martes, julio 31, 2018

Ahed Tamimi, símbolo de la resistencia palestina, salió de prisión



Fue recibida como heroína por familiares, manifestantes y la prensa de Cisjordania donde vive. El presidente palestino Abás la invitó al palacio presidencial y la calificó como “modelo de lucha”.

Ahed Tamimi, de 17 años, salió hoy de la cárcel tras cumplir casi ocho meses de condena dictada por un tribunal militar israelí.

Ahed fue detenida el 19 de diciembre (tenía 16 años), por protestar contra una redada del ejército israelí y darle una bofetada a uno de los soldados. Previamente, los militares habían disparado a la cabeza de su primo y una bala de goma le había destrozado parte de la cara y el cráneo.
Un video filmado con celular por su madre Nariman, que también fue arrestada, condenada y liberada este domingo, muestra a Ahed y a su prima en su casa de Nabi Saleh (un distrito de la Cisjordania ocupada ilegalmente por el Estado de Israel), en el momento que protestan contra los soldados.
El video recorrió el mundo y ayudó a visibilizar los crímenes que cometen cotidianamente las fuerzas israelíes así como la heroica resistencia de cientos de miles de palestinos que enfrentan la ocupación militar, los desalojos de sus hogares, la criminalización por ser palestinos y ser tratados como ciudadanos de segunda.
Por esos hechos de diciembre Ahed fue acusada de doce cargos, entre ellos, atacar a las fuerzas de seguridad, tirar piedras, participar en manifestaciones violentas, amenazas e incitación a la violencia. Tuvo que afrontar su “juicio” bajo prisión porque dijeron que podía “representar un peligro” y “obstruir la investigación”. Sufrió interrogatorios violentos de los cuales se conoció un video difundido por su padre, Basem Tamimi (uno de los referentes de la campaña por su liberación y la de su madre) y diversos maltratos durante su detención.
Su firmeza ante la represión y la persistencia en la lucha por el fin de la ocupación israelí, la convirtieron en uno de los símbolos de la resistencia palestina tanto en Cisjordania y Gaza como a nivel mundial.
Sus primeras palabras al salir de la cárcel fueron emocionantes. Entre los abrazos y lágrimas de sus familiares y compañeros Ahed dijo que "la resistencia continuará hasta que la ocupación termine" y agregó que estaba contenta de recuperar su libertad pero que muchos otros seguían presos por enfrentar la ocupación y defender sus derechos.
Ahed debió aceptar en marzo un acuerdo con la Fiscalía para declararse culpable en 4 de los 12 cargos y ser condenada a ocho meses. Para su abogada Gaby Lasky, con este caso Israel ha intentado "disuadir" a otros jóvenes a que sigan su ejemplo.
Mahmud Abás la recibió en la sede de la Autoridad Nacional Palestina
El presidente palestino, Mahmud Abás, recibió a Ahed en el palacio presidencial y la calificó como "modelo de la lucha palestina por la libertad y la independencia" y agregó que "La revolución popular es el camino correcto para resistir a la ocupación israelí”.
Tras pasar por su villa natal, en la localidad cisjordana de Nabi Saleh, en territorio palestino ocupado, Ahed y su madre Nariman, visitaron la tumba del histórico líder Yaser Arafat en el palacio presidencial de la Muqata donde depositaron flores.
Después, Abás recibió a puerta cerrada a la joven de 17 años y Nariman en su oficina como muestra de la trascendencia que ha tomado su caso en la esfera internacional.
Los Tamimi son una conocida familia de activistas que han liderado las protestas en la villa y por lo que la mayoría de sus miembros han sido detenidos en disturbios con las fuerzas de seguridad israelíes, varios heridos y algunos incluso asesinados.
Su padre, Basem, un activista y exprisionero de Israel, solo las pudo visitar dos veces en estos más de siete meses porque las autoridades israelíes le negaron el resto de permisos.
El suceso con los soldados grabado en vídeo el 15 de diciembre es solo el último de una serie de enfrentamientos entre la joven y las fuerzas israelíes.
Tras la dura experiencia de la segunda Intifada (levantamiento popular) entre 2000 y 2005, la localidad cisjordana de Nabi Saleh se sumó en 2009 al movimiento de la "resistencia no violenta", con manifestaciones contra la apropiación de la colonia judía de Halamish de un manantial usado por los residentes del pueblo durante generaciones.
Este contexto puso a Ahed, una niña de 9 años entonces, frente a frente a la ocupación: arrestos, soldados en las calles, cañones de agua de olor nauseabundo, granadas de estruendo, gas lacrimógeno, balas recauchutadas y hasta munición real como la que mató a su tío Rushdie, de 31 años, en 2012.
Nabi Saleh se convirtió en un icono al que activistas y curiosos de todo el mundo que pasaban por Cisjordania se acercaban para conocer a una familia que ya forma parte de la historia reciente de Palestina.
Los Tamimi fueron retratados en 2013 en un artículo del New York Times que planteaba si no sería en esa pequeña localidad de 600 habitantes, rodeada de asentamientos, donde estallaría la Tercera Intifada.
El caso de Ahed ha movilizado a escritores, artistas y académicos, entre ellos Rosario Dawson o Angela Davis de Estados Unidos, seguido en las redes sociales bajo el hastag #FreeAhed y ha dado visibilidad a la situación de 291 menores palestinos encerrados en cárceles israelíes.

LID

Contra el Gobierno de Ortega y la derecha empresarial proimperialista



La crisis política en Nicaragua lleva tres meses y la brutal represión del gobierno de Daniel Ortega Saavedra y su esposa, la vicepresidenta, Rosario Murillo ya dejó más de 400 muertos. Por la movilización independiente y una salida obrera y popular.

Lo que comenzó el 19 de abril con protestas lideradas por trabajadores de la salud y jubilados contra la reforma al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), una medida impuesta por el Fondo Monetario Internacional (FMI) que incluía el aumento de las cotizaciones de trabajadores y una deducción del 5% en las pensiones, fue apenas el estopín que desató una crisis sin precedentes desde la década de los ochenta en Nicaragua. La misma ya se venía incubando tras una larga política de Ortega de acuerdo con las cúpulas empresariales y organismos financieros internacionales, completamente antipopular, acompañada de un autoritarismo represivo cada vez más creciente.
Por eso, el recule de Ortega de la imposición de la Ley de Pensiones, buscando detener la rabia que se comenzaba a desatar y que fue protagonizada en sus inicios por miles de jóvenes y estudiantes universitarios que se fue extendiendo a todo el país, no fue capaz de contener un proceso profundo donde millares se fueron sumando en cada una de las ciudades y pueblos en sendos procesos de movilizaciones. Eran jóvenes, pobladores de las barriadas populares de Managua y otras ciudades como Masaya, León, Estelí, entre otras; sectores populares, campesinos, clases medias frustradas, que hartos de la situación decían, ¡basta!
Quienes, además de movilizarse, levantaban barricadas en sus lugares de protesta y tranques en las principales carreteras del país. El gobierno de Ortega-Murillo respondió con una brutal e inusual represión con saldo de muchos muertos y heridos.
En una situación donde importantes sectores empresariales deciden tomar distancia de Ortega, incluyendo a la alta jerarquía de la Iglesia Católica que también venía aliada al gobierno. Ahora, con un discurso opositor, y con la bronca popular creciente en las calles, buscan una salida negociada, y si la misma no prospera, voltear a Ortega para imponer un gobierno aún más derechista y que impulse su programa proimperialista. Se crea la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia en el marco de un “diálogo nacional”, donde la Conferencia Episcopal actúa de mediadora. Una Alianza Cívica liderada y hegemonizada centralmente por las principales cámaras empresariales como el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), pero en la que participan “representantes” del sector estudiantil, dirigentes campesinos y lo que se da en llamar representantes de la “sociedad civil”. En dicha Alianza está presente la embajadora de Estados Unidos en Nicaragua, Laura F. Dogu.
No falta a la cita la Organización de Estados Americanos (OEA) y el gobierno imperialista de Estados Unidos enviando delegados a negociar con el gobierno nicaragüense. Con un discurso de “democracia” y de “derechos humanos”, que le sirve en bandeja Ortega con su autoritarismo y escalada represiva, discuten una “transición política” y se habla de anticipar las elecciones presidenciales. Puro cinismo: lo que buscan es ver cómo de la crisis –sea mediante una “transición” o mediante la salida de Ortega-Murillo–, surge un gobierno aún más afín a sus intereses. Allí está recientemente Honduras para atestiguarlo donde el imperialismo avaló toda la represión de un gobierno cuya génesis estuvo en el golpe de Estado de 2009, luego del escandaloso fraude electoral, o el propio gobierno de Michel Temer en Brasil oriundo de un golpe institucional.
Por eso, en la reciente reunión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) se aprobó una declaración en la que se incluye una solicitud para adelantar las elecciones a marzo de 2019, dos años antes de lo previsto. El documento “insta” al gobierno a que "apoye un calendario electoral acordado conjuntamente en el contexto del proceso de Diálogo Nacional". La iniciativa fue impulsada por siete países (Estados Unidos, Canadá, Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica y Perú), contando con el respaldo de México, luego del “pedido” que realizó la Iglesia Católica a través de la Conferencia Episcopal. Además de EEUU y Canadá, se trata de gobiernos representantes de la derecha latinoamericana, apoyada además por los gobiernos de países de Europa.
Esta es una clara línea de injerencia por parte de Estados Unidos y de otras potencias imperialistas que incluye a organismos como la Unión Europea (UE), acompañados de dicha derecha continental. Esta línea no solo concede a Ortega el tiempo suficiente para negociar su salida del gobierno, sino que busca una transición pactada lejos de las demandas de la población movilizada; y en caso de que aquel no acepte este plan, acelerar su salida. La OEA “urge” a Ortega a que participe “de buena fe” en el Diálogo Nacional del que forman parte el gobierno, la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y la patronal a través del COSEP.
La medida es una línea mandatada por los organismos internacionales, que declara su condena nada más por los “actos violentos” contra los universitarios y jóvenes que enfrentaron la represión a manos de la policía y fuerzas paramilitares que dejó como saldo dos asesinados durante el 15 de julio. Como se ve, buscan darle una salida a Ortega, dejándolo impune de los más de 400 crímenes contra la población. No es una novedad este tipo de “presión” ejercida por Estados Unidos desde la OEA o la ONU, para dar una “salida pactada” a la crisis, puesto que el imperialismo estadounidense busca que la resolución lo beneficie para los reacomodos políticos y económicos que se dan a nivel internacional, y seguir manteniendo al conjunto de América Latina como su enorme patio trasero. De la mano del imperialismo y de una oposición patronal profundamente proimperialista, cualquier salida será favorable a los intereses de las grandes trasnacionales y contraria al pueblo trabajador.
Así, acelerada la crisis política, el aumento de la brutal represión se ha visto signada por el estancamiento del “Diálogo Nacional” propuesto por la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y aceptado por Ortega. Cabe señalar que este “diálogo” ha sido suspendido de manera intermitente y se encuentra estancado no sólo porque Ortega se ha negado a detener la represión –primera demanda para establecer las mesas de diálogo que incluyen el debate sobre un proceso de “democratización” en Nicaragua–, sino por la creciente movilización a nivel nacional con una destacada participación del pueblo nicaragüense que exige su salida.
Aunque este “diálogo” permanece en un impasse político, es casi seguro que las negociaciones entre los sectores que lo conforman continúen a espaldas de los sectores en lucha; y donde hay una tendencia a poner a prueba la relación de fuerzas en las calles. Y es que en vísperas de la Asamblea General de la OEA en Washington, sus miembros ya habían mantenido comunicación con el gobierno de Ortega, para acordar modificaciones al sistema electoral; muestra de ello fue que su secretario general, Luis Almagro, declaró apoyar elecciones adelantadas siempre y cuando se suscitaran en un marco de “transparencia institucional”, lo cual apostaba desde inicio a darle tiempo a Ortega para derrotar la movilización social y pactar con los empresarios la transición.
En este escenario se inscribe el aumento de la escalada represiva y los ataques de paramilitares y parapoliciales, incluyendo el uso de francotiradores contra la población. A pesar de eso, continúan resistiendo algunos de los bastiones históricos –y hasta hace poco incluso con gran peso electoral para el sandinismo–, en ciudades como Masaya, Estelí, León, Carazo, entre otros.
En recientes declaraciones a la cadena estadounidense Fox News, Daniel Ortega, luego de sentirse “un poco más seguro” tras la brutal escalada represiva que al parecer ha contenido momentáneamente el movimiento, aseguró que un adelanto de las elecciones en el país crearía "inestabilidad e inseguridad" y "empeoraría las cosas". Y con total descaro, le lanza la culpa de los muertos a la población que se ha rebelado diciendo que “han sido originados por grupos paramilitares financiados por algunos diputados opositores y el narcotráfico”. Además, Ortega “asegura” que en los últimos días se ha dado un proceso de "normalización"; lo que no dice es que si esto es así es por el uso brutal de la represión con muertos que se cuentan por centenas y miles de heridos.
Pero si se ha llegado a esta situación como sostiene Ortega, no solamente ha sido producto de la represión. Desde el inicio, el gobierno del FSLN apostó a “pegar para negociar” ya que ha tenido a su favor que la oposición y el imperialismo no tienen por ahora un recambio político y temen un agravamiento de la crisis que afecte la “gobernabilidad” y, sobre todo, que las movilizaciones terminaran en un “estallido social” de gran magnitud que volara todo por los aires. Por eso, se ha venido presentando, tal como lo reafirma en la entrevista con Fox News, como el único garante de la estabilidad económica y política, para discutir en mejores condiciones, mientras continúa recrudeciendo la represión y trata de desgastar al movimiento de protestas.

