoproscripción de Cristina, que no es otra cosa que un guiño hacia Massa. El tigrense redobló el ajuste para cumplir con las metas el FMI sin la menor oposición del camporismo, y con esto trata de allanar el ríspido camino a una candidatura presidencial. Claro que para eso el ministro de Economía tiene que atravesar varios meses sin naufragar entre las presiones devaluatorias y una inflación que no puede controlar. Veremos qué depara el nuevo intento de un operativo clamor cristinista para el 24 de marzo, algo que hasta ahora no pasó de los papeles. 
 Massa se apoya en un intento de acuerdo con la burocracia sindical en nombre de “anclar inflación” a costa de los salarios, después de haber robado el año pasado 22 puntos a los jubilados y 13 a los estatales, que quedaron lejos del 94,8% de inflación. Ya tiene un guiño de los gordos de la CGT, que buscan acoplarse al techo paritario del 60%, y de las organizaciones sociales integradas al Ministerio de Desarrollo Social, que en medio de una baja masiva de programas sociales se dedican supervisar el cumplimiento de los acuerdos de precios en los supermercados. Lo mismo que Camioneros. Al igual que el flamante presidente brasileño, el capital político del peronismo sigue siendo su rol de contención. Tal vez por eso Lula fue tan afectuoso con Alberto. 
 No es un punto menor. En la medida que a ambos lados de la grieta el grueso de la agenda viene dictada desde el directorio del FMI en Washington, las principales divisiones obedecen a cómo llevar adelante semejante ofensiva antiobrera cuando ya estamos ante una pauperización social inédita en el país. Los choques dentro de Juntos por el Cambio tienen el mismo contenido, entre la campaña de Bullrich como abanderada de una política de shock y el planteo de Larreta de preservar vasos comunicantes con el aparato de contención peronista. En provincias como Mendoza y Río Negro la pulseada amenaza con llevar a una ruptura de la alianza opositora. 

 Reacciones de lucha 

La Unidad Piquetera ha tomado nuevamente la delantera en la lucha contra el ajuste, ganando las calles en todo el país para rechazar los 160.000 despidos de Tolosa Paz en el Potenciar Trabajo. Es un ataque surgido directamente del memorándum del Fondo de diciembre, que exigió avanzar en nuevos recortes. Ese documento saludaba los esfuerzos de Massa y el gobierno para cumplir con el programa fondomonetarista, pero ponía el dedo en la llaga sobre las vacilaciones en ir más a fondo, marcando tres ejes: ninguna moratoria previsional, recorte del gasto en planes sociales y reducción de subsidios mediante nuevos tarifazos. 
 El de las tarifas es un punto ilustrativo. Las dificultades para concretar una baja drástica de los subsidios están generando cortocircuitos en los distintos eslabones de la cadena energética. En la audiencia pública que convocó el Enre, Edesur y Edenor fueron a pedir nuevos aumentos como los que recibieron las generadoras por la segmentación; esto a pesar de que fueron compensadas con la condonación de sus deudas multimillonarias, que como todas las distribuidoras acumulan por no pagar la energía a la empresa mayorista estatal Cammesa. En simultáneo se desarrollaba una auténtica rebelión de los vecinos del norte de Salta contra el tarifazo en la luz, que hizo retroceder parcialmente al gobernador Gustavo Sáenz. El ajuste avanza, pero en terreno movedizo. 
 Otro conflicto importante de este enero fue el de los portuarios de Rosario, al que otra vez las centrales sindicales le dieron la espalda, pero donde una huelga piquetera volvió a desafiar la entrega. La burocracia sindical logra por el momento que predomine cierta quietud a nivel general, pero también hay que tener en cuenta que las grandes luchas como la del Sutna, los residentes porteños y de otras provincias, médicos y docentes a escala nacional, tuvieron un efecto directo a indirecto sobre las paritarias para apaciguar la pérdida salarial. Por eso ahora el plan de Massa tiene uno de sus pilares en los acuerdos con la CGT para deprimir los reclamos salariales. 

 Fuera los políticos capitalistas. Por un congreso del FIT Unidad y los luchadores 

Como sea, el margen es chico, cuando hasta el Papa Francisco alerta ante un cuadro en que más de la mitad de la población está sumida en la pobreza, como en la crisis de 2001-2002. Es el resultado del fracaso de los políticos capitalistas, o más bien el problema es que no se logró que efectivamente “se vayan todos”. La conclusión estratégica de ello es que los trabajadores y el pueblo argentino necesitamos desarrollar una alternativa política. Es lo que se propone el Partido Obrero al pelear por una intervención decidida del Frente de Izquierda Unidad en el escenario político, como superación de un peronismo que atraviesa una crisis histórica en cuanto a representación popular. 
 La condición para eso es actuar en forma independiente de los bloques patronales en todos los andariveles de la lucha de clases, en la calle y en las urnas. La tribuna de denuncia que montó el FIT-U ante la cumbre de la Celac es un paso positivo, contra las intenciones de disolver al frente en convocatorias de límites políticos difusos. En particular, se plantea desenmascarar la agenda trucha con que el kirchnerismo intenta disimular el ajuste, que es precisamente lo que horada su base social y electoral. 
 El PO convoca plenario nacional abierto para el 11 de febrero, apuntado a debatir este cuadro y tomar la iniciativa. Será una instancia para seguir impulsando un congreso abierto del Frente de Izquierda Unidad, dirigido a organizar a la vanguardia del movimiento obrero y popular que combate el ajuste en función de pelear por una perspectiva política propia, interviniendo con listas comunes en todo el proceso electoral -que debuta con los adelantos provinciales. Por eso el plenario del 11 será también oportunidad de nominar precandidaturas centrales para dar esa batalla. Ese es el camino para echar a los políticos capitalistas, y construir un nuevo movimiento popular con banderas socialistas. Los cierres de listas en las (muy) adelantadas elecciones de Neuquén y Río Negro empiezan a poner a prueba al Frente de Izquierda Unidad. 

