martes, abril 30, 2019

Se desinfló el globo Washington-Guaidó en Venezuela



Un intento de golpe con un buen componente de guión mediático a través del uso de las llamadas redes sociales, se fue preparando como única opción después de más de tres meses de derrotas sucesivas para la oposición y su payaso Guaidó

La oposición violenta, encabezada por Juan Guaidó, un diputado autoproclamado presidente interino, y cumpliendo órdenes de sus instigadores y financistas de Estados Unidos, se lanzó «con todo» este 30 de abril, para echar abajo las bases y la obra de la Revolución Bolivariana de Venezuela.
Un intento de golpe con un buen componente de guión mediático a través del uso de las llamadas redes sociales, se fue preparando como única opción después de más de tres meses de derrotas sucesivas para la oposición y su payaso Guaidó, el hombre lanzado al ruego por Estados Unidos, lo más probable con la intención de «quemarlo», acusarlo de no cumplir las expectativas imperiales, y que cargue con toda la culpa del fracaso de las acciones contrarias al pueblo bolivariano.
No es la primera vez que grupos vándalos, generalmente pagados por los propios opositores, irrumpen en las calles y otros espacios públicos de Caracas, lanzan piedras y balas, bombas molotov y otros medios letales; saquean comercios, destruyen instalaciones públicas y —muy importante— son seguidos por filmaciones desde móviles, que de inmediato son subidas a la red, de manera que el mundo conozca de «primera mano» lo que el propio Guaidó ha calificado como el «fin del gobierno de Maduro».
Si hay muertos en esa intentona golpista, si hay presos, si se violenta alguna ley de las contenidas en la Constitución, la «culpa» recaerá sobre las fuerzas bolivarianas del orden, no sobre los terroristas opositores.
El guión que se trata ahora de escenificar es muy parecido a otros —fracasados todos— de años anteriores. Tratar de penetrar las Fuerzas Armadas Bolivarianas, llamarlas a unirse con urgencia a los grupos opositores encabezados por el diputado Guaidó; prometerles mayores salarios y otros beneficios materiales e, incluso, asegurarles que se le mantendría su jerarquía militar, han sido, entre otros, los componentes del objetivo principal de tener como aliados a los militares.
Al parecer Guaidó se supo demasiado huérfano de poder e inteligencia para pasos como este, y llevó adelante, como primera acción, sacar de la prisión al terrorista Leopoldo López, el mismo que en intentos de golpe de estado anteriores, instituyó las guarimbas, los cierres de calle y hasta la quema de personas de afiliación chavista.
Esta vez, con Leopoldo López fuera de la prisión, lo inmediato fue la foto con Guaidó, el video de ambos encabezando el fracasado golpe y el «agradecimiento» a un puñado bastante exiguo de militares que, o fueron engañados o, en algún caso, se prestaron al show golpista.
«He sido liberado por militares a la orden de la Constitución y del Presidente Guaidó. Estoy en la Base La Carlota. Todos a movilizarnos. Es hora de conquistar la Libertad. Fuerza y Fe», exclamó el terrorista Leopoldo López a través de las redes sociales.
El bochornoso espectáculo nos debe recordar a otro personaje, menos violento pero miserable también, Pedro Carmona «el breve», que en otro intento de golpe contra el Comandante Hugo Chávez, también se autoproclamó presidente y se atrevió a dictar órdenes nada divinas, ni salidas de algunas de las páginas de la Constitución Venezolana. Su fracaso fue muy rápido y de manera estrepitosa.
Este martes 30 de abril, el pueblo bolivariano se lanzó a las calles, no en defensa de los golpistas, sino en apoyo a su Revolución, su presidente constitucional y a las Fuerzas Armadas Bolivarianas, escudo seguro para que el pueblo se sienta dueño de su destino y los agresores, pierdan sus ilusiones de conquistar el poder a través de la violencia y el terror.
El intento de golpe ha fracasado. El pueblo ha triunfado. La justicia venezolana, de seguro, se aplicará a quienes han vuelto a las acciones violentas y a sus patrocinadores terroristas con apellido de oposición.
El globo Washington—Guaidó se acaba de desinflar, pero la alerta del pueblo y sus fuerzas armadas bolivarianas, debe mantenerse activada con mayor fuerza y seguridad en la victoria.

Elson Concepción Pérez | internet@granma.cu

Repudiamos la intentona golpista de Guaidó apoyado por el imperialismo y la derecha regional



Reproducimos la declaración de la Liga de Trabajadores por el Socialismo (LTS) de Venezuela ante la intentona golpista desencadenada en la mañana de este martes.

Los y las militantes de la Liga de Trabajadores por el Socialismo rechazamos claramente el nuevo intento de la oposición de derecha de desencadenar un golpe militar. En nuestra declaración de cara al 1ro de Mayo señalábamos que Guaidó se proponía transformar esa fecha en un acto para renovar el llamado a un golpe, lo cual se ha ratificado este martes.
Como hemos venido sosteniendo desde el inicio de la agresión imperialista encabezada por el gobierno de los Estados Unidos, nos oponemos y enfrentamos el intervencionismo imperialista, sin que eso implique en modo alguno ningún apoyo político al régimen reaccionario y antiobrero de Maduro y las FF.AA. A Trump y los suyos no les importa en nada el sufrimiento del pueblo venezolano, su único objetivo es imponer en Venezuela un gobierno títere al servicio del plan de recolonización que proponen, un plan con el cual no habrá ninguna salida progresiva a las miseria actual que padecemos.
Detrás de esta política se encolumnaron los gobiernos de la derecha regional que uno tras otros reconocieron primero a Guaidó y este martes salieron a apoyar este intento de golpe.
Desde el 23 de enero el imperialismo no ahorró llamados, maniobras y amenazas para intentar quebrar a las Fuerzas Armadas para que derroquen a Maduro. Luego de fracasados sus intentos y entrar en un fuerte impasse la ofensiva golpista, se concentraban en la agresión económica y la asfixia económica, que profundizan las penurias del pueblo, aunque no dejaba de estar latente el golpismo, el cual renovaron con la intentona de este martes.
¡Nada bueno vendrá para las masas de un gobierno surgido de un golpe militar y tutelado por los EE.UU.! En nombre de “la libertad” y “la democracia” buscan instalar un gobierno para la subordinación nacional a los dictados del FMI y los capitales imperialistas, quienes pasarían a ser los nuevos amos del país, con la imposición de más endeudamiento externo y la entrega masiva de empresas y recursos con una ola de privatizaciones. Un plan totalmente proempresarial, antinacional y antipopular, donde las necesidades del pueblo trabajador estarán, más que hoy, totalmente supeditadas a garantizar los intereses y ganancias capitalistas. Quienes enfrentamos al gobierno de Maduro y sus políticas, debemos oponernos con toda firmeza a esta avanzada reconolizadora del imperialismo, cuyo vehículo es Guaidó.
El gobierno de Maduro, sin embargo, no toma ninguna medida anti-imperialista verdadera, se limita a ponerse bajo el ala de potencias como Rusia o China, mientras se defiende del golpismo con métodos burocrático-militares que también golpean al pueblo, y no hacen más que fortalecer a las Fuerzas Armadas como el verdadero poder y árbitro de la situación. Por eso mismo no depositamos ninguna confianza en estas FF.AA. que pueden terminar negociando una salida pactada con la derecha. Por eso afirmamos que la lucha contra el golpismo y el imperialismo debe ser con total independencia política, con una política propia de los trabajadores en la perspectiva de fortalecernos también en la lucha contra la miseria a que somos sometidos y el autoritarismo del gobierno.
Debemos levantar un programa que apunte a afectar los intereses del capital imperialista y de la parasitaria burguesía nacional (tanto la opositora como la chavista), solo así podemos frenar realmente las apetencias de los EE.UU., la rapiña del capital internacional y luchar por conquistar nuestras demandas. Una derrota del golpismo proimperialista con nuestros propios métodos de lucha y levantando un programa de estas características, nos pondría en mejores condiciones para enfrentar también al propio de Maduro.
Junto a las organizaciones de trabajadores, mujeres y jóvenes con quienes conformamos la Fracción Trotskista por la Cuarta Internacional (FT-CI) en varios países de América Latina, Europa y los Estados Unidos, nos oponemos firmemente a este nuevo intento de golpe en desarrollo.

Liga de Trabajadores por el Socialismo (LTS)

El caos permanente de Libia. Indiferencia e inercia



En el actual desorden internacional, algunos asuntos son víctimas de un silencio ensordecedor por parte de la mayoría de los estados y de los grandes medios de comunicación, silencio al que acompaña un desinterés manifiesto del mundo intelectual y particularmente de los juristas más eminentes quienes, sin embargo, teóricamente deberían sentirse muy concernidos. Es el caso, entre otros, del problema kurdo, los pueblos autóctonos del Golán anexionado, Cachemira, la reunificación de Corea, etc. Y la cuestión libia desde 2011 (1). El único punto en común de esas situaciones de crisis crónica cuyo origen es antiguo, es la extrema debilidad de los pueblos directamente afectados, los cuales no están en condiciones, por diferentes razones, de influir con fuerza en las relaciones internacionales. Las grandes potencias «vigilan» para que dichas situaciones permanezcan más o menos ignoradas por la opinión internacional con el fin de evitar que resurjan, ya que sus intereses económicos o estratégicos estarían en causa.
La complejidad, que en algunos casos alcanza un nivel que parece inextricable, facilita este «mantenimiento en la sombra» sin suscitar, aunque solo sea, la curiosidad intelectual de los juristas especializados, de quienes aunque podamos admitir que no tienen la obligación de señalar la conveniencia (dejando a los políticos esta tarea), al menos tienen la responsabilidad de cuestionar los procesos de retroceso del derecho, fuente de miseria social y de crisis masivas.

1. ¿Por qué esa falta de atención?

