miércoles, diciembre 17, 2025

Presupuesto 2026: la ruta de la catástrofe social y la entrega colonial


La idea de aprobar el presupuesto con un debate de 24 hs, entre el martes 16 de diciembre en comisión y el miércoles 17 o el jueves 18 en sesión de Diputados, ya es expresiva por sí misma. Tal vez sea un trámite para volver a gobernar sin “ley de leyes” por tercer año consecutivo. A dedo de pichón de autócrata. 
 Pero hay una chance de realidad: que funcione el pacto con los gobernadores, incluidos varios peronistas, desde luego, para algún reparto de fondos en canje por el voto a todo el paquete de Reforma Laboral, Código Penal y modificación de la Ley de Glaciares. Este último punto es de interés, justamente, de las provincias mineras o promineras, para habilitar el saqueo indiscriminado y depredador que habilita el Rigi: ese por el que se peleaban Weretilneck y Kicillof para quedarse con la planta de licuefacción que no fue, porque Shell “se toma el buque”, literalmente. El tema ambiental por el cual el pueblo de Mendoza volvió a levantarse, a la orden del día. 

 La atropellada, un síntoma de crisis, no de fortaleza 

Retirado Bessent del mercado de cambios y de garantías para créditos de cualquier tipo, fracasados los créditos del JP Morgan y Cía, primero de 20 mil palos verdes, después de 5 mil, llegó otro fracaso: la suscripción de deuda local en dólares al usurario 9,26% y con un “corte” del 91% de los bonos, lo que hace que no sean 1.000 sino 910 millones de dólares. Muy poco para los 4.500 millones de dólares que vencen en enero y los 18.000 millones en todo 2026. 
 La verdadera fortaleza de Milei es el big bang opositor y un peronismo que comparte la agenda estratégica de la UIA, los bancos y el capital agrario. Tanto es así que ni siquiera se ha constituido un bloque claramente devaluacionista, como ocurriera en 2001. Los Paolo Rocca o los Madanes aprovechan la volada contra el movimiento obrero para meter un ataque histórico mediante la reforma laboral y en ese marco pelean sus cuotas de negocios. La Cámara de la Construcción está más ocupada en zafar de la causa de los cuadernos que en reclamar por la debacle del sector. 
 Algunos más avispados temen a la catástrofe social que está en marcha y sus posibles consecuencias “desestabilizadoras”. Para hacerlo pasar, los “totoboys” sacaron el humillante artículo 1º de los presupuestos 2024 y 2025, que nunca vieron la luz, donde disponían que sólo se gastaría lo que quede luego de pagar la deuda pública. Pero este dictamen de mayoría que analizamos, vigente al 30/11, que seguramente será la base de lo que conozcamos el martes 16, tendrá el mismo sentido aunque no lo diga. Allí estará Adorni para ejecutar el ataque presupuestario a cualquier partida social o productiva para garantizar los negocios de Toto Caputo y sus amigos.