 Iván Hirsch

sábado, enero 28, 2023

Nuevos crímenes del sionismo contra el pueblo palestino


El jueves el ejército sionista ingresó con bulldozers al campo de refugiados de Jenin, en la Cisjordania. Provocó una masacre: 9 palestinos murieron. En la incursión se gaseó un nosocomio. 
 El nuevo gobierno está pasando de la agresión discursiva a las provocaciones. Esa coalición reúne a un conjunto de fuerzas ultraderechistas-religiosas partidarias del “Gran Israel”. En nombre de la Torá pretenden imponer una política de limpieza étnica que amplíe la Nakba (expulsión de palestinos) de 1948. 
 Una de las fuerzas centrales de la coalición es el lobby de los colonos, casi medio millón de judíos religiosos -financiados por grandes multimillonarias yanquis trumpistas-, que se han asentado en la Cisjordania palestina y robado sus mejores tierras y cursos de agua. 
 La derecha procolonos es la principal instigadora de la reforma judicial que contra viento y marea se propone el nuevo gobierno. “La corte, en particular, es ampliamente vista por la derecha israelí como un impedimento para el asentamiento judío en Cisjordania y para una visión expansiva del Gran Israel. El antagonismo entre el movimiento de los asentamientos, por un lado, y la Corte, por el otro, no es un fenómeno nuevo” (Susie Gelman, Haaretz, 26/1). 
 Desde 1979 la Corte tendió a “prohibir el establecimiento de asentamientos en tierras privadas en los territorios ocupados”. Una y otra vez los colonos fueron avanzando sobre esas tierras: primero mediante amenazas, después ´comprándolas´; sobre todo aprovechando legislación que ese lobby arrancaba de la Knesset (parlamento). Precisamente en este proceso es que la Corte “desarrolló un enfoque más parecido al control judicial de EE. UU., a saber, la capacidad de anular leyes inconstitucionales (o de violar Leyes Fundamentales cuasiconstitucionales)” (ídem). Se entiende así la necesidad de esta derecha de barrer con la Corte y transformarla en un apéndice de la Knesset.
 Hasta ahora las grandes movilizaciones democráticas en Israel contra esa reforma muy limitadamente buscaron interesar a la minoría palestina-israelí. Sin embargo, la ofensiva de la derecha sionista contra el sistema judicial plantea como pocas veces antes una lucha común: “Neutralizar la corte a través de una legislación que permitiría a la Knesset anular sus decisiones no sería perjudicial solo para los derechos de los palestinos; limitaría la capacidad del poder judicial para proteger a las personas en Israel en una amplia gama de ejes, ya sea religión, género, capacidad o edad. Pero el conflicto palestino es la razón principal por la que la corte se convirtió en un objetivo para la derecha israelí” (ídem).
 Un objetivo central de la ´reforma´ es “eliminar las restricciones sobre la conducta de los soldados en los territorios y levantar los castigos para quienes las infrinjan. La defensa de los soldados ´rebeldes´, ya sea Elor Azaria en 2016 o el soldado que acosó a los activistas en Hebrón a fines de noviembre pasado, se relaciona con el conflicto; además de tener serias implicancias para la cadena de mando de las FDI y sus fundamentos morales” (ídem). No casualmente, la reforma ha sido rechazada por los altos mandos porque abriría las puertas a que los religiosos y/o los colonos operen como un mando alternativo.
 La coalición derechista no esconde “sus intenciones y planes audaces para legalizar los asentamientos hasta ahora no autorizados de Cisjordania”. En 2015 la Corte “ordenó la demolición de una sinagoga construida ilegalmente en el asentamiento de Givat Ze'ev”. Desde entonces los colonos denunciaron que “es inconcebible que un tribunal judío destruya una sinagoga” (ídem). Para estos sionistas, como ocurre en el mundo musulmán o cristiano con los ´fundamentalistas´, la ley ´divina´ está por encima de las leyes terrenales, que los religiosos observan como insuficientes para consagrar la opresión social y nacional de Palestina. 
 Se trata de una ofensiva en regla que amenaza todo el cuadro de ´acuerdos´ con la Autoridad Palestina, de colaboración entre el sionismo y la burguesía palestina que tolera casi todos los atropellos.
 La tentativa de ampliar la Nakva de 1948 con una nueva y mayor limpieza étnica de Palestina amenaza con potenciar agudamente la inestabilidad de la región, en el cuadro de una guerra internacional.

