viernes, octubre 20, 2017

Lunacharski y el Narkomprós: Sobre la organización del sistema educacional soviético hasta la NEP



Los distintos debates sobre modelos educacionales suscitados a raíz de las movilizaciones docentes y estudiantiles que se han dado tanto en Chile como en diversos lugares del mundo, han traído como necesidad la revisión histórica de experiencias situadas donde dichos sistemas hayan sido profundamente modificados en pos de las demandas y necesidades del pueblo pobre y trabajador. Ofrecemos a continuación una revisión sucinta, pero crítica del desarrollo del sistema de educación soviético como uno de los acontecimientos fundamentales que instaló postulados que perviven hasta el día de hoy como consignas democráticas. El periodo abarcado recorre desde la revolución de octubre en 1917 hasta el principio de la aplicación de la Nueva Política Económica con sus respectivas consecuencias.

El nacimiento del Narkomprós, postulados programáticos fundamentales y cambios en la estructura educacional.

El 27 de octubre de 1917, durante el II Congreso de los Soviets, se anunciaron los nombres de las principales figuras que compondrían el nuevo gobierno soviético. Entre ellas figuraba como Comisario del Pueblo para la Educación Anatoli Lunacharski, bajo cuya jurisdicción quedo el antiguo Ministerio de Educación Pública, el Comité de Educación creado por el reciente gobierno provisional y el Ministerio de Palacios que tenía a cargo los teatros imperiales, la Academia de Artes y los palacios reales. Aquello seria conocido, aunque no sin posteriores cambios administrativos, como el Narkomprós. En términos sencillos, esta institución albergaba una suma caótica de antiguos departamentos administrativos (más de 500) heredados del antiguo régimen el cual solo encontraría un ordenamiento de orden racional en 1920 cuando se decidió dividirlo en cinco secciones: Organizativa, de Actividades Extraescolares, Científica, Artística y de Instrucción Social (que incluía a la enseñanza primaria y la enseñanza secundaria).
El programa bolchevique ofreció una serie de elementos que contribuyeron a democratizar la enseñanza en su acceso, continuidad y organización. A su vez, abrió la puerta para que se planteasen principios pedagógicos para el desarrollo humano que se contraponían a las añejas concepciones incubadas durante el régimen zarista. La aplicación de los cambios educacionales, medible siempre en el largo plazo, se encontraría en una constante debacle marcada por la álgida realidad que vivía la joven Unión Soviética, por una parte, atravesada por las discusiones político/pedagógicas internas y por la otra, la armonía y jerarquía que estas tenían en relación a la situación externa de guerra y crisis económica que el nuevo régimen debía afrontar.
El debate organizacional fue uno de los primeros en aparecer ya que en él se suscitaron dos posiciones contrapuestas, una teniendo como voceros principales a Lunacharski y Nadezhda Krupskaia la cual puso como eje administrativo central la creación de soviets de la enseñanza y la otra propuesta por el Comisariado del Interior (NKVD) que abogaba por los departamentos locales de educación. La primera de estos propuso que los soviets se encargaran de zonas y fuesen elegidos democráticamente en distintos niveles por la población, siendo controlados en los aspectos políticos por el soviet local de diputados, restándole atribuciones al propio comisariado central. Por otra parte, los departamentos locales tendrían sus miembros elegidos por los comités ejecutivos de los soviets locales de diputados estando subordinados al mismo soviet y al comisariado central. El debate giraba sobre el eje de un orden de tipo esencialmente soviético que depositaba su confianza en las ansias de docentes y estudiantes por querer reformar su propio sistema en pos de un nuevo orden y otro orden, que combinaba diferentes niveles (entre el centralismo y lo soviético), que abogaba por la falta por la escasa auto-organización en este sector y su escaso nivel de consciencia como para dirigir el proceso. Finalmente, sería la segunda posición la que tomó ventaja y se instaló ante el caos administrativo que reinaba, lo que revelaba no solamente el estado de la situación, sino que además un factor que sería decisivo en la vida del Narkomprós: su falta de peso político a la hora de tomar decisiones sobre su propio destino organizativo.
Los problemas pedagógicos y su ligazón en el sistema educacional en el antiguo régimen no distaban demasiado de aquella pedagogía decimonónica, enraizada en la vieja Rusia zarista y que solo comenzaba a cuestionarse en diferentes países de Europa y América. Así nos encontramos con un problema típico de los sistemas educacionales armados en torno a los privilegios de clase: Escuelas fragmentada por niveles de su propia continuidad de tramos (1) y dividida entre los roles de educación general y educación técnica. La sucesión de diversos debates en torno al orden de la cuestión puso como eje un criterio sintetizador: La escuela única del trabajo.
Esta no solo unificaba el sistema escolar dándole coherencia entre sus diferentes tramos, sino que además buscaba unificar el trabajo manual con el trabajo intelectual, generando escuelas de carácter politécnico donde se eliminase la preparación técnica especializada en la etapa escolar. De esta manera, quedaría dividida en un primer nivel de cinco años y un segundo nivel de 4 años además de pasar por un proceso de secularización donde las iglesias se vieran despojadas de las escuelas que anteriormente controlaban. La escuela, demás está decirlo, pasaría a ser completamente gratuita y libre de agentes privados que lucraran con la educación.
El último tramo, correspondiente a la educación superior representaba un escenario complejo para cualquier cambio que allí se quisiera realizar debido a que esta zona representaba uno de los bastiones de mayor importancia para la intelligentsia rusa. La predominancia de académicos liberales y en su gran medida anti bolcheviques hacia que toda medida que reordenara toda la sección académica de las universidades, así, amparados en el principio de la autonomía universitaria impidió una serie de posibles acciones en torno a lo disciplinar y lo administrativo. Sin embargo, las medidas democratizadoras alcanzaron de cualquier manera a estas instituciones aplicándose el hecho de que ya no existiesen exámenes de admisión, cancelando los pagos de la misma y retirando la exigencia de estudios mínimos para ingresar.

Del viejo al nuevo régimen: Debates y combates en la proyección de la educación en el comunismo

La instalación de la escuela única del trabajo se encontraba en una situación compleja ya que el combate por generar una educación que integrase los aspectos desarrollados desde los saberes académicos y la vida del trabajo implicaba una serie de intentos por generar una escuela integral. Las escuelas técnicas, en este sentido, se desarrollaban como una generadora de dotación de trabajadores para salvaguardar los intereses económicos de la nación y sin poner ningún acento en la necesidad de profundizar en otros aspectos. Aquello explica por qué aquellas escuelas técnicas existentes nunca quedaron bajo la jurisdicción del ministerio de educación pública sino del de hacienda. Al contraponerse la nueva concepción educativa, los especialistas vieron amenazada su propia existencia y la de la continuidad de sectores claves de la economía, desde ese punto de vista, la escuela politécnica parecía ser un lujo que el país no podía costearse.
En este aspecto, se formó un sector que se negaba a que las escuelas técnicas entraran dentro de los dominios del Narkomprós pues veían un riesgo inminente en el desarrollo de la nación. Trotski, quien había mantenido el apoyo a la necesidad de una educación especializada al menos de manera temporal por la situación de crisis, pronto llegó a un acuerdo con Lunacharski: La especialización técnica podría empezar en los dos últimos años de la enseñanza general, pero tendría que entrar está dentro de los dominios del Narkomprós. El debate, que se mantendría a lo largo del tiempo, poco a poco iría cediendo terreno al sector de los especialistas lo que iría desarmando la parte más íntima y pedagógica de la proyección de una educación en el comunismo.
El proceso de democratización de la universidad no solo encontró atrincherado un sector académico anti-bolchevique bajo el cual solo se encontraron estrechos espacios de colaboración. A contrapelo de esto, finalmente la autonomía universitaria fue violada y se impuso una forma organizativa de orden democrático, sin embargo, su falta de efectividad hizo que en la práctica las antiguas autoridades universitarias administraran bajo sus propias reglas de facto. Este primer choque con las políticas del comisariado encontró una segunda parte donde la democratización de la universidad tenía como problema aparejado el hecho de que el ingreso de miles de estudiantes trabajadores no contase con la preparación académica necesaria. De la necesidad surgieron las facultades de los trabajadores (Rabfak) con el fin de poder nivelar y preparar de manera suficiente, su duración termino siendo de 3 a 4 años, combinando una concepción entre escuelas preparatorias y el bachillerato.
A pesar de la ardua lucha política con sus respectivas victorias y concesiones por mantener los principios educativos propuestos por el Narkomprós, prontamente los problemas de supervivencia local cobraron un mayor peso, lo que termino por cambiar el orden de las jerarquías. Desde el invierno de 1918 hasta el otoño de 1920, la organización no hizo otra cosa que sobrevivir a la fuerte crisis económica que arremetía: Quejas masivas de maestros que no tenían raciones suficientes como para sobrevivir, insuficiencia de materiales educativos, escuelas que no podían resistir las condiciones climáticas y miles de niños hambrientos que abandonaban la educación entre otros. Este sería probablemente el punto de desmoralización más fuerte que encontraría la organización, quienes encontraron constantemente oídos sordos ante sus peticiones frente a los organismos centrales de dirección debido a la dura situación militar sobre la que debían hacerse cargo. Esto, combinado con la falta de peso político producto de una ausencia sistemática de victorias que vigorizaran al comisariado de educación hizo que incluso celebrado el IX congreso del partido a mediados de abril de 1920, el tema de la educación no fuese discutido bajo ningún aspecto.

Un último intento, el punto de inflexión y la reorganización del Narkomprós

Ante la situación, Lunacharski solicitó el permiso para celebrar una reunión sobre la enseñanza inmediatamente después del congreso. La necesidad de que ingresaran recursos al Narkomprós se hacía cada vez más urgente y tras una resolución el VTSIK se esbozó un apoyo económico para avanzar en resolver los agobiantes problemas que este presentaba, sin embargo, aquellas resoluciones nunca llegaron a puerto de los organismos pertinentes.
En octubre de 1920, un error de Lunacharski referente a la autonomía que una de las instituciones ligadas al Narkomprós (La proletkult, encargada de los teatros) hizo que el partido se escandalizara y sostuviera una discusión de 4 meses en el Politburó sobre las acciones del Narkomprós con eje no en sus problemas financieros sino en su carácter burocrático y la irresponsabilidad política de sus dirigentes. De esta manera, la reorganización se puso a la orden del día y un nuevo militante entro en esta dirección: Litkens.
Este, quien había quedado a cargo de la sección administrativa, prontamente hizo una propuesta que implico para el sector educacional el aumento de años de especialización en desmedro de la educación politécnica reduciendo la escuela única del trabajo. Nuevamente el debate sobre la especialización parecía reabrirse con el trasfondo de una compleja situación económica y las orientaciones se disolvían rápidamente al no encontrar mayor fundamento que pudiese salvaguardar a corto plazo el sistema educacional. La falta de especialistas y organizadores, la falta de fondos y la desorganización política golpeaba una y otra vez al Narkomprós. La caótica situación desarmo rápidamente la nueva organización propuesta por Litkens, reanimando una y otra vez las formas originales que había adoptado el comisariado de educación.

La Nueva Política Económica ¿Cuántos pasos hacia adelante y cuantos hacia atrás?

El derrumbamiento de la economía monetaria había implicado que los requerimientos del sistema educacional se centraran en los bienes materiales y su producción como modo de seguir adelante. el Narkomprós, declarado incompetente para el abastecimiento, se hayo ante un nuevo dilema: La Nueva Política Económica. La contracción de la esfera y la actividad pública hacia una invitación a buscar soluciones de la mano de la empresa privada, en este sentido, se abrieron las puertas para el campo de la edición, se permitió el ingreso del teatro y quedo prohibido en las escuelas como principio fundamental. La solvencia buscada en el área solo hizo evidente lo evidente, el sector no era autosustentable por mas iniciativas que surgiesen (publicaciones, obras artísticas, excursiones y otros), pronto y ante la impotencia de los organismos centrales de poder suministrar recursos, se dictaminaron autoimpuestos locales, cobros en las escuelas secundarias y el surgimiento de escuelas privadas. El primero como forma mostrar una forma alternativa al gravamen estatal en medio de la aplicación de la NEP, el segundo y el tercero como un franco retroceso programático que, dadas las situaciones, habría permitido saciar el hambre de los maestros y poner en un funcionamiento regular al sistema educacional.
El costo de mantener un sistema educacional innovador bajo los principios programáticos en un contexto de instalación de un estado socialista con fuertes beligerancias externas tuvo al menos cuatro derrotas centrales: El fracaso de organizar bajo participación popular el sistema educacional, la pérdida progresiva de los principios pedagógicos de la escuela única del trabajo, la desaparición de la responsabilidad de financiamiento central y la derrota de la política de enseñanza gratuita y obligatoria para toda la población.
El lector, bajo una mirada estratégica y situada históricamente comprenderá que acá se plantean al menos dos cosas: En primer lugar, la implementación de las bases del programa bolchevique en educación, en medio de un colapso económico y guerra civil, adquiere su propio valor al poner en funcionamiento un sistema que cuestionaba las bases de un sistema educacional anquilosado. En segundo lugar, hubo una fallida confianza en la auto-organización de los actores del sistema educacional encontraba su explicación en la falta de experiencia organizativa por parte de los mismos a raíz de la escasa cantidad de combates vividos sumado a un sector ampliamente reaccionario en muchos sentidos. Cabe preguntarse ¿Cómo podría aplicar esto en un contexto donde ya existen amplios derechos democráticos y hay una experiencia de lucha mayor? El debate estratégico suscita nuevos ribetes para el mundo contemporáneo.