Ante la constatación preocupante de la indiferencia (al menos aparente) de los juristas expertos en el terreno del derecho internacional y de los politólogos analistas de las relaciones internacionales, debemos buscar las causas de esta nueva «traición de los intelectuales»
Es particularmente desgarrador para quienes, en el corazón del mundo occidental, todavía son sensibles a la tesis querida de G. Scelle, eminente jurista de mediados del siglo XX, favorable al «desdoblamiento funcional» que hacía responsables a las grandes potencias, como Estados Unidos (o Francia), de sustituir la ausencia de un poder mundial centralizado y de neutralizar a las soberanías enfrentadas.
Esta concepción parece prolongar hasta nuestros días la vieja tradición de los «estados civilizados» superiores a pueblos a los que consideran inferiores y a los que por lo tanto tendrían plena legitimidad para imponer sus puntos de vista por todos los medios y escoger sus lugares de intervención dominadora.
Al igual que los grandes medios de Europa y Estados Unidos, numerosos juristas y politólogos, lejos de ponerse en el lugar de los sirios, intervienen exclusivamente para describir la organización y el funcionamiento «técnico» de las instituciones y las normas o para criticar a los «enemigos» más o menos declarados (por ejemplo China o Rusia) con ocasión de sucesos puntuales (por ejemplo el conflicto ruso-ucraniano) con el mismo espíritu que lo hacen los estados en los que residen.
Ese descriptivismo selectivo dominante, que ignora las prácticas estatales, viola claramente la legalidad internacional y en particular el principio de igualdad soberana de los estados, como fue el caso de la intervención en Libia en 2011 y en el conflicto armado de varios meses que siguió hasta la ejecución sumaria de Muammar Gadafi, merece, al parecer, la búsqueda de hipótesis explicativas.
La primera hipótesis es la confirmación del seguidismo doctrinal tras la política: así la doctrina dominante ejerce una función de legitimación de las relaciones de fuerza existentes y particularmente de la política seguida por los estados que las aprueban. Lo que escribía en 1905 el profesor Bonfils sigue siendo el fundamento del enfoque actual: «Francia, a pesar de algunas debilidades pasajeras, siempre ha sido la campeona de la justicia y el humanismo» (2). Muchos son los herederos oficiosos del profesor Louis Le Fur (Précis de Droit International public, Dalloz, 1931) que lo único que hacen es expresar de forma erudita el consenso ideológico de su tiempo y su mundo, marcado por el «centrismo occidental». Como en el pasado y como en la doctrina estadounidense, los contemporáneos se preguntan sobre la «ilegibilidad de algunos estados» al derecho internacional, demasiado poco «civilizados» para beneficiarse del derecho común, antaño la doctrina francesa casi unánimemente señalaba los pueblos «salvajes o bárbaros» por no considerarlos desde el punto de vista del derecho «miembros regulares de la comunidad internacional», es decir, como los estados europeos y Estados Unidos. Los juristas críticos que aparecieron a mediados del siglo XX, particularmente durante los años 1970-1980, que se inspiraban en el marxismo y se preocupaban por la igualdad soberana de todos los estados, fueron considerados «ideólogos subversivos» (3).
No debemos protestar por la utilización de la fuerza armada contra Irak o a favor de Kosovo ni examinar la muy «flexible» interpretación de la Resolución 1973 del Consejo de Seguridad en 2011, que concluyó en la liquidación total el régimen de la Jamahiriya libia por iniciativa del Gobierno francés y sus aliados británico, estadounidense y Catarí. Como en la época colonial (en particular durante la «guerra» de Argelia, calificada en derecho de «operación policial»), Francia no puede trabajar más que por el «bien común de la humanidad» (Le Fur). El recurso a la fuerza armada se lamenta de forma unánime, pero como dijo en el pasado el Instituto de Derecho Internacional, que no compartía «la utopía de aquéllos que quieren la paz a cualquier precio», la guerra es «un mal inherente a la humanidad e inevitable».
El seguidismo doctrinal se conformó con adoptar los desvíos de las estrategias estatales, es decir, hoy el «derecho del humanismo», después la «seguridad», antes que procedimientos considerados «ineficaces» (por ejemplo los del capítulo VI de la Carta de las Naciones Unidas, basados en la negociación y el acuerdo) y los fundamentos considerados inapropiados (la soberanía de los estados, por ejemplo).
Parodiando a Bourdieu, es obvio que para los juristas la mayoría de las veces el derecho no es una lucha. Al contrario, es el silencio o la prudencia extrema los que se imponen en materia de injerencia, de ética internacional (muy apropiada para soslayar el derecho), la guerra contra los «enemigos combatientes» según la clasificación estadounidense de los prisioneros de Guantánamo, lugar inédito de detención con respecto al que los trabajos jurídicos occidentales han sido escasos.
El arcaico concepto de la «guerra justa» se ha reintroducido en la «modernidad» jurídica. La ilegalidad se convierte para la OTAN, o en el marco de ciertas resoluciones del Consejo de Seguridad, en un concepto lícito del derecho consuetudinario, como en el caso de la injerencia humanitaria, en desafío de las posiciones de la Corte Penal Internacional ( fallo Nicaragua-Estados Unidos del 27 de junio de 1986 ).
La deconstrucción del derecho internacional calificada a veces de «clásica» para señalar su arcaísmo (apoyada por algunas corrientes doctrinales como lo demuestra la construcción de teorías «nuevas» ampliamente apoyadas por los gobiernos y los medios occidentales, como la «injerencia humanitaria» y la «responsabilidad de proteger», están en el origen de la «legalidad-legitimidad moderna», apropiada para los intereses contemporáneos de las potencias occidentales.
Como señaló André Hauriou en su último escrito en 1974, las investigaciones jurídicas están «de acuerdo con el gusto de los tiempos» (4). Es evidente que Libia no está de moda. La profesión de jurista es una con su objeto, existe una especie de fraternidad entre el científico y su objetivo y Libia nunca se ha beneficiado.
El drama es que encontramos, en particular entre los autores estadounidenses, posicionamientos que tomó la doctrina nacionalsocialista de la Alemania de los años 1930-1940. Heinrich Rogge, por ejemplo, considera que «ningún principio jurídico de derecho positivo debe estorbar el libre desarrollo de los pueblos civilizados». Esa es la posición actual del Departamento de Estado. La distancia es mínima si se sustituye «libre desarrollo de los pueblos civilizados» por la expresión de los «principios universales», incluida la vía de las injerencias polimorfas en todos los pueblos y en todos los estados.
La OTAN y las potencias occidentales, tanto en los Balcanes como en Libia, Siria y Yemen en los últimos años, han impuesto los intereses de algunos estados y algunas empresas bajo el paraguas de «valores democráticos» a aquéllos que juzgados de «autoritarios», «totalitarios», o simplemente no fiables, como el régimen de la Jamahiriya, no tenían legitimidad para sobrevivir.
El resultado es el desarrollo en un buen número de países de un caos generalizado del que Libia es la ilustración más flagrante: a iniciativa de las potencias occidentales, las instituciones implosionaron, se destruyó el sistema económico y los recursos petroleros son saqueados por las milicias relacionadas con las grandes empresas. El intervencionismo de fuerzas externas es de naturaleza múltiple, las tribus recobraron su hostilidad tradicional y los exciudadanos de la Jamahiriya no tienen otra razón para vivir que sus intereses individuales de naturaleza mercantil.
Así se comprende el silencio casi total de los medios, del mundo intelectual (incluidos los juristas y los politólogos) respecto a una situación que es «la obra» iniciada por la Francia de Sarkozy contra Libia, la catástrofe libia es el resultado de un «apocalipsis legal» tolerado por el mundo jurídico y apoyado por la política.

2. Impunidad de los responsables del caos libio

Las exigencias que se imponen con respecto a Libia parecen evidentes.
Libia no puede ser considerada por el mundo occidental una simple suministradora de petróleo de calidad al precio más bajo posible y un espacio estratégico que permite a los europeos externalizar el control de los movimientos migratorios procedentes del África subsahariana.
En primer lugar el mantenimiento de la paz y la seguridad en la región solo puede ser el resultado de la normalización de la situación en todas las regiones de Libia, el resultado de la reconstrucción de un Estado estable con instituciones adaptadas a la sociología del país, lo que solo se puede concebir en el respeto de la soberanía de Libia.
En segundo lugar, como los dirigentes occidentales no dejaron de proclamar a favor de Camboya, por ejemplo, a propósito del proceso de los Jemeres Rojos, la justicia debe pasar por favorecer la reconciliación contra todos los responsables de la situación del pueblo libio sumido desde hace ocho años en la miseria, la corrupción, los enfrentamientos armados y la presencia dominadora de los Hermanos Musulmanes, Al Qaeda y el Dáesh, por otra parte combatidos por los occidentales y Rusia. Porque ciertamente las fracturas en la sociedad libia fueron estimuladas por fuerzas exteriores cuyas preocupaciones no tenían nada de humanitarias y actuaban a favor o en contra de los dirigentes y sobre ciertos grupos libios mucho antes de los sucesos de Bengasi en febrero de 2011 (5).
Catar y los Hermanos Musulmanes de Egipto y Túnez, especialmente, proporcionaron los medios materiales, políticos y mediáticos (en particular el canal de televisión Al Jazeera) presentados como liberadores y demócratas contra la dictadura de Gadafi.
Sin verificar los hechos, el Fiscal de la Corte Penal Internacional, Moreno Ocampo, así como los medios occidentales declararon, entre otras denuncias, que se distribuyó viagra a las fuerzas del régimen, con el fin de justificar de antemano ante la opinión internacional los ataques que vendrían (6).
Este ambiente favoreció la adopción de la resolución 1973 (presentada por Francia y Gran Bretaña) en 2011, adoptada por el Consejo de Seguridad el 17 de marzo de 2011, dirigida a prohibir el sobrevuelo de las aeronaves del régimen sobre el territorio libio, con el fin de proteger a las poblaciones civiles de eventuales bombardeos. Estados Unidos sin embargo había prevenido: el Consejo de Seguridad considerará «ir más allá de una simple zona de exclusión». Las declaraciones del Secretario General de la OTAN, A. F. Ramussen, añadiendo que la organización atlántica proseguiría «su misión mientras fuese necesario, la cuestión no es tanto saber si Gadafi caerá, sino cuándo». Según la OTAN, esta «guerra de Libia» (y no oficialmente «contra Libia») se basaba en el derecho humanitario, totalmente instrumentalizado.
No fue hasta el 8 de septiembre de 2016 cuando la comisión de Investigación del Parlamento británico entregó su informe en el que se señalaba la ilegalidad de esa intervención armada poniendo de manifiesto la responsabilidad de Nicolas Sarkozy y David Cameron, que agitaron informaciones falsas difundidas por las redes de exiliados libios y los canales de televisión Al-Jazeera y Al-Ardia: «La intervención limitada, dirigida oficialmente a proteger a los civiles, se transformó de manera oportunista en una campaña para derrocar al régimen. Esta política no estaba basada en una verdadera estrategia que permitiera organizar el país pos-Gadafi. Dio como resultado el hundimiento económico y político, las guerras entre las tribus y las milicias, las crisis humanitarias y migratorias, la ampliación de las violaciones de los derechos humanos, la propagación de las armas del régimen libio en toda la región y el crecimiento del Estado Islámico en el norte de África».
Ese informe fue confirmado por Amnistía Internacional, que desde el 23 de junio de 2011 denunció las informaciones falsas sobre el comportamiento de las fuerzas regulares contra los civiles (7). Solo 48 horas después de la votación de la resolución 1973, y a pesar de que la Unión Africana dirigida por Jean Ping había decidido intervenir para encontrar una solución política y pacífica a la crisis, se lanzaron los primeros bombardeos aéreos. Se trataba de obstaculizar de forma urgente cualquier negociación y cualquier transacción: el objetivo real, especialmente para Sarkozy y el Estado francés era eliminar, por diversas y variadas razones, incluidas las personales, a Gadafi y su régimen (8). Los bombardeos especialmente intensivos sobre Sirte, su ciudad, las ejecuciones de los miembros de la familia de Gadafi y las circunstancias de su muerte (9) son otros tantos elementos demostrativos (10).
A los bombardeos de las poblaciones de pueblos y ciudades libias, a los crímenes y actos de tortura de las milicias anti-Gadafi, se añade el caos generalizado que se pretendía en el conjunto del país desde hace casi ocho años.
Ese caos que reina en el territorio libio, donde se enfrentan dos autoridades con pretensiones gubernamentales (Trípoli frente a Bengasi), varias asambleas (no representativas) y las diversas tribus tradicionales, así como diversas milicias islamistas, demuestran a menudo una criminalidad común. El conjunto, impregnado de la presencia de islamistas de diversas tendencias se mantiene. Esa profunda confusión no pone en cuestión los intereses de las grandes empresas petroleras que revenden en el mercado mundial el petróleo libio saqueado a bajo precio a las milicias y a los micropoderes que lo poseen. Dicha confusión no perturba a Francia ni a los demás estados europeos, que buscan una solución para detener la llegada de emigrantes al continente. Además la Unión Europea financia a las autoridades libias que controlan, arrestan y detienen a los emigrantes que buscan asilo en el continente europeo.
Esta casi anarquía no se debe únicamente a las divisiones entre los libios. Cada bando y cada grupo se benefician, más o menos según sus obediencias, de apoyos extranjeros políticos y financieros, italiano, francés, estadounidense, catarí, etc., que estimulan las contiendas y rivalidades y suprimen cualquier soberanía libia. Los estados europeos y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tienen una responsabilidad especial en esas violaciones de los principios fundamentales de la Carta de la ONU.
El asunto de la congelación de los activos libios es muy significativo.
Desde la resolución 1973 (2011) el Consejo de Seguridad tiene bloqueados los activos libios, en particular los fondos soberanos depositados por Trípoli en diferentes bancos occidentales. Algunos capitales se desbloquearon en 2011, antes de la caída de la Jamahiriya, para financiar la insurrección (11). Esos activos no solo siguen congelados casi ocho años después, sino que el bloqueo fue prolongado por la resolución 2441 (2018) hasta el 15 de febrero de 2020. Sin embargo la primera resolución 2009 (2011), confirmada por varias resoluciones más, preveía la restitución «al pueblo libio de esos activos, así como sus intereses y dividendos».
El hecho de que el Consejo de Seguridad no haya conseguido reunir las condiciones para determinar cuál es el poder legítimo en Libia y no pueda darle los medios materiales para conseguir su efectividad, demuestra que existe contra el pueblo libio una especie de guerra usurera, de naturaleza económica y financiera, con el fin de imponer a Libia una política económica conforme a los deseos de las potencias dominantes.
Pero debido a eso las Naciones Unidas son cómplices de una situación en la que el conjunto de los derechos humanos, políticos, económicos, sociales y culturales de Libia se violan sistemáticamente mientras las lógicas comerciales se criminalizan en un clima general de corrupción, que solo suscitan reacciones muy moderadas de las instancias encargadas del problema, en particular el «Comité libio» y la Organización de Expertos de las Naciones Unidas sobre los Activos Libios.
Otro hecho revelador relacionado con la práctica de ciertos bancos (entre ellos el Société Générale (12), el BNP, etc.), es que parece que nadie sabe dónde están los intereses y dividendos, miles de millones, de esos activos libios que deben restituirse según las resoluciones de las Naciones Unidas y del organismo de Expertos de las Naciones Unidas.
La impotencia del Consejo de Seguridad, que favorece el mantenimiento de las divisiones en el pueblo libio y el desarrollo de una «economía gris», se unen a la indiferencia mostrada por los estados occidentales, a pesar de algunos encuentros multilaterales sin efectos concretos.
La «responsabilidad de proteger a los civiles» que fue invocada en el Consejo de Seguridad para la intervención de la OTAN que siguió podría volverse contra las personas que la esgrimieron como un argumento pseudojurídico durante la agresión. La situación caótica de Libia merecería una nueva intervención en nombre de esa «responsabilidad de proteger», pero ese tipo de injerencia siempre se practica en sentido único, las potencias occidentales todavía no han optado claramente entre el ejército de Haftar (en Cirenaica y Bengasi) y el Gobierno de Fayez el Sarraj (en Trípoli), ya que el desorden establecido no cuestiona sus intereses.
Para salir de las múltiples contradicciones que sufre el pueblo libio, y los países vecinos por contagio (13), se impone ante todo el respeto de su soberanía, competencia del Consejo de Seguridad encargado del mantenimiento de la paz y la seguridad. La voluntad de las grandes potencias, el intervencionismo actual obviamente no tienen por objetivo promover la soberanía de los pueblos pequeños.
Así, los crímenes cometidos en 2011 por la OTAN, los dirigentes de varios países occidentales (14), Catar y los responsables de las fuerzas armadas contra las poblaciones civiles, que constituyen crímenes de guerra, así como su inercia desde 2011 hasta hoy, al igual que los dirigentes de empresas que se aprovechan del caos para mejorar sus beneficios, podrían tener que someterse a la justicia penal si esta no fuera, como la CPI, una justicia política incapaz de sancionar a los ciudadanos de las grandes potencias. En realidad la CPI solo ejerce su competencia con respecto a los actos cometidos en África, porque «es el único espacio lo bastante marginal políticamente para no enfrentarse a los obstáculos de Estados Unidos y lo bastante débil políticamente para no desafiar a la Corte» (15). La presencia de jueces africanos no es en absoluto una garantía de imparcialidad ya que se atienen, lo mismo que los jueces occidentales, a un formato al estilo Common Law inadecuado para los problemas surgidos en los países del Sur (16).
Es difícil imaginar, aunque un recurso siempre es políticamente útil si se publica, que la CPI cuestione a los dirigentes de la OTAN o a los responsables franceses, ingleses o estadounidenses.
Aunque en 2017 la agresión se convirtió en un crimen según la CPI, esta nueva competencia no puede aplicarse a lo sucedido en 2011. Solo los crímenes de guerra cometidos en Libia son susceptibles de un proceso pero, como en Costa de Marfil, los responsables occidentales y sus aliados tienen todas las posibilidades de librarse (17).
No se pueden esperar de la CPI condenas penales a los destructores de Libia fuentes de eventuales reparaciones para un pueblo globalmente víctima de las operaciones de la OTAN.
En cuanto a los obstáculos para el cobro de los activos libios (18) son de tal complejidad y a menudo las consideraciones financieras (de los bancos de negocios) tan importantes, que es posible que solo se puedan restituir cuando se decida que deberán utilizarse para establecer una dirigencia libia estable a la que se dictará la política que decidan las potencias.
La increíble «desaparición» de los intereses y dividendos de los activos libios, congelados por la actuación de ciertos bancos de acuerdo con algunas instancias estatales en violación de las decisiones de las Naciones unidas, es un indicio que revela el carácter esencialmente político de la cuestión de la restitución de dichos activos necesarios para la reconstrucción de Libia.
Salvo que se logre la unión de las fuerzas libias favorables al respeto de la soberanía del país y el apoyo que pudieran recibir de las potencias extranjeras frente a las injerencias de 2011 a 2019, el caos libio se prolongará hasta acabar en un alineamiento con la política impuesta por intereses (especialmente petroleros y estratégicos) indiferentes a las necesidades del pueblo libio.
Una vez más la exigencia de respeto a la legalidad pasará a la cuenta de pérdidas y ganancias.

