sábado, julio 31, 2021
Miguel Enríquez: a 46 años de su último combate
Después de un nutrido intercambio de disparos, el secretario general de MIR cayó en combate. Carmen Castillo, gravemente herida, sobrevivió, pero perdió al hijo que esperaban con Miguel. La dictadura festejó el asesinato como uno de sus mayores triunfos, hacía poco más de un año que había derrocado al gobierno de Salvador Allende.
Miguel Enríquez se había integrado a la vida política a partir de su militancia universitaria a comienzos de 1961. Su primer contacto será con el Partido Socialista, en la Universidad de Concepción. La ruptura, sin embargo, llegará pocos años después, y a partir del Congreso de Unidad Revolucionaria, celebrado en agosto de 1965, será el actor central del naciente Movimiento de Izquierda Revolucionaria.
La llegada al gobierno de Allende en noviembre de 1970 aumentará las tensiones entre los integrantes del MIR y la Unidad Popular. El debate sobre la estrategia a seguir para la construcción del socialismo en Chile marcaba la pauta. Para la fuerza conducida por Miguel Enríquez la consigna de la etapa era “luchar, crear, poder popular”.
Desde fines de los 60’ y principios de los 70’, el MIR comenzará a desarrollar una política de acercamiento y colaboración con otras organizaciones político-militares de la región, como el PRT-ERP de Argentina, el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros de Uruguay, y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Bolivia.
Puesto en marcha el golpe de Estado contra Allende, el 11 de septiembre de 1973, Miguel Enríquez ofrecerá la participación del MIR para sacar al presidente del Palacio de la Moneda, ponerlo a salvaguarda, y que desde la clandestinidad conduzca la resistencia contra la dictadura de Pinochet. La respuesta de Allende, que llegará por intermedio de su hija Tati, será contundente: “Ahora te toca a ti, Miguel”.
El MIR junto a sectores de la Unidad Popular intentará resistir al golpe. Los esfuerzos se concentrarán en los cordones industriales, particularmente los de Santa Rosa, Vicuña y San Joaquín. Miguel pasará a la clandestinidad, negándose en todo momento a abandonar Chile. En la calle Santa Fe librará su último combate.
Notas - Periodismo Popular
4 octubre, 2020
Miguel Enríquez y el desafío de las nuevas generaciones
Nuestra América vive un tiempo nuevo. El régimen chileno, mitad neoliberal, mitad pinochetista, cruje. La resistencia crece. Y toda resistencia se fortalece y consolida en la medida en que aprende de su propia historia. Nada mejor, entonces, que recuperar enseñanzas para los tiempos porvenir.
Miguel Enríquez [1944–1974], como tantos otros militantes de Nuestra América, constituye una de las principales fuentes de inspiración para las nuevas rebeldías. Hijo político del Che Guevara y, por eso mismo, hermano de nuestros Mario Roberto Santucho, John William Cooke, Alicia Eguren y Daniel Hopen; Miguel pertenece a esa gloriosa familia continental que también integran Luis Emilio Recabarren, José Carlos Mariátegui, Julio Antonio Mella, Farabundo Martí, Fidel Castro, Carlos Fonseca, Roque Dalton, Carlos Marighella, Fabricio Ojeda, Silvio Frondizi, Rodolfo Walsh, Turcios Lima, Inti Peredo, Tamara Bunke, Raúl Sendic, Camilo Torres, Raúl Pellegrín y Cecilia Magni, entre muchísimos más.
Que el recuerdo de su caída sirva no sólo para rememorarlo con cariño y orgullo en su querido país — hoy en plena ebullición popular, tras medio siglo de neoliberalismo — sino también para aprender de él, de su pensamiento, de su ejemplo y de su lucha en toda Nuestra América y el mundo.
Un joven rebelde que interviene sin pedir permiso
Miguel vivió la lucha revolucionaria de su pueblo como un joven rebelde. No solamente por su corta edad sino además por su mente abierta, su antiimperialismo visceral y su desafío de las jerarquías establecidas.
Su vida política juvenil fue meteórica. Vivió joven y, lamentablemente, murió joven. Apenas había cumplido los 30 (treinta) años cuando la muerte en combate lo encontró dignamente donde tenía que estar. Del lado del pueblo, de cara al enemigo, enfrentando la dictadura contrainsurgente del general Pinochet, quien inauguró — Milton Friedmann mediante — el neoliberalismo a escala mundial. Incluso antes que la Inglaterra de Margaret Thatcher y los Estados Unidos de Ronald Reagan.
¡Sí, Miguel tenía apenas treinta años! Parece mentira. — No olvidemos que Julio Antonio Mella, el fundador del primer partido comunista cubano, fue asesinado en su exilio mexicano cuando apenas tenía 25 años… — . Y pensar que ya a esa edad había desarrollado todo un pensamiento teórico propio y una acción política encaminada a concretarlo.
Deberían tenerlo en cuenta algunos ex-revolucionarios, arrepentidos o quebrados, cansados de luchar y de confrontar, que apelando a su prestigio del pasado hoy se pliegan al poder subestimando con soberbia a las nuevas generaciones de militantes rebeldes que en el Cono Sur de Nuestra América y en otras latitudes se están formando con el objetivo de sembrar la simiente de una nueva y futura oleada revolucionaria. Esos mismos que, tan lejanos de la humildad de Miguel Enríquez y de Robi Santucho, de Fidel y el Che, de Sendic y Marighella, en lugar de acompañar a las nuevas generaciones en la recuperación de la tradición revolucionaria “olvidada”, de alentarlas en la rebelión contra el sistema imperialista y en el rechazo de sus múltiples estrategias contrainsurgentes — las “duras” y las “blandas” — , de transmitirles la experiencia del pasado — incluso si fue derrotada — , están más preocupados por lustrar su propio ego y exaltar su propio ombligo.
La tarea urgente de nuestros días presupone revertir lo que el genocidio de las dictaduras militares — y las metafísicas “post” que las sucedieron durante las décadas subsiguientes en el campo de las formaciones ideológico-políticas — intentaron implementar: el olvido sistemático de las insurgencias y la “deconstrucción” de identidades antimperialistas y anticapitalistas en los movimientos juveniles del continente. Si a comienzos del siglo XX ser de vanguardia implicaba romper con todo pasado y toda tradición, actualmente, en el siglo XXI, después del genocidio y las metafísicas “post” — postestructuralismo, posmodernismo, posmarxismo, estudios postcoloniales, etc. — , no hay nada que sea políticamente más urgente y radical que recuperar la tradición revolucionaria olvidada y superar el vacío artificialmente inducido entre aquella generación de Miguel Enríquez y la actual.
En el año en que se funda el Movimiento de Izquierda Revolucionaria-MIR de Chile, Miguel Enríquez tenía 21 años. Cuando se convierte en su secretario general contaba con 23. Su hermano argentino, Mario Roberto [“Robi”, “el negro”] Santucho, tenía 29 años cuando se funda el Partido Revolucionario de los Trabajadores-PRT y apenas llegaba a 40 cuando muere a manos del Ejército argentino. Ernesto Guevara ni siquiera había cumplido los 40 cuando fue asesinado, desarmado y a sangre fría, por el Ejército boliviano bajo órdenes de la CIA en La Higuera, Bolivia.
El doble desafío — de Lenin y Gramsci en clave latinoamericana —
La práctica política del MIR y de Miguel Enríquez ubicaron en el centro del debate la doble tarea que los movimientos revolucionarios tienen por delante si pretenden lograr eficacia en su accionar contra el imperialismo capitalista como sistema mundial: crear, construir y desarrollar la independencia política de clase y, al mismo tiempo, la hegemonía socialista.
Una de las grandes enseñanzas políticas de Miguel Enríquez y de todos aquellos y aquellas que entregaron su vida por el sueño más noble de todos los que podamos imaginar, la creación del socialismo, es que hay que combinar ambas tareas. No excluirlas sino articularlas en forma complementaria y hacerlo de modo dialéctico, si se nos permite el término — que ha sido vituperado y denostado a rabiar por las metafísicas “post” e incluso por los neokantianos que en nombre de la Ilustración nos invitan a resucitar el reformismo oxidado del abuelo Eduard Bernstein y su nieto vergonzante, el eurocomunismo — .
Es decir, que nuestro mayor desafío consiste en ser lo suficientemente claros, intransigentes y precisos como para no dejarnos arrastrar por los distintos proyectos imperialistas y mercantiles en danza — sean neofascistas o se disfracen de “tolerantes” y “progresistas” — pero, al mismo tiempo, tener la suficiente elasticidad de reflejos como para ir quebrando el bloque geopolítico de poder del capital y sus alianzas, mientras vamos construyendo nuestro propio espacio de poder, antimperialista y anticapitalista. Al interior de cada sociedad y cada país pero apuntando hacia una perspectiva integradora, de escala y alcance continental. Y eso no se logra sin construir alianzas contrahegemónicas con las diversas fracciones de clases explotadas, pueblos oprimidos y movimientos antisistémicos, articulando en un horizonte común el arcoíris multicolor junto a la bandera roja, símbolo del proyecto más radical que la humanidad ha podido crear hasta el momento.
No confiar en el imperialismo «pero… ni un tantito así»
Miguel Enríquez y sus compañeros y compañeras también contribuyeron a esclarecer la necesaria e íntima imbricación entre las luchas populares de los movimientos sociales latinoamericanos — desde las reivindicaciones más elementales que laten en las poblaciones, villas miseria, favelas y cantegriles hasta las más elevadas como la lucha continental por el socialismo — con la cuestión del antiimperialismo.
Ese pensamiento tan característico de Miguel Enríquez también resulta aleccionador y goza de abrumadora actualidad para los debates teóricos y políticos contemporáneos. Tanto frente a quienes reducen las luchas latinoamericanas actuales únicamente a la contradicción entre imperialismo y nación — negando cualquier otro tipo de contradicciones en el medio — como frente a quienes, en el polo opuesto, pretenden enterrar por decreto filosófico posmoderno la existencia de la dependencia, del imperialismo y de su dominación guerrerista y genocida.