Nicola Silva
Docente de Historia

(1) Que en este caso llamaremos básica y secundaria para el entendimiento del lector.

La primera Corte Suprema: ¿justicia para quién?



Como parte de la orientación de su presidencia, el 18 de octubre de 1862 Mitre propone una lista de candidatos a la Corte Suprema, la primera en ponerse en funciones en el país.

La Corte Suprema de Justicia es el máximo tribunal del poder judicial. Surge como uno de los cimientos del Estado nacional argentino y ha sido uno de sus pilares de clase centrales.
Desde sus inicios los fallos han sido polémicos, beneficiando siempre los intereses de la clase dominante en ascenso. La Corte no pierde las mañas y cada tanto se convierte en noticia en primera plana. El reciente fallo del 2x1, la resolución que habilita solo a los gremios para declarar huelgas y la lista sigue... En este breve repaso retomamos sus orígenes, la primera Corte en funciones bajo la presidencia de Bartolomé Mitre (1862/1868).

Un pilar del Estado nacional en formación

La derrota del régimen rosista y la aprobación de la Constitución nacional en 1853 dieron impulso a la anhelada promesa de sectores de la elite de afianzar la unidad del país, ahora en los términos que la magna ley establecía: el carácter federal y republicano de la nación y delegativo del ejercicio de la soberanía popular; la división de los poderes del Estado, sus atribuciones y funciones, organizados institucionalmente en un poder ejecutivo fuerte, un poder legislativo distribuido en dos Cámaras y el poder judicial que dispuso como máximo tribunal a la Corte Suprema de Justicia.
La puesta en marcha de la Corte Suprema atravesó una primera etapa de dificultades y demoras. Por un lado, la constitución del gobierno federal de la Confederación Argentina (Urquiza) y los consensos logrados respecto de crear las condiciones necesarias para la expansión económica, no resolvían por sí mismos los problemas que generaba la persistencia de conflictos entre provincias, especialmente las aspiraciones hegemónicas y hasta secesionistas de Buenos Aires, y la continuidad de los grupos dirigentes y núcleos políticos tradicionales. El poder judicial nacional, recién creado, enfrentaba el desafío de afianzarse como una autoridad para imponerse entre las tendencias a la centralización política y el ejercicio de las soberanías provinciales, sin olvidar la insuficiencia de personal y la escasez de recursos.

Una institución de clase

El primer grupo de juristas definidos por el gobierno de la Confederación Argentina en 1854 para integrar la Corte Suprema no prospera. Habrá que esperar el triunfo de Buenos Aires (1861, batalla de Pavón) y la llegada de Mitre a la presidencia cuya orientación de gobierno buscaba asegurar condiciones políticas para fomentar los negocios de los capitales extranjeros. Mitre promulga el 16 de octubre de 1862 la ley N° 27 que organizaba el poder judicial y dos días más tarde propone una lista de candidatos a integrarla.
Elige a Francisco de las Carreras (ex ministro de Hacienda de Buenos Aires), Salvador María del Carril (exgobernador de San Juan, ministro de Hacienda de Rivadavia en 1826 y vicepresidente en 1853), Francisco Delgado (antiguo unitario), Barros Pazos (miembro de la generación del 37 y rector de la universidad de Buenos Aires) y Valentín Alsina (opositor a Mitre, quien renuncia y es reemplazado por Gorostiaga, ex ministro de interior de Urquiza) y a Francisco Pico como procurador general. La diversidad de trayectorias políticas no ocultaba, sin embargo, que constituían de hecho un grupo selecto, admiradores del modelo constitucional norteamericano que otorgaba a la Corte un poder de arbitrio completo al permitirle decidir sobre el carácter constitucional de las leyes, ubicándola también como máximo tribunal en las controversias federales en el orden nacional.
El primer grupo de supremos compartían, además, las aspiraciones e ideología de la elite política a la que servían y su desprecio por lo que consideraban la falta de racionalidad política de las mayorías populares. Estaban convencidos de la tarea central que emprendían, abonar los cimientos de una institución central de clase del Estado nacional en formación.
La tarea de largo alcance, estratégica, que estos juristas emprendieron fue paradójicamente de valor simbólico. Promover la idea del poder judicial como una institución neutral ajena a los intereses de clase. Un poder lo suficientemente alejado del mundo de los “comunes” como garantía de su aparente neutralidad, para ocultar su rol como institución de una clase y camuflar el carácter capitalista del sistema jurídico en el que la desigualdad social permanece encubierta bajo la creencia de la igualdad ante la ley.

Una Corte a medida

Si originalmente la Corte estuvo integrada por nueves jueces y dos fiscales, desde 1863 hasta el primer gobierno de Perón fueron 5 sus miembros. En 1960 se redujo a siete, hasta que en 1966 se volvió a la composición anterior de cinco jueces y un procurador general y en 1990 se elevó nuevamente a nueve. En la actualidad está integrada por cinco cortesanos, elegidos por el poder Ejecutivo y desde la reforma constitucional de 1994, deben contar con la aprobación de dos tercios de los integrantes del Senado en audiencias públicas.
El carácter antidemocrático de su elección se extiende a la permanencia en el cargo, que dura mientras dure su "buena conducta", es decir, vitalicia. Por dar un ejemplo, Antonio Bermejo presidente de la Corte Suprema por 30 años asume en 1903 bajo la segunda presidencia del jefe de la oligarquía el general Roca hasta su muerte, en 1929 durante el gobierno del radical H. Yrigoyen o el reciente caso del cortesano Fayt que integró durante 32 años el máximo tribunal. Es interesante notar que en casi 155 años desde su fundación, uno de los primeros jueces en ser llevado a juicio político y destituido por el Senado fue Eduardo Moliné O’Connor en 2003, integrante de la corte menemista, más conocida como “mayoría automática”.
A la inamovilidad de los “supremos” y la intangibilidad de sus salarios, la expresión “viven como reyes” les cabe perfectamente y es una marca de origen. En la actualidad perciben ingresos que superan los 200 mil pesos mensuales, además de interminables privilegios como el de autoexcluirse del pago del impuesto a las ganancias y patrimonios millonarios.
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La Corte Suprema como institución de clase legitimó cada uno de los golpes de Estado que se dieron en el país. En 1930 con el golpe de Uriburu sus integrantes se mantuvieron en funciones y como si ello no bastase, emitió el 10 de septiembre de 1930 una Acordada (acuerdo) por unanimidad en la que saludaba el golpe señalando que “ese gobierno se encuentra en posesión de las fuerzas militares y policiales necesarias para asegurar la paz y el orden de la Nación, y por consiguiente para proteger la libertad, la vida y la propiedad de las personas” y que “el gobierno provisional que acaba de constituirse en el país, es pues un gobierno de facto cuyo título no puede ser judicialmente discutido con éxito por las personas, en cuanto ejercía la función administrativa y política derivada de su posesión de la fuerza como resorte de orden y de seguridad social”. Es decir, la Corte no solo reconoce al nuevo gobierno militar sino que le ofrece las bases jurídicas que lo legitiman como autoridad de facto, creando una nueva jurisprudencia que sostiene la “validez del derecho no en razones democráticas y razones públicas persuasivas sino en la pura fuerza”.
El mismo accionar se producirá en 1943 frente al derrocamiento de Castillo y en 1966 con el golpe militar de Onganía. Esta trayectoria de servicio “impecable” alcanza su momento cumbre en 1976 cuando se produce el golpe militar genocida. La Corte integrada por los cinco jueces designados por el nuevo régimen volvía a justificar el golpe planteando que “que un verdadero estado de necesidad reinante en el país, obligó a las Fuerzas Armadas a tomar a su cargo el gobierno de la Nación…”. Este poder “coadyudó al control social y proveyó de cierta legitimidad al régimen” , encubriendo el accionar de la dictadura, a través de diversos recursos como el desconocimiento de los habeas corpus (se calculan entre 1976/79 la presentación de más de 5.000 en los tribunales federales), el ocultamiento de las detenciones y secuestros y la aceptación en última instancia de todo el marco jurídico impuesto por el régimen.
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Es claro que lejos de dictar “justicia” la Corte y sus fallos se mueven al son del ritmo de las necesidades políticas de los gobiernos de turno, como muestran los fallos en sintonía con el oficialismo actual, favorables a los empresarios frente a los despidos y contra la “industria del juicio” laboral.
O puede convertirse en la última carta salvadora cuando el sistema de representaciones políticas de un país comienza a crujir y se necesita la intervención de sus señorías, como viene ocurriendo en distintos países latinoamericanos, entre los cuales Brasil a través de la “Operación Lava Jato”, viene dando cátedra.
Esta “suprema” institución no escapa del descrédito y desgaste general que persigue a la casta de políticos capitalistas. El mismo que desde la crisis del 2001 viene expresándose de diferentes formas en el sistema político nacional. Sus últimos fallos vinculados a proteger a los genocidas hicieron nuevamente visible su naturaleza servil frente a los verdaderos poderes del país, cuyos intereses salvaguarda. Las clases populares no deben guardar ilusiones en esta institución que ha demostrado históricamente su verdadero rol social. Se impone la pelea por una democracia radical, que levante la necesaria disolución de la Corte, que todos los jueces sean electos por el voto popular, revocables y cobren lo mismo que cualquier trabajador y la formación de juicios por jurados, elegidos por el pueblo. Medidas elementales y democráticas para acabar con esta casta de funcionarios privilegiados y tribunales de clase.

Liliana O. Caló
@LilianaOgCa

"El capitalismo tiene un socio oculto: la mujer que realiza los trabajos domésticos no remunerados"

Entrevista a Mercedes D'Alessandro, impulsora del portal Economía Femini(s)ta, que ha conseguido situar la economía con perspectiva de género en la agenda pública latinoamericana y ganarse a las redes sociales.

- "Lo que está invisibilizado en los datos está invisibilizado en las políticas".
- "La asimétrica distribución del trabajo doméstico no remunerado es el tema central que explica que sucedan todas las discriminaciones económicas hacia las mujeres".

