martes, marzo 31, 2020

El gobierno paga a los bonistas el equivalente a 25.000 respiradores



Son cerca de 250 millones de dólares en vencimientos de intereses.

El 31 de marzo había sido fijado originalmente como la fecha límite por el gobierno de Alberto Fernández para cerrar una renegociación de la deuda con el FMI y los bonistas. Si bien la crisis detonada por la pandemia cambió sustancialmente el escenario, el Presidente volvió a declarar que aspiran a evitar un default. Mientras se espera que el ministro Martín Guzmán haga pública una propuesta de reestructuración de casi 70.000 millones de dólares, el gobierno pagó a los bonistas con reservas internacionales cerca de 250 millones.
Se trata de dos cupones de intereses. Uno por 224 millones del bono Par que fue emitido tras el canje para pagar la deuda que había sido defaulteada en 2001, y el resto corresponde a Letes que habían sido reperfiladas por el gobierno de Macri en septiembre pasado. La suma de los montos es equiparable a la compra de 25.000 respiradores artificiales que podrían reforzar el sistema sanitario en crisis; y es 14 veces lo asignado por el gobierno como partida especial para salud en marzo.
Todo este esfuerzo para evitar el default -que se complementa con aproximadamente 150.000 millones de pesos pagados a los acreedores de la deuda local desde que comenzó el año- podría sin embargo no ser suficiente para evitar una cesación de pagos. La fecha crítica que se avizora ahora es el 22 de abril, cuando vencen otros 500 millones de dólares.
Las complicaciones no solo derivan de las disputas por cuál va a ser la quita o los plazos sobre los bonos reestructurados en poder de los bonistas (ya que sobre los 44.000 millones que debe al FMI no se estarían negociando recortes).
El aspecto crucial es que los tenedores de bonos desconfían de la capacidad de pago de la Argentina, siendo que las nuevas proyecciones arrojan que el PBI nacional se contraería hasta un 6,7%. A ello hay que sumar la caída de la recaudación, no solo por menor actividad sino además por los rescates a los capitalistas; un ejemplo es que se estudia modificar las retenciones petroleras, para pasar del 12% actual a un esquema móvil que eximiría de gravámenes las exportaciones en caso que el precio del barril caiga por debajo de los 30 dólares.
Reflejo de esta desconfianza es que la cotización de los bonos ya cayó por debajo del 30% de su valor nominal, algo que no sucedía desde el default de 2001. Estamos ingresando en zona de fondos buitre, no solo por lo barato de los bonos sino también porque las inyecciones de liquidez de la FED y el Banco Central Europeo, con tasas 0 o negativas, convierten la especulación de los buitres en un negocio extraordinario. Por otro lado, la caída en la cotización de activos que ofrecen garantías mucho mayores de pago pueden estimular a los actuales tenedores a vender sus posesiones argentinas para pasarse a inversiones más seguras.
El bajo nivel de operaciones no evidencia todavía que los fondos buitre estén comprando masivamente bonos argentinos, pero un empantanamiento de la negociación podría decantar rápidamente en un cuadro de este tipo. Por otro lado, como sugiere un especialista (Clarín, 29/3) la atomización de tenencias plantea la posibilidad de que con una posición no muy grande ciertos fondos puedan bloquear un acuerdo, como hizo Fidelity en enero cuando forzó a Kicillof a pagar al contado 277 millones de dólares por el BP21.
Las consecuencias de este rescate de una deuda quebrada no solo se expresan en el consumo de los recursos fiscales y cuasi fiscales (los adelantos del BCRA), sino además en el salvataje que se lleva adelante con los fondos del Anses. Estos días el gobierno volvió a enchufar nuevos bonos al Fondo de Garantía de Sustentabilidad para evitar pagarle vencimientos, y el mes que viene haría lo mismo con otros vencimientos por 2.300 millones de dólares. Este camino fue allanado con la ley de emergencia sancionada en diciembre, que permite aumentar las tenencias en bonos públicos del 50 al 70% del FGS. Producto de estas operaciones este fondo ya perdió en los últimos dos años el 50% de su valor.
La crisis sanitaria promete agravarse al compás del pago de la deuda externa usuraria y fraudulenta. Más que nunca, planteamos la investigación y el no pago a los especuladores.

Iván Hirsch

No hay tal “dureza presidencial” sin prohibir los despidos



Alberto Fernández al extender la cuarentena hasta el 13 de abril rugió “voy a ser muy duro con quienes especulan con esta situación y con quienes despidan gente”. ¿Será así, es eso posible? ¿Frenará el Presidente todo despido? La cuestión de los “especuladores” la dejamos para otro trabajo, porque los precios de ciertos alimentos se han ido por las nubes sin la menor reacción oficial.

Infobae arriesga que el destinatario del mensaje duro sobre despidos es Paolo Rocca de Techint, que anunció el despido de 1.450 trabajadores de algunas de sus obras en marcha. El gobierno cita a las partes, patronal y Uocra, en el Ministerio de Trabajo para discutir el sonado tema. Por lo pronto, Miguel Ángel Toma, el exSide de Menem, miembro del directorio de Techint se despachó: “Si el Presidente quiere que no se eche a nadie que haga una ley, no entremos en valoraciones morales”. Lo que hace prever la posición patronal en la audiencia: los despidos en las obras “están amparados en la legislación vigente” y en el propio convenio Uocra que permite la inmediata desvinculación en caso de paralización de las obras.
Por otro lado, el grupo Techint, la mayor empresa del país, tiene mucho para negociar. Pretende seguir, y de hecho lo está imponiendo, con la producción de tubos sin costura para continuar con su exportación, un rubro que de esencial no tiene nada, y menos con el derrumbe de la industria petrolera a nivel mundial. Eso sí, con interés recaudatorio para las cuentas públicas.
Pero Techint es apenas la punta de un ovillo. La consultora Analytica estima que “el 64% de los aproximadamente 19 millones de trabajadores de la Argentina, unos 12,1 millones de personas, están en riesgo de perder sus empleos por las políticas para contener la expansión del coronavirus” y continúa “un subgrupo de ´muy alto riesgo´, unos 5,5 millones de personas que se desempeñan fundamentalmente como trabajadores informales, monotributistas y autónomos” (Infobae).
La propia Uocra denunció que se vendrán 100.000 despidos de continuar la cuarentena. Agreguemos que la defensa de los albañiles difícilmente venga de Gerardo Martínez, porque los trabajadores de la salud del Sanatorio Franchin de su Obra Social, en el corazón de la Capital, denunciaron el 28 de marzo despidos con fecha predatada del día 18, es decir, un día antes de la declaración general de cuarentena.
La realidad es que se han conocido denuncias de despidos en los más diversos rubros, el bingo de Pilar, tercerizadas de Aerolíneas, Cinemark, bares en Mendoza y otras provincias, 40 destajistas del 147 en La Plata por parte del Intendente Montenegro, 41 músicos de la orquesta de José C. Paz, centenares de repartidores, solo por citar algunas denuncias recibidas. La extensión de la cuarentena extenderá esta gangrena de manera geométrica, como la misma propagación del virus.
La pelea mediática con Paolo Rocca no resolverá un problema descomunal en puerta si no se dispone de inmediato una ley de prohibición de despidos. Para dar una idea, en la mismísima EE.UU., cuando solo el Estado de Nueva York había dispuesto cuarentena, se anotaron en una semana 3,3 millones de trabajadores al seguro de desempleo, una cifra inédita. En la Argentina, ya empezó una presión de la burguesía para salir de la cuarentena bajo extorsión de despidos masivos.

La UIA y Daer, un solo corazón

La cuestión está siendo discutida día a día en la reunión que la directiva de la UIA realiza cada mediodía. En distintos medios ha trascendido que los industriales, en conjunto con la CGT, reclaman que a la extensión de la cuarentena le siga una flexibilización de las actividades esenciales, que ya hoy significan el 40% de la economía.
Daer ha confirmado esta posición de la burocracia sindical. El Destape publicó su posición: “se pueden armar protocolos, algún esquema diferenciado para ciertos sectores industriales o de la construcción que no están en los sectores urbanos, hay que ir estudiando de qué manera no cae la generación de riqueza”.
Más adelante, Daer entra en la posición de concertar rebajas salariales y/o suspensiones con las empresas porque para él “el piso del recorte salarial es del 100%, hasta que uno se sienta a negociar”. Luego anticipa que hay 300 mil empresas afectadas que podrían despedir y propone “suspender la vigencia de los artículos 241 y 237 de la ley de contrato”, lo cual está por detrás de Donald Trump que ofrece créditos y subsidios a las empresas que no despidan. BAE dice que Daer plantea suspender los artículos 221 y 247. Los artículos que propone suspender Daer comprenden solamente los acuerdos de desvinculación consensuada y sus preavisos y los de despidos y suspensiones por “fuerza mayor”. No los demás.
La burocracia sindical está metida hasta las manos con las patronales. Y la exhortación moral de Alberto Fernández encubre que no hay protección a los trabajadores ante los despidos inminentes que plantea la extensión de la cuarentena y aún la salida de ella que será, en cualquier caso, traumática.
Los despidos deben ser prohibidos por ley hasta el fin de la pandemia, no de la cuarentena. Lo mismo las suspensiones sin remuneración o con rebajas salariales. El Estado debe garantizar los puestos de trabajo y el salario de los trabajadores. Incluso de aquellos del sector informal. Por ello hemos planteado el seguro de $30.000 para informales, monotributistas, empleadas domésticas, desocupados y todo tipo de cuentapropistas.

Prohibición de despidos inmediata, por ley

Pero la prohibición de despidos puede abordarse también para las compañeras y compañeras que están en negro que son millones en el empleo de casas de familia, en la producción rural y en la construcción. La ley de prohibición de despidos debe incluir la estabilidad del trabajador informal que denuncie su despido, garantizando reincorporación y estabilidad laboral, lo que adicionalmente contribuirá a un blanqueo masivo de trabajadores.
El planteo del Partido Obrero, de la Coordinadora Sindical Clasista y del Frente de Izquierda en su conjunto, en el sentido de prohibir los despidos, se ha revelado de vida o muerte en esta lucha contra la pandemia. Porque, el trabajador despedido no podrá tampoco respetar la cuarentena, al igual que aquel que no tiene ingreso alguno y debe hacer frente al hambre, antes de que le llegue el virus.
El Estado debe volcar los recursos enteros de todo su potencial para garantizar este curso de acción, lo cual supone la anulación inmediata de todo pago de la deuda externa que sólo mañana, martes 31 de marzo, se llevará más de $18.000 millones entre los vencimientos en dólares y en pesos.
La clase obrera estará obligada en intervenir. Llamamos a organizar comisiones obreras de salubridad en todos los lugares de trabajo, para proteger la salud, garantizar la cuarentena, defender el salario y enfrentar todo despido. En las difíciles condiciones planteadas hay que superar la entrega de la burocracia sindical y asociar nuestra intervención a un programa de los trabajadores para enfrentar la catástrofe en la que se unen el virus de la pandemia, a la barbarie capitalista.

Néstor Pitrola

Pandemia y revolución: pantallazo sobre Argentina y el mundo

A finales de marzo, diez días después de decretado el aislamiento obligatorio en todo el territorio nacional, Argentina muestra síntomas de agotamiento y creciente malestar en todos los estratos de la sociedad.