Robert Charvin
Investig’Action
Traducido del francés para Rebelión por Caty R.

Notas:

(1) La suerte que sufre el pueblo palestino moviliza a algunas asociaciones de solidaridad en el mundo occidental, así como a algunos movimientos universitarios y se libra así de la indiferencia de la que se beneficia la política israelí desde hace más de medio siglo.
(2) Prólogo del Manual de Derecho Internacional Público de Rousseau (1905).
(3) Véanse, por ejemplo, las apreciaciones aportadas por el movimiento de juristas «Critique du Drouet», fundado en los años 70, al que se comparó con una «disidencia» subversiva «afortunadamente» insignificante para la comunidad de los juristas «clásicos».
(4) Véase de A. Hauriou «Réflexions sur les statuts épistémologiques respectifs du pouvoir et de la liberté». RDP. 1974, p. 643.
(5) Conviene señalar que, paradójicamente, los disturbios de Bengasi en los que se basó la presunta intervención humanitaria fueron acompañados de colgamientos, degüellos o mutilaciones que recuerdan los métodos de los islamistas argelinos, los del Estado islámico en Irak y los del Dáesh en Siria.
(6) Esa noticia falsa, así como la del bombardeo de la población de Bengasi por la aviación del régimen, que nunca existió, fueron repetidas por todos los grandes medios occidentales y desarrolladas por diversas personalidades (como Bernard Henri Lévy) del mundo político, de las artes y las letras sobre la única base de una antigua hostilidad hacia la persona y el régimen de Gadafi.
(7) Véase el artículo de J. Ping en Le Monde diplomatique de agosto de 2014 ¿Era necesario matar a Gadafi? Uno de los tres puntos aceptado por Trípoli era la renuncia de Gadafi al poder. El llamamiento del obispo de Trípoli, monseñor Matinelli, pidiendo un «gesto humanitario hacia el coronel Gadafi que protegió a los cristianos de Libia», no fue escuchado.
(8) Uno de los aliados africanos de Francia más estables, Idriss Deby, presidente de Chad, lo expresó abiertamente el 16 de diciembre de 2014 en Dakar, en la clausura del Foro sobre la Paz y la Seguridad en África: «el objetivo de la OTAN era asesinar a Gadafi. Ese objetivo se cumplió». Véase también Avec les compliments du Guide , de F. Arki. K. Laske, Fayard. 2018.
(9) Véase la descripción del linchamiento de Gadafi por las milicias de Misrata (brigadas Al Nimer y al Assad), tras los ataques del escuadrón 3-mars-Ardennes al vehículo que transportaba a Gadafi y a uno de sus hijos ( Human Rights Watch . 16 de octubre de 2012).
(10) Con respecto a las víctimas civiles de los bombardeos de las fuerzas de la OTAN, de las que Amnistía Internacional da cuenta en su informe « Libia, las víctimas olvidadas de los ataques de la OTAN », de 2012, (tras una investigación sobre el terreno en enero y febrero de 2012), vino la respuesta: La propia OTAN (carta del 13 de marzo de 2012) se atrevió a afirmar que «como había ordenado explícitamente el Consejo del Atlántico Norte, ningún civil y ningún individuo específico, civil o militar, fue nunca objetivo en el curso de esa operación. Véase también el informe de Amnistía Internacional «La lucha por Libia, asesinatos, desapariciones y torturas», 13 de septiembre de 2011.
(11) Los ejecutivos del Banco Central libio, a través de los Hermanos Musulmanes, revelaron al Tesoro estadounidense las cuentas bancarias del país, lo que permitió congelar los activos en menos de una semana desde el principio de las protestas y beneficiar al consejo Nacional de Transición antes de la caída del régimen, es decir, desde el 1 de septiembre de 2011.
(12) Hay un proceso abierto ante el Tribunal Supremo de Londres contra la Société Générale y ha comenzado una instrucción en Bélgica con respecto a los intereses de los activos libios depositados en los bancos belgas cuya utilización parece que fue autorizada por el Gobierno belga y el Tesoro Público belga desde 2012.
(13) Las intervenciones militares francesas, incapaces de controlar el territorio como en Malí, por ejemplo, basadas en la «seguridad» no hacen más que agravar la situación y exacerbar las tensiones sociales locales sin arreglar nada en la lucha contra los «yihadistas» (quienes por otra parte tienen poca afinidad con los islamistas de Irak y Siria). La desaparición del Estado libio es una de las fuentes de desestabilización de los países vecinos, cuyas dificultades esenciales resultan de cuestiones económicas, sociales, inmobiliarias y secundariamente religiosas.
(14) Señalemos que Alemania se desmarcó y rechazó cualquier participación en la operación «Protector unificado» de la OTAN contra Libia.
(15) Véase «Dominic Ongwen on Trial: the ICC’s African Dilemmas », de A. Branch, en International Journal of Transitional Justice, 2017, p. 34.
(16) Esta particularidad que favorece la propensión a sancionar a los ciudadanos del Sur por hechos que también podrían reprocharse a los representantes del mundo occidental, ya fue denunciada por el juez indio Radhabinod Pal, del Tribunal Internacional militar para Tokio, y por el internacionalista Georg Schwarzenberger.
(17) Más que hacia una reorientación, la Corte Penal Internacional (CPI) camina hacia el declive. Aumentan los países que se retiran del Estatuto de Roma (algunos estados africanos, Filipinas, etc.) y vuelven incierto el futuro de la CPI. La creación de esta jurisdicción fue prematura. La «comunidad» internacional no tiene una existencia real, no existe una cohesión ideológica y todavía menos intereses comunes. La CPI, y numerosos estados ya son conscientes, presenta todas las características de una jurisdicción política al servicio de los dominantes. Los juristas occidentales, en general entusiastas en 1998 cuando se adoptó el Estatuto, se han vuelto más «cautos» en cuanto a su valoración.
(18) Los tratados internacionales no regulan la cuestión de la restitución de los activos adquiridos por la corrupción (Véase de T. Balmelli «La restitution des avoirs acquis par la corruption: de l’obligation morale à l’obligation juridique» en T. Balmelli. B. Jaggi. Les traités internationaux contre la corruption, 2004. (Suisse), p. 63 y s.

Robert Charvin es profesor emérito de derecho (especializado en las relaciones internacionales) en la Universidad de Niza Sophia-Antipolis, decano honorario de la Facultad de Derecho y Ciencias Economicas de Niza y consultante en Derecho Internacional, derecho de las relaciones internacionales.

"El mayor riesgo para este país es Mauricio Macri" // Marcelo Ramal en C5N

Argentina en la era de las turbulencias permanentes

Esta nota se apoya en parte en el informe presentado por el autor a las deliberaciones del XVII Congreso Nacional del PTS, así como a las intervenciones de distintos delegados que enriquecieron lo planteado inicialmente, y a la actualización realizada con los hechos ocurridos posteriormente al debate.