 Norberto Malaj
 27/01/2023

Lula y CFK, un desencuentro


Finalmente la Vicepresidenta no pudo lograr la foto con Lula Da Silva en su paso por Argentina para asistir a la cumbre de la Celac. CFK debió conformarse, en cambio, con las postales que le regalaron la hondureña Xiomara Castro, el colombiano Gustavo Petro y, por separado, el actual presidente boliviano Luis Arce y su antecesor, Evo Morales, ambos envueltos en un duro choque por la conducción política del gobierno y de su partido, el MAS.
 Las razones que se esgrimieron fueron varias. En principio, la disputa por la sede del encuentro – la Vice exigía que fuera en su despacho en el Senado, Lula ofrecía las instalaciones del Hotel Sheraton, donde se desarrollaba la cumbre. El brasilero acusaba una agenda apretada y razones de seguridad e infraestructura. 
 De fondo, se encuentra la descomposición del gobierno “nacional y popular”, de la que Lula habría intentado zafar. Su anterior visita al país había ocurrido en diciembre de 2021, con motivo del Día de la Democracia, cuando CFK, Alberto Fernández y el entonces candidato en ciernes a la presidencia de Brasil compartieron un acto en una semipoblada Plaza de Mayo. Desde entonces, la crisis política no ha hecho otra cosa que agravarse. En estas horas, el “plan Massa” -como ha dado llamarse la improvisada agenda del ´súperministro´- está naufragando a ojos vista: luego de anunciar la recompra de deuda soberana por 1.000 millones de dólares con el propósito de achicar la brecha entre las cotizaciones oficiales y paralelas, el Banco Central no ha parado de perder reservas y el dólar blue alcanzó su máximo histórico. Al ´mago´ del Ministerio de Economía se le podrían acabar los conejos que alberga en la galera antes de la llegada del otoño, es decir, del inicio formal de la carrera electoral por la presidencia. Según versiones periodísticas, la tentativa por mantener el frente oficial unido explicaría el acompañamiento de las espadas legislativas del Frente Renovador al juicio político a la Corte. Sería el tributo para evitar una ruptura con el ala cristinista, aun al costo de la parálisis del Congreso y el bloqueo de ´leyes económicas´ que venía negociando con la oposición ( blanqueo y otras). “Los principales empresarios del país temen que la precaria política de Massa desbarranque como consecuencia de un alboroto institucional. Se refieren al asedio a la Justicia. Esos hombres de negocios, que tratan de respaldar a Massa disimulando sus carencias, creen que el agravamiento de esa lucha de poderes puede alterar variables sensibles como, por ejemplo, la cotización del dólar paralelo” (La Nación, 26/1).
 El cristinismo observó la cumbre de la Celac como la plataforma de lanzamiento de Alberto Fernández a la reelección. Ningún representante de su tropa se mostró en Retiro. Por el contrario, “Wado” de Pedro se quejó airadamente por haber sido excluido, según su relato, del encuentro de Lula con representantes de Abuelas y Madres de Plaza de Mayo. 
 Lula tiene sus propias razones para evitar el entrevero, más allá de la simpatía personal que se le atribuye hacia Alberto Fernández. Durante las celebraciones por su elección, se calzó la visera con la inscripción “CFK 2023”. Se habría arrepentido de aquella efusividad, que lo embanderaba con una parcialidad del gobierno argentino. Sus asesores le habrían recordado la conveniencia de mantenerse al margen de los traspiés judiciales de CFK: la Vice argentina está acusada de encabezar una asociación ilícita, defraudación al Estado y lavado de dinero. También le habrían refrescado que el Departamento de Estado le bajó el pulgar a la ´embestida´ contra la Corte que encabeza el kirchnerismo, cuando Lula se dedica a tejer vínculos con el Supremo Tribunal de Justicia de su propio país – el mismo que colaboró con la destitución de Dilma Rousseff y luego ratificó la anulación de la condena que lo llevó a él mismo a la cárcel. Para los yanquis, el Poder Judicial ´independiente´ se ha convertido en el último árbitro de las democracias continentales en disolución. Ha tejido los lazos correspondientes para asegurar esa ´independencia´ de acuerdo a sus intereses, como ocurrió con el caso Odebrecht. 
 En un continente convulsionado por las disputas entre Estados Unidos y China, rebeliones populares, crisis políticas, golpes y contragolpes de Estado, incluido el renovado protagonismo de las fuerzas armadas, el desencuentro entre CFK y Lula representa otro episodio de una cumbre marcada por el encubrimiento. 

 Jacyn 
 27/01/2023

La OMS discute el fin de la pandemia


El 27 de este mes, la OMS, volverá a reunirse para discutir “el fin de la pandemia”. Según detallaron funcionarios de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se analizará qué impacto sigue teniendo el virus en la población y en los sistemas sanitarios. 
 Desde febrero del año pasado el número de fallecidos por Covid-19 disminuyó casi un 90% para estancarse en entre 10.000 y 14.000 decesos semanales desde mediados de septiembre. La primera semana de 2023, se notificaron casi 11.500 muertes: el 40% de América, el 30% de Europa y el 30% de la región del Pacífico occidental. 
 Pero China se encuentra atravesando una verdadera catástrofe: al menos 13.000 personas murieron entre el 13 y el 19 de enero. Esta cifra sólo refleja los fallecidos en los hospitales y se suma a los 60.000 muertos desde diciembre, con el fin de la política de Covid cero en el país. En las primeras tres semanas del nuevo año Australia ha registrado 1059 muertes oficiales a causa de Covid, con recuentos semanales de 271, 408 y 380. Superó en estos 21 días a las reportadas en todo el 2020, primer año de la pandemia (WSW, 22/01). Estos datos se encuentran relacionados con el fin de las políticas para enfrentar al Covid en el país. 

 Qué implica la declaración de la OMS 

Declarar el fin de la pandemia implica el cese de la cooperación internacional en cuanto a la urgencia en la distribución de insumos esenciales y, también, de fondos especialmente destinados a reforzar la respuesta ante un evento que amenaza la salud pública más allá del país.. Esto, , en el marco de una feroz lucha por el monopolio del comercio de las vacunas, acicateada por la guerra imperialista. 
 La declaración del fin de la pandemia legaliza lo que ya está sucediendo en el mundo: la política de convivencia con el virus. La inmunidad del rebaño aplicada por los gobiernos capitalistas está provocando la proliferación de nuevas variantes y subvariantes, por las cuales el virus evoluciona de formas más contagiosas. Actualmente surgieron dos nuevas subvariantes de Omicron: Kraken (o XBB.1.5), la más contagiosa hasta el momento según la OMS y Orthrus (CH.1.1), que apunta a convertirse en los próximos meses en una de las cepas dominantes de COVID 19. Mientras tanto se han reducido considerablemente los testeos. Las vacunas bivalentes, que se están aplicando hace 4 meses en el mundo y esta semana llegaron a Argentina, incluyen la cepa original de Wuhan y las cepas de variantes más nuevas como Omicron, BA.4 y BA.5. Pese a que las vacunas son la herramienta más importante para reducir los contagios y la enfermedad grave, las bivalentes podrían ser obsoletas para la reciente variante llamada Kraken.
 Las secuelas que deja el Covid aún se encuentran en estudio, pero algunas investigaciones señalan que alrededor del 10 al 20 % de las personas infectadas por Covid pueden desarrollar síntomas que pueden diagnosticarse como long Covid, o Covid prolongado. Se estima que más de 17 millones de personas en la región europea, pueden haberla experimentado durante los dos primeros años de la pandemia. (OMS, 7/12/2022). Recientes estudios de EEUU demuestran que en los primeros dos años de la pandemia, alrededor del 71 % de las personas que sufrían de Covid prolongado requerían tratamiento médico continuo. 
 El capitalismo decreta un “fin de la pandemia” de acuerdo a sus intereses sociales, antagónicos a los de la mayoría que sigue padeciendo una espada de Damocles sobre su condición sanitaria. Soledad Domínguez 27/01/2023

