Macron presenta su “Plan Aguantar”

La crisis del gobierno y la intersindical. 

 Francia asiste a una ´paz turbulenta´ tras la interrupción por parte de la Intersindical de toda movilización de protesta e incluso de huelgas aisladas. La burocracia sindical está decidida a poner fin a toda movilización tras el acto del 1° de Mayo próximo. La posición de la burocracia, sin embargo, contrasta con la ira popular. Mientras Macron intenta remontar su imagen y su capacidad de gobierno mediante una gira por todo el país, en cada oportunidad que se presenta se producen abucheos espontáneos o se organizan cacerolazos contra el gobierno. Las prohibiciones y hasta la incautación de cacerolas no han impedido estos actos. En todos lados Macron tuvo que sortear las protestas.

 En este marco, la primera ministra Elizabeth Borne presentó el “plan de los 100 días”, un programa que incluye nuevas reformas y leyes. Preventivamente, Borne afirma que muchos de los proyectos serán presentados solo en caso de consenso, “para no dividir al país”. Por ejemplo, el resistido proyecto sobre la inmigración ilegal ha sido cautelosamente aplazado.

 Borne parte de la premisa de que “no hay mayoría” para aprobar ningún proyecto en la Asamblea (cámara baja), a diferencia del Senado, donde los Republicanos y el gobierno forman una mayoría cerrada. El quiebre en el propio bloque de asambleístas de los Republicanos había puesto en crisis la reforma de pensiones así como la moción de censura al gobierno, finalmente no aprobada por escasos votos. 

 Hace escasas semanas, el diario L'Opinion (10/03) había consultado a un asesor del presidente Macron quién aseguró: "el único evento que podría hacer mover al presidente es un país parado, es decir una huelga general renovable que produciría un shock económico". La burocracia es consciente de esto. Su mayor preocupación sofocar definitivamente toda reacción obrera.. La persistencia de las protestas, aunque dispersas, muestran a una clase obrera dispuesta a continuar la lucha. 

 El dirigente de la Confederación Francesa Democrática del Trabajo (CFDT), Laurent Berger, anunció su retiro de la cúpula de la central tras señalar que es necesario “pasar la página” de la reforma de las pensiones. La Confederación General del Trabajo (CGT), por su parte, informó que hará un segundo intento para convocar un referéndum sobre la reforma de pensiones, luego del rechazo judicial del primero. Otra vía será la presentación de un proyecto de derogación, cuando el Parlamento ya demostró su complicidad con el gobierno. La CFDT no es partidaria de impulsar un nuevo referéndum o un proyecto de derogación parlamentario. Berger ha sido claro: "no quiere perder días de salario, a causa de las huelgas, para trabajadores de segunda línea, con la promesa de un resultado positivo y terminando con exiguas movilizaciones, a 100.000 personas en las calles de toda Francia" (Le Monde, 19/04). 

 Sin embargo, y a pesar de la orientación de la burocracia, los medios de comunicación franceses anticipan una movilización histórica el próximo lunes primero. La burocracia buscará hacer de ella un réquiem al movimiento contra la reforma jubilatoria. Se enfrentará, sin embargo, a un fermento popular que, por diferentes canales, procura abrirse paso. 

 Joaquín Antúnez 

 27/04/2023

Argentina no atraviesa una crisis económica sino una estafa financiera colosal

Con un superávit comercial de 45 mil millones de dólares en el bienio 21/22 y un crecimiento del producto bruto sucesivo de casi el 10%, nadie en su sano juicio puede caracterizar que Argentina atraviesa una crisis económica en términos capitalistas. La desvalorización de los salarios y las jubilaciones, el aumento de la ‘informalidad’ laboral y de la precarización de las condiciones de trabajo y una tasa elevadísima de la pobreza han sido seguramente incentivos poderosos para que las patronales aumentaran la contratación laboral y absorbieran la capacidad instalada de la industria. Otro factores poderosos han intervenido también para acicatear la actividad económica: de un lado, los subsidios al capital durante la cuarentena, que se acabaron transformando en 12 billones de deuda del Banco Central con el sistema bancario (Leliq); las excenciones impositivas a las patronales, que Massa situó en el 7% del PBI -unos 30 mil millones de dólares-, y el doble mercado cambiario, que permitió importaciones al tipo de cambio oficial y la venta del producto manufacturado, en el mercado interno, al tipo de cambio paralelo. La inflación ha elevado, como ocurre en todo el mundo, la masa de beneficios del capital en detrimento de los ingresos de la fuerza de trabajo. En Estados Unidos, los monopolios de los alimentos han avanzado en la concentración de la tierra y el capital en el agro. También por la vía de la inflación se ha producido un violento ajuste del gasto fiscal; el déficit de las finanzas públicas es fundamentalmente financiero. El pago de intereses de la deuda pública, en efecto, consume de 35 a 40 mil millones de dólares anuales.

 Aun en la actualidad, luego de dos corridas cambiarias y amenazas de acortamiento del mandato de gobierno, las relaciones de intercambio internacional siguen siendo favorables a Argentina. La sequía no ha permitido aprovechar esta ventaja a pleno, pero el superávit comercial sigue en positivo. O sea que la media histórica de los precios de exportación continúan aventajando a la media de los de la importación. El precio de la soja de Brasil es, colocada en el puerto de Rosario, inferior a la de Argentina. Esto explica en buena parte la riña de las aceiteras con los sojeros por el precio de la llamada “soja 3”. 

 Este dato está diciendo que el tipo de cambio oficial se ajusta a una posición de equilibrio del comercio extranjero, y que no necesita ninguna modificación devaluatoria. La mega devaluación del oficial, sin embargo, se encuentra a la vuelta de la esquina. El reclamo del gobierno para que el FMI adelante 10 mil millones de dólares, por ejemplo, no será gratuito – la contrapartida será alguna forma de aceleración de la devaluación. Se ha calculado que una devaluación del 50%, o sea un dólar oficial de 350 pesos, se traduciría en una inflación mensual del 15 al 20 por ciento. Para muchos, entrañaría la caída del gobierno, la balcanización del peronismo y un nuevo barajeo político de las elecciones.

 El griterío a favor de la devaluación cuando el tipo de cambio no se encuentra desviado de su paridad de equilibrio obedece a un conjunto de intereses muy específicos, típico de una estafa. Una economista de las más consultadas acaba de señalar que la devaluación del peso es necesaria para “licuar el gasto fiscal”. Se refiere, obviamente, a una mayor confiscación de los gastos sociales, pero también a una desvalorización forzada de la deuda del Banco Central (Leliq) con los ahorristas y depositantes de los bancos. Esta desvalorización del pasivo del Central estaría acompañada por la re-valorización del activo constituido por títulos de la deuda de Argentina en dólares. Es exactamente lo que propone Milei, aunque sin una dolarización. Lo importante de todo esto es que asistimos a un planteo de devaluación con objetivos financieros, no con objetivos comerciales, para asegurar el pago de la deuda pública, o sea una gigantesca transferencia de patrimonios y de ingresos a favor del capital financiero. 

 La devaluación en cuestión no afectaría a la deuda pública en pesos -equivalente a 60 mil millones de dólares- porque se encuentra enteramente indexada al dólar o a la inflación. Por la misma razón, no alteraría tarifas de servicios, de educación y salud privadas. Con toda seguridad elevaría la cotización de la deuda pública en dólares, que hoy se encuentra al 20% de su valor original. Si la devaluación viniera acompañada con la formación de un fideicomiso que reúna los activos del estado en YPF y los de Anses en empresas privadas, con la intención de respaldar a la deuda nominada en dólares, Argentina podría reingresar en un cierto tiempo en un nuevo ciclo de endeudamiento público.

 La cuestión de la deuda pública ha alcanzado su pico máximo. La devaluación es una operación de rescate de los acreedores – 70% nacionales, 30% extranjeros. El monto de esta deuda -de la administración nacional, provincias y municipios, empresas estatales y Banco Central- ha alcanzado los 600 mil millones de dólares. El superávit comercial se ha despilfarrado en el pago de intereses de esta deuda usuraria. La pulverización de la moneda argentina no es sino la contrapartida de la bancarrota financiera del Estado. La deuda pública se ha convertido en una barrera fundamental contra la actividad económica en general, y en un pulpo confiscatorio contra los trabajadores.

 Argentina no atraviesa una crisis económica sino que enfrenta una gigantesca estafa del capital financiero nacional e internacional. Esta estafa apunta a una nueva confiscación de la fuerza de trabajo, de un alcance sin precedentes (en un país que acumula muchos).

 Jorge Altamira 

 29/04/2023

Estados Unidos, China y la hidrovía

En el último mes se han llevado adelante diversas reuniones entre funcionarios del gobierno de Joe Biden y funcionarios argentinos, incluido Massa, para discutir sobre los negocios de China en Argentina, en especial todo lo ligado con la Hidrovía. La semana pasada llegaron a la Argentina Wendy Sherman, subsecretaria de Estado involucrada en negociaciones con Corea del Norte y otros temas de seguridad nacional en Medio Oriente, y Laura Richardson, jefa del Comando sur. También participaron Marc Stanley y del embajador de Bélgica, Karl Dhaene. 

 El control de la hidrovía se ha convertido, para Estados Unidos, en una cuestión de seguridad nacional. La empresa china COFCO tomó la delantera en las exportaciones en Argentina y también en Brasil. ADM, Cargil, Bayer y Monsanto perdieron el liderazgo en las exportaciones. EEUU tiene interés particular en que China no se quede con el control de la Hidrovía en una próxima licitación pública. El embajador de los Países Bajos defiende la bandera que lo liga a Jan De Nul, la principal empresa de dragados mundial que opera en diversos puertos y rutas marítima-fluviales a lo largo del mundo. Actualmente, la gestión provisoria del sistema troncal de navegación está en manos de la Administración General de Puertos (AGP), que lo administra desde finales de 2021, pero las empresas que siguen operando son las mismas desde hace 27 años: la “nacional” EMEPA (del grupo Romero) en la señalización y Jan De Nul en el dragado. 

 Un informe de octubre del 2022 elaborado por el “Eno Center for Transportation” (una organización sin fines de lucro con sede en Washington, con peso sobre temas de transporte multimodal) expuso no sólo el interés estratégico de la Casa Blanca alrededor de la Hidrovia sino también su preocupación sobre la seguridad y la gestión que implicaría la presencia de China en la zona. Estados Unidos prevé, en el tramo paraguayo, enviar ingenieros militares para el establecimiento del Proyecto del “Plan Maestro para la Navegabilidad del Río Paraguay”. Esto le daría control sobre la cuenca alta de la Hidrovía. 

 El botín no solo abarca los aspectos del cobro de los peajes de las embarcaciones, sino, sobre todo, el control sobre el abastecimiento de China en una eventual escalada militar con EEUU. 