Noticias provenientes de los centros metropolitanos tienen sobre ascuas a la población informada: con excepción de China, la pandemia no cede y provoca un cataclismo humano, mientras las bolsas sufren un derrumbe sin precedentes y adelantan una caída catastrófica de la economía mundial. Se pronostica una disminución del 20% en el producto interno bruto estadounidense.
Abril será un mes crucial. Según el ministerio de Salud, el pico de la pandemia en Argentina sobrevendrá a mediados de mayo. Datos de otro orden indican que la crisis de la deuda tendrá su punto culminante también a mediados de mayo, momento cuando el gobierno asumirá una renegociación con los acreedores o, como todo indica, se declara en cesación de pagos. También para ese momento, según adelantan econometristas locales, la extensión de la cuarentena pondrá al aparato productivo-comercial del país en situación de colapso tanto más extenso e incontrolable cuanto más se prolongue la parálisis ordenada por el Ejecutivo. Mayo es entonces un límite señalado por todos como punto de imposible continuidad para el orden socioeconómico vigente.
De modo que el país afronta a plazo fijo el riesgo de una tremenda convulsión, con base en la desarticulación del aparato productivo, con raíces estructurales llevadas al paroxismo por la cuarentena, combinado con un colapso sanitario. Ambos aspectos serán considerados más abajo, luego de exponer con el máximo de simplificación, temas imprescindibles para interpretar la situación actual y su proyección desde una perspectiva diferente a la preponderante en los medios de difusión.

La sociedad frente a la crisis

Hay alarma en las clases dominantes y en todos los niveles de gobierno. Se multiplican signos indicadores de dos fenómenos inseparables: falta de autoridad central y aparición de aspirantes a minicaudillos, que desde sitiales mínimos obran contra las decisiones del Ejecutivo nacional, rompen descaradamente el orden constitucional e instauran el reinado del capricho y la arbitrariedad. Una impensable “dictadura de concejales”. De allí hay apenas un paso a la violencia. La ya añeja dinámica de disgregación nacional alcanza nuevos e inesperados límites: intendentes de minúsculos distritos desafían a gobernadores y a la Casa Rosada.
Mientras tanto, aterrorizadas ante la amenaza del Covid 19 las clases medias urbanas han producido otro milagro argentino: se aferran al balbuciente y desencajado presidente Alberto Fernández, quien sólo alcanza fluidez en el lenguaje cuando insulta a ciudadanos indisciplinados (“idiotas”, “imbéciles”, los llama, desde el sillón de Rivadavia y con la bandera nacional detrás). Pocos admiten que esa indisciplina social es, aparte razones culturales de las que nadie podría enorgullecerse, un rechazo a quienes ejercen cargos ejecutivos: “¿qué autoridad moral tienen estas personas para decidir qué hago con mi vida?”, se preguntan explícita o calladamente millones de jóvenes. En las franjas arrojadas a la marginalidad o la miseria, ni siquiera existe la pregunta: nadie toma en cuenta a los funcionarios. En las clases medias, sin otro parámetro que el individualismo, la respuesta oscila entre la aceptación temerosa y el desacato irracional. Aun así, una mayoría parece respaldar las medidas oficiales que obligan a reclusión dispar, a menudo caprichosa.
Esas mismas clases medias girarán en redondo mañana, cuando la extensión del encierro se les haga insoportable. Pero está en su naturaleza social votar ayer a Alfonsín, después a Menem, más tarde a De la Rúa, luego al matrimonio Kirchner y después a Macri, para volver enseguida a lo que supusieron un refugio, del que ya comienzan a renegar.
Otro es el clima en la gran burguesía. Ésta comprueba la imposibilidad para cualquiera de sus fracciones de imponerse a las demás, como resultado de lo cual, a más de cien días de gobierno, Fernández no tiene plan económico ni equipo que pueda siquiera diseñarlo y proponerlo. Si para grandes sectores de la sociedad la irrupción del coronavirus es por ahora un atenuante que ayuda a soportar la incertidumbre económica mientras todo se agrava a ritmo descontrolado, el capital hegemónico discute con vehemencia la así denominada “opción por la salud”, en detrimento de “la economía”. Y observa, con temor cercano al pánico, hechos a la vista de todos: parálisis del equipo económico, caída vertical de la producción y el comercio, ausencia de un Ejecutivo nacional con capacidad de mando, desesperación y eventual explosión de sectores marginalizados que en situación de cuarentena no tienen posibilidad de cumplir con el aislamiento y a la vez quedan sin el acceso a tareas informales que le permiten sobrevivir día a día. En otras palabras: se paraliza el giro económico, pero no la contaminación masiva.
Ya los grandes medios de prensa han virado su orientación; comienzan a cuestionar el recurso de la cuarentena casi total y a buscar un punto intermedio entre “salud” y “economía”. En pocos días más ese alineamiento se trasladará a las atribuladas capas medias, confinadas en un departamento de 60, 80, 100 o 200 metros, según el estrato al que correspondan, situación en cualquier caso insoportable para una conciencia moldeada en el individualismo y la ventaja personal.
Imposible medir con instrumentos ciertos la conducta de la clase trabajadora. Convencida una gran parte de que es “clase media”, tenderá a comportarse como los sectores más bajos de aquéllas. Otras franjas, presumiblemente, tomarán distancia del gobierno y reclamarán sus reivindicaciones económicas, como le propone, con rara unanimidad por el suicidio, el infantoizquierdismo. Hasta la fecha no se conoce una sola declaración –ni hablar de un documento conceptual con orientaciones estratégicas- de las cúpulas sindicales, algunas de las cuales ofrecen caritativamente hospitales sindicales para atender la emergencia. Será difícil reaparecer con ropajes de dirigentes después de esta omisión vergonzosa. La mano de obra excedente, o “ejército de reserva” -como se denominaba a la masa de desocupados y subocupados cuando las palabras no eran empleadas para ocultar y engañar- estará más que nunca a la merced de maniobras políticas. No ya para votar en una elección, sino para volcar el peso de la sociedad hacia una revolución o el fascismo.
En este panorama social, el país ingresa a una segunda fase de resistencia a la pandemia mientras el mundo ilustra, con la inmediatez de nuevos medios de telecomunicación, un panorama de enfermedad y muerte.
El jueves 26 desembarcaron tropas del Ejército en La Matanza, el distrito bonaerense de mayor concentración de habitantes, máxima pobreza y rampante marginalización de seres humanos. Llevan comida a los desesperados y promesa de orden al gobierno y las franjas sociales con mucho o poco por perder. Aunque imperceptible, éste es el hito indicativo de una nueva etapa en la crisis argentina. Pero no conviene sacar conclusiones apresuradas: nadie entre estos actores, en primer lugar el gobierno, tiene la posibilidad de trazar un curso de acción. Sin base de sustentación propia, el de Alberto Fernández es un Ejecutivo librado exclusivamente a cambiantes resultantes de relaciones de fuerza interburguesas, sólo marginalmente determinadas por el elenco oficial. En medio de la tormenta internacional y nacional, Argentina navega al garete.

Teoría y política

¿Priorizar la salud o la economía? En las últimas horas se oye una y otra esta pregunta. Compelidos por las exigencias de una pandemia devastadora, la repiten todos quienes llevan la voz cantante en los medios masivos.
Al decir salud refieren a la sociedad como conjunto. Economía alude a un arcano al que entienden como la manera de obtener dinero, de pagar o recibir salarios u otras formas de ingreso monetario.
En ese esquema, optar por la salud es un camino recto y breve para obtener galardón de progresista. Es lo que hizo el gobierno. Poner la economía en primer lugar, en cambio, es prueba del más rancio espíritu reaccionario o, como gustan decir ahora, “neoliberal”. Con el transcurrir de las semanas, autores alarmados ante las perspectivas ya palpables han llegado a la conclusión de que es necesario combinar ambos términos. No se ve que den un paso más allá.
Si se trata de optar entre salud y economía, está claro que una no propende a la otra. Nadie ha cuestionado hasta el momento el absurdo de semejante dicotomía. Esto no ocurre por la torpeza de quienes incurren en ella sino porque esa es, efectivamente, la opción en un sistema capitalista. Ni tirios ni troyanos pueden admitir que, al límite, optarán por la defensa del sistema, es decir, en contra de la salud.
Hace algo más de un siglo la nueva ciencia nacida como Economía Política, perdió el apellido y, junto con él, la condición de disciplina científica. Pasó a ser apología. En lo que acaso fue la más cruel ironía de la historia, el naciente sistema capitalista, que produjo un salto gigantesco de la humanidad y con él impulsó la aparición de una ciencia que lo explicaba, a poco andar la desmanteló hasta convertirla en su contrario: un instrumento que impide incluso a sus más lúcidos intérpretes comprender el fenómeno que tienen delante. Adam Smith, quien por supuesto no era economista y como filósofo comenzó a desentrañar las leyes del capitalismo, fue negado por sus acólitos, no antes de que cantara un gallo, sino cuando el sistema ya consolidado comenzó a tener convulsiones que amenazaron su continuidad.
La Economía Política es la ciencia que estudia la relación entre los seres humanos en el esfuerzo por extraer de la naturaleza lo necesario para vivir y hacerlo cada vez en mejores condiciones.
Por el contrario, la disciplina ahora denominada Economía, impartida en las universidades de todo el mundo, enseña a garantizar la obtención de plusvalía. Cuando la inexorable ley de la baja tendencial de la tasa de ganancia reaparece con inusitado vigor, la encomienda es encontrar los mecanismos para torcer la curva y sostener así el edificio tambaleante. Según la sensibilidad (y otros rasgos, a considerar más adelante) del profesional de esta función, esa masa de plusvalor será destinada en mayor o menor proporción al Estado o a manos privadas. Furibundos “estatistas” y acérrimos “neoliberales” coincidirán sin embargo en negarse a cuestionar el sistema de producción, incluso si lo ven balancearse al borde del abismo.
En otras palabras: la apología impartida en las universidades como Economía, impide comprender la realidad en todo aquello que no sea maximizar la tasa de ganancia del capital. Por eso la buena gente licenciada en esa pseudo ciencia ahora se debate entre prolongar la cuarentena para evitar muertes en escala probablemente muy elevada, o reiniciar cuanto antes la actividad para recuperar la cotidiana extracción de plusvalía y sostener así la continuidad del sistema. Está excluida en esa diatriba la posibilidad de entender que “la economía” (es decir, la producción, el trabajo manual e intelectual realizado por toda la sociedad, en la salud y la enfermedad) es la base de cualquier forma de inmunidad para la especie humana. Está igualmente excluida la evidencia de que el capitalismo enferma psíquica y físicamente a la inmensa mayoría y sólo cura a una porción para quitarle también por esa vía una parte de su trabajo, mediante la medicina privada, las así llamadas “obras sociales” de empresas sindicales o la desatención pública.

