Epstein, Musk y el gobierno de la pedofilia.

La podredumbre moral de la elite capitalista sale a flote

 Los recientes archivos liberados por el departamento de justicia de Trump pusieron de manifiesto un encubrimiento estructural. La publicación de un aluvión de 3 millones de páginas en febrero de 2026 puso de manifiesto una “negligencia” criminal: mientras se revelaban "al menos 40 fotos que mostraban los cuerpos desnudos de mujeres jóvenes, incluidas sus caras" (The New York Times, 1/2/26), con precisión quirúrgica y deliberada protegieron a los poderosos. El mensaje del Estado es claro: la dignidad de las víctimas de clase trabajadora es sacrificable; la de la élite, sagrada. 

 Jeffrey Epstein no fue un depravado aislado, sino un nodo funcional en los circuitos de poder del capital financiero. Su red de tráfico sexual tenía un propósito de clase claro: "proporcionar mujeres y niñas jóvenes a otros individuos ricos y poderosos" (The Guardian, 1/2/26). Esta práctica, como señalaron los abogados de las víctimas, era un sistema de "favores" para acumular "control y poder sobre las personas que estaban implicadas" (The Guardian, 1/2/26). Las listas de contactos —desde Trump, Clinton y el príncipe Andrés, hasta magnates como Les Wexner, Leon Black, Elon Musk y el secretario de Comercio Howard Lutnick— no son una colección de "manzanas podridas". Son la evidencia de la descomposición del sistema capitalista a través de sus principales cabezas. La "muerte por suicidio" de Epstein en una celda con cámaras saboteadas fue el primer acto de un encubrimiento de clase que hoy continúa. 

 Los documentos desclasificados, específicamente el archivo EFTA00147661 reportado por RT, contienen testimonios que, de ser ciertos, expondrían no solo una red de depravación sexual, sino lo que podría interpretarse como prácticas de terrorismo de clase y ritualización sádica del poder absoluto. La presunta víctima describe en un yate de Epstein escenas de "sacrificio ritual", mutilaciones con cimitarra que no dejaban cicatriz, actos de canibalismo y coprofagia directo de intestinos de bebés, e implican al expresidente George H.W. Bush en una violación. (MVS noticias, 2/2/26)

 La podredumbre sigue escalando, no se limita a las redes de tráfico sexual físico, sino que se extiende a los dominios digitales, Elon Musk, magnate tecnológico y figura central del capitalismo de Silicon Valley, permite que Grok, la inteligencia artificial de su plataforma X (ex-Twitter), produzca imágenes de pornografía infantil para usuarios verificados, es decir, aquellos que pagan por el privilegio de la tilde azul. Este hecho no es un “descontrol de la IA”, sino la expresión lógica de la moral del capital en su fase más cínica y desregulada. 

 Este escándalo estalla en el corazón de la crisis del imperialismo norteamericano. La administración Trump es la expresión política de una burguesía en decadencia histórica que, para recomponer su hegemonía, impulsa una guerra internacional e impone una reconfiguración fascistizante interna (como es visible con los conflictos de la Gestapo norteamericana, el ICE). En este marco, el caso Epstein es un punto de implosión. Trump usó el caso como ariete propagandístico contra el estado profundo demócrata. Una vez en el poder, hizo todo lo posible para impedir la publicación de archivos, hasta que la rebelión de su base fascistoide lo forzó a un giro cínico.

 El caso de Grok y la red de Epstein operan bajo la misma lógica descompuesta: la conversión de todo, incluso de los crímenes más impensables, en una mercancía del poder dominante. La derrota de estas elites sólo será impuesta en las calles por la clase obrera bajo un horizonte donde la tecnología y la riqueza social esté en manos de los explotados.

 Iara Bogado

 05/02/2026

Presti obstaculiza los juicios de lesa humanidad

La pasada semana, por el DNU 60, Milei designó a tres militares para que cumplan funciones políticas dentro del Ministerio de Defensa y a Guillermo Madero como Titular de la Unidad Gabinete de Asesores. Madero tiene en su haber una serie de antecedentes en bloquear las investigaciones por crímenes de lesa humanidad. Negacionista de los crímenes de la última dictadura militar, el lunes pasado señaló desde la red social X que “los juzgados federales argentinos, encargados de combatir el narcotráfico y la corrupción, están colmados de juicios de lesa humanidad por crímenes ocurridos hace 50 años que violan el derecho de toda persona a ser juzgada y a que se determinen sus derechos en un plazo razonable”. Para Madero, las causas de lesa humanidad se han convertido en un obstáculo para que los tribunales federales lleven adelante investigaciones sobre “narcotráfico” y “corrupción”. El posteo de Maderos es una extracción de un editorial del diario La Nación en la que se afirmaba que “no hubo para ancianos enfermos, ni detención domiciliaria ni salidas autorizadas, ni libertad condicional, ni otros institutos que rigen para todo ciudadano”, en referencia a quienes cumplen condena por crímenes cometidos durante la dictadura. 

 Los datos vertidos por La Nación y reproducidos por Madero son refutados por la información dada por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad (PCCH), que dan cuenta de que “el 84 por ciento de los detenidos por delitos vinculados al terrorismo de Estado están en sus casas. En diciembre último, sin ir más lejos, el represor Eduardo Kalinec, condenado a prisión perpetua, obtuvo la libertad condicional” (Página 12 3/2). Durante la gestión de Luis Petri fue el mismo Madero quien rechazó el pedido de información solicitado por la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI), que trabaja mancomunadamente con Abuelas de Plaza de Mayo en la búsqueda de bebes apropiados por los militares durante la última dictadura militar. 

 Antes de que los diputados liberticidas visitaran en agosto de 2024 a Alfredo Astiz y a otros represores en la Unidad 34 de Campo de Mayo, Madero, en marzo del mismo año, fue uno de los dos funcionarios que se hicieron presentes en el penal. Según un pedido de informe, fue en una recorrida que tenía como finalidad examinar cuestiones en materia edilicia, pero en realidad se reunió con represores, que quedaron “muy entusiasmados después de esa entrevista” (ídem), con el hoy ‘mano derecha’ de Presti. Al día de hoy en la cárcel VIP de Campo de Mayo se encuentran alojados 62 represores.

 Posteriormente a la visita de Madero a la Unidad 34, el entonces ministro de Defensa, Luis Petri, desmanteló el Equipo de Relevamiento y Análisis (ERyA), encargado del estudio de documentos que eran aportados a la Justicia para que sirvan de soporte en los juicios de lesa humanidad. Una clara maniobra en el encubrimiento de los genocidas. El ERyA funcionaba de manera permanente desde el 2010 dentro del Ministerio de Defensa. Tenían razón los represores con “entusiarmarse” luego de la reunión con Madero.

 Madero, al igual que Villarruel, es un militante por la “memoria completa”. En julio de 2025 publicó una columna de opinión en Infobae titulada “Una nueva orientación para la Defensa Nacional”, en la que señalaba que “a través de una visión ideológica restrictiva y una interpretación parcial de la memoria histórica -enfocada únicamente en la vertiente terrorista de los 70- se relegó a las Fuerzas Armadas a un papel meramente testimonial. Su subordinación se acentuó hacia políticas centradas exclusivamente en derechos humanos, perspectivas de género y actos de memoria, sin considerar la integralidad histórica a la que llamamos memoria completa” (Infobae 16/5/2025). En la misma columna, Madero realizaba una ponderación de la “doctrina Petri” que “propone un reencuentro entre las fuerzas armadas y la ciudadanía mediante una presencia visible, profesional y comprometida con la defensa de los intereses nacionales” y que “este enfoque se alinea con experiencias internacionales contemporáneas, incluyendo las adoptadas por Estados Unidos, país considerado aliado estratégico de la Argentina, conforme a los lineamientos de política exterior establecidos por el presidente Javier Milei” (ídem). 

 El ministro Presti, encumbrado miembro de la “familia militar”, tiene intereses creados en tanto y en cuanto su padre, Roque Presti, fue uno de los genocidas que operó en la represión de la zona de La Plata. Durante la dictadura Roque Carlos Presti estuvo al frente del Regimiento de Infantería 7 en La Plata, a cargo la represión en el área 113. Bajo esa órbita funcionaron los Centros Clandestinos La Cacha, Pozo de Arana y la Comisaría 5ª, entre otros. Murió impune, acusado de secuestros, desapariciones y torturas a 44 víctimas de delitos de lesa humanidad. Entre los casos, está el ataque a la casa de Teruggi-Mariani, tras el cual sigue desaparecida "Clara Anahí Mariani-Teruggi, quien tenía tres meses de edad cuando cometieron el operativo represivo del que Presti está acusado de haber sido parte", confirmaron desde Hijos Capital. 

 Uno de los subordinados de Presti en Defensa, designado la semana pasada por el DNU 60, Daniel Martella, también es hijo de un exrepresor, Santiago Martella, quien fue secretario general de la Presidencia durante la dictadura de Roberto Viola y jefe de la Policía Federal Argentina (PFA) en 1982; también supo estar al frente de la Brigada Aerotransportada IV y fue condenado a prisión perpetua en la megacausa de La Perla.

 La embestida contra los juicios de la mano derecha de Presti dentro de Defensa se da en el marco del próximo 50 aniversario del último golpe de Estado y en la puesta en pie de un gobierno cívico-militar, devolviéndole el protagonismo político a los militares para que, en contrapartida, estos se inmiscuyan en la represión interna y, por ende, sirvan como blindaje del régimen liberticida, con la excusa de la lucha contra el “terrorismo” y el “narcotráfico”. Estamos en presencia de una nueva operación política de cara a un nuevo 24 de Marzo, esta vez encabezado por los propios militares y sus personeros políticos que operan desde las usinas del Ministerio de Defensa.

 Lucas Giannetti

 04/02/2026

El asedio de Trump-Rubio contra Cuba

En los últimos días, mientras la atención mundial ha estado puesta en la inminencia de una agresión militar de una armada estadounidense apostada en el mar Arábigo contra Irán, el gobierno de Trump se ocupó fuertemente del diseño de una decapitación del régimen político de Cuba. 