Un buen ejemplo de la primera posición lo constituyen aquellas corrientes que apoyan el actual proceso de lucha y resistencia antiimperialista de Venezuela bolivariana, pero tratando por todos los medios de frenar y moderar hasta el límite dicho proceso, de “aconsejar”, primero a Hugo Chávez y luego al presidente Nicolás Maduro, que lo mejor sería de aquí en más optar por la estrategia de una supuesta “tercera vía” — ni capitalismo neoliberal ni tampoco socialismo — . Como el término específico “tercera vía”, popularizado por el sociólogo británico Anthony Giddens en su libro de 1999 La tercera vía. La renovación de la socialdemocracia cayó ya en descrédito, se utilizan otras denominaciones y rótulos, pero con idéntico contenido. — Cabe aclarar que Giddens no inventó nada, sólo un nombre, pero el contenido de su propuesta y su “programa” tiene como mínimo un siglo de existencia — .
Un ejemplo sumamente expresivo del otro polo de la ecuación lo constituyen aquellos que, seducidos por la promoción mediática de libros como Imperio (2000) de Negri y Hardt — y otros autores menos difundidos como los anglosajones Bill Warren, Nigel Harris y John Weeks, etc.— , creen ilusoriamente que hoy las identidades nacionales, las banderas históricas y las tareas antimperialistas se encuentran caducas, se han tornado inservibles y están démodé pues pertenecerían al museo arqueológico de los dinosaurios de la izquierda tercermundista. Supuestamente hoy habitaríamos un mundo “poscolonial”, plano y homogéneo, donde todos los estados-naciones serían equivalentes, en tanto “narrativas” ficcionales basadas en el “mito del origen”. — Curiosamente ninguna bandera nacional tendría vigencia, con excepción de la estadounidense de las barras y las estrellas, que en las películas de Hollywood — consumidas, según Fredric Jameson, por el 90% del público mundial — aparecen hasta en la sopa — .
Lejos de haber quedado aprisionado en las páginas amarillentas de una antigua enciclopedia o un libro viejo de historia, el pensamiento político de Miguel Enríquez nos enseña — no sólo a las hermanas y hermanos chilenos sino a todas y todos los latinoamericanos — que no habrá “democracia radical” ni democracia sustantiva, ni socialismo ni autodeterminación nacional duradera sino se lucha y confronta al mismo tiempo contra el imperialismo en sus mútiples caras y caretas. Este último sigue existiendo, está vivito y coleando a pesar de su crisis sistémica multidimensional y su ocaso crepuscular, y cada día, más allá de la frivolidad de la literatura posmoderna y posestructuralista a la moda, se vuelve más agresivo y guerrerista que nunca antes en la historia. — El reciente ataque al Capitolio en Washington y las escandalosas elecciones estadounidenses no son una simple anécdota “color” de una novela de las tres de la tarde sino el síntoma de una crisis medular extremadamente profunda — .
¿Burguesías progresistas? ¿Capitalismos nacionales?
Miguel Enríquez, siguiendo fielmente las enseñanzas del Che, siempre descreyó del “progresismo” discursivo de las burguesías vernáculas y de su supuesta capacidad para enfrentar realmente al imperialismo. Él había llegado a la conclusión, como muchos de los compañeros y compañeras de su generación, que las burguesías autóctonas de Nuestra América son parte funcional del engranaje mundial de dominación, aun cuando utilicen los fuegos de artificio verbales, seudo nacionalistas y seudo democráticos, para institucionalizar las protestas y neutralizar toda rebelión radical.
Enfrentando ideológicamente a quienes se proponían tejer alianzas con la burguesía “nacional” y sus expresiones institucionales, Miguel creía que los sujetos de las transformaciones sociales latinoamericanas pendientes no podían ni debían ser los “empresarios buenos”, aquellos que producen, por oposición a los “empresarios malos”, los que especulan. No hay capitalismo bueno y capitalismo malo, capitalismo con rostro humano y capitalismo con cara monstruosa. Hay capitalismo. Hay imperialismo. Ambos son partes de un sistema mundial, plagado de asimetrías y dependencias, superexplotación, desarrollo e intercambio desigual, geopolíticas de guerra y opresión de la gran mayoría de la humanidad por un puñado restrigido de firmas y empresas, protegidos por estados imperialistas — para quien crea que las líneas precedentes constituyen una descripción “romántica” de nostalgia izquierdista, completamente desactualizada, sugerimos consultar el libro de 2016 del marxista británico John Smith: Imperialism in the Twenty-First Century. Globalization, Super-Exploitation, and Capitalism’s Final Crisis [El imperialismo en el siglo XXI: globalización, superexplotación y crisis final del capitalismo. 2016, New York, Monthly Review Press. Se puede descargar gratis en inglés de la web].
Néstor Kohan | 19/02/2021 |
La Tiza (Cuba)
https://medium.com/la-tiza/miguel-enr%C3%ADquez-y-el-desaf%C3%ADo-de-las-nuevas-generaciones-95b9aeaacd72
viernes, julio 30, 2021
Sobre el negacionismo y antisemitismo de la candidata y funcionaria Sabrina Ajmechet
La viralización de los tuits negacionistas, antisemitas y despectivos de Sabrina Ajmechet, quién será candidata a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires en la lista de Juntos por el Cambio y actualmente es secretaria de Investigación, Desarrollo e Innovación de la Unicaba, generó una fuerte polémica y despertó amplio repudio en las redes sociales.
En los mismos Ajmechet toma una posición proimperialista contra la soberanía de la Argentina en las Islas Malvinas. Publicó en 2012 que “Las Malvinas no existen. Las Falkland Islands son de los kelpers», «la creencia en que Las Malvinas son argentinas es irracional, es sentimental. Los datos históricos no ayudan a creer eso”. Eso generó una crisis que golpeó a la interna de Juntos por el Cambio, y tuvo que salir a pedir disculpas públicas a los excombatientes de Malvinas.
No se retractó, sin embargo, de sus declaraciones negacionistas al decir que con el recuerdo de La Noche de Los Lápices se intentó mostrar a los estudiantes detenidos y desaparecidos el 16 de septiembre del ’76 en La Plata como «perejiles», cuando lo que hicieron los militares fue «un operativo contra un grupo montonero». Una justificación del terrorismo de Estado y la represión al movimiento estudiantil, mientras este se manifestaba en defensa de su derecho a estudiar. En la misma tónica, de discriminación y desprecio antisemita: «haga patria, mate un judío».
Es una funcionaria educativa enemiga de los y las estudiantes, al punto de tuitear también: «desperdicié la oportunidad de atropellar a un grupito de estudiantes del Pellegrini». Precisamente por eso Sabrina Ajmechet fue designada a dedo por Larreta entre las autoridades de la Unicaba, creada con el fin de avanzar en un progresivo desgranamiento en la matrícula y destrucción de los 29 profesorados de formación docente. Llamamos a todo el movimiento estudiantil a exigir la renuncia inmediata de Ajmechet y a seguir la lucha junto a la docencia por la derogación de la privatista Unicaba.
De todas maneras, el ajuste y la privatización de la educación, la represión a la juventud, y la entrega de la soberanía nacional es hoy una política de Estado, que comparten con Larreta el presidente Alberto Fernández y su ministro Nicolás Trotta, Kicillof y el represor Sergio Berni, y todo el elenco de quienes se sucedieron en el poder en estas últimas décadas. Lo que los une es la profundización del hambre y la miseria de la población para ajustar el gasto en función de pagarle la deuda al FMI. Las listas del Frente de Izquierda Unidad, por el contrario, están integradas por luchadoras y luchadores estudiantiles y docentes que defendemos día a día la educación pública, contra todos los gobiernos.
Tatiana Fernández Martí
Presidenta del CENBA/ candidata del FIT-U en CABA
Ganancias récord para las farmacéuticas, sufrimiento para las masas
Cables informativos de los últimos días señalan que la farmacéutica norteamericana Pfizer, asociada a la alemana BioNTech en la fabricación de una vacuna contra el Covid-19, actualizó al alza sus proyecciones de ingresos y ganancias para el 2021. Estima una facturación de 33.500 millones de dólares para fin de año y solo en el segundo trimestre obtuvo ganancias por 5.600 millones de dólares, un 59% más que en el mismo período del año precedente (La Nación, 29/7). Estos números podrían ser aún mayores, dado que después de este balance la firma realizó un nuevo acuerdo con Estados Unidos por otras 200 millones de dosis (Estrategias de Inversión, 30/7).
En el resto de las compañías, también celebran. La británica-sueca AstraZeneca reportó ganancias por 1.169 millones de dólares en el primer semestre y “un incremento neto de sus beneficios de un 42% con respecto al año pasado” (AM 750, 29/7). El puñado de empresas que comercializan los inmunizantes “podrían ganar hasta 115.000 millones de dólares en ventas este año si alcanzan las metas de producción”, de acuerdo a una consultora británica (La Nación, 27/5).
Según una investigación del Imperial College de Londres, empresas como Pfizer y Moderna tienen un costo de producción que oscila entre los 60 centavos y los 2 euros por unidad (RFI, 29/7), pero venden sus vacunas a los Estados por entre 18 y 37 dólares (BBC, 15/12/20). El mecanismo Covax, creado para el abastecimiento de las naciones menos desarrolladas, paga un sobrecosto de cinco veces respecto a los costos de producción, según la denuncia de la ONG Oxfam (RFI, ídem).
Estos sobreprecios y márgenes de ganancias por parte de los monopolios farmacéuticos, en medio una catástrofe social que ha causado 4 millones de muertes y 200 millones de infectados, además de todo tipo de padecimientos sanitarios y económicos para las masas, se vuelven aún más inauditos si se considera que el grueso de las investigaciones para acceder a la vacuna se hicieron con fondos públicos. Según el artículo ya citado de la BBC, los gobiernos aportaron 8.600 millones de dólares, las ONG casi 1.900 millones, y las empresas apenas 3.400 millones. En el caso de las de Johnson & Johnson y Moderna, se hicieron casi íntegramente con financiamiento público. Y en el de Pfizer y AstraZeneca, el aporte público es mayoritario.
Como las investigaciones son costosas, los resultados inciertos y muchos países no cuentan con fondos para comprar las vacunas, los laboratorios tienden a escapar de este tipo de inversiones y a concentrarse en la venta de medicamentos, sobre todo aquellos que deben ser administrados diariamente, que crean una suerte de demanda cautiva e inelástica. Pero una vez que el Estado pone los fondos, las empresas aparecen en las últimas fases del proceso para cosechar los réditos.