Vacuna anticapitalista o epifanía keynesiana

Estados Unidos acaba de aprobar el vuelco de 2,2 billones de dólares al mercado, en desesperado intento por frenar el descenso hacia una depresión universal. Son 2.2 millones de millones de dólares (2.200.000.000.000.000.000). Si usted asimiló el número, tendrá una idea del dislate. Si no pudo hacerlo, su idea será más precisa.
Cifras más modestas, aunque igualmente desmesuradas, debate la Unión Europea para evitar que además de la depresión, sobrevenga la invasión económica estadounidense. En latitudes menos favorecidas por la acumulación primitiva de capital, presidentes convenientemente coucheados propusieron en la reciente reunión virtual del G-20 que los más afortunados proveyeran a sus países fondos suficientes para relanzar, también al Sur del Río Bravo, economías ahorcadas por la fatídica combinación de crisis propia, coronavirus y desmoronamiento de las grandes metrópolis. Un hallazgo de intrepidez política.
Años atrás, en coincidencia con el inicio de la contraofensiva estratégica de Estados Unidos, comenzó a penetrar en franjas de la intelectualidad la idea de que para enfrentar a lo que dio en llamarse “neoliberalismo”, lucifer postmoderno, era preciso aferrarse en la coyuntura al keynesianismo. Si alguien supone que cambiar capitalismo por neoliberalismo y marxismo por keynesianismo era una operación estratégica de los ideólogos del capital, está parcialmente errado: no todos eran intelectuales comprados al contado por universidades prestigiosas. Un número considerable sucumbió a la engañifa como resultado de la debacle teórico-político universal, acentuada al extremo desde el derrumbe de la Unión Soviética. Como quiera que será muy difícil diferenciar a unos de otros, lo cierto es que desde la socialdemocracia internacional esa noción penetró en todo el mundo, en América Latina con eje en el PT de Brasil y en el peronismo a la sazón gobernante en Argentina. Funcionarios importantes de muchos otros gobiernos de la región, algunos por entonces impensables, sucumbieron a ese coronavirus ideológico que devastó direcciones partidarias, centros de estudios y equipos asesores de alto nivel. Quienes por entonces declaramos la pandemia, no tuvimos eco. Hasta cierto punto, es nuestra responsabilidad.
Ahora toca a quienes, para afrontar la crisis, eligieron como enemigo al denominado “neoliberalismo” y propusieron “fortalecer el Estado” (sin apellido, por supuesto), declarar su lúgubre error estratégico o… ¡sumarse a Donald Trump como paladín del neoliberalismo! Los más progresistas pueden aferrarse a Macron o Sánchez (“que no es lo mismo pero es igual”). No hay duda de que muchos lo harán.
Obrar con seriedad requiere, sin embargo, apartarse de todos ellos. La inyección de dólares o euros en cifras siderales a la economía mundial puede –y no es para nada seguro- posponer la depresión, pero en modo alguno logrará revertir la aceleración de la competencia interimperialista, la dinámica de desagregación y confrontación bélica entre las principales potencias y de éstas con los países subordinados, sobre todo con aquellos ricos en energía y alimentos.
El mundo ingresa a un período de crisis económica en cadena. En última instancia está el cuello de botella representado para el capitalismo por el excedente inmanejable de mercancías. Si se asume que en este sistema el trabajo humano es una mercancía y que ésta sobreabunda en volúmenes inmanejables, quienes se burlan del ínclito Trump, de Boris Jhonson o Jair Bolsonaro, deberán reconsiderar su actitud: ellos representa el ala menos hipócrita del capital, consciente de que o bien elimina a millones de excluidos del sistema, o bien serán excluidos por estos.
En una nota anterior (Coronavirus, crisis global y coyuntura regional) quedó afirmado que el colapso bursátil provenía inicialmente de la pugna intercapitalista, que llevó a Arabia Saudita y aliados en la ocasión, a chocar de frente con las petroleras estadounidenses, especialmente aquellas productoras de shale oil. Era obvio que esta nueva situación empujaba a Washington a acelerar su embestida contra el gobierno de Venezuela. Así se explica la descarada violación de las leyes internacionales por parte de Estados Unidos al denunciar a Nicolás Maduro como narcotraficante y poner precio a su cabeza. El riesgo de una invasión militar contra la Revolución Bolivariana es mayor al de otras oportunidades. Y la necesidad de actuar según una estrategia de frente único antimperialista, más urgente que nunca. Que Trump actúe según el guión de malas películas del Far West no excluye una lógica consistente en su conducta: es el acorralamiento económico y estratégico del imperialismo lo que guía los pasos del funambulesco presidente estadounidense, consagrado ahora como el keynesiano más prominente de la historia.

Un mundo post-coronavirus

Otra noción de moda es que habrá una Argentina y un mundo diferentes cuando concluya esta coyuntura sin precedentes, en la que más de dos mil millones de habitantes del planeta aceptan de buen grado permanecer en confinamiento.
Eso es verdad, puesto que si en rigor nada es igual a sí mismo, tanto menos lo será tras atravesar situaciones como la actual. Pero la idea de que el sufrimiento y las inexorables pérdidas que dejará como saldo la pandemia, pondrán automáticamente a la humanidad en un escalón superior, carece de fundamentos.
Es altamente probable que se produzcan, a término, grandes choques políticos y sociales en todos los planos. Sólo está excluido –hasta el momento y no por mucho tiempo- la confrontación de clase contra clase. Pero esto es harina de otro costal, que habrá de cernirse en otro momento.
En tanto, la lucha social espontánea y sin fronteras previsibles se incrementará. Y se abrirá un espacio extraordinariamente grande para avanzar en la conciencia y la organización de las masas. En Argentina, no sólo las clases dominantes, sino los propios sectores medios, han necesitado esta pandemia para descubrir la dimensión inabarcable de la pobreza y la marginalización a que han sido arrastradas millones de personas en los arrabales de todas las grandes ciudades del país. Ahora la burguesía despliega un esfuerzo más parecido a la desesperación para evitar que esas masas despojadas de todo descubran, por ejemplo, que las clases dominantes les temen; descubran que les llevan comida, les dan dinero le hacen promesas vacías, para que tengan el mínimo imprescindible y no se lancen a la calle.
Los de arriba todavía tienen instrumentos para ganar o al menos salir bien parados de la primera batalla. Y los de abajo todavía no rechazan abiertamente vivir como hasta ahora. Pero aquéllos en hipótesis alguna podrán ganar la guerra sin destruir por completo el entramado institucional que hoy sujeta a la sociedad. Si lo hacen, por decisión consciente o fuerza ciega de los acontecimientos, completarán el desmantelamiento del sistema político-social que viene llevando a cabo la crisis, como silencioso topo. Si el mundo tiene como primera referencia para la situación actual el colapso de 2008, en Argentina ese punto está en el estallido de 2001. A eso tiende la crisis actual, sólo que en un cuadro incomparablemente más grave que entonces. La imagen de diputados huyendo despavoridos por las inmediaciones del Congreso para que no los alcanzara la turba, no es una fotografía del pasado.

Luis Bilbao
@BilbaoL

Pandemia, salud y economía

Existe una falsa dicotomía entre salud y economía, tal como interesadamente se la quiere visibilizar en estas horas. El argumento es que está bien el aislamiento, la cuarentena, pero que al mismo tiempo se destruye la economía por efecto de la recesión inducida, la que agrava un trayecto de arrastre de más de dos años. Son argumentos para condicionar la decisión de ampliación de la cuarentena, que, si observamos la breve historia del COVID19, resulta lo adecuado desde la política pública para evitar los contagios, lo que supone aplanar la curva de contagios de la población. Les preocupa a los grandes empresarios y a sus intelectuales, profesionales, comunicadores o periodistas, la ausencia de ganancias durante la cuarentena. Se escudan en el argumento que no podrán pagar salarios e incluso, reconocen los millones que viven de la diaria, de un trabajo cotidiano informal, en muchos casos no inscriptos por la impunidad empresarial. Es cierto que el aislamiento afecta a buena parte de la economía, pero existen actividades esenciales que continúan su actividad, por caso la industria de la alimentación, de la medicina, o el servicio de traslado y distribución de las mismas y otras mercancías. La actividad productiva de alimentos o de medicamentos no está parada, ni tampoco la actividad de exportación de la producción primaria, que genera actividad en los puertos. ¿Incluso, y no menor, siendo esto así, porque aumentan los precios de los alimentos, cuando los precios están congelados al 6/3?
Hay presión del poder económico porque les preocupa la ganancia, sus ganancias, caso evidente con el grupo Techint despidiendo 1450 trabajadores. Un grande de la economía local y mundial que acumuló a costa del Estado. Ese acumular de cuantiosas ganancias le permitió una expansión más allá del territorio nacional para constituirse en un grupo transnacional con origen en el país, pero con actividad y especialización del primer nivel en varios países del sistema mundial. Si no puede aguantar el costo de esos salarios, la sociedad debe discutir cómo enfrentar estas acciones ante el incumplimiento de las disposiciones y sugerencias relativas a no despedir y a conservar empleo, entre ellos, créditos pre acordados sobre la nómina salarial.
En torno a la crisis del 2001 se generalizaron experiencias de “recuperación de empresas” y la autogestión por las trabajadoras y los trabajadores pasó a ser una respuesta de los afectados por la recesión y la crisis. Habrá que pensar, en la coyuntura, los cursos de acción a tomar desde la sociedad e incluso desde el Estado, para inducir una nueva institucionalidad en el orden económico.

¿Salud versus economía?

No se puede dividir el razonamiento entre salud y economía. Qué habría ocurrido si la inversión pública por años se hubiera orientado a consolidar y fortalecer integralmente la salud, a contramano de una lógica ideológica de retirada del Estado de la inversión, donde lo único que valía era la iniciativa privada, el estímulo a la inversión privada, incluso externa. En el mismo sentido y extendido a la situación de la economía mundial, imaginemos un mundo donde el gasto en salud (también en educación) fuera similar al gasto militar o a las inmensas remesas destinadas a cancelar deudas públicas externas, en muchos casos ilegitimas u odiosas, caso de la Argentina.
No sorprende la dinámica militar en sus desplazamientos por el mundo y lo que podría generarse si la previsión de los Estados estuviera puesta en la salud de la población. Si el eje fueran los derechos humanos, el mundo podría tener brigadas internacionales de solidaridad, tal como lo hace Cuba, que a propósito del coronavirus ofrece asistencia a 13 países que demandaron la efectiva participación sanitaria de la Isla. Qué curioso, los países hegemónicos del sistema mundial pueden desplazar contingentes militares y sus equipos con eficiencia, e incluso desarrollar tecnología de guerra que actúa sobre el planeta como si fuera un solo territorio. El despliegue de bases y tropas suponen un gasto enorme, que, aplicado a salud, más la cooperación internacional, aseguraría el combate a cualquier pandemia. La política nacionalista, de America First, impide la cooperación de los países que mejor resolvieron la situación, por caso China. La realidad es que Trump estigmatiza a su competidor global designando al coronavirus con la identificación de “virus chino”. La impotencia o la soberbia puede ser grave para un país que lidera el número de contagiados, superando los 143.000 afectados y sumando más de 2.500 fallecidos.
Los países que hoy constituyen el foco de contagio debieran promover la cooperación internacional y no la competencia entre ellos para ver quien resuelve la vacuna antes de tiempo. Es momento de cooperación y no de competencia. Es tiempo de aprender de quienes anticiparon propuestas que a ojo vista han resultado adecuadas. Mientras antes se resuelva la pandemia más rápido se recuperará la actividad económica, pero claro, ¿habrá que discutir si se pretende volver a una “normalidad” sustentada en la súper explotación de la fuerza de trabajo y la depredación de la naturaleza? Es grave que hace pocos días se reuniera virtualmente el G20, para no resolver más que diplomáticas declaraciones. En el mismo sentido se pronuncia el FMI, que solicita tener en cuenta las necesidades de los países con sectores sociales vulnerables, al tiempo que aconseja el ajuste y las regresivas reestructuraciones de la economía. Resulta interesante el mensaje del presidente argentino al G20, pero desoído por la hegemonía del capitalismo global.