Los límites que ha tenido la movilización, un balance necesario

Como hemos escrito, lo que se ha desarrollado en Nicaragua desde el punto de vista de movilización de masas no se veía desde los años ochenta. Ciudades, pueblos y barrios emblemáticos de la época de la Revolución del 79, y que por años fueron bastiones del gobierno del FSLN, se rebelaron de una manera inusual, con una juventud que despertaba con el crujir político, y una vieja generación que aún mantienen latente ciertos métodos de lucha de hace apenas 35 años. Así población de ciudades emblemáticas –como el caso de Masaya– llegaron hasta protagonizar un proceso de semi insurrección, expresando una combinación entre tendencias profundas a la movilización y alcanzando niveles de resistencia, autoorganización y autodefensa.
Los pobladores recurren a las viejas formas de lucha heredadas de la Revolución nicaragüense de 1979, como el levantamiento de barricadas, instalando trincheras y tranques (bloqueos) para impedir el ingreso de las fuerzas represivas y de paramilitares de manera espontánea; pero donde además se han quedado sin representación de cualquier autoridad gubernativa haciéndose del control de las ciudades. Fue en el desarrollo de estos elementos de autoorganización y autodefensa, con un alto grado de espontaneidad, donde ganaron fuerza las consignas contra el gobierno, exigiendo la salida de Ortega y Murillo, y que desataron la ira represiva del gobierno, que ordena ataques de manera sistemática por elementos paramilitares, acuerpados por la policía y el Ejército para combatir este proceso y disciplinar a la población que se rebela.
Estas expresiones tuvieron una participación destacada de jóvenes, campesinos y mujeres que se pusieron al frente, pero su gran límite fue estar bajo una dirección política y líneas de actuación impuesta por la dirección de la Alianza Cívica, en manos de la patronal (COSEP) y las cúpulas de la Iglesia católica.
Pero sobre todo, al no haberse desarrollado estas medidas junto con sectores de la clase trabajadora –que garantizan el funcionamiento de los servicios y la industria del conjunto del país– levantando ésta sus demandas como sector organizado, rompiendo con la burocracia sandinista y encabezando la movilización del conjunto del pueblo oprimido y explotado. De esta forma, el grueso de los trabajadores actuaron diluidos en el proceso de movilización, o contenidos vía las centrales o sindicatos estatizados cuya burocracias, afines al gobierno, impidieron que los trabajadores actuaran a través de sus organizaciones y con sus propios métodos de lucha.
Son estos elementos, su potencialidad y la posibilidad de superar los actuales límites, los que han causado también un gran temor dentro de los sectores empresariales. Es que los empresarios de las cámaras como el COSEP nada temen tanto como la “desestabilización” que una mayor rebelión obrera y popular podría ocasionar; prefieren no arriesgar todo lo que lograron bajo el “orteguismo”: mercados “abiertos” al capital extranjero, libertad para avanzar con la concentración de tierras y la destrucción ambiental, altas ganancias gracias a la superexplotación de la mano de obra y los subsidios del Estado, adhesión a los “consejos” del FMI y el capital financiero internacional.
Claramente, la política de la burguesía opositora es impedir que la movilización en su conjunto se vaya radicalizando cada vez más y se extienda, y que terminen de peligrar sus intereses. Temen que la movilización ya no solamente se dirija contra Ortega, sino también con los sectores empresariales que pactaron con Ortega desde el 2006. A este hecho se suma la preocupación del imperialismo estadounidense, ya que de abrirse un escenario de una mayor desestabilización o “estallido social” en la región, afectaría la recomposición –en términos de hegemonía– que tanto le interesa mantener a Estados Unidos sobre la región del istmo centroamericano.
Para eso recurrieron a la política del “diálogo nacional” o a “paros nacionales” controlados, para aplacar los niveles de combatividad de los sectores movilizados y crear las condiciones óptimas para una salida política a la crisis que sea contraria a los intereses del pueblo trabajador, que garantice los intereses de la patronal y el imperialismo.
Lamentablemente, los “voceros” de la coalición estudiantil compartieron y comparten el plan de una “salida negociada” de la Alianza Cívica, en línea con lo que dicen las cámaras empresariales, más allá de su retórica. El hecho de ser parte de una alianza con los sectores empresariales indica claramente que lo que buscan es la salida de Ortega, pero para un gobierno de recambio afín a los intereses de los grandes empresarios. Si en verdad están a favor del pueblo deben romper con dicha Alianza Cívica y luchar por las demandas fundamentales de los trabajadores, el pueblo pobre y los campesinos nicaragüenses, cuestión a la que se oponen claramente los empresarios del COSEP y la alta jerarquía de la Iglesia Católica.
Los trabajadores, la juventud y el pueblo a estas alturas necesitan un balance claro. Una salida de Ortega favorable a sus intereses no será de la mano de las cámaras empresariales, de la Iglesia Católica defensora de los intereses de los de arriba y de los terratenientes. La subordinación del movimiento de protesta a la política proimperialista del COSEP y la Iglesia fue y sigue siendo un grave escollo político para que el proceso se desarrolle y triunfe. Por eso, se hace necesario más que nunca romper con la Alianza Cívica de los empresarios y la Iglesia y su programa, para que la vanguardia que se ha comenzado a forjar en estas luchas pueda orientarse de manera independiente y con una perspectiva superior. Esta necesaria delimitación está ligada a la discusión profunda de un balance de la lucha, y a la tarea de multiplicar, consolidar y desarrollar la organización que ha comenzado a germinar en las barricadas, tranques y tomas, una conquista que no debe diluirse por las ilusiones en el “diálogo nacional”, soldando a la par la unidad de los trabajadores y el pueblo en las calles.
El carácter del gobierno de Ortega y el giro a derecha del “progresismo” sandinista
El regreso de Ortega en 2006, después de las elecciones y del gran pacto que realizó con la alta jerarquía de la Iglesia católica –enemiga de la Revolución nicaragüense– junto a los sectores empresariales, fueron los elementos que jugaron a su favor para llegar al gobierno con los planes del FMI bajo el brazo.
La tercera presidencia consecutiva del líder del FSLN supo beneficiarse de la división y debilitamiento de la derecha conservadora, así como del crecimiento económico promedio anual del 5% desde el año 2011, debido al auge de la demanda de materias primas y las exportaciones a los Estados Unidos. Aunque este último aspecto sobre el crecimiento económico, permitió reducir algunos de los índices sociales escandalosos y desarrollar determinados programas de asistencia social, a fines del 2017 un tercio de la población vive en pobreza, recrudecida por la precarización laboral y bajos salarios (la mayoría sobrevive con 100 dólares al mes) de los que se beneficia la patronal nicaragüense y las empresas extranjeras.
Dejando toda retórica izquierdista en el pasado, la gestión de Daniel Ortega concentró el poder político buscando beneficios económicos para su familia; basado en métodos autoritarios y atacando con mayor represión las libertades democráticas y los movimientos de protesta. Pero además, ese poder político se vio respaldado por sectores de la burguesía y una casta burocrática, donde Ortega actúa como administrador de los negocios capitalistas en el país.
Esto fue expresión en Nicaragua del giro a derecha que se dio en los últimos años de los llamados “progresismos latinoamericanos”, como el que pretendía encarnar Ortega y la administración del FSLN, adquiriendo un curso fuertemente bonapartista reaccionario y en detrimento de los trabajadores y los sectores populares. Incluso de buenas relaciones con el imperialismo, ligado a mantener un discurso reivindicativo demagógico de la Revolución de 1979, solo como retórica para dar legitimidad a su gobierno, el cual únicamente ha servido para cobijar los planes que han beneficiado a las grandes élites y a viejos sectores de la burocracia sandinista, quienes escalaron hasta formar parte de grandes grupos económicos empresariales y del Ejército.
Contra el gobierno de Ortega, impulsar la movilización independiente de la patronal proimperialista
Pero a pesar de su dureza represiva y discursiva, el gobierno de los Ortega-Murillo está debilitado. Ha perdido base social y los viejos pactos con el empresariado y la Iglesia, claves para su hegemonía de 12 años, se han desvanecido. Y los intentos por retomar el control se basan en la fuerte represión, lo que lo llevará a negociar en otras condiciones con las cúpulas patronales.
Así, el régimen político de dominio del matrimonio Ortega-Murillo se encuentra en un agotamiento y crisis abierta (aunque ésta no acaba aún de definirse), teniendo como elemento desestabilizador también la crisis económica. De ahí que Ortega termina decidiendo aplicar el ajuste del FMI, pero cuyo costo político al desatarse la crisis es que el sector empresarial termina distanciándose del gobierno y se une a la Alianza Cívica.
Y es que si bien Ortega ha demostrado ser el enemigo número uno de la movilización, también hay que señalar que los sectores empresariales que llaman a “paros cívicos y pacíficos” (una mezcla de lockout patronal con sectores populares que participan expresando el hastío de la situación), como ya lo hemos expresado más arriba, lo hacen de una manera controlada para ejercer presión a Ortega.
La patronal y la oposición proimperialista buscan utilizar el descontento con el régimen encabezado por Daniel Ortega para imponer un gobierno todavía mas sometido y subordinado al imperialismo. Ante eso, es fundamental impulsar la movilización independiente de los trabajadores, la juventud y el pueblo pobre, ya que son las mismas patronales que se enriquecieron bajo Ortega las que quieren entregar aún más el país al imperialismo. Para eso debemos poner en pie una verdadera alternativa de los trabajadores, los campesinos pobres y la juventud, que luche por una salida revolucionaria y acorde a las necesidades y demandas profundas del pueblo nicaragüense.
Ortega habla de los últimos días de “normalización”, pero lejos está de alcanzar un proceso de desmovilización, tal como lo vimos en las marchas del “Día del Estudiante” y que en muchas ciudades y pueblos se resiste a la represión. No hay que dejarse engañar con los discursos de Ortega.
Lo que la situación aún reclama es la preparación de una verdadera huelga general indefinida, con movilización y tranques, para paralizar realmente al país y poner en las calles toda la fuerza de los trabajadores, los campesinos y las masas populares, confiando en sus propios métodos y organización. Para ello, es necesario generalizar la organización de comités y otros organismos de lucha, capaces de tomar en sus manos las múltiples tareas del levantamiento, incluyendo la autodefensa contra la represión estatal y las bandas paramilitares. Pero también su coordinación y centralización nacional, democráticamente organizada como un gran frente de las organizaciones en lucha y que adopte un programa propio, obrero y campesino ante la crisis nacional. Superando así a la dirección de la Alianza Cívica, gran traba para la movilización independiente.
Como hemos expresado antes, los trabajadores y entre ellos, muchos jóvenes y mujeres participan de la lucha en sus barrios, pueblos y ciudades. Sin embargo, la clase obrera como tal, como sujeto social y políticamente diferenciado, está todavía invisibilizada. Y esta es una seria dificultad para el desarrollo de la rebelión, porque son los trabajadores los que pueden paralizar la producción en los centros vitales de la economía nacional. Hasta ahora pesan las condiciones de precarización, extrema explotación y recorte de derechos de organización impuestos por los empresarios y el régimen, como ocurre, por ejemplo, con los más de 100.000 obreros y obreras que laboran en las “maquilas” de las Zonas Francas, principalmente en Managua.
Las principales organizaciones sindicales, como la Central Sandinista de Trabajadores (CST), el Frente Nacional de los Trabajadores (FNT, cuyo secretario general es también diputado y preside la Asamblea Nacional), la federación de trabajadores de la salud, la Confederación del magisterio y otras, son controladas por el Gobierno, a través de una burocracia que ha cerrado filas en su defensa. Pero es el desarrollo mismo de la movilización en curso el que abre la posibilidad de que los asalariados de la industria, los transportes y servicios, etc., sacándose de encima esa “losa burocrática”, comiencen a jugar un papel superior. ¡A poner de pie el movimiento obrero, para luchar por sus demandas y las de todo el pueblo! ¡Fuera la burocracia de los sindicatos! ¡Por la independencia de los sindicatos ante el Estado, el FSLN y la patronal!
Por ello, también es necesario hoy más que nunca que el movimiento de masas se plantee la autorganización de todos los sectores en lucha; campesinos, mujeres, estudiantes y la juventud que resiste de forma heroica. Y donde la clase trabajadora tiene el enorme desafío de mostrar su potencial, poniéndose a la cabeza de la preparación de una verdadera huelga general organizada desde las bases trabajadoras que lleven a un mayor impulso y extensión de las movilizaciones en todo el país.
Para que la gran energía que ha demostrado el movimiento de masas no termine desgastada en una mesa de negociaciones ni utilizado como base de maniobra para una salida proimperialista, la salida independiente debe ser el norte para los sectores más progresivos que están luchando. Y esto implica la ruptura por izquierda con la Alianza Cívica y su política de diálogo con el represor Ortega. Los trabajadores del campo y los sectores urbanos tienen el reto de pelear por superar a sus direcciones en manos de la burocracia sandinista y romper con los sectores empresariales para ir hasta el final y conquistar el conjunto de sus demandas. Para ello es necesario levantar un programa obrero que acaudille las demandas de los demás sectores explotados y oprimidos.