 Un decreto de Washington intimó al gobierno de la Isla “a alinearse ‘suficientemente’ con Estados Unidos en asuntos de seguridad nacional y política exterior”. Poniendo en práctica la amenaza, ordenó sanciones contra todos los gobiernos que vendan petróleo a Cuba, fundamentalmente a Rusia, Irán, México y Venezuela, con la intención de quebrar por completo su deteriorada economía. En una suerte de círculo perfecto, Trump aplica el mismo método que hace más de medio siglo aplicaron Eisenhower-Nixon cuando, en 1960, ordenaron detener sus operaciones a las refinerías extranjeras en Cuba con la intención de producir un colapso de la economía. El resultado de este boicot fue un descomunal puente marítimo petrolero de la Unión Soviética al Caribe y la nacionalización sin pago de las refinerías extranjeras en la Isla. Con esos eufemismos, el decreto es, sin embargo, claro: Cuba debería romper cualquier relación estratégica con países como Rusia, China, Irán y otros, y colaborar con la CIA en materia de espionaje y persecución en el área del Caribe. En resumen, convertirse en un Protectorado ‘de facto’ del imperialismo norteamericano. México, bajo el gobierno ‘nacional y popular’ de Claudia Scheinbaum, ya se ha alineado con el boicot a Cuba. El colombiano Gustavo Petro, en tanto, mientras le dio a Trump, en la Casa Blanca, los nombres y direcciones de decenas de capos del narcotráfico internacional, para insinuarle al anfitrión su complicidad con quienes se jacta de combatir, habría aceptado una mayor colaboración con la CIA y el apoyo a la confiscación de la industria petrolera de Venezuela, por parte del dúo Rubio-Trump.

 Después de varias intervenciones denunciando la prepotencia de Trump, Díaz-Canel, el presidente de Cuba, aceptó ayer conversaciones con Washington - “en pie de igualdad”. Las cartas, sin embargo, vienen marcadas, porque Trump se encuentra desarrollando una guerra mundial, no un ataque selectivo. Trump ha sancionado a las exportaciones petroleras de Rusia, mientras procura forzar a Putin a un acuerdo en Ucrania. Acaba de obtener de la India, a cambio de una reducción de aranceles que él mismo había subido, el cese de la compra de petróleo de Rusia. El ataque contra Irán no se limita a obtener el control del proceso de enriquecimiento de uranio de ese país, ni el control político del Medio Oriente sino el acceso de China a la energía fósil. El imperialismo norteamericano, aun con graves contradicciones internas, desarrolla una cuarentena económica, política y militar mundial, para reducir al mínimo la capacidad de sus rivales, y en primer lugar China, para enfrentar una guerra contra la legión militar norteamericana. Por eso redobla, como en las guerras mundiales precedentes, el control de América Latina y la cadena de sus suministros. Nada de esto es viable, sin embargo, sin el control del verdadero ‘patrio trasero’ de la burguesía imperialista, que es su propio país, Estados Unidos. Los Trump y compañía pretenden convertir a los propios Estados Unidos en un Protectorado ‘de facto’ de la oligarquía financiera norteamericana. Es lo que pone en evidencia el ICE y sus redadas y el despliegue policial-militar y también del ejército en territorio estadounidense. La campaña para regimentar y manipular las elecciones intermedias de noviembre próximo, en Estados Unidos, se encuentra en marcha. 

 Es en este contexto que Trump prepara el “cambio de régimen” en Cuba: el Wall Street Journal dice saber que esto ocurrirá “antes de fin de año”. También describe una acción intensa de parte la CIA para encontrar fracciones colaboracionistas en la Isla que secunden una operación política como la impuesta en Venezuela. Rubio declaró a Cuba un “estado fallido” y “al borde del colapso”. Para WSJ, el ‘peligro’ de un asedio político-militar es que desate, sin la instalación de un relevo político a cargo de un ‘castrismo residual', una “crisis humanitaria’, que se propagaría en el Caribe, y podría forzar una intervención militar directa. Este debate de características políticas gansteriles concluye con la advertencia de que la camarilla trumpista carece de una salida económica evidente para Cuba. En ausencia de un Plan Marshall (la asistencia a Europa luego de la Segunda Guerra Mundial), no quedaría otra cosa que un ‘ajuste’ catastrófico.

 Como ha ocurrido con el genocidio palestino en Gaza; la guerra contra Irán, el secuestro de Maduro y la instalación de un viceconsulado en Caracas; el nacionalismo burgués no movido un dedo en combatir este ‘colonialismo’ sin aditamentos, como tampoco lo hace contra Milei-Caputo-Bullrich. No advierte acerca de la guerra imperialista en desarrollo, ni del amplio reparto del mundo que impulsa el imperialismo norteamericano. Es necesaria una agitación contra la guerra imperialista y por la derrota (derrocamiento) de los gobiernos imperialistas. En este marco llamamos a desarrollar una campaña por la defensa de la independencia de Cuba contra el asalto imperialista. 

 La contrarrevolución trumpista procura enfrentar la agonía mortal del imperialismo mediante otra guerra mundial. 

 Redacción Política Obrera 

 05/02/2026

Las negociaciones en Abu Dabi acentúan la guerra entre la OTAN y Rusia

El anunciado cese del fuego temporal en Ucrania ha durado un suspiro. 

 Rusia lanzó más de 70 proyectiles incluyendo una cantidad récord de misiles balísticos en una sola salva, en conjunto con otros tipos que se aproximan a sus objetivos en una trayectoria balística, así como 450 vehículos aéreos no tripulados (UAV). Los golpes a la infraestructura crítica con temperaturas que descienden a los menos veinte grados no busca desalentar a las tropas en la línea de guerra militar, sino desmoralizar a la población civil. 

 En las negociaciones tripartitas en Abu Dabi, la capital de Emiratos Árabes, Kiev no está haciendo la concesión que más importa a Rusia: la retirada del ejército de Ucrania del Donbás. Los ataques rusos son funcionales a Washington como medio de coerción para que Kiev y sus patrocinadores de la Unión Europea cedan en la cuestión territorial, aunque esto no es lo único en disputa ni suficiente para cesar hostilidades. 

 Un aspecto fundamental de la negociación son las denominadas garantías de seguridad para Ucrania. El Secretario General de la OTAN, Mark Rutte, se dirigió a la Rada (el parlamento ucraniano) y declaró que “tan pronto como se alcance un acuerdo de paz, las fuerzas armadas, la aviación y el apoyo naval estarán disponibles para los países que lo hayan acordado”. La prensa británica detalla una colaboración a varios niveles y especifica una serie de respuestas estratificadas si Rusia reanuda la guerra. El primer paso será una advertencia diplomática. En una segunda fase se prevé la participación de la “coalición de los dispuestos” que comprende a muchos países de la UE, el Reino Unido y Turquía. Un último pasó sería la respuesta coordinada con fuerzas militares de EE.UU., a más tardar 72 horas después de la primera violación del cese del fuego. Washington, sin embargo, no ha confirmado nada de esto. Los medios de comunicación estadounidense señalan que la Casa Blanca no está dispuesta a prometer apoyo a las tropas europeas en Ucrania en caso de un enfrentamiento con Rusia. 

 El acuerdo de paz que plantea Trump significa otras cosas que el reparto de Ucrania entre EE.UU. y Rusia, y el traspaso de las riquezas minerales de los territorios respectivos. “Hay una vía en las negociaciones que podría avanzar con mayor rapidez que las demás. En Abu Dabi, se están discutiendo los cruces fronterizos para civiles y la demarcación de dicha línea. Así lo declaró Serhiy Khlan, miembro del Consejo Regional de Jersón.” (Strana Today). Según esta versión el proceso de negociación va mucho más allá de las discusiones públicas sobre los territorios o la central nuclear de Zaporizhia.: “Además de la línea de demarcación y los puestos de control, también se están discutiendo cuestiones relacionadas con la operación de los puentes y el servicio de pasajeros entre los territorios, el movimiento de personas y el pago de pensiones” (ídem). Esto podría explicar la presencia de numerosos militares con un conocimiento detallado de la situación en el frente que están presentes en las negociaciones. 

 Según el medio Político que cita fuentes ucranianas y estadounidenses, hay indicios de que las conversaciones actuales podrían ser prometedoras: “«Antes, estas negociaciones eran como sacarse una muela sin anestesia», dijo un experto republicano en política exterior que ha asesorado a Kiev.” (Político 4/2). La misma fuente describe a los cabecillas de la delegación rusa, el almirante Ígor Kostyukov, (jefe del GRU, el principal servicio de inteligencia militar) y al oficial de Inteligencia, Alexander Zorin, como “hombres prácticos”. Los oficiales de inteligencia rusos actúan con profesionalidad, profundizando en los detalles prácticos" (ídem). 

 Rusia ha reiterado innumerables veces que no quiere un alto del fuego que permita Ucrania recuperarse y preparar la siguiente ronda de guerra; quiere un acuerdo estratégico final. Un acuerdo que no solo abarque a Ucrania, sino que defina la nueva “arquitectura de seguridad” para toda Europa. Reclama el control físico de las cuatro provincias, además de Crimea. Se conjugan así dos paradojas, la primera es que Estados Unidos siendo parte del conflicto, ha iniciado la guerra contra Rusia, continúa apoyando al ejército ucraniano en las áreas de inteligencia y comunicaciones y a la vez oficia como supervisor y mediador. La segunda se configura cuando se pretende que Rusia tolere la integración de Ucrania a la OTAN bajo la apariencia de un compromiso multilateral jurídicamente vinculante (artículo 5), cuando es esta precisamente una de las razones fundamentales por que la que Rusia gatilló la “operación militar especial” como denomina el Kremlin a la ocupación comenzada en febrero de 2022. 

 Está en discusión incluso la integración a la propia Unión Europea, esta vez por la resistencia de miembros del propio bloque, en especial Polonia, cuyo sector agrícola es actualmente el mayor beneficiario neto del fondo de Política Agrícola Común (PAC). Las inconsistencias abruman. 

 El rearme europeo se proyecta sobre esta negociación, en la que ha quedado afuera una vez más la triada de “los dispuestos” (Francia, Alemania, Reino Unido). El hastío por la guerra en la población también es una amenaza. El New York Times titula “En aras de la paz, los ucranianos consideran lo impensable: ceder territorio”. Las encuestas reflejan una apertura cada vez mayor a las concesiones territoriales. En mayo de 2022, una encuesta reveló que el 82% de los ucranianos creía que el país no debía ceder territorio bajo ninguna circunstancia (…) En la encuesta más reciente publicada el lunes, el 40 por ciento de los encuestados dijeron que apoyarían la cesión del Donbás a cambio de garantías de seguridad.” “Esto representa un cambio notable para una población ucraniana que está cansada de la guerra.” (NYT 4/2). 

 En Rusia la campaña militar ha disparado el gasto de guerra al máximo: “El déficit presupuestario oficial se disparó el año pasado, al igual que el gasto militar fuera de balance a través del sistema bancario y las facturas impagadas. Esto podría ser difícil de mantener, especialmente con la disminución de los ingresos petroleros” (The Over Shoot). La dimensión petrolera ocupa un andarivel propio. Tras todas las maniobras diplomáticas lo que asoma es el despedazamiento de Ucrania, para servirse de sus remanentes como un activo de seguridad de primera línea, en usufructo de unos y otros. La camarilla de Zelensky se ha abroquelado en la defensa en un programa inviable de que propugna unas fuerzas armadas de ochocientos mil efectivos, el denominado “puerco espín de acero”, así definido por Úrsula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea. La guerra se desarrolla en un contexto mundial, no hay salidas parciales para una confrontación imperialista estratégica. 