 Lucas Benedetto 

 30/04/2023

La OTAN tiene lista la “contraofensiva” en Ucrania

Mientras los titulares de los medios asignan una inusitada importancia a las conversaciones telefónicas entre Xi Jinping, el presidente de China, y su contraparte de Ucrania, Volodomir Zelensky, Clarín informa en un espacio módico al interior del diario que “Kiev ya tiene las armas que pidió para lanzar su contraofensiva”. El propósito, según el jefe de la OTAN, Jens Stolemberg, es “recuperar los territorios ocupados” por el ejército de Rusia. El arsenal acumulado por Kiev no se limita, como consigna la información, a “vehículos de combate”, sino a un profuso suministro de artillería anti-aérea, misiles Patriot y aviones de combate. Alrededor de una decena de brigadas ucranianas fueron adiestradas en territorio alemán para asegurar la inteligencia que debe coordinar las acciones militares. El ofrecimiento de la mediación de China en la guerra de la OTAN contra Rusia no tiene, sin embargo, ni de lejos, el objetivo de abortar esta llamada “contraofensiva”, sino de operar como alternativa política al desenlace que produzca en el terreno.

 El objetivo político-militar de esta nueva fase de la guerra sería desalojar a Rusia de la franja de territorio que cubre la mayor parte de las costas del mar Azov y romper el puente terrrestre que une a los territorios ocupados con la península de Crimea. Quedaría fuera del perímetro de la “contraofensiva” el norte de los territorios ocupados – la región de Donbass. En caso de éxito de la operación, se abrirían dos opciones: encarar un ataque a Crimea o alcanzar un cese del fuego bajo la presión de esa amenaza. El ejército de Rusia se ha abroquelado al este del río Dnipro, que separa precisamente al territorio ucraniano del sur y del este del país. De acuerdo a las informaciones, Rusia habría desarrollado una suerte de línea triplemente fortificada de 800 kilómetros de extensión. 

 Los movimientos diplomáticos no se han circunscripto a China y Ucrania. Macron, el presidente de Francia, y Von der Layen, la presidenta de la Unión Europea, se reunieron con Xi en Pekín. De acuerdo a los relatos oficiales, los funcionarios europeos habrían ido a ofrecer un canje entre un distanciamiento de la Unión Europea de las sanciones en serie que aplica el gobierno de Biden contra China, a cambio de una posición similar de China con Rusia. Macron repitió el propósito de autonomizar a la UE de Estados Unidos; detrás de esa veleidad, el objetivo de Macron es justificar un aumento del presupuesto militar de Francia en casi un ciento por ciento, en medio de la crisis abierta por el aumento de la edad de jubilación a 64 años. La inminente “contraofensiva” de la OTAN en Ucrania viene acompañada con una fuerte presión sobre China. Es parte de la guerra económica que impulsa Biden y del despliegue de la OTAN en Asia, a partir de los acuerdos entre Estados Unidos, Japón y Australia. Lejos de una aproximación de posiciones políticas, que estaría motivada por los perjuicios políticos y económicos que entraña la prosecución de la guerra, se encuentra en desarrollo una escalada, encubierta con fraseología pacifista. 

 Desde la filtración, hace dos semanas, de información reservada de Estados Unidos acerca de la guerra, quedó expuesto, junto a la evidencia de que la guerra ‘nacional’ de Ucrania es manejada en todos sus términos por la OTAN y Estados Unidos, el temor de que la mencionada “contraofensiva” concluya en un fracaso. Es lo que acaba de reafirmar, con variada información, la publicación norteamericana Político – “El equipo de Biden teme al día siguiente de un fracaso de la contraofensiva”. 

En ese caso debería asumir la responsabilidad por no haber escalado la guerra en forma suficiente para derrotar al ejército de Putin, o admitir el fracaso del conjunto de la operación de guerra de la OTAN. Sería la brecha por donde podrían penetrar los planteos de Xi (y de Lula), en favor de una negociación que admita concesiones territoriales de parte de Ucrania y la OTAN. Más allá de estas especulaciones, un fracaso de la “contraofensiva” y un estancamiento militar prolongado en el terreno desataría una serie de crisis políticas y sociales al interior del conjunto de los estados en conflicto. Paralelamente, los datos de la crisis económica -recesión, crisis bancarias e inflación- promueven luchas renovadas de los trabajadores, que asocian cada vez más el ‘ajuste’ a sus condiciones de vida con la guerra imperialista. En vista a un agravamiento de los choques internacionales, los bancos centrales han comenzado a canjear los títulos públicos de Estados Unidos por oro y a retirar inversiones líquidas en el exterior. Ya no se trata de la mayor o menor seguridad que ofrece el dólar sino de la guerra. 

 En este contexto, provocaron un impacto enorme las declaraciones del embajador de China en París, luego denostado como “un lobo guerrero”, que cuestionó el estatus internacional de las tres naciones del Báltico – Estonia, Lituania y Letonia, los lobos más guerreros de la OTAN. En efecto, la disolución de la Unión Soviética tuvo lugar sin la mediación de un tratado internacional que, de un lado, organizara el reparto de activos y patrimonios de lo que había sido una entidad supra-nacional y, del otro, estableciera las nuevas responsabilidades internacionales. Pero mientras el embajador de China cuestionaba el derecho de los estados del Báltico, por ejemplo, para adherir a la OTAN, Finlandia y Suecia quebraban una pseudo neutralidad de varias décadas y se incorporaban a la OTAN para formar un círculo de hierro contra Rusia. Un arreglo negociado en Ucrania no podría tener lugar o vigencia sin un nuevo arreglo internacional, o sea de una recalificación de todo el orden imperialista mundial. Tomada en su conjunto, la guerra entre la OTAN y Rusia plantea una cadena de desarrollos políticos y militares internacionales que la califican como una guerra mundial. 

 Solamente un levantamiento popular en los países en guerra puede poner fin a esta guerra imperialista. No lo lograrán las ‘mediaciones’, los ‘ceses del fuego’ o ‘acuerdos de paz’. Todos los estados imperialistas enfrentan un “peligro existencial”. El mayor temor del imperialismo es que el desarrollo de la guerra opere como un elemento internacional unificador del proletariado y las masas.

 Jorge Altamira 

 28/04/2023

CFK en La Plata: vamos con Massa y el FMI, joder

En su discurso de La Plata, Cristina Kirchner reiteró sólo parcialmente el libreto que venía desarrollando en sus conferencias anteriores. Por un lado, volvió a desplegar un “corte y pegue” de datos y evidencias estadísticas referidas a la crisis nacional, con una prescindencia impropia de quien ha gobernado durante más de una década a la Argentina. Pero a diferencia de las charlas anteriores, donde no se hacía cargo del gobierno que ella integra, en esta oportunidad apoyó sin reservas al “Plan Massa”. Cristina insinuó luego una retirada que parece personal, pero que es inseparable del desbarranque político de esta última, la anterior y la antepenúltima experiencia de gobierno ‘nacional y popular’.

 Clase magistral

 Cristina copió la peor de las costumbres académicas de estos tiempos – la presentación de láminas y gráficos, como si ellos representaran por sí solos conceptos o conclusiones trascendentes. Es así que volvió a hablar de restricción externa y falta de dólares, luego que el gobierno se hubiera rifado dos años de superávits comerciales por 40 mil millones de dólares. La mayor parte del dinero se coló por el cepo proteccionista para el pago de dividendos e intereses al exterior. El kirchnerismo, como antes el peronismo, a partir de 1945, dejó salir la liquidez acumulada por el comercio internacional, para que el capital extranjero repatriara inversiones y ganancias sin mayores limitaciones. La escuela justicialista que inauguró ayer CFK tendrá dificultades enormes para explicar la “independencia económica” conquistada mediante la descapitalización sistemática. 

 La conferencista se anotició recién hoy que Argentina se queda sin dólares después de haber contado con balanzas comerciales rebosantes. Ella misma admitió que el superávit comercial del gobierno FDT superó los 45.000 millones de dólares, que fueron principalmente absorbidos por el pago de capital e intereses de la deuda privada. Los Fernández desendeudaron al capital nacional y extranjero durante tres años de sangría. Además de rifar el superávit comercial, aumentaron el monto de la deuda pública en pesos y en dólares, para evitar que el chorro se detenga. Ahora que se cortó la manguera, confiscan los activos en dólares de Anses y otros organismos públicos, sólo para evitar que se escape el dólar, pero aumentando la deuda externa en poder del capital privado. Joder, se ha dicho. Antes, entre 2007 y 2015, usó los dólares billete de esas mismas entidades para pagar la deuda pública a cambio de bonos condenados a la desvalorización. Ahora vende esos bonos a precios de remate, para redituar al capital una tasa del 45% anual en moneda extranjera. Con gobernantes como CFK, el capitalismo no tiene ninguna dificultad para operar como el sistema que da mejores rendimientos, según explicó ayer,...al mismo capital 

 Cristina también se anotició ayer de que los subsidios fiscales al capital cuadruplican a los planes sociales, y duplican al actual déficit fiscal. Pero el régimen de exenciones, desde la minería hasta Vaca Muerta y los negocios contratistas, fue reforzado sustancialmente por los gobiernos kirchneristas. Ahora, apoya el pedido de Massa de renegociar el acuerdo con el FMI, que consiste en obtener un adelanto de fondos, o sea, un mayor endeudamiento. Una platea embelesada se tragaba todos estos sapos, porque forma parte del elenco que vive de la gestión de gobierno. En la inauguración de la escuela justicialista no se observó la presencia de la clase obrera industrial, en la que el peronismo incrustó por un tiempo la política de la colaboración de clases.

 Fernández de Massa 

El alegato “crítico” se terminó, sin embargo, a la hora de referirse a la actual gestión económica, No hubo gráficos para ilustrar la confiscación extraordinaria de los fondos públicos, previsionales y, principalmente, de los salarios y gastos sociales, de los últimos tres años. Los subsidios a las grandes empresas durante la cuarentena siguen siendo un secreto bien guardado, pero solamente en Leliq se gastaron alrededor de 30 mil millones de dólares para beneficio de bancos y grandes compañías. Cristina Kirchner tampoco mostró gráficos ni cuadros sobre la emisión monetaria desplegada a fines de 2022 para levantar el valor de la deuda pública en pesos; tampoco se refirió a los beneficios especiales del dólar agro para el capital sojero, y del dólar barato para la burguesía industrial. No tuvo una sola palabra para la sustracción de los bonos en dólares del fondo del Anses, que comenzaron a ser rematados para alimentar el fuego de la corrida cambiaria. La vice presentó a la venta de dólares de las reservas para parar la corrida cambiaria como un acto de “soberanía”, porque se trataría de una acción “no autorizada en el acuerdo (del FMI) con Argentina”. Estamos ante una verdadera necedad; si financiar una corrida resulta un acto de soberanía, Mauricio Macri y Luis Caputo deberían entrar en el panteón de los héroes nacionales. 