Luchemos por una Asamblea Constituyente Libre y Soberana

Distintas perspectivas se abren para Nicaragua, cruzadas por el impacto que pueda tener una mayor represión gubernamental y el descontento que se expresa en las calles. Primero, que por la vía de la negociación o de la caída de Ortega, sea capitalizada por la oposición derechista y la patrona proimperialista. Otra opción es que, producto del endurecimiento de Ortega, su bonapartismo y el uso indiscriminado de la represión, termine por tomar el control, y sobre esa base discutir una transición más ajustada a sus intereses. O bien una salida favorable para los trabajadores.
Es necesario decir claramente que ni el bonapartismo de Ortega y Murillo, ni una salida de la mano de la patronal proimperialista (sea que incluya un “gran acuerdo nacional” o imponer la salida de Ortega y un gobierno más favorable a sus intereses) son alternativas para los trabajadores y el pueblo. Hay que luchar por una salida que verdaderamente dé respuesta a las profundas aspiraciones democráticas del pueblo “nica”.
Contra estas salidas, enemigas del pueblo trabajador, los planes de “transiciòn” y adelantamiento de elecciones, los socialistas pensamos que es necesario levantar la lucha por una Asamblea Constituyente verdaderamente libre y soberana, para que el pueblo decida democráticamente sobre todos los grandes problemas nacionales, mediante representantes elegidos por voto popular y revocables, que ganen lo mismo que un trabajador especializado. Una Asamblea Constituyente que concentre el poder ejecutivo y legislativo, eliminando el cargo presidencial que es una figura solo destinada a mantener el orden capitalista, eliminar el Poder Judicial, esa casta de jueces que no elige nadie, suplantándolos por jurados populares elegidos por sufragio universal. Se trata en suma de una Constituyente donde se discuta la resolución efectiva de todas las demandas económicas, democráticas y sociales del pueblo trabajador, campesino y popular.
Es claro que una Asamblea así sólo se puede conquistar mediante la movilización. Para ayudar a ello y fortalecer la movilización de conjunto, es necesario combinar las legítimas demandas democráticas contra la represión y por justicia, contra el régimen autoritario y corrupto de Ortega y Murillo, con las demandas obreras, campesinas y populares, por el salario, el trabajo y la tierra, contra el pago de la deuda externa y la “tutela” del FMI, contra la entrega de los recursos naturales a las mineras y agroindustrias y contra el proyectado Canal, como parte de un programa de los trabajadores, para que la crisis la paguen los capitalistas.”
Solo este camino hará posible mostrar el carácter de clase de los empresarios y acelerar la movilización en clave independiente de la Alianza Cívica, no solo para derrotar al gobierno de Ortega- Murillo, sino para brindar al conjunto del pueblo nicaragüense una salida efectiva a sus demandas. Esta pelea, junto a profundización de la movilización ya en curso en estos meses de lucha, facilitaría también el surgimiento de organismos de autodeterminación.
Una Asamblea así, conquistada por la movilización y en la perspectiva de la lucha por un gobierno obrero, campesino y popular, llevaría hasta el final la tarea de desmontar de raíz las instituciones bonapartistas y corruptas del régimen, algo que la Alianza Cívica y la Iglesia no quieren ni pueden hacer, porque han sido sus cómplices históricos y las necesitan para recomponer un nuevo régimen a su medida.
Pero además, un programa así puede abrir el horizonte a la resolución íntegra y efectiva de las tareas democráticas y nacionales sin las cuales es imposible salir de la pobreza y la sumisión al imperialismo, incluyendo una verdadera democracia directa, mediante una nueva revolución en Nicaragua, que resuelva lo que en el 1979 las direcciones conducidas por el FSLN no hicieron, y construir una República obrera y campesina, basada en las organizaciones de frente único que las masas combativas construyan en su lucha.

Milton D'León
Caracas @MiltonDLeon
María Rosas

Maduro aplica un paquete de “racionalidad” capitalista contra los trabajadores y el pueblo



Nicolás Maduro anunció un conjunto de “medidas económicas” y “un vuelco de la economía” pero el eje es buscar la sobrevida de una alta burocracia estatal chavista y de los negocios de los grandes empresarios.

Maduro ha anunciado un conjunto de “medidas económicas” hablando de “un vuelco de la economía”. La pomposidad y la demagogia no le ha faltado hablando ahora de que se trata de "políticas del nuevo comienzo". Dentro de la pomposidad demagógica Tarek El Aissami, ministro de Industria y Producción, dijo que se trata de "un programa para el crecimiento y la prosperidad económica de Venezuela". Más bien digamos, para buscar la sobrevida de una alta burocracia estatal chavista y de los negocios de los grandes empresarios.
Son medidas que se lanzan en medio de una economía al borde del colapso, donde la hiperinflación amenaza alcanzar cifras siderales en este año de acuerdo a muchos pronósticos (el FMI ha calculado que será de 1.000.000%) y donde los ingresos en divisas por exportaciones y las reservas del Banco Central (BCV) sumadas no alcanzarían para pagar las importaciones imprescindibles y el servicio de la deuda externa.
En los hechos el pueblo trabajador y popular vive una situación catastrófica donde la hiperinflación ha pulverizado el salario (una botella de aceite de cocina puede rondar el equivalente a dos sueldos mínimos), los servicios públicos como la salud, el transporte, el suministro de energía, el servicio de agua, etc., están desmoronándose y ya se cuentan por millones las personas que han emigrado del país. La situación popular hace rato se ha vuelto insoportable, y los reclamos obreros que han empezado por un salario digno al nivel de la canasta familiar, son una importante demostración del gran malestar social.
El gobierno habla esta vez que ha lanzado un “plan” y no medidas aisladas, pero hasta el momento todas las medidas económicas y planes que uno tras otro ha anunciado pomposamente Maduro en los últimos 3 años han fracasado sin pena ni gloria contribuyendo a la anarquía económica y financiera y el descalabro general. Y todo indica que el recién lanzado “plan” tendrá el mismo fin.

Las medidas gubernamentales

Maduro ha anunciado un conjunto de seis medidas hasta el momento, entre ellas, que a partir del 20 de agosto se le quitarán cinco ceros al bolívar, cuando hasta no hace mucho se trataba de sacar solamente tres ceros (en 2008 se le sacaron tres ceros, es decir, vamos a ocho ceros menos en una década). Es que la hiperinflación que arrasa en el país develó rápidamente que tal espiral dejó sin sustento medidas anunciadas hacía apenas un par de meses, entrando ahora en circulación un nuevo grupo de billetes con nuevas denominaciones que en la dinámica que sigue volverán a sacarle más ceros. Pero lo que no dice es que al eliminar 5 ceros, y sin haber monedas ni billetes de baja denominación, el pasaje urbano (que ya lleva rato aumentando a voluntad de los transportistas), la gasolina y algunos otros servicios etc., serían reajustados en varias veces su valor actual.
Aunque ya lo había dicho en febrero de este año, Maduro vuelve a remarcar que el valor referencial de la moneda estará anclado al valor del “petro”, una criptomoneda de reciente creación que estaría “asociada al precio de la canasta de petróleo venezolano". Además, se decretó la exoneración de impuestos a las importaciones de materia prima y maquinarias para todo tipo de producción durante un año, una medida festejada por empresarios para la continuación de sus negocios.
Frente a la debacle de las reservas internacionales que se ubican hoy en 8.766 millones de dólares Maduro anuncia que “estoy aprobando la propuesta que me hace el BCV (...) de entregarle un bloque completo de reserva petrolera certificada (...) para el ejercicio financiero y económico de la principal institución bancaria del país". Se trata del Ayacucho 2, ubicado en la rica Faja Petrolífera del Orinoco "consistente en 29.298 millones de barriles petroleros certificados para entregárselos como parte del respaldo de la emisión de activos financieros y como parte de las reservas financieras del BCV". Explicando que ahora el BCV “regentará y emitirá los documentos financieros necesarios y suficientes para fortalecer su capacidad de pago, las reservas internacionales y el músculo financiero". Busca atraer préstamos y confianza del capital internacional poniendo como “respaldo” estos bienes de la nación.
Además, y esto fue lo que más llamó la atención e interesó a economistas de todas las latitudes y empresarios, “pidió” a la “Asamblea Nacional Constituyente” (ANC) una nueva legislación “para flexibilizar el control cambiario estatal” y permitir "el libre flujo" de inversiones en otras monedas. Sosteniendo que esta ley debe ser revisada para "facilitar" los trámites a los inversionistas extranjeros, a que "quien quiera venir a invertir pueda repatriar sus capitales en divisas extranjeras" y “eliminar las barreras de ilícitos cambiarios correspondiente a otros tiempos".
Pero habrá otros anuncios que vienen en camino, como sostuvo Elías Jaua durante el inicio del llamado Congreso del PSUV. Allí, el actual ministro de Educación expresó que también está planteado debatirse el precio de la gasolina, existiendo dos propuestas: "el aumento progresivo del precio de los combustibles" y "la internacionalización de precios". Maduro ya insinuó que la entrega de gasolina se reorganizaría mediante el llamado Carnet de la Patria, lo que puede significar que se racione la entrega al mes, además de ser un chantaje a la población.