Partimos de una situación internacional donde continúan las tendencias a las crisis orgánicas en numerosos países y donde lo nuevo es la irrupción de acciones de masas, como vienen siendo los Chalecos Amarillos en Francia o las rebeliones populares en Argelia y Sudán; en América Latina la derecha viene avanzando pero sin dar derrotas de envergadura al movimiento de masas y con gran parte de sus gobiernos empantanados. Continúan las guerras comerciales y hay varios pronósticos sobre una desaceleración de la economía mundial para este año o el que viene, y distintos países, entre ellos el nuestro, que están al borde de generar una crisis de deuda.
Para pensar la situación política nacional es conveniente hacer un análisis previendo dos escenarios. Uno en el cual, a pesar de la crisis, el gobierno no se derrumba y logra llegar a las elecciones; y otro en el cuál la crisis se acelera y, por alguna vía, Macri cae antes de completar su mandato o, sin llegar a esto, renuncia a su candidatura y modifica el cronograma electoral para el recambio presidencial. En el primero de los casos, la situación debería pensarse en dos tiempos: uno el que va hasta las elecciones de octubre, y otro, más de mediano plazo, que tiene que ver con la perspectiva más general de lo que podríamos denominar el “régimen del FMI”. Desde ya que esta no es una división estanca y ambos escenarios pueden entremezclarse.
Hablamos de “régimen del FMI” en el mismo sentido en que durante los noventa podíamos señalar la existencia, con el plan de Menem-Cavallo, de un “régimen de la convertibilidad” que abarcó la gran parte de los gobiernos de Menem y los dos años de De la Rúa. O sea, de situaciones donde la economía y la política se desarrollan en medio de fuertes condicionantes estructurales a los que se amoldan las fuerzas políticas burguesas. En la actualidad, con uno de los desembolsos más grandes de su historia, de USD 57.000 millones, la injerencia del FMI en la economía local va más allá de cualquier gobierno “episódico”; es algo que difícilmente se quiebre o se modifique sin una irrupción decisiva del movimiento de masas o un salto en el carácter catastrófico de la crisis.

Los sucesivos fracasos del macrismo

Macri entregó al país al FMI a partir de una serie de fracasos. Cuando llegó al gobierno tenía el problema, para aplicar el conjunto de su plan, de que no llegaba en medio de una crisis catastrófica, como fueron la hiperinflación de 1989 y 1990 o la quiebra de diciembre de 2001, que llevara a la población a aceptar cualquier plan para salir de una situación insoportable. Por eso Macri no planteó en las elecciones de 2015 su real programa económico sino un planteo de “cambio light” o “cambio con continuidad”, como se lo denominó entonces. Mintió descaradamente con el fin de, una vez en el gobierno, tratar de ganar fuerza política para ir por la agenda real del gran capital. Con la victoria en las elecciones legislativas de octubre de 2017 opinó que había conseguido esa fuerza y lanzó su política de “reforma permanente”, pero se chocó con el movimiento de masas en diciembre de 2017.
Aquí se produjeron las acciones de masas más importantes de todo el ciclo macrista, las jornadas de lucha contra la reforma previsional del 14 y el 18 de diciembre, que aunque no lograron evitar la sanción de esa ley nefasta, apoyada por 23 de 24 gobernadores que firmaron el pacto fiscal que le da sustento, frenaron parcialmente el resto de la ofensiva macrista, en particular la reforma laboral flexibilizadora. Justamente este “frenazo” impuesto por la acción de masas es uno de los aspectos centrales que explica el golpe de mercado devaluatorio de abril de 2018, que lleva al gobierno al FMI al cortarse los préstamos de capitales privados a los que masivamente había recurrido en los dos primeros años de su gestión.
Con la complicidad de la burocracia sindical y los sectores de la oposición peronista, que le votaron todas las leyes en el Congreso, las masas sufrieron una caída sustancial en sus niveles de vida. Al calor de una inflación galopante se pulverizaron los salarios y las jubilaciones, mientras crecieron la desocupación y la pobreza. La deuda pública superó los niveles del 2001, con una proporción creciente de la misma emitida en dólares. Pero pese a la muy importante transferencia de riqueza desde el trabajo hacia sectores del capital más concentrado ocurrida en este período, lo hecho es solo una parte de la política que busca implementar la clase dominante. Como venimos denunciando, el FMI y los organismos internacionales son desde los ochenta factores activos para aplicar en los distintos países las “reformas estructurales” que se generalizaron durante el neoliberalismo. Dan préstamos impagables y a cambio de renegociar los vencimientos imponen la agenda neoliberal del momento, ordenando toda la economía de los distintos países en función del pago de la deuda a los acreedores externos.
En los noventa estas “reformas” tenían al tope a las privatizaciones de las empresas de servicios públicos y de las jubilaciones y la flexibilización laboral, así como la apertura económica de los mercados locales. Hoy son una trilogía de contrarreformas: la previsional, para subir la edad jubilatoria y bajar los haberes; la laboral, para avanzar en la precarización del trabajo lo más que se pueda, con los sistemas tipo Uber o Rappi como amenaza general para ir logrando concesiones permanentes de las burocracias sindicales; la tributaria, para subir el IVA a los productos esenciales mientras se les bajan los impuestos a los ricos. En síntesis, aumentar la plusvalía que se le extrae a la clase trabajadora mientras se destinan porciones crecientes del gasto estatal hacia el pago de la deuda.
Es el combo de contrarreformas antiobreras que repiten como un mantra todos los gobiernos derechistas del continente bajo los auspicios de Donald Trump. Pero lo cierto es que los avances que han realizado esos gobiernos derechistas son aún parciales y, además, se encuentra empantanada la ofensiva golpista del imperialismo en Venezuela, que todos ellos apoyan fervientemente. Un derrumbe del gobierno de Macri y un fracaso del plan del FMI sería un golpe a la imposición de esta agenda antiobrera que, en sus lineamientos centrales, comparte el conjunto de las fracciones burguesas.

La coyuntura nacional y las turbulencias permanentes

Si nos centramos en el tiempo más coyuntural, Argentina está en una suerte de “arenas movedizas”, parafraseando el título de una de las series de moda, o cruzada por turbulencias permanentes. Esto hace a una situación política muy cambiante y dinámica, con escenarios muy abiertos.
Lo que hasta ahora ha mantenido a Macri no es el FMI en general, sino el papel que ha jugado el gobierno de Trump en el apoyo del Fondo a la Argentina. Le han hecho muchas concesiones. Primero, dándole uno de los préstamos más grandes en la historia del organismo. Segundo, a los dos meses de fracasado el primer plan, se lo renegocian rápidamente. Y tercero, le dan waivers todos los días, lo que se llama “perdones” en la jerga del FMI, revisiones parciales de los acuerdos planteados. No se olviden que el desenlace de la crisis de fines de 2001 se produjo ante la negativa del FMI a girar un desembolso ya pautado de apenas USD 1.500 millones, a iniciativa del gobierno norteamericano de entonces. Eso aceleró todavía más la fuga de capitales, llevó al corralito y terminó en la crisis que desembocó en el 19 y 20 de diciembre, llevando a la caída de De la Rúa y Cavallo.
Hoy la plata del FMI se usa para las subastas diarias de dólares, financiando la fuga de capitales. Al mismo tiempo vienen tratando de sostener el precio del dólar armando un gran negocio para los bancos que son las Leliq, con un rendimiento que supera el 100 % anual. Buscan que con tasas muy altas (que los bancos cobran por las Leliq y en menor medida pagan por los depósitos), en la ecuación “codicia/temor” de la que hablan los analistas, gane la primera. Sin embargo, esto cada vez parece funcionar menos, en particular desde finales de febrero, cuando se empezó a ver que la inflación, en vez de bajar, va subiendo. Y en marzo terminamos con precios aumentando un 4,7 %.
Desde un comienzo resultó evidente que las medidas anunciadas el 17 de abril son una suerte de “manotazo de ahogado” que no parece destinado a tener mayor efecto. Una intervención ultralight en la economía para tratar de contener la inflación y acordar con el FMI para fijar un tope en 51 pesos por dólar a la banda cambiaria.
El combo del “plan alivio” (término usado recurrentemente por Carolina Stanley en la conferencia de prensa donde presentó las medidas junto a Nicolás Dujovne y Dante Sica) buscaba tratar de contener en algo la inflación alrededor de congelar los precios de algunos productos (los 64 comprendidos en los “precios esenciales”) y servicios. En este último caso se trata de frenar lo que habían dado como ineludible, que era un nuevo salto en los aumentos de tarifas (aunque las programadas del gas y el agua van a mantenerse, pero no las de transporte y luz, y sin nuevas subas por fuera de las programadas, con un costo fiscal de $ 9.000 millones). Por último, los aumentos de los créditos a los que cobran la AUH y a los jubilados tienen mucho más de anuncio que de efectividad, más allá que muchos los pueden querer tomar para pagar las tarifas, que es para lo que se está endeudando una parte de la población a la que llegar a fin de mes se le vuelve cada vez más difícil.
Pero, como mostró la crisis de esta última semana con la suba del dólar y del riesgo país y la caída de los bonos de las empresas argentinas en Nueva York, el problema que tiene todo este plan es que no garantiza que el gobierno logre ninguno de los sus dos objetivos. Primero, evitar el derrumbe y llegar sin perder completamente el control de la economía a las elecciones. Y segundo, llegar con alguna expectativa de victoria a octubre, o más bien al ballottage de noviembre, un escenario cada vez más improbable para Cambiemos de mantenerse la candidatura de Macri.
Hoy estamos en una coyuntura con una crisis abierta, donde la fragilidad política del gobierno se retroalimenta con la de la economía, y donde cada vez más sectores de las patronales y de la propia coalición gobernante parecen dispuestos a bajarle el pulgar al proyecto reeleccionista de Macri antes de las elecciones. Es por eso que debemos prepararnos para la continuidad de los tiempos turbulentos y para saltos en la crisis, aunque por el apoyo de Trump y del FMI no pueda descartarse que logren llegar, aún en muletas, a las elecciones.
Este escenario de crisis es lo que lleva a la indefinición en cuanto a la conformación de las distintas coaliciones políticas burguesas y a los rumores sobre multitud de enjuagues políticos tan típicos de estas situaciones.
Lo que empuja las especulaciones hacia distintas variantes de “gobiernos de unidad nacional” antes o después de las elecciones es la constatación de que, tal como están los bloques políticos burgueses actuales (Cambiemos, el peronismo aliado a Cristina y Alternativa Federal), ninguno de los eventuales ganadores contará con fuerza propia en el Parlamento para implementar las medidas necesarias para cumplir con los pagos al FMI y los acreedores privados, los “nuevos buitres”. Sin embargo, como señalamos, nada está dicho y más allá de lo que hoy miden las encuestas, podemos ver realineamientos de distinto tipo.

El peso de la deuda eterna

La deuda pública es nuevamente el condicionamiento general de la economía argentina dentro del “régimen del FMI”. Hoy llega a USD 332.000 millones según el informe de la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía, a lo que debemos sumar unos USD 13.000 millones en cupones atados al crecimiento del PBI no contemplados en esta suma. Esa deuda es un 76 % en dólares, un cambio muy importante en la matriz de deuda generado en estos cuatro años. El kirchnerismo tenía una deuda de cerca de USD 225.000 millones, o sea que esta se incrementó en más de USD 120.000 millones, pero el perfil de la misma cambió: antes era mayormente en pesos argentinos y con deuda intra-Estado, donde le debían a Anses (y al Banco Nación, PAMI y otros organismos), por lo que el kirchnerismo estaba creando también una bomba, pero de otro tipo porque la deuda en dólares era débil. Lo otro que ha ido modificando Macri es a quién se le debe: aumentaron los pasivos públicos con acreedores externos privados y con los organismos internacionales FMI, BM, BID. Esto, lo que la jerga llama deuda “relevante”, se está acercando al 60 % de la deuda total.
Para tener una idea de la gravedad de la hipoteca, digamos que en el mandato del próximo gobierno, entre 2020 y 2023, hay que afrontar el pago de USD 160.000 millones; en promedio USD 40.000 millones por año. Esto es importante tenerlo en cuenta para confrontar los discursos facilistas de salida de la crisis que esgrimen el kirchnerismo y el conjunto de las variantes peronistas.
Tratando de defender que no es necesario romper con el FMI, como planteamos desde la izquierda, algunos sostienen que los pagos de la deuda podrían cubrirse sin profundizar el ajuste en base a una nueva suba de las retenciones a las exportaciones agrarias. Para que nos demos una idea de lo ridículo de este planteo, solo tengamos en cuenta que el total de las exportaciones argentinas viene siendo más o menos de USD 60.000 millones, incluyendo todo (agro, autos, minería, etc.). De este total, lo que exporta el campo alcanza a USD 28.000 millones. Es decir, que aunque hubiese retenciones al 100 % (lo que significa que los productores no reciben un peso), aún estaríamos lejos de los USD 40.000 millones… Con mucha suerte, con la reimplantación del esquema kirchnerista anterior, con la alícuota del 35 %, se llegarían a recaudar USD 9.000 millones. O sea que aún con los niveles de retenciones que los kirchneristas reivindican, pagar la deuda (que es lo que los kirchneristas aseguran que van a hacer) exige la continuidad y profundización del ajuste. No es menos ilusoria la salida que señalan otros economistas kirchneristas que, partiendo del hecho cierto que toda renegociación de pagos con el FMI será en condiciones leoninas, siembran la expectativa de librarse del organismo mediante el pago al contado de lo adeudado, recordando lo que hizo en su momento Néstor Kirchner. Pero la deuda con el fondo era entonces de USD 10.000 millones y Argentina tenía superávits comercial y fiscal y crecía a “tasas chinas”. Hoy la deuda con el FMI es seis veces superior. ¿De dónde saldrían los recursos para pagar tamaña cifra? Como vemos, por más vueltas que se le dé, no hay salida indolora del “régimen del FMI”. Seguir pagando la deuda, aún con renegociaciones y refinanciaciones, implica la profundización del ajuste hoy en curso.
Así como Macri vendió humo con respecto al facilismo de la salida de lo que había dejado el kirchnerismo y se hundió, ahora las distintas variantes del peronismo lo hacen respecto de una salida fácil y no traumática de la dependencia del FMI. Y esto incluye las hipótesis de renegociación de la deuda, ya que el FMI en general renegocia los acuerdos, ampliando los vencimientos de pago, pero a cambio exige medidas de “reforma estructural” mucho más agresivas, y un monitoreo aún mayor que el actual de la economía local por parte del organismo.