Es una de las economistas feministas que más repercusión ha tenido en los últimos años. Mercedes D'Alessandro, argentina, doctora en Economía, profesora en varias universidades y divulgadora económica, lanzó en 2015 el portal Economía Femini(s)ta. La página web, que se nutre del trabajo de un equipo de economistas, pero también de expertas de otras disciplinas, ha conseguido situar la economía con perspectiva de género en la agenda pública latinoamericana y ganarse las redes sociales. D'Alessandro, que vive en Nueva York, ha publicado recientemente Economía Feminista. Cómo construir una sociedad igualitaria (sin perder el glamour).
En los últimos dos años ha habido muchas movilizaciones de mujeres en diferentes partes del mundo. Aunque cada país tiene sus características, parece claro que hay una serie de problemas que les suceden a las mujeres en todas partes. ¿Cómo es posible que la brecha salarial, el techo de cristal o la precariedad sean nuestro día a día en todo el mundo?
Hay un tema central que explica que sucedan todos los demás: la asimétrica distribución del trabajo doméstico no remunerado. Son estas tareas del hogar, como limpiar, hacer las compras, cocinar y cuidar a niños, niñas y adultos, las que recaen mayoritariamente en las mujeres. Y no son tareas que lleven cinco o diez minutos. En Argentina, por ejemplo, dedican un promedio de seis horas diarias. Estamos hablando de que hay un montón de trabajo no remunerado que aparece dentro de la esfera de lo privado y lo personal pero que, sin embargo, es fundamental para que funcione el sistema productivo en el que vivimos. Alguien que tiene que ir a trabajar todos los días necesita todas estas tareas resueltas. Esto es algo que culturalmente las mujeres hemos llevado adelante. En la generación de nuestras madres y abuelas las profesionales eran la excepción y no la regla, el resto eran amas de casa. Hoy el ama de casa de los 60 full time (a tiempo completo) es algo que ha quedado fuera de la dinámica pero la sociedad nos sigue tratando así.
¿Nos trata así y por eso nos considera trabajadoras de segunda?
Cuando una mira por qué hay brecha salarial suele encontrar que, por un lado, las mujeres eligen tareas que pagan peor, ligadas a los cuidados. Por otro lado, trabajamos menos horas en el mercado, especialmente las mujeres que son madres. En todas las economías vemos que cuando las mujeres empiezan a tener hijos dejan de trabajar remuneradamente y se quedan en los hogares, eso les hace perder sus carreras profesionales, toman medias jornadas, no les ofrecen ascensos o mayores responsabilidades... Por eso, el tema central tiene que ver con la asimetría de los cuidados y con una cultura que asigna eso a las mujeres.
Podemos decir entonces que la economía se ha construido sobre un modelo que ha ignorado una parte de la realidad.
Exacto. Hay una economista estadounidense que dice que el capitalismo tiene un socio oculto: la mujer que realiza los trabajos domésticos no remunerados porque realiza los trabajos indispensables para que el sistema funcione sin ningún tipo de retribución.
¿Y hasta qué punto es el capitalismo un aliado necesario del patriarcado, de que esta sea la situación de las mujeres?
Usted misma dice que ninguno de los modelos económicos han tenido en cuenta esta parte de la realidad. El problema es que el capitalismo y las luchas feministas si bien nos beneficiaron en el sentido de que somos más independientes, por ejemplo, al mismo tiempo nos incluye en un sistema de trabajo que no es el paraíso de nadie, ni de mujeres ni de varones, y al que entramos además en desigualdad de condiciones. En Argentina, y es algo recurrente en toda América Latina, la mayoría de mujeres que trabajan lo hacen como empleadas domésticas. Es decir, una mujer de clase media que tiene ingresos y una vida profesional lo hace dejando una vacante en sus tareas del hogar y lo que hace es contratar a otra mujer para que las haga. Ahí tenemos un problema porque las mujeres profesionales hoy se pueden liberar de las tareas del hogar a costa de contratar a otras mujeres, en general, en condiciones muy malas. La forma de avanzar de unas mujeres es a costa de que otras tengan trabajos mal pagados.
Entonces algo falla en la ecuación, ¿son los hombres, que no asumen su parte de los cuidados?
Dentro de casa no hace falta una ley para que las tareas se distribuyan de forma más homogénea. Pero necesitamos que el Estado se comprometa y que, por ejemplo, la gente pueda acceder a guarderías o jardines de infancia, a espacios de escolarización, de recreo, a geriátricos... Esto facilita muchísimo la inserción laboral de las mujeres.
Muchas expertas hablan de que vivimos una crisis global de cuidados que puede ir a peor. ¿Cree que existe esa crisis?
Sí, absolutamente. No hay una suficiente provisión de servicios públicos de cuidados. Las personas que tienen que apelar a esos servicios terminan haciéndolo a servicios mercantilizados que suelen emplear a personas con pésimas condiciones. La única forma de acceder a ellos es que estén precarizados y mal pagados. Es muy importante, primero, reconocer que existen estos trabajos porque no hay estadísticas públicas sobre esto. En la mayoría de países no se miden los trabajos de cuidados y es muy difícil que a la hora de planear políticas se tomen en cuenta variables que influyan en los presupuestos y programas. Si no se visibiliza y cuantifica un problema, tampoco aparece como algo a solucionar. Los cuidados quedan fuera de lo que la economía toma como propio.
Sin embargo, mientras algunos organismos internacionales publican informes sobre los efectos positivos en la economía que tendría que más mujeres trabajaran, ¿no es una trampa que mientras vivimos en sociedades así nos empujen a un mercado laboral que nos maltrata?
Claro, el problema es que esto acaba derivando en una doble jornada laboral, dentro y fuera del hogar. La economista argentina Valeria Esquivel habla de la pobreza de tiempo. Con las encuestas de uso del tiempo muestra que las mujeres más pobres dedican siete horas a los trabajos pagados y otra siete a los no pagados, es decir, 14 horas de trabajo. Realmente estas jornadas afectan al tiempo libre y de descanso y esto genera una pobreza que no tiene que ver solo con el dinero. Muchas economistas feministas plantean el problema de la sostenibilidad de la vida, para qué se vive, el objetivo es generar ganancia o generar bienestar. Cuando una mujer quiere participar políticamente de alguna manera o comprometerse se le suma una tercera jornada laboral. Las sindicalistas suelen decirnos que no llegan a las reuniones porque tienen jornadas de ocho horas, dos horas de ida y vuelta a casa, tienen que correr a la escuela a por los chicos... Los varones tienden mucho a hacer networking y en esos ámbitos las mujeres o llegan tarde o nunca llegan.
Habla de la falta de indicadores y estadísticas y de que eso es un problema. Plantea también la necesidad de incluir indicadores económicos LGTBIQ. ¿Qué sería necesario medir?
Por ejemplo, en un distrito de Buenos Aires se hizo una prueba piloto en la población trans. Se encontraron cosas interesantísimas: de 400 personas solo el 1% tiene un trabajo formal y solo el 2% terminó la educación universitaria. Y es diferente la situación de los varones trans que la de las mujeres trans. Resulta que en Argentina se llevó adelante la ley de cupo laboral trans para obligar al Estado a contratarlas. Pero no hay personas que cumplan con los requisitos que pidió el Estado para formar parte del cupo, es decir, estás generando una ley que no permite a las personas destinatarias acceder a ella. Lo que está invisibilizado en los datos está invisibilizado en las políticas.
En Economía Femini(s)ta han puesto en marcha la iniciativa Menstruacción, ¿en qué consiste?
Consiste en tres puntos: pedir la eliminación de los impuestos a estos productos –tampones, toallitas y copas menstruales– que en Argentina es del 21% porque consideramos que es un bien de primera necesidad que toda mujer va a necesitar comprar. Pedimos provisión gratuita para las personas de bajos recursos porque anualmente pueden suponer unos 100 dólares, y mejorar las investigaciones sobre el tema, porque en los últimos años ha habido estudios que han encontrado rastros de glifosatos y no puede ser que no tengamos más información sobre los efectos que pueden tener. La campaña también apunta a desestigmatizar, a mostrar que la menstruación es parte de nuestra experiencia cotidiana y que acceder a estos productos es una cuestión de salud.
Y volviendo al principio, a los paros de mujeres y las protestas por la brecha salarial, la violencia de género, los cuidados, la Women's March... ¿cree que es el inicio de un proceso irreversible en el sentido de que estos temas están ya en la agenda como quizá nunca lo habían estado?
Yo soy optimista. Hay muchas cosas resonando, muchas mujeres y varones que se dieron cuenta de algo y que a partir de ahí cambiaron su forma de concebir las cosas. Culturalmente hay un antes y un después, hay un fervor feminista que no había desde hacía mucho tiempo. No podemos decir que es la primera vez en la historia que sucede porque eso sería olvidarnos de toda la lucha que ha habido en el pasado, pero sí hay una nueva efervescencia. Lo que sí hay también son gobiernos muy conservadores. Todas las cosas que hemos ganado en luchas anteriores se tambalean a veces, con lo cual no podemos dormirnos y descansar en que muchas gentes usen remeras (camisetas) que dicen feministas. Tenemos que seguir muy atentas porque cada conquista cuesta mucho mantenerla. Y hay un tema que va más allá que es la violencia de género, que tiene una parte de violencia económica muy importante: muchas mujeres no se pueden ir del hogar porque no tienen a dónde, no tienen trabajo, no tienen recursos.

Ana Requena Aguilar
www.eldiario.es

Acto del Encuentro Memoria Verdad y Justicia por Santiago Maldonado



Ante la aparición de un cuerpo anteayer en el Río Chubut, desde ayer el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia se ha declarado en estado de alerta y movilización. En ese contexto, hoy nos volvemos a movilizar a la Plaza de Mayo para exigir la aparición con vida de Santiago Maldonado.
Denunciamos la responsabilidad directa de la Gendarmería en la desaparición forzada de Santiago en el marco del operativo represivo contra la comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia, operativo del cual participó en persona el jefe de gabinete de la ministra Bullrich, Pablo Noceti.
Denunciamos también al gobierno nacional y su operación política de encubrimiento, con apoyo de los grandes medios, con el objetivo de desprestigiar a Santiago y a su familia desde el primer día.
Asimismo rechazamos la demonización oficial hacia la comunidad mapuche y las versiones de que ellos pudieron plantar el cuerpo. Si el cuerpo fue plantado, incluso en una zona que ya antes había sido rastrillada tres veces, lo fue por la Gendarmería que es quien lo desapareció.
Después de todo el cuestionado accionar de la justicia y la recusación del juez Otranto, y después de todas las presiones, dilaciones e intervenciones del gobierno sobre la causa judicial, fue la propia familia de Santiago quien durante varias horas resguardó el cuerpo para evitar cualquier alteración. Con esa actitud valiente, la familia expresó la gran desconfianza popular hacia el Estado y sus instituciones.
A 80 días de su desaparición forzada por Gendarmería, desde el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia decimos:

• Aparición con vida ya de Santiago Maldonado!

• Fuera Bullrich y Noceti!

• El gobierno y el Estado son responsables!

• Juicio y castigo a todos los culpables!

Encuentro Memoria Verdad y Justicia, 19 de octubre de 2017

Qué pasó con Santiago Maldonado



Las informaciones de las últimas horas refuerzan la versión de que el cuerpo encontrado a la vera del río Chubut pertenecería a Santiago Maldonado, el joven desaparecido el 1 de agosto luego de que la Gendarmería reprimiera una manifestación de la comunidad mapuche Pu Lof sobre la ruta 40. Esto deberá ser corroborado en las próximas horas por los peritos forenses. El cuerpo podría ser trasladado a Buenos Aires para realizarle los estudios correspondientes.
La probabilidad de que el cadáver encontrado a metros del puesto de guardia de la comunidad mapuche, luego de 78 días de su desaparición, pertenezca a Maldonado plantea una serie de interrogantes todavía irresueltos.
El comunicado oficial de la fiscalía, comandada por Silvina Ávila, indica que el cuerpo fue encontrado trescientos metros río arriba del lugar donde se produjeron los acontecimientos represivos del 1 de agosto, cuando el juez Guido Otranto ordenó el despeje de la ruta que era cortada por los mapuche en reclamo de la liberación de Facundo Jones Huala, que aguarda la decisión judicial acerca del pedido de extradición realizado por el Estado chileno. En esa manifestación participó Santiago Maldonado, solidario con el reclamo de los mapuche.
El testimonio de Mabel Sánchez, miembro de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, indica que el cuerpo fue encontrado flotando en el río, “no enmarañado”. La referente de esa agrupación indica que el cuerpo fue “plantado”, tal como surge de los datos obtenidos hasta el momento: ¿cómo sería posible que un cuerpo recorra trescientos metros río arriba?
Soraya Maicoño, vocera de la comunidad mapuche de Cushamen, afirma que el cuerpo hallado era visible a simple vista desde una loma. La zona había sido rastrillada en tres oportunidades, ¿es posible que no haya sido divisado antes? Los perros entrenados especialmente para la búsqueda de cuerpos sumergidos, pertenecientes a una división con asiento en Entre Ríos, se habrían dirigido inmediatamente al lugar donde se encontraba el cadáver. ¿Por qué no se los empleó antes? Especialmente, teniendo en cuenta que la principal “hipótesis” del anterior juez de la causa, Guido Otranto, era que Maldonado se había ahogado.
El especialista Ariel Garbarz indica que tiene en su poder los números telefónicos que acompañaron la última comunicación de Santiago Maldonado, realizada desde su celular a su amigo Ariel Garzi, que relató escuchar un lugar cerrado, sin participación oral de Maldonado. Garbarz dice que la antena desde donde se detectaron los llamados -y la presencia de otros teléfonos celulares- fue violentada el día 10 de septiembre, con la intención de impedir pruebas que comprometan a quienes se llevaron el cuerpo de Santiago.
¿Fue el cuerpo de Maldonado plantado luego de que permaneciera estos setenta y ocho días desde su desaparición en un sitio indeterminado? Si fue así, todo apunta a la Gendarmería y al Estado. Este es uno de los interrogantes que deberían develarse en la autopsia. Como perito de parte de la familia Maldonado interviene el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), con destacada intervención en la identificación de restos de detenidos-desaparecidos bajo la dictadura y prestigio internacional. Un estudio sin interferencias brindará respuesta al interrogante acerca de la identidad del cuerpo, cómo murió, si permaneció allí o fue “plantado”, etc.
Quedan pendientes también las responsabilidades políticas. A la evidente incapacidad de las fuerzas estatales para realizar un hallazgo a 300 metros del lugar donde Santiago fue divisado con vida por última vez, al cabo de más de 70 días de búsqueda, debe esclarecerse por qué el gobierno y los medios acólitos utilizaron la desaparición de Santiago para demonizar a los mapuches y a la propia víctima, a la que llegaron a acusar de prestarse a un complot para perjudicar al gobierno. Su principal referente en estos comicios, Elisa Carrió, afirmó en televisión que había “un 20% de posibilidades de que se encontrara en Chile con la RAM”. Antes que el hallazgo de la verdad, el gobierno se guió por el encubrimiento de la Gendarmería y manipuló a la opinión pública en ese sentido. La vigorosa movilización democrática que acompañó la búsqueda de Santiago desbarató todas las maniobras para sellar el caso con la impunidad. ¿Estamos ante una nueva tentativa de encubrimiento? En todo caso, nada exime la responsabilidad política de Patricia Bullrich.
Los culpables deben ser llevados al estrado de la justicia.