Argentina

Respecto de la Argentina se destaca el accionar preventivo en materia de salud e incluso diferentes medidas con el ojo puesto en sectores muy necesitados, y claro que eso no alcanza, pero es el rumbo que debe enfatizarse. El abastecimiento básico no está asegurado en los territorios de la pobreza y de la indigencia. Es más, los precios de la carne, frutas y verduras suben, ni hablar de otros bienes en circulación que hacen a la vida cotidiana. Estos bolsones de pobreza son consecuencia del orden capitalista, en Argentina y en el mundo, más aún con la lógica neoliberal impuesta desde el 1975/76 en adelante, con los matices defensivos en el periodo. La pobreza es un crimen, como el deterioro de la salud pública. Mercantilizar la salud fue un crimen y hay que revertir el proceso, centralizando en la gestión pública el derecho a la salud.
Por eso, es que insistimos que todos los recursos deben orientarse a satisfacer derechos, en primer lugar, la salud, claro que también la educación e incluso otros, pero en la pandemia, la salud es el privilegio. No se debe destinar un solo peso o dólar a la cancelación de la deuda si previamente no se realiza una auditoria con participación popular y se define que parte es legal, legitima y en esa condición establecer el calendario de afectación de recursos, insistamos, con privilegio en la salud. Eso es: infraestructura hospitalaria, camas, respiradores, insumos, seguridad de las/os trabajadoras/es. Es común en estos tiempos la realización de asambleas de trabajadores reclamando medidas urgentes sobre equipamiento, ni hablar de salarios, de profesionales, enfermeras/os, camilleras/os, administrativas/os, etc. No alcanza con el aplauso colectivo, hace falta presupuesto y centralidad del Estado, en el país y en el mundo.
Salud es economía, y debemos constatar que existen millones que no pueden hacer cuarentena porque hay hacinamiento, ausencia de ingresos y por tanto deben salir diariamente a resolver la vida cotidiana, lo que incluye acciones colectivas de prevención, caso de los comedores o merenderos. Hay imposibilidad de asumir el aislamiento para millones de personas empobrecidas, esos que el INDEC cuenta por encima del 35% de la población en nuestro país. El mismo INDEC alude a casi 400.000 millones de activos de argentinos en el exterior, el 84% del sector privado, con una deuda de 330.000 millones de dólares. La repatriación de esos capitales o la aplicación de un impuesto de emergencia es una necesidad inmediata.
Está bien preocuparse por la economía, la inflación actual y la recesión, sí, pero no por el camino del lobby “gran empresario” y sus voces ampliadoras, inspirados en las diatribas de los Trump o los Bolsonaro. Hay que actuar rápido para sostener la economía popular, por lo que no debe haber despidos e incluso sustentar las paritarias virtualmente, como se promueve para las clases en el sector educativo. Los docentes deben adecuarse a las nuevas modalidades a distancia, bueno, los convenios colectivos de trabajo pueden discutirse también virtualmente.
No hay excusa, la economía importa e interesa y hay que pensar en el sector más empobrecido. Resulta imprescindible articular una política conjunta entre autoridades, movimientos populares, sindicales, territoriales, de jubilados, para estimular la auto-gestión entre trabajadoras/es y el Estado, incluso el sector cooperativo y las pequeñas y medianas empresas. En el eje de este comentario está asegurar la alimentación para el conjunto de la sociedad. En el país no debería haber hambre.

Julio C. Gambina

Aunque millones no tienen para comer, el Gobierno les pagará a los grandes especuladores



El Gobierno desembolsará U$S 250 millones en intereses de deuda, representa nueve veces más que el fondo especial de $ 1.700 millones para reforzar el sistema de salud. En vez de destinar esa suma a fortalecer el presupuesto se prioriza pagar a los especuladores.
En plena pandemia y crisis social, el Gobierno sigue destinando recursos a pagar la deuda. Este martes el ministro de economía, Martín Guzmán, piensa desembolsar U$S 250 millones (equivalente a $ 16.375 millones) al pago de intereses del bono Par.
Aunque la negociación de la deuda ha perdido relevancia mediática frente al avance del coronavirus que ha transformado la realidad nacional y mundial, esta sigue más vigente que nunca. El gobierno mantiene una firme voluntad de pago, destinando millones a “honrar los compromisos” con los bonistas mientras miles de familias pierden su empleo, o ven disminuir sus ingresos por trabajar menos horas debido a la cuarentena obligatoria.
La crisis afectará a los sectores más vulnerables, pero la negociación de la deuda continúa. En este marco, el martes se pagarán los cupones de renta de los bonos Par -emitidos en la reestructuración de la deuda que cayeron en cesación de pagos en 2002– tanto bajo jurisdicción nacional como extranjera; y nominados en dólares, pesos, euros, y yenes.
Alberto Fernández en una entrevista que le dio a la Televisión Pública afirmó "los acreedores privados deben dejar de cobrar intereses a los países en deuda porque no es posible pagarlos hoy en día". Sin embargo, no cumple con sus afirmaciones, millones se destinarán al bolsillo de los especuladores.

¿A cuánto equivalen los U$S 250 millones?

Ese monto se podría destinar a aumentar el presupuesto de Salud en medio de la crisis. Los U$S 250 millones o $16.375 millones representa 9 veces más que el fondo especial de $ 1.700 millones destinado por el Gobierno para reforzar el sistema de salud, en el medio de una pandemia de magnitud sin precedentes.
También se podrían construir un hospital de 900 camas y un hospital de 200 camas, o costear 4 millones de test masivos.
Además, los U$S 250 millones equivale a casi a la mitad del gasto destinado al "Ingreso Familiar de Emergencia", que otorga $ 10.000 a 3.5 millones de hogares vulnerables. Un monto completamente insuficiente, que condena a amplios sectores al hambre y la miseria.
Mientras los recursos siguen yendo a una deuda odiosa, aún hay faltantes de alcohol, alcohol en gel no hay testeos masivos. Mucho menos camas y respiradores suficientes para disminuir el número de muertes evitables ante el pico del virus.

Comienza la cuenta regresiva para Guzmán

Coronavirus de por medio, los “mercados” dan por descontado que no se cumplirá con la fecha fijada por Martín Guzmán para acordar con los acreedores, el 31 de marzo. Esta semana continuarán las reuniones virtuales con los acreedores, y se espera que la oferta para el canje de los U$S 68.842 millones con los privados, se dé a conocer en estos días.
A pesar del hermetismo oficial, se espera que Guzmán presente una oferta “agresiva” que incluiría la extensión de plazos de vencimiento con 3 o 4 años de gracia -es decir sin pagar un solo dólar durante ese lapso- y con quita en intereses cercana al 40%/50%. Hasta el momento gran parte de la deuda a reestructurar está en manos de fondos de inversión, que teniendo en cuenta el valor de los bonos argentinos alrededor del 30% (de valor de papel o paridad), podrían acceder a la propuesta por considerarla atractiva.
Pero si los bonos argentinos siguen cayendo, debido al contexto internacional (hundimientos de las principales bolsas, de los precios del crudo y perspectivas económicas que empeoran día a día), quedaría la puerta abierta para la entrada de los buitres. Es decir, los fondos de inversión podrían desprenderse de los bonos, que pasarían a manos de los fondos buitres que tienen otra estrategia: no negociar y esperar a cobrar todo sin quita alguna, cuando pase el temblor.
Para ir cerrando, en el mundo las potencias imperialistas han avanzado en rescates históricos poniendo plata en empresas para disminuir los despidos, y algunos en subsidios sociales como respuesta a la crisis abierta. En el estado Español han prohibido despidos, en otros países se nacionalizan líneas aéreas, se reconvierten líneas de producción. Claro que buscan “salvar” este sistema de producción de un colapso mayor, y es claro que han sido responsables de esta situación de abandono de la salud pública y creciente desigualdad social.
En Argentina seguimos pagando una deuda odiosa, con recursos que deberían ir destinado a las necesidades sociales para enfrentar esta pandemia. No se puede destinar un peso más, tiene que haber un repudio soberano de la deuda externa. Llevar adelante un plan de emergencia ante la crisis, establecer la prohibición de despidos y suspensiones con rebaja salarial, la centralización de todo el sistema de salud, entre otras. Esta crisis no se tiene que descargar sobre los trabajadores y los sectores populares.

La Izquierda Diario

Las desigualdades de producir desde casa

Internet siempre ha sido presentada como una tecnología democrática y democratizadora. Pero de la crisis emerge una fotografía de segregación social.

Esta semana, dos hospitales en Milán han comenzado a repartir tablets entre los enfermos terminales incomunicados y en aislamiento, para que puedan despedirse de sus familias y seres queridos, en un gesto que busca darle un poco más dignidad a una muerte espantosa. En los últimos años, el cine, la televisión y la literatura se han encargado de imaginar todo tipo de escenarios tecno-distópicos, pero nada así de desolador.
La crisis mundial desatada por la agresiva expansión del COVID-19 ha sido descrita como un evento que ocurre una vez cada cien años y cuando acabe, el mundo será probablemente muy distinto al que conocimos. Lamentablemente, parece que todavía falta mucho para ello. Italia ha superado a China y es ahora el país con más muertes producto del coronavirus, que a nivel mundial ascienden a casi diez mil víctimas fatales.
El llamado ha sido a quedarse en casa y reducir el contacto social, como una forma de ralentizar la propagación del virus y evitar que los sistemas de salud colapsen. El teletrabajo y la educación en línea se han convertido en los modos sugeridos para que las personas puedan seguir realizando sus rutinas productivas desde casa. Internet —que siempre ha sido presentada como una tecnología eminentemente democrática y democratizadora — aparece como una de las principales maneras de sobrellevar la crisis.
Pero lo que emerge es una fotografía de segregación social, una expresión más de las condiciones precarias en las que millones de personas viven en nuestra región y que muchas veces son invisibilizadas en las declaraciones públicas de autoridades que son incapaces de imaginar que hay gente que simplemente no tiene acceso a internet. Las últimas cifras disponibles de la CEPAL, de 2017, cuantificaba que tan solo el 45% de los hogares de la región estaban conectados a la red. Y aunque probablemente esos números han aumentado en los últimos años, muy seguramente el porcentaje de personas excluidas todavía es alto.
Además es importante comprender que no todas las formas de conexión son iguales ni equivalentes; la velocidad es un factor determinante y más todavía el dispositivo a través del cual nos conectamos a internet. Hoy, la principal forma de conexión a internet en el continente es por medio de dispositivos móviles. Consecuentemente, no es lo mismo pedirle a una niña que resuelva una tarea escolar utilizando su propio computador, a que lo haga a través de su teléfono celular. Aunque en ambos casos se tenga acceso a exactamente al mismo material de estudio, la segunda experiencia es sustantivamente peor, simplemente porque ese dispositivo no fue diseñado ni construido para ello. Así, nuevamente el ejercicio de un derecho fundamental queda sujeto a las posibilidades económicas de una persona o su familia.
A ello hay que sumar las condiciones ambientales del trabajo: no todo el mundo tiene la posibilidad de convertir un rincón del hogar en una oficina casera; todavía peor, mucha gente habituada a convivir un par de horas al día con el resto de su familia se verá ahora forzada a tener que negociar espacios, horarios, necesidades y también ancho de banda, muchas veces en casas hacinadas o concebidas más como dormitorios que como lugares de convivencia familiar y mucho menos oficina multifuncional. Todo esto sin mencionar a aquellas personas que desempeñan funciones que no pueden ser realizadas a la distancia, por ejemplo, los trabajadores de la altamente precarizada “gig-economy”, que reciben órdenes de una app y que deben verse en la disyuntiva de salir a trabajar arriesgando su salud o simplemente perder su fuente de ingresos en tiempos de alta incertidumbre.
Evidentemente estamos viviendo un momento inédito y particularmente difícil. Pero esta experiencia debería ser valiosa para cuando lo peor haya pasado. Hay dos reflexiones en las que creo que será necesario profundizar: primero, el teletrabajo ha sido una parte importante de los discursos de flexibilización laboral, pero no nos engañemos: para mucha gente tener trabajar desde su casa se convertirá en otra forma de precarización si es que no se toman medidas tendientes a asegurarle a los y las trabajadoras condiciones mínimas para el desempeño de sus funciones a distancia.
En segundo lugar, es errado pensar que internet es una tecnología eminentemente igualitaria. Sin embargo, existe en ella un potencial para ayudar a corregir algunas desigualdades de base. Ello dependerá del modo en que la tecnología se implementa y se usa. Si lo dejamos en manos del mercado y la capacidad individual de las personas, las cosas seguirán siendo tan injustas como antes y quizás, hasta peores.