La contención y el ajuste que se viene

Por ello no extraña que economistas de Lavagna y Massa estén diciendo que están de acuerdo en hacer algún tipo de reforma en los ámbitos que las exige el FMI: laboral, previsional y tributaria. El peronismo en sus distintas variantes, ya sea kirchnerista o el de los gobernadores, plantea una estrategia que, más allá de los discursos de campaña, de una de otra manera nos lleva a la continuidad del ajuste permanente si las masas no irrumpen y modifican todo el escenario político. Esta última es la perspectiva realista frente a la que nos preparamos.
Veamos algunos ejemplos recientes. Cristina es muy amiga de Alexis Tsipras, el primer ministro griego de Syriza que llegó en 2015 al gobierno diciendo que era fácil renegociar con la Troika (integrada por la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el FMI). Incluso lo hizo con un discurso mucho más de izquierda del que tiene hoy el kirchnerismo, y ya en el gobierno llegó a llamar un plebiscito para discutir si se aceptaba o no lo que pedía la Troika. Votó el 60 % de la población en contra de la aplicación del Memorándum de ajuste que había firmado el gobierno anterior de la derecha. La Troika no se conmovió y respondió –como no podía ser de otra manera– que eso podían decir los griegos, pero que los bancos alemanes que tienen la deuda opinaban lo contrario. Le dijeron que si no quería salir del euro iban a tener que pagar y seguir ajustando. Tsipras, traicionando el mandato del plebiscito, arrugó y desde entonces viene aplicando un plan fondomonetarista brutal sobre las masas, que incluyó 14 recortes en las jubilaciones (que redujeron sus montos a la mitad) y todavía está con una desocupación global del 18 % y del 60 % en los menores de 25 años. Un millón de griegos dejaron el país por la crisis y la economía es un 25 % más chica que hace una década. Es una situación de catástrofe, aunque Kiciloff dice en su último libro que los griegos tienen una relación más “madura” hoy con el FMI. Aunque la salida que presenta como ejemplo, al igual que lo hace Lavagna, no es Grecia sino Portugal.
Pero este caso tampoco resiste la prueba de los datos. Portugal tuvo una situación de ajuste recargado. El IVA era del 10 % en 2010 y lo subieron al 23 %, y ahí se mantuvo desde entonces. Los salarios públicos cayeron entre un 20 y un 25 %. El desempleo subió inicialmente del 8 al 18 %. Hicieron una flexibilización laboral brutal. O sea que, antes de tener una cierta recuperación basada en el turismo como elemento central, junto con algunas exportaciones que aumentaron producto de la baja en los salarios, provocaron una precarización generalizada especialmente en la juventud. Allí, en diez años se pasó de un 10 a un 67,5 % de jóvenes con empleos de corta duración o a tiempo parcial, y los índices de desocupación en la juventud triplican la media nacional. Después de pasar todo el ajuste tuvieron un cierto rebote, pero antes hicieron todo un importante trabajo de ajuste, y el gobierno supuestamente progresista mantuvo lo esencial de los ataques. Si fueran serios tendrían que decir quién va a hacer el ajuste brutal que precedió a la leve recuperación actual, que es lo que verdaderamente ocurrió en Portugal.
El kirchnerismo, es evidente, también está girando al “centro” en lo económico, con algunos de sus altos exfuncionarios yendo a los medios a defender que no se puede de ninguna manera romper con el FMI. Esta ubicación acompaña la alianza que viene teniendo con los gobernadores en las elecciones provinciales, incluyendo bajar sus candidatos en Córdoba en la intendencia de Tucumán o en Tierra del Fuego, para apoyar a quienes hasta ayer nomás denunciaban como socios de Macri.
Por su parte, el proyecto de Lavagna es el del pacto social, similar al del diálogo “Argentina 2000” de Duhalde, junto con la Iglesia católica, la CGT y la UIA. Tiene un problema, porque si va a la interna del Peronismo Federal pierde por el momento a los aliados no peronistas, y si no juega ahí, y el Peronismo Federal no se subordina, entonces es un plan que todavía no cierra porque además aún no despega en las encuestas pese al apoyo de sectores importantes de Techint y otros importantes grupos económicos.
El kirchnerismo, recordemos, nunca comulgó con el formato clásico del “pacto social”, ya que tanto Néstor Kirchner como Cristina opinaban que era darle poder de veto a la CGT y la UIA. En sus dos primeros gobiernos, hasta la ruptura del dirigente camionero, lo que hacían era una suerte de “pacto social” de hecho, a partir de un tope en los reclamos en las paritarias que establecía el acuerdo camionero. Después fue poner un parche tras otro, donde el rojo creciente de la economía se cubría agotando las reservas del Banco Central. Pero, más allá de estas y otras diferencias, no hay planteos económicos discordantes entre estos sectores, cuestión que también explica los elogios que han vuelto a cruzarse Cristina con Duhalde.
Nosotros hemos definido que estamos en los inicios de una nueva crisis orgánica. Decimos inicios porque si bien la crisis económica es profunda (aunque no aún en los niveles de fines del 2001), todavía no se ha derrumbado la adhesión electoral, según muestran las encuestas, a las coaliciones políticas burguesas existentes, aunque este resultado sea en gran parte por “consenso negativo”. Es decir, Macri mantiene una parte del apoyo como garantía a que no vuelva CFK y esta, a su vez, incrementa su caudal electoral como instrumento para sacar del gobierno al actual presidente. Pero esta es la “foto”. Ya sea porque pierde completamente el control de la economía, por una irrupción de masas o porque se afiance la percepción que no puede ganar, el apoyo electoral que aún exhibe Macri (en torno de un 25 %) puede evaporarse rápidamente. Si la crisis se acelera el macrismo puede sufrir un rápido derrumbe, con los radicales migrando en masa de Cambiemos y aún rupturas de importancia en el PRO, en busca de otros acuerdos políticos que le permita a la burguesía evitar el recurso de tener que aceptar a CFK como variante de contención de las masas.
Si en Argentina las masas fuesen un factor más actuante, la situación tiene muchas características para transformarse en prerrevolucionaria abierta, pero eso hasta ahora no ha ocurrido por una serie de cuestiones. Bajo el macrismo, el movimiento de masas desarrolló grandes movilizaciones y cobró nueva fuerza el movimiento de mujeres, alrededor del reclamo de la legalización del aborto y contra las diversas formas de la violencia machista. Pero, con excepción de las jornadas de lucha contra la reforma previsional, no hubo acciones radicalizadas de la lucha de clases. Es evidente que en esto ha jugado un papel el conjunto de la burocracia sindical, incluidos los sectores alineados con el kirchnerismo, que frenaron toda lucha seria detrás de la consigna “hay 2019”. A esto hay que agregar otro actor muy relevante en la política Argentina que es Bergoglio, el Papa Francisco, con multitud de lazos tanto políticos como con las burocracias sindicales y de los “movimientos sociales”. Bergoglio alienta un recambio “ordenado” de Macri, con quien nunca simpatizó, a alguna variante peronista, y es uno de los factores que explica por qué no ha habido irrupciones radicalizadas del movimiento de masas a pesar del agravamiento de las penurias del pueblo trabajador.
A esto hay que agregar el temor al desempleo entre los trabajadores ocupados y el aumento “estructural”, en relación al 2001, de las medidas de contención social para los desocupados y los sectores más vulnerables de la población. En el momento que cae De La Rúa había solo 300.000 planes entre nacionales y provinciales. Es después, cuando asume Duhalde, que el Banco Mundial le financia la aplicación de los “planes Jefes y Jefas”, antecesores de la AUH y de otras medidas de ayuda social, llegando a dos millones y medio de receptores. Desde entonces el nivel de beneficiarios se ha mantenido, a lo que hay que agregar el peso “organizacional” puesto al servicio de esa contención mediante los acuerdos entre Stanley (también con lazos con el Papa) y los “cayetanos” liderados por Juan Grabois, otro de los hombres del pontífice. Como vemos, una multitud de recursos materiales y políticos destinados a impedir la irrupción de quienes más están sufriendo las consecuencias de este plan de hambre y miseria.

Nuestra perspectiva

Nuestra perspectiva es la opuesta. Sabemos que sin acciones históricas independientes de las masas no es posible terminar con el “régimen del FMI”, ya sea antes o después de las elecciones. Esta irrupción de masas puede, esquemáticamente, darse por dos vías. Una, más parecida al Cordobazo o a diciembre del 2017, donde se les impone el frente único a los burócratas traidores y los sindicatos son articuladores de alguna forma de la movilización callejera. El otro escenario es uno donde, a pesar de la tregua de la burocracia sindical, las masas igual irrumpen, tipo como ocurrió el 19 y 20 de diciembre 2001 o como ocurrió con los Chalecos Amarillos en Francia. En ambos casos, es fundamental la política de favorecer la coordinación de los sectores en lucha, y empezar ya mismo a tratar de establecer esos lazos entre sectores de trabajadores ocupados y desocupados y otros sectores populares, tarea en la cual las fábricas bajo gestión obrera pueden jugar hoy un papel muy relevante.
En el reciente XVII Congreso Nacional del PTS destacamos un bloque de consignas para la agitación y la agitación propagandística que apuntan a delimitar los campos políticos en la actual situación. En primer lugar clarificar quiénes están por seguir con el “régimen del FMI” y quiénes decimos que no hay salida sin romper con el fondo: “Derrotemos al FMI, Macri y los gobernadores. El kirchnerismo, aliado de la burocracia sindical, la Iglesia y los gobernadores del PJ, no puede ser alternativa. Que la crisis la paguen los grandes empresarios, banqueros y terratenientes. Construyamos una gran fuerza política que impulse la movilización de los trabajadores, las mujeres y la juventud. Por un gobierno de trabajadores”. A esto sumamos la exigencia a las direcciones sindicales de un plan de lucha que empiece por un paro general activo de 36 horas que culmine con una huelga general política. Y, si la crisis política se desarrolla, la demanda de Asamblea Constituyente verdaderamente libre y soberana puede jugar un papel muy progresivo, oponiéndola a toda salida antidemocrática a espaldas del pueblo, y la lucha por una Constituyente servir como puente para favorecer el desarrollo de los organismos de poder obreros y del pueblo explotado, sobre los que tendrá que basarse un gobierno de los trabajadores en ruptura con el capitalismo.
Empezamos a vivir tiempos interesantes. En cualquier momento lo extraordinario puede volverse cotidiano. La autoridad política conquistada en estos años por nuestro partido y por el Frente de Izquierda es un gran capital político para intervenir en esta situación.