 Una clase terminal

 CFK la emprendió contra Milei y la dolarización, como si la dolarización de facto de la economía no fuera el resultado de la política actual. El circulante y las cuentas corrientes en pesos valen hoy alrededor de 10 mil millones de dólares; una devaluación la convertiría en nada. La deuda en pesos del Tesoro está dolarizada, por unos 60 mil millones y subiendo. La deuda pública total, del Tesoro, provincias, organismos públicos y el Banco Central, supera los 550 mil millones de dólares. El discurso de ayer muestra a una persona totalmente entregada al FMI y a la candidatura de Massa. Si la crisis fuerza una mega devaluación del peso, la vicepresidenta pasaría a dar clases magistrales privadas y el peronismo seguiría el destino de los radicales luego del derrumbe de De la Rùa. Cristina se subió luego al carro de la privatización de activos –“el litio, Vaca Muerta”, que solamente serán ‘puestos en valor’ luego de una devaluación y del levantamiento del cepo cambiario. Al igual que la burocracia sindical que la sigue, está jugada a muerte por la sobrevivencia del programa económico del Fondo Monetario; es el puente para el próximo gobierno. Al despotricar contra las ventajas fiscales que recibe la gran burguesía, le ha tendido un puente a los ajustadores de Washington, que reclaman hace mucho una reforma impositiva para que esa burguesía contribuya a pagar la deuda. 

 La clase, en definitiva, no fue magistral: Cristina manipuló explicaciones estadísticas sobre el pasado, mientras encomendaba el “futuro” a los agentes del capital y del Departamento de Estado. Es un remate que podrá ganar aplausos entre los 1800 funcionarios rentados que la aplaudieron, pero jamás podrá darle una salida al pueblo explotado.

 Marcelo Ramal 

 28/04/2023

Fidel: el pueblo como solución

Informes sobre Cuba pagados… ¿por EEUU?

Fidel y el viaje a Rusia

Lo países que dolarizaron no salieron de las crisis de deuda y la tutela del FMI

Los casos de Ecuador, El Salvador y Panamá. 

 Javier Milei colocó el tema dolarización en un lugar destacado del debate político nacional. Según él, esa medida traería prosperidad a la Argentina. Esta política, sin embargo, ya se ha aplicado en otros países de América Latina, y los resultados, desde el punto de vista de los trabajadores, fueron desastrosos. Un aspecto distintivo de estos procesos de dolarización es el hecho de que la deuda externa de los países aumentó exponencialmente. Y la deuda es un problema crucial de la economía argentina.

 Ecuador 

Ecuador es uno de los países que actualmente tiene su economía dolarizada. Esta medida, implementada en el año 2000 por el expresidente Jamil Mahuad, trajo consigo un retroceso de la industria, ya que a diversos grupos capitalistas les comenzó a resultar más rentable importar mercancías (en lugar de producirlas) y comercializarlas. A la par, el país se volvió dependiente de la exportación de petróleo. La economía ecuatoriana es esencialmente petrolera. 

 El país andino comenzó a recurrir cada vez más a créditos extranjeros (FMI, BID, Banco Mundial, entre otros). La relación deuda-PBI pasó de un 18% en 2011 a un 57% en 2022. A su vez, los bonos ecuatorianos son unos de los más riesgosos de la región; en marzo, el riesgo país trepó a casi 2.000 puntos. 

 En este marco, el default aparece como horizonte. Antes de finalizar su mandato, en noviembre de 2020, el expresidente Lenín Moreno acordó con el FMI la entrega de unos 6.500 millones de dólares. A cambio, el Ejecutivo se comprometió a aplicar un plan de ajuste antiobrero: gasolinazos, impuestazos, despidos, rebajas salariales y la aplicación de “reformas estructurales”. El eje del gobierno del banquero Guillermo Lasso es cumplir con ese acuerdo.

 Esta política fondomonetarista ha desatado movilizaciones populares. En 2019, la supresión de los subsidios a los combustibles por parte de Lenín Moreno provocó una rebelión popular. A mediados de 2022, Lasso fue enfrentado por protestas, protagonizadas por el movimiento campesino; lo que detonó las movilizaciones fue el intento del gobierno de avanzar en un aumento de los combustibles.

 El Salvador

 Las contradicciones económicas y sociales en El Salvador se agudizaron como producto de la dolarización. Su industria quedó destruida. Y las remesas que envían los salvadoreños ubicados en el extranjero se han convertido en el principal ingreso del país. En los últimos 22 años, el crecimiento económico no superó el 3% anual. A su vez, el porcentaje de deuda-PBI pasó del 36% registrado en 2001 a un 80% en 2022, uno de los ratios más grandes de la región. El FMI advirtió que la deuda pública salvadoreña equivaldrá al 96% del PBI en 2026. 

 El Salvador tiene aproximadamente 6.400 millones de dólares de eurobonos en circulación, y “las preocupaciones sobre los altos costos del servicio de la deuda y sus planes de financiamiento y políticas fiscales preocupan a los tenedores de bonos” (El Economista, 5/4). En septiembre pasado, la agencia Fitch rebajó la calificación crediticia de El Salvador a CC (niveles muy altos de riesgo de crédito), caracterizando que el gobierno podría incurrir en un incumplimiento del pago de la deuda. 

 El FMI envía misiones al país. Una de ellas sostuvo recientemente que el gobierno de Nayib Bukele debe “reconducir la deuda a una senda sostenible” y reclamó que se implementen despidos, tarifazos y un aumento del impuesto al consumo (Milei, el “antiimpuestos”, no dice nada sobre esto). En este cuadro de crisis, Bukele pretende que el Fondo otorgué un préstamo a El Salvador, aunque el organismo internacional le puso como condición que abandone el bitcoin como moneda de curso legal.

 En este contexto, las tensiones sociales se han venido incrementando, y sectores de la clase obrera han salido a la calle. Trabajadores de la salud y municipales se movilizaron en los últimos años en reclamo del pago de salarios y en defensa de sus conquistas. En 2021 también hubo protestas contra el autoritarismo presidencial; Bukele copó la Justicia y desplegó al Ejército en las calles para atemorizar a la población. Este reforzamiento represivo debe ser entendido también como el intento del gobierno de defender el régimen de dolarización.

 Panamá 

La deuda en Panamá, otro país dolarizado, también se ha incrementado. Su economía depende del sector agroexportador, y cada vez más de los préstamos internacionales. Además, se convirtió en un paraíso fiscal. 

 La relación deuda-PBI, en la última década, pasó del 37% al 58%. En 2021, el FMI otorgó al gobierno un crédito por 2.500 millones de dólares (Infobae, 25/4). El gobierno de Laurentino Cortizo, el presidente de Panamá, viene de emitir bonos globales por un total de 1.800 millones de dólares, que poseen tasas que están por encima de la media internacional. La calificadora Moodys señaló hace poco que para abordar “el tema fiscal” (el pago de la deuda), el gobierno debe ir hacia una reforma (reaccionaria) de las pensiones, como la que aplicó Emmanuel Macron en Francia, o como la que pretende implementar Luis Lacalle Pou en Uruguay. 

 Cortizo ha venido desarrollando una política de ajuste contra la clase obrera, en aras de cumplir con las pretensiones del capital financiero internacional. Por ejemplo, redujo en un 10% la planta de trabajadores estatales. Asimismo, ha reducido los presupuestos de salud y educación (C5N, 24/4). 

 La clase trabajadora también ha desenvuelto luchas contra esta agenda. En julio de 2022 se produjeron huelgas y protestas. Estas movilizaciones también se dirigieron contra la corrupción que impera en el poder político. Otro golpe contra Milei, que dice que con la dolarización se terminaría la corruptela en Argentina. 

 Una conclusión 

La dolarización de la economía no sacaría a Argentina de sus sucesivas crisis de deuda y de la tutela del Fondo Monetario, aspectos que se encuentran en la base del proceso inflacionario en curso. Como se ve, el “Make Argentina Great Again” de Milei es tan solo un velo nacionalista que encubre un programa de entrega en toda la línea del país. 

 Habida cuenta el tamaño de la deuda externa en Argentina (gran parte de la deuda pública está indexada al tipo de cambio), una dolarización aceleraría el camino hacia un nuevo default. La salida a la crisis pasa por romper con el FMI y desconocer la deuda externa. Un gobierno de trabajadores y la izquierda utilizaría los recursos que se van por la ventana del pago de la deuda para industrializar el país y elevar el nivel de vida de las masas trabajadoras. 

 Nazareno Suozzi

Prisión domiciliaria y reparación a víctimas de la guerrilla. La coalición de gobierno avanza en la impunidad y en reafirmar la teoría de los dos demonios

En el toma y daca por la reforma jubilatoria, la coalición gobernante a iniciativa de Cabildo Abierto, acelera la concreción de proyectos de ley que avanzan en la agenda reaccionaria.

 La coalición gobernante avanza en su puesta en escena, para dar impulso de un combo de proyectos de ley reaccionarios, que entran en juego paralelamente a la aprobación de la contra reforma de las jubilaciones. 

 Usando como excusa las negociaciones por la reforma previsional, sitúan a Cabildo Abierto en el papel de villano principal, haciendo presión para que se concrete la aprobación de proyectos legislativos que buscan darle impunidad a los represores de la dictadura y a la vez reafirmar la teoría de los dos demonios. Proyectos que le darían respuesta a las aspiraciones reaccionarias del núcleo de su base electoral.

 En el fondo sabemos que aunque Cabildo Abierto es el más fanático impulsor de estas iniciativas, los demás integrantes de la coalición gobernante comparten la misma postura de defensores de la impunidad y de relativización del terrorismo de Estado. 

 El proyecto de reparación a víctimas de grupos armados en los 60s y 70s que ya cuenta con aprobación en la comisión parlamentaria y se tratará en Cámara en breve y la prisión domiciliaria de 65 años (hecha para liberar a los genocidas de Domingo Arena) que se retomará su tratamiento durante la presente semana. Son dos de los proyectos que la coalición gobernante en su conjunto pretende aprobar a la brevedad.

 Para el caso del proyecto de prisión domiciliaria, el Partido Nacional retomó la iniciativa y presenta un proyecto que en vez de 65 años, plantea 70 años, consultado si habría inconveniente en aprobarlo el Senador de CA Guillermo Domenech afirmó que "En principio no tendría mayor inconveniente".

 Amparándose en la excusa de la presión de CA, pero en el fondo avanzando en una ofensiva tácita, que pretende fortalecer el relato de la teoría de los dos demonios y la “necesidad” de dar vuelta la página o sea de la impunidad para los genocidas del terrorismo de Estado. 

 Organismos de DDHH como Madres y Familiares de Detenidos Desparecidos y Crysol, ya han emitido su repudio a estas iniciativas del gobierno derechista de Lacalle. Por ejemplo Crysol aseguró que el proyecto conocido como de reparación a víctimas de la guerrilla es “una auténtica provocación a todas las víctimas del terrorismo de Estado”. 

 Los dos demonios y la impunidad 

 Además de satisfaces los intereses de parte de su base electoral, estos proyectos que impulsa el gobierno de la coalición derechista, busca afirmar no solo la impunidad de los criminales de lesa humanidad, sino también imponer el discurso de la teoría de los dos demonios. 

 Distorsionando la historia , para plantearla de manera que los sucesos de los 60s y 70s se debieron al accionar anti democrático de grupos armados de izquierda y derecha, enfatizando la responsabilidad de la izquierda y lavándole la cara al terrorismo de Estado. 