 Camilo Márquez 

 05/02/2026

Cabildo abierto en el hospital Garrahan

Decenas de desafueros y despidos. 

 El día miércoles 4 se realizó un Cabildo abierto en la puerta del hospital Garrahan. El anuncio del pedido de desafueros y despidos de los delegados sindicales y las sanciones a otros 30 activistas, la transformó en una concentración muy concurrida. El Encuentro finalizó sin votar ninguna de las mociones expresadas. Se tomó el compromiso de movilizar el 11 o el día en el que el Senado trate la reforma laboral y acompañar todas las medidas e iniciativas que resuelvan los trabajadores del Garrahan.

 Desde la mesa convocante (Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan (APyT) y la junta interna de ATE, entre otros), se anunció un amparo contra los desafueros y despidos las sanciones y una nueva asamblea el lunes 9. 

 Los trabajadores del Hospital Posadas denunciaron una nueva tanda de 84 despidos, sumando un total de 250. Una delegación de familias del Garrahan propuso una acción por el día de las cardiopatías congénitas y el cáncer infantil para visibilizar y denunciar el desmantelamiento de ese departamento. También se propuso participar este 7 de febrero de la marcha antifascista. 

 Una trabajadora despedida de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) manifestó que tanto UPCN y ATE no hicieron nada frente a los despidos y la disolución de la agencia. Los trabajadores de Farmacias del Dr. Ahorro, por su parte, relataron que están librando la lucha contra los despidos y el cierre de sucursales de forma autoconvocada. El mismo secretario general del sindicato de Farmacia, tercer vocal de la CGT, les dijo que no servían para nada las acciones gremiales ni las movilizaciones. 

 Las intervenciones de las delegaciones del FIT-U apelaron a que “la CGT convoque a un paro”. Guillermo Pacagnini, del MST y directivo de CICOP, propuso visitar a sindicatos enrolados en la CGT y convocarlos a parar y movilizar. Otras intervenciones apelaron a organizar una columna independiente para el 11. Claudia Jati, de Política Obrera y trabajadora despedida de Dr. Ahorro, denunció que “la CGT es parte del gobierno, es la pata que necesita para dejar pasar los ajustes. Tenemos que derrotar a los dirigentes de la burocracia sindical” y exclamó: “dejemos de pedirle a la CGT que convoque a un paro, la huelga general la van a convocar las bases, los delegados, los sindicatos combativos”. 

 Un momento destacado de la convocatoria fue la llegada de la delegación de jubilados y jubiladas que venían de ser reprimidos en el Congreso.

 Llamamos a organizar el rechazo a la contrarreforma laboral y a derrotar al gobierno de Milei, mediante una huelga general. 

 Daniela Magoc

 05/02/2026

Reforma laboral: el fracaso del "pasilleo" burocrático

La divergencia entre los gobernadores de la oposición y el gobierno nacional en torno del capítulo impositivo de la reforma laboral había disparado versiones acerca de una posible postergación en el tratamiento parlamentario del proyecto. Los gobernadores denunciaban el impacto negativo de la baja en el impuesto a las ganancias, que es coparticipable, en la reforma enviada al Senado.

 Mientras tanto, no le hacían objeciones al corazón de la ley, es decir, a la liquidación de los derechos laborales -jornada de ocho horas, indemnización, derecho de huelga y a la realización de asambleas. Para discutir un “frente común” contra los cambios impositivos, los gobernadores se habían autoconvocado el martes pasado, en la Capital. Pero la “cumbre” se quedó con las sillas vacías, después de las reuniones que sostuvo el ministro Santilli con los principales popes de las provincias. Aunque el resultado de esos encuentros no trascendió, los gobernadores le reclamaron a Santilli fondos nacionales para asegurar algunas obras vinculadas al movimiento empresarial de los distritos -minería, agroindustria-. A cambio de ello, podrían resignar una parte de la recaudación coparticipable y, en consecuencia, profundizar el ajuste en los gastos sociales de sus distritos. Refrendando esas tratativas, Llayora y Pullaro, los gobernadores de Córdoba y Santa Fe, pegaron otro faltazo. Pero en este caso, a la cúpula de la CGT, con quien habían pactado reuniones para “discutir la reforma”. El ala de la CGT que encabezan Furlán de la UOM y Aceiteros, que resolvió una movilización a la gobernación cordobesa para este jueves, encontrará ese mismo panorama. Mientras tanto, el Senado confirmaba la concreción de la sesión del próximo 11 de febrero, con 44 voluntades convocantes sobre un cuerpo de 72 bancas. En esa cámara, arreciaban las versiones de que los senadores de Sáenz, Jalil y Jaldo podrían abandonar al interbloque justicialista para conformar un bloque propio, con libertad de maniobra para pactar con el gobierno. La pretensión de que los gobernadores actúen como barrera de la reforma antiobrera se ha derrumbado bastante antes de que comience su tratamiento.

 “Menos gorila” 

En cualquier caso, es importante tener en cuenta qué es lo que impulsa el pasilleo de la burocracia sindical por los despachos del Congreso. Recogiendo declaraciones de la cúpula de la CGT, el cronista sindical de “Clarín” señala que la meta de los pasilleantes es conseguir una ley “menos gorila”. Aunque los burócratas se pronuncian por sostener la ultraactividad, el derecho a huelga o los convenios por rama, a lo que apuntan principalmente es a la eliminación de la obligatoriedad en la retención de la cuota sindical y el sostenimiento del porcentual del 6% en los aportes a las obras sociales. 

 El fracaso del pasilleo parlamentario ha dado lugar a una reunión “de emergencia” del Consejo Directivo de la CGT para este viernes. No hay anunciadas medidas de lucha, pero sí existe la decisión de trasladar el “pasilleo” al ámbito de Diputados, donde la reforma deberá ser tratada después de pasar por el Senado. El bloque peronista de la cámara baja emitió un rimbombante comunicado jurando “unidad férrea” para cuando llegue la contrarreforma. Es el mismo lenguaje que circulaba en el Senado hace un mes atrás, cuando se anunció el contenido del proyecto.

 La licuación de la “resistencia peronista” en el Senado es una demostración de la completa inocuidad de un kirchnerismo en estado de liquidación. La razón de fondo es el acuerdo estratégico con la contrarreforma, que es lo que Cristina Kirchner pone de manifiesto cuando dice que “una modernización laboral tiene que haber”. Entre los gobernadores que encabezan la genuflexión hacia Milei y Caputo, están los que fueron ungidos por Cristina para encabezar las listas electorales de octubre pasado, como el tucumano Jaldo o el catarmarqueño Jalil. El pejotakirchnerismo se divide entre los que van a apoyar sin vacilaciones a la contrarreforma y aquellos que defienden su contenido, pero le dejarán al gobierno y a sus aliados el “trabajo sucio” de su aprobación en el Congreso. 

 Los ideólogos de la gran patronal celebran que, en caso de aprobarse, la ansiada reforma antiobrera estará bendecida por una ley del Congreso. Lo que ocultan estos “legalistas” es que la norma por aprobar es otro capítulo del régimen de excepción en curso. La liquidación del derecho del trabajo está fuera del marco constitucional -incluso carece de legalidad la inclusión de normas impositivas, cuyo tratamiento debería haber comenzado en Diputados. La burocracia, por sobre todas las cosas, se ha juramentado no mover la estantería de la ley a través de una verdadera lucha, la cual terminaría por desbancarla de los propios sindicatos. El tratamiento de la contrarreforma tendrá lugar en medio de una enorme tensión en los lugares de trabajo: por los salarios a la baja, mes a mes, como consecuencia de paritarias regimentadas y de una pauta de inflación fraudulenta; por la crisis industrial, las suspensiones y los despidos; por los tarifazos redoblados en todos los servicios públicos. 

 En ese escenario, es necesario encarar una movilización política en favor de la huelga general, hasta derrotar la contrarreforma y toda la política de ajuste de Milei y los gobernadores. 

 Marcelo Ramal 

 05/02/2026

CON FILO | Ni paz zanjonera ni república plattista

El 4 de febrero #Cuba conmemora un aniversario más de la Segunda Declaración de la Habana

Romina Del Plá: “Tiene que haber un paro general para frenar la reforma laboral”

El trumpismo maniobra para mantener la represión y las deportaciones masivas

La lucha de clases en las calles de Minneapolis.

 La campaña de terror llevada adelante por el gobierno trumpista en Minneapolis (Minnesota) ha entrado en un impasse. Pese al envío de miles de policías militarizados, la detención de activistas y el asesinato de dos personas que protestaban contra la persecución de inmigrantes, la brutal represión no ha logrado sacar a las masas de las calles. Por el contrario, las protestas crecen en todo el país y en la propia Minneapolis. El viernes 30 de enero se desarrollaron marchas masivas y huelgas -incluyendo movilizaciones estudiantiles en las Universidades- en contra de la represión y exigiendo justicia para Renée Good y Alex Pretti, dos ciudadanos tiroteados por el ICE (policía migratoria). 

 El repudio a la campaña anti-inmigrantes condujo a la organización de cada vez mayores grupos de activistas que hostilizan a los represores y advierten a los indocumentados tocando silbatos y avisando a través de aplicaciones telefónicas sobre la presencia del ICE. El activismo es el que ha filmado la represión y en particular los asesinatos de Good y Pretti, lo cual ha permitido desmontar las mentiras del gobierno respecto a las víctimas, que habían sido acusadas de ser “terroristas domésticos” por Kristi Noem (secretaria de Seguridad Nacional) y Stephen Miller (asesor de Seguridad Nacional y subdirector del gabinete de la Casa Blanca).

 La política migratoria de Trump está en la picota en la opinión pública: según algunas encuestas, un 46% de la población es partidaria de la disolución del ICE, contra un 43% que rechaza esta medida. Se trata de un viraje impactante, que contrasta con la votación de la bancada Demócrata en el Senado, que otorgó nuevo financiamiento al DHS (Departamento de Defensa Nacional) con la excusa de que impondría “condiciones” al funcionamiento del ICE, es decir, perpetuaría a la Gestapo anti-inmigrantes, pero “con rostro humano”.