Diego Rojas y Jacyn

Macri como herramienta del sionismo

El Gobierno argentino, presidido por el Multimillonario derechista Mauricio Macri, ha intensificado su accionar islamófobo, a partir del papel asignado a su administración, tras la visita a ciertos países latinoamericanos el pasado mes de julio, del Primer Ministro sionista Benjamín Netanyahu.
Periplo realizado, con el objetivo de incrementar la presión contra la República Islámica de Irán y contribuir al fracaso del Plan Integral de Acción Conjunta firmado entre la nación persa y el G5 + 1. Viaje que mostró, igualmente, el temor de la alianza Washington - Tel Aviv al apoyo fundamental que Teherán ha brindado a la lucha contra el terrorismo takfiri a través del Eje de la Resistencia tanto en Siria, Irak, Yemen y que se tiene como línea central de su política exterior la causa del pueblo palestino. Sostén que ha llevado a la administración Trump a definir al Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica como sujeto a sanciones y una política hostil, que expresa la enorme debilidad de las posturas de Washington y sus socios de Tel Aviv y Riad.
El viaje de Netanyahu, además de las reuniones sostenidas con el Gobierno argentino incluyó la Colombia de Juan Manuel Santos y el México del cuestionado Enrique Peña Nieto. Ello, como paso previo a la participación del premier israelí en la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde el dirigente sionista volvió a repetir su contumaz discurso belicista contra Irán y el clásico papel victimista que la entidad israelí ha desarrollado en el mundo desde el año 1948 a la fecha. Un Netanyahu mendigando apoyos políticos y diplomáticos y que tiene como principal sustento a su padre putativo estadounidense.

La AMIA en el Portafolio Secreto

En Buenos Aires, los palmoteos de espalda y los halagos iban y venían entre Macri y Netanyahu. El mandatario argentino recibió los parabienes del Primer Ministro israelí y su comitiva por el papel de defensa de la política colonialista del régimen sionista y su apoyo en las críticas vertidas a la República Islámica de Irán. A la par de recibir una serie de documentos históricos - 139.544 documentos y fotografías de la Segunda Guerra Mundial - enviados desde las distintas embajadas argentinas en el mundo entre los años 1939- 1945.
Macri se comprometió, igualmente, a reflotar la investigación del atentado contra la AMIA el año 1994, en el marco de lo que en la declaración conjunta entre ambos dirigentes señalaron como "la lucha contra el terrorismo". Claro está, sin que ello implique una condena a los crímenes de lesa humanidad cometidos por Israel contra el pueblo palestino a lo largo de 69 años de ocupación de su territorio y una política colonialista, racista y criminal.
En otro plano de cooperación un grupo de efectivos de la Dirección de Seguridad Especial de la Policía de Buenos Aires viajó a los Territorios Palestinos ocupados para ser capacitados en labores de inteligencia y "respuesta rápida" por parte del ejército ocupante sionista, que en lenguaje llano implica aprender cómo reprimir a la población desarmada, como disuadir, planificar y ejecutar ataques. Cooperación que se une a los contratos de venta de armas concertados entre ambos países.
Según el Gobierno bonaerense, las fuerzas se capacitarán en temas vinculados con despliegue rápido, metodologías convencionales y no convencionales, equipamiento especial, prevención, disuasión, planificación y ejecución del ataque, entre otros.
A pesar que el tema de la AMIA no tuvo declaraciones altisonantes, el atentado fue el tema que marcó las conversaciones entre Netanyahu y Macri, cuestión que quedó en evidencia tras las decisiones tomadas por el presidente argentino, una vez que Netanyahu abandonó el país, en materias referidas al apoyo político a Israel y la decisión de reflotar la investigación judicial sobre los hechos ocurridos el año 1994, volviendo con ello a sacar interesadamente a colación el nombre de Irán , en momentos que la entidad sionista siente amenazada sus acciones desestabilizadoras en Oriente Medio, gracias al trabajo y la lucha antiterrorista del Eje de la resistencia, que tiene precisamente a irán como su estandarte.
El año 1994, el día 18 de julio, a las 09:53 horas, el centro de Buenos Aires se estremeció con el estallido de un auto bomba cargado con 300 kilos de explosivos frente al Edificio de la denominada Asociación Mutual Israelita Argentina - AMIA el principal centro comunitario de la colectividad judía en Argentina. Un atentado en el cual murieron 85 personas y 300 resultaron heridas, solo dos años después que una explosión en la Embajada de Israel en Argentina matara a 29 personas.
Las muertes, heridos y la destrucción del inmueble mutualista, una investigación plagada de interrogantes y una nebulosa que encierra múltiples intereses políticos - que han sido imposible de desentrañar - han generado un cúmulo de hipótesis y la decisión del actual Gobierno argentino de volver a implicar a la ex presidenta Cristina Fernández, ciudadanos iraníes y a la comunidad islámica de Argentina, en una mezcla que deja en evidencia la influencia y presión de Israel y Estados Unidos.
Conducta que muestra la clara estrategia y los deseos de la alianza entre Washington e Israel de demonizar a la nación persa y el islam. Cabe recordar que Irán fue acusado por los lobbies israelíes de haber estado detrás del atentando de AMIA. El año 2013, bajo la Presidencia de Cristina Fernández, los Gobiernos de Argentina e Irán -que ha desmentido desde el inicio cualquier tipo de implicancias en los hechos- firmaron un memorándum de entendimiento para dar luces y esclarecer este caso que se extiende ya por 23 años.
No es casual que los llamados a interrogar al ciudadano Sr. Jorge Yussuf Khalil y la ex Presidenta Cristina Fernández involucren conexiones locales e internacionales destinadas, por una parte, a desviar la atención de los graves problemas políticos, sociales y económicos que sufre la administración Macri, como al mismo tiempo hundir cualquier pretensión de Cristina Fernández de presentarse como alternativa política al macrismo. Ello, junto al papel que cumple el Gobierno derechista argentino como mandadero de los deseos y aspiraciones sionistas contra Irán, Hezbolá y cualquiera que hoy significan el único oponente que le hace frente a la pretendida hegemonía imperialista y sus socios sionistas y wahabitas en Oriente Medio. Y en ese plano Macri es un simple perno en el engranaje Washington-Tel Aviv.
El Juez Federal Claudio Bonadio citó a la ex presidenta Fernández para el día 26 de octubre - 4 días después de las elecciones parlamentarias que se celebran en el país andino - a dar una declaración indagatoria, sobre la causa AMIA, prohibiéndole de paso su salida del país. Se suma al llamado a la ex mandataria, la citación al ex Canciller Héctor Timerman y otros 13 imputados bajo la acusación de encubrimiento de las investigaciones llevadas a cabo para descubrir al culpable del atentado y poner en el centro del debate el famoso memorándum de entendimiento firmado entre Irán y Argentina en agosto del año 2013 y entre cuyos puntos sobresalía la conformación de una Comisión de la Verdad, que estaría compuesta por juristas internacionales para cooperar con la investigación y desmitificar de una vez las acusaciones vertidas contra ciudadanos iraníes.
El mencionado memorándum es un “documento público aprobado por el Congreso argentino con el objetivo de encontrar un puente hacia el esclarecimiento de uno de los hechos más atroces ocurridos en nuestro país, como fue el atentado a la AMIA” según señala la Federación de Entidades Islámicas de la República Argentina – Feira - . Dicho documento nunca entró en vigencia, ni sirvió para que se levantaran las alertas rojas o creara la “Comisión de la verdad” para mejorar la situación de los mismos. Desde luego tampoco se cumplieron ninguna de las sospechas sobre las que el fallecido Juez Fiscal Alberto Nisman fundamentó su denuncia” detalló la Feira.
El caso más preocupante, por las aristas que reviste en la campaña mundial que se lleva a cabo contra el islam – dirigido por la alianza entre Washington y su socio sionista – es la acusación contra Jorge Yussuf Khalil. Ciudadano argentino que ha recibido la amplia solidaridad de la comunidad musulmana argentina y sus organizaciones, especialmente en la ciudad de Buenos Aires y su Conurbano. Yussuf Khalil ha ocupado cargos de dirigente en la comunidad islámica del país sudamericano, además de trabajar en la difusión de la cultura del islam en Radio Annur. Presidente de la Asociación árabe – Argentina islámica y sus anexos: instituto Árabe-Argentino Islámico y el cementerio islámico de la matanza, habiendo sido, asimismo Secretario General de la Mezquita At Tauhid, según comunicado público entregado por la Federación de Entidades Argentino Árabe de la Ciudad de Buenos Aires y Conurbano.
En la información entregada para conocimiento público la Fearab da a conocer que el Sr. Khalil se ha destacado en la dirigencia de la colectividad sirio-libanesa en la ciudad de Buenos Aires. Nacido de una familia musulmana ha dedicado sus esfuerzos en desmitificar y desterrar “falsas creencias, mitos y desinformaciones que sobre la comunidad islámica, algunos medios de comunicación con intereses políticos poco transparentes han tratado de instalar hace años”.
En este sentido Fearab Buenos Aires y Conurbano posee la firme convicción que la citación a indagatoria que pesa sobre Jorge Yussuf Khalil significa el inicio de una manifestación de islamofobia, que mediante el uso irregular del poder judicial, y de la prefabricación de causas judiciales, se pretende iniciar una sistemática persecución hacia la dirigencia musulmana de la República Argentina. Lo dicho anteriormente, de modo alguno significa que esta entidad, no bregue por el esclarecimiento debido de la causa AMIA, al igual que muchas otras que por menos notorias no dejan de ser importantes para el tejido social argentino.
Volver a poner como centro del foco mediático a la AMIA viene como anillo al dedo en esta política de iranofobia e islamofobia que Washington y su aliado sionista han implementado en una calculada y descabellada estrategia de esconder la responsabilidad de estos regímenes en los crímenes contra el pueblo palestino, los intentos de fragmentación y destrucción de los pueblos de Siria e Irak. El sostén otorgado a la Monarquía Saudí en su agresión contra Yemen y Bahréin. La desintegración de Libia y el silencio cómplice ante el genocidio de la comunidad musulmana Rohingya en Myanmar. Que mejor que sortear las críticas internacionales frente a estos crímenes que sindicar a otros como patrocinadores del terrorismo, utilizando para ello toda la maquinaria política, diplomática y comunicacional que posee Estados Unidos y su aliados.
El atentado a la AMIA, sin duda alguna y sin pero que valga requiere ser resuelto, debe encauzar sus indagaciones hacia lo que las primeras pistas y pesquisas que se conocieron como la "conexión local" según determinación de líneas de sondeo llevadas a cabo por el Juez Juan José Galeano, que incorporó tres años después del atentado al fallecido Juez Alberto Nisman. Esa conexión local acusaba a policías y civiles argentinos de haber proporcionado apoyo logístico y operativo, en terreno, para concretar el ataque de julio del año 1994.
También, en ese entonces, una de las teorías mencionaba a miembros de la Embajada de Irán en el atentado, cuestión que jamás ha podido ser probada y que ha significado una tensión permanente entre las administraciones de los gobiernos argentinos y las autoridades de Irán, que ven en ello un volador de luces y sobre muestra de la inoperancia de las investigaciones llevadas a cabo bajo el influjo y lobby de autoridades de Israel. Sobre todo cuando la "conexión local" cayó producto de una serie de irregularidades en el proceso que incluyó el pago, por parte del juez Galeano, de us$400.000 a Carlos Telleldin - empresario y comerciante de autos que habría proporcionado la camioneta Renault Traficc empleada en el atentado - para que testificara en contra de los policías argentinos de esa conexión local.
Teorías que incluso han mencionado al Movimiento de Resistencia Islámica - Hezbolá - en una época donde se pretendía encontrar células islámica y presencia de movimientos en determinadas zonas de Latinoamérica, entre ellas la denominada Triple Fronteras, entre Brasil, Paraguay y Argentina. El año 2006, doce años después del atentado la justicia argentina determinó la nulidad de la causa AMIA y todos los involucrados fueron absueltos, quedando sólo la acusación contra ciudadanos iraníes, cuya investigación no ha sido cerrada y que ha servido de excusa permanente para presentar a la nación persa como patrocinador del terrorismo, ocultando bajo estos ataques permanentes la verdadera responsabilidad de gobiernos como el de Estados Unidos e Israel en la génesis, desarrollo y ampliación del actuar de grupos terroristas takfiri, en los últimos años o grupos como Al Qaeda que hunden su origen en la lucha de Estados Unidos contra la ex Unión Soviética en Afganistán.
La AMIA y sus ramificaciones han servido, para tener como destinatario de ataques, persecución y tergiversación a la comunidad islámica, en la Argentina y el mundo. Ha servido como escenografía de la más abyecta campaña de islamofobia que se tenga memoria en Latinoamérica. Ha sido una red de intrigas tejida por organismos de inteligencia de la propia argentina en conjunción de intereses con el Mossad israelí, Aman y el Shin Bet , quienes se han caracterizado a lo largo de su historia en sembrar caos y destrucción allí donde operan, aún si ello implica sacrificar a quienes dicen proteger.
Un atentado de falsa bandera, como nos tiene acostumbrado la alianza entre el imperialismo y el sionismo y donde el enfrentamiento de los sectores de la ultraderecha israelí, en ese año 1994, signó el marco de acción de esta pugna en una institución mutualista situada a miles de kilómetros del campo de enfrentamiento sionista. Un año después, el 4 de noviembre esa pugna tendría otro signo trágico con el asesinato, a manos de un estudiante ultraderechista israelí, del ex primer Ministro israelí Isaac Rabin.
La AMIA fue uno de los objetivos de batalla entre un Likud deseoso de torpedear los acuerdos de paz que se estaban firmando entre Israel y la Autoridad nacional palestina tras los Acuerdos de Oslo y un laborismo interesado en resolver el tema de los territorios ocupados de la Franja de gaza y la ribera occidental, a sabiendas que Oslo le permitiría, finalmente, seguir manteniendo la hegemonía sionista en la zona. AMIA fue una cortina de humo destinada a ocultar las actividades de los servicios de inteligencia israelíes en cualquier parte del mundo, con el fin de conseguir sus aspiraciones hegemónicas en el levante mediterráneo. Y para ello, culpar a Irán, a Hezbolá, al Islam, sirve en esta tarea miserable.
Hoy, en el último trimestre del año 2017 la alianza entre el imperialismo y su hijo putativo: el sionismo, está más activo que nunca en su objetivo de desestabilizar a los países de Oriente Medio. Seguir en este proceso de cerco contra la revolución iraní. Utilizar a los movimientos terroristas takfirí en esta estrategia desestabilizadora donde la islamofobia e presenta como uno de los ejes principales. Y, para ello, nada mejor que reflotar atentados definidos hace un cuarto de siglo como de falsa bandera, encarcelar a dirigentes de la comunidad musulmana en Argentina y así mostrar como enemigo al Islam. Toda la solidaridad con Jorge Yussuf Khalil que en esta campaña de desprestigio representa la cara visible de la dignidad a diferencia de un Mauricio Macri convertido en instrumento y títere del sionismo.