Vladimir Garay

Uruguay: test para COVID-19 desarrollado por la Universidad de la República comienzan a utilizarse esta semana

Sumando el desarrollo de kits por parte de la Universidad de la República y el Instituto Pasteur, Uruguay intentará mejorar sus niveles de testeo para COVID-19.

El día sábado 28 de marzo el Ministerio de Salud Pública de Uruguay, la Universidad de la República y el Instituto Pasteur de Montevideo firmaron un acuerdo para aumentar la capacidad de diagnóstico de COVID-19 mediante el uso de test desarrollados localmente. (Ver anuncio del Instituto Pasteur de Montevideo).
Uruguay detectó su primer caso positivo el 13 de marzo y desde dicha fecha fueron aumentando día a día hasta alcanzar este domingo los 309 casos positivos. Con una tasa de testeo de aproximadamente 200 por día, Uruguay estaba realizando 57 test por día por millón de habitantes, muy por debajo de los promedios de otros países de la región (pero bastante por encima de Argentina, que estaba haciendo para ese momento menos de 30 por día por millón). Esto provocó malestar en trabajadores de salud, población de riesgo y personas que presentaban solo algunas de las condiciones de caso sospechoso (síntomas, viaje a zona de riesgo o contacto con algún caso positivo) por no poder acceder al test o no haber claridad sobre los criterios. El descontento se profundizó cuando, la semana del 16 de marzo, el presidente Lacalle Pou anunció recortes salariales en el sector estatal, incrementos tarifarios en abril y beneficios al sector empresarial como medidas para enfrentar la crisis sanitaria, abogando a la farsa de “el esfuerzo es de todos”, como si fuera el mismo esfuerzo un plato menos de comida, para les trabajadores, que unos meses con retracción en sus ganancias, para los empresarios (verla nota de nuestros corresponsales de La Izquierda Diario Uruguay: Descuentos salariales a estatales y exoneraciones a empresarios). El primer muerto por coronavirus el sábado 28 apuró los anuncios del gobierno de sumar a la compra de kits de testeo el desarrollo de una serie local que venía trabajando la Universidad de la República y el Instituto Pasteur.
El 18 de marzo científicos del Laboratorio de Virología Molecular de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República (Udelar) y del Laboratorio de Evolución y Experimentación de Virus del Instituto Pasteur, anunciaron en los diarios locales sus avances en el desarrollo de un kit de testeo de producción local que resultase más económico que los que se vienen ofreciendo en el mercado internacional. Diez días después, estos laboratorios junto al Ministerio de Salud de Uruguay anunciaron que los kits ya están validados y comenzarán a usarse esta semana. Según declaró Luis González, presidente de la Junta Nacional de Salud de Uruguay, al periódico El Observador: “Uruguay comenzará a partir de la semana que viene a realizar aproximadamente 1000 tests de diagnóstico por día.” Estas cifras significarían para Uruguay, 290 test diario por millón de habitantes, ubicándolos por encima de Alemania, que realiza 277, Corea del Sur con 205 o Argentina que este fin de semana alcanzó los 95. Sin embargo, trabajadores de salud y el propio sector científico, que conocen la realidad con la que trabajan día a día, saben que el ambicioso plan llevará varios días de acondicionamiento, equipamiento y capacitación. Además, de que aún no hay información clara sobre la llegada de los kits que se compraron fuera del país y sobre qué otras medidas se están tomando para equipar y acondicionar los centros de salud para posibles internaciones. Sin embargo, el desarrollo del test local mostró una vez más la función social que históricamente han cumplido las Universidades públicas. Contraponiendo con hechos a las declaraciones que en campaña Lacalle Pou hizo sobre limitar el ingreso y reducir gastos utilizando más las herramientas virtuales.
Juan Cristina, Jefe de Laboratorio de la Facultad de Ciencias y miembro del grupo de investigación que desarrollaron el test local, del que destacó la labor de Gonzalo Moratorio y Pilar Moreno, en conversación con el periódico El País de Uruguay, dijo que cuando se conoció la noticia de una nueva infección de coronavirus en China y, semanas después, estuvieron disponibles los protocolos de testeo, junto a su equipo de laboratorio se pusieron a trabajar para la producción local del kit. Es por eso que el test que desarrollaron sigue los lineamientos de los ensayos que puso a disposición la OMS pero con una producción local que abarata los costos y evita las limitaciones que impone la demanda, prácticamente, en el mundo entero. (Ver nota aquí)

La importancia del testeo masivo

En La Izquierda Diario venimos sosteniendo la importancia de avanzar con el testeo masivo, clave para dirigir los recursos y las medidas de distanciamiento social, tal como plantea el titular de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, "test, test y más test". Tener un diagnóstico adecuado de las regiones, los niveles y la expansión de la infección, es la mejor manera para poder efectuar un distanciamiento social y un confinamiento planificado en función del desarrollo de la infección. Conociendo el desarrollo de la infección a través de los test, se puede administrar y organizar de forma anticipada los recursos de atención social, económica y sanitaria. Como así también, realizar pruebas diagnóstico es fundamental para cuidar a les trabajadores de salud y de todos los servicios esenciales como producción de alimentos, transporte, energía y comunicaciones.
A principios de marzo en Argentina, mientras el Ministro de Salud Ginés González García se mostraba tranquilo frente al coronavirus, varies científiques y centros de investigación se comunicaron con las correspondientes autoridades ministeriales para ofrecer instalaciones y personal para realizar las pruebas diagnóstico, así como también, propuestas de líneas de investigación. (Ver documento de voluntarios aquí)
Así fue como el 18 de marzo, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación anunció la conformación de la “Unidad Coronavirus COVID-19” y el plan de descentralización de las pruebas diagnóstico a 35 centros, que aún continúa en proceso, y el anuncio de refuerzos presupuestarios para aquellos grupos que tuvieran líneas de investigación en desarrollo relacionadas a coronavirus. El 27 de marzo el MinCyT lanzó la convocatoria a presentación de proyectos “vinculados al diagnóstico, el control, la prevención, el tratamiento, el monitoreo y/u otros aspectos relacionados al COVID-19 con fecha abierta hasta el 10 de abril.”
Hasta el momento no hay anuncios específicos sobre los grupos y las líneas de investigación que se están preparando.
En momentos tan críticos del desarrollo de la pandemia, se convierte esencial la producción local de los test, así como otros insumos de uso hospitalario y de seguridad para les trabajadores de transporte, fábricas de alimentos y productos de higiene, por ejemplo, que siguen asistiendo a sus trabajos. Esto no solo reduce costos, sino también permite cierta independencia de las especulaciones y vaivenes del mercado internacional. Un plan integral que unifique y centralice los recursos de los laboratorio privados con los del sistema público, tanto a nivel sanitario como científico, permite una mejor planificación y distribución de los recursos, así como también, la posibilidad de reconversión de la producción en función de las necesidades actuales. Y a nivel global, hoy más que nunca se evidencia la necesidad de la cooperación entre los sistemas científicos de los diferentes países, a contramano de la competencia y especulación que promocionan las megacorporaciones de las biotecnociencias.

Constanza Rossi
Licenciada en Biología (UBA) @ConstanzaRossi5
Lunes 30 de marzo | 12:40

Descuentos salariales a estatales y exoneraciones a empresarios en Uruguay



El anuncio de Lacalle Pou, lleno de demagogia y retórica, recorta salarios medios, pero mantiene beneficios para los sectores más poderosos. La solidaridad mal repartida esconde el cinismo de perpetuar los privilegios de clase.

En conferencia de prensa, ayer el presidente Luis Lacalle Pou anunció formalmente la decisión de un recorte salarial a la plantilla laboral estatal para crear el Fondo Coronavirus y así contribuir a paliar la situación de los sectores más vulnerados.
El recorte será de un 10 % en salarios a partir de $80 mil y de un 20 % a partir de los $100 mil por dos meses, y abarca tanto al funcionariado público como a los cargos políticos y a las jubilaciones militares.
El presidente aclaró que “no es una medida simpática, pero es una medida solidaria”. “Esto es solidaridad pura” sentenció, y así bajaba el martillo en la reducción compulsiva de un porcentaje de los salarios estatales.
La medida tiene mucho de demagogia, y fue presentada como un esfuerzo que debemos hacer todos, mostrando que, si el sector privado ya venía afectado, ahora también le tocaba el turno al sector público. Con esta medida, el gobierno busca enfrentar a los trabajadores públicos con los privados y desempleados o no registrados, e impone la “solidaridad” de quienes tienen ingresos medios hacia quienes no llegan a fin de mes.
Sin embargo, es una medida que, mientras ataca el ingreso de los sectores medios, mantiene sin tocar la ganancia de los grandes empresarios, la renta del gran capital, o las utilidades de las grandes patronales que, en estos momentos de terrible crisis, siguen beneficiándose – o por lo menos no pierden – ya que el gobierno las ha exonerado de impuestos y permitido los seguros de paro en todas las ramas y sin causa.

La clase trabajadora debe ser – y es – solidaria, pero, ¿y los grandes empresarios?

Sabemos que siempre que hubo momentos de crisis económica y social, fueron los sectores de la clase trabajadora organizada los que salieron solidariamente a montar ollas populares, merenderos y comedores para colaborar con quienes están peor.
Cientos de ejemplos podemos mencionar donde este tipo de iniciativa solidaria se realiza de forma casi espontánea y desde los mismos sectores de base de las organizaciones sindicales y territoriales. Son reacciones lógicas y necesarias que pretenden mantener los lazos de solidaridad en el conjunto de las clases populares, y refuerzan la identidad (de clase) y la conciencia social.
Pero la solidaridad así planteada por el gobierno liberal de Lacalle Pou es utilizada para ocultar que hay grandes ganadores en momentos de crisis, y que se han venido beneficiando durante todos estos años.
¿Cuáles son estos sectores que se siguen beneficiando, y hasta lucran en el medio de la crisis?
Podríamos mencionar a los laboratorios y las grandes cadenas farmacéuticas, a los fabricantes de insumos para la salud, a las cadenas de supermercados, a las arroceras y toda la agro-industria destinada a la exportación, a la banca extranjera, y a otros sectores como las empresas de logística, las que operan en el puerto, etc.
Todos estos sectores se han venido beneficiando en tiempos del Frente Amplio en el gobierno, y ahora lo hacen también en tiempos de crisis del Coronavirus. Pero parece que para el presidente Lacalle Pou, estos sectores no deben hacer ningún esfuerzo ni gesto de solidaridad. Es que Lacalle Pou gobierna para ellos, y siempre va a legislar para que las crisis las paguen los trabajadores y el pueblo, y así preservar la ganancia capitalista.