 Fuentes:
 OMS: https://www.who.int/es, https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
 OPS: https://www.paho.org/es/temas/coronavirus/brote-enfermedad-por-coronavirus-covid-19
 WSW: https://www.wsws.org/ 
 Gavi (alianza mundial para las vacunas): https://www.gavi.org/vaccineswork/long-covid-has-had-brutal-effect-workforce-study-finds
 ONS: https://www.ons.gov.uk/

viernes, enero 27, 2023

Israel: cayó Deri, pero no la "reforma" judicial


El miércoles 18 la Corte Suprema de Israel cuestionó la designación de Aryeh Deri, viceprimer ministro y ministro de Interior y Sanidad, asumido sólo días antes. Deri es la principal figura del partido Shas, el más importante entre las fuerzas religiosas y pieza clave de la nueva coalición ultraderechista. La Corte lo cuestionó por no cumplir ningún “estándar de razonabilidad”: Deri fue juzgado y penado en tres oportunidades por graves delitos fiscales. El domingo 22 Netanyahu tuvo que echarlo. 
 Netanyahu lo hizo “con el corazón encogido y con gran pesar” (sic). Haberlo preservado hubiese conducido a una crisis de poderes explosiva. El propio partido Shas que había amenazado con resistir la destitución la aceptó. El día anterior, una movilización democrática en casi todas las ciudades del país casi dobló la concurrencia que se había registrado una semana antes. El paso al costado de Deri no significa que la coalición ultraderechista-religiosa resigne su plan de reforma judicial: “nada menos que el intento del gobierno de vaciar la Corte Suprema del Estado, dando a la Knesset (el parlamento) la última palabra tanto en la legislación como en el control de las decisiones de los tribunales” (Louis Fishman, Haaretz, 23/1). Se trata de un virtual “golpe de Estado” como se expresó a viva voz en la calle. 
 Si bien Deri sale del gabinete, su partido tiene otros miembros en cargos centrales y es altamente probable que el reemplazante sea alguien del mismo Shas o haya un enroque con otros partidos de la coalición.
 El gobierno quiere avanzar contra viento y marea con el plan de la ´reforma´ y necesita desmovilizar. El sábado 21 la marcha antigubernamental en Jerusalén, la ciudad más importante y llena de religiosos, sumó incluso a sectores de éstos (Haaretz, 22/1).
 La coalición derechista echó lastre para concentrar toda su artillería en la ´reforma´. De ahí que “el nuevo ministro de Asuntos de la Diáspora de Israel, Amichai Chikli, está tratando de restar importancia a los temores de un cambio repentino y drástico de la llamada «Cláusula de los Nietos» de la Ley del Retorno, que establece que cualquier persona con al menos un abuelo judío tiene derecho a la ciudadanía israelí automática” (The Jerusalem Post, 23/1). 
 La coalición sionista-religiosa apunta a reforzar todas las características totalitarias del régimen político, no sólo contra los palestinos sino incluso contra los propios judíos israelíes. Un analista dice que “los conceptos ultranacionalistas y racistas de los miembros del gobierno son la expresión real y flagrante de una emulación del ultranacionalismo etnocéntrico de todo tipo, desde la república polaca antisemita de entre las dos guerras mundiales hasta la Turquía de Erdogan o la Hungría de Viktor Orban” (Dmitri Shumsky, Haaretz, 24/1). 
 La teocratización del Estado sionista apunta a un reforzamiento represivo sin precedentes dentro de Israel. Barrer las prerrogativas de la Corte y recortar los resortes de la justicia implica anular el único contrapeso ´legal´ contra el parlamento unicameral y el gobierno que éste designa: de modo que lo transforma en un poder omnímodo. La Corte y los tribunales podían hasta ahora cuestionar las leyes y/o las decisiones del rabinato. Ahora éste y la Knesset no podrán ser cuestionados. 
 El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, un fascista confeso, agitó el temor de una guerra inminente en Gaza: “En tal escenario, solo hay una solución: fortalecer la policía y establecer una guardia nacional. Ben-Gvir pidió ´duplicar las fuerzas de la Policía Fronteriza, fundar un grupo de trabajo nacional y una rama militar voluntaria nacional y reclutar 10.000 soldados” (Jose Breiner, íd., 24/1). 
 Como se ha señalado, Israel se asemeja cada vez más a los regímenes ´fundamentalistas´ de la región. El sionismo recurre a un nacionalismo teocrático, como nunca lo habían hecho hasta ahora los ´viejos´ sionistas. Estos defendían un principio de Estado secular y la separación del Estado de la religión (Teodoro Herzl). Ahora los religiosos se han enseñoreado del Estado, han activado la “homofobia y buscan activamente influir en la educación pública”. Atacan “las libertades seculares, las leyes que protegen a las mujeres … (promueven) un racismo institucionalizado” (L.Fishman, íd., 23/1). 
 El establishment empresario teme que se “debilite al poder judicial”, alegando que ello podría acarrear “una caída en la calificación crediticia de Israel y una disminución de las inversiones extranjeras” (ídem). Los empresarios del poderoso sector tecnológico israelí se pronunciaron abiertamente contra la ´reforma´ y no impidieron que “sus empleados participen en una huelga de ´advertencia´ de una hora el martes, como parte de la lucha contra el plan de revisión judicial” (íd). Trabajadores de 130 empresas del sector tomaron esa iniciativa “contra el golpe de Estado” (id.). 
 Netanyahu sabe que está en juego su propio pellejo. Según informa el periodista Chen Maanit, “el fiscal general de Israel Gali Baharav-Miara considerará declarar a Netanyahu no apto para el cargo” (íd., 22/1). Netanyahu “está siendo juzgado por fraude, soborno y abuso de confianza en un tribunal de distrito de Jerusalén”. Hace tres años que se le siguen varios juicios. Según Baharav-Miara “está obligado por el acuerdo de conflicto de intereses que firmó hace tres años” a toda una serie de restricciones legales. “Netanyahu —dice el fiscal general—tiene prohibido hacer nombramientos judiciales o involucrarse en asuntos legislativos que puedan afectar su juicio en curso” (ídem). Precisamente, la reforma judicial “tendrá el poder de promover (y/o remover) a los jueces involucrados en el juicio de Netanyahu” (íd.). 
 Se ha abierto en Israel un conflicto de poderes nunca visto. La presidente de la Corte fue oradora central en el acto del sábado. El régimen sionista, que siempre se jactó de una aureola ´democrática´, inviabiliza ahora a la llamada ´división de poderes´. 