Pablo Jofré Leal

jueves, octubre 19, 2017

Malta: el asesinato de una periodista y la descomposición capitalista



Un paraíso fiscal para la burguesía europea

El atentado que le costó la vida a la periodista maltesa Daphne Caruana Galizia, volvió a hacer saltar a la arena internacional la profundidad y amplitud de los niveles de corrupción que salieron a la luz con la publicación de los denominados Panama Papers, y que alcanzan a empresarios, funcionarios y políticos de distintos países del mundo, incluido el presidente Mauricio Macri.
La periodista y bloguera –que integraba el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) que reveló los Panama Papers- murió por la explosión de una poderosa y sofisticada bomba, activada desde un celular, que fuera colocada en un auto alquilado por ella. Esas características del atentado colocan en la mira a las fuerzas de seguridad e inteligencia, que son las que pueden acceder a una sofisticación semejante y a la posibilidad de colocar el artefacto en el vehículo en pleno día.
El hijo de la periodista –que tiene su mismo oficio- denunció la "cultura de la impunidad" que existe en ese país y culpó por el crimen al gobierno maltés de Joseph Muscat. “Somos un pueblo en guerra contra el Estado y el crimen organizado, que se han vuelto indistinguibles", añadió.
Días antes de su asesinato, Caruana Galizia había presentado la denuncia de que había recibido amenazas de muerte, según informó el diario maltés Times of Malta. Y, horas antes del atentado, escribió en su blog: "hay delincuentes dondequiera que mires. La situación es desesperada".
Las denuncias de Caruana Galizia sobre el primer ministro, su esposa, el titular de Energía y el jefe de gabinete, quienes fueran imputados por tener cuentas en paraísos fiscales, habían obligado a Muscat a adelantar un año las elecciones que debían realizarse en junio del año próximo para morigerar el impacto de aquellas sobre el resultado de los comicios en los cuales se jugaba su reelección.
Pero también generaron preocupación entre los grandes capitalistas y funcionarios de distintos países europeos que utilizan a la isla como refugio de su dinero negro.
Es que, en las publicaciones que le costaron la vida, Caruana Galizia desnudó no solo los casos de corrupción que alcanzaban a funcionarios del gobierno maltés –incluido el primer ministro Muscat- sino que mostró que la pequeña isla se había convertido, en el seno de la Unión Europea, en un paraíso fiscal para grandes empresas y fortunas privadas.
Por esa razón, resultan cínicas las muestras de condolencia y repudio que ahora recorren a los más diversos estamentos del establishment europeo, metido hasta las rodillas en el pantano de corrupción cuyas aristas comenzaron a descubrirse con la publicación de los Panama Papers.
Los Panama Papers comenzaron a conmocionar al establishment político y la burguesía de muchos países en abril del año último. El primer ministro de Islandia, Sigmundur Gunnlaugsson, se convirtió en el primer funcionario golpeado por la filtración: dimitió solo dos días después de que los documentos mostraran que su mujer era propietaria de una compañía offshore que él no había declarado al entrar en el parlamento.
Unos días después el ministro de Industria, Energía y Turismo de España, José Manuel Soria, fue quien dejó su cargo después de que se descubriera su vinculación con empresas registradas en paraísos fiscales.
Para su autopreservación, la burguesía de distintos países utilizó todos los mecanismos que tenía a mano, entre ellos los judiciales -como sucediera con el rápido sobreseimiento de Macri por su participación en al menos dos sociedades off shore- para que la marea no llegara más lejos. Se trata de preservar un camino de negocios que, cada vez más, alcanza a segmentos mayores del capital.
Es que, a medida del avance de la crisis económica y la descomposición capitalista, la burguesía orienta una parte creciente de sus beneficios ociosos hacia negocios e inversiones en la economía negra, a desarrollar burbujas especulativas o hacia actividades ilegales. Esta descomposición lleva al límite del crimen que, esta vez, otra vez, golpeó a una periodista que con sus denuncias ponía en evidencia la podredumbre de un sistema.

Nelson Marinelli

Xi Jinping anuncia el inicio de una "nueva era" para China



Fue en el inicio del 19° Congreso del Partido Comunista Chino. Anunció más reformas y expansión económica y combatir la corrupción. Xi será "coronado" al nivel de Mao y Deng Xiao Ping.

El presidente de China, Xi Jinping, desplegó este miércoles una visión confiada de su país como una "nación más próspera y con un rol preponderante en el mundo", al destacar la importancia de eliminar la corrupción y reducir la sobrecapacidad de sus industrias, la desigualdad de ingresos y la contaminación.
Fue durante la apertura del 19° Congreso del Partido Comunista, del que se espera que Xi salga "coronado" como una de las figuras fundamentales de la historia china, al nivel de Mao y de Deng Xiao Ping (artífice de la apertura económica china).
Como parte de su discurso Xi se comprometió a desarrollar "un país socialista moderno" para una "nueva era" que según dijo será un orgullo para China y se mantendrá bajo el mismo sistema de gobierno, aunque estará abierto al mundo. Es decir mantener el férreo control político de parte del Partido Comunista pero avanzando en un nivel mayor de apertura económica y "depurando" de las esferas más altas del partido a los sectores ligados a casos resonantes de corrupción, enviando un mensaje al conjunto de la dirección partidaria y aquellos que se enriquecieron de la mano del estado durante las últimas décadas. Cómo parte de esta cruzada está el avance sobre empresas estatales que podrían ser recapitalizadas y llevadas a un esquema de capital mixto (sin resignar la mayoría estatal) para ir hacia una mayor penetración de empresas chinas en sectores de la economía mundial al que aún no llegaron.
Es por esto que aunque en su discurso dejó en claro que no existen planes de una reforma política, Xi insistió en que el desarrollo de China ingresó a una "nueva era", empleando la frase 36 veces en una intervención que duró casi tres horas y media.
"Mediante un largo período de trabajo duro, el socialismo con características chinas ha entrado en una nueva era, esta es una nueva dirección histórica en el desarrollo de nuestro país", declaró el presidente.
El congreso quinquenal, un cónclave que se prolonga por una semana y se realiza mayormente a puertas cerradas, al finalizar se seleccionarán a 205 miembros del Comité central y a los 25 integrantes del Politburo que gobernará a los 1.400 millones de habitantes de China durante los próximos cinco años.
Xi, de 64 años, que ya había sido designado como "núcleo" del Partido, ahora será "coronado" como uno de los principales líderes de la historia junto a Mao y Deng, ganando un peso político determinante para avanzar con reformas sustanciales en el terreno económico.

Reformas económicas

En el frente económico, Xi dijo que China relajará el acceso a los mercados para la inversión extranjera, facilitará el ingreso a su sector de servicios y profundizará las reformas de sus sistemas cambiario y financiero, al tiempo que fortalecerá las empresas estatales. Al mismo tiempo estableció nuevas metas para las próximas tres décadas que incluyen transformar el Ejército en uno de los principales del mundo .
No son pocos los que especulan que la clave del próximo período serán las reformas sobre las empresas estatales. Como se entusiasma Damien Ma, director adjunto del grupo de estudios estadounidense Paulson Institute "Si Xi recibe el mandato político como se espera en el congreso, entonces ojalá que la reforma del sector estatal realmente se lleve a cabo (...) Ha habido rumores en Pekín respecto a que el sector estatal será un objetivo (de reformas) tras el décimonoveno congreso del partido, así que estamos a la espera".
Sobre este punto crucial, aunque aún es una especulación, existe lo que se podría definir como una carrera de velocidades entre los capitales extranjeros deseosos de ingresar a China para formar parte de una hipotética apertura "mixta" de las empresas estatales por un lado, y por el otro la velocidad con que estas empresas puedan expandirse y conquistar nuevos mercados alrededor del mundo que hasta ahora tenían vetados. Algunos dicen que es una situación en las que todos ganan, otros que finalmente y a largo plazo, quién sale victorioso es China.
Un sector más escéptico sobre las reformas afirma que la mayor extensión de la influencia del Partido Comunista generaría dudas sobre su compromiso en expandir el papel del mercado.
El Congreso sesionará una semana antes de elegir a la nueva dirección y "coronar" a Xi Jinping, y los ojos de todos están puestos en las definiciones que tome, que influirán sobre el futuro de la economía y la política mundial.