 En las cadenas de televisión y en la cultura popular el repudio al ICE y a Trump es creciente. Grandes estrellas como Bruce Springsteen, Ariana Grande, Olivia Rodrigo, Billie Eilish, Lady Gaga, han alzado la voz para rechazar la represión y los asesinatos policiales en Minnesota. En la reciente entrega de los Grammys, el cantante boricua Bad Bunny fue el gran ganador de los premios, y comenzó su ovacionado discurso diciendo: “antes de dar gracias a Dios, debo decir: fuera ICE”. Por su parte, Billie Eilish ganó el premio a la mejor canción y afirmó “Nadie es ilegal en tierra robada”. 

 Bruce Springsteen compuso una canción protesta (“Streets of Minneapolis”), bajo la impresión de la muerte de Renée Good y Alex Pretty, y de las protestas y huelgas del 23 de enero en Minnesota. En ella describe cómo “una ciudad en llamas lucha contra el fuego y el hielo / bajo las botas de un invasor”, y denuncia la represión fascista de Trump: “Pues dicen que están aquí para mantener la ley / Pero pisan nuestros derechos / Si tienes la piel negra o morena, mi amigo / Puedes ser interrogado o deportado a primera vista / En nuestros coros de ‘ICE fuera ahora’ / Persisten el corazón y el alma de nuestra ciudad”. La canción homenajea a quienes cayeron en esa lucha: “Había huellas ensangrentadas / Donde debía de haber habido misericordia / Y dos muertos, abandonados para morir en las calles cubiertas de nieve”. Springsteen llama a seguir la lucha: “Vamos a luchar para esta tierra / Y [por] el extranjero entre nosotros”, “Recordaremos los nombres de los que murieron / En las calles de Minneapolis”. El eslogan “fuera ICE” cierra esta canción protesta, que seguramente se convertirá en un himno de la ciudad, y que expresa la voluntad de continuar la lucha pese al temor que busca imponer la barbarie represiva. El tema fue presentado públicamente por Springsteen el viernes 30 en la propia ciudad asediada por el ICE, siendo sintomáticas las palabras del presentador del espectáculo: “lo que vemos en este país no será decidido en las cortes de justicia, no será decidido en el Congreso, no será decidido en las redes sociales, el futuro será decidido aquí en las calles de Minneapolis”. 

 En medio de esta rebelión popular contra los matones fascistas del ICE, la bancada demócrata busca un acuerdo con Trump, poniendo condiciones a sus redadas contra los inmigrantes: que los represores deberán utilizar cámaras para grabar los operativos y no podrán tapar sus rostros con máscaras, y deberán contar con una orden judicial antes de irrumpir en un hogar. Es decir, deberían actuar con la brutalidad “normal” de los policías que asesinaron por ejemplo a George Floyd en la propia Minneapolis en 2020, un crimen que desató la masiva protesta conocida como “Black Lives matters”. No se puede olvidar que los Demócratas Tim Walz (gobernador) y Jacob Frey (alcalde de Minneapolis) eran los que gobernaban en aquella oportunidad. Walz sacó a las calles de Minnesota a la Guardia Nacional ante el levantamiento provocado por el asesinato de Floyd, cuyos responsables fueron expuestos no por las cámaras policiales sino por los testigos que filmaron con sus celulares, exactamente lo que sucede actualmente con el ICE. 

 Deportaciones y militarización 

Trump prometió que expulsaría al menos a diez millones de indocumentados en su mandato, asegurando que crearía empleos para los ciudadanos estadounidenses a través de esta depuración racista de la población y de los aranceles contra otros países. El primer año ha culminado sin embargo con un aumento del desempleo que está en 4,6%, el más alto desde 2021. La caza de los inmigrantes ha provocado terror en los indocumentados, pero se discute cuál ha sido su resultado. El DHS (Departamento de Seguridad Nacional) se “jacta” de haber realizado unas 675 mil deportaciones formales más un estimado de 2.2 millones de “auto-deportaciones” (“voluntarias”, bajo el riesgo de ser detenidos). En total, según el gobierno trumpista el total estaría cerca de 3 millones de personas, aunque estas cifras son cuestionadas por diversos analistas que afirman que el gobierno infla las cifras sin mostrar evidencias, y que aún no ha llegado al nivel de deportaciones de Obama en los años 2013 y 2014.

 Obama era llamado “Deportador en Jefe” por las organizaciones defensoras de los inmigrantes. El presidente “progresista” mantiene el récord de “deportaciones formales”, superando las 432 mil en 2013 (y 434 mil el año siguiente), un 69% de las cuales eran detenciones en la frontera y un 31% en el interior del país. Trump 2.0 tiene “apenas” 350.000 expulsiones “formales” (con orden de deportación) en su primer año de gobierno. Lo que ha cambiado drásticamente es que ahora el porcentaje de deportados en la frontera son menos de la mitad del total, en gran medida porque hay menos intentos de ingresar por parte de indocumentados, y también porque Trump ha utilizado sistemáticamente las deportaciones sin orden (“rechazos en la frontera” y “expulsiones rápidas”). Las deportaciones del “interior” no solamente han crecido en porcentaje sino en números absolutos. Según fuentes independientes del gobierno (como el NYT y el Migration Policy Institute) las deportaciones de personas detenidas en el interior rondan los 230.000 contra los 133.551 expulsados bajo Obama en 2013.

 Con independencia de los resultados numéricos de su campaña anti-inmigrantes, Trump persigue principalmente producir un cambio en el régimen político, a través de la represión militarizada de sus opositores -en particular en las grandes ciudades, donde el Republicano es ampliamente rechazado por la población. El presidente Republicano inició su mandato reforzando la militarización de la frontera y pasó luego a enviar tropas a las ciudades que protestaban contra las redadas, comenzando por Los Ángeles y continuando con Chicago, Portland, Washington y por supuesto Minneapolis. 

 El Estado de Minnesota fue elegido para la represión del ICE pese a que no es ni por lejos el que tiene más cantidad de inmigrantes ni de indocumentados. En Minneapolis la proporción de inmigrantes ronda el 10%, una cifra pequeña comparada con Los Ángeles, Nueva York, y especialmente con Estados republicanos como Texas y Florida. Estos últimos no son el epicentro de la campaña de militarización y deportaciones pese a que allí Trump cuenta con el apoyo de los gobernadores Republicanos y podría utilizar la Guardia Nacional en forma más sencilla. Stephen Miller y Trump decidieron convertir a Minneapolis en un ejemplo contra las “ciudades santuario”, es decir, aquellas que han resuelto formalmente no colaborar con el ICE y sus redadas, y porque se trata de una ciudad más pequeña y con un gran activismo de izquierda. El gobierno aprovechó un escándalo (amplificado por influencers de extrema derecha) en torno a un caso de fraude en fondos alimentarios (“Feeding Our Future”) y otras ayudas estatales, donde se culpabiliza especialmente a inmigrantes somalíes (la mayoría ya naturalizados como ciudadanos legales). La administración Trump ha lanzado acusaciones genéricas contra la inmigración somalí, y el Departamento del Tesoro y el FBI iniciaron investigaciones -como parte de esta agitación política- para verificar si estos fondos fueron desviados a “grupos terroristas en Somalia” o si hubo aportaciones a campañas de políticos Demócratas locales “a cambio de protección”. Con este discurso alimentaron la campaña racista y ejemplarizante que dio pie a la represión del ICE en la principal ciudad de Minnesota. 

 Trump ha recibido varios reveses judiciales respecto a varias de sus medidas contra la inmigración. Por ejemplo, el gobierno decretó la caída del TPS (un estatus migratorio que amparaba a millones de indocumentados de diversos orígenes) para permitir la deportación rápida de cientos de miles de personas fácilmente ubicables, lo cual fue anulado en varios tribunales. Más importantes aún son las decisiones judiciales en cuanto al envío de militares a realizar tareas de represión interior. Un fallo de la Corte Suprema (que tiene mayoría trumpista) le quitó fundamento al envío de la Guardia Nacional cuando el gobierno entiende que la policía está superada (en base al supuesto aumento de los delitos), sentenciando que la interpretación que hacía el gobierno de la legislación estaba equivocada. Trump puede invocar la “Ley de Insurrección” -que le permitiría legalizar el envío masivo de tropas- pero hasta ahora ha evitado ese recurso extremo, que generaría mayores resistencias. 

 Recule parcial

 Es posible que en el plan de Miller y Noem estuviera previsto utilizar este mecanismo en caso de un levantamiento popular en Minneapolis. La utilización recurrente de la acusación de “terrorismo doméstico” y de “agitadores” o “amotinados” alimentan esta hipótesis. Sin embargo, el repudio mayoritario tras los asesinatos de Good y Pretti no ambientan por ahora este recurso a la Ley de Insurrección. Por el contrario, el gobierno ha debido recular parcialmente, retrocediendo en estas acusaciones contra las víctimas de la represión. Los Demócratas y algunos Republicanos han apuntado las críticas (y la exigencia de renuncia) contra Kristi Noem, la que se defendió afirmando que había cumplido las órdenes de Miller y del propio Trump. Stephen Miller, un elemento abiertamente fascista, también tuvo que echar lastre, justificando que sus afirmaciones calumniosas contra las víctimas de la represión se habían basado en la información que le había enviado el jefe de la Patrulla Fronteriza Gregory Bovino. Este último se ha convertido en el chivo expiatorio y fue enviado nuevamente a California, donde “se espera que se jubile próximamente” (The Atlantic, 26/1). En sustitución de Bovino fue enviado Tom Homan, conocido como “el Zar de la Frontera”, supuestamente para “desescalar” los enfrentamientos con los manifestantes. Homan ha declarado que focalizaría la persecución en los indocumentados que hayan cometido delitos, buscando hacer más aceptable la caza de los inmigrantes. Homan, digamos de pasada, es un “funcionario de carrera” del ICE, que recibió un “Premio de Rango Presidencial” de manos de Barack Obama en 2015 por su “eficacia” en la expulsión de indocumentados (920.000 deportaciones). 

 Los jerarcas demócratas (y la bancada del Senado) presentan la remoción de Bovino como una victoria y alientan la posibilidad de una negociación con Trump para “desescalar” su ofensiva. Esa postura es recibida con escepticismo por la población, según recogen los medios. La maniobra política trumpista no detendrá la lucha en las calles de Minneapolis, donde se levanta con fuerza la demanda “que se vaya el ICE” y que se juzgue a los culpables de la represión y los asesinatos. Más ampliamente, viene creciendo la demanda de desmantelar el ICE. 