 Norberto Malaj 
 26/01/2023

Francia: la reforma jubilatoria y la guerra de la OTAN


El gobierno de Emmanuel Macron ha decidido avanzar con el proyecto de reforma previsional enviando la versión preliminar para su debate parlamentario, a pesar de las grandes movilizaciones en contra. Prevé aumentar los años de aportes -de 42 a 43- y elevar la edad jubilatoria de 62 a 64 para el año 2030. Empezará a ser debatido a partir del próximo 6 de febrero entre los diputados. Las centrales sindicales francesas, por su parte, han ratificado un nuevo paro activo de 24 horas para el 31 de enero.
 El gobierno aún debe conseguir los votos que le faltan para su tratamiento y aprobación, pues en las elecciones parlamentarias de junio pasado perdió la mayoría absoluta. En la actualidad, cuenta con 250 parlamentarios, entre propios y aliados, mientras que la oposición dispone de 327 bancas. Los Republicanos, que vienen de una mala elección, cuentan con 64 diputados y se han mostrado dispuestos a una negociación con el oficialismo. Estos votos le permitirían al gobierno aprobar su proyecto, así sea con reformas. Se especula también con la variante alternativa de una aprobación por decreto del Ejecutivo.
 Todo el proyecto del gobierno francés está justificado en las estimaciones del Consejo de Orientación de las Pensiones (COR), un organismo “independiente”, que señala al sistema previsional como deficitario. El déficit previsto para 2030, sin embargo, no superaría al 3 % del gasto en jubilaciones. Mientras tanto, la deuda externa francesa alcanza el 115 % del PBI. 
 El gobierno ha intentado, mediante algunas “concesiones”, hacer más digerible la reforma, como una suba de las pensiones jubilatorias a 1.200 euros mensuales (el 85 % del salario mínimo). Lo cierto es que dichas pensiones se encuentran por debajo del aumento del costo de vida que han disparado la pandemia y la guerra de la OTAN.
 La austeridad previsional contrasta con los gastos de guerra. Macron ha declarado su intención de incrementar el gasto militar a 400.000 millones de euros para el período 2024-2030, más de un 30 % por encima del aplicado en 2019-2023. “Debemos estar preparados para guerras más brutales y numerosas”, dijo, ante el alto mando militar (WSJ, 20/01). Francia cuenta con 200.000 soldados activos, siendo el ejército más grande de la Unión Europea (UE) y el único que cuenta con armas nucleares. La reforma previsional, por lo tanto, se encuentra atada a la necesidad de sufragar a las necesidades de la guerra mundial. 

 Joaquín Antúnez
 25/01/2023

Los socialistas y el juicio por el asesinato de Fernando Báez Sosa


El juicio por el crimen de Villa Gesell, donde una violenta patota de rugbiers de Zárate asesinó al joven Fernando Báez Sosa, concentra la atención del conjunto del país. 
 En estas horas, cuando exponen sus alegatos los fiscales, querellantes y defensores, el debate jurídico se concentra en una cuestión crucial; a saber, si le corresponde a los acusados la cadena perpetua, y si esa sanción extrema se hará extensiva a todos ellos. Los fiscales y los abogados de la familia de Fernando se han empeñado en demostrar que hubo una acción de patota que actuó con alevosía, y que hubo un plan criminal. Los últimos videos presentados por los querellantes refuerzan el planteo de la alevosía; en cambio, es más controvertida la tesis de una acción planificada. Del lado de la defensa se apuntará a presentar el asesinato como un hecho accidental en los marcos de una pelea entre dos grupos. Los defensores han presentado un conjunto de nulidades y chicanas que, de no prosperar en este tribunal, serán usadas en la apelación a los tribunales superiores. Dentro de unos años, y sin la conmoción popular que hoy rodea al juicio, buscarán lograr que se aminoren las penas que se dicten en primera instancia. 

 Agitación política 

En la agitación política que rodea al juicio, se manifiestan diversas corrientes. La más notoria levanta la consigna “sin perpetua no hay justicia”. Algunas coberturas mediáticas mencionan la sórdida acogida que les esperaría a los futuros condenados en las cárceles. Esta referencia deja en evidencia el estado criminal que prevalece en el Sistema Penitenciario Federal. Algunos observadores periodísticos y judiciales se preguntan “qué va a pasar” si el tribunal no aplica la sanción máxima. ¿Una reforma penal a favor de un endurecimiento de penas? No es en torno a esto que se debate en Dolores, sino a las pruebas que acreditan una posición u otra. Violencias criminales ocurren todos los días, en especial el ‘gatillo fácil’, pero son ocultadas a la opinión pública o desaparecen rápido de las luminarias. Siempre hay “cárcel y bala” para un pequeño ladrón, aunque el punitivismo penal denuncie que hay una puerta giratoria que lo devuelve a la calle. 