Ajustar a la ganancia, y no al salario

Desde sectores del PIT-CNT han salido a objetar que la medida viola el espacio de negociación colectiva, pero siguen manteniendo su condescendencia con la mayoría de las medidas del gobierno blanco, que se ha basado en habilitar a las patronales la posibilidad de mandar al seguro de paro a toda la plantilla laboral, inyectar una suma de dinero para fortalecer los dispositivos de asistencia social a los más pobres, mientras ha exonerado y reducido impuestos a los empresarios y protege sus ganancias - que no son del orden de un salario de $100 mil, sino que estamos hablando de grandes sumas de dinero.
Frente a la parálisis del PIT-CNT, es necesario que la clase trabajadora se plante firme en proteger el salario, impidiendo en primer lugar que sigan avanzando los despidos, que la cuarentena se realice con el salario al 100 % pagado por las empresas, que los seguros de paro en las ramas afectadas sea al 100 % del salario y que se garantice el ingreso del sector informal de la economía que, según algunos registros, llega a unos 300 mil personas que tienen distintas formas de precariedad laboral.
Es necesario exigir que se ajuste a la ganancia capitalista, y que nadie se beneficie con esta crisis: que los grandes laboratorios, tanto extranjeros como nacionales, pongan sus instalaciones y capacidad logística para la producción de insumos, y que estén controlados por sus propios trabajadores para evitar que los capitalistas retaceen la ayuda. Se debe ajustar a los capitalistas a partir de imponer mayores impuestos a las grandes fortunas, y que verdaderamente pague más quien tiene más.
Hay que poner todos los recursos disponibles al servicio del combate al Coronavirus: por eso hay que aumentar los impuestos a las exportaciones de los monocultivos como la soja, a los grandes frigoríficos que también exportan, o al capital financiero que sigue moviéndose en función de la especulación y la renta usurera.
Hay que dejar de pagar la deuda externa y destinar esos fondos a subir el sueldo a las trabajadoras y trabajadores de la salud que se están exponiendo a la pandemia pero que siguen firmes sosteniendo el (colapsado) sistema de salud, y aumentar el presupuesto de la salud. Hay que privilegiar la deuda con el pueblo trabajador, y no con los organismos internacionales que lucran con nuestra necesidad. Esto es exactamente lo contrario a lo que viene haciendo el gobierno que hoy nos endeuda nuevamente.

El capitalismo merece ser cuestionado

Es mentira que “salimos todos juntos de esta”. La historia nos enseña que, en tiempos de crisis, las clases poderosas descargan los costos sobre las clases más empobrecidas, y el capitalismo logra capear los vaivenes económicos destruyendo fuerzas productivas, arruinando la vida de importantes sectores, hundiendo en la pobreza a franjas de trabajadores y trabajadoras y, como el ave fénix, las clases más poderosas consiguen “resurgir” – de forma senil y más concentrada – y proteger sus privilegios de clase.
Este sistema capitalista, basado en la desigualdad social y económica - a la vez que en múltiples opresiones (de género, de etnia, etc.)- no puede darnos otra salida que esta: miseria para muchas y muchos, y privilegios para las y los de siempre.
Este sistema merece ser cuestionado: el daño a la naturaleza, al medio ambiente y el atentado a la vida de millones de personas y de seres vivos no tiene por qué ser un destino inevitable. Es un desafío para los sectores de la izquierda instalar la necesidad de superar este sistema social. El Frente Amplio, que es parte de este régimen político, que gobernó durante 15 años gestionando responsablemente el Estado, no se plantea este cambio societal. Sin embargo, es hora de pensar en una verdadera izquierda anticapitalista y revolucionaria que plantee una alternativa, antes que el capitalismo nos lleve a la barbarie.

Karina Rojas
Viernes 27 de marzo | 14:53

lunes, marzo 30, 2020

Britney Spears, Fran Drescher, Slavoj Zizek: el socialismo como un acto de cordura



La aparición de voces “anti-sistema” en personajes muy disímiles de la cultura y el arte muestra la vigencia de las ideas socialistas en tiempos de crisis capitalista y coronavirus.

El coronavirus ha extendido su llegada a la mayoría de los países del mundo. El aumento de la cantidad de personas que contraen la enfermedad no solamente da que hablar por el hecho en sí mismo, sino que también ha puesto arriba de la mesa las limitaciones y los problemas propios de la crisis capitalista.
La paralización industrial, el planteo de despidos y el desempleo masivo, la caída de las bolsas, la desinversión en los sistemas de salud y demás problemáticas son moneda corriente. Si bien es indudable que el Covid-19 agravó todas y cada una de estas situaciones, es igual de claro que la pandemia deja al desnudo una crisis preexistente. Los gobiernos han demorado la asistencia para preservar el desarrollo de las empresas capitalistas cuyos intereses representan y luego, cuando la crisis se sale de control, deben improvisar medidas drásticas para tratar de limitar el desastre que ellos mismos generaron. Las huellas del capital se hacen sentir no solo en la actualidad de la pandemia (incapacidad de contención sanitaria) sino -según han indicado varios epidemiólogos- en sus causas: la falta de políticas de prevención, la avanzada sobre las fronteras naturales y el formato que ha asumido crecientemente el negocio de la agroganadería.
En ese sentido, llamó la atención de muchos medios de comunicación que la “estrella pop” Britney Spears y la actriz Fran Drescher (conocida mundialmente por interpretar a la niñera Fran Fine en la sitcom estadounidense de fines de los 90 “La Niñera”) se hayan postulado a favor de la “huelga general”, hayan alzado sus críticas al sistema y exigido medidas “comunitarias”. A su vez, desde otro ángulo muy distinto de la cultura, el psicoanalista y filósofo esloveno Slavoj Zizek dedicó una serie de artículos (e incluso sacó a la venta un libro) en los que plantea que el mundo tiene que elegir en estos tiempos entre “el comunismo global” y “reinventado” o la “ley de la jungla”.
Estas expresiones y la gran difusión mediática que tuvieron recogen elementos interesantes para discutir discusiones de fondo.

Un golpe a lo “Kill Bill” al capitalismo

“Pero quizá otro virus ideológico, mucho más beneficioso, se extenderá y con suerte nos infectará: el virus de pensar en una sociedad alternativa, (...) que se actualice a sí misma en la forma de la solidaridad y la cooperación global”, afirma Zizek (CTXT, 20/03/20), quien explica que la pandemia del Coronavirus ha propiciado un golpe al estilo “Kill Bill” (en alusión a un golpe mortal que la protagonista usa en la escena final de la famosa película de Quentin Tarantino) al sistema capitalista y que “no podemos seguir por el camino que estábamos recorriendo”.
Zizek plantea que ya quedaron claros los límites tanto de la “globalización mercantil” (así llama a los gobiernos de derecha o “neoliberales”),el “populismo nacionalista” y el gobierno de Xi Jinping en China. “¿Acaso no es todo esto una clara señal de que necesitamos una reorganización de la economía global para que deje de estar a merced de los mecanismos del mercado?”, se pregunta y busca encontrarle una definición a una suerte de “comunismo reinventado”: “No estamos hablando aquí de comunismo de viejo cuño, sino simplemente de alguna clase de organización global que pueda regular y controlar la economía, así como limitar la soberanía de los Estados nación cuando sea necesario.”
El planteo del filósofo esloveno marca indefiniciones y posicionamientos políticos que son, al menos, polémicos. Por ejemplo, si la expresión “comunismo reinventado” sirve como delimitación del stalinismo, el planteo tendría un carácter progresivo. Ahora cuando Zizek busca un ejemplo para explicar su expresión, coloca que para él un anticipo de la coordinación mundial (interestatal) necesaria sería la acción en la crisis de la Organización Mundial de la Salud (OMS). La alusión a un organismo manejado por el imperialismo y cómplice del lucro privado y el vaciamiento de la salud a nivel mundial no suena a algo que pueda siquiera emparentarse con el comunismo. Las resoluciones de la OMS no han obligado a nadie a nada ni han coordinado la ayuda sanitaria que necesitan los pueblos cuyos sistemas de asistencia fueron desmantelados con su beneplácito. Cuando Boris Johnson declaró que no hay que aplicar la cuarentena, ¿acaso la OMS o Naciones Unidas intervinieron en defensa de la población británica?
Zizek siempre fue un teórico, por lo menos, ecléctico. En la primera etapa de la restauración capitalista en su país fue candidato por un Partido Liberal Democrático, partidario ferviente del libre mercado. Se define cercano al marxismo e incluso dedicó una parte de su obra al Manifiesto Comunista, pero hace unos años incluso llegó a apoyar la candidatura de Donald Trump como “mal menor” frente a Hillary Clinton. Que un personaje de esa calaña hable, al margen de las contradicciones ya mencionadas, de la necesidad de tirar por la borda y cambiar el sistema expresa, de mínima, que algo interesante está pasando.

“Oops, I did it again”

Las declaraciones de Britney Spears haciendo alusión no solamente a la redistribución de la riqueza y la salud de cara a los tiempos de la pandemia, sino también a la necesidad de llamar a la “huelga” tuvieron una importantísima repercusión mediática a nivel mundial. Las mismas fueron continuadas por la actriz Fran Drescher, quien afirmó en Twitter que está “de acuerdo” con la huelga general, que hoy “el capitalismo” es sinónimo de seguir las reglas de la “clase dirigente-elite” y que “cuando la ganancia es a expensas de lo que realmente vale, tenemos un problema”.
Las palabras llaman la atención de parte de dos artistas a quienes no se les conoce ningún tipo de actividad política anterior. A su vez ambas formaron parte viva de la industria cultural y el consumismo de fines de los noventa y principios del siglo XXI, que tuvo al pop en idioma inglés y a la “sitcom estadounidense” como algunas de sus principales expresiones.
Sin embargo, lo segundo reafirma con mayor ahínco lo primero: que este tipo de declaraciones vengan de lugares impensados no hace más que afirmar y reafirmar que la crisis del sistema es cada vez mayor e imparable. Un informe de la Organización Internacional del Trabajo afirma que pueden llegar a perderse en el corto plazo 25 millones de puestos de trabajo. Se espera que las grandes economías mundiales retrocedan como pocas veces ha sucedido (Usa, un 14%; la UE, un 22%; y China, un 30%) en el corto plazo. Los sistemas sanitarios como el de Estados Unidos deja a merced de la pandemia a millones de personas que no se encuentran dentro del sistema sanitario. Y podríamos seguir.
El coronavirus agravó a una crisis preexistente que deja sin respuestas a la economía capitalista. Por eso ésta suma cada vez más rechazos. Es el capitalismo, y no Britney, el que “lo hizo de nuevo”.

Socialismo o Barbarie

Las manifestaciones contra el carácter anárquico y de barbarie que genera el sistema capitalista crecen cómo se agudiza su crisis. La economía de libre mercado deja en evidencia su fracaso rotundo cuando los Estados toman medidas que buscan vender como “centralizadas”. Claro que están son al rescate del capital. Eso sucede con la nacionalización de Alitalia, con el plan de rescate de Trump y el reino Unido de sus respectivas empresas en crisis.
No obstante, queda cada vez más al desnudo como la única salida a la crisis está por fuera del alcance del sistema. El socialismo pasa a ser cada vez más una salida de “sentido común” o un acto de cordura, frente a la innegable realidad del fracaso del capitalismo. Por eso las expresiones aparecen por todos lados. Una vez más, ese fantasma recorre el mundo.

Santi Nuñez

Coronavirus en Centroamérica: realineamientos políticos ante la amenaza de un nuevo estallido



El martes 24, cientos de miles de usuarios siguieron la charla sobre la emergencia del coronavirus en Centroamérica y el Caribe entre el famoso cantante portorriqueño Residente (René Pérez Joglar, ex Calle 13) y el presidente de El Salvador Nayib Bukele, transmitida en un vivo de Instagram.