LID

Cárcel de algoritmos

Otro encierro de las ideas

Ahora resulta, también, que los conceptos con que transitamos las “redes sociales” son, en virtud de los programas sensibles de la w.w.w., unas forma del encierro del cual “no se sale” porque es un encierro, digital, ideológico y comunicacional. Se trata de dispositivos ciber-sensibles capaces de enlazar y “circunscribir” redes o conjuntos de palabras (e imágenes) entre usuarios coincidentes, para crear marejadas de ideas encerradas en sus propios mantos semánticos. No sorprende tratándose de tecnología ideada por la burguesía para comerciar globalmente. E-Comerce le llaman.
“Del latín medieval algorismus, y este epónimo del matemático y filósofo persa al-Jwārizmī ( الخوارزمي ), a su vez llamado así por ser nativo de Corasmia. Compárese guarismo… Conjunto secuencial, definido y finito de reglas para obtener un determinado resultado en la realización de una actividad.” (https://es.wiktionary.org/wiki/algoritmo)
Se fabrican a destajo “trolls”, “fakes” y “bots” en cuanto reducto sea posible manipular sin ser visto. Son una plaga y una calamidad cuya trascendencia sólo comienza a ser vista según genere “inconvenientes por espionaje o por siembra de pruebas falsas luego de quedar, un mensaje, encerrado en cárceles con rejas digitales invisibles.
Con los espejismo democráticos creados por internet, proliferaron argucias y vigilancias y a la información y crearon un caldo de cultivo descomunal infestado por dispositivos de control y represión semántica aplicados sistemáticamente para hacer negocios disfrazados de “política”. Cada día las evidencias se multiplican porque los usuarios reciben “la misma información” a pesar de estar en las más diversas “redes” y porque, más de una vez, los círculos en los que quedan encerrados son puntos “ciegos” para neutralizar “movilizaciones” twitteras. Parece que sólo hablamos entre un “nosotros” creado artificialmente.
Por ejemplo. Hay dispositivos diseñados para analizar nuestra conducta semántica en el contexto de nuestros contactos. Eso lo demuestra fácilmente la publicidad que de inmediato nos inunda cuando escribimos, por ejemplo, un correo electrónico o un mensaje en las redes. La cosa empeora cuando decimos que nos ha “gustado” algo en especial. Una cuenta, una concepto una imagen…entonces los algoritmos se adueñan de nuestros “espacios” virtuales para dejarnos encerrados en lo que ellos consideran el mundo de nuestros “pares”. Todo eso sin consultarnos.
Somos víctimas de publicistas y de servicios de inteligencia sin saber exactamente cuál es cuál, o cómo se diferencian. Con sus algoritmos ellos dan mayor importancia a los conceptos y núcleos que creen fiables y enlazan a webs de espionaje de datos con mentiras, informaciones manipuladas, rumores y calumnias para favorecer (especialmente) la difusión de noticias falsas y la creación de prisiones algorítmicas ideológicas. Imponen su visión del mundo encerrándonos y alejándonos de aquello que cuestiona sus ideas. Es un impacto invisible de la tecnología que fabrica burbujas ideológicas con algoritmos capaces incluso de intervenir contenidos emocionales e hibridarlos con las noticias falsas con otros algoritmos capaces de detectarlas y difundirlas mejor en sectores de usuarios más sensibles a esa fórmula que a su vez han sido encerrados en calabozos digitales a medida con base en el “big data”.
Hay “usuarios” que se han hecho adictos voluntariosos a las noticias no veraces. Con algoritmos se rastrea y se enlaza la proclividad de algunos que ya no necesitan del engaño porque se auto engañan y crean feligresías de la falacia como expresión de un estado alterado de relación con la realidad y como ejemplo de una “cultura” basada en patologías informativas de nuevo género que son mutaciones semióticas en un campo de lucha plagado con infecciones ideológicas muy letales.
Para combatir ese delito de lesa humanidad, nos urgen, por ejemplo, grupos de investigación multidisciplinarios que aborden este problema como un problema de Cultura y Comunicación íntimamente relacionado con problemas de salud mental y saludo pública en general. Habría que revolucionar la producción de los algoritmos para que en lugar de encriptar su origen y sus fecha de creación ayudaran a garantizar la veracidad de una información, su responsabilidad social, sus autores, sus usos y sus intereses de clase con precisión de datos y códigos éticos con diferenciación entre informar y opinar.
Que las máquinas no decidan qué “verdades” debemos conocer ni con qué “círculos” de usuarios debemos ser enclaustrados para que terminemos hablando entre “iguales” bajo la lógica de que somos colectivos de consumidores promedio con modos de pensar “similares”. Porque ese es el negocio tarde o temprano. Para vendernos libros religiosos o “progres”, para vender este o tal tabaco, para un vestuario u otro… para encajarnos un dispositivo ideológico, electoral, dogmático o consumista.
Los algoritmos de mercado (mercadológicos) constituyen una forma de la “inteligencia artificial” diseñados para agilizar las ventas de toda la chatarra burguesa que circula en el “e-comerce” y no solamente el espionaje para la represión física e intelectual. Incluso Google y Facebook han reconocido el uso y el abuso de los algoritmos y ya han ideado lavadoras de conciencia burguesa que se sustentan en una pretendida actitud ética en el manejo de información. Pero siguen espiando y vendiendo la información básica que la dictadura del mercado necesita para vaciar sus bodegas y saturarnos con crédito bancarios hasta la asfixia. Consumismo barnizado veracidad de publicistas.
También el modo de producción tecnológica debe ser escrutado en el contexto de la Guerra Económica que la burguesía ha desatado para dominar las relaciones de producción y todos sus campos emocionales. Necesitamos una revolución cultural que además de combatir la producción, distribución y consumo de informaciones falsas, consolide el derecho social a la Cultura, la Comunicación y la Información emancipadas y emancipadoras. Que habilite a los pueblos a controlar directamente la producción de la tecnología en sus “hardware” y en sus “software”. Revolucionar la producción de los algoritmos para garantizar un proyecto de igualdad e integración hacia una alfabetización mediática capaz de ayudar a desarrollar tecnología soberana y habilidades pertinentes para democratizar la producción de la información. De inmediato.

Fernando Buen Abad Domínguez

Colombia: El mercado de la fe

La visita a Colombia del papa Jorge Mario Vergoglio, alias Francisco, ha sido, aparte de una santificación del terrorismo de Estado, un extraordinario negocio, que dejó, según el propio Juan Manuel Santos, una ganancia de 280 mil millones de pesos (unos 100 millones de dólares). Que en solo cuatro días se haya producido tan fabulosa ganancia amerita que se reflexione sobre un pujante y próspero mercado: el de la fe.

Religión-mercancía

Cuando se cumplen 150 años de la publicación de El Capital de Carlos Marx, es bueno recordar que en esa obra se demuestra que el capitalismo todo lo mercantiliza, es decir, convierte lo existente (sea material o inmaterial) en mercancía, por la que finalmente se debe dar dinero. La religión no ha sido la excepción y hoy en día es una mercancía más, que se compra y se vende en cualquier esquina. Se ha constituido el mercado de la fe, que convierte las creencias de la gente común y corriente en una fuente fabulosa de ganancias, para unos minoritarios sectores de las jerarquías religiosas.
Ese mercado es diverso y en plena expansión, si se considera que en Colombia, cada día se crean tres nuevas iglesias cristianas y evangélicas, que no deben pagar ningún impuesto al fisco colombiano y además se nutren con los diezmos que les depositan sus feligreses, la abrumadora mayoría pobres y humildes. Las altas jerarquías católicas tienen un importante nicho de mercado, en el que venden imágenes religiosas, celebraciones, bendiciones y absoluciones, cobran peaje por entrar a determinados templos e iglesia, organizan viajes de turismo religioso para visitar “lugares santos”…
El Vaticano, un estado teocrático, el poder duro de la jerarquía católica, reglamenta y define las normas de funcionamiento del “libre mercado de la fe” y ha descubierto en los últimos años una lucrativa y nueva fuente de ingresos: la venta de santificaciones. Dado que en su reciente visita el papa Vergoglio beatificó a dos curas colombianos, vale preguntarse cuánto dinero costo tamaño milagro, porque es un verdadero milagro convertir a un criminal, militante confeso del partido conservador, como lo fue el cura Pedro María Ramírez, en un nuevo “beato”, el tercer nivel de la jerarquía católica antes de llegar a la santidad, el máximo peldaño.

La fábrica de los santos

Santificar y beatificar son en la actualidad negocios del Vaticano, entidad que desde comienzos de 2014 fijó unas nuevas tarifas, según lo anunció el Ministerio que se encarga de la santidad. Según el investigador Gianluigi Nuzzi en su libro Vía Crucis ese costo asciende, por lo bajo, a 500 mil euros. Si a esa suma se le agrega el costo del lobby (presión) que debe hacerse a los prelados que estudian los milagros del candidato a santo, el monto total es de 750 mil euros. Aunque, debido al escándalo suscitado al conocerse estas cifras, el Vaticano estipuló nuevas tarifas en el 2017, en las que se calcula que una santificación valdría 16 mil euros, más 1000 euros si hay milagro, esta cifra es de poca confiabilidad, porque una parte considerable de los gastos se destina al lobby, que se efectúa en las primeras fases de la postulación, con el fin de acelerar el tiempo en que se dé la noticia positiva sobre la incorporación de un nuevo miembro al santoral católico.
En el caso de nuestro país, los costos en que incurrió la jerarquía católica se ubican en el primero rango (de 750 mil euros), porque el proceso de beatificación se inició hace años. ¿Cuánto costaron esos dos nuevos beatos y, lo más importante, de dónde provino el dinero? Nunca lo sabremos con exactitud, por el hermetismo de las jerarquías católicas, las cuales aplican a rajatabla el “secreto de la confesión”, pero es evidente que gran parte de ese dinero procede de las contribuciones de los fieles en las misas dominicales, en las ofrendas monetarias y en el pago de contribuciones por bautismos, matrimonios y comprar los sacramentos de la santa fe católica.

El bazar religioso

Cuando se celebra el mundial de futbol, durante un mes se venden hasta las cosas más inverosímiles relacionadas con ese deporte-mercancía, sobresaliendo camisetas y afiches con la cara o el cuerpo de las estrellas del balompié. Y durante ese mes se le inyecta consumo a granel a la gente, aprovechando la borrachera futbolística. Algo similar sucedió durante una semana en Colombia con la visita del papa. Como si fuera una vedette del deporte o de la farándula, antes de un partido o de un concierto, las grandes ciudades, empezando por Bogotá, se paralizaron y se convirtieron en un bazar religioso. Allí se ofrecían camisetas con la imagen del papa, afiches, suvenires, agua bendita y de seguro hasta milagros. Hubo una gran afluencia de turistas nacionales y extranjeros, los hoteles llenaron sus cupos, las aerolíneas y empresas de transporte aumentaron sus viajes y el número de pasajeros transportados. El consumo en los restaurantes aumentó y se disparó la venta de mercancías religiosas en un 50%. Como diría Keynes el papa se convirtió en un “multiplicador” de la economía, al impulsar el consumo en forma encadenada de un sinnúmero de objetos y servicios mercantiles. Ha sido tan embriagador el consumo religioso en días recientes, que los empresarios deben estar rezando para que una visita de estas se repita cada mes, por aquello de mucho circo y poco pan.
Fue una borrachera religiosa, porque para completar durante las 24 horas los canales de TV públicos y privados, y la radio transmitieron en vivo y en directo hasta el último movimiento del papa, lo que indica que la mercancía religiosa aparte de ser un poderoso elemento de alienación es, al mismo tiempo, un lucrativo negocio, del que se benefician empresas capitalistas locales y multinacionales, así como la jerarquía católica y la Embajada del Vaticano (La Nunciatura). Esto es un verdadero soborno mercantil a la fe de los creyentes, porque como decía Jorge Luis Borges: “Yo creo que es mejor pensar que Dios no acepta sobornos”.

Renán Vega Cantor

Publicado en papel en El Colectivo (Medellín), octubre de 2017.