 Retroceso electoral trumpista 

El reciente triunfo de un candidato Demócrata en las elecciones a Senador en un distrito del Estado de Texas por un amplio margen (más del 57%) es sintomático. En ese mismo distrito Trump había triunfado cómodamente con un 58% de los votos en 2024. El viraje del electorado llega a un desplazamiento de 31 puntos a favor de los Demócratas en apenas un año, lo cual es un indicador muy claro de retroceso del trumpismo e incluso de distanciamiento de parte de su base respecto a la campaña anti-inmigrantes. Muchos votantes Republicanos afirman que apoyan el objetivo de Trump, pero no sus métodos, o que habían interpretado que se perseguiría únicamente a los delincuentes y no a indocumentados que son trabajadores y no tienen antecedentes criminales, pese a que el discurso trumpista fue claro en cuanto a la persecución de millones de inmigrantes. Ya en diciembre una elección a la alcaldía de la Ciudad de Miami (Florida) había indicado algo similar. Allí triunfó en un balotaje la candidata Demócrata Eileen Higgins con el 59,3% de los votos, quebrando tres décadas de dominio republicano en la ciudad. 

 Frente a los retrocesos Republicanos en los últimos ciclos electorales, Trump declara que “su nombre no estaba en la boleta”. El presidente afirma que las próximas elecciones de medio término (en noviembre) deben ser “nacionalizadas”, es decir, convertidas en un plebiscito sobre Trump y su política, en un contexto en que los candidatos de su partido intentan por el contrario tomar distancia de la Casa Blanca.

 La crisis en MAGA 

Por el contrario, otros sectores trumpistas se enojaron con el recule parcial del presidente, como por ejemplo el ultra reaccionario Steve Bannon (ex asesor de Trump durante su primer mandato). Bannon declaró en su podcast que el envío de Tom Homan (“el zar de la frontera”) en sustitución de Gregory Bovino era una señal de debilidad, y que el gobierno debió enviar a Homan junto a más tropas para reforzar la represión y a Bovino, no para “desescalar”. También rechazó declaraciones de Homan en cuanto a focalizar en inmigrantes indocumentados que hubieran cometido delitos. Bannon subrayó que eso iba en contra de las declaraciones de Trump de expulsar “10 o 20 millones” de personas, afirmando que todo inmigrante sin papeles era un criminal. Estas críticas derechistas son aún más frecuentes entre los denominados “groypers”, elementos fascistas (“nacionalistas blancos”) que apoyaron al trumpismo y participaron del asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021. Los groypers afirman que la inmigración obedece a un plan (“marxista”, “woke” o incluso “judío”) para reemplazar a los blancos por “marrones” (cualquier etnia que no sea blanca). Uno de sus principales referentes, el streamer Nick Fuentes -quien declaró que “Hitler era cool”- ha criticado a Trump muchas veces, despreciando que “apenas expulsó 300.000 al año” en lugar de millones como había prometido. 

 La base del movimiento “MAGA” está dividida también respecto a la política exterior, en particular el bombardeo contra Irán en junio pasado y la acción militar en Venezuela y Latinoamérica. Un sector defiende una política más aislacionista en base al eslogan trumpista de “America First” (“Estados Unidos primero”), como lo sostienen la ex congresista Marjorie Taylor Greene (que rompió públicamente con Trump) o el influyente periodista de derecha Tucker Carlson (que aún sostiene a Trump y defiende su agenda migratoria) o incluso hasta cierto punto el propio Steve Bannon. El asesinato de Charlie Kirk quitó a Trump un activo político que era capaz de organizar a la juventud de derecha y colaborar en mantener unida a esa base heterogénea. Una parte de la base MAGA cree que Kirk fue asesinado por el Mossad. Una virtual guerra civil se ha instalado en ese movimiento en torno a la política respecto a Israel, al punto que algunos referentes sionistas del trumpismo han acusado a Carlson y Bannon de antisemitas, y estos devuelven el ataque diciendo que sus acusadores (y buena parte de los Republicanos y del gobierno) han sustituido el eslogan trumpista por el de “Israel First”. El trasfondo no es solamente la resistencia a intervenir en guerras en el exterior, sino también la caída en picada de la imagen del sionismo a partir del genocidio en Palestina. 

 Huelga general 

Trump enfrenta una contradicción en su base electoral, y parece estar perdiendo cada vez más apoyo entre los sectores latinos y juveniles. Una política de recule lo llevaría a un empantanamiento total y lo convertiría tempranamente en un “pato cojo”, tres años antes del fin de su mandato. El presidente ya ha declarado que el nombramiento de Homan no significa que el ICE se retirará de Minnesota. Trump está obligado a redoblar la apuesta en la ofensiva migratoria y la represión de la izquierda y el movimiento obrero.

 Mientras tanto, la movilización popular viene creciendo incluso en el gélido invierno, así como se va popularizando la consigna de la “huelga general” entre los manifestantes, pese a los burócratas sindicales y al Partido Demócrata. Esta consigna fue coreada por activistas en Minnesota, pero también en demostraciones en decenas de manifestaciones en otros Estados. Lo que ocurre en Minnesota expresa en forma concentrada lo que espera a todo el país. En las “Calles de Minneapolis” se desenvuelve una tendencia a la guerra civil, que muestra las perspectivas de la lucha de clases en todo el país. 

 Rafael Fernández - Partido de los Trabajadores (Uruguay)

 03/02/2026

La amnistía de Delcy Rodríguez

El anuncio de una Ley de Amnistía, que el Parlamento de Venezuela tratará perentoriamente, ha despertado expectativa. Desde el asalto de las fuerzas especiales norteamericanas, el pasado 3 de enero, Delcy Rodríguez excarceló a unos 200 detenidos. Los “Foros” que en Venezuela siguen esta cuestión calculan que las cárceles bolivarianas albergan todavía a unos 1200 presos. Aunque los casos más resonantes se relacionan con personeros ligados a la oposición derechista, en los últimos años el número de presos se ha engrosado fuertemente con militantes y organizadores sindicales. Después de las protestas de 2024, fueron encarcelados dirigentes del sindicato de maestros en varios puntos del país y también delegados de la siderúrgica SIDOR, que encabezaron luchas por el cumplimiento del convenio colectivo, entre muchos otros casos. La decisión de cerrar “El Helicoide”, la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN), confirma las múltiples denuncias que lo identificaron como un centro de vejámenes y torturas. Entre varios otros, en el Helicoide encontró la muerte el exgeneral Baduel, quien encabezó a los cuerpos de paracaidistas que defendieron a Chávez en el golpe militar de 2002 y años después cayó “en desgracia” cuando se opuso a una reforma constitucional, que Chávez de todos modos perdió. Aunque los voceros del SEBIN informaron que Baduel falleció de Covid 19, sus familiares atribuyeron su muerte a torturas. 

 Delcy Rodríguez señaló que la amnistía debía cubrir a “todo el período de violencia política desde 1999 al presente”, o sea, desde la asunción de Chávez a su primera presidencia; el perdón incluiría, entonces, a los opositores exiliados que participaron del golpe de Estado de abril de 2002 y del ‘lock out’ nacional de diciembre de ese mismo año. Pero este período de más de 26 años podría cubrir también a los miembros del SEBIN y a los funcionarios del Helicoide. En este caso, estaríamos ante una autoamnistía. En las negociaciones previas entre el todavía presidente Nicolás Maduro, de un lado, y los emisarios de Trump, del otro, el resguardo jurídico del personal oficialista fue un punto sustancial. 

 María Corina Machado ha celebrado el anuncio de la amnistía, que atribuyó a la “presión real de los Estados Unidos”; Trump dio su acuerdo, sin ponerlo en su red social. La transición que diseña Trump contempla la privatización petrolera, que el Parlamento venezolano acaba de votar en segunda instancia. La reforma de la ley de hidrocarburos habilita a las empresas privadas a producir y exportar petróleo por su cuenta, sin restricciones para remesar utilidades y pagar dividendos sin previa liquidación de divisas. El otro pilar, político, de la “transición”, es el inicio de una articulación entre el ejército y los servicios venezolanos con la CIA. 

 El “Protectorado de facto”, impuesto por Trump, cuenta con la colaboración estratégica del gobierno “bolivariano”. En un cuarto de siglo, el nacionalismo venezolano y sus aliados internacionales han dado un giro de 180º por unanimidad. 

 Marcelo Ramal 

 02/02/2026

Seis décadas de asedio: el arsenal de maldad contra Cuba

El 3 de febrero de 1962, John F. Kennedy emitió la Proclama 3447, con la cual oficializó el bloqueo económico, comercial y financiero contra la Isla.

 Como agoreros del inframundo, Donald Trump y su camarilla lanzan mensajes de desolación y muerte contra el pueblo cubano. La Orden Ejecutiva del 29 de enero dictada por el mandatario exhala esos aires; para los émulos de Tánatos, el objetivo es claro: convertir a Cuba en una Numancia moderna.

 Para la Isla, este asedio no es nuevo. Convencidos del apoyo mayoritario del pueblo a la Revolución, desde sus albores Estados Unidos se dio a la tarea de socavar los cimientos del nuevo poder e inducir la rebelión.

 La estrategia ha sido invariable: debilitar la vida económica para provocar hambre, desesperación y el derrocamiento del Gobierno. Una política fríamente concebida para sumir al pueblo cubano en la miseria. Así, el 6 de abril de 1960, el memorándum de Lester D. Mallory, entonces vicesecretario de Estado adjunto para Asuntos Interamericanos, definió el alma de esta guerra. 

 Poco después, en junio de 1960, el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz compareció ante la televisión cubana para denunciar que, por instrucciones de Washington, las compañías extranjeras pretendían boicotear el procesamiento de petróleo. 

 La reducción del suministro de combustible, el rechazo a refinar crudo soviético y la eliminación de la cuota azucarera fueron solo el preámbulo de lo que se convertiría en el genocidio más prolongado de la historia. El 7 de febrero de 1962, entró en vigor la Orden Ejecutiva 3447, firmada por el presidente John F. Kennedy el día 3, que oficializó el bloqueo invocando la «Ley de Comercio con el Enemigo» de 1917. 

 Aquello era solo el inicio. Al repasar la historia de esta guerra unilateral, parece que el arsenal de maldad de Washington es inagotable. Administración tras administración, se perfeccionaron los mecanismos de coerción y cerco: de las 32 tareas de la «Operación Mangosta» –el vasto plan terrorista diseñado tras la derrota en Playa Girón–, 15 estaban dirigidas específicamente contra la economía de la Isla.

 De la frustración, la soberbia y el odio nacieron leyes como la Torricelli y la Helms-Burton, o el Plan Bush, que las reforzó. Durante su primer gobierno Trump dictó más de 243 medidas hostiles, una política a la que Joe Biden dio continuidad a pesar de sus promesas electorales. 

