Espionaje para todos: Milei refuerza la Side contra los trabajadores y las libertades democráticas

Habilitación de detenciones, persecusión y vía libre para los servicios de inteligencia. 

 El gobierno nacional aprovechó las dispersión general que producen las fiestas para colar un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que amplía y reorganiza las facultades de la Side, profundizando el espionaje a opositores políticos y de toda índole, extendiendo el secretismo de las operaciones de inteligencia, excluyendo al Congreso de los controles, coordinando el espionaje del Estado contra los trabajadores e incluso habilitando la detención de personas sin orden judicial. Un paquete de medidas que refuerzan el espionaje estatal y de la camarilla gobernante contra los trabajadores y la libertad de expresión en general, en las vísperas del tratamiento de la reforma laboral antiobrera y de fuertes ataques al pueblo en el cuadro de la crisis.

 El DNU publicado el mismísimo 31 de diciembre del 2025, cuando culminaba el año y más de un millón de usuarios y sus familias padecía un apagón eléctrico en medio de una intensa ola de calor, avanza en el reforzamiento del espionaje y la inteligencia contra los trabajadores, en manos del séquito presidencial de Javier Milei, continuando la línea emprendida con la reorganización de la actual Side, la provisión de fondos “excepcionales” -con los $100 millones de fondos reservados cuando se supone que “no hay plata”- y los informes acerca del espionaje contra dirigentes políticos opositores y movilizaciones contra el gobierno. 

 De aplicarse las reformas introducidas por el gobierno nacional, la Side estaría facultada para requerir información a otros organismos del Estado -que a su vez actuarían como pequeñas dependencias del espionaje estatal- y/o suministrarle información a los mismos, en una coordinación más aceitadas dirigida por los servicios de inteligencia con propósitos discrecionales. 

 Esto se da de la mano de una mayor oscuridad y secretismo sobre las operaciones y tareas de inteligencia, que estarían sustraídas de todo control civil, incluso del ejercido por el Congreso de la Nación, convirtiéndose en un terreno abierto de operaciones contra activistas y dirigentes opositores, agregando que el DNU define como “riesgos” a activistas, opositores y periodistas.

 La Side se propone actuar como coordinadora de acciones y tareas provinciales y en CABA, en interacción con distintos organismos del Estado y colaboración con organismos de inteligencia extranjeros en actividades contra el “terrorismo” y tareas discrecionales. 

 Entre las nuevas facultades que se le otorgarían a los servicios de inteligencia estaría la posibilidad de detener personas sin orden judicial, en supuestos delitos de flagrancia -algo difícil de chequear cuando quien emplea la fuerza es un organismo plenipotenciario-, algo que se suma al proyecto oficial de reforma del Código Penal, suprimiendo todo tipo de libertades democráticas y ampliando las facultades represivas y punitivistas del Estado contra la población trabajadora. 

 El decreto tambien profundiza la orientación de ciberespionaje contra los trabajadores, con un gobierno que se ha caracterizado por valerse de los recursos cibernéticos -granjas de trolls, operaciones en redes sociales, etc- para montar fake news y campañas de desprestigio contra referentes y activistas opositores, o en defensa de los funcionarios gubernamentales comprometidos con las coimas, desfalcos e incluso estafas presidenciales. 

 El gobierno nacional siquiera ha intentado encuadrar esta batería de reformas propias de un Estado policial en el marco de campaña alguna que se encuentre emprendiendo -o que diga emprender- contra el “terrorismo”, el narcotráfico, el crimen organizado o las “amenazas extranjeras”, sino que directamente va al grano del reforzamiento represivo del Estado, cuando su agenda principal se enfoca en hacer pasar las reformas antiobreras en el Congreso de la Nación, imponiendo el miedo en las calles y en la población. Más aún, los promotores de este reforzamiento de los servicios son los mismos que facilitan el lavado de dinero del narco y el delito organizado. 

 Milei busca reforzar el espionaje sobre la población utilizando los servicios de inteligencia en su provecho político personal y los recursos del Estado, para perseguir y atormentar a quienes se opongan a los planes de ajuste oficiales y a quienes se levanten contra las políticas de un gobierno entregado al capital financiero y al imperialismo.

 Rechacemos este reforzamiento represivo y al gobierno que lo emplea para condenar a millones de trabajadores a una mayor explotación y miseria. 