Liberando la economía en función de intereses empresariales y la alta burocracia chavista

Lo primero que se destaca en estas primeras medidas es que el gobierno da pasos hacia una “liberación” de la economía, pero busca hacerlo controlado por el Estado y la burocracia chavista. El gobierno sabe que, desde el punto de vista de una economía capitalista, tiene que abrirse cada vez más pero con el cuidado de mantener la “estabilidad” de una burocracia estatal ligada a los grandes negocios, y entrelazada con las Fuerzas Armadas, a sabiendas que su sobrevida está ligada al Estado, pues se trata de una burocracia con intereses propios, antiobrera y antipopular. Un carácter que a todas luces lo ha demostrado no sólo en todo el período anterior, siendo cómplice y parte de una descomunal fuga de capitales, que le sustrajo al país miles de millones de dólares provenientes de la renta petrolera, sino también en medio de la catástrofe económica, donde no le ha temblado el pulso al decidirse a favor de los grandes acreedores internacionales pagando puntillosamente una fraudulenta deuda externa y en contra de los intereses del pueblo trabajador, al grado extremo de llevar a que el salario no sobrepase el par de dólares y a condiciones de vida de grandes padecimientos.
De allí que las medidas que toma no implican una sorpresa, pues ya ha venido dando pasos en la liberación de la economía, como, por ejemplo, con la promulgación de la Ley de inversiones extranjeras, las modificaciones a la Ley de Hidrocarburos, avanzando más aún la apertura petrolera, constituyendo empresas en petróleo con mayoría accionaria de las transnacionales, y más recientemente la autorización de casas de cambio que cotizan el dólar al nivel del mercado paralelo, lo que en los hechos constituye legalizar el llamado mercado “negro” de divisas y la megaevaluación de la moneda nacional con relación al dólar. Además, Maduro ya tiene adelantado el gran sueño de todo neoliberal: reducir el salario a la nada y, más aún, bonificado, dando así garantías de extracción de plusvalía absoluta a los grandes empresarios para la maximización de sus ganancias.
El “plan” de Maduro, si es que se le puede llamar plan incluso entre comillas, es a todas luces no sólo antipopular y antiobrero, sino además entreguista. No extraña entonces el hecho de que todos los economistas, incluso los ligados a la oposición, lo que más han rescatado justamente es la posible “liberación cambiaria” con todo lo que ello acarrea. Así, José Guerra, diputado de la derecha y neoliberal, considera que lo más importante es el decreto que persigue dicha flexibilización cambiaria, posición similar a la de Jorge Roig, expresidente de la patronal Fedecámaras.
Es decir, que tanto las empresas y establecimientos comerciales como las personas comunes, puedan ofertar, vender o comprar, libremente bienes, productos y hasta servicios, tanto en moneda extranjera como en bolívares ahora “soberano”. Se trata de legalizar en los hechos de algo que ya ocurre, pues es común que en centros comerciales del país, sobre todo aquellos de productos electrónicos o importados se venden libremente en dólares incluso en euros, con la limitación nada más de no poder poner públicamente hasta el momento el precio en tal moneda, de igual manera para la transacción de compra de automóviles y muchos otros bienes, incluso la venta o el alquiler de inmuebles que ya en gran parte no se realiza en la moneda local.
Esta posible liberalización de la tenencia y compraventa de divisas sería la señal de una semidolarización de la economía, creando dos circuitos económicos separados: ciertos bienes de consumo popular a precios subsidiados y racionados, y una rápida y más amplia actualización de precios y mercado libre para el resto.
Sobre las otras medidas, como, por ejemplo, el anclaje del ahora llamado bolívar “soberano” al “petro”, carece de sustentabilidad, es más propio para el discurso interno buscando dar sensación de “solidez” de los anuncios, o a lo sumo podría servir como una especie de “unidad de cuenta” para la contabilidad, una medida de segundo orden, subsidiaria a la puesta en orden de las finanzas fiscales y nacionales. Se trata de hacer un anclaje con una pretendida divisa inexistente y que no es aceptada absolutamente por nadie como tal en el ámbito financiero internacional. Más aún es el anclaje a una criptomoneda respaldada en crudo –en el subsuelo, sin títulos y controlado por el mismo gobierno– con la que no se pueden realizar transacciones en muchos países, centralmente en Estados Unidos y por extensión en otros países por medidas ejecutivas del gobierno de Donald Trump.
En el mismo sentido va lo de “entregarle” al BCV el bloque completo de reserva petrolera certificada Ayacucho 2 como “respaldo para instrumentos y el ejercicio financiero y económico” de dicha institución. Como destacan algunos economistas “no se trata de activos que están a disposición inmediata del BCV. Así, ni el BCV –ni ningún operador económico- podría disponer de las reservas petroleras de inmediato, y no solo por razones jurídicas: esas reservas solo podrían ser aprovechadas a través de la asignación de derechos de exploración y explotación, con lo cual, en realidad, el BCV no podría disponer de las reservas petroleras para implementar instrumentos de política monetaria. La clave para comprender ello es que, económica y jurídicamente, las reservas petroleras no son activos que puedan ser enajenados”, tal como lo explica José Ignacio Hernández en un reciente artículO.
Agreguemos de igual manera que si el “respaldo” es una “garantía”, digamos de antemano que el gobierno se apresta a continuar empeñando activos de la nación, hipotecando más al país, pues si se incumple con una obligación principal, el acreedor podrá ejecutar o hacer cumplir la garantía (es de recordar los préstamos con China que deben ser pagados con producción petrolera, dinero que en buena parte se dilapidó sea vía la fuga de capitales o usado discrecionalmente por la alta burocracia estatal chavista y los negociados con empresarios del ramo).
Un plan de “racionalidad” capitalista, “gradualista” y de patas cortas
Las nuevas medidas de Maduro, que aún no están del todo clara ni definidas, apuntan en dirección a la “racionalidad económica capitalista” que reclaman la burguesía y el imperialismo, pero justamente, buscando sostener los intereses de la alta burocracia chavista y su poder. Pero la alta burocracia estatal se encuentra en una gran encerrona en su “plan” de liberación económica, lo que lleva a medidas de “estabilización de patas cortas”, pues en este camino en clave de medidas entreguistas y antipopulares el gobierno carece de apoyo financiero (y político) internacional.
Busca hacerlo gradualmente, pero tiene escaso margen y parece difícil que logren una “estabilización” (de hecho, Maduro no puede esperar asistencia financiera, quizás ni negociar una reestructuración de pagos de la deuda), o al menos encauzar la inflación y la asfixia del sector externo dentro de marcos “manejables”, pero que ya amenazan afectar aún más la situación popular y, encubren aumentos encubiertos y racionamiento de los bienes básicos y la gasolina que el Estado subsidia.
Este “plan” de Maduro no apunta más que a ser un paquetazo con el punto débil de cierto “gradualismo”, de la nula “confianza” que puede despertar en los empresarios y acreedores internacionales, y de la falta de una palanca de apoyo financiero internacional. Ahorcado económicamente como está, no sería de extrañar que pudiera estar buscando negociar en tal sentido con sectores externos. Aunque tiene encima una orden ejecutiva emitida por el gobierno de Estados Unidos que le impide refinanciar y/o reestructurar la deuda externa. Además, es de considerar que el gobierno tiene que pagar este año alrededor de 9 mil millones de dólares en concepto de deuda externa, aunque se considera que el país ya se encuentra en “default sigiloso”. Con una PDVSA en completa crisis, y la producción petrolera más baja de su historia en décadas, de unos 1,39 millones de barriles diarios, no puede si quiera aprovechar el alza que ha habido en los últimos meses de los precios del petróleo.
Hasta el momento, todos los planes de “estabilización económica” de países que han tenido fuertes procesos hiperinflacionarios han contado con tal apoyo con todas las condiciones que ello implica. No es casualidad que un economista burgués, como Henkel García, de la firma Econométrica, considera que el plan debió incluir “una estrategia para captar ayuda financiera internacional por el orden de los 30.000 millones de dólares”, al menos durante "los primeros años". Es que estos sectores reclaman un plan más en dirección al programa imperialista.
De acuerdo a instituciones como el FMI para Venezuela sería necesario un “paquete” de asistencia financiera, atado a la completa apertura y entrega, de 56.000 millones de dólares, de los que 20 mil millones deberían ser de entrega inmediata para apuntalar la estabilización y las importaciones necesarias; para esto, debería acompañarse además de “ayuda humanitaria” para paliar las consecuencias de un megapaquetazo, que multiplicarían el hambre y la miseria que hoy viven grandes sectores de la población.
En este cuadro, se fortalece la presión burguesa e imperialista, incluyendo sanciones y declaraciones diplomáticas. Desde el punto de vista de discutir una salida, proponen y exigen un plan de estabilización y apertura cuyo precio sería que haya un “gobierno políticamente responsable” (y por supuesto, obtener el control de las reservas petroleras que siguen siendo las mayores del mundo a pesar del derrumbe de la producción de PDVSA). Es que en verdad, la política económica del gobierno de Maduro tiene un valor que tiende a “0”, como el bolívar, pues todo plan de estabilización antiobrero y de “racionalidad” capitalista como el que busca necesitaría de “un rescate internacional”, pero el gobierno no tiene el aval de los grandes imperialistas. El plan más “coherente” y de “fondo” desde el punto de vista capitalista es el que discuten los medios imperialistas y que apoya la oposición burguesa local.