 Ahora, la Casa Blanca se propuso llevar la agresión a la economía y la vida de la nación a una perfección quirúrgica, pretendieron no dejar espacio sin cerrar; pero no es tan fácil vencer a los cubanos, una frase reciente del mandatario estadounidense lo dice todo: «La única opción que queda es entrar y destruir Cuba».

 Durante más de seis décadas de guerra económica impuesta por la potencia más grande del mundo, el proyecto cubano ha demostrado una resiliencia extraordinaria, cosechando conquistas en todos los ámbitos que desafían la lógica del asedio.

 Raúl Antonio Capote 

 Granma

Sobreprecios en Nucleoeléctrica: Reidel recula e intenta contener su salida de la empresa

Luego del escándalo de los sobreprecios en las licitaciones del servicio de limpieza, denunciada por el gerente general de Atucha I-II, el Directorio de NASA resolvió remover al gerente de Coordinación Administrativa, Pantuso y al Gerente General, Fama. El Directorio, si bien designado por el propio Reidel cuando fue nombrado presidente, expresó en la votación la interna del gobierno, con tres votos a favor y dos en contra. Los votos del vicepresidente Guido Lavalle y el director Diego Chager, hombres de Santiago Caputo, dejaron en minoría a Reidel, hombre de Karina y Javier Milei. 

 Previo al avance de la denuncia en los medios, al interior de la empresa, en el sector técnico la noticia se vivió con mucha bronca, más aún con el intento de Pantuso de tapar el escándalo sumariando a dos empleados con importante trayectoria en la empresa. 

 Atrapado en el fuego

 A través de la resolución 2/2026 firmada este lunes, Reidel tuvo que levantar los sumarios contra los empleados Martin Reina (Subgerente de Producción de Atucha I-II) y Gabriel Brejer (jefe del Departamento de Producción). Ambos formaron parte de la revisión corporativa 2025 a pedido del Área de Supervisión Independiente. La revisión corporativa se trata de un procedimiento que está en línea con las mejores prácticas promovidas por la Asociación Mundial de Operadores Nucleares (WANO) y consiste en entrevistas a personal de la empresa. Reina y Brejer participaron en la realización de entrevistas al personal que desnudó, en parte, las licitaciones con sobreprecios. 

 Según distintas fuentes hay una interna entre el área profesional (trabajadores y empleados de planta con carrera en la NASA) y la mesa política (el directorio de turno y sus segundos mandos desplegados en la empresa), Reidel tendría que estar cediendo, no sólo en la interna con Caputo sino con la propia presión interna de la NASA. La resolución 3/2026 designa a Daniel Monserrat al frente de la Gerencia General (en reemplazo de Marcelo Fama), y a Ricardo Matuk Herrera al frente de la Gerencia de Coordinación Administrativa. Ambos con trayectoria profesional dentro de Nucleoeléctrica. 

 El área de la Gerencia General es considerada la segunda más importante dentro de la empresa, por detrás de la Presidencia. Hay preocupación por las medidas que pueda tomar Monserrat. Trabajadores entrevistados por Infobae señalan: “No tengo dudas de que algunos gerentes o subgerentes que pusieron Fama y Pantuso estarán en la mira. También se podrían iniciar auditorías complementarias y correspondientes, según el caso; y frenar las compras que suenan a negociados propios”. 

 El fuego iniciado por los sobreprecios tiene en frente amplias hectáreas para desarrollarse. Están pendiente la denuncia de ATE-Zarate del sobreprecio en 1066,7% por la compra de un software. La misma está siendo tratada por el Comité de Integridad dirigido por Axel Larreteguy, quién responde al vicepresidente Lavalle. Ambos impulsaron la investigación y la remisión de Pantuso y Fama. 

 Reidel, postulado por Javier Milei para el premio Nobel de Economía, tiene por delante el desarrollo de tareas fundamentales en dos centrales: la extensión de vida de Atucha I y la construcción del Almacenamiento en Seco de Combustibles Gastados de Atucha II (ASECG II), dos proyectos que implican una inversión global de US$ 700 millones. La suspensión de licitaciones por corrupción y la deuda a más de 200 proveedores en 2025 podría retrasar estos trabajos de máxima prioridad.

 La interna desarrollada entre los buitres del gobierno pareciera no conmover a los profesionales de la NASA. Uno de ellos expresó a Infobae: “Esto solo pone justicia con quienes los quisieron despedir como perejiles sin tener ninguna culpa. Eso fue el detonante. Fue la nafta en el fuego. Desde nuestro lugar no pararemos hasta que se vaya toda esa junta.

 Sergio Yeti

 29/01/2026

Marco Lavagna renuncia a la dirección del INDEC

El alza de la inflación de enero pone en crisis la actualización de los índices 

 Marco Lavagna renunció al INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos) a días de la publicación del índice de inflación para el mes de enero de 2026. Luis “Toto” Caputo en entrevista radial anunció que será del 2,5 %, una nueva alza. Lavagna fue nombrado director en 2019 al comienzo de la gestión de Alberto Fernández, estuvo en el cargo durante toda la administración peronista y Javier Milei lo renovó al comienzo de su mandato en diciembre de 2023. Tras seis años hoy les anunció su salida a los técnicos del organismo.

 El gobierno liberticida tomó la noticia con sorpresa, en días donde el índice de enero dará una continuidad en el alza confirmando una escalada de subas del IPC (índice de precios al consumidor). Al mediodía en Casa Rosada y en el Ministerio de Economía dijeron no estar al tanto de la renuncia del director del INDEC.

 Los números de enero estarían marcados por la implementación de los nuevos parámetros para el IPC con la encuesta de hogares ENGHo 2017-2018, reemplazando la ENGHo 2003-2004, que ajustan mejor el consumo de las familias, una medida largamente dilatada que incluso de hacerse arrastrara también una rémora. 

 Se dejó trascender que los datos están listos hace un año, pero el Gobierno no quería interferir los meses de elecciones con números de inflación incómodos para el relato mileista. El periodista afín al gobierno Luis Majul explicó: “Lavagna quería actualizar la medición, como habían dicho, el gobierno al final no quiere porque se viene la quita de subsidios de tarifas que van a tener mucho impacto en el dato de inflación”.

 El INDEC tuvo a mediados del año pasado una fuerte interna tras la publicación de índices que no reflejaban la evolución de la canasta de gastos, esto derivó en la salida de dos funcionarios de importante carrera en la institución, como lo eran Georgina Giglio, directora de índices de precios de consumo, y Guillermo Manzano, director de estadísticas de condiciones de vida. Ambos en un contexto de renuncias por el congelamiento salarial sumaron la cuestión de las “diferencias de criterios” y de “formas sobre la gestión de equipos”. 

 Sin embargo, mientras se escribía esta nota, Caputo afirmó en una entrevista televisiva que se suspende la aplicación de la Encuesta de Hogares 2017/18, dando continuidad a la manipulación de la inflación a favor del gobierno. 

 El “legado” de Marco Lavagna 

La manipulación de los índices fue denunciada por especialistas de diferente extracción política, como una vuelta a los métodos de Guillermo Moreno que en 2007 bajo el gobierno kirchnerista intervino el INDEC. En medios sostienen que el “legado” de Marco Lavagna será mirado bajo la lupa de los datos oficiales de enero 2026, que se publicarán este 10 de febrero. De no haber un cambio de rumbo, allí por primera vez aparecerían gastos como servicios de conectividad, plataformas digitales y cambios en el consumo de alimentos que sucedieron entre el 2003 y el 2018. 

 Este tipo de cambios, obviamente, no son retroactivos, con lo que los índices arrastrarán por un periodo un desfasaje del lado de los ingresos de las familias. Producto de la devaluación del 100% de diciembre del 2025 al poco de asumir Milei como presidente y Caputo como ministro de economía.

 Con respecto a este cambio, que es reclamado hasta por el FMI, el Gobierno arguye que el proceso de estabilidad de precios en particular por el volumen de los subsidios volcados al sistema tarifario requiere más tiempo antes de pasar a un esquema de sinceridad en los índices. En contraste con lo dicho, la cuestión central es que el índice de inflación se tomó como patrón para planchar o liquidar las paritarias que los sindicatos pactaron al 1 % mensual o menos, política a la que la inflación de 2,8 % de diciembre le cortó toda expectativa de sostenibilidad.

 Al salir la noticia, la Junta Interna de ATE-INDEC convocó a conferencia de prensa en reclamo por la independencia del organismo respecto a los gobiernos: “Nos llama poderosamente la atención, nos pone en alerta, la renuncia de ML a 8 días de la salida del IPC con la nueva ponderaciones -o actualización- de la ENGHo 2017/18. Es un escenario en el que nuestro organismo va estar en el centro de la opinión pública. Exigimos, históricamente, un INDEC independiente del poder político” y cerraron: “nos parece un ‘deja vu’ porque en una fecha parecida del 2007 se intervino políticamente nuestro organismo porque no gustaba el dato del IPC de enero 2007. Esperamos que el próximo 10 de febrero salga el IPC con las nuevas ponderaciones de la ENGHo 2018/18”.

 En estos días Marco Lavagna tenía una disputa con otro funcionario de filiación peronista en las filas de los liberticidas, Daniel Scioli, que había criticado las estadísticas que reflejaban una floja temporada veraniega. La pelea llevó a que la Secretaría de Turismo y Deportes diera por finalizado un convenio con el instituto que tenía más de 20 años de implementación. 

 Según el diario Ámbito Financiero el próximo titular será alguien cercano a “Toto” Caputo. En ese caso la duda estará en si el Ministro de Economía interviene o no los datos del IPC a publicarse el 10 de febrero y nuevamente discutirá si se implementa la Encuesta de Hogares de 2017. Los liberticidas y mesa-dineristas de la Rosada con el pretexto de que los servicios seguirán calentando la inflación y que un sinceramiento profundizará el problema, continuarán esta manipulación de facto de las estadísticas, pateando hacia adelante el uso de una encuesta que tiene ocho años de realizada. 

 Marco Lavagna en su mensaje de despedida dijo: “quedan proyectos con un alto nivel de desarrollo y otros en proceso que estoy seguro podrán completarse y ser implementados próximamente" y agregó que “los trabajadores son el principal activo que sostiene el organismo”; así lo indicó sin referencia a la salida de una importante cantidad de trabajadores por la caída de salarios. 

 El exfuncionario mileista, albertista y kirchnerista deja un INDEC en crisis, con renuncias de directores en áreas clave y con sus principales índices manipulados en favor de los tiempos políticos del Ejecutivo nacional. 

 Leonardo Perna 

 02/02/2026

69 años del primer número de El Popular

Hoy, 1 de febrero, se cumplen 69 años de la salida del primer número del diario El Popular. Precisamente, un 1 de febrero de 1957, comenzó una verdadera epopeya de comunicación, periodismo comprometido, coherencia y dignidad, que hoy llega a los 69 años.