 Marcelo Mache

Milei le aumenta el 90% del salario a los funcionarios del ajuste

Hay plata para los mercenarios a cargo de los despidos y recortes, pero no para los trabajadores. 

 El gobierno nacional acaba de destrabar el aumento para ministros y altos funcionarios, tras la presión de la casta gubernamental y en un reconocimiento del impacto de la inflación durante la gestión oficial que afecta incluso a los elevados salarios de los ejecutores del ajuste de Milei. Un aumento acumulado que bordea el 90%, por encima de las actualizaciones que reciben los trabajadores. 

 El Ejecutivo nacional ordenó la actualización salarial de sus funcionarios, por medio de un decreto presidencial, quienes se encontraban cobrando salarios superiores a los $3.000.000, por encima del promedio salarial que mide el Ripte y muy por arriba del $1.000.000 que apenas supera gran parte de los trabajadores y que en el sector público muchas veces siquiera alcanza estos valores. Ni hablar de los jubilados, con una mínima de indigencia que no llega a los $420.000 con bono incluido.

 El aumento otorgado consiste en el acumulado recibido por el personal de la Administración Pública Nacional entre enero de 2024 y julio de 2025, lo que implica casi un 90% de actualización -según cálculos de ATE Nacional- para salarios más que bien remunerados: un premio del gobierno por la aplicación del ajuste, con recortes, despidos y rebajas salariales contra los trabajadores en todo el sector público. 

 Esto tambien refuta la idea de que la inflación es cosa del pasado, dando cuenta de que el propio gobierno otroga aumentos considerables, aunque solamente para sus funcionarios. 

 Con esta medida, Milei beneficia a la casta gubernamental que viene aplicando su plan de ajuste, mientras que los trabajadores sufren el recorte de sus salarios y la escaces de recursos y asfixia presupuestaria.

 Ademas, el decreto establece que los salarios de estos altos funcionarios seguirán actualizándose con los aumentos de la Administración Pública Nacional, siempre y cuando la misma no presente números deficitarios, lo que equivale a decir que los ministros y altos funcionarios podrán seguir llenándose los bolsillos mientras garanticen el ajuste y los recortes de sus trabajadores subordinados. 

 Cabe agregar que estos altos funcionarios han demostrados valerse de otras fuentes de ingresos por fuera de la netamente salarial, con coimas, negociados y chanchullos que han salido a la luz y otros que se mantienen ocultos, multiplicando sus ingresos formales gracias a su posición de privilegio. 

 El gobierno que se negó durante meses a largar el aumento correspondiente a los trabajadores del principal hospital pediátrico del país, arrancado con la lucha de sus trabajadores, y que escamotea los recursos para los trabajadores de la salud, docentes, estatales, investigadores, trabajadores de la cultura y otros, accede a seguir mejorando la situación de los altos funcionarios a su cargo, privilegiando a la peor casta de todas: los ñoquis del gobierno.

 El discurso oficial de “austeridad” no aplica para todos por igual: los funcionarios de Milei pueden gozar de salarios millonarios e ingresos de diversa índole, mientras los trabajadores deben pagar los platos rotos de la política gubernamental, recibiendo ajuste y unas palabras de fin de año acerca del “sacrificio diario” que deben soportar. 

 Cuando el gobierno se apresta a avanzar con la reforma laboral antiobrera, profundizando su ofensiva contra los trabajadores, la clase obrera debe organizarse para ofrecer una respuesta, derrotando estos ataques y abriendo paso a las reivindicaciones salariales y laborales del conjunto de los trabajadores.

 Marcelo Mache

Con los apagones masivos de fin de año, debutan los tarifazos

Con Milei ganaron las privatizadas pero sigue la desinversión y el vaciamiento. 

 Vía decreto, el gobierno modificó el esquema de segmentación de tarifas en pos de reducir el alcance de los subsidios energéticos. Así las cosas, los hogares deberán pagar cada vez más por servicios sumamente deficitarios, como lo demuestra el apagón masivo en plena ola de calor que sufrieron más de un millón de usuarios del Amba por culpa de la falta de inversión de Edesur.

 El gobierno oficializó el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), que viene a reemplazar el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (Rase), vigente desde 2022. La nueva normativa elimina las tres categorías incluidas el Rase (hogares de ingresos bajos, medios y altos) y establece solo dos (hogares con subsidio y sin subsidio), reduciendo el porcentaje subsidiado de la boleta de aquellos usuarios que pertenecían a los segmentos de ingresos bajos y medios. 