Christian Castillo
La Izquierda Diario

Adónde va la burguesía en Argentina

Dos meses después de haber expuesto en público sus graves tensiones internas, el núcleo dominante del gran capital no ha resuelto la táctica a seguir y, en consecuencia, mantiene la posibilidad de ruptura y brusco cambio político.
En sordina durante 2018, abiertamente desde fines de enero pasado, los integrantes de la Asociación Empresaria Argentina (Aea) disputan en función de dos diferentes tácticas frente a las elecciones: mantener el apoyo al gobierno de Mauricio Macri y Cambiemos, o jugar su futuro a un candidato calificado como “de centro”, Roberto Lavagna.
En torno a la Aea, centro decisivo del capitalismo en Argentina, se aglomera el hasta ahora sólido frente amplio burgués (Fab), colocado por la coyuntura en situación de posible fragmentación.
El aún nonato proyecto de fuga hacia otro candidato con el mismo programa tiene base en por lo menos uno de los miembros de Aea, Paolo Roca (dueño de la transnacional Techint), quien a su vez ostenta estrechos vínculos de diferente tipo con el grupo Clarín, que oscila sobre la medianera, pero de todos modos pone a sus periodistas al servicio de una demolición sistemática de la figura de Macri. Otros empresarios, con peso pero fuera del círculo áulico, son el banquero Jorge Brito, el grupo Manzano-Vila, entre muchos otros nombres de menor gravitación, donde figuran por supuesto los más de 40 empresarios presos o procesados. Aunque todos ellos fueron socios-colaboradores-beneficiarios de los gobiernos de Kirchner y su esposa, buscan una figura capaz de vencer a Macri y, a la vez aventar la posibilidad de una eventual victoria de Cristina Fernández. Éste es el respaldo con que cuentan la socialdemocracia, diferentes ramas del Partido Justicialista (PJ) y el grueso de la estructura sindical, para presentar un tercer candidato. El plan es convocar otra vez (y van…) a un gran acuerdo nacional, con base en el PJ, la Unión Cívica Radical (UCR), las cúpulas sindicales y, como telón de fondo, el Vaticano. El candidato en cuestión, muy lejos del supuesto centro, cuenta con el respaldo del hoy menguado Opus Dei y su otrora famosa infantería di Dio, Comunión y Liberación, la vanguardia fascista del Vaticano.
La indefinición de Lavagna hasta el momento no proviene de sus dudas, sino de la irresolución del núcleo dirigente del Fab. Depende también de otro factor, para abrir el camino a la inclusión del peronismo: un acuerdo furtivo entre Lavagna y Cristina Fernández, para garantizar un trato judicial benévolo en caso de acceder a la Presidencia. El gestor de tal acuerdo es Alberto Fernández, hombre de Domingo Cavallo durante el menemismo, luego primera espada de Néstor Kirchner y siempre, según afirman quienes lo conocen de cerca, seguro colaborador del Departamento de Estado.

Argentina ha ingresado en una fase agravada de la lucha interburguesa

Ahora bien ¿por qué reemplazar a Macri? ¿Por qué el capital correría el riesgo de un gobierno de frente único entre socialdemócratas y peronistas clásicos, con estos últimos basados en feudos provinciales ajenos a toda idea de país Federal y con la conocida capacidad para barrer de un plumazo a tibios liberales socialdemócratas, acosados además por socialcristianos con rótulo de centro y garras derechistas?
Una respuesta generalizada es que el programa de Cambiemos ha fracasado. Que se ha instalado la volatilidad de la moneda y la inestabilidad puede tomar la forma de una espiral hacia la ingobernabilidad.
En función de estas inconsistentes certezas sectores patronales han llegado al extremo inédito de exigir públicamente que Macri no sea candidato para las presidenciales próximas y que en su luga ponga a la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, devota discípula del papa Francisco. Una campaña mediática aplastante condena a Macri casi con la misma ferocidad con que denuesta a Nicolás Maduro. El alegado fracaso de Cambiemos parece ser un desenlace avistado recién desde febrero en adelante. Ya se verá qué ocurrió antes, para dar lugar a tan sagaz descubrimiento.
Hay considerable distancia entre la verdad y estas socorridas explicaciones. Porque… ¿fracasó Cambiemos? ¿Qué debía hacer y qué hizo este gobierno del frente amplio burgués?
Su misión explícita era sanear la economía, obviamente desde la perspectiva de la continuidad capitalista. Hacerlo implicaba atacar de frente a las masas, impidiendo a la vez que una sublevación social generalizada rompiera el frágil equilibrio del sistema. Está fuera de discusión la rampante ineptitud de una mayoría de los miembros del gabinete, así como la estolidez del Presidente. No obstante, tales objetivos se han alcanzado en gran medida en estos 40 meses.
Ningún grupo económico dominante, ningún Banco, por supuesto, puede aducir pérdidas económicas. ¿Acaso los grandes capitalistas derraman lágrimas por las quiebras en masa y los cierres de pequeñas y medianas empresas, o por el aumento de la desocupación? ¿Será un fracaso la caída del salario real, el aumento del desempleo y las superganancias para los especuladores de aquí y allá? ¿Será un fracaso la suba del dólar de 15 a 45 pesos, con la consecuente licuación de deudas del Estado en pesos?
¿Qué pensamiento revolucionario es ése que basa su afirmación acerca del fracaso de un gobierno en las pullas de un sector burgués y los gritos en falsete de las burocracias sindicales?
El pequeño detalle, desde la perspectiva de la clase obrera y el socialismo científico, es que si el gobierno del frente burgués ha fracasado, las clases dominantes están a la defensiva y la clase obrera puede tomar la iniciativa, puede aprovechar relaciones de fuerza a su favor y dar un gran salto hacia delante. ¡Bravos estrategas quienes están viendo semejante paisaje en la Argentina de hoy!
No. La realidad es muy diferente. El gobierno de Macri no ha fracasado. Es verdad que sus tremendos éxitos en el saneamiento económico dieron lugar al empobrecimiento de las masas y la traslación volcánica de la plusvalía, lo cual pone en riesgo su victoria electoral en las presidenciales. Pero eso puede ser resuelto con relativa facilidad, dado que las víctimas de la victoria de Macri no tienen organización, ni programa de acción, ni estrategia propias. O puede que no, y que otro elenco con su mismo programa se haga morder el polvo en octubre o noviembre. En cualquier caso, los ataques que recibe Macri provienen de otras causas.
Mixturado con socialdemócratas y desarrollistas, además de liberales puros refunfuñantes pero de notoria plasticidad, apoyado en la venta por internet de espejitos de colores a las masas para consumar el saqueo, el de Cambiemos ha sido un gobierno extremadamente condicionado por presiones sectoriales de todo tipo, en primer lugar porque la carnada mayor en la excursión de pesca fue modernizar el país, acabar con la ineficiencia (y por extensión con una de sus causas principales, la corrupción, llegada con los Kirchner a niveles inmanejables para un sistema estable), erradicar al peronismo seguidor de la Sra. Fernández y, último pero de primera importancia, equilibrar precios relativos llevados a un desquicio sin límites.
Sometido a esas presiones múltiples y casi siempre contradictorias, en su recorrido hacia esos objetivos el gobierno del Fab dio lugar a acontecimientos resonantes, trascendentales más allá de su resultado inmediato. A comienzos de 2018 Macri envió al Congreso la ley sobre la despenalización del aborto, por las mismas razones que Néstor Kirchner y su esposa abrazaron en 2003, burda e inopinadamente, la causa de los derechos humanos.
Esa medida oportunista, obró como fulminante descarga eléctrica sobre la sociedad. No ya legisladores adocenados, en su mayoría ignorantes, acomodaticios y reaccionarios, sino grandes franjas de la población se vieron discutiendo un tema de peso singular: la interrupción voluntaria del embarazo.
Con Francisco a la vanguardia beligerante, la iglesia se lanzó contra Macri. En el camino, para poner sólo un ejemplo, el episcopado se vio obligado a admitir que el Estado deje de pagarle el salario a los miembros del egregio purpurado. Que la gran prensa lo minimice no debería implicar que el pensamiento político deje de medir el extraordinario impacto que esto tiene en el ordenamiento institucional.
Casi simultáneamente, y como por arte de magia (¿o habrá sido por la formidable laboriosidad y osadía de un periodista?), salieron a la luz misteriosos cuadernos con registro incontrastable de cobro de coimas a empresarios por parte de los gobiernos de Kirchner primero y su esposa después. La explosiva revelación no sólo golpeó a funcionarios del gobierno y en particular a Cristina Fernández. Sobre todo puso en la picota a grandes empresarios. Varios de ellos fueron detenidos y otros están desde entonces procesados, a merced del escarnio público. Dos emblemas del capitalismo local cayeron bajo el maleficio: Roggio y Roca. El primero se convirtió en colaborador arrepentido para eludir la cárcel; el otro lanzó a su segundo a los leones y huyó a México.
Sólo hay que imaginarlo: el titular de la única verdadera transnacional con asiento en Argentina, socio del Vaticano, patriarca entre los socios subordinados del imperialismo, huyendo como conejo en Pascuas frente a su propio sistema judicial.
Los mismos jueces comprometidos con la suma de tropelías cometidas desde siempre en el manejo de los tribunales respecto de los delitos económico, llenaron las cárceles VIP con nombres impensables. Muchos más están desde entonces procesados y a la espera del rumbo político que tome el país. Entre ellos figuran parientes cercanos del Presidente y hasta la empresa de su propia familia está bajo la lupa. Un fenómeno semejante no tiene parangón: grandes empresarios, altos funcionarios (entre ellos el ex vicepresidente y el todopoderoso ex ministro de Planificación), presos por un gobierno… ¡de empresarios!.
A esto cabe agregar que, sin cuadernos pero con montañas de pruebas, el gobierno de Cambiemos llevó a la cárcel –o intentó hacerlo, sin suerte en el caso más notorio- a prominentes señores feudales con membrete de dirigentes sindicales, también parte de la clase patronal, aunque con las singularidades del caso.
En suma: la búsqueda del indispensable saneamiento para que el capitalismo sobreviva, llevó por diferentes caminos y como resultante de un inmanejable juego de presiones a una confrontación interburguesa como jamás ha vivido Argentina.
Acaso involuntariamente, Macri estuvo al timón de esta tormenta impensable. Mientras tanto, para sofrenar los efectos del aspecto estrictamente económico del saneamiento, Cambiemos sostuvo e incluso incrementó las formas de contención social mediante asignaciones familiares y otros mecanismos adoptados por el capitalismo en las últimas décadas para evitar el apocalipsis social. Una herejía para el dogma liberal, existente sólo en antiguos libros que nadie lee. Paradojalmente, lo hizo con los que estaban y siguen estando al límite de la supervivencia, con lo cual el mayor peso del ajuste cayó sobre las clases medias: su propio electorado.
Quienes apostaron a la fuga de Macri en helicóptero y debieron soportar el oprobio de su arrolladora victoria electoral en 2017, cuando la Sra Fernández perdió contra nadie menos que Esteban Bullrich, en la Provincia de Buenos Aires, ahora han descubierto que Cambiemos comanda al Titanic. Para aludir al fracaso oficial, cambiaron de vehículo. Acaso no entienden la diferencia entre un helicóptero, símbolo de la derrota de un Presidente, y un transatlántico, representación del país todo, efectivamente a la deriva en medio de devastadores obstáculos. Al parecer el afán por regresar a la posesión de algún cargo oficial y eludir la cárcel nubla la vista y el entendimiento.
Quienes desechan o minimizan en papel de Macri en esta deriva de la crisis nacional, tienen razón en el sentido de que hay una fuerza invisible que ordena sus pasos, pero yerran redondamente en cuanto al significado de los hechos. Semejan a quienes pretendieron desconocer los juicios a las juntas militares, porque el presidente era Raúl Alfonsín.
Está ocurriendo una fractura muy honda en la burguesía y sus aliados de arriba (imperialistas de diferente nacionalidad) y abajo (sindicalistas venales, iglesias, instituciones deportivas, culturales, etc). En la coyuntura, la arremetida judicial contra algunos de los capitalistas mayores y la supuesta caída en las encuestas (otro instrumento repugnante de manipulación social) lleva al capital a la indecisión estratégica.
Como lo hizo después del Cordobazo, cuando la burguesía vio el rostro de la Revolución frente a frente, un sector entonces mayoritario y hoy minoritario apela al peronismo para sortear la crisis. Medio siglo atrás era la clase obrera quien lideraba la oposición social. Por eso los llamados “gorilas” abrieron las puertas a Perón para que –Triple A mediante- frenara ese ímpetu desde las bases, que implicaba un choque frontal con el capitalismo. Hoy, frente a quienes propugnan perseverar con Macri, hay quienes creen que es imprescindible abrir alguna válvula de escape y que para eso bastaría con… Lavagna. Tal la confusión, desorganización e indefensión políticas de trabajadores, estudiantes y pueblo en general. Aunque no está dicho que Lavagna llegue a ser candidato (aparte otras razones, las decisivas, hasta fines de abril no lo favorecen las mediciones), no está desencaminada la interpretación que le atribuya la posibilidad de encarnar “la tercera vía”.
Una suma considerable de siglas alusivas a agrupamientos denominados progresistas se ha sumado a la eventual candidatura del ex ministro de economía de Eduardo Duhalde. Algo semejante ocurre para apoyar un retorno de la ex presidente Fernández. Según ignotos encuestadores, tan corruptos como los empresarios hoy encarcelados, Macri sería el tercero frente a estos dos contrincantes.
Mientras tanto, si la tilinguería dominante en los medios de incomunicación ha reemplazado la división de la sociedad en clases por “la grieta”, el vaciamiento del pensamiento socialista científico ha cambiado la tarea de concientización y organización de las masas por la obtención de una banca legislativa, siquiera sea de Concejal.
Es comprensible que en este cuadro político las mayorías estén abrumadas y confundidas y la intención de voto cambie como veleta en torbellino. Esa indecisión se traslada a las clases dominantes, razón por la cual aún no han optado. Obligadamente lo harán en los próximos 45 días, puesto que deben definirse candidaturas y fórmulas para las Paso (Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias, engendro mediante el cual el país vive diez meses en campaña electoral y vota innumerables veces).