Frente la catástrofe económica la única alternativa es imponer un plan de emergencia obrero y popular

La mayor desgracia que se vive es que la política criminal de Maduro lleva aguas al molino no sólo de la “democracia” liberal (con su bonapartismo cada vez más reaccionario); sino a la del programa neoliberal, sumiendo en la desesperación y desmoralizando a la clase obrera y el pueblo humilde, que no ven salida. Esto es lo que expresan incluso economistas que hasta se reivindican “marxistas”, insinuando que cualquier plan burgués “viene bien” frente al descalabro económico, y que incluso les cuestionan a los trabajadores que reclaman un salario al nivel de la canasta familiar que es una demanda “irrealizable” e “irracional” pues llevarían al desencadenante de mayor crisis y que deben pedir algo “más coherente”.
Pero hay que sostener categóricamente que frente la catástrofe que ya se vive, para que una supuesta “normalización económica” –ya sea la que presenta el gobierno de Maduro como la que propone también la oposición de derecha de la mano del imperialismo– no la paguen los trabajadores, la única alternativa es imponer mediante la movilización un plan de emergencia obrero y popular anticapitalista de salida a la crisis, que parta del no pago de la deuda externa para frenar semejante sangría de recursos, imponer la repatriación obligada de la enorme suma de dólares fugados (y que pasen a estar bajo control de los trabajadores y las comunidades, para combatir la irresponsable y corrupta administración de la burocracia estatal), establecer un control obrero y popular del abastecimiento y los precios, ejercido directamente por los propios trabajadores y comunidades, no poder el gobierno, los empresarios ni los militares, y demás medidas de “salvación popular” que se imponen con urgencia.
Sólo con la más amplia y combativa movilización de los trabajadores y los sectores populares, totalmente independiente del gobierno, los empresarios y la oposición proempresarial y proimperialista, se pueden imponer semejantes medidas, para hacer frente la semejante tragedia social que no descargan. Esto en la perspectiva estratégica de luchar por un gobierno obrero y popular, el único que podría garantizar llevar hasta el final las medidas anticapitalistas necesarias para que la calamidad no siga cayendo sobre el pueblo y la clase trabajadora.

Milton D'León
Caracas @MiltonDLeon

El proceso de reforma de la Constitución en Cuba

La caída del campo socialista en los años noventa produjo una crisis económica sin precedentes en Cuba que nos ha llevado a realizar cambios en las estructuras económico-sociales y sus consecuentes modificaciones en el ámbito jurídico. En los últimos diez años (2008-2018) las reformas anteriores se profundizaron, planteando como eje fundamental el ámbito económico e intentando con ellas, aumentar los índices macroeconómicos del país a partir de productividad, eficiencia, desarrollo y mejorar así, la calidad de vida de la población en la isla. Los cambios se han realizado respecto a la reorganización de la administración gubernamental, inversión extranjera, sistemas tributarios, regulación del trabajo en el sector privado, liberalización del sector inmobiliario, regulación en el sistema agrario en cuanto a la tenencia y producción de la tierra, modificación de los ámbitos normativos laborales y de seguridad social, desregulación en temas de movilidad para la migración y de acceso a la comunicación y la información de manera digital [2] . En este contexto, una de las demandas fundamentales en el ámbito jurídico ha sido la realización de reformas a la Constitución, incluso la realización de un proceso constituyente para consolidar y aprobar una nueva Carta Magna producto de las múltiples modificaciones a leyes, decretos-leyes, decretos y reglamentos que hoy vulneran completamente la normativa superior constitucional.
Finalmente, el proceso de reforma constitucional ha comenzado. Los días 20 al 22 de julio de 2018, la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), órgano legislativo del país, debatió un Anteproyecto de Constitución que ha sido construido entre un Grupo de Trabajo del Buró Político del Partido Comunista de Cuba (PCC) creado el 13 de mayo de 2013 y una Comisión Parlamentaria que se creó para tales fines el 2 de junio de 2018, según datos oficiales [3] . Se plantea que para su elaboración se tuvo en cuenta las tradiciones históricas y el pensamiento político del país, más los documentos que hoy oficialmente rigen el modelo socialista cubano [4] y, se estudiaron las Constituciones de América Latina enmarcadas en lo que hoy conocemos como el Nuevo Constitucionalismo Latinoamericano (Colombia, Venezuela, Bolivia y Ecuador), entre otras.
Aunque el documento aún no se ha hecho público, a pesar de ser ya una iniciativa legislativa propuesta con Dictamen por la Comisión Parlamentaria Temporal y la Comisión de Asuntos Jurídicos y Constitucionales de la ANPP, se pudieron constatar múltiples modificaciones y cómo se llevaría a cabo el proceso de reforma, todo, mediante los debates en audiencias públicas de las Comisiones parlamentarias y el plenario de la legislatura trasmitidos mediante redes televisivas, radiales y digitales cubanas en la fecha comentada. El tema de la secrecía del documento inicialmente presentado por las Comisiones es realmente reprobable, pues la transparencia y el acceso a la información del trabajo presentado es un elemento consustancial a cualquier acto democrático, aunque las normas jurídicas cubanas no tengan dentro de sus regulaciones ni una inferencia interpretativa sobre este derecho fundamental (acceso a la información), mucho menos lo reconoce, ni lo protege. Se plantea que no se publica porque se están incorporando las propuestas de los diputados en el primer debate del anteproyecto, pero es que justamente, parte de la libertad de expresión de todos, incluyendo la de los diputados, es ese acto comparativo que podríamos realizar entre la propuesta inicial y los debates parlamentarios del pasado fin de semana, reflejando así intenciones políticas, jurídicas y finalidades los actores involucrados. El temor a la crítica no es más que una demostración de cierta debilidad democrática en cuanto al diálogo y la confrontación que esta conlleva, lo que lleva hacia el control sobre el documento presentado como primera carta de presentación.
Por este motivo, en este documento sólo analizaremos críticamente el proceso de reforma constitucional que acaba de comenzar, y en venideros trabajos analizaremos todo lo referente a las propuestas de regulación, una vez que podamos analizar la iniciativa legislativa.

Proceso de reforma constitucional entre la instituyente formal a la constituyente material

La nueva Constitución propone 224 artículos por lo que aumenta sus contenidos (la actual tiene 137 artículos), de los cuales se suman como nuevos 87, se modifican 113 y se eliminan 11. En la presentación del anteproyecto ante los diputados por Homero Acosta, Secretario del Consejo de Estado (órgano suplente de la ANPP cuando no está en funciones), planteó que es una reforma total, no parcial, y por qué no procedía una Asamblea Constituyente, tema que ha suscitado debates en los sectores intelectuales de la isla a favor de la misma, por su esencia democrática participativa, característica fundamental que se supone tiene nuestro sistema político actual.
Primero, es una reforma total porque es una revisión completa del texto constitucional, aunque no se modifique en su totalidad [5] . Respecto al proceso constituyente que se ha escogido para realizar la reforma se han vertido argumentos legales y de legitimidad oficialmente. El proceso de reforma total mediante el poder constituido es legal porque según lo establecido en el Art. 137 Const., se prevé un proceso de rigidez constitucional (procedimiento especial diferente a cómo se modifican las leyes ordinarias y establecido en la mayoría de las Constituciones del mundo en la actualidad) donde las reformas a la Constitución cubana se realizan únicamente por la ANPP, mediante voto nominal (cada diputado debe exponer el motivo de su votación al ejercer el derecho al voto), por votación cualitativa (dos terceras partes de los integrantes del órgano parlamentario), con una cláusula pétrea (inmodificables, relaciona al sistema político socialista) y referendo popular para algunas temáticas como son la organización estatal y los derechos y deberes ciudadanos, (votación universal de la ciudadanía electoral cubana siendo aprobado por mayoría simple). También alegan legitimidad, porque los diputados, que han presentado y discutido el anteproyecto, deberán recoger las propuestas desde la consulta popular, avalarlas e integrarlas y posteriormente volver a presentar el proyecto ante referendo, constituyendo ellos los representantes populares que han sido votados de manera directa por la ciudadanía electoral (ANPP actual tiene un total de 605 diputados electos para la IX legislatura en el primer cuatrimestre de 2018) [6] y por tanto, en ellos se delega la soberanía popular. Además, se acordó por el propio órgano parlamentario, que entre el 13 de agosto y el 15 de noviembre se realizará una consulta popular [7] , como ya mencionamos, para que el anteproyecto sea discutido por la ciudadanía y envíen sus aportes sobre el mismo, que a su vez serán debatidos y supuestamente incluidos por los propios diputados, para finalmente, someter a ratificación mediante el referendo popular comentado.
Un sector intelectual cubano ha criticado el proceso de reforma, que es reconocido como legal pero que realmente podría haberse realizado mediante mecanismos de participación directa, incluyente desde el inicio, de abajo hacia arriba, no con una propuesta inicial de arriba hacia abajo. Se puede afirmar que lo que se realiza es un proceso instituyente formal, es decir, el movimiento o cambio establecido por ley desde un poder constituido, que podría preverse bastante antitético, porque lo que existe no quiere perecer, sino perdurar y por tanto intentará conservarse. La crítica radica en que podía perfectamente haberse realizado desde un proceso constituyente material, desde la participación real y social de la ciudadanía desde un inicio, como se supone implican los principios del sistema político cubano, socialista y marxista, desde las relaciones sociales, en la materialidad, luego entonces, desde su soberanía popular como poder constituyente y no desde el poder constituido/instituyente formal (ANPP).
Ante tal crítica se comenta que el pueblo participará mediante la consulta y el referendo popular ratificador, pero en este caso, hay un mayor control sobre todo lo propuesto porque vas a discutir sobre algo ya elaborado y argumentado previamente, incluso discutido con cierta amplitud en el órgano legislativo de manera pública, y todos los argumentos ya vertidos permean la consciencia colectiva sobre los temas, van generando un estado de opinión sobre ellos y propicia el control sobre los mismos, lo mismos. Además, desde el punto de vista legal, la consulta popular no tiene carácter vinculante, es decir, no tienen por qué ser aceptadas las demandas propuestas posteriormente, ni total ni parcialmente. Durante estos diez años previos de reformas se han venido realizando algunos procesos de consultas populares sobre determinadas leyes y aunque la voz ha estado garantizada, el voto como vinculación estrecha entre voluntad popular y norma jurídica, no se ha cumplido [8] . También se podría alegar la ética y responsabilidad de los diputados ante las demandas de la ciudadanía cubana, lo cual es legítimo y es principio de responsabilidad del representante popular, pero lo que es un hecho, es que el monopolio final de la argumentación y la discusión va quedando en un grupo, que incluso no es específicamente la ANPP en su totalidad.
Por otro lado, existen algunos argumentos críticos que pueden caer en determinadas falacias. En esencia, es que la Comisión de Expertos primero, y Parlamentaria después, si estudiaron las constituciones latinoamericanas, sobre todo las del nuevo constitucionalismo latinoamericano (de países solidarios ideológica y políticamente con Cuba, como es Venezuela, Bolivia y Ecuador en su anterior gobierno), debían haber asumido como espejo los procesos constituyentes que las construyeron. Me parece un argumento que aparenta algo correcto, pero no lo es, porque habría que recordar que todos esos procesos constituyentes fueron producto de realidades sociales mucho más convulsas que la cubana en estos momentos, y que devinieron momentos de rupturas con los sistemas políticos-económicos neoliberales que los regían. Estas disrupciones se dieron mediante la movilización popular vinculada a cambios electorales. Mientras, en Cuba, las transformaciones que se vienen dando están inmersos desde el discurso oficial en un marco de continuidad del sistema actual, aunque haya habido renovación generacional en los cargos elegidos para las altas magistraturas estatales del país justamente en el primer cuatrimestre del año 2018. El espíritu mayoritario de la ciudadanía isleña es quizás ese, el de la continuidad, de la no ruptura, no movilización, sino de la transformación ordenada, o más bien dirigida, encaminada desde arriba, como también se ha hecho costumbre desde hace cerca de 50 años y la costumbre se hace realidad, inercia, apatía en las formas de hacer la política.
Ante esta realidad, es un hecho que un poder constituyente material tiene como condición de posibilidad la ebullición a partir de una fuerza social movilizada, aglutinada e inmersa al menos en la crítica. En Cuba no está sucediendo esto, incluso se plantea, para bajar los tonos solemnes de lo jurídico, que en la isla hoy esa mayoría ciudadana que nos gustaría contestataria se encuentra muy atenta a los juegos deportivos centroamericanos de Barranquilla, en espera de alguna hazaña deportiva acostumbrada y cada vez más lejana, frente a ventiladores o en habitaciones con aires acondicionados, o dentro de cualquier espacio artificial o natural repleto de agua –dulce o salada-, donde se pueda aplacar el calor húmedo de los 35 grados celsius del verano en curso. Como dijera Mañach en los años 50 del siglo pasado, respecto a los estudios filosóficos de la isla: “Ningún gran sistema filosófico ha sido compuesto a 76 grados Fahrenheit ” [9] , lo cual hoy también es completamente extendido hacia la política.
No obstante, afirmaría, ante la apatía, la inercia, la costumbre y hasta el clima, cualquier sistema de corte socialista, marxista, crítico y anticapitalista, debe tener la verdadera democracia (participativa) como médula de su actuar, por tanto, amén de los conceptos y las experiencias constitucionales, Cuba debía haber asumido por sí misma desde su sistema, un proceso constituyente material. Iniciando en el debate de propuestas desde la ciudadanía, diversas, múltiples, contradictorias, libres, aglutinadas ante un órgano constituyente electo con control popular pero sin el control sobre las propuestas que ya nos traen de la mano. No es lo mismo discutir sobre la base de un anteproyecto presentado, que realizar una serie de demandas desde la ciudadanía (individual o colectivamente) donde se genera construcción democrática: desde debates plurales, con contraposiciones que propician tolerancia y respeto a opiniones disímiles; involucramiento consciente por sentirse parte de la elaboración de lo que deseas como proyecto-país y para la convivencia social; aprendizajes mutuos en la resignificación de lo que queremos como organización política estatal, sus fundamentos políticos, económicos y sociales, qué derechos y deberes tenemos, cómo podemos exigirlos y garantizarlos, qué tipo de estructura estatal administrativa nos parece más óptima y coherente para llevar a cabo ese proyecto sociopolítico, todo, incluyendo transversalmente los valores a los que aspiramos para construir la sociedad en que queremos vivir. Todo lo anterior implica un proceso pedagógico de conciencia jurídica que nos haría crecer mucho como ciudadanía, de respeto y materialización de ese principio que está y continuará en nuestra Carta Magna, la legalidad socialista.
Finalmente, un proceso constituyente material nos hubiera hecho crecer en el aprendizaje de una cultura democrática participativa, porque nos retaría a pensarnos en lo personal y en lo colectivo, como localidad y como país, nos cultivaría en la creatividad, en la argumentación y la escucha comprensiva, porque enfrentaríamos la confrontación ya que no pensamos iguales, porque no somos iguales, sino diferentes, heterogéneos y contradictorios.