A los fabulosos negociados de los laboratorios, hay que añadir el acaparamiento de las vacunas por parte de las principales potencias. Mientras que Estados Unidos y Alemania ya tienen inmunizada con dos dosis a la mitad o más de su población, Túnez -el país más adelantado de Africa en la materia- solo ha vacunado al 8%. Angola, al 2%; Senegal, al 1.6%; Afganistán, al 0.6% (Our World in Data). Estas disparidades prolongan la enfermedad en el tiempo y permiten que el virus siga mutando. Una pandemia, por definición, exige una solución de características globales, por lo que no sirve que cada país se encierre sobre sí mismo.
Finalmente, están las cláusulas de indemnidad con la que los laboratorios se protegen, como las que ha aceptado el gobierno argentino, quien confeccionó un DNU a la medida de Pfizer (empresa que encontró en Juntos por el Cambio a un gran lobbista). Y las demoras en las entregas, que en nuestro país envuelven tanto a AstraZeneca como a la Sputnik V.
Con su lógica, que antepone la rentabilidad a la salud de las masas, el capitalismo es incapaz de enfrentar eficazmente el Covid-19. Es necesaria la abolición de patentes y la estatización de la industria farmacéutica bajo control de sus trabajadores, como parte de un paquete de medidas que incluya también la centralización del sistema de salud, el aumento de su presupuesto, la adopción de los protocolos y medidas de restricción social que resulten necesarios, la formación de comisiones de seguridad e higiene en barrios y lugares de trabajo para garantizarlo, y la prohibición de despidos mientras dure la pandemia, más un seguro al desempleado e informales para que puedan sobrellevar el aislamiento.
Gustavo Montenegro
La bajante del río Paraná
La histórica bajante que registra el río Paraná ya es definida por la asociación de abogados ambientalistas como un holocausto ambiental. Esta situación desesperante en la que se encuentra el río coloca en la agenda política un problema que lejos de circunscribirse a una cuestión menor, netamente ambiental o de simples pérdidas económicas y de infraestructura, pone en tela de juicio los modos de producción capitalista en los Estados que tienen primarizadas sus economías y en su relación con el mercado mundial.
La deforestación indiscriminada de sectores como el sojero y ganadero; la proliferación en las últimas décadas de la minería a cielo abierto tienen una relación directa con este presente catastrófico, en el que la tendencia marcada es a la sabanización de los ecosistemas. En esto no existe grieta alguna entre los gobiernos de diferente pelaje en la región.
Sin grieta
En el año 2019 se arrasó con millones de hectáreas del Amazonas mediante incendios promocionados por el propio Bolsonaro, para expandir la “frontera agrícola” a costa de la selva-pulmón del planeta. Estos incendios aumentaron al año siguiente y por estos días comenzarán a verse nuevamente.
De estos bosques amazónicos que se queman dependen nuestros ríos. Para quien no lo sepa, es en el Amazonas donde se generan los llamados ríos voladores que producen las lluvias de invierno en el cono sur; el río Paraná se hace más intenso con las precipitaciones causadas por los ríos voladores. Hasta el río de la Plata tendría cierta estacionalidad si estos ríos voladores desaparecieran. Hoy esas lluvias son más escasas, esos ríos voladores están desapareciendo con el bosque nativo y se está poniendo en jaque no sólo la biodiversidad y el agua dulce, también la energía eléctrica que se genera en represas como Yacyretá. Pero incluso en la Patagonia se ha declarado una cínica ´emergencia hídrica´ como resultado de esta calamidad. Son siete las provincias afectadas por la bajante del Paraná.
Es de vital importancia aclarar, por si hay distraídos, que la política de quemar bosque nativo para recaudar dólares no es sólo una pasión bolsonarista: en el mismo momento que se quemaba el Amazonas también ardía la chiquitania en la Bolivia aún gobernada por Evo Morales y un año más tarde (2020) ardían bosques de provincias argentinas, como Santa Fe, Córdoba y Chubut, entre otras. Como se puede ver, se trata de una cuestión estructural en las economías de la región y en el lugar que ocupan en la economía mundial.
Chanchos y salmones
Desde el año pasado, frente a la necesidad de juntar dólares para cumplir con los vencimientos de deuda externa, el gobierno de Fernández viene insistiendo con una mayor primarización de la economía. Las granjas porcinas chinas y la industria del salmón picaron en punta para este cometido. Sin embargo las granjas son resistidas por los sectores ambientalistas y la segunda tendrá que esperar su arribo al país tras la prohibición de la cría de salmón por parte de la legislatura de Tierra del Fuego. De instalarse el capital chino con sus granjas porcinas en el país nos convertiremos en potenciales exportadores de futuras pandemias.
Fin de un mundo enfermo
Es en este cuadro que el gobierno nacional declara la emergencia hídrica, Una emergencia en forma de subsidios al capital que no resuelve ningún problema "hídrico" y mucho menos ambiental. Vale aquí citar los lineamientos para la campaña electoral presentados por el compañero Jorge Altamira:
"La potenciación social de la humanidad en las condiciones capitalistas se desarrolla a la par de la destrucción de su medio natural de sustentación. A medida que se acentúan las dificultades de la reproducción capitalista, las tendencias depredadoras se intensifican. El mundo asiste a una fenomenal degradación del suelo y la destrucción de la biodiversidad"
Un régimen social agotado es incapaz de preservar sus recursos naturales, está agotado porque sus bases, sus relaciones sociales de producción están agotadas y no tienen más que ofrecer a los explotados sólo destrucción, hambre y muerte. Sólo la clase obrera en el poder puede torcer el rumbo de la historia y ofrecer a la humanidad sustentabilidad ambiental a la hora de producir.
Ezequiel Saulo
30/07/2021
El copamiento inmobiliario del Río de la Plata
Desde hace años, la empresa IRSA quiere construir un barrio náutico de lujo sobre el río, en la Costanera Sur, en el predio que antes perteneció a la ex Ciudad Deportiva de Boca. Sobre 23 hectáreas que compró por chaucha y palito hace 20 años, los Elzstain quieren levantar un barrio que hará palidecer los lujos de Puerto Madero. IRSA es la más grande de las constructoras argentinas, la única que cotiza en la Bolsa de Nueva York y campeona en lograr “excepciones” al Código Urbano para sus desarrollos inmobiliarios.
El proyecto menciona 17 torres de 145 metros de altura -más de un millón de m2 de construcción- con “espejos de aguas internos” que permitan llegar en embarcación. Esto no solo significa avanzar sobre el río y los canales de la Reserva Ecológica. Además, el loteo incluirá, por primera vez en la historia de la Ciudad, a las aguas costeras del Río de la Plata. El barrio limita con la villa Rodrigo Bueno, la Reserva Ecológica y la Central Térmica Costanera, que es la mayor planta termoeléctrica de Argentina.
El jueves 4 de agosto el bloque de Rodríguez Larreta intentará que la Legislatura porteña apruebe en primera lectura el convenio urbanístico que firmó con IRSA. Necesita cambiar los usos permitidos del suelo para que ese espacio verde, donde solo pueden construirse instalaciones deportivas, admita el barrio náutico antes llamado “Solares de Santa María” y ahora “Costa urbana”-. El cambio de la norma generaría un incremento de valor del suelo de unos US$ 737.400.675, dice el juez Guillermo Scheibler, que la semana pasada intentó infructuosamente frenar el debate legislativo. Juntos por el Cambio desconoció el fallo y le dio pronto despacho en comisión.
En su fallo, Schreiber enumera una inacabable lista de incumplimientos legales: no se convocó a audiencia pública, no hay estudio de impacto ambiental, afectará gravemente los humedales y la Reserva Ecológica, no tiene tratamiento de cloacas aunque se prevé que duplique la población de Puerto Madero. Además viola la Constitución que garantiza el uso público de la Costanera, los pactos internacionales de protección de los humedales y los de acceso de la población a espacios verdes (la Ciudad tiene un tercio de los espacios verdes que recomienda la OMS y la mayoría se concentran en la zona norte).
El proyecto -el más importante de su historia empresaria, dice IRSA- es tan escandaloso que cuatro veces fue rechazado en la Legislatura, un lugar donde no abundan los defensores de la tierra pública. Sin embargo, esta vez la familia Elzstain da por descontado que se saldrá con la suya porque para eso Juntos por el Cambio modificó hace unas semanas la Ley de Catastro que prohibía los barrios cerrados en la Capital.
La historia de los terrenos de IRSA en la Costanera Sur es la de un robo a repetición, que se amplía década a década. Contándolo de manera rápida, el Congreso de la Nación le cedió en 1964 a Boca Juniors 40 hectáreas de las islas de la ribera del Río de La Plata, entre Costanera Sur y Humberto Primo, a cambio de que rellenara el terreno y construyera una ciudad deportiva. Incluía prohibición expresa de venderlas. En 1981, plena dictadura militar, el intendente Cacciatore canceló la exigencia de construir la ciudad deportiva. En 1989, al inicio de la presidencia de Menem, el Congreso autorizó a Boca la venta de los terrenos. En 1997, IRSA los compró por 50 millones de dólares.
La operación es sencilla: IRSA compró en 50 millones de dólares tierras no construibles. Si Larreta le cambia el tipo de urbanización, el valor del suelo, calcula el juez, rondará los US$ 737.400.675.
La semana pasada, el gobierno porteño subastó una hectárea del Parque de la Ciudad, que había sido otorgada para una plaza del barrio Olímpico, en la comuna 8. Contra la manifiesta voluntad de los vecinos, que reclaman espacios verdes, parques y plazas, los playones ferroviarios se han convertido, gracias a las “excepciones” que vota la Legislatura, en el botín de las constructoras de torres. La venta de Costa Salguero sigue en carpeta, mientras el gobierno, con fondos públicos, termina de rellenarles el terreno a los desarrolladores que la codician.
La privatización de la tierra pública o la cesión por décadas de terrenos fiscales a cánones irrisorios es una marca de la gestión de Macri y Larreta que privatizaron 500 hectáreas entre las dos gestiones. Muchas de las autorizaciones de esas ventas se hicieron con el visto bueno del peronismo en la Legislatura.
Del otro lado del espejo, la crisis habitacional de la Ciudad llega a niveles inéditos: más del 10% de la población porteña vive en las villas, 76.000 (según datos de 2019) en “conjuntos habitacionales”, inquilinatos u hoteles-pensión con graves problemas estructurales o directamente sin servicios como, por ejemplo, agua potable. Los inquilinos pasaron, en 15 años, de ser el 23% al 35. Los alquileres se llevan, según el Indec, en promedio, la mitad de los ingresos de una familia. No existen planes de vivienda social y se privatizan los terrenos que existen para construirlas.