EE.UU. conocía las masacres en Indonesia de 1965 y 1966

El Gobierno estadounidense estaba al corriente de las masacres del ejército indonesio durante las purgas anticomunistas de 1965 y 1966 en el archipiélago del sudeste asiático, revelaron los archivos desclasificados por Estados Unidos sobre una de las peores atrocidades del siglo XX.
Los 39 documentos de la embajada de Estados Unidos en Yakarta, sobre los que se levantó el secreto el martes, cubren el periodo de 1964 a 1968, en plena Guerra Fría.
Aportan nuevas informaciones sobre uno de los episodios más convulsos de la historia moderna de Indonesia.
Alrededor de 500.000 personas afiliadas al Partido Comunista Indonesio (PKI) fueron abatidos entre octubre de 1965 y marzo de 1966 por militares y milicias civiles, según los historiadores.
Las masacres empezaron después de que el general Suharto reprimiera un golpe de Estado que las autoridades indonesias imputan a los comunistas.
El dictador tomó el poder tras la intentona golpista en 1965 y dirigió el país con mano firme durante 32 años. Fue derrocado por una revuelta popular en 1998, a raíz de la crisis financiera asiática, y murió en 2008.
Durante su etapa en el poder, las masacres se presentaron como un paso necesario para librar al país del comunismo, en una época en la que Indonesia contaba con el tercer partido comunista más grande del mundo, por detrás de China y de la Unión Soviética.
Los documentos desclasificados muestran que los responsables estadounidenses en el archipiélago tenían informaciones detalladas de las masacres, con la complicidad de organizaciones musulmanas del país.
En un telegrama diplomático enviado desde la ciudad de Surabaya el 26 de noviembre de 1965, el cónsul estadounidense subrayaba que el número de informaciones provenientes del este de Java era un "indicativo de las masacres", agregando que hasta 15.000 comunistas podrían haber sido abatidos en una sola matanza.
Un mes después, el mismo cónsul indicaba que prisioneros comunistas en manos del ejército eran "entregados a civiles para ser masacrados".
Otras víctimas fueron "secuestradas en barrios populares antes de ser abatidas y los cuerpos incinerados en lugar de ser tirados a los ríos", según esos documentos.

Comparable al sacrificio de pollos

Miembros de una de las mayores organizaciones musulmanas de Indonesia, Muhammadiyah, afirmaron que los comunistas eran "infieles de los niveles más bajos de la población, derramar su sangre es comparable al sacrificio de pollos", según un cable diplomático del consulado estadounidense en la ciudad de Medan, en la isla de Sumatra.
Defensores de los Derechos Humanos pidieron a Estados Unidos e Indonesia que publiquen los documentos clasificados sobre esas masacres que todavía no se hayan divulgado.
"Estos documentos clasificados son cruciales para contar con archivos históricos completos sobre esas matanzas y para que se haga justicia sobre estos crímenes", declaró a la AFP Andreas Harsono, investigador de la ONG Human Rights Watch (HRW) en Indonesia.
Tras la caída de Suharto, se ha instado a Indonesia en repetidas ocasiones a pronunciarse sobre esos acontecimientos, pero el debate público sobre esta cuestión sigue siendo tabú en numerosos círculos.
El Gobierno inició hace poco unas tímidas medidas para tratar de arrojar luz sobre este capítulo oscuro de la historia de Indonesia, pese a la oposición de los miembros más conservadores de las fuerzas de seguridad.
Yakarta apoyó recientemente el primer debate público sobre esas masacres, en la que participaron supervivientes y militares.
Unas iniciativas que provocaron reacciones violentas. En septiembre, una reunión organizada por defensores de los Derechos Humanos sobre esas atrocidades fue violentamente interrumpida por manifestantes anticomunistas. Cinco policías resultaron heridos y una veintena de personas fueron detenidas.
El año pasado, el ministro indonesio de Defensa declaró que las víctimas de las purgas anticomunistas "merecían morir", mientras que los libros escolares omiten elementos sobre la violencia cometida durante esas purgas.

Rebelión

miércoles, octubre 18, 2017

Santiago Maldonado: una crisis en la gestión de la mentira



A cuatro días de las elecciones, el Gobierno enfrenta una crisis re-abierta y de consecuencias impredecibles.

“Si algo dejó la experiencia de Atocha en España, lo peor que puede hacer un gobierno en estas circunstancias es ocultar la verdad o no decir la verdad”, sentenció Rosendo Fraga en el diario La Nación horas después del hallazgo del cuerpo encontrado en el río Chubut y que, según muchos indicios, pertenecería a Santiago Maldonado.
La serie de atentados del 11 de marzo (11M) de 2004 en Atocha tuvo consecuencias inmediatas para la política interna del Estado Español. José María Aznar, entonces presidente y miembro del Partido Popular (PP) responsabilizó apresurada e intencionalmente a la organización independentista vasca ETA y solicitó a los Estados Unidos apoyo en esta hipótesis, según develaron cables difundidos por Wikileaks. Abonó fervientemente esa hipótesis cuando todas las evidencias criminalísticas guiaron a la justicia a responsabilizar a Al Qaeda. La mala gestión de la mentira precipitó la derrota del Partido Popular de Aznar en las elecciones del 14 de marzo del mismo año. Más de un millón de inesperados electores salieron del abstencionismo para castigar al PP.
Nadie puede prever en estas horas las consecuencias políticas en general y electorales en particular, de la crisis en curso por el aberrante caso de Santiago Maldonado. Pero la comparación y el alerta planteados por un intelectual orgánico de la derecha argentina, habla de la magnitud de la crisis abierta.
Medido con su propia vara, el Gobierno venía administrando “exitosamente” las falsedades en torno a la desaparición de Santiago, cambiando la táctica de esparcir versiones mendaces por un tibio acompañamiento a las anestesiadas acciones del nuevo juez Gustavo Lleral.
Embriagada de exitismo, Elisa Carrió, la candidata estrella de Cambiemos, había derrapado con una afirmación infame durante el debate de candidatos a diputados por la Ciudad de Buenos Aires: tiró al voleo una versión (Santiago podía estar en Chile) y para embarrarla del todo, le puso un porcentaje. Por estas horas, luego del rastrillaje en el que se encontró el cuerpo, Carrió está siendo literalmente destrozada en la conversación pública no sólo de las redes sociales, sino también de los medios y no únicamente opositores: Nelson Castro y Antonio Laje, por ejemplo, la cuestionaron con dureza. Si esto tendrá consecuencias electorales más allá de los que llaman el “círculo rojo”, dependerá de la dinámica política y los próximos acontecimientos. Por ahora, desde el macrismo convocaron a Carrió amablemente a guardarse.
Todavía deben realizarse los peritajes correspondientes, pero el contexto, las circunstancias y varios testigos indican que el cuerpo fue “plantado”.
Quienes defienden al Gobierno, se recluyen en el endeble argumento de que el “hallazgo” (si se confirma) perjudica al Gobierno y no tiene responsabilidad, porque a quien menos “convenía” esta aparición y en estas circunstancias es justamente al oficialismo.
Sin embargo, el hallazgo derrumbaría todas las versiones sostenidas con ahínco por los funcionarios gubernamentales en general y por Patricia Bullrich -como máxima responsable- en particular desde hace casi tres meses. Por otra parte, la realidad es que una estructura logística, informativa y de inteligencia para ocultar un cuerpo durante casi 80 días sólo puede poseerla el aparato del Estado y fuerzas de seguridad con la complicidad del poder territorial que en el sur tienen los terratenientes y sus sicarios. La versión que quiere volver a responsabilizar a las víctimas (la comunidad mapuche) se cae por su propio peso. Más aún, si supuestamente se lo estaba buscando con todas las fuerzas y herramientas del Estado. No es descartable la hipótesis de una interna en las fuerzas de seguridad y un intento de los responsables de “salvarse” y aportar a la confusión cuando el círculo se cerraba sobre la Gendarmería.
Si así fueran los hechos, la responsabilidad del Gobierno es igual o mayor. Porque con su narrativa estatal de fuerte corte represivo desató la correa de gendarmes, policías y servicios. Además, junto al Poder Judicial, fueron cómplices del encubrimiento de los principales responsables como Pablo Noceti que nunca fue llamado a declarar. Y con esta complicidad dieron rienda suelta e impunidad a unas fuerzas de seguridad con altos niveles de descomposición y desde hace tiempo demasiado acostumbrados a este modus operandi.
El triunfalismo exagerado que venía mostrando el Gobierno (y que llegó al climax en el Coloquio patronal de Idea) recuerda el proverbio que afirma: es más fácil recuperarse de un fracaso que salir indemne de un éxito. Las próximas horas y días dirán si el aforismo se aplica crudamente a Cambiemos. Entre otras cosas, porque quedó en evidencia la débil arquitectura de su mentira.
Lo que sí puede afirmarse con toda certeza es que esta nueva crisis vuelve dejar al desnudo ante los ojos de la población, la podredumbre que anida en el seno del Estado “democrático”.

Fernando Rosso
@RossoFer

Turismo y vivienda en Cuba: las invenciones desubicadas de Deutsche Welle



Deutsche Welle, canal oficial del Gobierno alemán, publicaba un trabajo titulado “Cuba: el turismo de masas desplaza a cubanos de sus casas”. Un verdadero esperpento informativo que trataba de vincular el grave problema de la vivienda en Cuba con el auge del turismo. El texto hacía una comparación desubicada con el fenómeno especulativo que ocurre en otros países turísticos de economía capitalista.

La caída de Raqa: la guerra civil en Siria después del Estado Islámico



Las Fuerzas Democráticas Sirias declararon definitivamente la caída de Raqa. Qué significado militar y político tiene en la guerra civil siria y la situación en la región.

Este martes 17 de octubre las Fuerzas Democráticas Sirias declararon definitivamente la caída de Raqa, la capital del califato proclamado por el Estado Islámico (EI) en 2014. Aunque la conquista de Raqa tiene un valor propagandístico, sobre todo para el combate de Estados Unidos contra el EI, su significado militar es limitado y en sí mismo no alcanza para poner fin a la sangrienta guerra civil siria, que ya está cursando su séptimo año.
La ciudad, hoy reducida a escombros tras una batalla despiadada que duró cuatro meses y se cobró la vida varios miles de civiles alcanzados por los bombardeos norteamericanos, fue el símbolo del horror del EI, donde se han llevado a cabo decapitaciones y ejecuciones de alto impacto público.
El Estado Islámico tomó el control de Raqa en marzo de 2013, desplazando y cooptando a diversas fracciones “rebeldes” del Ejército Libre Sirio y el frente Al Nusra (ligado a la red Al Qaeda) que habían derrotado a las fuerzas del régimen de Assad, en las etapas iniciales de la guerra civil.
Con la proclamación del Califato el EI alcanzó el pico de su ofensiva militar, atrajo a decenas de miles de combatientes a sus filas, provenientes de 84 países. Se calcula que unos 3.000 eran originarios de países europeos.
Sin embargo, desde comienzos de 2015 el EI entró en una decadencia sin retorno bajo la doble ofensiva de la alianza entre Moscú, Irán y el régimen sirio de Bashar al Assad, y de los aliados de Estados Unidos, en particular las milicias kurdas radicales nucleadas en las Unidades de Protección Popular, que luego de haber derrotado al EI en Kobane profundizaron su colaboración táctica con el bando norteamericano.
La derrota en Raqa fue precedida por la expulsión del EI de la ciudad de Mosul, tras una batalla sangrienta con el ejército iraquí. Hoy el califato virtualmente ha dejado de existir. Se calcula que las milicias del Estado Islámico han quedado en control de algunos pequeños territorios a lo largo de la frontera entre Siria e Irak y de bolsones ubicados al sur, en la provincia de Deir al-Zour, bajo el control del régimen sirio con apoyo de Rusia e Irán.
El debilitamiento del EI, lejos de poner fin al conflicto, puede abrir una nueva etapa en la multifacética guerra civil en Siria, caracterizada por alianzas cambiantes y contradictorias y por la injerencia de potencias y actores regionales que dirimen sus rivalidades a través de milicias locales.
La foto indicaría que por ahora el régimen dictatorial de Assad ha logrado sobrevivir con la ayuda de Rusia, Irán y las milicias de Hezbollah. Aunque no con el suficiente volumen de fuerzas como para dictar los términos de una eventual negociación de posguerra.
Aunque con su toque provocador personal, Trump ha mantenido en la esencial la política de Obama: priorizar la derrota del EI, aceptar de hecho la división de tareas con Rusia-Irán, intervenir con bombardeos aéreos y mantener en el terreno la alianza táctica con las milicias kurdas.
La película es más complicada. Irak la ha declarado la guerra a la independencia del Kurdistán iraquí, impulsada por el Partido Democrático del Kurdistán y refrendada en un referéndum realizado el 25 de septiembre. A la posibilidad de proclamar un Estado kurdo soberano se oponen varios actores, que por lo demás, están enfrentados en otros campos, entre ellos: la Unión Patriótica del Kurdistán, el otro partido kurdo de Irak, Irak, Irán, Turquía y Estados Unidos. En el mismo momento que las milicias de las YPG celebraban el triunfo en Raqa, el gobierno iraquí avanzaba con su ejército sobre la ciudad de Kirkuk, el centro del kurdistán iraquí y una de las zonas petroleras más ricas del país.
En Siria, pero sobre todo en Irak, la población sunita, marginada de la distribución de poder, alimentó milicias radicales como el Estado Islámico, aunque más no sea como medio para combatir a sus enemigos. De hecho varios análisis de la composición del EI indican que tenía una mayoría de oficiales del viejo ejército de Saddam Hussein en sus filas. Nuevamente entre las fuerzas que hoy controlan Mosul y Raqa –el ejército iraquí chiita y los kurdos- no hay sectores sunitas significativos.
Mientras tanto la reaccionaria guerra civil siria dejó una situación catastrófica: al menos 400.000 muertos, 12 millones de desplazados y una destrucción sin precedentes que paradójicamente, para los vencedores, significará un negocio de 226.000 millones de dólares. Y una herencia de terror que ha llegado al corazón de Europa occidental bajo la forma de atentados terroristas, que a su vez retroalimentan la xenofobia y las políticas antiinmigrantes de las derechas y extremas derechas europeas.
En última instancia, las condiciones que llevaron a la emergencia del Estado Islámico persisten y se han agravado. La ocupación norteamericana de Irak y su política de “cambio de régimen” exacerbó la guerra intra islámica entre chiitas y sunitas, utilizando a su favor este enfrentamiento. Trump ha revitalizado sus viejas alianzas con la monarquía saudita e Israel. El intento de Trump de degradar y eventualmente abandonar el acuerdo nuclear con Irán responde a estas opciones estratégicas, que incluye un creciente militarismo como forma de revertir la decadencia hegemónica norteamericana.