 Crimen y Estado

 En un texto enviado al periódico New York Dayly Tribune (1853) Marx señalaba: “Desde Caín el mundo no ha sido intimidado ni mejorado por el castigo”. Enseguida, polemiza sobre el delito con la filosofía alemana, que presenta a la pena como producto de la propia voluntad del criminal. Si éste, decían los hegelianos, ejerce su “derecho” a delinquir, la sociedad, con el castigo, defiende su derecho ´original`. Marx señalará que este punto de vista del delincuente como un “ser libre y autodeterminado”, no es más que una versión refinada de la ley del talión (“Ojo por ojo”..). El que mata, es matado. Y concluirá con esta reflexión: “¿qué estado de sociedad es aquel que no conoce mejor instrumento para su propia defensa que el verdugo y que proclama (…) su propia brutalidad como ley eterna? 
 Esta refutación, por el jóven Marx, del “derecho abstracto” que reivindicaba la corriente neohegeliana, viene a cuento del asesinato de Fernando Báez Sosa. La condena que dictará el tribunal, de acuerdo a cómo interprete las pruebas exhibidas en el debate y la legislación penal vigente, no pondrá fin a las muertes provocadas por patotas. Eso no puede ocurrir en una sociedad en agonía, que celebra sus estertores con una violencia individual y política cada vez más brutal, y con la organización cada vez más sofisticada del delito. Esos estertores se manifiestan en la amenaza nuclear que encierra la guerra de la OTAN contra la Rusia proimperialista, por un lado, y la tensión con China y la mayor parte de los pueblos de la periferia semicolonial, del otro. 
 Como socialistas, nuestra tarea no es jugar de suplentes del tribunal, ni defender una ‘aplicación correcta’ del código penal de los estados capitalistas o el - muchas veces- peor de las burocracias stalinistas y sus sucedáneos. Ese código penal defiende la gran propiedad y el régimen de explotación, y los privilegios de camarillas. Nuestra tarea es desnudar el carácter de clase de esa violencia, como una determinación inseparable de la sociedad en la que se ejerce. Es denunciar también la violencia judicial, en especial la que se organiza en los bastidores, para mantener libres a las grandes corporaciones estafadoras o a las llamadas ‘familias del poder”. El estado actual, tribunal y reo, no puede hacerse un juicio político a sí mismo. 
 El conflicto de relatos del juicio contra el grupo que, con responsabilidades individuales a determinar, asesinó a Fernando Báez Sosa, está condicionado por los procesos que se siguen a Cristina Kirchner. Del lado oficial se describe a un tribunal que debe dictar sentencia apegado a las pruebas; por su parte, el lado ‘destituyente’ reivindica la soberanía del poder judicial y de sus sentencias. El abogado Fernando Burlando ya es presentado como futura compañía electoral de Massa.
 Fernando Báez será victimizado varias veces más todavía para servir al relato de uno y otro. Nuestro lugar, como socialistas, no es el de militar en el concierto estratégico del orden existente, sino enlazar las circunstancias de este juicio a una crisis de alcance general.

 Marcelo Ramal y Pablo Busch
26/01/2023

jueves, enero 26, 2023

Gramsci

 

 Curso de Filosofía Política en el Cabildo 
Clase dictada por Natalia Bustelo 
Miércoles 30 de mayo de 2017

"La Celac mira para otra parte ante la represión en Perú" // Néstor Pitrola

"El plan Massa sale de pista" Editorial de Marcelo Ramal 26 /1/2023

Twitter y el lobby de las farmacéuticas para censurar el reclamo de exención de patentes


En medio del Covid-19. Lobby farmacéutico contra la abolición de patentes 

Una reciente investigación publicada en el portal The Intercept revela las presiones que ejercieron las grandes farmacéuticas sobre Twitter para bloquear contenidos que reclamaran la abolición de patentes para facilitar la producción genérica, masiva y de bajo costo de vacunas contra el Covid-19.
 Según apunta el trabajo, una lobista de Twitter en Europa, Nina Morschhaeuser, informó al equipo de la red social que el gobierno alemán y la firma Biontech (asociada a la norteamericana Pfizer en la producción de una vacuna) la habían contactado para alertarla de una inminente campaña pública en tal sentido. Morschhaeuer pide blindar las cuentas de empresas y directivos de Pfizer, Biontech, Moderna y AstraZeneca, protegiéndolos de mensajes de los activistas. A su vez, llama a monitorear los hashtags #PeoplesVaccine y #JoinCTAP, este último un mecanismo que promovía un acceso igualitario a la vacuna. 
 La investigación del portal norteamericano revela también otras modalidades de presión y lobby de las farmacéuticas. En ciertos casos, con el argumento de enfrentar campañas de desinformación del lobby reaccionario anti-vacunas, se terminaba promoviendo una censura generalizada, incluyendo reclamos para facilitar la recepción de inmunizantes por parte de los países más pobres.
 Estos grupos empresarios hicieron ganancias multimillonarias; son los ganadores de una pandemia que asoló a la humanidad y aún hoy se cobra la vida de más de mil personas por día. La anteposición del lucro privado a la salud de la población ha obstaculizado la lucha contra el Covid. 
 Al negocio de la apropiación de la tecnología para la vacuna se sumó el acaparamiento inicial de las mismas por parte de las grandes potencias, lo que relegó durante meses a los países periféricos.
 No está claro hasta qué punto y en qué medida la red social accedió a los pedidos de los grupos farmacéuticos, pero de los documentos se desprende un contacto fluido entre las partes. El artículo del periodista Lee Fang se basa en algunos textos que ofreció a la prensa el nuevo propietario de Twitter, el multimillonario Elon Musk, probablemente como parte de la puja que sostiene con los ex dueños de la red del pajarito.
 Así como el afán de lucro de los pulpos farmacéuticos conspira contra el acceso a la salud, la libertad de expresión está aprisionada por el monopolio capitalista de los medios de difusión.