 Este lunes 2 de febrero a las 18 horas, la Asociación de ex Trabajadores del diario El Popular 1957-1973, convoca a un acto homenaje en la puerta de la histórica primera imprenta, ubicada en la calle Justicia entre Miguelete y Lima. 

 Como ya hemos escrito, El Popular, continuador del histórico diario Justicia, surge a partir de una resolución del XVI Congreso del PCU, en el marco de lo que Rodney Arismendi definió como “una línea unitaria y de masas”. Luis Mendiola, distribuidor de El Popular en Montevideo, luego asesinado en la 20, definía a El Popular como: “El cañón de largo alcance del pueblo”.

 Desde su primer número tuvo el lema artiguista que se mantiene hasta hoy: “No tengo más enemigos que los que se oponen a la pública felicidad”. Los directores de esa primera edición fueron Enrique Rodríguez, César Reyes Daglio y Eduardo Viera. 

 El Popular desarrolló un periodismo comprometido, de cobertura de las luchas obreras y populares, de solidaridad internacionalista y antimperialista. Inauguró en la prensa uruguaya la práctica de los suplementos, sindical, internacional, juvenil y uno muy especial, el primer suplemento para niños, Churrinche.

 El Popular jugó un papel enorme para apoyar y construir la unidad de la clase obrera en la CNT y de la izquierda, primero en el FIDEL y luego en el Frente Amplio. También en la solidaridad internacionalista, con Vietnam, con Cuba, con Palestina, con las luchas de liberación en nuestro continente y en África, con la difusión de la construcción del socialismo y sus avances.

 Por todo eso fue duramente perseguido, censurado y clausurado en múltiples oportunidades, de hecho, es uno de los medios de comunicación que más clausuras ha sufrido en la historia.

 El 9 de julio de 1973, en medio de la Huelga General que enfrentó el golpe de Estado, de la cual fue el vocero principal, el fascismo asaltó su redacción y sus trabajadores fueron apaleados y encarcelados, fue clausurado definitivamente en noviembre de 1973. Todos sus trabajadores y trabajadoras fueron perseguidos, muchos encarcelados y torturados. Norma Cedrés, asesinada en prisión y Juan Manuel Brieba aún desaparecido, son dos trabajadores de El Popular, mártires de nuestro pueblo en la lucha por la libertad, la democracia y la emancipación social.

 Su prédica obrera y combativa se continuó en Carta y Liberarce clandestinos y al final de la dictadura en Cinco Días, clausurado y La Hora, luego en el semanario El Popular, Carta Popular y de nuevo, a partir de 2008, en el semanario El Popular. 

 El Popular, febrero 1, 2026

El tubo de oxígeno de Bessent y Trump a Milei y Caputo

Por tercera vez en los últimos meses, el Tesoro norteamericano ha salido al rescate de Milei y Caputo. El pago de 870 millones de dólares al FMI, por intereses de deuda, será cubierto a través de otro préstamo. Scott Bessent acaba de otorgarle a Argentina “derechos especiales de giro” (DEG) por esa suma a cambio de pesos. Los DEG son la unidad de cuenta que ha repartido el FMI entre las Tesorerías de sus socios. Si el gobierno argentino hubiera pagado con dólares de las reservas, habría perdido todo lo acumulado en meses recientes e infringido un acuerdo con el FMI. Caputo tiene el propósito de devolver el ‘swap’ (canje de monedas) con Bessent (más los intereses correspondientes) con los dólares que espera recibir del FMI como parte de un nuevo acuerdo de ajuste fiscal y financiero. Esta ruta del dinero, diseñada para evitar un default, no cubre los vencimientos de 2026, por algo menos de 20.000 millones de dólares. El Tesoro de Argentina sigue en terapia intensiva con la asistencia de un respirador.

 En un reportaje de hace unas horas, Luis Caputo intentó desmentir que contrajo nueva deuda para pagar deuda. Según Caputo, los fondos para “comprar” los DEG salieron de la cuenta del Tesoro en el Banco Central, pero la cancelación del “swap” se hará con dólares que se obtendrán a préstamo. Lo importante es que el ‘caputísimo’ no tenía la plata para pagar los intereses con el FMI, y se ha visto forzado a armar un 'puente’ caro con Estados Unidos, aunque el ministro se niega a informar acerca de la tasa de interés que le cobra Besssent por ese ‘puente’. El Tesoro estadounidense se ha convertido en el prestamista de última instancia de Argentina. Así ocurrió con el ficticio “intercambio” de 2500 millones que tuvo lugar antes de las elecciones de octubre pasado y que Caputo tuvo que devolver dos meses después, en dólares contantes y sonantes, por medio de otro préstamo con bancos internacionales, a altas tasas de interés. Caputo cancelará estos 800 millones en DEG cuando reciba los 1000 millones de dólares… del FMI, que están asociados a la segunda “revisión” del acuerdo de abril del año pasado. O sea que el Fondo le prestará a la Argentina los DEG necesarios para que Argentina le pague a Estados Unidos en dólares los DEG que le prestó… para pagarle al Fondo. Esta “puerta giratoria” cobra un elevado peaje. El Gobierno, además, enfrenta en febrero otro compromiso, la cancelación de casi 1000 millones de dólares a privados por el vencimiento del Bono Bopreal (con importadores). 

 Una noria sin salida de la que vive una oligarquía de parásitos. 

 Marcelo Ramal

 02/02/2026

Con Milei los jubilados siguen perdiendo

El haber mínimo registra una caída del 7,3% en términos reales desde que asumió, en un cuadro de vaciamiento de la Anses y del Pami.

 Los jubilados constituyen uno de los sectores del pueblo argentino más atacados por Milei. El haber mínimo, que percibe alrededor del 60% de ellos y será en febrero de aproximadamente $429.000 con el bono incluido, registra una caída del 7,3% en términos reales desde que asumió. Semejante ataque se complementa con el desfinanciamiento de la Anses y la eliminación de prestaciones del Pami. El cuadro, dantesco, se agravará si el gobierno logra hacer pasar la reforma laboral. 

 El dato se desprende de un estudio realizado por CP Consultora, que señala que la licuación del bono –congelado en $70.000 desde marzo de 2024– explica la caída. El haber mínimo acumula una caída del 3,1% desde junio y “el resto de las jubilaciones (medias y altas) una del 0,4 por ciento debido al aumento de la inflación”, indica (Página 12, 30/1). En 2025, según Chequeado (15/1), los jubilados que perciben el haber mínimo perdieron un 4,6% de su poder de compra. 

 Más en general, con respecto a noviembre de 2015, la mínima acumula una caída del 34% y el resto de las jubilaciones una del 28,3%. Los gobiernos que se alternaron en el poder fueron atacando de distintas maneras a los jubilados: modificando la fórmula de cálculo de los haberes, impulsando aumentos a la baja por decreto, negando el 82% móvil o usando dinero de la Anses para pagar deuda externa y subsidiar a la clase capitalista. 

 El gobierno de Milei modificó en abril de 2024 la fórmula de cálculo, indexando las jubilaciones a la inflación –con dos meses de rezago– en momentos en que esta comenzaba a bajar y tras haber devaluado el peso en más de un 50% al comienzo de su mandato. Así, consolidó la pérdida que trajo consigo la fórmula aplicada por el gobierno peronista de los Fernández. Con los aumentos previstos para febrero, la mínima quedará en $429.000 con el bono incluido, la Puam en $287.000 y la máxima en $2.400.000. 

 Según la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, una pareja de jubilados con vivienda propia necesitó en noviembre pasado unos 1,3 millones de pesos para poder vivir, mientras que aquellos que pagan un alquiler precisaron unos 2 millones. Como se ve, la mayoría de los jubilados en Argentina vive en condiciones de pobreza. Esta situación es la que ha llevado a que el 17,1% de las personas que están en edad jubilatoria tengan un empleo, como señala un trabajo publicado hace poco por el Indec. 

 A esto se suma que a cada vez más jubilados les cuesta acceder a medicamentos, debido a la política desregulatoria del gobierno. Entre noviembre de 2023 y febrero de 2025, el gasto en esta materia, que insume gran parte de los ingresos de los adultos mayores, aumentó un 382%, y las dispensas cayeron un 26% como consecuencia de la escalada de los precios y de los recortes en el Pami (Fundación Soberanía Sanitaria, 6/5/2025). Ese porcentaje es mayor al aumento de la inflación en el mismo período (186%) y al de los haberes (176%).

 Asimismo, Milei desfinancia la Anses promoviendo el trabajo en negro y a veces usando su dinero para pagar deuda externa o calmar las tensiones cambiarias. Con la reducción de los aportes patronales que incluye la reforma laboral, la crisis de los haberes, la Anses y el Pami se agravará. A esto se le añade la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), para que los trabajadores se paguen sus indemnizaciones y el dinero recaudado pueda ser utilizado por los capitalistas para hacer dinero en la timba. 

 Y ni hablar de la tentativa del gobierno, que se hace eco de un viejo reclamo de la burguesía argentina e internacional, por imponer una reforma jubilatoria que aumente la edad de retiro, termine con los regímenes especiales (docentes, por ejemplo) y cree una prestación universal similar a la Puam. El fin último de los libertarios es ir hacia una privatización a lo Menem y sus AFJP.

 Es por todo esto que los jubilados salen todos los miércoles a las calles del Congreso a repudiar la política mileísta, reclamando la recomposición de los haberes y la devolución de los medicamentos del Pami. Milei y Bullrich les responden con represión, pero resisten peleando junto a sectores combativos e independientes del movimiento obrero y la juventud mientras la burocracia sindical de la CGT y las CTAs los dejan en banda. 

 La política previsional del gobierno libertario está subordinada a los intereses de los capitalistas y los acreedores de la deuda externa. Hay que salir a pelear por la recomposición de los haberes, la implementación del 82% móvil, por el control por parte de trabajadores y jubilados del Pami y de la Anses –así como también por un aumento presupuestario para esos organismos. Esto debe financiarse con impuestos extraordinarios a los capitalistas y con el cese del pago de la deuda externa. Y es clave que esa lucha tenga como norte la derrota del gobierno de Milei y toda su política de reformas reaccionarias antiobreras.

 Nazareno Suozzi

La defensa vital de los humedales contra la destrucción capitalista

Movilización en Rosario por la Ley de Humedales. 

2 de febrero, Día Mundial por los Humedales.

 En este 2 de febrero, Día Mundial por los Humedales, desde Tribuna Ambiental volvemos a reclamar la urgente necesidad del reconocimiento, restauración, saneamiento y preservación de los humedales en todo el país. 