Las constructoras e inmobiliarias no construyen para la población sino para la especulación financiera. Puerto Madero es un barrio fantasma, con más de la mitad de las viviendas vacías. El encarecimiento del suelo urbano es también una herramienta de expulsión de los trabajadores de la Ciudad. Estará en sus manos revertir ese proceso.
Olga Cristóbal
30/07/2021
Castillo asume la Presidencia
Cristina felicitó a Castillo pero no dijo nada sobre los condicionamientos que le imponen de entrada. El secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, le advirtió acerca de Venezuela, Cuba y Nicaragua (Télam, 27/7). Castillo “se había) desmarc(ado) del gobernante venezolano Nicolás Maduro al descartar que su Gobierno vaya a copiar ‘modelos’ extranjeros. Dijo: “No somos chavistas, no somos comunistas, no somos extremistas, menos somos terroristas” (ídem).
Blinken también reiteró el apoyo para superar la pandemia y aplaudió sus esfuerzos en la lucha contra la minería ilegal, el narcotráfico y la corrupción.
Lo durmió la derecha
Antes de gobernar la derecha le asestó un ponchazo en el Congreso, que quedó “presidido por figuras de centro-derecha y el panorama para el nuevo gobierno se vaticina inestable” (Washingtonpost27/7). Ninguno de los dos bloques por sí solos alcanzan los 87 de 130 votos que se requieren para elegir magistrados del Tribunal Constitucional, convocar a una Asamblea constituyente, o la vacancia presidencial. Perú Libre cuenta con sólo 37. “La primera prueba de Castillo ante este sector será en menos de 30 días, cuando el presidente del Consejo de Ministros que Castillo designe acuda a pedir el voto de investidura del Congreso” (ídem).
La Asamblea Constituyente
En el discurso de inaugural, Castillo habló de convocar a una Asamblea Constituyente; “insistiremos en esta propuesta, dijo, pero siempre en el marco de la ley y de la vigente constitución” - “tenderemos que conciliar posiciones”.. El Ejecutivo debe concentrarse en gobernar, el Congreso en legislar, indica.
Emiliano Monge
30/07/2021
jueves, julio 29, 2021
Adónde va el Perú del nuevo gobierno de Pedro Castillo
Finalmente asumió la presidencia nacional Pedro Castillo, quien se impuso electoralmente en segunda vuelta contra la derechista Keiko Fujimori.
Todos los medios de prensa mundiales señalan la incógnita de qué rumbo adoptará el nuevo presidente. La agencia argentina Télam lo señaló así: “se espera que utilice su discurso inaugural para definir los aspectos básicos de lo que será su gobierno”.
Recién hace una semana la Junta Electoral reconoció el triunfo. En el ínterin se ejerció una fuerte presión sobre Castillo para que diera garantías de toda clase a las clases dominantes de que no iba a avanzar por ningún camino de medidas radicales. Castillo firmó diversas actas de garantía con la centroizquierda (Juntos por Perú de Verónika Mendoza), con las Iglesias, etc. Castillo pidió que continuara al frente del Banco Central Julio Velarde, un tecnócrata agente del FMI y los fondos financieros. Su vocero económico, Pedro Francke, estableció un fuerte “diálogo” con las cámaras patronales donde se comprometió en declaraciones públicas a garantizar que no se iban a cuestionar los derechos de propiedad, que cualquier modificación impositiva se iba a realizar con acuerdos con esas patronales, etc. La “segunda reforma agraria” fue definida como la disminución de la pobreza mejorando los servicios públicos e impulsando “la productividad”. El sistema privado de jubilaciones (AFP) no sería estatizado, sino que se buscaría incrementar su competencia…
Sobre la base de este curso adaptacionista de Castillo, el gran capital y el imperialismo dieron el OK a su proclamación y llamaron a la derecha fujimorista a ceder en su oposición, preparándose para ejercer un “control” desde el parlamento donde tiene mayoría y desde el conjunto de las instituciones del Estado burgués.
Efectivamente, ayer las autoridades elegidas para dirigir la Unicameral parlamentaria fueron impuestas por 69 votos de diversas coaliciones derechistas, contra 10 votos de otra lista ultraderechista que presentó a un diputado ex almirante y… 50 votos en blanco, constituidas por los bloques “oficialistas” que apoyan a Pedro Castillo. La derecha utilizando maniobras leguleyas impidió que se presentara la lista oficialista. Y esta se adaptó por completo aceptando la “mayoría” legislativa y se limitó a una tibia protesta y a votar en blanco, en lugar de retirarse y boicotear la maniobra derechista. Lo más importante es que 3 de los 4 legisladores electos fueron golpistas en noviembre pasado, no solo destituyendo al entonces presidente Martín Vizcarra, sino nombrando en su lugar y sosteniendo al golpista Manuel Merino. La movilización popular enfrentó la represión y provocó la caída de Merino. Ahora estos 3 han vuelto al frente de la Unicameral. En lugar de que se vayan todos, están volviendo todos.
Su programa de trabajo es claro. En primer lugar fortalecer todos los organismos colocando a Castillo bajo “vigilancia”. Hace un mes –mientras se estaba discutiendo con el Tribunal Electoral que no quería proclamar el triunfo de Castillo- se intentó que el viejo parlamento que acabó con sus funciones hace 48 horas, eligiera al llamado Tribunal Constitucional, un engendro reaccionario que se adjudica derecho a veto y a acusaciones para destituir al presidente. Se amenazó con un golpe parlamentario (vacancia) contra el presidente provisional Francisco Sagasti por no habilitar este camino. Fracasó esta tentativa por el repudio de la opinión pública. Pero ahora se querrá sancionar esta nueva realidad reaccionaria, pidiendo que se respeten los fueros del Congreso.
Reforma o Asamblea Constituyente Soberana
La inmensa mayoría de la burguesía acepta la “necesidad” de una “reforma constitucional”. Pero pretende que esta sea llevada adelante por vía parlamentaria (donde tiene mayoría) para controlarla. Pero la bandera central de Pedro Castillo y de los sectores que lo apoyaron planteaba la necesidad de una Asamblea Constituyente elegida por el voto popular.
Las urgentes reivindicaciones populares serían postergadas hasta la convocatoria de esta Constituyente. Este planteo es levantado por la centroizquierda, estrecha base del nuevo gobierno, que plantea que lo fundamental es darle estabilidad a la acción del gobierno. Perú tiene el 70% de los trabajadores sumergidos en la informalidad (en negro). El 50% de la población en el nivel de pobreza. Casi 200 mil muertos por el desastre sanitario frente a la pandemia (el más alto del mundo por cantidad de infectados). Las patronales han impuesto la llamada “suspensión perfecta” que facilita los despidos masivos, etc., etc.
¿Seguir esperando a la convocatoria de una hipotética Asamblea Constituyente para no desestabilizar al nuevo gobierno? De ninguna manera: hay que pasar a la acción directa para imponer los reclamos de las masas. Plan de lucha de los trabajadores por el salario, contra el desastre sanitario, por la derogación de la “suspensión perfecta”, nacionalización del sistema previsional bajo control obrero, etc. Es necesario avanzar hacia un Congreso de Trabajadores reclamando a los sindicatos y centrales obreras y de masas romper toda subordinación al gobierno y adoptar un curso de independencia obrera.
La Unicameral se va a atrincherar en que cualquier reforma constitucional sea desarrollada y controlada por su mayoría. Algunos opinan que para superar este escollo, el gobierno de Pedro Castillo alentaría el camino de juntar centenares de miles de firmas para que se convoque a un referéndum a favor o en contra de convocar a una Asamblea Constituyente. Habrá que ver si esto avanza o no pasa de ser un fuego de artificio adaptándose como viene ocurriendo hasta ahora a las presiones de la clase capitalista.
Muchos trabajadores ven la dinámica de capitulación y conciliación en que está sumergido Castillo, pero se ilusionan en que la contemporización actual es una “maniobra” del mismo para llegar al poder y luego ejecutar un plan de medidas antiimperialistas y pro trabajadores.
Este domingo 25, masas campesinas en Chumbivilcas, en el Cuzco, después de 4 días de huelga con corte de ruta, protestando por la autorización dada al transporte minero que destruye sus caminos comunales fueron fuertemente reprimidas con 15 heridos de gravedad. A pesar de ello, el lunes 26 volvieron a salir al corte de ruta. Uno de sus representantes declaró ante los medios de prensa, que espera que el presidente Castillo atienda sus pedidos, así como ellos apoyaron su candidatura durante la segunda vuelta presidencial. “Se tiene que recordar que el 97% de nosotros lo respaldó”.
La lucha en curso de los campesinos del Cuzco debe culminar solo con la derogación de la autorización depredatoria a las mineras, no debe aceptarse “promesas” para levantar el movimiento.
Independencia obrera y de los explotados.
Rafael Santos
Los números del ajuste
En medio de la crisis humanitaria.
Los medios internacionales no dejan de destacar la reducción del déficit primario que lleva adelante el Gobierno Nacional y, en particular, por el Ministro de Economía, Martín Guzmán.
"En el primer semestre el rojo fiscal fue de 0,5% del PBI, así, el primer semestre acumuló un déficit primario de $208.098 millones (0,5% del PBI) y un déficit financiero de $514.005 millones (1,3% del PBI). La meta anual es del 4,2% y 5,7% del PBI” (Clarín, 21/7). Con independencia del ajuste que impone la inflación sobre un presupuesto devaluado, la reducción del déficit no alcanza a los acreedores internacionales y al FMI, sino solamente a trabajadores y jubilados.
Contradictoriamente, el achique del gasto público se da en medio de un crecimiento de la recaudación: "Por el lado de los ingresos, el sector público recaudó en junio $766.680 millones (90,3% interanual), incluyendo unos $100.000 millones del aporte solidario a las grandes fortunas. Los recursos tributarios crecieron 71% respecto a junio del año pasado, impulsados por las retenciones y los precios de la soja, el IVA, Bienes Personales, débitos y créditos bancarios y Ganancias. "Si se compara con el ritmo de la inflación, la partida de egresos volvió a licuarse el mes pasado, como viene ocurriendo desde principio de año. "El gasto primario de junio volvió a mostrar una caída real del 6,7% interanual. El gasto total (incluye intereses) cayó el 6,2% interanual real".