 Gustavo Montenegro

Alberto Fernández se reunió con el enviado de Biden


Afianzando lazos con el imperialismo 

 Tras la cumbre de la Celac (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños), el presidente argentino Alberto Fernández se reunió este miércoles 25 con Christopher Dodd, asesor especial de Joe Biden para América Latina, con el objetivo de afianzar las relaciones con Estados Unidos. 
 Aunque aún no trascendieron declaraciones a los medios sobre el contenido de la cita, Fernández está especialmente interesado en destrabar una reunión bilateral que quedó en el tintero con el presidente norteamericano.
 Desde la llegada de Sergio Massa al gabinete, los vínculos con el imperialismo se intensificaron. El ministro tiene llegada a Washington, en particular al asesor Juan González, según ElDiarioAr (24/1), y actúa como correa de transmisión de esos intereses. El kirchnerismo tampoco se quiere quedar afuera: en un intento por mostrarse confiable a los ojos de la Casa Blanca, la vice se reunió el año pasado con el embajador estadounidense Marc Stanley y con la jefa del Comando Sur para la región, Laura Richardson, cuyas recientes declaraciones en torno al interés de la Casa Blanca por el petróleo, el litio y el agua dulce sudamericana levantaron gran polvareda.
 El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, con sus metas de ajuste trazadas desde el organismo y el monitoreo periódico de las cuentas públicas, es la mayor expresión del sometimiento del gobierno argentino al imperialismo.
 Durante la Cumbre de las Américas que se llevó a cabo en junio de 2022 en Los Angeles, Fernández cuestionó la exclusión de Cuba y Venezuela de dicho foro, pero se cuidó de no indisponerse con la Casa Blanca, invitando a Biden a participar del encuentro de estos días de la Celac. Dodd fue finalmente el representante de la Casa Blanca en el cónclave de los presidentes latinoamericanos que tuvo lugar en el Hotel Sheraton. 
 En un gesto de complicidad con el golpe de Estado en Perú, la cumbre de la Celac tuvo entre sus participantes a la canciller del país andino, Ana Gervasi. Esto tampoco es casualidad: el gobierno de Dina Boluarte, que ejecuta una represión policial y militar contra las manifestaciones y bloqueos antigolpistas que ya dejó -según organizaciones de la comunidad peruana- más de 60 muertos, se encuentra firmemente respaldado… sí, adivinaste, por Estados Unidos. 

 Gustavo Montenegro

miércoles, enero 25, 2023

Perú: una dictadura militar, bajo cobertura civil


Más de 60 muertos y un millar de heridos por la represión no lograron amainar las protestas en Perú. Ya son cinco jornadas consecutivas de movilizaciones en Lima reclamando la renuncia de la presidenta Dima Boluarte, quien asumió el cargo tras la destitución de Pedro Castillo en diciembre pasado. Cada manifestación es en sí misma una demostración del enorme arrojo de la población peruana, que enfrenta la represión y las masacres policiales con determinación. El reclamo de renuncia de Boluarte es acompañado por la exigencia de la libertad al ex presidente Castillo, la renuncia de todo el gabinete de gobierno y de todo el Congreso, y la convocatoria a una Asamblea Constituyente. 
 La escalada represiva conoció un nuevo hito con la irrupción de la Policía Nacional en la Universidad de San Marcos el pasado sábado, deteniendo a estudiantes y a decenas de manifestantes provenientes del interior que allí se alojaban. La respuesta popular fue una inmediata convocatoria de la comunidad educativa a movilizarse en todo el país bajo el lema “Universitario de todo el Perú, unido”. También se produjo un fuerte aumento del caudal de movilizados desde las regiones del sur y centro del país hacia la capital, con delegaciones que incluyeron numerosos estudiantes. 
 Distintas organizaciones y coordinadoras peruanas han declarado la huelga general, que se impone a través de más de 180 cortes de las principales rutas del país, en más de 27 provincias. El gobierno denuncia que la extensión de los bloqueos está comenzando a generar desabastecimiento en diversas regiones. Los cortes en el sur, donde se concentran gran parte de las protestas, afectan especialmente la producción minera. En las regiones de Ica y Puno, manifestantes irrumpieron en instalaciones de importantes agroexportadoras exigiendo el cese de la producción. Más de una decena de agroexportadoras decidieron suspender sus actividades. La parálisis de la Central de Trabajadores se vio superada por las autoconvocatorias y coordinadoras y, finalmente, la CGTP se limitó a convocar a un paro nacional que no aún tuvo continuidad. 

 La crisis en el gobierno 

El gobierno de Boluarte cuenta con un único recurso para enfrentar la situación, que es la actuación de las fuerzas represivas. En los últimos días se dio a conocer la compra oficial de 665.000 equipos antimotines (granadas, gases lacrimógenos, balas de goma, etc). Pero la represión, hasta hora, sólo cumplió el papel de echar más combustible al fuego. 
 El mes pasado el Congreso aprobó el adelantamiento de elecciones para abril del 2024, en lugar de la vigencia actual del mandato que vencería en 2026. Al tratarse de una reforma constitucional, requiere ser ratificada en segunda votación, en la siguiente sesión parlamentaria. El gobierno decidió adelantar esta segunda sesión para el 15 de febrero, debido a que el aumento constante de las protestas en las calles hace su situación cada vez más insostenible. El fiujimorismo se opuso a este adelantamiento por el temor a sesionar en medio de un mar de protestas. 
 De todas maneras, las fuerzas que apoyan el proyecto de adelantamiento electoral estiman que ya no cuentan con los votos necesarios para su aprobación –los dos tercios. Las fuerzas de centroizquierda abogan para que el adelantamiento electoral se realice este año, y convocar una Asamblea Constituyente. Estas propuestas, sin embargo, tampoco lograrían un consenso en el Congreso por el momento. 
 Con la legislación actual, el Congreso no puede hacer que se vaya Boluarte por vía electoral sin que con ella se vayan también todos los legisladores. Es decir, una renovación completa del Ejecutivo y del Parlamento. Por eso, están en carpeta una serie de reformas constitucionales que apuntan a la bicameralidad y a la renovación parcial de los parlamentarios. Las fuerzas derechistas buscan también acortar el mandato del Tribunal Supremo Electoral. Pero las sesiones del Congreso vienen fracasando en hacer aprobar cualquier reforma en las últimas semanas. El mayor temor de las fuerzas del régimen es que naufrague el proyecto de adelantamiento electoral. 
 El diario La República de Perú concluye que “la salida a la crisis política se complica y el único camino legal que queda, para que se vayan todos, es la dimisión de Boluarte y que su sucesor convoque a un proceso electoral de inmediato”. El sucesor de Boluarte, el derechista José Williams, es más cuestionado que la actual presidenta. 
 Por su parte, el periódico El Comercio reclama a los legisladores que ratifiquen el adelantamiento de elecciones que aprobaron en primera votación. Lo más probable es que el Congreso no logre reunir nuevamente los votos necesarios para ratificar el adelantamiento electoral del 2024. El Comercio sostiene que con esta variante “en las actuales circunstancias, las consecuencias serían impredecibles”. De no aprobarse el adelantamiento electoral, la renuncia de Boluarte se tornará inevitable. Sin un adelantamiento electoral, el gobierno perderá la posibilidad de jugar un papel de transición; no puede quedar hasta 2026. 
 Una corriente de analistas políticos concluye que sólo queda mayor firmeza de parte del gobierno actual. Reclama a la presidenta remover todos los vestigios del gobierno de Castillo del Estado y asegurar un poder firme. 
 El fujimorismo baraja otra salida. La congresista de derecha Maricarmen Alva sostuvo que “es momento para que saquen al Ejército a las calles” –un estado de sitio “en el marco de la democracia”. “Sí bien estamos en estado emergencia, el problema que no han salido las Fuerzas Armadas a las calles a apoyar realmente a la policía”, sostuvo la congresista.
 El desarrollo de un doble poder, mediante la formación de comités en todas las regiones y ciudades, es el desafío fundamental del momento. Es fatal cualquier expectativa de dirección en la CGTP. La insurrección indígena y campesina plantea esa organización. 