 Demostrado una y mil veces no solo en Uruguay, sino en la región como una teoría falaz que desconoce los hechos de la planificación sistemática del terrorismo de Estado a nivel nacional e internacional con el Plan Cóndor. Y destacando desproporcionadamente la influencia de los grupos armados de izquierda. 

 En el caso de Uruguay, incluso en momentos del golpe de Estado de 1973, la guerrilla ya había sido derrotada meses antes durante 1972. El intento es presentar al terrorismo de Estado como “excesos” de algunos individuos y no como una política sistemática del Estado y la clase dominante contra la clase trabajadora. 

 La impunidad viene desde antes 

 Si bien ha habido avances en el juzgamiento al terrorismo de Estado, con un aumento incluso en los últimos años de militares y civiles procesados y juzgados por los crímenes de lesa humanidad.

 Eso no quita que incluso durante los gobiernos del Frente Amplio, todavía la gran mayoría de los represores de la dictadura han permanecido impunes y que además a los pocos condenados ya se los beneficiaba con la prisión domiciliaria (como Gavazzo por ejemplo) o el alojamiento en la cárcel vip de Domingo Arena. 

 Además de esto, por ejemplo, durante las administraciones del FA naufragaron los intentos de derogar la Ley de Caducidad, teniendo el FA la mayoría parlamentaria necesaria. Para finalmente desplazar el tema hacia un segundo plebiscito al que se le retaceó el apoyo por parte de dirigentes y sectores políticos centrales, postura que finalmente conspiró para hacer fracasar la salida plebiscitaria que se había planteado frente al fiasco del trámite parlamentario. 

 Se compartió además, desde siempre una postura de favorecer e impulsar una política de reconciliación con las FFAA, ya desde el primer gobierno de Vázquez. Una política de Estado que representa una continuidad defendida por todos los grandes partidos del régimen que han llegado al gobierno. 

 Luchar contra el avance reaccionario 

 Estos avances reaccionarios no son casualidad, en paralelo que se intenta garantizar la impunidad a los represores de la dictadura, se persigue y condena a los militantes que luchan contra la impunidad. El caso de la persecución y escarmiento que el poder judicial les impone a los manifestantes de la protesta en la SCJ en 2013, es un ejemplo flagrante de esto y del sesgo del régimen a favor de las posturas más reaccionarias. Se hace necesario redoblar la lucha no solo contra la impunidad y este intento de relegitimar el accionar del terrorismo de Estado, sino que también contra el avance reaccionario que intenta criminalizar la protesta. 

 El próximo 20 de mayo debemos denunciar y manifestarnos contra todo esto en su conjunto, la impunidad, la teoría de los dos demonios y la criminalización de la protesta. En especial la lucha contra la criminalización de la protesta debe redoblarse y ser respaldada de forma contundente por todos, respaldo que hasta ahora lamentablemente no ha sucedido como debería. No debemos ceder de ninguna manera terreno a la reacción, la cual no solo busca perpetuar la impunidad, sino que intenta ir en contra de derechos democráticos fundamentales. 

 La Izquierda Diario Uruguay 

 Miércoles 12 de abril | 23:01

¿Se viene la hiperinflación? ¿Dónde termina la corrida?

Lo que todos nos preguntamos. 

 Las condiciones para una hiper están reunidas. 

Todo el país se pregunta hasta dónde puede llegar la crisis actual. Cuánto más va a subir el dólar y acelerarse la inflación es la preocupación unánime, en medio de la corrida que disparó al blue hasta rondar los $500 y un aumento de precios ya insoportable pero que no afloja. ¿Qué va a pasar? A este interrogante generalizado, agregamos nosotros uno que nos parece el más importante: ¿qué tenemos que hacer? 

 A muchos jóvenes que no vivimos la crisis de finales de los ’80 se nos hace poco claro distinguir la situación actual de lo que se denomina una hiperinflación. Los precios se remarcan permanentemente, el IPC interanual supera el 100%, el dólar no para de subir, algunos productos -importados o que requieren insumos importados- ni siquiera tienen un valor previsto hacia adelante, y no hay señales de que esto se calme. La diferencia con la hiper es una cuestión de escala y de tiempos, porque esta significa saltos muy bruscos en muy cortos períodos, que en el caso de 1989 llevaron el índice anual de precios al 3.000%.

 Como sea, hoy acumulamos ya más de una década de inflación en ascenso y devaluación progresiva del peso, por lo cual ya venimos sufriendo un deterioro sostenido en el poder de compra. Por eso la estampida inflacionaria es inaguantable, aunque no hayamos cruzado el umbral para considerar una hiper (convencionalmente del 1.000%). Y la cuestión es que hay una fuerte inercia, con fuertes subas de los precios mayoristas que después se trasladan a las góndolas, y todo un cronograma oficial de tarifazos, naftazos, boletazos y aumentos de los precios regulados que ponen un piso al IPC de los próximos meses. 

 De todas maneras, las condiciones para que se desate una verdadera hiperinflación están reunidas, por clara responsabilidad del gobierno y del programa del FMI que defienden todos los políticos capitalistas.

 El primer aspecto es justamente la presión por una devaluación. La corrida que llevó los tipos de cambio paralelos a rozar los $500 tiene impacto sobre los precios, especialmente en el rubro de la construcción. Además tenemos a los sojeros que no liquidan la cosecha a pesar del precio privilegiado del dólar agro, porque apuestan a más. Los bancos que hicieron grandes negocios especulando con las altísimas tasas de interés que les paga el Estado (135% anual, más del doble de lo que quieren fijar como techo salarial) ahora desarman sus tenencias en pesos porque ven un default en el horizonte, prefieren cobrar los vencimientos y correr a comprar dólares. Por eso es el gobierno el que financia la corrida: es la plata que él emite la que usan los capitalistas para dolarizarse. 

 Massa todavía resiste a este golpe de mercado, a sabiendas que una devaluación terminaría de desatar los pecios y de enterrar cualquier chance electoral del peronismo. Pero si aún lo logra es exclusivamente porque el Fondo Monetario hasta ahora le sigue tirando soga, lo cual obedece a la preocupación del capital financiero y el imperialismo yanqui en evitar un estallido social. Es el mismo trato que tuvieron con Macri, tan cuestionado por los caraduras del kirchnerismo. Ahora el Frente de Todos llega al final de su mandato jaqueado por los mismos elementos que Cambiemos en 2019: inflación creciente, corrida cambiaria, rescate del FMI, y la gente perdiendo por todos los flancos. 

 La preocupación del gobierno es que un fuerte salto del tipo de cambio oficial se trasladaría inevitablemente a los precios. La economía argentina está fuertemente indexada. Un ejemplo es cómo aumentan los alimentos al compás del dólar agro. Lo mismo vale para la vivienda, basada en tasaciones en dólares, o los productos importados, que componen gran parte de los artículos que se fabrican en Argentina. Ni hablar de las tarifas de los servicios públicos, cuando la segmentación tarifaria pretende recortar masivamente los subsidios al mismo tiempo que fija un precio base dolarizado del gas y la electricidad. 

 Los políticos capitalistas y los economistas agregan a la lista de precios indexados los salarios, porque las paritarias se pactan con varias cuotas y por períodos cada vez más cortos. Pero es evidente que la realidad es al revés: los trabajadores corremos a la inflación siempre de atrás, tratando de recomponer lo que vamos perdiendo. Por eso es insultante que la CGT, en lugar de plantear que se rediscutan los acuerdos salariales, se siente con Massa a ver cómo mantener el orden. Nada más justo en este escenario que luchar por una efectiva indexación de los ingresos de la población trabajadora, o sea que se actualicen mensualmente según el IPC, como planteamos desde la izquierda y el sindicalismo clasista. 

 Es obvio que este planteo se va a topar con la resistencia de las cámaras empresarias, del gobierno y la oposición derechista. Lo saben los obreros del neumático, que se plantaron en la negociación paritaria hasta que arrancaron un aumento salarial por encima del índice de precios, para lo cual tuvieron que soportar la presión de multinacionales y pulpos nacionales, y los ataques y amenazas del propio ministro de Economía. Es una demostración práctica de cómo, tanto los que prometían mejorar los salarios como los “liberales” que claman por el libre mercado, cerraron filas contra la potestad de los laburantes de organizarse colectivamente para no tener que vender su fuerza de trabajo a un precio inferior al costo de vida.

 A este ejemplo de intervención de los trabajadores podemos sumar fuertes peleas como la de los docentes, los piqueteros, médicos y residentes, entre varios sectores. Pero hace falta además pujar por una irrupción con un programa político propio de salida a la crisis, para que no sigamos pagando los platos rotos nosotros. Un mayor análisis puede verse en el editoral semanal de Prensa Obrera escrito por Eduardo Salas. 

 Si Milei levanta en las encuestas hablando de dolarización y prometiendo terminar con la inflación es porque eso le permite explotar esta incertidumbre, a la vez que intenta diferenciarse del fracaso de todos los que nos gobernaron -aún cuando reivindica el fiasco menemista. Claro, lo hace presentando como indolora una salida que en realidad implicaría que la población trabajadora pague con sus condiciones de vida (salarios, jubilaciones, puestos de trabajo, derechos laborales) los costos de una política que vendría en primer lugar a rescatar a los bancos y financieras -que están metidos hasta el cuello en negocios especulativos con la deuda pública y con la brecha cambiaria. 

 Dice que la factura sería cobrada a “los políticos”. Pero si estos hundieron al país fue por gobernar no solo en su propio beneficio personal sino en el de los grandes capitalistas -que son los que se embolsaron los subsidios todos estos años, los pagos de deuda externa, los que fugaron sus dólares al exterior. En conclusión, su supuesto “plan motosierra” preserva la misma orientación social de clase que toda la casta de políticos capitalistas enquistada en el Estado, y el mejor ejemplo es que seguiría subordinado al FMI. Por ese camino siguieron transitando también los países que dolarizaron sus economías, y siguen recayendo en crisis de deuda. 

 La clave de la situación, que tiende a agravarse, es la preparación política de la intervención de los trabajadores en esta crisis. Es la única clase social realmente productiva, que puede romper el parasitismo que fuga las riquezas de Argentina y abrir paso a una reorganización económica sobre nuevas bases sociales. Para eso, en lugar de reventar el Banco Central y ajustar al pueblo, hay que empezar por romper con el Fondo y tomar en nuestras manos los resortes claves como el sistema financiero y el comercio exterior, terminar con la fuga de capitales y el pago de una deuda externa fraudulenta, para invertir los recursos en un desarrollo nacional en función de las necesidades de las mayorías.

 La campaña electoral del Frente de Izquierda Unidad, delimitando campos con todos los políticos capitalistas, es parte de esa preparación política.

 Iván Hirsch

Explosión de casos de dengue en CABA

Informaciones del Ministerio de Salud señalan que las enfermedades transmitidas por el mosquito aedes aegypti (dengue, sika, chikungunya) presentan un escenario de alto riesgo sanitario por casos confirmados en CABA. Mientras los partidos gobernantes se encuentran en una interna feroz con miras a las PASO de agosto, los trabajadores enfrentamos la mayor epidemia de dengue conocida en nuestra región. 