Mylai Burgos Matamoros

Notas:

Mylai Burgos Matamoros es Profesora Investigadora de la Academia de Derecho de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, graduada de Lic. en Derecho por la Universidad de la Habana y con estudios de Posgrado en la Universidad Nacional Autónoma de México. Contacto: mburgosm@derecho.unam.mx, mylai.burgos@uacm.edu.mx.
[2] Sobre estos temas ver: Burgos Matamoros, Mylai “¿Hacia dónde va el modelo socialista cubano hoy?”, en el libro, Carrillo Nieto, Juan José, Escárzaga Fabiola y Gunther María Griselda, Los gobiernos progresistas latinoamericanos. Contradicciones, avances y retrocesos, UAM Xochimilco, Editorial Ítaca. Primera edición, diciembre de 2016, México.
[3] Redacción Nacional, “Carta Magna con intencionalidad transformadora y sensibilidad política” en Periódico Granma, http://www.granma.cu/cuba/2018-07-23/carta-magna-con-intencionalidad-transformadora-y-sensibilidad-politica-23-07-2018-00-07-01 , consultado julio 2018.
[4] Los documentos referidos han sido discutidos y aprobados entre 2011 y 2017, en diferentes reuniones partidistas a todos los niveles, donde se han realizado procesos de participación popular para su debate y aprobación tipo consulta pública. Además, fueron ratificados en diferentes momentos por la ANPP, el órgano supremo del poder estatal en Cuba, con función legislativa fundamentalmente. Estos son: La Conceptualización del Modelo Económico y Social Cubano de Desarrollo Socialista, Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta 2030: Visión de la Nación, Ejes y Sectores Estratégicos, Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución. http://www.granma.cu/file/pdf/gaceta/%C3%BAltimo%20PDF%2032.pdf , consultado julio 2018.
[5] Las reformas parciales implican sólo la modificación de artículos o partes específicas de la Constitución, sin hacer una revisión integral de la misma.
[6] Para mayor información revisar: Burgos Matamoros, Mylai, “Retos de una elección en Cuba”, Revista Memoria No. 266, 2018-2, http://revistamemoria.mx/?p=2095 consultado julio 2018.
[7] Esta consulta está prevista por el Reglamento de la propia Asamblea Nacional del Poder Popular (At. 72, sobre Iniciativa Legislativa).
[8] Un proceso donde se expresa el carácter no vinculante de una consulta se pudo ver en las discusiones sobre la propuesta de la Ley de Seguridad Social aprobada por la ANPP posteriormente en 2008, donde la mayoría de la población no estuvo de acuerdo con cambiar la edad de jubilación y no obstante, fue así establecida desde arriba.
[9] “Ningún gran sistema filosófico ha sido compuesto a 76 grados Fahrenheit, que es nuestra temperatura media. La ciencia y la experiencia nos dicen que este caldeamiento enerva la voluntad y duplica la cantidad de esfuerzo que se requiere para un estudio determinado, haciendo ese esfuerzo más fatigoso y por ende, más difícil de sostener. De aquí que nuestras tentativas intelectuales se resientan, por imperativo climatérico y fisiológico, de una levedad, dispersión e intermitencia adversas a toda producción intensa y fecunda.” Jorge Mañach Robato, Antología, con el texto “La crisis de la alta cultura en Cuba” p. 103-104. iBooks. https://itunes.apple.com/mx/book/antolog%C3%ADa/id446676312?mt=11

El programa “Superespía” estadounidense puede que explique las misteriosas lesiones cerebrales de diplomáticos

En los últimos dos años ha habido un gran número de informes acerca de supuestas “lesiones sónicas” entre diplomáticos estadounidenses, primero en Cuba y más recientemente en China. Las polémicas implicaciones son que funcionarios de EE.UU. pueden haber sido blanco malintencionado de un “arma sónica” en los países de acogida. Sin embargo, una explicación más probable es que las supuestas víctimas son el resultado de los intentos de Estados Unidos por crear “superespías”.
El número de diplomáticos estadounidenses que presuntamente sufrieron “lesiones sónicas” está aumentando, y 11 funcionarios fueron evacuados a principios de este mes desde China. Inicialmente, el incidente misterioso se reportó en una sola ubicación consular de EE.UU., en la ciudad de Guangzhou. Ahora la sospecha de lesiones cerebrales se ha extendido a los diplomáticos estadounidenses estacionados en Beijing y Shanghai.
Se informó que unos 250 diplomáticos estadounidenses en China están siendo sometidos a exámenes médicos neurológicos para determinar si han sucumbido al mismo tipo de trauma cerebral diagnosticado a otros colegas. Un estudio de 21 diplomáticos evacuados de Cuba descubrió el año pasado que habían sufrido lesiones cerebrales, pero según el diagnóstico, no a causa de impacto físico en la cabeza.
Por lo general, los síntomas informados incluyen deterioro cognitivo, discapacidad visual, audición de sonidos extraños, mareos e insomnio.
Hasta el momento, médicos de EE.UU. están desconcertados por lo que pudo haber causado las aparentes lesiones. La semana pasada, el Departamento de Estado dijo que las investigaciones en curso no habían establecido un vínculo causal con los citados problemas médicos de los diplomáticos.
Sin embargo, con anterioridad, el presidente Donald Trump había culpado explícitamente a Cuba de ser responsable de las lesiones reportadas al personal diplomático. La acusación de Trump no tiene fundamento probatorio. El gobierno cubano negó su participación en los presuntos ataques sónicos contra los enviados estadounidenses y se ha ofrecido para ayudar en cualquier investigación de EE.UU. Sin embargo, la evacuación del personal estadounidense de Cuba y las acusaciones de Trump han dado marcha atrás a la reciente distensión en las relaciones entre los dos enemigos de la Guerra Fría que había emprendido el expresidente Obama.
Con respecto a China, EE.UU. ha sido más cauteloso al lidiar con los casos reportados de aparentes lesiones sónicas, y se ha abstenido de acusar a Beijing de actividad maliciosa. China ha descartado previamente cualquier sospecha de ataques sónicos como “inconcebibles”. Beijing también criticó al Departamento de Estado de EE.UU. por emitir “advertencias sanitarias” a su personal en China, ya que tales notificaciones implican irregularidades por parte del país anfitrión.
En el contexto de la escalada de la guerra comercial de Trump con China, existe el peligro de que los casos reportados de lesiones entre diplomáticos puedan ser politizados por Washington, lo que se sumaría a las ya de por sí enconadas relaciones.
Es necesario abordar algunos factores que hasta ahora estaban ausentes en el tema. Primero, parece extraño que las misteriosas lesiones cerebrales solo sean reportadas por diplomáticos estadounidenses. Ningún otro país ha informado incidentes similares entre su personal diplomático. (1)
En segundo lugar, los casos de lesiones cerebrales entre los estadounidenses han sucedido en dos países que podrían considerarse políticamente sensibles. ¿Por qué no se han reportado casos similares entre el personal destacados en territorios pertenecientes a naciones aliadas?
En tercer lugar, cuando se describe al personal de EE.UU. como “diplomático” (así invariablemente aparecen en los medios occidentales de comunicación), tal vez deberíamos ser más precisos que esta terminología inofensiva. Si pensamos en el personal como “espías”, entra en juego una inferencia más escéptica, en especial, dada la naturaleza sensible de los dos países involucrados. Si el personal estadounidense en cuestión estaba sirviendo como espía (2), se plantea la pregunta acerca de a qué tipo de capacitación y programas de preparación estuvieron sujetos antes de sus misiones.
La especulación de que agentes estatales cubanos y chinos podrían haber usado algún tipo de arma sónica para atacar a los diplomáticos estadounidenses se encuentra más en el reino de la fantasía de ciencia ficción. Ambos países niegan tal actividad y no se sabe que exista un arma tal. Además, los médicos estadounidenses que examinaron a los diplomáticos evacuados de Cuba no pudieron encontrar ninguna explicación causal. La ausencia de una fuente externa para las lesiones parece ser también la posición oficial de EE. UU., según el Departamento de Estado la semana pasada.
Significativamente, los médicos de EE.UU. que estudiaron los casos cubanos dijeron que todas las personas pueden haber experimentado una experiencia común relacionada con sus lesiones cerebrales.
En lugar de especular acerca de que una agencia extranjera sea responsable de las lesiones entre diplomáticos estadounidenses, o más bien espías, quizás el enfoque debería ponerse en su propio campo. ¿Fueron sometidas estas personas a algún tipo de entrenamiento de alta tecnología dirigido por el Pentágono o la CIA?
Se sabe que la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa del Pentágono (DARPA) está investigando dispositivos de estimulación cerebral para mejorar en gran medida la capacidad de aprendizaje en los sujetos.
Tan recientemente como el año pasado, DARPA informó del uso exitoso de dispositivos de estimulación de corriente directa transcraneal (tDCS) para aumentar habilidades de aprendizaje entre monos de laboratorio. Se afirmó que los sujetos que reciben tratamiento de tales dispositivos colocados en su cabeza mostrarían más tarde un aumento significativo en el aprendizaje y la inteligencia en comparación con los individuos de control que no reciben tratamiento. DARPA informó un aumento del 40 por ciento en la capacidad de aprendizaje entre los monos macacos sometidos al dispositivo de estimulación cerebral.
Según cita de uno de los principales médicos del programa, “En este experimento, apuntamos a la corteza prefrontal [del cerebro] con montajes no invasivos de estimulación”.
El investigador continúa explicando: “Esa es la región [del cerebro] que controla muchas funciones ejecutivas, incluidas la toma de decisiones, el control cognitivo y la recuperación de la memoria contextual. Está conectado a casi todas las otras áreas corticales del cerebro, y la estimulación provoca efectos generalizados”.
Téngase en cuenta la advertencia final del científico contratado por el Pentágono, a saber, “la estimulación tiene efectos generalizados”. (3)
Por el lado positivo, es evidente que el Pentágono está buscando una forma de aumentar la inteligencia y el aprendizaje en humanos. Esto de ninguna manera es una búsqueda nueva. Durante décadas, las agencias estadounidenses de inteligencia militar, así como la ciencia ficción de Hollywood, han sido fascinadas por la idea de aprovechar el cerebro humano y explotar niveles cada vez más altos de inteligencia. Se sabe que la CIA ha ejecutado varios programas de drogas y de hipnosis, el notorio MK-ULTRA, ya en los años 50 y 60. El Santo Grial era encontrar “superespías” y “superasesinos”.
Así que, la historia del Pentágono y la CIA realizando experimentos sistemáticos para producir alto rendimiento en humanos está bien documentada.
También sabemos por investigaciones recientes del Pentágono que de hecho está usando dispositivos electrónicos de estimulación cerebral para mejorar grandemente el rendimiento cognitivo entre monos. Por lo tanto, es concebible que el Pentágono también haya llevado a cabo experimentos de investigación no publicados con seres humanos.
Por el lado negativo, la buscada inteligencia superior muy bien puede llegar con imprevistos efectos secundarios perjudiciales. Nótese nuevamente que el citado investigador del Pentágono dijo que estimular la corteza prefrontal del cerebro podría tener “efectos de amplio alcance”. Estos efectos, además de una mayor inteligencia y habilidad de aprendizaje, podrían incluir consecuencias perjudiciales. Especialmente porque el área objetivo del cerebro es crucial para el control de las “funciones ejecutivas”.
El Pentágono no ha revelado si sus dispositivos cerebrales tuvieron algún impacto perjudicial en los monos experimentales.
Tampoco sabemos las misiones precisas de trabajo de los “diplomáticos” afectados en Cuba y China. ¿Hubo algún personal rutinario de secretaría entre las bajas reportadas, o todos eran “personal de campo”, es decir, muy probablemente involucrados en tareas sensibles de espionaje?
Parece poco probable que el Pentágono o el personal afectado alguna vez declaren que fueron sometidos a alguna forma de dispositivo de estimulación cerebral. En cualquier caso, el personal podría ser fácilmente silenciado por medio de advertencias acerca de las perspectivas de carrera y los ingresos futuros o la cobertura del seguro de salud. Puede que sea más conveniente para el Pentágono fomentar la sospecha de un “ataque sónico” por parte de agentes extranjeros. Ese chivo expiatorio podría tener un serio impacto en las tensiones internacionales, especialmente entre EE.UU. y China por su guerra comercial y las disputas territoriales en el Mar del Sur de China.
Sin embargo, a pesar de las incógnitas, por lo que ya sabemos parece plausible postular que el reciente aumento en las lesiones cerebrales entre el personal diplomático de EE.UU. puede haber sido causado no por “ataques sónicos” en los países de acogida, sino por sus propios superiores en el Pentágono o la CIA que han realizado algún tipo de programa clandestino para crear “superespías”.