 Según la consultora Economía y Energía, esa modificación implicará que los hogares cuyos ingresos no llegan a cubrir la Canasta Básica Total (considerados de ingresos bajos), recibirán aumentos en las facturas de gas y electricidad de alrededor del 20% durante el 2026. Semejante suba no solo duplica la inflación proyectada por el Presupuesto 2026 (10,1%), sino que además, supera el ritmo con el que evolucionan los salarios, sujetos a un techo del 1% mensual. 

Como si fuera poco, el SEF establece topes de consumo muy bajos para la boleta subsidiada, que, en caso de superarlos, los usuarios deberán pagar la tarifa plena sobre el excedente. En el caso de la electricidad, el límite bonificado será de 300 kWh mensuales en los meses de mayor demanda y 150 kWh en los meses templados, cuando un hogar compuesto por cuatro integrantes consume, en promedio, entre 360 y 450 kWh por mes. Finalmente, las familias trabajadoras deberán privarse de prender el ventilador en verano para evitar que lleguen boletas impagables. Los más perjudicados serán aquellos hogares sin acceso al gas natural, obligados a recurrir a las estufas eléctricas para calefaccionarse. 

 Así las cosas, el bolsillo popular deberá soportar nuevos tarifazos, cuando viene de afrontar aumentos, según los datos de la consultora citada, del 344% en la electricidad y del 617% en el gas entre diciembre 2023 y octubre 2025, frente a una inflación del 171% en el mismo período. Milei, como parte del plan motosierra, redujo las erogaciones estatales dirigidas a Cammesa y a la oferta mayorista de gas natural, pero descargó sobre los usuarios la responsabilidad de seguir subsidiando el precio dolarizado de las petroleras encareciendo las tarifas. Asimismo, se abocó a premiar a las empresas distribuidoras y transportadores de gas y electricidad concediéndoles sucesivos aumentos en su segmento de la boleta, pese a que desinvierten y brindan un pésimo servicio.

 Lo anterior se vio nítidamente en las vísperas de año nuevo, cuando el 40% de los usuarios de Edesur sufrió cortes de luz debido a una falla en el interruptor de barras de la subestación Bosques, uno de los principales nodos de distribución de la empresa. La falta de inversiones por parte de la compañía se traduce en subestaciones sobrecargadas, transformadores vencidos y tendidos que no se renuevan, dando como resultado problemas en el suministro. Sin embargo, desde que asumió Milei, todos los meses el componente de distribución de la factura eléctrica se ajusta por inflación. 

 Esos beneficios explican que las acciones de las empresas energéticas que cotizan en la Bolsa porteña se hayan disparado durante la gestión libertaria: 805% la transportadora eléctrica Transener, 469% la Transportadora Gas del Sur (ambas de Marcelo Mindlin), 445% Central Puerto, y 184% la Distribuidora de Gas del Centro. Por su parte, las acciones de Edenor subieron 248% en la Bolsa de Nueva York en el período descripto. 

 Por otra parte, según un informe elaborado por la la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), en base a los balances presentados a la Comisión Nacional de Valores en 2024, 15 petroleras radicadas en Vaca Muerta desde 2012 mejoraron su facturación, en promedio, 110,9% en doce años. Sin dudas, los subsidios energéticos millonarios destinados a subvencionar indirectamente a esas empresas (reconociéndoles un precio de extracción de gas que no guarda relación con los costos reales), figuran dentro de las causas de este fenómeno. Ahora, como dijimos, esas transferencias al bolsillo de los pulpos petroleros recaen cada vez más sobre los hombros de los usuarios por medio de tarifazos. 

 A fin de cuentas, los empresarios que controlan cada uno de los eslabones de la cadena energética amasan fortunas a costa de las familias trabajadoras, que deben recurrir al endeudamiento para pagar precios exorbitantes en las facturas de gas y electricidad, y, para colmo, quedarse sin luz con 35° de temperatura. Es necesario abrir los libros de las empresas del sector para dar cuenta del vaciamiento y fijar tarifas acordes a los costos reales, y, a su vez, nacionalizar bajo control obrero la industria hidrocarburífera, para que este recurso estratégico comience a estar al servicio del desarrollo nacional y las necesidades sociales y no del lucro capitalista. 

 Sofía Hart