Papel de los intelectuales orgánicos del capital

Ínterin, la suma de cualidades de analistas, comentaristas y periodistas de los grandes medio los ha llevado al pánico.
Como ocurre con ciertas mentes enfermizas, crean una fantasmagoría en sus propios cerebros, la proyectan a su entorno, son presa del pánico que propagan y luego tuercen desesperadamente para alejarse del peligro imaginado. Así, obligados por sus mandantes a corroer a Macri, ahora gimen ante lo que creen un segura victoria de Fernández.
El mecanismo es retorcido pero simple: primero asumen que a la primera magistratura se llega por la opinión consciente de las mayorías; luego, con base en ridículas encuestas pagas arriban a la conclusión de que esa opinión mayoritaria ya escogió a Fernández; enseguida, ya en la frontera del delirio, se convencen y difunden que Fernández presidiría un gobierno de cambios radicales y transformaciones estructurales con sentido anticapitalista (no importa que la propia interesada ponga como modelo a Portugal, así como en 2007 señaló a Alemania). Finalmente, cocinados en su propia salsa, salen desesperados a pedir que Macri ceda su lugar, o que Lavagna los salve de la pesadilla.
No se debería minimizar el hecho de que están en la cárcel muchos de quienes robaron sumas fabulosas (Fernández está amparada en fueros, como su hijo y a diferencia de su hija, parapetada en Cuba por el momento), pero sólo una ínfima parte de esos dineros ha sido recuperada. Dicho de otro modo: hay montañas de recursos para acicatear la opinión de encuestadores, periodistas, comentaristas, analistas y políticos a la caza de un cargo o, al menos, buena pitanza.
Además de Clarín, también La Nación contribuyó con ese clima que llegó al límite de la histeria: “Fernández gana y Argentina vuelve a enfilarse hacia Venezuela”; la sagrada “libertad de prensa está en peligro”.
Hay más falacias que palabras en esa afirmación. Los historiadores del futuro podrán hacerse un festín con estas elucubraciones a mitad de camino entre la ignorancia, la enajenación y la corrupción. Pero no importa, hoy lo difunden los grandes medios. Y convence a buena parte de la ciudadanía interesada en la política (una ínfima proporción de la sociedad), más los operadores financieros, que al socaire aprovechan para hacer grandes fortunas con obscenas especulaciones día a día.
La lucha interburguesa a punto de salirse de control y la estridente debilidad de Cambiemos y su presidente alientan este absurdo político que no se corresponde con la coyuntura económica del país y, mucho menos, con las relaciones de fuerzas sociales y políticas.
Un sector del capital y los políticos y sindicalistas a su servicio, con el cuco del caos pretenden llevar el generalizado descontento a votar por un Perón calvo y con sandalias de pescador; tan anciano como aquél, pero con apenas el espectro de los sindicatos, partidos, iglesia y respaldo social que apoyaron al original.
Imposible predecir si al límite el gran capital recompondrá el Fab y mantendrá su apoyo a Macri u optará por Lavagna. Depende en mucho del devenir económico de los próximos tres meses. Es altamente probable que quienes ven a un Macri en agonía inmediata se lleven una sorpresa. Para estar al día, observe si acaso Clarín y La Nación comienzan a cambiar el tono.
Como sea, la crisis estructural del país muestra que ni siquiera dominando sin disputa el escenario político el capital logra sostener, por medios democrático-burgueses, la hegemonía sobre la propia clase dominante. Por eso, si Macri revierte el cuadro negativo en el que lo han encerrado los suyos propios, obligadamente acelerará la dinámica hacia un bonapartismo colindante con el fascismo.
Aunque los cerebros del Fab no le dan apoyo y por tanto descartan la perspectiva de una victoria de Fernández, si yerran Argentina ingresaría a una fase diferente, superior, de la lucha interburguesa. Nuevas mafias, con rasgos desconocidos hasta ahora, más carteles narcotraficantes, enseñoreados en el país en los últimos años, estarían formalmente en la disputa. Esto implicaría ingobernabilidad y descontrol económico. Lavagna ofrecería un desenlace semejante, aunque en ritmos diferentes y con otros modales. En los tres casos el país vería formas crecientes de violencia como forma regular del accionar político.
Estas son las perspectivas que la burguesía, en cualquiera de sus fracciones, ofrece al país. Será necesario un arduo esfuerzo para comprender, asumir y educar a millones sobre este horizonte en el abismo. Quiérase o no, el futuro reclama un drástico cambio del panorama político actual, con la irrupción de una fuerza de masas basada en un programa anticapitalista, con metodología democrática y vocación de transformación raigal. No hay racionalidad alguna en aceptar el rumbo que le ofrece el capitalismo a nuestro país.

Luis Bilbao
@BilbaoL

El poder busca consenso electoral para aplicar el ajuste

Macri, el PRO y Cambiemos consiguieron consenso electoral en 2015 y 2017, con lo cual sustentaron el programa de ajuste en curso, con deterioro creciente de todas las variables económicas y sociales. Por eso, al tiempo que crece el desempleo, la pobreza y la desigualdad, junto a la concentración económica y la extranjerización, aparece el agotamiento en el consenso a la política oficial.
La inflación y la recesión son una realidad para definir el rumbo de la dominación, con impacto regresivo en la sociedad, impactando fuertemente en quienes perciben los menores ingresos y que constituyen la mayoría de la población. Son realidad porque son procesos deliberados en la disputa del poder. La recesión es provocada por el gobierno, para ajustar, aunque se le escape el tema precios. Estos aumentan como parte de la disputa entre fijadores de precios para ver quien acumula más riqueza socialmente generada. No solo hay distribución regresiva del ingreso entre el capital y el trabajo, sino que opera también una disputa por la renta entre los propios empresarios.
En ese cuadro, en estos días se agravó la situación, con nuevas alzas del tipo de cambio, con un dólar a 47 pesos, o un riesgo país cercano a los 1000 puntos, evidenciando la imposibilidad de pago de la deuda externa acrecida durante estos años en unos 185.000 millones de dólares. Todo puede seguir aumentando. El dólar no tiene techo y mientras alto cotice más fácil será el logro por sostener el déficit cero de las cuentas públicas, e incluso buscar el superávit exigido por la ortodoxia. El riesgo país es la presión internacional para acelerar el ajuste y las regresivas reformas laborales, previsionales y tributarias. La deuda seguirá refinanciándose tanto como se quiera, a cambio de nuevas rondas de ajustes. Los acreedores externos, más que cobrar, pretenden condicionar el cambio reaccionario.
Estas devaluaciones de la moneda son palmaria demostración del ejercicio del ajuste y se traslada a los precios, más allá de los “precios esenciales”, apenas 64 productos sobre una base de miles necesarios en el abastecimiento cotidiano. Algunos se sorprenden por la evolución de tal o cual variable, cuando todas y cada una de ellas son variantes del ajuste buscado por el poder económico y político, local y mundial. Ese conjunto de bienes y servicios del universo cotidiano de consumo sufren modificaciones en sus precios y afectan la vida diaria por la carestía. Solo a modo de ejemplo podemos verificar como las petroleras ya anuncian un 5% de incremento de los combustibles para mayo, y a no dudar, eso se transfiere a precio.
Sobre esta realidad y para intentar frenar la volatilidad cambiaria, la tasa de interés establecida desde el BCRA vuelve a superar el 70% (71,87% para las LELIQ del 26/4 según el BCRA) y persevera en un costo usurario para cualquier proyecto familiar, productivo o de desarrollo. Lo concreto es el estímulo a la especulación financiera para los pocos en capacidad de invertir excedentes en la timba de las finanzas. De hecho, basta observar el movimiento del saldo de las reservas internacionales para verificar que los ingresos de divisas desembolsados por el FMI o por liquidación de exportaciones favorecen la fuga de capitales. Si el 9/4 había 77.481 millones de dólares de Reservas internacionales, dos semanas después, el 24/4 quedaban 72.330 millones de dólares.
¡¡¡Son 5.151 millones de dólares menos en dos semanas!!! Después argumentan que en el país no hay recursos disponibles para inversiones productivas, ¡¡¡increíble, pero real!!! No a todos les va mal. Esos miles de millones se acreditaron en algunas cuentas, seguramente en el exterior o en activos externos, lo que incluye las cajas de seguridad.
Tan dura es la realidad económica y social que ahora se duda del mantenimiento del consenso electoral a la propuesta del oficialismo para gestionar otro periodo de gobierno y consolidar el cambio (reaccionario) del orden vigente. Crece el descontento social e incluso la protesta, que incluye un Paro Nacional con movilización para el próximo 30/4. Por eso, desde el mismo poder económico concentrado y extranjerizado se proponen adecuaciones en la oferta electoral de renovación presidencial, incluyendo hipótesis que demandan la abstención de la candidatura del presidente Macri. Aunque ello no ocurra, vale consignar la presión a Macri y su entorno más estrecho para acelerar los cambios que el poder demanda. Insistamos: reformas laborales, previsionales e impositivas.
El poder reconoce que, ante la baja de la consideración social al aporte del gobierno, ya no alcanza con el ajuste en desarrollo, ya que se necesita del consenso electoral para avanzar más allá de la contención del gasto público y promover reformas estructurales (laborales, previsionales y tributarias) para hacer rentable la inversión capitalista. Es una exigencia del capitalismo de época y no solo para la Argentina. Se trata de un programa que es hegemónico en el sistema mundial actual y que solo tiene resistencias nacionalizadas en función de la histórica organización social y popular en cada territorio.
Queda claro que en la Argentina no han podido torcer el brazo, aún, del movimiento sindical y social para realizar las reaccionarias reformas que requieren, pese a complicidades de organizaciones sindicales y sociales que retardan protestas y movilizaciones de confrontación con la estrategia del poder. Destacan suscripciones a la baja de convenios colectivos, caso de los petroleros en el sur patagónico para avanzar con las inversiones en Vaca Muerta, pero no pueden trasladarlo a otros sectores y territorios. Si alguien consulta por el conflicto energético cordobés, más allá de la pretendida privatización de la empresa pública (EPEC), lo que hay es una fuerte presión ´para modificar el histórico convenio colectivo de Luz y Fuerza de los tiempos de Agustín Tosco.
El objetivo del poder pasa por disciplinar a las organizaciones populares que retardan la adecuación estructural del capitalismo local a las demandas de la hegemonía neoliberal construida desde la política pública en las últimas cuatro décadas. El capitalismo, local y mundial ya no puede funcionar bajo las lógicas reformistas del Estado benefactor o su variante devaluada aplicada en nuestra región entre los 50 y los 70 del siglo pasado. Por eso el neoliberalismo ensayado bajo las dictaduras del Cono Sur entre 1973 y 1976, generalizadas luego en el capitalismo mundial en los 80 y 90, viene por más, que no es otra cosa que revertir derechos conquistados por más de un siglo. Insistamos, no es solo una cuestión nacional, es global.
La onda temporal pasa por la reestructuración regresiva de las relaciones laborales con precariedad del empleo, menos seguridad social y baja de salarios; pero también con la reforma del Estado vía privatizaciones, desregulación y nueva funcionalidad del Estado para sostener la demanda de ganancias y acumulación capitalista. Por eso no servía ni sirve para el poder la integración no subordinada en la lógica del ALBA, la CELAC e incluso Unasur. Estas dos últimas, aun conteniendo a regímenes de orientación contradictoria, no incluían la presencia de EEUU y Canadá, discutiendo así la hegemonía imperialista para la región.
En síntesis, el ajuste avanza con la política oficial consensuada y avalada por una oposición institucional complaciente, sin espacio por ahora para profundizar en líneas de intervención directa en cambios estructurales por la subsistencia de un movimiento popular en la resistencia. Este obstáculo es el que hay que remover, aducen desde el poder. La disputa electoral interviene en esa dirección, ya que el que gane deberá confrontar el mayoritario apoyo conseguido en las urnas con una lógica en sentido inverso de crítica, protesta y búsqueda de alternativas que satisfagan necesidades populares ampliadas. Esa contradicción no se resuelve en el mercado, sino que será producto de fuertes iniciativas enfrentadas, entre el bloque del poder y los sectores afectados por la política hegemónica, lo que incluye la represión crecientemente explícita.
La batalla es política y se busca hacer funcionar el orden económico en tiempos de brutal ofensiva del capital. Algunos intelectuales, como Joseph Stiglitz, Nobel de Economía 2001, y otros economistas críticos de la ortodoxia cree que es posible volver a la política económica de hace 4 décadas, restableciendo un orden entre mercado y sociedad, ilusionando con una lógica que asocia democracia con capitalismo. Es bueno discutir esa tesis para pensar si es posible encontrar solución a las necesidades sociales y de la propia naturaleza en el marco del capitalismo.
El socialismo no tiene buena prensa, pero su búsqueda sigue siendo un faro que ilumina el presente y el futuro, por lo que a veces nos entusiasma indagar sobre la posibilidad de construir nuevas propuestas políticas, que rompan el tablero de lo previsible y se presente una propuesta en contra y más allá de la lógica del capital. Ello supondría romper la fragmentación de una izquierda amplia, más allá de partidos, que articule a grupos políticos, sociales, a personalidades y a diferentes trayectorias históricas que anidan en una perspectiva crítica al capitalismo y horizonte socialista. Puede parecer un sueño, pero en la víspera del día internacional de los trabajadores y las trabajadoras bien vale anteponer un deseo por hacer realidad de la utopía en tanto objetivo que nos permita caminar para inducir una lógica de transformación social.