Finian Cunningham
Strategic Culture Foundation

Notas:

(1) Aunque Canadá también reportó unos pocos incidentes similares entre sus diplomáticos, no ha responsabilizado al gobierno cubano ni tomado medidas que dañen las relaciones con Cuba.
(2) Según informaciones de la propia prensa occidental, los primeros estadounidenses reportados como que sufrieron un ataque sónico fue personal de inteligencia destacado en la embajada de EE.UU. bajo la fachada de “diplomáticos”.
(3) Compárense estas “funciones ejecutivas, incluidas la toma de decisiones, el control cognitivo y la recuperación de la memoria contextual”, con los síntomas reportados en varios medios de prensa entre el personal destacado en la embajada de EE.UU. (como deterioro cognitivo, discapacidad visual, pérdida de memoria y problemas relacionados con el habla”, así como “lesión cerebral”).

Todas las notas son del traductor.

lunes, julio 30, 2018

Los trabajadores Disneyland conquistan un 40% de aumento salarial



Una política salarial inhumana detrás de la compañía de diversión para niños.

Disney es conocida mundialmente no sólo por ser la compañía multinacional de entretenimiento infantil más grande del mundo, sino también porque la forma en que la maneja sus números haría sonrojar a los propios personajes de Piratas del Caribe. Pero esta semana, una coalición de sindicatos que agrupa un total de 8.600 trabajadores de Disneyland Resort en Anaheim, California, logró arrancarle a la billonaria empresa un aumento salarial del 40%. El acuerdo, que entrará en vigencia el 1 de enero de 2019, se anticipa en tres años a la entrada en vigencia del salario mínimo obligatorio que en California alcanzará los 15 dólares por hora recién en 2022. El aumento cubre a los trabajadores de las áreas de boletería, operadores, limpiadores, empleados de tiendas y conductores de camiones y autobuses. Los directivos decidieron ceder al reclamo de aumento salarial cuando una coalición de sindicatos anunció la convocatoria a una manifestación con inicio de huelga de hambre planificada para el viernes, que fue levantada ante la oferta patronal.

El ratón de Disney

Los líderes de la empresa rápidamente emitieron un comunicado autocomplaciente felicitándose a sí mismos por un trato "histórico" y "sin precedentes". El parque de atracciones Disneyland Resort, sin embargo, cuenta con más de 30.000 empleados y los miembros de los dos sindicatos más grandes del complejo, que representan a los trabajadores del servicio de alimentos y hoteleros, quedaron afuera del acuerdo. Tampoco abarca a los trabajadores sindicalizados de servicio de seguridad, músicos, peluqueros y artistas de maquillaje y, por supuesto, los miles que no tienen representación sindical no verán un centavo de dicho aumento. Disney dijo que los salarios de éstos trabajadores se negociarán por separado. La empresa omite también que los sindicatos recaudaron más de 20.000 firmas entre la población con el fin hacer calificar una propuesta electoral que, de votarse positivamente, obligaría a que Walt Disney Company pague un salario digno (“living wage”) de 15 dólares la hora.

Disneyland: ningún cuento de hadas

En “el lugar más feliz del mundo”, como Walt Disney Company suele publicitar sus parques temáticos, la felicidad de los trabajadores parece no estar contemplada. Resulta ser que los empleados del complejo de Disneyland de California percibían un salario promedio de 11 dólares por hora, es decir, el mínimo estipulado por la ley y considerado salario de pobreza (“poverty wage”) para una familia de tres personas. Un estudio publicado en 2017 sostuvo que un trabajador que ganaba 20 dólares tendría que trabajar 70 horas a la semana para pagar un departamento de dos ambientes.
Pero lo que golpeó a Walt Disney Company fue la noticia de que una trabajadora de Disneyland de 61 años fue hallada muerta en el lugar dónde se encontraba viviendo hace siete años: un auto Honda Civic. La historia de esta mujer afroamericana llamada Yeweinishet "Weini" Mesfin, que vivía en su automóvil y utilizaba las duchas de un gimnasio para bañarse, llegó a las páginas de los periódicos de todo el mundo. Muchos trabajadores de Disney cuentan que desde aquel suceso comenzaron a romper el silencio acerca de los salarios de miseria de Disney que obliga a los trabajadores a vivir en sus automóviles porque no les alcanza para costear una vivienda. Se estima que la cantidad de trabajadores “homeless”, como se conoce a los que no tienen hogar, en el sur de California es altísima. Luego de trascendida la noticia, los voceros de Disneylan afirmaron que no revelarán cuál era el salario de Mesfin por cuestiones de confidencialidad. Tratando de silenciar esta mala publicidad sobre trabajadores que duermen en sus autos o de los que dependen del banco de alimentos del sindicato para poder comer, la empresa se vio presionada para otorgar un aumento salarial a un sector de trabajadores.

El amigo Donald

Disney es una corporación de 150 mil millones de dólares, que obtuvo 9 mil millones en ganancias el año pasado. En 2017 el presidente Donald Trump logró aprobar en el Congreso de Estados Unidos una reforma impositiva que significó un considerable descuento fiscal para numerosas grandes compañías. Disney fue una de las beneficiadas por el descuento de Trump, con una rebaja de $1,6 mil millones de dólares de impuestos. Como si esto fuera poco, también ha recibido cientos de millones en exenciones fiscales locales de la ciudad de Anaheim. Los descuentos de Trump a Disney cobraron revuelo cuando la misma nieta de Walt Disney subió un video a las redes sociales contando que Trump le estaba otorgando un “inmenso regalo” que pagará la población. El año pasado trascendió la información de que Walt Disney Company firmó un acuerdo para comprar gran parte de la cadena FOX del magnate de medios Rupert Murdoch, por un valor de 52.400 millones de dólares.
El senador demócrata Bernie Sanders viajó a Anaheim el año pasado y realizó un acto con cientos de trabajadores de Disneyland exigiendo un salario digno. La campaña siguió en las redes sociales y dió un batacazo con la transmisión en vivo por Facebook de un debate convocado por Sanders llamado “CEOs vs Workers”, a la que fueron invitados para debatir un CEO y un trabajador de cada una de cinco empresas (American Airlaines, Disney, Amazon, Wal Mart y McDonalds). Allí los trabajadores dieron conmovedores testimonios acerca de los bajos salarios, las malas condiciones laborales y la pésima calidad de vida que deben llevar con esos ingresos. Ninguno de los CEOs decidió participar del debate y sus sillas vacías quedaron a la vista del público como muestra de la incapacidad de los directivos de las empresas para enfrentar cara a cara a sus propios empleados. El evento transmitido en vivo fue visto por un millón de usuarios solamente en Facebook, lo cual demuestra el enorme apoyo popular al reclamo de los trabajadores.