 El crecimiento de los casos en 14 barrios de CABA está acompañado por una situación similar o aún peor en más de 15 provincias. Los serotipos 1 y 2 de dengue y chikungunya ya están circulando en agrupamientos dispersos por comunas y barrios. Se define como agrupamiento la ocurrencia de cinco o más casos cada 200 metros en los últimos 14 días. 

 La dramática situación sanitaria en la que nos colocó el COVID, ubica al Hospital Muñiz a la cabeza para enfrentar este brote, ya que cuenta con los servicios necesarios para el abordaje de todos los casos febriles, incluido el dengue. Se ha convertido en el lugar de derivación de todos los hospitales del GBA y las obras sociales, donde escasean los reactivos. 

 Por citar solo un caso, Tucuman tiene colapsados sus sistemas de internación. La falta de reactivos para la detección de la enfermedad es un claro síntoma de desinversión que no sólo atañe a las obras sociales. Para los trabajadores, no sólo es un calvario lidiar con la enfermedad, sino exponerse a traslados innecesarios hasta dar con centros que puedan brindar un seguimiento adecuado. 

 Estamos ante un cuadro que requiere una intervención enérgica no sólo en el tratamiento, sino en la prevención de la enfermedad, por medio de la organización en los lugares de trabajo, de estudio y en los barrios. A través de esa acción, el descacharreo puede realizarse efectivamente. Esto, acompañado de la provisión de repelentes, necesarios en los horarios de la mañana y la tarde donde abunda el mosquito. 

 El Estado debe acompañar con la implementación de los mecanismos necesarios de vigilancia epidemiológica. La detección temprana de esta enfermedad permite generar acciones oportunas, políticas y sanitarias. El cambio climático, producto de la depredación capitalista del medio ambiente, provocó una adaptación del mosquito a las zonas frías, lo que hace que año a año progresen las áreas de infección. En este cuadro, las políticas de prevención son escasas. 

 El caso particular de la CABA, que ya cuenta con dos fallecimientos, se relaciona con la política llevada a cabo por el PRO de achique y modificación de estructuras hospitalarias que trae aparejado reducciones en los presupuestos del sistema de salud, con la consiguiente disminución de recursos humanos e insumos. 

 Los equipos de atención primaria encuentran sus energías agotadas por los ritmos extenuantes de trabajo, debido al incremento en la demanda de atención. La comunidad trabajadora, usuaria de este sistema, debe comenzar a intervenir activamente en el cuidado de su ambiente, como con las denuncias de falta de infraestructura y el apoyo de las diferentes medidas de lucha que se están llevando adelante. 

 Las políticas de ajuste que despliegan los gobiernos chocan con un sistema sanitario que otra vez se encuentra en jaque.

 Resulta necesaria la intervención de los trabajadores por medio de asambleas y plenarios en los barrios, escuelas y hospitales, para debatir una solución de urgencia, porque nuevamente, como fue con el COVID, está en juego nuestra vida. 

 Santiago Barugel y Silvia Allocati 

 25/04/2023

Uruguay: Diputados trata la reforma previsional, en medio de un paro de rechazo

Ante el tratamiento del proyecto de reforma jubilatoria en la Cámara de Diputados, se desarrollaba este martes en Uruguay un paro y movilización convocado por el PIT-CNT, la central sindical charrúa.

 La norma eleva la edad jubilatoria de 60 a 65 años, rebaja los ingresos (merced a una nueva forma de calcular los haberes), liquida las cajas jubilatorias especiales y establece la obligatoriedad para todos los trabajadores de afiliarse a las Afap (administradoras privadas). Es un brutal ataque contra la clase trabajadora. 

 Entre los sectores que se plegaron a la medida de fuerza figuran los bancarios, municipales, lecheros, trabajadores del transporte y la salud. 

 Con respecto al proyecto aprobado en el Senado el año pasado, el gobierno de Luis Lacalle Pou introdujo algunas modificaciones, a raíz de cuestionamientos internos por parte de sectores de Cabildo Abierto y el Partido Colorado, que integran la coalición gubernamental. Pero se trata de cambios que no alteran su naturaleza antiobrera. 

 Durante todo este período, en lugar de un plan de lucha progresivo, el planteo de la conducción del PIT-CNT ha sido el de “otra reforma” en base a un “diálogo social” (página de la central, 17/11), una posición conciliadora en medio de la ofensiva de Lacalle Pou. En función de ello, siguió una línea de administración del conflicto, con medidas aisladas, dilatadas en el tiempo. 

 La elevación de la edad de retiro forma parte de la agenda de los gobiernos capitalistas a nivel internacional. En Francia, el proyecto de Emmanuel Macron desató el proceso huelguístico más importante desde 1995.

 Es posible derrotar esa agenda, a condición de una lucha consecuente.

 Prensa Obrera

Dólares, bonos del Tesoro y cleptocracia internacional

La estrategia del secuestro del esfuerzo ajeno y la acumulación de sus réditos no se reduce sólo a los inventos y a las nuevas tecnologías sino a casi cualquier otro aspecto de la vida social, desde (1) el económico (2) el político hasta (3) el narrativo. “Con nuestro éxito y nuestra riqueza, nosotros aportamos a la prosperidad de los países mientras los vagos de abajo nos roban con los impuestos”, etc. Máscaras narrativas que, por supuesto, se cultivan en los medios masivos y germinan siempre en una buena porción de los de abajo, porción suficiente para ganar elecciones o mantener el statu quo cuando se pierde alguna. 

 De la manipulación política para incrementar los beneficios económicos nos detuvimos hace años cuando analizamos la corrupción legal, sobre todo en potencias hegemónicas como Estados Unidos, por la cual las corporaciones evaden impuestos en los paraísos fiscales, presionan a países pobres a través de los bancos mundiales y de sus propias inversiones volátiles (“hot money”) por la cual determinan las “políticas correctas” de desregulación, desprotección de trabajadores y destrucción de la soberanía de los países a través de tratados de “libre mercado”―aparte de escribir casi a su antojo las leyes en los países centrales, imperiales o como quieran llamarlos.

 A través del control político de los gobiernos, de los parlamentos y hasta del sistema judicial, el gremio del Uno Porciento controla las instituciones capitalistas e imperiales como el ejército de Estados Unidos, los bancos nacionales e internacionales como el FMI, el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio establecen leyes que se aplican según el poder económico y militar de cada país. Gobiernos como el de Washington, administran la divisa global y su fuerza militar para continuar y acelerar la transmisión de riqueza de las clases trabajadoras hacia el Club del Uno.

 Un ejemplo más es la dinámica impuestos-bonos del Tesoro. En los últimos cien años, las organizaciones populares como los gremios de trabajadores han sido demonizados por los grandes medios (caso de William R. Hearst a principios del siglo XX, entre otros) hasta desmovilizarlos y casi anularlos. Este proceso, que a partir de los 80 produjo un crecimiento de la diferencia entre producción y salarios, y un distanciamiento entre el Club del Uno y el resto de la población, se aceleró con el aumento del déficit del gobierno de Estados Unidos. 

 Los gastos de las guerras siempre fueron a las arcas de El Uno. Para eso están. También los sacralizados “recortes de impuestos para estimular la economía”. En 2017, por ejemplo, el gobierno de Donald Trump aprobó un recorte de impuestos para los ultra millonarios por billones de dólares, mientras sus votantes y los votantes del partido Demócrata estaban distraídos en una disputa sobre racismo, el patriotismo y el peligro de los inmigrantes pobres de América Central. Este recorte para estimular la economía, como muchos otros, no tuvo ningún efecto en la economía, pero todos los estudios posteriores confirmaron lo más obvio: el único efecto, aparte de crear un abismo en el déficit público, fue que quienes menos necesitaban de una ayuda del Estado incrementaron sus fortunas de forma notable. Es decir, a más capitales acumulados, más poder político y mediático de El Uno y, consecuentemente, más conflictos entre los de abajo: blancos pobres contra negros, negros contra indios, indios contra mujeres, mujeres contra inmigrantes, inmigrantes legales contra inmigrantes ilegales, jóvenes contra viejos, viejos contra chinos, destra contra sinistra… Bueno, así es como ha funcionado desde siempre y en casi todos los países. Lema del movimiento social Occupy Wall Street (Estados Unidos): «Nosotros somos el 99 %». 

Ahora ¿cómo hace un gobierno para cerrar la brecha entre gastos e ingresos? Una solución es imprimir dinero. Los países del Sur Global no pueden hacerlo, porque producen hiperinflación casi inmediatamente. Washington tiene un margen mucho mayor, porque el dinero que imprime está distribuido por cada rincón del planeta y sus efectos inflacionarios también. Claro que todo tiene un límite. Así que para no imprimir tantos cientos de miles de millones por año la otra opción es emitir “Treasury securities”, títulos, notas y bonos del Tesoro, dependiendo del tiempo de maduración de cada uno. Se llaman seguros porque se asume que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos siempre tendrá capacidad de pago―es decir, capacidad de imprimir cada vez que está al borde del default. Otra razón para entender los peligros que acarrea la dolarización de las economía de los países vampirizados por el BM y el FMI, otros dos instrumentos imperialistas de Washington que les exige e impone a las neocolonias una responsabilidad fiscal que Washington nunca, jamás ha practicado. 

 ¿Quienes compran estos bonos? Los millonarios y las corporaciones ultra millonarias. No los trabajadores. ¿Alguien conoce un compañero de trabajo que ha decidido poner, por decisión propia, sus ahorros en bonos del tesoro de Estados Unidos o de sus propios países? No es algo imposible ni está prohibido por ninguna ley, pero en la práctica son rarezas. Los trabajadores pagan impuestos. Es decir, cuando un trabajador asalariado o el dueño de un pequeño negocio, sea una pizzería o una fábrica de baldosas paga sus impuestos, le está entregando el cien por ciento de ese dinero al Estado. Si recibe algo a cambio será de una forma muy indirecta y a través de un servicio público que no es de su propiedad. Diferente, cuando un capitalista o sus corporaciones compran notas o bonos del Tesoro, lo que están haciendo es prestarle al Estado el dinero que no han pagado en impuestos. Los bonos suelen ser de varios tipos; unos maduran en un año, otros, en quince o en treinta años. En cualquier caso, el prestamista del gobierno no sólo se asegura que su capital estará bien guardado, sino que recibirá el cien por ciento de regreso más intereses. Estos bonos en realidad son deuda del Estado, la que, llegado el momento de honrar sus compromisos con los inversores, deberán pasarla a los trabajadores en forma de impuestos o de reducción de servicios básicos como salud y educación. Todo en nombre del sinceramiento y la responsabilidad fiscal, “como la de cualquier hogar decente”. 

 El negocio es redondo y prácticas como estas, legalizadas por las mismas instituciones nacionales y globales, sólo incrementan el poder de los de arriba a costa del sudor de los de abajo, al tiempo que los convence de que si hoy están algo mejor que ayer (en el mejor de los casos), si hoy textean desde un teléfono de última generación mientras que sus abuelos tenían que escribir cartas a mano, todo se debe a las bondades del capitalismo y de que el Club del Uno ha sido protegido de los destructivos y fracasados críticos de siempre que quieren que los pobres y los vagos vivan del Estado sin trabajar―castigando el éxito de los ricos e impidiendo que la República X no se convierta en un país desarrollado como aquellos que saben cómo hacer las cosas, que tienen “otra cultura y otra mentalidad”, como Inglaterra o Estados Unidos. 