Julio C. Gambina

Angelelli: de la complicidad del Vaticano a la beatificación



Este fin de semana en la capital de La Rioja, fueron beatificados el cura Enrique Angelelli y tres de sus colaboradores. Angelelli fue referente de los sacerdotes que integraban la corriente eclesiástica abierta luego del Concilio Vaticano II, que abogaba por un aggiornamiento de la iglesia católica y por un acercamiento de los clérigos a los pobres.
Angelelli fue parte de la Juventud Obrera Católica de Córdoba, corriente del catolicismo populista, vinculada al peronismo en el antiliberalismo político y económico; y el nacionalismo. Fue obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Córdoba y fue designado obispo al frente de la diócesis de La Rioja en 1968, en un contexto político convulsionado. Sobre el “Cordobazo”, Angelelli sostuvo que era “grito de rebeldía lanzado por la juventud y la clase obrera” y que “es necesario cambiar de rumbo”. El obispo realizaba encendidos discursos donde denunciaba las problemáticas sociales que sufría el pueblo feligrés. Impulsó la creación de sindicatos rurales en una provincia en que la curia había sido, históricamente, cómplice del poder patriarcal de los terratenientes. Así se fue ganando el desagrado de la burguesía riojana, quienes lo acusaban de marxista o comunista. Angelleli simpatizaba con la Juventud Peronista, en uno de cuyos actos participó en 1973 (La Stampa, Vatican Insider, 31/10/18). Por eso mismo, los editorialistas de La Nación escribieron un editorial contra la beatificación (30/7/18), lo que motivó un cruce con el obispado riojano.
El 4 de agosto de 1976, mientras viajaba junto al cura Antonio Pinto, su vehículo fue embestido por otro auto. Este ataque de los grupos de tareas ocurrido en Chilecito, cerca de la capital riojana, fue presentado como un "accidente de tránsito".
Recién en 2014, luego de 38 años de lucha de organismos de derechos humanos, el Poder Judicial reconoció que se trató de un "homicidio". De los cincos acusados, solo dos fueron condenados: Luciano Benjamín Menéndez y Luis Estrella.
El cura Antonio Puigjané, muy cercano a Angelelli, sentenció: “la jerarquía de nuestra Iglesia católica fue prácticamente cómplice del genocidio que las Fuerzas Armadas infirieron a nuestro pueblo (...) Desde el Vaticano no hubo reacción alguna, más aún desde ese nivel se ayudó a tapar lo sucedido con el obispo riojano”. En esa jerarquía que refiere Puigjané se encontraba el actual papa, Bergoglio, que durante esa época estaba al frente de la orden de los Jesuitas.
En el marco de la proclama de beatificación, Francisco pidió que se siga "el ejemplo" de Angelelli y "apoyen a los que trabajan por una sociedad más justa y solidaria". Una total demagogia por parte de quien está comprometido en maniobras de ocultamiento y encubrimiento de abusos sexuales a menores.
El Vaticano intenta limpiar su imagen, otorgándole el título de beato y mártir a Angelelli y compañía. Lo cierto es que la beatificación es que la iglesia fue uno de los máximos soportes de la dictadura cívico-militar. La misma aún no hecho una apertura irrestricta sus archivos.
La lucha contra la impunidad debe barrer con el silencio cómplice de una de las instituciones más opresoras de la historia.

Juan Rubolino

Cuatro motivos para ir este martes con el clasismo y el Frente de Izquierda a Plaza de Mayo



El acto será este martes a las 17 horas en Plaza de Mayo. Antes, al mediodía participaremos del paro y marcha con una columna independiente bajo las banderas “Derrotar al FMI, Macri y los gobernadores en las calles” y “Paro activo de 36 horas y plan de lucha”. Hablan Del Caño, Bregman y dirigentes del Movimiento de Agrupaciones Clasistas.

- Porque nos están saqueando y el ajuste no se aguanta más
Cada semana que pasa, la situación social y económica del país está peor. La inflación del primer trimestre fue de 12 % y el dólar sigue subiendo. Los alimentos aumentaron más todavía. La desocupación ya pasó el 10 % y la pobreza se acerca al 35%
Mientras el bolsillo popular no da más, el gobierno paga 1 millón de “intereses de deuda” por minuto, los especuladores hacen negocios millonarios con el dólar y las tasas de interés. A pesar de ese saqueo, la última semana dijeron que es difícil que Argentina pueda pagar la deuda y se disparó el “riesgo país”.
El país está en manos del FMI y están llevando al pueblo trabajador a la ruina. No se puede esperar más. Hay que salir a las calles.

- Porque hay que romper el pacto de las cúpulas y exigir un plan de lucha
Ante esta situación, la CGT no hace nada. A cambio de millones para las obras sociales, continúan con una tregua criminal. El Frente Sindical de Moyano, Palazzo y Pignanelli, después de 7 meses de seguir el mismo libreto, hace un paro este martes 30 y un acto en Plaza de Mayo junto a las CTA.
Pero se ha negado a convertirlo en un paro activo con piquetes para ayudar a que paren trabajadores y trabajadoras de otros sindicatos. Tampoco ha convocado a asambleas en cada gremio, para discutir cómo darle continuidad con un plan de lucha y cómo transformar la jornada del 30 en un pronunciamiento masivo contra el FMI y los ajustadores.
Es que los sindicatos que se reclaman opositores, alineados con el kirchnerismo, no quieren que se desate toda la bronca y toda la fuerza de la clase trabajadora. Quieren convertir esa jornada en una manifestación de apoyo electoral al peronismo.
El clasismo plantea: paro activo de 36 horas, plan de lucha ya.

- Porque el clasismo y el Frente de Izquierda tienen una salida
El control del FMI sobre nuestra economía es aceptado por todas las fuerzas políticas tradicionales. Los que lo apoyan abiertamente, como Macri, los gobernadores de todos los colores y la CGT cómplice. Y los que se niegan a romper con el Fondo o enfrentarlo, como el kirchnerismo y corrientes sindicales como el Frente Sindical y las CTA.
El clasismo y el Frente de Izquierda plantean otra salida. No hay vueltas: o se rompe con el Fondo o se profundizará el ajuste contra las mayorías populares.
Por eso el Movimiento de Agrupaciones Clasistas que impulsa el PTS en el Frente de Izquierda participará con una política independiente en la jornada del 30. Peleando para que el paro sea contundente en los gremios donde fue convocado y luego de la movilización del mediodía a Plaza de Mayo con una columna independiente. Allí estarán sus agrupaciones en los gremios convocantes y los despedidos en lucha de SIAM, Kraft-Mondelez y Coca-Cola, así como quienes pelean en Fate, Docentes y otros sectores. Lo haremos exigiendo un paro activo de 36 horas y un plan de lucha por todas las demandas obreras, empezando por el no pago de la deuda, la ruptura con el FMI y medidas de emergencia en defensa del bolsillo y el empleo, como el reparto de las horas de trabajo y un salario igual a la canasta familiar actualizado por la inflación.
Nos convocamos a las 12 horas en Avenida de Mayo y 9 de Julio.

- Porque vamos a levantar una tribuna obrera, socialista e internacionalista
En las vísperas del Día Internacional de los Trabajadores, el Frente de Izquierda levantará una tribuna de lucha en Plaza de Mayo. Contra quienes quieren llevar la bronca obrera ante la crisis al apoyo electoral al peronismo, nosotros luchamos por la independencia política de los sindicatos y la clase trabajadora.
La convocatoria del Frente de Izquierda deja clara cuál es nuestra salida. “Derrotemos al FMI, Macri y los gobernadores. Que la crisis la paguen los grandes empresarios, banqueros y terratenientes. No al pago de la deuda. Ruptura con el FMI. Paro activo nacional de 36 horas y plan de lucha. Apoyo al sindicalismo combativo y antiburocrático. Fuera la burocracia sindical. Apoyo a todas las luchas. Fuera el imperialismo de Venezuela y América Latina. Por un gobierno de los trabajadores. Por la Unidad Socialista de América Latína”.
Por eso estarán allí miles de luchadores. Del sindicalismo clasista, de las mujeres y el feminismo socialista, de la juventud trabajadora y estudiantil, y los referentes políticos del Frente de Izquierda.
Hablarán referentes de esos sectores. Será la oportunidad de escuchar a Juan Contrisciani, parte de la nueva generación de delegados del combativo Astillero Río Santiago y de la Agrupación Marrón (MAC), sobre las propuestas que tenemos para coordinar a los trabajadores y estudiantes que salgan a la lucha ante la crisis. También a Lorena Gentile, obrera de Kraft y referente de la oposición a Daer en la Alimentación, que viene de participar de una histórica acción en esa fábrica contra la violencia machista y subirá al escenario junto a Myriam Bregman, diputada porteña y una de las principales referentes del PTS-Frente de Izquierda.
Y cerrará el acto Nicolás del Caño, diputado nacional del PTS-FIT y referente del Frente de Izquierda. Antes lo harán Romina del Pla, diputada nacional del PO-FIT, así como dirigentes del PO e Izquierda Socialista.
Para pelear por una salida como la que planteará el FIT en esta jornada, el PTS insistirá en la necesidad de construir una gran fuerza política que impulse la movilización independiente de los trabajadores, las mujeres y la juventud.

LID