 El 2 de febrero de 1971 se creó la Convención de Ramsar en Irán, con el objetivo de identificar y concientizar la importancia de la preservación de los humedales, entendiendo la importancia de su cuidado debido a los servicios ecosistémicos que brindan: regulación de caudal hídrico (mitigan inundaciones), retención de humedad y por lo tanto regulador de temperaturas (imprescindible para combatir el calentamiento global), áreas de recarga de acuíferos y contenedores del 60% de la biodiversidad.

 Desde 2020 en Argentina cientos de organizaciones socioambientales, territoriales y comunidades indígenas venimos exigiendo la sanción de una Ley de Humedales para su preservación, especialmente ante las quemas para el avance de los agronegocios, la minería y la especulación inmobiliaria.

 Fieles al lobby capitalista agroindustrial, minero e inmobiliario, los bloques políticos gobernantes de peronistas, radicales hasta el PRO y LLA, los proyectos siguen cajoneados. Incluso fue bloqueado por el gobierno del Frente de Todos que hacía campaña "sí a la Ley de Humedales"; un retrato del oportunismo del kirchnerismo.

 Por eso las organizaciones ecologistas ligadas al kirchnerismo, como Jóvenes por el Clima, terminaron justificando la continuidad de proyectos extractivistas en provincias y municipios gobernadas por el peronismo, en nombre de un "ambientalismo popular" que no es más que el aval al saqueo capitalista de los territorios pero cubierto de verde.

 Con Milei las políticas extractivistas se profundizaron más que nunca. Vale mencionar el Rigi, el ajuste en el Sistema de Manejo al Fuego mientras la Patagonia arde, el ataque a la Ley de Glaciares para permitir el avance minero, la privatización de AySA, entre tantos otros atropellos. 

 Desde Tribuna Ambiental sostenemos la lucha contra la expansión sojero ganadera, ola megaminería y la especulación inmobiliaria sobre estos espacios tan vitales. Esto cuando impulsamos junto a numerosas organizaciones y coordinadoras socioambientales la movilización contra la reforma laboral, la modificación a la Ley de Glaciares y el presupuesto necesario para combatir el fuego en la Patagonia. 

 Secundino Cardozo

La crisis de “los de arriba” en la Argentina de Milei y la lucha de los trabajadores

El dueño de Techint, Paolo Rocca, junto a la senadora Patricia Bullrich 

La pelea de buitres que estalló entre el gobierno y Techint en torno a la licitación para la provisión de caños para el gasoducto entre Vaca Muerta y Punta Colorada es una muestra de la Argentina que se está gestando de la mano de Milei. Mientras el país se hunde sin reactivación económica, los salarios caen sistemáticamente, el trabajo se precariza día a día, el gobierno arbitra e interviene en las disputas de los grandes negocios dominados por un puñado de pulpos petroleros, mineros y agrarios, a los que hay que sumar, por supuesto, el sector financiero alimentado por la política de endeudamiento de Caputo. 

 El consorcio indio Welspun le ganó a Techint la licitación ofertando 200 millones de dólares por la provisión de caños para la exportación de gas licuado. Es un negocio que va en vías de dispararse, con la habilitación de buques licuefactores y la adquisición de dos buques que van a permitir exportar el 18% de la producción local. La asignación a la empresa india por parte del consorcio Southern Energy, integrado por YPF, los Bulgheroni (PAE) y Pampa Energía (de Marcelo Mindlin), fue festejada por el ministro Federico Sturzenegger por “abaratar costos”. “Rebaja de costos” que jamás llegará a los usuarios, sino que irá a engrosar los márgenes de beneficio de las petroleras. Del lado de Techint denunciaron dumping de China (que proveería el acero a Welspun) y amenazaron veladamente con el cierre de su planta en Valentín Alsina, que emplea 450 obreros. Extorsionando en nombre de una “industria nacional” a la cual el gobierno le impide en este caso ser siquiera una socia menor proveedora de la cadena petrolera. El gobierno redobló la apuesta sosteniendo que Techint jugó fuerte en el proceso electoral para forzar una devaluación, contra el gobierno. La burguesía nacional presiona para una megadevaluación que le permita bajar sus costos, pulverizando aún más el salario. El gobierno se opone a sabiendas que en el cuadro actual provocaría una escalada de los precios internos desatando las condiciones para una rebelión generalizada. 

 Mientras se desarrolla este choque público, la misma Techint se prepara para disputar, junto a Mindlin de Pampa Energía, la licitación por la construcción del mismo gasoducto, con los tubos provistos por la empresa india. En esta licitación, de nuevo, la oligarquía local intenta preservar sus posiciones frente a la presión del capital internacional. Según La Nación, la inversión total en infraestructura en el proyecto alcanza los 1.300 millones de dólares. El gobierno juega un rol de arbitraje en todos estos negocios a través de YPF, y del conjunto de regulaciones que el Estado nacional pone en pie para garantizarlos, que incluyen fuertes exenciones impositivas, a través del Rigi, la legislación minera, y diversos mecanismos, actuales o heredados del kirchnerismo. Y busca ampliar el campo de negocios (mineros) con la entrega de los glaciares que proyecta junto con los gobernadores cordilleranos de todos los signos políticos. En oposición a los meganegociados y la entrega de los recursos naturales, levantamos un programa de nacionalización de la industria petrolera bajo control obrero, en resguardo de los puestos de trabajo y los recursos nacionales, y como parte de un programa de reorganización social de la mano de los trabajadores. 

 La extorsión de la reforma laboral 

Por supuesto que no tardaron en saltar los comentaristas que atribuyen el costo de los tubos de Techint a las “regulaciones laborales” e impositivas, que el gobierno estaría abordando a través de la reforma laboral. De manera tal que esta guerra de buitres por la confiscación de la riqueza nacional deberían pagarla los trabajadores poniendo el lomo para la competitividad de los Techint y sus socios de la “burguesía nacional”. Los choques de negocios que separan al gobierno de Rocca y otros sectores de la burguesía nacional se saldan cuando se trata de liquidar derechos laborales.

 De todas maneras, el choque con Techint tiene otra implicancia para la clase trabajadora: la política del gobierno agrieta permanentemente el frente patronal por la propia crisis capitalista que enfrenta la Argentina, donde los beneficios y la entrega al capital internacional son el soporte de un gobierno que de no contar con esto entraría en colapso inmediato. El método de Milei de crisis y choques revela las contradicciones enormes de la política de ajuste y entrega del gobierno. Es lo que hace al mismo tiempo con los gobernadores, cuando incluye en el proyecto de reforma laboral una rebaja sustancial del impuesto a las ganancias que golpea fuertemente la coparticipación federal. Los gobernadores de Santa Fe y Córdoba, Maximiliano Pullaro y Martín Llaryora (firmes defensores de esta “modernización” esclavista), salieron a cuestionar estos aspectos y la negociación de la reforma se puede empantanar en el Congreso si el gobierno no encuentra una respuesta a los reclamos de las arcas provinciales o bien retrocede en estos artículos. 

 Las grietas y choques en el frente patronal solo pueden explotar en favor de los trabajadores con una política independiente: con un paro nacional y un plan de lucha, para derrotar la reforma laboral y poner en primer plano la lucha por todos los reclamos del movimiento obrero: el salario, las fuentes de trabajo, las condiciones laborales, etc. Es decir, promover la huelga general contra todos los ataques a los trabajadores para quebrar el avance antiobrero del gobierno y poner en jaque el conjunto de su política. Pero la política de todas las alas de la burocracia sindical se opone a esta línea. La última expresión la tuvimos con la reunión de la UOM, de la cual participaron Aceiteros, ATE, APA, y Yasky, entre otras expresiones del sindicalismo crítico de la posición del triunvirato.

 Este sector resolvió impulsar movilizarse en Rosario y Córdoba para plantearle a los gobernadores “que no nos entreguen”. Una línea suplicante de presión sobre sectores que están aplicando en sus propias provincias reformas antiobreras violentísimas (sobre todo en el terreno jubilatorio) y que apoyan claramente la entrega de los derechos laborales. Nada de largar un paro nacional con movilización a Congreso, que sería el primer paso real para enfrentar la reforma laboral. Se trata de una vía segura a la derrota, a través de la adaptación a una oposición patronal paralizada y cómplice de la monumental transferencia de ingresos contra los trabajadores que promueve el mileísmo. 

 Todos a la autoconvocatoria el 2 

Bien visto, el debate en el Frente de Izquierda tiene mucho que ver con este cuadro político. Porque de lo que se trata es de explotar las crisis al interior de la burocracia y en el frente patronal para desarrollar una política de independencia de clase y llamar a movilizarse e intervenir con asambleas, paros y movilizaciones para enfrentar la reforma laboral, de ninguna manera de adaptarse a una oposición patronal y una burocracia sindical totalmente paralizadas. Esta orientación de lucha e independencia política es la que levanta el Plenario del Sindicalismo Combativo, los movimientos piqueteros independientes y las agrupaciones de jubilados, que convoca este 2 de febrero a una autoconvocatoria en Parque Lezama para enfrentar la reforma laboral. Estarán presentes el Sutna, la Unión Ferroviaria Oeste, Ademys, la AGD UBA, la Junta Interna de ATE Garrahan, y las principales luchas de la etapa.

 Un sector del FIT-U (el PTS y el MST) tiene por política hostilizar un reagrupamiento común del clasismo y todos los sectores independientes, esta hostilidad tiene que ver con una política de sembrar expectativas en una “gran coalición” (PTS) con sectores que hoy se agrupan con la UOM: tanto aceiteros como diferentes alas y sectores de la CTA. Es una línea de franeleo con sectores que no sacan los pies del plato de la política de la burocracia. Al contrario, lo que corresponde es clarificar que la parálisis de estos sectores nos lleva a una derrota segura. La única forma de enfrentar esta reforma es con un paro activo y movilización con la perspectiva de las grandes puebladas que frenaron este tipo de intentos: la más reciente es la del 14 y 18 de diciembre de 2017 enfrentando al gobierno de Macri. En ese momento, el gobierno pudo hacer pasar su reforma jubilatoria, pero debió archivar la reforma laboral por la enorme fuerza de la movilización popular. 

 La tarea de la hora es organizar el amplio rechazo popular a la reforma laboral para transformar esta inquietud en una movilización contundente. Con esa orientación apoyamos el plenario del 2 de febrero que convoca el Plenario del Sindicalismo Combativo, el movimiento piquetero independiente y los movimientos de jubilados y vamos a redoblar la campaña ganando las calles y los lugares de trabajo, reclamando un paro nacional y plan de lucha hasta la huelga general y llamando a movilizar para derrotar a Milei.

 Juan García