 Jorge Majfud | 26/04/2023

Uruguay para las multinacionales

Esta semana comenzará a estar operativa la tercera mega papelera en Uruguay y la segunda de la empresa de capitales fineses UPM. Será la inversión más grande en la historia del país que requirió de 3.470 millones de dólares. 

 La semilla de la forestación 

 Ante todo hay que recordar que la inserción del país en el mercado forestal tiene su impulso con las políticas públicas neoliberales y particularmente la Ley forestal de 1987. Estamos hablando de una de las pocas políticas de Estado que se sostiene a lo largo del tiempo y por 35 años. Una política que subsume al Uruguay en el lugar de país subdesarrollo que exporta productos de escaso valor agregado.

 Podemos incluso hablar de la Santa Trinidad neoliberal que gobiernos de todos los partidos (Colorados, Nacionalistas y Frenteamplistas) han respetado y sostenido a rajatabla. La primera es la ya nombrada Ley Forestal de 1987, la segunda es la Ley de zonas francas del mismo año y por último la Ley de Protección de Inversiones de 1998.

 Las plantas 

 Asumiendo que la nueva planta iba a empezar a producir en marzo -como se preveía-, la agencia de promoción de la inserción externa del país Uruguay XXI estimó que este año las exportaciones de celulosa crecerían 50% y totalizarían US$ 2.606 millones, posicionando a ese rubro como el principal, por encima de la carne vacuna (US$ 2.352 millones) y la soja (US$ 1.172 millones). 

 El Ministerio de Ambiente firmó la autorización para el comienzo de la operación y el de Economía le dio el aval para que empiece a funcionar como zona franca exonerada de impuestos nacionales. La economía uruguaya se encontraba en recesión técnica en el segundo semestre del 2022 y el inicio de UPM 2 dará un empuje. Algo similar había sucedido en el segundo mandato del frenteamplista Tabaré Vazquez (2015-2020). 

 La obra de construcción de la planta, ubicada en las cercanías de Pueblo Centenario, en el central departamento de Durazno y de la ciudad de Paso de los Toros (Tacuarembó), se inició en 2021 y terminó en diciembre pasado. 

 UPM ya posee una planta en el litoraleño departamento de Río Negro, adquirida en 2009 a la compañía Botnia, del mismo origen. Preocupados por su posible impacto ambiental, la construcción de esa fábrica fue férreamente resistida por los pobladores de la vecina provincia de Entre Ríos mediante el corte del puente sobre el Río Uruguay, con el apoyo de los gobiernos kirchneristas, y motivó un conflicto bilateral que llegó a los tribunales del Mercosur y a la Corte Internacional de La Haya, pero no consiguió detener la obra. 

 Recordemos el episodio de los cortes de puentes binacionales, los desencuentros entre los gobiernos del centroizquierdista Frente Amplio y Cristina Fernández de Kirchner. Incluso la nefasta anécdota que contara el propio Tabaré Vazquez, que ante un posible ataque de los “ambientalistas de Gualeguaychú”, el ex mandatario y ya fallecido Tabaréz Vazquez habría recurrido a la ayuda militar de nada más y nada menos que del presidente de Estados Unidos George Bush. Un gesto de nula unión de la Patria Grande.

 En el negocio de la celulosa en Uruguay está, además de UPM, Montes del Plata, una fábrica de capitales sueco-finlandeses (Stora Enso) y chilenos (Arauco) ubicada en el departamento de Colonia activa desde 2014. En conjunto, las tres plantas consumirán 17 millones de toneladas de madera al año y producirán 4,7 millones de toneladas de pasta de celulosa.

 Para traer desde Pueblo Centenario al puerto de Montevideo los 2,1 millones de toneladas anuales de pasta de celulosa que producirá, se está construyendo una línea de tren -el Ferrocarril Central-, otra mega obra que ya tiene más de 90% de avance. Mientras no esté pronta, la mercadería será transportada por carretera, con un flujo que rondará los 300 camiones diarios por la ruta 5 con pasta de celulosa, hidróxido de sodio, ácido sulfúrico y fueloil.

 Reclamos

 Ante esta situación y otras que vienen de largo aliento, 28 organizaciones de la sociedad civil uruguayas y finlandesas se manifestaron y sostienen que nueva planta de UPM “limita la soberanía nacional, derechos humanos y afecta negativamente la calidad ambiental.”

 Los colectivos denuncian que la empresa tendrá “un nivel de rentabilidad” que “no obtiene en ningún lugar del mundo, logrado a partir de la explotación del territorio, en especial el agua y los suelos, la exoneración de impuestos y la asignación de fondos del Estado a obras que benefician a la empresa”. 

 En el comunicado también resaltan la situación de “crisis hídrica y floraciones excepcionales de cianobacterias” durante este año. Sostienen que el sistema de efluentes de la nueva planta, “pieza fundamental para evitar empeorar la comprometida situación del Río Negro y en especial de los embalses”, no cumple “con las especificaciones requeridas”. 

 “El empleo que se genera es mucho menor del publicitado por la empresa, como demuestran investigaciones sobre los datos del Banco de Previsión Social donde se observa que los empleos de la industria forestal se han reducido en un 25% entre 2007 y 2020”, describen. 

 “También se reproduce la división sexual del trabajo, ya que el empleo que se genera es masculinizado (la mayor parte de los trabajos de la cadena forestal los tienen varones), se reproducen redes de trata y explotación sexual y se limitan los derechos laborales a nivel nacional e internacional, como sucedió luego de la larga huelga de trabajadores de UPM en Finlandia en 2022”, agregan.A su vez, remarcan que para los habitantes de nuestro país queda “la expansión de monocultivos forestales” y sus “impactos negativos”. 

 “No hay contrapartida económica, social o ambiental para el Uruguay, salvo el crecimiento artificial del PBI por una actividad económica que no se refleja en lo interno y el espejismo de un ‘desarrollo sostenible’ que no es tal y que evidencia una forma de colonización, contaminación y extractivismo”, finalizan.

 Desde el año 2014 el grupo Vecinos de Guichón por los Bienes Naturales ha venido denunciando públicamente su preocupación por los vertidos del Vivero Santana de UPM, incluso la mortandad de peces en el arroyo del mismo nombre en Paysandú. La respuesta siempre fue decir que las denuncias carecían de sustento técnico, acompañada por desmentidos de la empresa en la misma dirección .

El vivero de UPM en Paysandú arrojaba vertidos de 14 agrotóxicos prohibidos al afluente del arroyo Santana, en 2022 luego de recibir una mínima sanción el Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca autorizó esos mismos insumos legalizando lo que unos meses antes fue categorizado como tóxico y continúa siendo prohibido en Europa. El tren de UPM no cumple con las normativas del Plan de Ordenamiento Territorial de Montevideo pero su recorrido no fue prohibido por la Intendencia.

 El Estado uruguayo ha modificado y manipulado la legislación y normativas vigentes cuyo fin es defender y proteger los derechos de la ciudadanía y el territorio poniéndose al servicio de los intereses de la empresa. 

 El médico uruguayo José Zapicán Mattiauda, referente del movimiento ambientalista Uruguay soberano en Paysandú, denunció que 40% de los trabajadores del vivero reportaron “alergias en la piel”, 70% “ardor, picazón o dolor en la piel” y 75% “dolor de cabeza o mareos”.“El Ministerio de Salud Pública de Uruguay no está preparado para hacer tamizaje de los productos que van a tirar al río Negro, y en diez días van a llegar al río Uruguay”, advirtió. 

 Lo que va al arroyo Santana termina en el río Uruguay. Se murieron peces, se mueren las tortugas. Ha habido multas, pero son muy leves, son irrisorias para las empresas que ganan miles de millones de dólares.

 La Dirección General de Servicios Agrícolas del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca señaló en un comunicado que en los análisis realizados de los vertidos del vivero “se encontró fungicida, insecticida, herbicida, hierro y arsénico”Las venas abiertas de América Latina siguen abiertas desde época de la conquista y parece ser que el cazador muda de camuflaje pero no de mañas. 

 Nicolás Centurión | 27/04/2023

La OTAN captura a Finlandia

Después de un año de tira y afloje con Hungría y Turquía, la OTAN finalmente consumó la incorporación de Finlandia. Es la culminación de un proceso que data de varias décadas de infiltración del aparato militar finlandés junto a los medios de propaganda. Ya en su momento, Finlandia colaboró con la OTAN en la ocupación de Afganistán. La expansión a Finlandia es la confesión de que al fin y al cabo la expansión de la OTAN hacia las fronteras de Rusia tiene el fin explícito y estratégico de ir por esta última y provocar un ´cambio de régimen´. En todos los antecedentes históricos, toda vez que Finlandia conformó una alianza militar (hasta con el III° Reich) fue para hacer la guerra contra Moscú.

 El camino de la OTAN para el zarpazo final a Finlandia fue más sinuoso de lo previsto. A lo largo de todo el año, Hungría y Turquía obstaculizaron el proceso de ingreso de los nuevos aplicantes. La primera es señalada por otros países de la OTAN como una quinta columna pro China y putinista, mientras que la segunda hace su propio juego de equilibrio con los rusos en el Medio Oriente. Erdogan estuvo bloqueando el ingreso de Suecia y Finlandia, aduciendo el apoyo de éstos al PKK kurdo y el asilo a varios políticos y activistas kurdos perseguidos por Turquía. Erdogan demanda incluso la extradición de ciudadanos suecos y finlandeses de ascendencia kurda y un cambio en las leyes de estos países para reconocer a las organizaciones prokurdas como terroristas. Este trabajo de chantaje es inseparable de la agresión militar y ocupación de regiones kurdas en Siria desde 2016. Lo que busca Erdogan es luz verde para llevar a fondo la guerra contra el pueblo kurdo, que requiere que los estadounidenses le suelten la mano a las milicias de Rojava. Por otro lado, Erdogan se encuentra en plenas negociaciones con los rusos, iraníes y sirios para ponerle fin a la guerra civil en Siria. Poder bloquear el ingreso de nuevos miembros a la OTAN le daba a Turquía una posición de fuerza para negociar con Putin. Erdogan, confiado en poder ganar las elecciones de este año, adelantó los comicios varios meses. Se debe estar arrepintiendo de ello, ya que el demoledor terremoto de febrero, agravado por las extendidas denuncias de corrupción en torno al incumplimiento de normas de seguridad, puso en crisis sus planes. La oposición pronorteamericana se aglutinó en torno a un candidato único (Kemal Kılıçdaroğlu) que está disputando con Erdogan cabeza a cabeza. En tales condiciones, el presidente turco ya no está para soportar la presión norteamericana. Comenzó primero por moderar sus demandas y luego, finalmente, por dar el brazo a torcer con Finlandia, aunque todavía insista en bloquear a Suecia. 