Además de "pisar el gasto", la política del Gobierno consiste esencialmente en "pisar salarios y jubilaciones": "Así todo, los haberes en junio crecieron 40% respecto del año pasado, 10 puntos por debajo de la inflación." Los acuerdos de los salarios de los estatales se encuentran incluso por detrás de los ajustes que dicta la nueva ley de movilidad jubilatoria. El otro aspecto que explica la reduccción del “gasto” es la eliminación de la auida IFE, como la gran mayoría de los gastos por Covid, han desaparecido del gasto público, a pesar de que la crisis económica y la informalidad se han agravado.
Los que no fueron pisados fueron los subsidios energéticos: “sumaron $157.000 millones en junio por la asistencia a CAMMESA (111% interanual) y los pagos del programa de Formulación y Ejecución de Políticas de Hidrocarburos (57%). Esto implicó unos $80.000 millones más que en mayo por mayores importaciones de gas, mayores costos y el congelamiento parcial de tarifas”. Es el costo de la postergación del tarifazo para después de las elecciones legislativas.
Por otra parte, como ya hemos explicado en otros artículos, el subsidio a las tarifas es un subsidio directo (insumo de energía) e indirecto al capital, porque a la hora de pagar los salarios los capitalistas se valen de tarifas subsidadas para reducir el “costo” de la mano de obra. En definitiva, los subsidios en las tarifas de servicios son una transferencia del presupuesto del Estado a un sector de la clase capitalista.
Pablo Busch
26/07/2021
La variante Delta amenaza la recuperación norteamericana
Crisis laboral y ola de desalojos.
La aparición de la variante Delta en EEUU comienza a generar descalabros en la economía. La variante provocó varios días de inestabilidad financiera en Wall Street ante la incertidumbre que genera acerca de la eficacia de las vacunas y la sustentabilidad de la ´nueva normalidad´.
El NYT indica que “la nueva variante pone en riesgo el tipo de recuperación rápida que ha estado en marcha durante meses. Así como la mayor parte de la economía estaba averiguando cómo volver a funcionar plenamente, esto puede equivaler a arrojar arena en los engranajes” (28/7). Kathy Bostjancic de Oxford Economics dice: “creo que hay que preocuparse por los riesgos macroeconómicos, y nuestra experiencia durante los últimos 18 meses lo ha demostrado” (ídem).
Existen graves interrupciones en cadenas de suministro, especialmente las que dependen de bienes importados de Asia como los microconductores. Éstos vienen de países como Vietnam, Indonesia, Tailandia y Malasia. Se crea un “efecto dominó” en EEUU, ya que la escasez de chips obstaculiza a su vez la producción de automóviles y contribuye a una alta inflación. En muchos casos esto también tiene efectos sobre los alimentos y servicios. Los países que no terminaron de vacunar a su población cierran para tratar de detener la propagación de la variante Delta, que amenaza con empeorar la escasez y los picos de precios (ídem). También queda planteadauna nueva “escasez” de la fuerza de trabajo.
Crece la “ansiedad de los trabajadores”
Así titula el NYT la situación en diferentes lugares de trabajo de EEUU, a medida que la variante avanza. Especialistas “ven una prisa indebida por parte de los empleadores para que los lugares de trabajo vuelvan a la normalidad, ya sea abandonando las precauciones o imponiendo nuevas reglas” (27/7). La “nueva normalidad” choca contra la realidad de la variante Delta. “Algunos trabajadores sienten una creciente sensación de vulnerabilidad con el surgimiento de la variante Delta” (ídem).
La pandemia y la propagación de esta variante Delta más contagiosa y que requiere de un período de tratamiento más extenso, tiene efectos en el suministro de la fuerza laboral en el país. “Los empresarios se han estado quejando de la escasez de mano de obra, y si el riesgo renovado de enfermedad hace que incluso los adultos vacunados se muestren reacios a ingresar o reingresar a la fuerza laboral, esa escasez podría empeorar. Eso es particularmente cierto si las escuelas regresaran al aprendizaje remoto, incluso por períodos breves, lo que dificultaría aún más el trabajo de los padres” (ídem). Un rebrote de la pandemia no es descartado por nadie, e incluso es asegurado por epidemiólogos.
Las autoridades sanitarias analizan aplicar nuevas restricciones, de cara al comienzo de temperaturas más bajas. En algunos estados estas restricciones ya están presentes.
“Muchos empleadores de cuello blanco han estado a punto de traer trabajadores de regreso a las oficinas. Si esos planes cambian debido a la variante, las oficinas y las calles del centro corren el riesgo de permanecer vacías” (ídem). El NYT pone en dudas que el sistema de salud, quebrado y desfinanciado, tenga una eficiente reacción frente a un rebrote.
"Creo que nos apresuramos a volver a la normalidad" (NYT, 27/7), dijo Marc Perrone, presidente de United Food and Commercial Workers, que tiene más de un millón de miembros en alimentación. Mientras Jeff Bezos, el dueño de Amazon hace viajes estelares, “un trabajador de un almacén en Oregón, dijo que había habido una reducción gradual en la seguridad, como la eliminación de barreras físicas para reforzar el distanciamiento social” (ídem). En REI, minorista de ropa, los trabajadores a tiempo parcial que utilicen más días de enfermedad de los asignados están sujetos a medidas disciplinarias y despidos.
Crisis habitacional y ola de desalojos
Según un estudio publicado por el NYT, indica que las deudas de alquileres son astronómicas. El 14,7% de los hogares que alquilan en los Estados Unidos están atrasados en el alquiler. “Este problema es especialmente agudo en 250 condados donde al menos 1 de 5 inquilinos está atrasado. A nivel nacional, la magnitud de la deuda de alquiler es alarmante: se estima que hay u$s 23 mil millones en total pendientes, con alrededor de u$s 3,800 por hogar promedio en mora” (ídem). En algunos estados el promedio no baja del 20% del total de los inquilinos, y en condados de Carolina del Norte, Georgia, Dakota del Sur, llegan a casi el 30%. “Ser negro significa tener aproximadamente el doble de probabilidades de estar atrasado en el pago del alquiler” (NYT, 28/7).
En los 84 condados urbanos más grandes, incluidos Filadelfia, St. Louis y Dallas, los inquilinos enfrentan una factura colectiva de $ 13 mil millones. Casi 300,000 inquilinos deben un promedio de u$s 5,300 cada uno en el condado de Los Ángeles. En la ciudad de Nueva York, más de 400.000 inquilinos deben un total de u$s 2 mil millones. Chicago, Dallas, Houston, Miami, Filadelfia, Phoenix y San Diego muestran al menos 55,000 familias en riesgo de desalojo por falta de pago (ídem).
“Junto a la perspectiva de un nuevo aumento de las infecciones por coronavirus, se vislumbra otra crisis en el horizonte: una ola de desalojos que amenaza a más de seis millones de familias” (NYT, 28/7). Esto es así porque el próximo sábado expira en EEUU la prohibición oficial de desalojos, lo que permitirá a los propietarios iniciar o continuar los procedimientos de desalojos.
El periódico anuncia una “ola de sin techo”, ya que de las ayudas solicitadas sólo se cubre 2 o 5%. Muchos no pueden acceder al beneficio social porque ganan más del tope, lo que indica la profundidad de las deudas y la magnitud de la crisis .
Emiliano Monge
28/07/2021
miércoles, julio 28, 2021
Brasil: los límites de la jornada nacional de lucha del 24
El sábado 24 se produjo una nueva jornada nacional de movilización en todo Brasil bajo la consigna central de ¡Fora Bolsonaro! Es la cuarta en menos de dos meses. Aunque en muchos sectores de los manifestantes despertó gran entusiasmo, estaría, sin embargo, evidenciando los límites de este tipo de “passeatas” (marchas). En algunas ciudades, se afirma que creció la cantidad de manifestantes (¡Rio de Janeiro!) pero de conjunto se ha frenado un mayor desarrollo de las mismas.
La Central Unica de Trabajadores (CUT), dirigida por Lula y el PT, informó que se movilizaron en todo el país unos 600 mil manifestantes. Pero la misma CUT balancea que el 29/5 salieron a las calles 420 mil; el 19/6 fueron 700 mil y el 13/7 se llegó a los 800 mil. Igualmente la dirección burocrática de la CUT la considera un éxito, porque creció “la capilaridad”: se extendió a más ciudades.
La dirección burocrática de la CUT y el frente que tiene constituido con otras burocracias, se esforzaron por darle a la consigna de Fora Bolsonaro un carácter concreto: el apoyo a los proyectos de “impeachment” (juicio político) presentados en el parlamento.
Hubo por lo tanto dos grandes tendencias que se manifestaron en la jornada del 24/7. Por un lado diferentes corrientes de izquierda y sectores activistas que entienden que el Fora Bolsonaro plantea la lucha consecuente (un plan de lucha continuado y creciente hacia la huelga general) por las reivindicaciones de las masas y el derrocamiento de Bolsonaro, el vice Hamilton Mourao y el régimen corrupto y antiobrero. Una tendencia, sin embargo, desarticulada en diversos referentes y organizaciones.
La otra –constituida por las burocracias sindicales y los partidos patronales- considera que hay que “ejercer presión” sobre la mayoría parlamentaria de la derecha, para que inicie el juicio político a Bolsonaro. Y en caso de que no avance, estas marchas irán ayudando a desgastar al gobierno con vistas a “echarlo” con los votos en las elecciones de octubre del 2022. Esta otra tendencia brega abiertamente por la formación de un “Frente Amplio” sin margen a la derecha para incorporar nuevos partidos burgueses con vistas a un frente electoral para el 2022.
La “estrategia” de presionar y hacer frente con la derecha por el impeachment ha recibido, dos días antes de la jornada nacional del 24/7, una sentencia en contra por parte del Tribunal Superior de Brasil (STF), negando que se habilite esa perspectiva. Y el presidente de la Cámara de Diputados, Arthur Lira, también anunció el bloqueo de esa posibilidad por “falta de pruebas” (hay constituida una Comisión Investigadora Parlamentaria, CPI, que tendría que estudiar expedientes por casi 2.000 denuncias. Terminaría después de las elecciones del 2022).