A la huegla

A pesar de la conquista del 40% de aumento, miles de trabajadores de Disneyland quedaron excluidos del acuerdo y librados a su propia suerte. Los beneficiados, de todas maneras, cobrarán un salario que se encuentra lejos de lo que se entiende en Estados Unidos por un salario digno, calculado en 30 dólares la hora. La miseria salarial que paga Disney dejó al desnudo la política inhumana que se esconde detrás de los personajes animados que entretienen a millones de niños en el mundo. Esta empresa multinacional, que no permite a muchos trabajadores acceder a una vivienda digna, es además premiada por Trump con exenciones impositivas que pagarán los trabajadores de todo el país. Los sindicatos decidieron levantar la huelga de hambre anunciada a cambio de un acuerdo que beneficia a menos de la mitad de los empleados del complejo recreativo. Pero los trabajadores de Disneyland tienen una larga historia de lucha contra la política de miseria salarial de la compañía. En 1984 llevaron a cabo la huelga más larga de su historia, con 22 días de paro con piquetes en las entradas del parque contra la decisión de la empresa de firmar un nuevo contrato que incluía un congelamiento salarial por dos años y recortes en los beneficios de salud. La salida para los trabajadores es retomar esa tradición de lucha.

El Be
Prensa Obrera

Paraguay: liberan campesinos presos por ocupar tierras



Estaban detenidos por la llamada “masacre de Curuguaty”, en 2012, cuando centenares de policías atacaron con armas a 70 labriegos y se produjeron 17 muertes (once campesinos y seis agentes)

Prensa Obrera - Noticias del movimiento obrero y análisis político.
Por fin, la Sala Penal de la Corte Paraguaya decidió la libertad definitiva de los once campesinos presos por la llamada “masacre de Curuguaty”, ocurrida en 2012 y que terminó con un golpe parlamentario y la destitución del entonces presidente Fernando Lugo.
El 15 de junio de 2012 centenares de policías, por orden del Ministerio del Interior de Lugo, atacaron con armas de fuego a unos 70 campesinos que habían ocupado la finca Campos Morumbú, con el propósito de incorporarla al proyecto de reforma agraria. Los labriegos se defendieron y once de ellos murieron, al igual que seis policías.
Jamás se juzgó a nadie por la muerte de los campesinos, pero sí, como señala ahora Guillermina Canónico, dirigente de derechos humanos en el Paraguay, se sacaron y se pusieron pruebas en una farsa judicial escandalosa, que terminó con la condena de once campesinos a penas de prisión de entre 4 y 30 años.
La Sala Penal de la Corte reconoce ahora aquella farsa y dice que no se encuentra un solo fundamento de responsabilidad penal para la condena de los campesinos cuya libertad dispone. Sin embargo, uno de ellos, Sergio Villalba —condenado a 30 años de cárcel— seguirá en prisión por “invasión de inmuebles”, aunque se espera que sea puesto también él en libertad.
Además, por tratarse del fallo de un tribunal de alzada, la decisión de la Sala Penal ya no tiene apelación y es definitiva.
Aquella masacre dejó al descubierto otra farsa: la reforma agraria prometida por Lugo no era tal y terminó en una represión sangrienta a los campesinos que intentaron ejecutarla efectivamente.
De inmediato, el Partido Colorado, que tiene en su cuenta los peores crímenes de la historia paraguaya, se montó sobre la masacre —especialmente por la muerte de policías— para promover el juicio político al Presidente y un golpe de estado parlamentario, cuando Lugo ya había perdido todo apoyo por parte de la oligarquía y la burguesía paraguayas, y mucho más de los centros de poder del capital financiero internacional.

Alejandro Guerrero

Macri y el tiempo de gracia

El interrogante que circula es si se le terminó la luna de miel al gobierno de Mauricio Macri, la que disfrutaba con los consensos electorales del 2015 y 2017.
No hay respuesta clara ni evidente, pero todos los datos de la realidad confirman la validez de la cuestión.
Los datos oficiales confirman el problema económico y social de la Argentina y entre muchos destaca la inflación que no para y con cronograma de incrementos próximos de tarifas en el transporte, la electricidad, el gas, los combustibles y sigue la lista.
En ese sentido, la caída del nivel de actividad económica, casi del 6% en mayo define un tiempo de recesión, con caída del empleo e impacto en merma del consumo y la inversión, difundido en todo el territorio nacional.
Claro que se trata de un promedio que explícita el crecimiento de la actividad inmobiliaria y financiera, lógica derivada de una política económica que alimenta la especulación.
Todo indica la agravación de la situación para los meses en curso luego del acuerdo con el FMI.

Economía especulativa versus producción no dependiente

Resulta curioso considerar el mercado inmobiliario, con expansión de la construcción y una realidad con déficit habitacional y gran parte de viviendas no habitadas en grandes centros urbanos, solo como refugio patrimonial de excedente económico que prefiere invertirse ladrillos en lugar de hacerlo con otros activos financieros.
Es resultado de una lógica atávica de temor a los bancos y que busca resguardarse en construcciones.
Vale también mencionar que crecen los depósitos bancarios en dólares y la fuga de capitales que incluye a las divisas en cajas de seguridad bancarias, en el colchón, o en cajas fuertes de empresas.
Son dólares vendidos por el BCRA, casi único oferente de divisas, que pierde regularmente sus reservas internacionales para satisfacer la dolarización del excedente de los pocos en condiciones de ahorrar.
Las reservas internacionales alcanzaban los 63.746 millones de dólares el 15 de enero del 2018 y bajaron sustancialmente desde el inicio de la corrida cambiaria en marzo y abril, agigantada en mayo y junio.
En ese proceso se dilapidaron nada menos que 15.268 millones de dólares, ya que el stock de reservas al 21 de junio sumaba 48.478 millones de dólares. La información es oficial del sitio en internet del BCRA.
Un día después y gracias a la transferencia del FMI, el 22 de junio suben las reservas internacionales, de los 48.478 millones a 63.274 millones de dólares.
Lo que parecía tema resuelto parece desmentirse con la realidad, ya que al 25 de Julio, último dato disponible a la fecha en el sitio del BCRA, la reservas suman 58.800 millones de dólares. Con ello, verificamos que en poco más de un mes se fueron nuevos 4.474 millones de dólares.
Insistamos, las reservas dilapidadas por el BCRA en tiempo de corrida cambiaria suma 19.742 millones de dólares.
Después dicen que la Argentina no tiene recursos propios para pensar en políticas no subordinadas.
Son recursos que podrían haberse destinado a fondos para el desarrollo regional antes que proponer el ajuste en las provincias tal y como ocurre en el presente para cumplir con el FMI.
Fines alternativos se pueden discutir con esos recursos orientados en un plan de activación de la economía y la producción para atender el problema del empleo, del mercado interno y el aliento al consumo popular, la inversión productiva.
Una inversión que podría inspirarse en la industrialización no dependiente, o en la promoción de una agricultura familiar o comunal, no contaminante y para atender las necesidades alimentarias locales, regionales y globales.
¿Para qué esperar por inversores externos que solo piensan en su rentabilidad, sin preocuparse del impacto ambiental o el bienestar de la población?
La poca inversión externa que se registra se orienta en la explotación de hidrocarburos no convencionales para la exportación de energía o la aplicación a un modelo productivo contaminante y excluyente de fuerza de trabajo, bajo dominación de corporaciones transnacionales, las que alimentan un ciclo mundial propio de acumulación de capitales.
Pero también son inversiones en telecomunicaciones, que más allá del soporte técnico y material sustentan la monopolización de los contenidos de la comunicación, base de la manipulación mediática.
Dinero para un rumbo diferente en la Argentina hay, que la política económica, monetaria y financiera orienta hacia las cuentas particulares de los beneficiarios privados a contramano de millones de personas que sufren las consecuencias.
No me canso de explicitar que los problemas de la Argentina no los sufrimos todos. Que si las jubilaciones o los salarios no alcanzan es porque las autoridades económicas y monetarias decidieron depositar casi 20.000 millones de dólares en cuentas de especuladores en lugar de promover un plan de inversiones para satisfacer amplias necesidades sociales.

Otra vez la deuda

La deuda vuelve, ahora de la mano del FMI, pero para seguir esquilmando las cuentas públicas a costa de la mayoría empobrecida de la población argentina.
El gobierno armó una bomba de deuda en pesos con las LEBAC, las Letras del Banco Central, que llegaron el 24 de mayo pasado a 1.279.604 millones de pesos (1,279 billones de pesos), pagando tasas de interés del orden del 47%.
La bomba empezó a desarmarse y dos meses después el monto alcanza a 958.513 millones de pesos al 25 de julio (según el propio BCRA). Son 321.091 millones de pesos menos. Pero a no alegrarse, ya que esos fondos fueron reemplazados por endeudamiento en divisas, vía Letras del Tesoro, LETES.
Es más, el Tesoro, Nicolás Dujovne, dispuso emitir deuda por 16.000 millones de pesos que asume el Fondo de Garantía y sustentabilidad que administra la ANSES.
Reitera la norma de Cavallo y otros ministros en otros tiempos, que acudieron al endeudamiento compulsivo de organismos estatales ante la pérdida de mercados internacionales que quieran asumir el costo del riesgo argentino.
Conviene recordar que ese endeudamiento intra-estado estalló en el 2001 y el 50% del default de ese año afectó a esos acreedores locales de la deuda pública irresponsablemente asumida por las autoridades de ayer y que hoy reinciden.
La deuda posterga el estallido, mientras tanto crecen los intereses exigidos y es la única variable que escapa al ajuste, que ahora se visibiliza en quitas de asignaciones familiares y eliminación de exenciones impositivas para trabajadoras y trabajadores.
Es cuento largo el del endeudamiento y sus responsables son variados, con un ciclo que iniciado durante la dictadura genocida se mantiene renovado con el adicional intocado de pérdida de la soberanía jurídica desde entonces, subordinando a la Argentina a tribunales externos.
Se trata de una decisión sostenida desde tiempos dictatoriales e incrementada con tratados bilaterales en defensa de las inversiones y sometimiento a tribunales externos como el CIADI, al cual nunca adscribió Brasil y denunciaron su pertenencia Venezuela, Ecuador o Bolivia. Una morosidad de la política local, que reitera una voluntad histórica por afirmar la dependencia.

¿Qué futuro luego del descontento?

No alcanza con verificar el cansancio social y el descontento de la población ante la abrumadora realidad de la vida cotidiana, e incluso la reiterada protesta visibilizada en las calles de las ciudades, el no comienzo de las clases en las Universidades públicas en el segundo semestre o el conflicto reiterado de la docencia, otros empleados de los Estados nacionales, provinciales o municipales y aquellos ajustes del sector privado que empujan el achique en espejo con el Estado.
La respuesta multisectorial se impone, que incluye la pluralidad de experiencias sociales, culturales y políticas, sin vanguardismos, sectarismos, ni exclusiones.
Es la demanda por una nueva experiencia socio política que se ensayó en la gran movilización popular de diciembre del 2017 contra la exacción de las jubilaciones y que impidió el avance de la reaccionaria reforma laboral; la que se continuó el 21 de Febrero en el Obelisco, involucrando principalmente al movimiento obrero y que desembocó en el paro nacional del 25/6.
La confluencia en torno al “movimiento 21F” suma adhesiones diversas y voluntad de miles de trabajadoras y trabajadores que discuten el programa a sustentar de manera inmediata y que pretende confluir en un congreso nacional próximo para ir más allá de la crítica y pretender construir rumbo alternativo.
Como siempre, ante los problemas de la economía y la política, es ésta, la política, la que puede habilitar caminos que no desemboquen en nuevas frustraciones al sentimiento social de transformación.
No se deben ni pueden reiterar recetas, una reflexión que vale a dos puntas: para las que ensaya el gobierno con la deuda, el FMI y el ajuste; como para quienes imaginan propuestas que ya tuvieron límites.
La convocatoria es para una nueva experiencia de articulación plural política y social para superar la condición miserable del presente.

Julio C. Gambina