 Uno de los propósitos estratégicos de expandir la OTAN hacia Suecia y Finlandia es convertir al Mar Báltico en un “Mare Nostrum” estadounidense, con la posibilidad de bloquear la salida de Rusia a este. Algo similar podría decirse de la expansión de la OTAN a Bulgaria, Rumania y el trabajo en proceso para hacerlo en Georgia y Ucrania (y la obsesión con Crimea): presionar al máximo a Rusia en su acceso al Mar Negro. Estos mares son la ruta de acceso de Rusia al Mediterráneo (y a Europa). La diferencia es que, si los rusos tuviesen que elegir entre el acceso a un mar o al otro, elegirían al último sin dudarlo. Sucede que en los meses de invierno el Mar Báltico se congela y el puerto en San Petersburgo queda cerrado. Es el Mar Negro entonces la última ruta permanente que debe conservar, a como dé lugar. 

 Un segundo objetivo al agregar a Finlandia es extender la frontera de Rusia con la OTAN. Es congruente con la estrategia de “sobreextender y desbalancear” a Rusia, descrita en un paper de la corporación RAND en 2019 (donde precisamente se proponía usar a Ucrania para presionar militarmente a Rusia). El año pasado, Rusia anunció el inicio de reformas militares en respuesta a la expansión de la OTAN. Se incluye entre estas una expansión significativa de las fuerzas terrestres, con la conversión de varias brigadas en divisiones, la creación de divisiones nuevas y la reactivación de los distritos militares de Moscú y San Petersburgo. O sea, una reversión parcial de las reformas del período 2008-2012 (a su vez producto de la experiencia de la guerra contra Georgia). Traer de nuevo al Distrito Militar de San Petersburgo y aumentar las unidades terrestres destinadas al DM Norte significa que Rusia va a reforzar militarmente la frontera con Finlandia. El incremento de fuerzas rusas en la frontera altera el balance militar con los finlandeses. En otras palabras, a cambio de haber ingresado en la OTAN y haberse convertido en hostiles a Rusia, los finlandeses ahora necesitan que la OTAN estacione de manera semipermanente unidades de combate en la frontera con Rusia. Entre la OTAN y Rusia se incorporan, a través de Finlandia, 1.500 km de frontera.

 ¿Puede la OTAN defender esta frontera expandida? Actualmente, despliega menos de 8.000 efectivos en los países Bálticos. Los ejércitos europeos son sombras de lo que fueron durante la Guerra Fría. La mayoría de los anuncios del año pasado de enormes incrementos en gasto militar y rearmes no se han materializado en pasos concretos. La excepción a la regla es Polonia, que se encuentra realizando compras masivas de material militar, fundamentalmente estadounidense y surcoreano. Por lo tanto, defender adecuadamente la nueva frontera de la OTAN con Rusia es imposible sin tropas y recursos estadounidenses, que están también demandados por la escalada de la tensión con China. Estados Unidos, además, está atravesando una verdadera crisis de reclutamiento: el año pasado solamente reclutó un 60 % de la cantidad necesaria (Washington Post, 21/4 ). La ampliación de la OTAN y las contradicciones que le plantean a sus miembros –en primer lugar al imperialismo yanqui- refuerza la caracterización del choque entre la OTAN y el régimen putiniano como una guerra de alcance mundial. 

 Leib Erlej

 26/04/2023

Morir migrando en la frontera yanqui

¿Qué hacer frente a la crisis?

La destrucción de libros

El 10 de mayo se cumplen 90 años de uno de los episodios que mostró al mundo el horror del incipiente nazismo: la quema de libros en la Opernplatz de Berlin. Más de veinte mil ejemplares fueron prendidos fuego ante unas setenta mil personas que aprobaban esa locura. Se quemaron libros definidos como antialemanes, aunque el listado abarcaba todo tipo de obras, porque los censores suelen tener una mirada bastante amplia a la hora de destruir. El ingrato fenómeno se replicó en distintas ciudades alemanes. Encendieron un fuego de odio, muerte y persecución que se sostuvo por más de una década.

 Con menos prensa en su momento, pero con igual ferocidad, la dictadura cívico-militar argentina también tuvo su propia destrucción de libros. La más importante fue la ocurrida en junio de 1980, cuando se quemaron veinticuatro toneladas de libros y fascículos del Centro Editor de América Latina. No fue la única destrucción de libros de la dictadura. Como parte de un plan sistemático, ya se habían hecho otras quemas en Capital Federal, Córdoba, Rosario y Entre Ríos. A esos actos hay que sumar los libros que muchos arrojaron al fuego en sus casas por temor a represalias. 

 Ni los nazis, ni tampoco los golpistas argentinos, inventaron nada. Desde que el libro existe en cualquier formato (tablillas, papiros, pergaminos, papel) hubo siempre gente interesada en terminar con su existencia. No hay civilización que no haya destruido o sido víctima de la destrucción de sus escritos, no solo artísticos, sino también registros sociales, legales o históricos. Los interesados en hacer un recorrido por esta costumbre nefasta pueden consultar la muy documentada Historia universal de la destrucción de libros, del venezolano Fernando Báez. En su introducción, Báez afirma: “Un libro se destruye con ánimo de aniquilar la memoria que encierra, es decir, el patrimonio de ideas de una cultura entera. La destrucción se cumple contra todo lo que se considere una amenaza directa o indirecta a un valor considerado superior. El libro no se destruye porque se lo odie como objeto. La parte material sólo puede ser asociada al libro en una medida circunstancial”

 Destruir libros es intentar borrar la memoria histórica y anticipa otras formas de destrucción social. Como escribió el poeta alemán Heinrich Heine en el siglo XIX: “Donde se queman libros terminan quemando personas”. 

 En estos tiempos, suprimir obras literarias o sociales parece ser un fenómeno lejano, que puede ocurrir en manos de grupos extremistas religiosos en la otra punta del planeta, o de algún fanático poseedor de un circo a contramano. Pocos sospechan que la destrucción de libros es algo cotidiano en la Argentina. Si el secreto del diablo es hacernos creer que no existe, el secreto del capitalismo es hacernos creer que son normales verdaderas atrocidades. 

 Antes que nada, una pequeña anécdota personal. Entre enero y marzo, los autores revisamos ansiosamente la casilla de e-mails con la esperanza de que lleguen las liquidaciones de libros del semestre anterior. Generalmente, los libros vendidos entre julio y diciembre se pagan en febrero o marzo, nunca antes. Y al precio vendido en su momento (nada de actualizar por inflación). Con cierta inquietud, noté que una de las editoriales en las que tengo obra publicada, no me había mandado la liquidación semestral. Envié un mail para saber la razón y la respuesta fue que, como los dos libros tenían los contratos vencidos, los habían sacado del sistema. Entonces les consulté qué había pasado con más de 7000 ejemplares que quedaban a julio del año pasado. Después de varios días de silencio, me enviaron la liquidación que, por error, no habían hecho. Tenía para cobrar un poco más de 700 libros vendidos. Pero el dato inquietante era que habían mandado a destruir 3700 ejemplares porque los contratos estaban vencidos y había pasado el tiempo de venta. Nunca me avisaron, obviamente, de que iban a “picar” libros, según la jerga del mundo editorial. 

 No nos detengamos en el hecho de que el autor no controla si realmente se picaron o si se vendieron y su liquidación “se perdió”, como hubiera pasado si no reclamaba. Vayamos al acto salvaje de destrozar libros. Porque esta editorial no es la única que lo hace, sino que todos los sellos importantes tienen esa costumbre. Se realiza cuando un contrato ya no tiene vigencia, pero también cuando quedan saldos grandes de ejemplares. A dos o tres años de aparecido el libro, lo habitual es que si hay en depósito, pongamos por caso, 4000 ejemplares, se destruyen unos 3000 y se deja una cantidad suficiente para atender los pedidos de librerías o de algún lector que osa comprar libros por fuera de las novedades. Esto no impide que después estos mismos libros se reimpriman o se vuelvan a editar en otra colección de la misma editorial. Porque no es nada personal con el libro. Se necesita espacio para los títulos más recientes. Es muy caro el costo de depósito. Mejor destruirlos y, si lo amerita por algún interés circunstancial, volver a imprimirlos. 

 En general, se le avisa al autor y se le permite llevar ejemplares. Ninguna editorial ofrece la posibilidad de donar esos libros a las miles de bibliotecas públicas que hay en la Argentina. Para eso habría que armar una logística que no están dispuestas a hacer. Porque regalar libros no es bueno para el mercado editorial. Destruirlos sí.

 Seguramente hay datos estadísticos de cuántos libros se destruyen en la Argentina cada año por falta de espacio en los depósitos de las editoriales y distribuidoras. Esos miles de ejemplares no suelen generar preocupación, como si destruir ejemplares en nombre de Dios, de Alá, del Comunismo, o del Imperio Romano, fuera más grave que hacerlo porque el sistema capitalista necesitar generar nuevos consumos todos el tiempo. 

 No hay diferencia con lo que ocurre en otros ámbitos. Estados Unidos y la Unión Europea usaron como basurero a países africanos para sus vacunas contra el covid vencidas o a punto de vencer, en vez de donarlas con tiempo para su aplicación. El desierto chileno de Atacama se convirtió en un cementerio de ropa de marca jamás vendida, ni usada. El derroche de los que tienen y que jamás llega a los que nada poseen. 

 Quizás dentro de un siglo, lo que hoy nos parece normal para que funcione el mundo editorial, el negocio de la salud o la industria de la moda, sea observado con el mismo horror con el que nosotros vemos la quema de libros que hicieron los nazis hace noventa años.

 Sergio Olguín 

22 de abril de 2023 - 00:01

El plan Massa se queda sin aire… ni dólares

El dólar paralelo se dispara y al gobierno se le acaban los cartuchos. 

 La crisis económica no da tregua y al gobierno se le acaban los cartuchos. El dólar blue roza los $500. Cuando Sergio Massa asumió, el precio era de $314. La idea de esta asunción era que Economía pudiera llevar adelante un plan de contingencia que le de aire al gobierno para llegar a las elecciones. Sin embargo, el ministro y su esquema tambalean mientras Argentina se hunde por el peso del endeudamiento, la inflación y las presiones devaluatorias. 

 Desde agosto del año pasado, fecha en la que asumió el nuevo ministro de Economía, el endeudamiento del país ha pegado un salto exponencial. Esto sucede porque el Tesoro financia el déficit fiscal mediante la emisión de deuda como impone el FMI, y toma créditos con organismo internacionales para tratar de zafar de la devaluación y seguir pagando los vencimientos de deuda. Así, para julio 2022 el stock de deuda bruta ascendió a un monto total equivalente a USD 380.760 millones, mientras que para diciembre llegó al récord de US$ 396.539 millones, según datos oficiales de la Secretaría de Finanzas. 