Corrupción y ataque contra las masas
Bolsonaro y los militares que lo apoyan (hay 6.000 de ellos en diversos puestos dentro de la administración; un número mayor, incluso, que en la época de la dictadura) se han sostenido en el gobierno porque este recibe el apoyo político de la mayoría del parlamento, nucleada en torno al “Centrao”, un frente de diputados provenientes de distintos partidos que se reclaman de “centro” pero que “negocian” y avalan la política entreguista y antiobrera. Gracias a esta alianza entre Bolsonaro, los militares y el Centrao es que fueron aprobadas todas las leyes de privatización de empresas estatales y ataque a los trabajadores (reforma laboral y previsional antiobreras, etc.). Sectores de la burguesía lo apoyan mientras Bolsonaro pueda seguir con su programa de “reformas estructurales” contra el pueblo.
Frente a las denuncias de corrupción contra ministros y funcionarios militares que salpican directamente al propio Bolsonaro, el régimen se vio obligado a hacer renunciar de la cartera de Salud al general Eduardo Pazuello, acusado con pruebas abundantes, de negociar fabulosas coimas con los proveedores de vacunas contra el Covid. Y, para fortalecer su relación con el Centrao, ha desplazado al general Luiz Eduardo Ramos, encargado de la coordinación entre el Poder Ejecutivo y el parlamento, que operaba desde la llamada Casa Civil del gobierno. Fue reemplazado en ese puesto por el diputado Ciro Nogueira, principal referente del Centrao. La relación del gobierno con el Congreso va a estar “coordinada” con el Centrao, colocando para ello a uno de los principales dirigentes de dicho espacio político.
En la Jornada Nacional de Lucha, junto a carteles con el Fora Bolsonaro se levantaron la denuncia del régimen sanitario genocida que llevó a una cifra superior al medio millón de víctimas por el Covid; el rechazo a las privatizaciones (Correos, Electrobras, sectores de Petrobras, etc.); y, entre otras muchas, la devolución del subsidio que Bolsonaro derogó a fines del año pasado de 600 reales a los millones que no tienen ingresos. La crisis sanitaria y social es impresionante. Y Bolsonaro amenaza con profundizarla. Ahora quiere poner en marcha la enmienda constitucional (PEC 32/20) que le quita la estabilidad laboral a los trabajadores estatales. No solo para “abaratar costos al Estado”, sino fundamentalmente para incentivar las privatizaciones de empresas estatales, disminuyendo los costos de despidos masivos.
La CUT, Lula y el PT han dejado pasar todos estos ataques a las masas trabajadoras con “protestas” con sordina, sin una movilización real de los trabajadores y explotados nucleados en sus centrales, sindicatos y organizaciones de masas. El principio elemental del sindicalismo de clase es la defensa de los derechos del trabajador. Para ello apela a la organización y la lucha: al paro, a la huelga general cuando tiene que enfrentar al Estado que se constituye en el eje de la ofensiva capitalista contra las masas. Pero Lula ni siquiera participó en la jornada del sábado 24, como tampoco lo hizo en las otras tres que le precedieron. El periodista de Página 12 en Brasilia (25/7) caracterizó correctamente estas ausencias de Lula: no son “por motivos de seguridad, sino por motivos políticos. Prefiere adoptar un perfil bajo, por lo pronto”. Quiere dar señales claras a los militares y al gran capital de que él viene a contener, no a incentivar las movilizaciones de masas.
Hacer realidad el Fora Bolsonaro
Para hacer realidad el Fora Bolsonaro es necesario poner en pie de lucha a la clase obrera y los explotados. En primer lugar, encarando la defensa de sus conquistas y condiciones de vida contra la ofensiva de los capitalistas y el régimen de Bolsonaro. Para ello hace falta que las centrales obreras, los sindicatos y organizaciones de masas (estudiantes, etc.) rompan con su subordinación a los políticos burgueses pseudo opositores y recuperen sus organizaciones para la lucha independiente de los trabajadores. Es necesario reclamar que se convoquen a congresos, plenarios y asambleas para cambiar su orientación, votar un pliego de reclamos y un plan de lucha nacional consecuente y continuado hasta la huelga general.
Los partidos de izquierda y los sectores activistas combativos tendrán que unir fuerzas, quizás organizando un plenario nacional, para constituir un polo clasista detrás de este objetivo.
Rafael Santos
¿Normalización? El acuerdo con Pfizer y los anuncios de Larreta y Kicillof
Este martes, la ministra de Salud Carla Vizzotti dio a conocer que el Estado nacional firmó un acuerdo con Pfizer por 20 millones de dosis a entregar en 2021. Las negociaciones se dieron en medio de diversas polémicas desde diciembre del año pasado, cuando el laboratorio estadounidense fue beneficiado con la ley de vacunas que le brindó un enorme blindaje jurídico ante efectos adversos de las vacunas, a lo que luego le siguió la modificación de la misma a través de un DNU que otorgaba mayor inmunidad. El cierre de la novela Pfizer es la firma de un contrato confidencial, como los firmados con el resto de las empresas.
Horas antes, Horario Rodríguez Larreta anunció el nuevo plan “Para la vuelta a la normalidad” en seis etapas de flexibilizaciones; más tarde lo siguió Kicillof, quien confirmó la vuelta a las clases presenciales en toda la provincia de Buenos Aires terminadas las vacaciones de invierno. Los dichos de ambos continúan la línea del gobierno de hacer de cuenta que la pandemia terminó y avanzar en una normalización de la economía y la vida social de cara al proceso electoral. Para el gobierno, la vacunación es clave para cumplir ambos objetivos, aunque ignora que las experiencias de los países con mayor tasa de vacunación advierten que ésta no es suficiente para terminar con las medidas de cuidado y prevención, y menos aún seguir con el ajuste a la salud y los trabajadores. Los países del hemisferio norte están viviendo un importante aumento de casos producto de la variante Delta, acompañado de un incremento de las muertes, aunque la vacunación evite una letalidad más pronunciada.
La lista de regalos para Pfizer
Vale la pena recordar que Pfizer fue el primer laboratorio con el que el gobierno coqueteó, lo que llevó a Alberto Fernández a anunciar erróneamente que Argentina tendría en diciembre de 2020 “10 millones de vacunados”. Sin embargo, los problemas en la fabricación (que llevó al laboratorio a reducir su producción a la mitad) y la demanda creciente de un bien escaso a nivel mundial fueron las excusas perfectas para que Pfizer acomodara sus condiciones con nuevas exigencias “inaceptables” para el gobierno nacional (según el término utilizado por el exministro Ginés González García). Aunque fueron suficientes para detener las negociaciones por gran parte del año, nunca se dieron a conocer debido al secretismo defendido por ambas partes, algo que dejó a la población por fuera del debate de la adquisición de vacunas.
Más tarde se conoció que el contrato no se firmó por razones económicas, ya que el gobierno rechazó la posibilidad de recibir ocho millones de dosis a través del mecanismo Covax para “ahorrarse 60 millones de dólares”. La enorme cantidad de casos y muertes durante la segunda ola, producto del ajuste en salud y el bajo porcentaje de la población vacunada, sumado a las presiones de la oposición lobbysta de Pfizer, llevó a que el gobierno reabriera las discusiones con el laboratorio y entregara un DNU que aumenta la inmunidad y hasta se hace cargo de las indemnizaciones por fenómenos adversos.
Por otro lado, como mencionamos, la firma se da en el marco de la confidencialidad y cediendo a todas las exigencias leoninas, reeditando lo que permitió al resto de los laboratorios incumplir sus cronogramas de entrega y reprogramar sus prioridades a piacere, sin penalización alguna. En el caso de AstraZeneca -que incumplió casi todas las entregas del primer semestre de 2021-, el gobierno acordó la eliminación de la cláusula de penalidad, por lo que la empresa no está obligada a compensar al Estado en caso de retrasos. La reciente carta de Nicolini dirigida a Rusia por la provisión de segundas dosis de Sputnik V expuso también la completa subordinación a las prioridades de las farmacéuticas. Por todo eso, este arreglo sigue sin dar garantías a la población; para los laboratorios, en cambio, se trata de la disputa de un negocio redondo sin pérdidas, y Pfizer -que contó con la oposición derechista pro yanqui como lobbistas local- busca quedarse con el futuro mercado de dosis anuales.
Para el gobierno, el discurso de “la campaña de vacunación más grande de la historia” no es solo publicidad electoral para intentar mejorar su imagen, desgastada luego año y medio de ajuste y un manejo de la pandemia plagado de fracasos. Es además el pretexto para sostener la reducción de las partidas destinadas a afrontar la crisis sanitaria y social. Lo demostró la disminución en el Presupuesto 2021 para el sistema de salud, votado apenas finalizó la primera ola y a sabiendas de que llegaría una segunda, producto de lo cual esta fue desastrosa y superamos las 100.000 muertes. Pero también el recorte a la asistencia económica de la población, como sucedió con la eliminación del IFE.
El levantamiento de las últimas restricciones es a su vez la puntada final para el abandono de la exigencia de normas sanitarias en los lugares de trabajo. En este punto se juegan los protocolos de seguridad e higiene, cuando las patronales ya incumplieron sistemáticamente, al punto de no permitir a los trabajadores aislarse tras haber tenido contacto estrecho con casos confirmados. Se trata de garantizar la producción para mantener las ganancias de las empresas. El “pase sanitario” que aumenta el aforo de personas que pueden estar en lugares cerrados sigue esta orientación, en tanto habilita a convocar a sus puestos de trabajo a todos los trabajadores que tengan una dosis aunque sean grupos de riesgo. Lo mismo vale para una masiva vuelta a clases sin haber acondicionado las escuelas para que al menos cuenten con calefacción.
Ni el descenso de los casos ni un avance en la vacunación eximen entonces de la necesidad de luchar por un aumento del presupuesto para salud, asistencia a quienes lo necesiten y el cumplimiento de protocolos obreros de seguridad e higiene en los lugares de trabajo para terminar con la desidia patronal que atenta contra la salud pública. Junto con ello, la centralización del sistema sanitario para garantizar el acceso a toda la población. Para poner fin a la postración ante los intereses de las farmacéuticas y los Estados imperialistas, es indispensable la inversión en ciencia y técnica para desarrollar una vacuna estatal bajo control de los trabajadores del sector, el fin de las patentes y el secretismo de los contratos, que permita amplificar la producción en los laboratorios con capacidad y así garantizar la inmunidad de la población de Argentina y Latinoamérica. Los recursos para poner en pie este programa deben salir del no pago de la deuda externa y un impuesto progresivo y permanente al gran capital.