 El Be 
 24/01/2023

Celac: el cierre sin gloria de una “cumbre” dividida y paralizada


La pomposa declaración de ¡100 puntos! aprobada por la CELAC en su jornada de cierre no pudo disimular la crisis política vertebral que atraviesa al continente, en el marco de una guerra internacional y del agravamiento de todos los antagonismos imperialistas. 
 Uno de los mayores desaciertos de esa declaración final es caracterizar al continente como “Tierra de Paz”, una afirmación que pretende oponer a América Latina al escenario de la guerra, para postularla, enseguida, como reservorio de alimentos, minerales o energía (otra de los puntos de la ´declaración´). 
Los mandatarios omitieron, así, a la monumental puja desatada en el continente en torno del acaparamiento de esos recursos naturales. Esa pelea, extremamente agravada por la guerra, enfrenta todo el tiempo a los intereses de Estados Unidos con los de China en el continente. En México, López Obrador ensaya un equilibrio imposible entre la articulación de México con el Norte, por un lado, y las relaciones tejidas con el gigante de Asia, del otro. En la misma línea, el derechista Lacalle Pou se quejó del carácter “ideológico” de la Cumbre, tal vez para justificarse él mismo por los acuerdos que anuda su gobierno con la ´comunista´ China. Los mandatarios fingieron ignorar ese escenario convulsivo, que conduce a golpes y crisis políticas recurrentes, para reivindicar en cambio el principio estéril de la ´no intervención´ entre países y de unos poderes del Estado sobre otros, justamente en momentos en que se han barrido todas esas fronteras. Para demostrarlo, estuvo la propia cumbre y su anfitrión: Fernández no pudo asegurar que la visita de Maduro no culminara en una detención del venezolano ordenada por la justicia argentina, lo que hubiera devenido en una crisis internacional mayúscula. La declaración final saluda al “proceso de diálogo y negociación” entre el gobierno de Maduro y la Plataforma Unitaria (oposición) venezolana. Ese saludo diplomático omite, por un lado, a la extorsión económica del imperialismo sobre el país bolivariano y, del otro, al papel regimentador y represor del chavismo en descomposición sobre la clase obrera de su país. 
 El documento reclama “el levantamiento del bloqueo a Cuba”, una petición largamente reiterada y fracasada por parte de las burguesías continentales que comenzaron a reunirse en los años 80 para promover la “integración” de la isla al régimen económico y político del continente. Para los gobiernos de la región, esa asimilación representó siempre una vía de neutralización de la revolución cubana; hoy, se trata de borrar todo vestigio de aquella experiencia para atenazar a las masas a un nacionalismo continental que, en cualquier caso, se encuentra en completa crisis. La fase “dorada” del ascenso de los precios de las materias primas ha culminado hace rato – lo que domina el escenario continental es el peso monumental de las deudas externas, que condiciona a la región en su conjunto. Sobre este punto, el documento final sólo presentó una súplica, en favor de un rescate financiero internacional.
 El documento final optó por la diplomacia y la impostura para referirse a la degradación social del continente. Pide una “migración segura, ordenada y regular,“ como si ello pudiera serle exigido a la masa pauperizada de Centroamérica que hoy protagoniza esa gran crisis humanitaria. El planteo de “orden y regularidad”, en cambio, suena como un traje a la medida de las pretensiones de Biden, que deporta al 70% de los migrantes con diversos bloqueos burocráticos. El documento se pronuncia “contra la precarización laboral que viven los jóvenes”, una forma de presentar a la degradación del trabajo como un “problema” de la nueva generación, en un continente donde la precarización ha avanzado a través de ´reformas laborales´ (Bolsonaro) y, alternativamente, de la liquidación de los convenios y de la llamada ´economía popular´, como ocurre en Argentina.
 En medio de la brutal represión en Perú, la cumbre se guardó de cualquier reproche o censura al gobierno de Boluarte. Según la prensa, la cuestión fue debatida entre bastidores, y el reclamo por la libertad de Castillo fue abandonado a partir del rechazo de Lula y la diplomacia brasieña. La cumbre, así, aseguró su silencio y connivencia para con la represión en Perú. 
 La CELAC fue una gran operación de encubrimiento de la crisis continental. Su propio desarrollo, sin embargo, no pudo evitar del todo convertirla en un escenario -deformado- de esa crisis. 

 Marcelo Ramal 
 25/01/2023