Las disposiciones del mandatario contra la pandemia son paliativos limitados y admisibles para la burguesía. Bukele anunció el pago de 300 dólares por grupo familiar (equivalente a un salario mínimo y al 40% del costo de vida), la suspensión por tres meses del pago de créditos personales e hipotecarios y el congelamiento de los alquileres (a ser reprogramados sin interés), y la excepción del pago a las tarifas de servicios, cuyo costo será asumido por las privatizadas. También, auditorías y control de precios. Medidas similares, en diversa magnitud, han adoptado Alberto Fernández en Argentina y otros gobiernos latinoamericanos.
El de Bukele es un gobierno derechista: ganó holgadamente las elecciones presidenciales salvadoreñas en 2019, presentándose como un outsider. Inmediatamente, rompió vínculos con el chavismo y se sumó al grupo Lima. El acercamiento a Trump y, también, al México de López Obrador, se pavimentó con el Plan Sembrando Vida, una transferencia de recursos por parte del imperialismo para contener las caravanas migratorias. En los últimos días, sin embargo, increpó a sus socios del norte por la desidia ante el coronavirus -lo cual muestra la volatilidad del armado regional.
René no se privó de criticar a Bukele por la utilización de las fuerzas armadas para presionar al congreso, ni por su rechazo al aborto legal y a los derechos de la comunidad LGBTI. Otro punto repudiado es el sistemático abuso policial durante los controles de la cuarentena.
La llegada de la pandemia a Centroamérica la encuentra devastada por décadas de injerencia imperialista, lo cual explica la extensión de la pobreza, el narcotráfico y la estampida migratoria.
Las playas paradisíacas de Costa Rica y Panamá, cuya explotación los había elevado a “oasis” económicos, se encuentran vacías. Ya comenzó una primera ola de cesantías en el sector turístico, que todos los analistas consideran como el preámbulo de quiebras generalizadas y despidos masivos. Esto ha exacerbado las tensiones nacionales reaccionarias, incluyendo el status de los cuantiosos migrantes hondureños y nicaragüenses.
La situación es desesperante. Según la Cepal, la mitad de la población de Guatemala, Honduras y Nicaragua está debajo de la línea de pobreza. Con la llegada del coronavirus, los trabajadores están obligados a sopesar la provisión de su sustento diario con la posibilidad de contagio. El recuerdo, aún fresco, de las movilizaciones populares de los últimos meses, sumado al cuadro de catástrofe social, augura choques masivos.
Los llamamientos gubernamentales a la unidad nacional tropiezan con múltiples dificultades. La crisis es tal que, en Costa Rica, hasta la burocracia sindical propuso nacionalizar la banca y la salud privada (El Mundo, 22/3). Los revolucionarios deben tomar este y todos los roces o reacomodamientos para explotarlos impulsando a fondo su propia orientación y la pelea por una nueva dirección.
Como aporte a las luchas populares y a la emergencia de un polo continental de independencia política, tal como declaramos en el llamado a una Conferencia Latinoamericana de la Izquierda y el Movimiento Obrero, es necesario un programa inmediato de estabilidad laboral y salarial plena, costeado por las patronales y el estado, y extensión de la cuarentena a todos los ámbitos no esenciales; prohibición de despidos y suspensiones; exención del pago de alquileres y servicios; provisión pública de alimentos y materiales de higiene; rechazo a la militarización y control popular de las medidas sanitarias; expropiación sin pago de los recursos esenciales y control obrero; desconocimiento de la deuda externa, ruptura con el FMI y rechazo a la sumisión imperialista.

Luciano Arienti

Contaminación, pandemia y crisis



El freno general de la actividad económica y la producción que se impuso en gran cantidad de países frente a la pandemia del covid-19 dio lugar a una multiplicidad de noticias “alentadoras” acerca de la reducción de la contaminación y sus efectos sobre el cambio climático. Estos análisis se basan en que los indicadores muestran una caída de emisiones e incluso de una mayor presencia de animales en las ciudades y ríos.
Pero como mencionamos en un artículo previo, se trata de fenómenos de carácter provisorio, que solo se observan en las zonas donde fueron impuestas cuarentenas más estrictas y son consecuencia de un párate general de la producción, y no de una reconversión productiva que plantee un panorama alentador hacia adelante. De hecho, este proceso agudiza enormemente la recesión económica, con los devastadores efectos que tiene los trabajadores.
Un ejemplo de lo efímero de cualquier mejora lo tenemos, una vez más, en Estados Unidos. Allí la Agencia de Protección Ambiental ha dictado “moratoria ambiental”, eximiendo a las empresas del control, monitoreo y reporte de las emisiones de sustancias contaminantes, como parte del plan de salvataje a los capitalistas en que se embarcó el gobierno de Trump y todo el régimen político norteamericano por billones de dólares. Es un adelanto de medidas que podrían adoptarse en todo el mundo, donde los gobiernos están destinando sus recursos a “estímulos” a las empresas para rescatarlas de la quiebra.
Por supuesto que la depredación del ambiente por parte del capital no es exclusiva de las situaciones de crisis, sino que caracterizó también a los períodos de crecimiento económico. Un ejemplo es el fraude cometido por la automotriz alemana Volkswagen, que durante años falsificó los resultados de las pruebas de emisiones de sus vehículos diésel, lo que si bien le valió una multa millonaria no quitó de circulación los millones de vehículos contaminantes que fueron vendidos en todo el mundo.
Lo que sí representan como regla general es que en el afán de incrementar la tasa de ganancia los capitalistas prescinden del respeto de cualquier regulación de impacto ambiental. En 2018 salió a la luz que en el este de China, para abaratar costos en la producción de materiales aislantes para la industria de la construcción, se emiten cantidades gigantescas de gases de efecto invernadero.
Es así que han fracasado todos los intentos de los últimos 30 años por desarrollar una suerte de “capitalismo verde”, e incluso los planes menos ambiciosos de establecer una regulación y disminución de la polución y de la depredación de los recursos naturales. Esto se debe a que la ganancia como único criterio organizador es un límite demasiado estrecho para reorganizar la producción para volverla amigable con el medio ambiente, menos aún para atender el grado de destrucción que va cobrando niveles irreversibles.
La lucha contra la depredación ambiental y la contaminación capitalista requiere entonces de la acción organizada de las masas trabajadoras, de que sea adoptada como parte del programa de sus organizaciones sindicales y políticas, empezando por el control obrero de la producción y la lucha contra el saqueo de los pulpos imperialistas mineros, petroleros y de los agronegocios. Esta es la tarea fundamental que debe encarar el ascendente movimiento ambiental de la juventud.

Prensa Obrera

Covid-19, capitalismo y fin de la normalidad

Tomando prestado el título de la obra de James K. Galbraith, El fin de la normalidad, parece ya indiscutible que ésta se acabó definitivamente y que ahora nos hallamos en un punto de inflexión inédito en nuestra historia contemporánea y, sobre todo, en la de un capitalismo globalizado que se había impuesto como el único sistema posible.
Porque ahora es este el que ha de ser cuestionado con más contundentes razones.
Si en el ámbito científico hay debate sobre los orígenes de la pandemia, sí parece haber evidencias suficientes de que la difusión se encuentra estrechamente relacionada con “la olla a presión evolutiva de la agricultura y la urbanización capitalista” (Contagio social: guerra de clases microbiológica en China) y con factores como “la alteración global de ecosistemas asociada a la crisis ecosocial y climática, la deforestación del Sudeste asiático, los cambios masivos en el uso de la tierra, la fragmentación de los hábitats, la urbanización, el crecimiento masivo del turismo y de los viajes en avión, la debilidad y mercantilización de los sistemas de salud pública”, como explica Joan Benach: «El coronavirus és una amenaça per als barris més pobres». Un conjunto de factores, en suma, que exigen una impugnación radical del modelo civilizatorio injusto e insostenible que ha ido conformando el capitalismo a lo largo de su historia y que ha llegado a su punto más alto bajo el neoliberalismo.
Un capitalismo que ni siquiera se ha mostrado compatible con la tarea de garantizar un derecho universal tan fundamental como el de la salud. Todo lo contrario: lo ha ido restringiendo mediante el saqueo, la privatización, los recortes y la sobreexplotación de la sanidad pública y sus trabajadores y trabajadoras para ir poniéndola en manos privadas, únicamente motivadas por la lógica del máximo beneficio. Todo esto es lo que ha ido creando las condiciones del colapso del sistema que se está produciendo ahora en el mal llamado y presuntamente modélico Primer Mundo, con la consiguiente tragedia humana que estamos observando con creciente indignación todos estos días.
Así que, si antes de esta crisis cabían dudas, ya no debería haberlas para convencerse de que hemos entrado en la era del capitalismo del desastre (Klein), con la crisis climática como la principal amenaza a la vida en el planeta, pero con el que interactúan otras, como la sanitaria, junto a las derivadas de la agravación de desigualdades de todo tipo que convierten a un número creciente de personas en desechables. Y con un panorama de salida de la crisis aún peor ante la inminente entrada en una nueva Gran Recesión, probable ya antes de la irrupción del Covid-19, que llegará con mayor fuerza debido al enorme aumento de la deuda global que se está generando y con la consiguiente presión de los grandes poderes económicos transnacionales para que los Estados les rescaten de nuevo y, a su vez, éstos compitan más entre sí en medio de la inestabilidad geopolítica general.
En medio de este repliegue nacional-estatal casi generalizado, podemos encontrarnos pronto –incluso en una Unión Europa que está mostrando toda su impotencia cuando se trata de dar una respuesta solidaria, como explican Manuel Garí y Fernando Luengo Unión Europea, una nueva decepción– ante una ofensiva austeritaria neoliberal más dura que la anterior. Si bien es posible que esa nueva vuelta de tuerca vaya acompañada, en el mejor de los casos, de algunas medidas compasivas temporales dirigidas a neutralizar el malestar social, como está ocurriendo ahora, pero que no van a compensar la brutalidad del recurso a los ERTE por parte de la patronal, como se recuerda en este artículo: España se va al ERTE: el gobierno rescata a las grandes empresas con beneficios. Un malestar que ya se estaba expresando antes de la pandemia mediante revueltas populares en muchos lugares del planeta, estimuladas por las movilizaciones impulsadas desde el ecologismo y el feminismo, y que esperemos se reactiven frente a esa probable estrategia del shock, ya sea bajo una u otra variante nacional-estatal en función de las diferentes relaciones de fuerzas sociales y políticas.