Lucía Cope
Recortan un 80% las “partidas especiales” para la pandemia
Según el informe publicado por la Oficina de Presupuesto del Congreso, el presupuesto asignado para paliar los efectos económicos y sociales, agravados por la pandemia de Covid-19, pasó de un 6,4% del PIB (Producto Interno Bruto) a solo un 1,4%. Entre los principales recortes se encuentra la asistencia directa a las familias trabajadoras, en un país dominado por el crecimiento de la miseria y la pobreza.
Lo invertido durante el 2020 alcanzó los $1.763.025 millones, cayendo a $563.000 millones en tiempos de una mayor apertura económica, pero también de un salto exponencial en los contagios y muertes de la segunda ola de la pandemia.
El grueso de estos fondos fueron recortados a fines del año pasado, cuando el gobierno dio por “superada” la pandemia, habilitando la actividad económica y distendiendo las “restricciones”, con el propósito de acelerar un desentendimiento económico del Estado y poner en marcha el plan de austeridad social que reclama el FMI.
Hilando más fino
El primer gran recorte fue sobre el limitado Ingreso Familiar de Emergencia, que implicó $263.169 millones y alcanzó casi 9 millones de personas. Este programa no tu relevo alguno, ya que el aumento en los programas Potenciar Trabajo –de alrededor de unos 300.000 nuevos beneficiarios- no implicó una respuesta universal a la crisis social y económica del país.
Recordemos que el IFE ya había dejado afuera a unos 4,6 millones de solicitantes y que los ingresos al Potenciar Trabajo han sido arrancados por la lucha del movimiento piquetero independiente; sin embargo, implican solo poco más del 2% del total de las necesidades relevadas al inicio de la pandemia.
Las patronales, por su parte, acumularon beneficios directos por $481.362, en concepto de subsidios (ATP), créditos blandos (Fogar, Fondep) y exenciones impositivas y de contribuciones patronales. Mantienen, en 2021, subsidios y beneficios por $98.000 millones.
Para tener en cuenta, estas sumas fueron repartidas entre 307 mil empresas, mientras que el IFE (poco más de la mitad de estos fondos) se distribuyeron entre 9 millones de personas: un tanto desigual.
Un dato “curioso” es que el gobierno computa los bonos de trabajadores de la salud, jubilados y pensionados, AUH-AUE y Potenciar Trabajo como parte del “paquete Covid”. La mayor parte de esas sumas son una compensación precaria e insuficiente ante los estragos de la inflación en los ingresos de los trabajadores gracias a la imposición de la pauta oficial en las negociaciones paritarias y del salario mínimo, pasadas y presentes.
Para el caso de los jubilados es aún peor, ya que esos montos fueron financiados con la confiscación a los haberes con la suspensión de la movilidad jubilatoria en 2020 (8% de pérdida para la mínima) y la reforma de la fórmula en 2021 (5% de pérdida).
Lo del pueblo para la deuda
Un punto que pone de manifiesto la orientación social de este recorte es que mientras el “gasto Covid” alcanzará un 1,4% del PIB en 2021, los intereses de deuda para el mismo periodo se calculan en un 1,5% del PIB.
Casi la mitad de los fondos que el gobierno engloba en estos $563.000 millones consisten en recursos corrientes de políticas sociales y asistenciales que, incluso con aumentos, han quedado sobrepasados por la inflación y que aparecen indiscriminadamente como “refuerzos” a la Tarjeta Alimentar, AUH y asignaciones familiares, Progresar y Potenciar Trabajo. El cómputo de estas sumas como “excepcionales” preanuncia nuevos recortes sobre estas precarias medidas cuando den por superada, nuevamente, la pandemia.
El ajuste sobre los bolsillos obreros y sobre el gasto público, orientado a paliar las necesidades más elementales del pueblo trabajador, está haciendo estragos en la situación social y económica del país, con un empobrecimiento de la clase trabajadora y niveles de indigencia alarmante.
Hay que rechazar la orientación ajustadora del Frente de Todos, Cambiemos y el FMI, oponiéndole una salida de los trabajadores, con el no pago de la deuda externa, el rechazo al pacto con el FMI y la utilización de los recursos nacionales para poner en pie la industria y la obra pública, generar puestos de trabajo e imponer las medidas que garanticen un seguro universal al parado (por arriba de la canasta básica), salarios que cubran la canasta familiar y el 82% móvil para los jubilados.
Marcelo Mache
martes, julio 27, 2021
Juegos Olímpicos: militarizados y bajo el asedio de las protestas
El costo de los JJOO de Tokio pasó 7,3 billones de dólares a 30 billones, según una auditoría estatal. Sin embargo, la población trabajadora no recibe ningún tipo de beneficio de esta fortuna. El turismo está paralizado, y el dinero fluye hacia las élites y el capital financiero. Las protestas van a acompañar todas las sedes, aseguran los manifestantes.
Inauguración con protestas afuera
La ceremonia de inauguración fue bastante sombría. El estadio de 68.000 personas estaba vacío, mientras en las afueras había una movilización que hacía ruido para frenar la inauguración. “Los manifestantes se expresaron durante varias partes del himno japonés, y mucho más durante el momento en que se hizo silencio para recordar a las víctimas del Covid-19”, naturalmente, en repudio a la hipocresía de las autoridades por llevar adelante los juego. Los parlantes del estadio retumbaban a todo volumen para tapar la protesta.
Los manifestantes comenzaron a marchar hace varios meses, exigiendo la cancelación de los Juegos Olímpicos de Tokio mientras el país lidia con una cuarta ola de infecciones por Covid-19. Las pancartas en las diferentes movilizaciones decían “los juegos matan a los pobres”. En mayo una petición contra los juegos recibió 350.000 firmas.
Protestas, libre expresión y rebeliones populares
El Comité Olímpico Internacional tuvo que “flexibilizar” las reglas para permitir protestas de los atletas, que hasta hace poco estaban prohibidas y podían costar la descalificación. Sin embargo, según estas reglas, las protestas no pueden apuntar a “países específicos” ni ser “disruptivas”. En 1975 se creó la regla 50, que prohibía la “propaganda política” a los atletas, cuando los juegos son un enorme espacio de propaganda política y de negocios para los gobiernos que los organizan y numerosos grupos capitalistas. Los deportistas, para el capital, son máquinas que generan dividendos, no sujetos implicados en la realidad política y social que los rodea.
La reforma de la reglamentación del artículo 50 del COI, a principios de julio, se realizó luego de las protestas contra el asesinato de George Floyd el año pasado en EEUU, y de las constantes manifestaciones de los atletas, algo que amenazaba con una deserción masiva. Sin embargo, el cambio no incluye que estas manifestaciones se puedan hacer en la entrega de medallas. Las declaraciones políticas durante los eventos, las ceremonias de victoria y en la Villa Olímpica todavía están prohibidas. Sin embargo, en Tokio las manifestaciones de los atletas no se hicieron esperar.
Las futbolistas británicas se arrodillaron el miércoles en el primer día de competencia en los Juegos Olímpicos de Tokio, en una protesta contra la discriminación y el racismo que fue rápidamente correspondida por sus oponentes de Chile. Algo repetido en otros partidos y por otras delegaciones. No fue el único caso.
Una atleta argelina, la judoca Fethi Nourine, abandonó los juegos luego de conocer su cruce con una luchadora israelí, en protesta a favor de la causa Palestina y denunciando las masacres, ocupación ilegal y genocidio perpetrado por el estado israelí en la TV argelina. Dijo que no se iba a “ensuciar sus manos” y que luchar habría sido avalar el apartheid israelí (SMCP, 23/7).
Muchos atletas norteamericanos de origen asiático denunciaron el racismo que se vive en el país e incluso contra ellos mismos, en las calles o en los campos de entrenamiento.
De reojo mira China, que será sede de los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing, a realizarse en en febrero próximo.
El deporte está completamente enajenado bajo este modo de producción, convertido en una mercancía más. Pero el deporte es un valor de uso, asociado a una de las expresiones físicas y artísticas más creativas que conoce el ser humano. También a la salud física y mental de los pueblos, destruida por las reglas de reproducción de la sociedad capitalista y las condiciones de reproducción de la fuerza laboral. Se trata de transformar el deporte y todas sus expresiones en el libre desarrollo individual en función del libre desarrollo del conjunto de la sociedad.
Emiliano Monge
23/07/2021
Los Fernández prometen un acuerdo con el FMI y una “vuelta a los mercados”
CFK llama a Macri a “resolver el problema de la deuda”
En un acto junto a Kicillof, en Lomas de Zamora, dos semanas atrás, Cristina Fernández convocó a la oposición a “resolver el problema de la deuda”, “piensen como piensen”. Conocida por su autosuficiencia y denunciada por sus adversarios de querer copar el poder politico, la vice de la Nación convoca al otro lado de la grieta, a sabiendas que la posición del JxC no tiene otra posición que la del FMI. La tarea de reunir a “quienes piensen como piensen”, para “resolver el problema”, le corresponderá al Congreso tras el 10 de diciembre. Si votas a uno de los lados de la grieta, lo estarás haciendo, seguramente sin saberlo, por el FMI. O sea por los salarios y jubilaciones inferiores a la canasta de pobreza e incluso a la canasta de indigencia.
El ministro de producción de la provincia de Buenos Aires, Augusto Costa, no solamente confirmó que se prepara para firmar un acuerdo con el FMI y los bonistas luego de las legislativas, sino que anunció hasta una “vuelta a los mercados” y al “endeudamiento” (Clarín, 24/7). Del palo de Kicillof, Costa ofrece a los acreedores un nuevo ciclo de endeudamiento, si aceptan alargar los plazos del pago de la deuda, sin quita sobre ella y una menor en materia de tasas de interés. Esto supone acabar con cepos y dirigismo económico, o sea, lo que hizo Macri en 2016. A la luz de los dichos de Costa, el kirchnerismo habría renunciado a su divergencia de mínima con el macrismo: captar inversiones internacionales para inversiones ajustadas a un plan de Estado. Costa no descartó la posibilidad de que tras las elecciones y el acuerdo con el FMI votado en el Congreso, se liberen las restricciones cambiarias. Es lo que reclaman las compañías extranjeras para girar las utilidades al exterior y las nacionales para pagar la deuda que han contratado en los mercados internacionales. Costa, con Kicillof, acaban de consumar esta política con los acreedores de la provincia de Buenos Aires, a quienes reconocieron, sin quita, la totalidad de la deuda, a pagar en cuotas.