Claudia Cinatti

Después del 15O ¿qué puede suceder?

Los resultados de las elecciones regionales en Venezuela, celebradas este 15O arrojan un conjunto de enseñanzas, tanto para el Gobierno como a la oposición. Para el Gobierno, muestra la posibilidad de seguir navegando en el efecto portaviones de la convocatoria de la ANC y el impacto psicológico y anímico, tanto sobre sus seguidores como sus opositores. El resultado en unas condiciones que siguen siendo de apremio económico y alimenticio, de asfixia financiera internacional, muestra las fortalezas organizativas del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) como maquinaria electoral. Es decir, estamos hablando de una estructura cuya organización tiene gran capacidad de movilizarse cuando las condiciones anímicas lo favorecen.
Los resultados de las elecciones del 30-J, cuando el PSUV obtuvo un total de 8.089.320 votos, que representó una recuperación en relación a su votación del 6-D de 2015, cuando sólo obtuvo 5.599.025 votos, significa que la maquinaria no está totalmente derruida, a pesar del efecto desencanto que se deriva de las condiciones de agobio económico y los propios errores de una burocracia ineficiente, permeada por prácticas esencialmente criticables desde el punto de vista ético. Que el PSUV haya ganado 17 de un total de 23 Estados, luego de pasar el acoso de la acción colectiva violenta entre abril y julio de 2017, es un verdadero milagro político, que revela que el soporte afectivo construido por el liderazgo de Chávez sobrevive, a pesar de los propios errores del PSUV y la inclemente campaña de desprestigio y desaliento desarrollada en el lapso 2013-2017, y cuyo efectos más claros fueron los resultados de las elecciones legislativas del 2015.
La jugada estratégica adelantada por el Presidente Nicolás Maduro, el 1 de mayo, al anunciar la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), demostró la posibilidad real que tiene el PSUV de “despertar” las afiliaciones e identificaciones carismáticas construidas en torno a Chávez. El cambio en la discursividad política implementado por Maduro, muestra que hay una organización política, que a pesar de sus carencias, es capaz de responder en momentos de apremio y reponerse sobre sus propias cenizas. El panorama político hoy en Venezuela no se parece en nada al escenario postelectoral del 2015, a pesar que en este proceso político el PSUV obtuvo menos votos que en ese entonces. Las elecciones que acabamos de presenciar, le arrojan al PSUV una votación (sin contar a Bolivar, cuyos resultados no se dan) de unos 5.294.065 votos, que representa unos 2.795.255 votos menos de los alcanzados hace 2 meses y medio. Debe decirse, que tradicionalmente las votaciones regionales en Venezuela, son menos concurridas que otros procesos electorales, y que si bien son procesos distintos, sirven de base de comparación.
Si lo vemos en el caso de la oposición a Maduro, nos encontramos que la pérdida electoral es también significativa. En 2015, la oposición obtuvo 7.707.422 votos, en el proceso comicial – sin supervisión- del 16-J 2017 obtuvo 7.186.170 votos, y ahora, en este acto electoral sólo alcanzó 4.644.344 votos, lo que representa una pérdida de 2.541.826 votos en un poco más de 2 meses y medio. Es decir, la oposición a Maduro perdió entre 2015 y 2017 un total de 3.063.078 votos. El PSUV y Maduro, en ese mismo lapso unos 304.960 votos. En números absolutos, insistimos en ello, dentro del contexto económico, la pérdida muestra un efecto no tan grande, reducido por los garrafales errores y el desvarió de las acciones políticas de la MUD.
Para la MUD, estas elecciones muestran los terribles efectos de una política incongruente, de marchas y contra marchas, aunado a una dispersión heterogénea de su liderazgo, entre cuatro (4) organizaciones políticas disímiles (Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo, Voluntad Popular y Acción Democrática), que les hizo desaprovechar la oportunidad política generada por su triunfo de 2015. La capacidad – o mejor su incapacidad- para administrar el resultado electoral favorable es evidente. Pero no todo es malo para la MUD. Al haber pasado de sólo tres (3) Gobernaciones en 2013 a tener cinco (5) es un incremento nada desdeñable.
El PSUV, recupera Gobernaciones que habían sido opositoras como el estado Lara, Miranda y Amazonas, pero pierde tres (3) gobernaciones claves en términos geopolíticos: Zulia, Táchira y Mérida. La denominada “media luna”. Esos estados fronterizos con Colombia, son espacios que eran “ocupados” por autoridades cercanas al PSUV. ¿Cómo entender esa pérdida? La respuesta es múltiple y todas se vinculan con los errores cometidos por el centralismo político de la Dirección Nacional al escoger los candidatos de esos estados para estos comicios. En el caso de Zulia y Táchira, cuyos Gobernadores – dos exmilitares claves en el 4F- Francisco Arias Cárdenas y José Vielma Mora, pretendían repetir el resultado muestra el rechazo de las bases del PSUV con una gestión muy criticada por su accionar durante los meses de violencia colectiva, entre abril y julio de este año. Por otro lado, hay un voto castigo por el hecho innegable de los efectos del contrabando de extracción y la evidente incapacidad – ¿o complicidad?- de estos gobernantes de combatirla. La falta de apertura de la Dirección Nacional del PSUV al hacerse de oídos sordos ante las críticas y exigencias de las bases contra estos ex militares, tuvo su efecto, que puede generar mayores consecuencias a futuro.

POSIBLES ESCENARIOS ANTE EL RESULTADO DE LA OPOSICIÓN

En términos absolutos, los números indican que efectivamente el PSUV y el Gobierno de Maduro obtuvieron una mayoría significativa de Gobernaciones (75% del total). Que recupero estados controlados por la oposición (Lara, Miranda, Amazonas). Que domina gran parte del corredor electoral (estados con mayor votación) tal es el caso Miranda (2do), Lara (3ero), Carabobo (4to), Aragua (5to), Portuguesa (8vo), Monagas (9no) y Falcón (10mo). Ello le brinda estabilidad al Gobierno, pues en el eje central controla el epicentro (Aragua, Carabobo, Dtto Capital y Miranda). Esto en términos de la centralidad del poder político es importante, pero la pérdida que sufrió, en una lógica geopolítica, es muy peligrosa.
La frontera occidental, está formada por 2.218 km2 limítrofes con Colombia, que se ha transformado en uno de los socios militares más significativos de los EEUU en el mundo y el más importante en Nuestra América. Colombia es un país clave en la estrategia de desenvolvimiento del Comando Sur, principalmente por la existencia de bases militares que cuentan con personal y equipo de tropas y de transporte norteamericano. Un aspecto poco conocido, es el hecho que Colombia a través de sus Fuerzas especiales – entrenadas por EEUU- ha venido realizando ejercicios de entrenamiento de otras fuerzas especiales en todo el Continente. Con excepción de Cuba y Venezuela, todo el resto de los países han recibido intercambios de entrenamiento por las fuerzas colombianas. Estos entrenamientos, auspiciados por los EEUU, buscan crear vínculos de acercamiento entre los componentes armados, entrenarnos en estrategias de acción conjunta, pero sobre todo permiten un trabajo de inteligencia que facilitaría la “captación” de elementos militares para ponerlos a orbitar en torno a los intereses geoestratégicos de Colombia y por derivación, de los EEUU.
Conocido es el hecho que el Gobierno colombiano es una pieza vital en una estrategia de agresión militar contra Venezuela. El hecho que los gobernadores de la oposición que resultaron ganadores en los estados fronterizos, hayan estado relacionados con acciones muy violentas entre los meses de abril y julio, permite establecer un escenario prospectivo de alta conflictividad y avizora relacionamiento no oficial, entre estos gobernadores y fuerzas especiales encubiertas que se movilicen desde Colombia, con el objeto de desestabilizar.
La posibilidad de un plan secesionista, que tenga como epicentro estos estados fronterizos, que tienen enormes recursos estratégicos (agua, coltrán, petróleo, gas, bioma, entre otros) es más que cierta en estos momentos. Los estados Zulia, Táchira y Mérida, pueden transformarse en una punta de avanzada en un plan de separatismo que proponga el establecimiento de un “gobierno paralelo” en estos espacios, contando con la excusa de responder a una situación de crisis humanitaria en Venezuela. En este sentido, la “alegría” del Gobierno de Maduro, por el triunfo en las elecciones regionales debe ser revisitado muy seriamente.
El Gobernador electo por el partido Primero Justicia en el Zulia, Juan Pablo Guanipa, representa una perspectiva que insistiendo en la “particularidad” histórica y cultural de esa zona, ha apostado por un separatismo en ocasiones anteriores, durante el Gobierno de Oswaldo Álvarez Paz (1989-1993). Lo mismo ocurre con la Gobernadora electa en el Táchira, Laidy Gómez, del partido Acción Democrática (AD), quién ha manifestado la “necesidad de abrir la frontera con Colombia”, que significaría el incrementó del tránsito y presencia de grupos paramilitares en esa zona.
Ese triángulo geográfico (Zulia, Táchira y Mérida) serían vitales en cualquier operación militar que tenga como epicentro Colombia, que según el Director de la CIA, Mike Pompeo, está presta a colaborar en la “recuperación” de la democracia en Venezuela. La perspectiva de un plan articulado desde Colombia, contando con apoyo de fuerzas especiales del Comando Sur, que deriven en un “pronunciamiento” independentista contra el Gobierno de Nicolás Maduro es una realidad amenazante, más aún con los EEUU arreciando sus acciones para desestabilizar o forzar una transición política.
Lo que señalamos y con ello, advertimos a los órganos de inteligencia y contra-inteligencia de Venezuela, es que este resultado incrementa las amenazas a la seguridad y defensa de la integridad territorial del país, más aún si se considera, que Colombia ha expresado intereses estratégicos en el espacio del Golfo de Venezuela, donde hay petróleo extraíble superior a los 543.000 millones de barriles y reservas de gas superior a los 192 millones de pies cúbicos.
En tal sentido, hacemos una prospectiva donde estos gobernadores, recibirán soporte de inteligencia proveniente del Comando Sur con sede en Colombia, pueden llegar a propiciar una mayor penetración de fuerzas paramilitares en la zona, provenientes del vecino país, que pueden resultar claves en cualquier acción militar que se planifique contra la integridad territorial. En consecuencia, es necesario la activación de los mecanismos de prevención colectivos establecidos en la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación.
No hay espacio para dejar que actores políticos internos o externos, actúen contra la república Bolivariana de Venezuela, en su esfuerzo por desmantelar toda la estructura del Proyecto Bolivariano levantado con tanto esfuerzo desde el triunfo de Chávez, en diciembre de 1998. La amenaza es real, y sin duda, tiene como epicentro Colombia y la cercanía del espacio fronterizo del occidente de Venezuela, ahora bajo control político opositor.

Dr. Juan Eduardo Romero, Director del Centro de Investigaciones y Estudios Políticos Estratégicos (CIEPES)
Asesor de la Secretaria del Consejo de Defensa de la Nación (SECODENA)