 Este incremento de la deuda pública se ha dado al ritmo de los canjes esgrimidos por el gobierno para patear los vencimientos para más adelante mediante intereses más jugosos, garantías frente al dólar y la inflación, y plazos más cortos, tornando a esta hipoteca cada vez más explosiva. Tal es así que, esta semana, el Tesoro buscará renovar vencimientos por $959.952 millones mediante el incremento de esta usura, especialmente con bonos linkeados al dólar para cubrirse de una devaluación, pero existe una enorme desconfianza por parte de los acreedores frente a la posibilidad de default. Esto hace que siga firme la corrida hacia el dólar. 

 Para frenar la estampida, Massa salió a vender a precios de remate los títulos públicos nominados en dólares pero que se negocian en pesos, que es con los que opera el contado con liqui (CCL). Es un intento por intentar frenar el dólar CCL, lo cual en un punto beneficia la dolarización de las carteras privadas. Esto lo hace mediante los organismos públicos, que tienen en su poder gran parte de estos títulos, como el FGS -o sea, metiendo la mano en la lata de los jubilados. Esta venta de bonos cuya cotización está por el piso equivale a endeudarse con acreedores privados a pagando una tasa superior al 50%, según el cálculo de las consultoras. 

 Por otra parte, para cuando asumió Massa, las reservas netas del Central oscilaban alrededor de U$S 2.000. Para nutrirlas impulsó el dólar soja I y II, y el dólar agro, todas devaluaciones encubiertas para seducir a las patronales agrarias a que liquiden las divisas retenidas mediante un dólar más caro, y que supuestamente iban a ser destinadas a nutrir las reservas del Central. Al contrario, no solo que no sucedió (en las arcas del BCRA hay entre entre U$S 500 y U$S 1000 millones netos), sino que la medida atizó la corrida de esos pesos hacia el dólar paralelo y necesitó de un enorme nivel de emisión que promueve la inflación. Con el mismo presunto objetivo, también acrecentó el endeudamiento, el cual aumentó U$S 8.000 millones en el cuarto trimestre de 2022.

 Nada de esto generó un acopio de reservas. Las divisas fueron destinadas a financiar la corrida cambiaria, la fuga de capitales y el propio pago de la deuda externa, disminuyendo estrepitosamente la capacidad del gobierno para contener la corrida. Esta a su vez estanca cualquier posibilidad de liquidación de divisas por parte del sector agrario, quienes ahora van a pugnar por un dólar más caro o una devaluación en regla. 

 En lo que concierne a la fuga de capitales mucho tienen que ver las maniobras de las patronales importadoras y exportadoras para beneficiarse con la brecha cambiaria. Mientras tanto, frente a la crisis de reservas y el cepo a las importaciones, se multiplicó por ocho el monto el pago en yuanes para pagar las importaciones desde China, lo que activa el uso del swap; esto equivale a tomar deuda externa con el gigante asiático a intereses usurarios.

 Queda claro que el plan Massa fracasó pero son los políticos capitalistas en su conjunto los que nos trajeron a esta debacle. Hay que echarlos para terminar con esta sangría. Solo la clase que genera las riquezas del país puede dirigir la economía para que los recursos nacionales sean destinados a cubrir las necesidades populares.

 Camila García

Guerra civil en Sudán

La guerra civil desatada en Sudán es mucho más que un enfrentamiento entre dos bandos, igualmente criminales, de las fuerzas armadas salidas del régimen de terror de Omar al-Bashir, quien se mantuvo en el poder por casi 30 años -cayó en 2019 tras un enorme levantamiento popular. Desde entonces, con el auspicio de las grandes potencias, se pretendió fundar una ´democracia´ que nunca vio la luz: tras dos años de un interinato en que las FF.AA. fingieron contribuir a ese objetivo, un régimen surgido de fuerzas civiles no electas fue destituido por esas mismas FF.AA., en octubre pasado. Desde entonces creció el enfrentamiento entre Abdel Fattah al-Burhan, jefe de gobierno y de las FF.AA., por un lado; y su segundo, Mohamed Hamdan Dagalo, conocido como Hemedti, quien lidera las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), una fuerza paramilitar. 

 El primero es un representante de fuerzas islamistas, con asiento fundamentalmente en Kartum, la capital del país. Los islamistas “han dominado el gobierno y la burocracia estatal desde la independencia en 1956” (Nesrine Malik, The Guardian, 20/4). Hemedti es considerado, en cambio, un “forastero” que proviene de tribus árabes del interior del país. Hemedti fue un protegido de al Bashir que lo utilizó primero para aplastar a la región rebelde de Darfur, donde Bashir practicó un genocidio que costó la vida de varios cientos de miles. En los últimos años antes de su caída, Bashir creó las RSF “para cumplir dos funciones: primero, como guardia pretoriana, protegiéndolo de las amenazas de su propio círculo íntimo, y segundo, como herramienta para aplastar la disidencia en las periferias de Sudán” (ídem). En 2019, las FF.AA. y las RSF se unieron para evitar que el levantamiento popular acabara con unas y otras. 

 Las RSF explotan su origen ´plebeyo´ contra las FF.AA., dueñas de “la mayor parte de la riqueza y los negocios del país”, mientras Hemedti se oponía “a la integración en el ejército de su estructura paramilitar” porque ésta “se financia con comisiones cobradas por la trata de personas, el control de minas de oro o el trabajo mercenario en Yemen a cuenta de Arabia Saudita” (Viento Sur, 10/11/21). 

 Las RSF se originaron en las bandas “Janjaweed, mercenarios y leales tribales” de Darfur que “en 2015, durante dos operaciones contra civiles afiliados a tribus rebeldes, cometieron una amplia gama de horribles abusos, incluyendo torturas, ejecuciones extrajudiciales y violaciones masivas” (ídem). Mientras tanto Hemedti se transformó en el mayor explotador de minas de oro en esa región, sobre las que el gobierno no tiene ningún control.

 Guerra civil internacional

Ninguna de estas fuerzas gira en el vacío. Burhan cuenta con el apoyo de Egipto, que gobierna el dictador Al Sisi, pieza fundamental de los yankis. Hemedti, en cambio “estableció estrechos lazos con Rusia” (ídem). Hemedti trabó también fuertes relaciones con Emiratos Árabes Unidos y Eritrea.

 La guerra civil en Sudán está estrechamente ligada a la de Libia, donde tampoco existe un solo Estado. “El señor de la guerra libio Khalifa Haftar, que dirige gran parte del oriente de Libia, ayudó a preparar a las RSF”. “Haftar había pasado inteligencia crucial a Hemedti, detenido a sus enemigos, aumentado las entregas de combustible y posiblemente entrenado a un destacamento de cientos de combatientes de las RSF en la guerra urbana entre febrero y mediados de abril” (Jason Burke, The Guardian, 23/4). Las RSF retribuyen esto “enviando mercenarios a Libia para luchar junto a la fuerza militar de Haftar, el autodenominado Ejército Nacional Libio (LNA)” (ídem). “Hemedti y Haftar también han colaborado en una variedad de operaciones de contrabando altamente rentables” ídem). Los “patrocinadores internacionales de Haftar son los mismos que los de Hemedti, los Emiratos Árabes Unidos y Rusia”. A principios de 2023 “Haftar ordenó el arresto de un diputado de Musa Hilal, un comandante de la milicia sudanesa que es un enemigo acérrimo de Hemedti. Las fuerzas de Hilal fueron las responsables de infligir grandes pérdidas a los mercenarios rusos del grupo Wagner -otro aliado de Haftar- en la vecina República Centroafricana” (ídem). 

 A mayor pobreza y disputa por sus riquezas, mayor militarización 

Sudán es la tercera nación más poblada del continente negro -más de 45 millones de almas- una de las más pobres del planeta: un tercio de la población sobrevive merced a la limosna humanitaria internacional, que la presente guerra civil interrumpió. Sudán es otra nación paria como Yemen, ubicada exactamente enfrente suyo sobre la otra margen del mar Rojo. Sudán controla las principales márgenes de ese mar en el Cuerno de África, por donde transita buena parte del comercio mundial. Es la nación más importante del Sahel , el cordón semidesértico que va desde el Atlántico, recorre la región subsahariana y componen jóvenes y raquíticas naciones, en su mayoría ex colonias francesas ricas en minerales escasamente explotados, disputados por las potencias imperialistas. Éstas subyugan a esas naciones y las llevaron sistemáticamente a guerras civiles, azuzando enfrentamientos entre clanes y tribus diversos. A su manera Sudán es una cuasi nación. Doce años atrás fue desmembrada tras una segunda guerra civil, luego de la de Darfur, que dio lugar a la república de Sudán del sur, la nación con el peor índice de desarrollo humano del mundo. 

 Aunque según Haaretz “el caos de Sudán refleja la progresiva erosión de la influencia estadounidense” (Zvi Bar'el, 14/1/22), los yanquis han transformado El Sahel en una de las zonas más militarizadas del planeta: en Níger, uno de los países más poblados, sin salida al mar, los yankis montaron la Base Aérea 201, “una de las bases de drones más grandes del mundo que alberga los bombarderos MQ-9 Reapers, conocidos como Predator B, un vehículo aéreo no tripulado desarrollado por la yanqui General Atomics Aeronautical Systems; hoy en posesión sólo de las fuerzas aéreas yanqui, inglesa, italiana y española” (The Bullet, 6/4). Más cerca aún de Sudán los yanquis tienen una base estratégica en Djiboui, exactamente en el vértice del Cuerno de África.

 Igual que el conjunto de África en los últimos años, la región pasó a ser un campo de disputa entre los yanquis y China. A su ruta de la seda y las grandes inversiones en infraestructura; los yanquis respondieron con la iniciativa del Millennium Challenge Corporation (MCC), un proyecto nacido tras la guerra de EE. UU. en Irak que ahora se extendió a África. 

 Recientemente en Níger, Antony Blinken, anunció que EE.UU. proporcionaría 150 millones de dólares en ayuda a la región del Sahel para “brindar apoyo vital a refugiados, solicitantes de asilo y otras personas afectadas por el conflicto y la inseguridad alimentaria en la región”. Antes se habían anunciado 280 millones de dólares para la base de drones, “el doble de la ayuda humanitaria prometida”. Todo esto ocurre cuando “los gobiernos militares de Burkina Faso y Mali han expulsado la presencia militar francesa de sus territorios” (ídem). 

 En diciembre de 2022, durante la Cumbre de Líderes de Estados Unidos y África, Níger y Benín se unieron detrás de un proyecto de MCC por el cual los yanquis se comprometieron a una inversión de 504 millones de dólares para mejorar las tierras agrícolas africanas, junto a las fundaciones Bill y Melinda Gates y Rockefeller, cuyo fin es facilitar los agronegocios de las multinacionales. “Las subvenciones de MCC, dijeron los altos funcionarios, se utilizan para ´blanquear´ la tierra de Níger a intereses corporativos extranjeros y para ´subordinar´ el liderazgo político de Níger a los intereses del gobierno de EE.UU.” (ídem). Por la guerra civil en Sudán “las potencias occidentales temen el potencial de una base rusa en el mar Rojo” a la que Hemedti “ha expresado su apertura” (The Guardian, 19/4).

 Como se ve, la guerra civil de Sudán es mucho más que un “conflicto regional”.

 Norberto Malaj 

 25/04/2023