Martín Guzmán, el ministro de Economía, se ha comprometido a convocar al próximo Congreso a sesiones extraordinarias para votar el acuerdo con el FMI. Además de una reducción del gasto fiscal a costa de salarios y jubilaciones, el acuerdo trae aparejadas reformas “estructurales” en materia laboral y previsional; despido gratis y jubilaciones condicionadas al llamado equilibrio fiscal. El director de Argentina en el FMI Sergio Chodos, que reporta a Cristina Fernández, indicó que “El acuerdo con el FMI se va construyendo en etapas. Como el acuerdo va a necesitar un nivel de debate y revisión interna y externa, va a pasar por el Congreso de la Nación” (iProfesional, 20/7). Ningún pre-candidato de la grieta ha protestado contra esta usurpación de su futuro mandato. Chodos habló por todos ellos.
Bancarrota
Tras el pago atrasado de los vencimientos con el Club de París, el mes que viene, el gobierno proyecta el acuerdo con el FMI para después de noviembre.
El total del préstamo otorgado por el FMI -durante la gestión Macri- es de u$s57.000 millones, del cual se utilizaron hasta ahora u$s45.000. La mayor parte, si no la totalidad, financió una masiva fuga de capitales, sin poder evitar la mega devaluación del peso, lo cual ‘perjudicó’ a inversores importantes. Las reservas internacionales liquidas llegan actualmente a unos u$s7.000 millones. El gobierno apela un Acuerdo de Facilidades Extendidas (EFF) a un plazo mayor a 10 años de plazo, lo cual contraviene los estatutos del Fondo; el cristinista Moreau aventuró 20 años.
Facilitar el pago de la deuda, estirando los plazos, aumentaría de inmediato la cotización de los nuevos bonos negociados con los acreedores privados, hace cerca de un año. Claro que a condición de que siga la política de ajuste, lo cual significa, para el capital, mostrar un “plan de negocios” capaz de reunir los fondos para pagar los intereses de la deuda y, si fuera el caso, refinanciar en forma permanente el capital. Con este paquete bajo el brazo, Argentina pasaría de “Cristina eterna” a “Deudora eterna”. En lugar del bono a cien años que emitió el nefasto Caputo, por una deuda módica, tendremos uno a treinta o cuarenta años, pero por 400 mil millones de dólares. La precandidata de los Fernández, Tolosa Paz, llamó a todo esto “equilibrar la macro”. Cuando el lector escuche esta expresión, sabrá desde ahora que el significado de ella es eternizar la deuda pública externa e interna.
Hay que hacer notar que el capital internacional y el FMI suponen que el mundo ha ingresado en un período de tasas bajas por un tiempo indefinido, lo cual abarata el endeudamiento y quiebra los límites que se consideraban indispensables hasta hace poco. Han armado, de este modo, un “esquema Ponzi” a escala internacional, que consiste en pagar deuda con más deuda. Cuando el ‘esquema’ se venga abajo, porque la economía capitalista funciona siguiendo las líneas del serrucho o, dicho de otro modo, por ciclos, la suba de la tasa de interés provocará un literal derrumbe de la cotización de bonos y el colapso del Ponzi. La inflación norteamericana, que algunos subestiman como ocasional, podría ser un detonante ‘eficaz’. Los Fernández ya no tienen edad para ser calificados como “aprendices de brujos”, pero actúan como brujos diplomados.
Pobreza
El déficit fiscal del primer semestre fue del 0,5% del PBI, lo que significa un recorte brutal -el más importante en años. Esto es la consecuencia de haber eliminado todas las ayudas del año pasado (IFE, ATP) y haber recortado en salud, educación y planes sociales. El Gobierno que planteaba “apalancar el consumo”, redujo el gasto estatal y los salarios, o sea, ese consumo, aunque alargó los plazos para consumir contrayendo deudas. Conseguir el “equilibrio macro” significa destruir el equilibrio micro de los trabajadores.
Emiliano Monge y Jorge Altamira
26/07/2021
lunes, julio 26, 2021
Hoy en la Mesa Redonda “Fidel habla del Moncada”
La Mesa Redonda retransmitirá este 26 de julio, las valoraciones que en este programa, hace 21 años, hiciera el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz sobre el Asalto a los cuarteles “Moncada” y “Carlos Manuel de Céspedes”, en 1953.
Juegos Olímpicos: movilizaciones en Tokio rechazan la realización en medio de la pandemia
Las masivas protestas populares de rechazo a la realización de los Juegos Olímpicos, que han movilizado a miles de japoneses en la ciudad de Tokio el día de la fiesta de apertura, son una respuesta de la golpeada población local a la decisión de los organizadores de llevar adelante la competencia en medio de un pico de la pandemia en la ciudad nipona, donde solo el 20% de su población se encuentra vacunada.
Fue tal la prioridad colocada por los gobiernos nacional y municipal de Tokio y por el Comité Olímpico Internacional (COI) de llevar adelante las competencias contra toda lógica sanitaria, que, a último momento, tomaron la decisión de que todo el desarrollo de los Juegos se llevará a cabo sin la presencia de público –aunque esto afectaba (y lo lamentaran), los ingresos de todos los que lucran con su realización- justamente por el brote de coronavirus desatado en la ciudad, entre otros puntos del país.
Mientras los organizadores incluían la realización de un minuto de silencio en homenaje a las víctimas por el coronavirus, en el estadio vacío donde se realizaba la ceremonia se escuchaban los cánticos de la multitud que lo rodeaba, que cuestionaba a las autoridades que realizaban el recordatorio cuando Tokio tiene los picos más altos de contagio en varios meses.
Y cuando, al mismo tiempo, la cantidad de contagiados sigue creciendo entre los deportistas y el personal afectado a los juegos -ayer ya superó los 90-, en algunos casos, como en el de la delegación checa, dejándola afuera de un par de competencias por quedarse sin atletas en condiciones de intervenir.
Competencia de escándalo
Los Juegos, además, han sido salpicados en los últimos días, por varios escándalos que terminaron con el despido del director a cargo de la ceremonia de apertura, Kentaro Kobayashi, por hacer comentarios ridiculizando el holocausto y del compositor de las ceremonias de apertura y clausura de los Juegos Olímpicos de 2020, el músico japonés Keigo Oyamada, luego que se enfrentara a una reacción violenta en las redes sociales por rescatar públicamente los abusos que realizara contra compañeros discapacitados.
Está claro que las declaraciones de los organizadores sobre la posibilidad de suspenderlos “si crecía la cantidad de casos” fue solo una manifestación que apuntó a prevenirse frente a una catástrofe sanitaria. La decisión de que el negocio de los Juegos no se detenga se mantiene aún con el cuadro de pandemia desatada, adentro y afuera de los estadios.
Brutal ataque al medioambiente
Otro de los aspectos que muestra el gran negocio capitalista en el que se han convertido los Juegos, al igual que la mayoría de los grandes eventos deportivos internacionales, es el del desastre ecológico que suponen, por el carácter irracional de su organización. Esto pese, o tapado por, declaraciones rimbombantes del COI y todos los gobiernos organizadores, donde dicen tomar como prioridad de los Juegos la defensa del medio ambiente.
Uno de los aspectos que se destacan por las consecuencias medioambientales, pero también de la irracionalidad, es el de la infraestructura que siempre corre por cuenta de los gobiernos y que luego queda en desuso pese a la magnitud de las obras y la dimensión de las inversiones realizadas. Esto porque su construcción solo aporta al negocio de la realización de esa edición de los Juegos y no tiene en cuenta si el lugar donde se instalan requiere o no de ellas.
La irracionalidad capitalista
Una nota de Yahoo (19/7) da cuenta de que luego de la realización de los Juegos Olímpicos en Brasil, en el 2016, donde el gobierno nacional y los locales –que son los que realizan las obras y corren con el costo de las mismas- invirtieron 13.000 millones de dólares, el monumental estadio de Brasilia -entre otros- ha quedado totalmente abandonado, las piletas olímpicas y sus estructuras están, asimismo, sin uso y de los 3.600 departamentos construidos para el alojamiento de los atletas, solo se vendieron 340, mientras que el resto permanece desocupado y abandonado, pese a la terrible situación de la vivienda que sufren las masa populares del país.
Esto, destaca la nota, se replica en el caso de Atenas 2004, donde se invirtieron 11.800 millones de dólares en grandes estructuras donde, entre otras, se alojaron las competencias de vóley, natación y de kayak, y que hoy se encuentran totalmente abandonadas.
En Sotchi 2014, el gobierno de Putin partió casi de cero para construir (y destruir) toda la estructura necesaria para los Juegos en esa relativamente pequeña ciudad rusa. Se invirtieron 41.600 millones de dólares en obras que incluyeron hasta la construcción de un aeropuerto y, según la Unesco, se produjo un desastre ecológico, con la liquidación de bosques naturales; el cambio del curso de un río y sus consecuencias para la fauna, entre muchas otras cosas y con la obsolescencia por la actual falta de uso de toda la infraestructura construida.
En la ceremonia de apertura, el titular del COI, Thomas Bach, alabó el esfuerzo de los atletas y dijo que era un momento de “alegría y alivio” especialmente para ellos porque finalmente había podido llegar allí que era lo que querían.
La verdadera razón de esa “alegría y alivio” la explicó la atleta negra norteamericana y activista por los derechos de los negros, Gwen Berry, quien forma parte de la delegación de ese país pero en 2019 recibió del Comité Olímpico de los EE.UU. una suspensión condicional por 12 meses por levantar el puño en protesta contra los ataques racistas en su país y, por esa razón, perdió a sus patrocinadores. Eso, dijo, “fue extremadamente devastador porque cortaron todos mis ingresos” como para poder “competir, ir al extranjero, ir a competencias, conseguir premios”.
De la más antigua competencia deportiva de la humanidad, nacida en la ciudad de Olimpia –se estima- en el año 776 AC solo quedan los emblemas. El capitalismo ha dado cuenta de la misma para convertirla en un gran negocio.
Solo la liquidación del capitalismo hará posible que las grandes gestas deportivas vuelvan a convertirse en una gran fiesta y competencia fraternal.
Nelson Marinelli
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