Una (sin)razón del mundo en quiebra

Con todo, no va a ser fácil que un neoliberalismo que se había convertido en nueva razón del mundo (Laval y Dardot) recupere la legitimidad perdida en esta crisis. En efecto, hemos visto cómo la respuesta a la pandemia se ha mostrado incompatible con la cultura del individualismo propietario y del emprendimiento y exige buscar soluciones colectivas en defensa de lo público –a no confundir con lo estatal–, de los bienes comunes, de la solidaridad y el apoyo mutuo en los cuidados. Entre esos bienes públicos, la reivindicación de una sanidad pública, universal, gratuita, de calidad y bajo control social en cualquier parte del mundo es ahora la más urgente. Una lucha que ya se está manifestando mediante una cantidad enorme de iniciativas desde abajo que, incluso en condiciones de confinamiento y haciendo de la necesidad virtud, anuncian un salto adelante en la construcción y refuerzo de redes de auto-organización comunitaria en muchas ciudades, barrios y pueblos de todo el Estado.
También, la obligada paralización de una larga lista de actividades económicas, muchas veces bajo la presión de la clase trabajadora en torno al eslogan Nuestras vidas valen más que vuestros beneficios, como ha ocurrido en la industria o en la construcción, para ir reduciéndola a las esenciales, está permitiendo dar credibilidad a propuestas de decrecimiento selectivo –incluyendo el cuestionamiento del modelo de consumo, distinguiendo entre necesidades y falsos deseos-, procedentes del ecologismo; a la revalorización del trabajo de cuidados que viene exigiendo desde hace tiempo el feminismo; a la prefiguración, en resumen, de una economía moral alternativa frente al fetichismo del crecimiento económico y la economía política del capital.
No va a ser fácil, por tanto, para los think tank neoliberales repetir la historia de 2008 buscando culpabilizar demagógicamente a los y las de abajo por haber “vivido por encima de nuestras posibilidades” y convertir en su versión ordoliberal al Estado en salvador de las grandes corporaciones. El marco hegemónico está en disputa y con ello emerge la sensación colectiva de que esta crisis lo cambia todo o, al menos, debería cambiarlo. Empezando por la socialización de los sectores estratégicos de la economía, de la producción y reproducción de la vida y, por tanto, apuntando hacia una respuesta a la crisis que, frente al keynesianismo perverso que anuncian los Estados en beneficio del 1%, ponga por delante la necesidad de una redistribución radical de la riqueza de arriba abajo y Planes de Choque Social similares a los que están proponiendo más de 200 colectivos sociales en el caso español.
Habrá que poner todo el esfuerzo en impedir la vuelta a la normalidad anterior a esta crisis, exigiendo una ruptura radical con el ya viejo sentido común y forzando el desmantelamiento del conjunto de las políticas que han predominado durante la larga onda neoliberal. No se trata, por ejemplo, de que se suspendan temporalmente la Ley de Estabilidad Presupuestaria o el artículo 135 de la Constitución española, sino de derogarlas, como ya han propuesto algunas fuerzas de izquierda en el reciente debate en el parlamento español.
Porque ahora sí parece evidente que el tiempo del reformismo sin reformas que ha representado el social-liberalismo ha terminado. Discursos como el de Pablo Casado están mostrando ya el temor de las derechas a que después de esta crisis se vean cuestionados todos los recortes y privilegios realizados en nombre de la preservación de la sagrada propiedad privada; y no habrá que dejarse amedrentar, sino todo lo contrario. Porque vamos a asistir a una mayor polarización de intereses, valores y razones en conflicto, y no valdrán ya las medias tintas. Habrá que proponer medidas que, de una vez por todas, conduzcan a una transición radical hacia una ruptura civilizatoria, reformas que cuestionen la lógica de este capitalismo cada vez más destructivo en el que estamos inmersos y no sirvan simplemente para un lavado de cara de este sistema.

Seguridad(es) humana(s) vs. Neoliberalismo de excepción

Existe, en cambio, otro campo de lucha más complejo y difícil de afrontar pedagógicamente a raíz de las medidas adoptadas por los gobiernos en la lucha contra la pandemia. Es el que tiene que ver con la suspensión de derechos fundamentales, derivada de la aplicación del estado de alarma o de alerta según los países. Porque, si bien está justificada la adopción de medidas de confinamiento y otras dirigidas al objetivo de frenar el contagio (aunque algunas de ellas sean consecuencia de la ausencia de una política preventiva que debía haber tenido en cuenta las alertas procedentes de al menos una parte de la comunidad científica), no lo son el recurso a un discurso belicista, con el protagonismo de altos mandos militares en ruedas de prensa y su apelación a la ciudadanía a convertirse en soldados, ni el protagonismo del ejército en tareas asistenciales que podrían haber sido asumidas por servicios de protección civil si se les hubiera preparado para ello con antelación, como argumenta Pere Ortega en El coronavirus y las fuerzas armadas.
Detrás de esa opción autoritaria está la falsa concepción de la lucha contra la pandemia como una guerra y, con ella, la intención de ir restringiendo sin proporcionalidad alguna nuestras libertades y derechos en nombre de una “unidad patriótica” (con el corrupto Felipe VI al frente) que pretende ignorar que la pandemia sí entiende de clases sociales, de géneros, de color de piel, de edades, de diversidad funcional, de territorios y de otras desigualdades. Un discurso que está sirviendo de coartada para exigir un cierre de filas total y, en particular, la exhibición y el abuso de la fuerza por miembros de las fuerzas policiales y militares en las calles e incluso, lo que es peor, el fomento de un populismo punitivo contra personas y grupos sociales vulnerables, como ya se ha denunciado desde colectivos jurídicos.
No enfrentamos, por tanto, a la amenaza real de un nuevo salto adelante en el proceso de desdemocratización que ya sufríamos antes de este estado de alarma y por eso es muy necesario fomentar desde ahora lo que Jordi Muñoz ha definido, en Tres preguntas para después de la pandemia, como una “cultura democrática de excepción” que permita contrarrestar una cultura de súbditos obedientes a un Estado autoritario y recentralizador que aspira a salir más reforzado después de esta crisis.
En resumen, en este estado de alarma debemos vigilar a quienes nos vigilan si queremos evitar que la excepción se convierta en norma y también aquí se extienda la tendencia al Panóptico digital en marcha. Un peligro nada irreal sino cada vez más cercano, como estamos viendo bajo sus formas extremas en países como China, la gran potencia que, por cierto, puede salir ganadora a corto plazo de esta crisis dentro del juego geopolítico global. Emerge un nuevo paradigma de control social de la disidencia, como denuncia el colectivo Chung, ya que “a medida que la crisis secular del capitalismo adquiera un carácter aparentemente no económico, nuevas epidemias, hambrunas, inundaciones y otros desastres naturales se utilizarán para justificar la ampliación del control estatal, y a respuesta a esas crisis funcionarán cada vez más como una oportunidad para ejercer nuevas herramientas no probadas para la contrainsurgencia”.
Todo esto en nombre de un concepto estrecho de seguridad, asimilado a la preservación del orden público en un mundo orwelliano y en la nueva economía de guerra capitalista que se nos quiere vender. Frente al mismo habrá que propugnar un concepto complejo y multidimensional de seguridades humanas (que habría que hacer extensivas a otros seres sintientes y sufrientes), como ya reivindicaba, entre otras voces premonitorias, Elmar Altvater, defensor, por cierto, de un horizonte cada vez más necesario de comunismo solar.

Jaime Pastor, politólogo, editor de viento sur
27/03/2020

La geopolítica en los tiempos del coronavirus

12 años después de la crisis financiera de 2008 la historia se repite, no sabemos todavía si como tragedia más profunda, o directamente como farsa.

3 mil millones de personas en el mundo confinadas por un (corona)virus llamado SARS CoV-2 que ha pateado el tablero mundial pero también ha logrado lo que el socialismo no pudo: que se asuma la imperiosa necesidad del Estado como herramienta para garantizar la reproducción de la vida frente al avance depredador del capital.
La pandemia que arrasa con todo el mundo, deja al descubierto como el neoliberalismo fue desmantelando el Estado y su sistema de salud, privatizando y entregando el control a farmacéuticas privada donde pudo. Y donde todavía quedaba Estado del Bienestar, como en España e Italia, el sistema de salud ha colapsado.
El tsunami geopolítico ha obligado a Estados Unidos, y a pesar de Trump, a aprobar un rescate en forma de inversión pública de 2 billones de dólares, mientras el número de contagios supera ya los alrededor de 82.000 de una China que mediante un Estado autoritario y eficiente con control sobre los medios de producción y alta tecnología, ha podido neutralizar los contagios locales de COVID-19. Camiones rusos entran en Roma, al mismo tiempo que en Alemania y Francia se habla de nacionalizar empresas mientras Japón suspende los Juegos Olímpicos de este verano hasta 2021 y la India confina a 1.300 millones de personas. En América Latina, los médicos cubanos retornan a Brasil tras haber sido expulsados por Bolsonaro, a quien se le rebelan unos gobernadores que impulsan una renta básica lulista como medida para afrontar la crisis. Mientras tanto Chile siendo Chile, el Israel de Sudamérica, y Piñera decreta el “Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe”.
Pero todos los anteriores son países del G20 y/o OCDE. Debe ser por eso que hablamos tanto del coronavirus y no mucho de la malaria, que tan solo en 2019 mató a 400 mil personas en África. Perdón, donde dije personas quise escribir 400.000 pobres y negros. Porque ese es el debate subyacente en México hoy y en muchos otros países. La cuarentena puede ser necesaria en muchos lugares para contener la pandemia, pero solo puede ser sostenible si no condena al hambre a las y los más vulnerables, quienes no cuentan con redes de protección social ni son parte de la economía formal.
Y es que después de la crisis sanitaria viene la crisis económica y social, una vez que se interrumpa la oferta por la interrupción de las cadenas de suministros, y haya un shock de demanda interna y externa.
Sin ir más lejos, en Estados Unidos subsisten 27 millones de personas sin seguro médico y 11 millones más sin papeles. El coronavirus ya ha disparado las peticiones de prestaciones por desempleo hasta el récord histórico de 3’28 millones. Esto solo en Estados Unidos, porque a nivel mundial la OIT calcula un crecimiento del desempleo de 5’3 millones de personas en su hipótesis más prudente, y de 24’7 millones en su hipótesis más extrema. Por comparar, la crisis de 2008-2009 dejó 22 millones de nuevos desempleados. En América Latina la crisis del coronavirus podría hacer pasar el número de personas en situación de pobreza y extrema pobreza de los 250 millones actuales a 310, la mitad de los 620 millones de personas que habitamos el subcontinente.
En el plano estrictamente económico, la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo calcula perdidas globales de 2 billones de dólares, pero otros estudios hablan de hasta 9 millones, lo que significaría un 10% del PIB global en un mundo en crisis donde la deuda global ya supera los 250 billones de dólares.

¿Cómo vamos a salir de la crisis?

Estamos ante una bifurcación con 2 posibles salidas: una es el camino que vislumbra Slavoj Zizek, una sociedad alternativa de cooperación y solidaridad, basada en la confianza en las personas y en la ciencia; el otro camino lo define Byug Chul Han como un mayor aislamiento e individualización de la sociedad, terreno fértil para que el capitalismo regrese con más fuerza.
Pero antes de la bifurcación ya estamos en un momento donde como bien define Carlos Fernández Liria, nos preocupa más que el coronavirus infecte a los mercados que a las personas. Todo ello en un escenario definido por Boaventura de Sousa Santos con el aparente oxímoron de la crisis permanente, donde hemos normalizado la excepción que permite justificar el despojo, la acumulación por desposesión, y la doctrina del shock permanente contra nuestros pueblos.
Lo que está claro es que la reproducción del capital, dificultada por la crisis de un capitalismo en fase de descomposición, puede encontrar una ventana de oportunidad en la medida en que desaparece una parte de la población mundial y se crean nuevos mercados.
La salida ante esta nueva crisis debe ser en un primer momento keynesiana, (re)construyendo estados fuertes que rescaten a las personas, y no a los bancos ni a las trasnacionales, estados que aprovechen el momentum para transitar hacia otras energías no basadas en combustibles fósiles, mientras se siguen profundizando todas las alternativas posibles posneoliberales.
O quizás no hacen falta tantos malabares teóricos y debemos guiarnos por Britney Spears citando a la escritora Mimi Zhu: “Nos alimentaremos mutuamente, redistribuiremos la riqueza, haremos huelga. Comprenderemos nuestra propia importancia desde los lugares donde debemos permanecer. La comunión va más allá de los muros. Todavía podemos estar juntos”.

Katu Arkonada