 Qué anuncian el PBI trucho y el dólar Caputo 

El PBI calculado en el dictamen de mayoría es de 728.000 millones de dóalres, lo que supone un crecimiento a tasas chinas, cuando lo que tenemos son hasta paraguas chinos, pero que corresponden al PBI del gigante asiático, no del nuestro. 
 En 2024 el PBI fue de 633.267 millones de dólares, con un 4,4% de crecimiento este año (REM) iríamos a un PBI 2025 de 661.800 millones de dólares (tradingeconomics) ¿cómo llegar a la cifra astronómica que nos proponen votar para 2026? Tendríamos un crecimiento cercano al 10%. Y tengamos en cuenta que todos estos números se calculan con un dólar tan polémico a la baja como el que tenemos.
 Lógicamente, con un falso crecimiento como este, se estima una recaudación que no tiene nada que ver con la que está ocurriendo, en caída, ni con la que va a ocurrir. Menos aún si consideramos las rutilantes noticias últimas que rebajan Ganancias para las empresas por unos 2.000 millones de dólares, sobre todo a petroleras, bancos y energéticas (Clarín, 13/12), con la rebaja de retenciones (otros 500 millones de dólares) y la rebaja de aportes patronales que afectará a la Anses en no menos de 2.500 millones de dólares. 
 Semejante jubileo capitalista no parece condecirse con la ley de “compromiso fiscal” que promueve LLA, puesto que no tiene contrapartida alguna que no sea el ajustazo recargado, mediante, por ejemplo el despido de otros 280.00 empleados públicos anunciado. 
 Y veamos ahora qué dólar supone nuestra fantasía presupuestaria. Prepárense lectores: en 2026 un dólar de $1.423; 2027 de $1.470; 2028 $1.488. Hagan los cálculos lo que produciría esto a un ritmo inflacionario del 2/2,5% como el que tenemos, o aún esto significaría que la fiesta importadora, de completa destrucción del tejido industrial nacional,  con la inflación del 10,1% que nos promete el presupuesto Caputo. Y ellos lo saben y lo aceptan porque el presupuesto prevé un déficit comercial de más 16.000 millones dólares en los próximos tres años.
 Esto significaría que la fiesta importadora sería llevada hasta un extremo jamás visto, lo mismo que el déficit turístico y comercial de conjunto. Algo que ya está en marcha con la industria textil o del neumático al 31% de su capacidad productiva y del 61% del conjunto. No hablemos ya de inversiones, no se usa la que tenemos, por eso la desinversión en marcha de tantas empresas. Es la ruta de una catástrofe social y económica. 

 Endeudamiento a tasas de default 

La deuda pública nacional, medida en dólares sin tomar en cuenta las provincias y la deuda privada de 454.000 millones de dólares, es ahora un 70% del PBI. Como es mayoritariamente en dólares o linkeada al dólar no es fácilmente licuable mediante una devaluación. Su porcentaje del PBI tiene relativa importancia, porque la capacidad de repago depende del crecimiento económico y de tener el superávit comercial necesario para disponer las divisas, lo que no hay. Por eso el riesgo país no baja de los 600 puntos a pesar del apoyo del Tesoro norteamericano, del FMI y de Trump.
 Si como dice el dictamen de la mayoría el déficit comercial será de -5.751 millones dólares en 2026, -3.707 millones en 2027 y –6.961 millones en 2028, la viabilidad de esta política depende exclusivamente de un ingreso de capitales y de un mayor endeudamiento que solo sería posible a tasas muy inferiores. Argentina ya fue al estallido de 2001 con una deuda en el 48% del PBI. El presupuesto que subordina toda la política económica a la deuda nos hunde en el ajuste, en el saqueo y nos hace caminar en la cornisa permanente del default. Por eso la deuda al 9,26% que señalamos más arriba no fue una buena, sino una mala noticia. 

 Jubilaciones, salarios, universidad, los trabajadores, las víctimas del presupuesto 

La inflación prevista de 10,1%, además de dibujada, resulta demoledora de los ingresos populares, porque el plan deflacionario funciona solo para salarios y jubilaciones. 
 El presupuesto no especifica monto estimado en jubilaciones y pensiones, el principal rubro social del Estado, lo cual es ya un dato significativo, puesto que dependerá del dedo de Adorni. Pero un botón vale de muestra: para sentencias judiciales dispone $212.288 millones contra $390.050 millones el año anterior, una rebaja nominal del 45%. Unos 151 millones de dólares, mientras el Fondo de Garantía y Sustentabilidad tiene 62.000 millones de dólares que se usan para financiar deuda pública. O sea que los jubilados con juicios ganados financian al superávit fiscal. Agreguemos la perla para delicia de Presti y Villarruel que para las cajas de retiros militares (art 48) dispone $367.205, un 70% más que para los siete millones de jubilados “desarmados”.
 El presupuesto no prevé aumento alguno de salarios y continúa la política de aniquilamiento universitario, disponiendo apenas el 65% de los fondos requeridos por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la camarilla de rectores. El dictamen señala una caída del 39% en el Conicet y del 31,4% en el financiamiento universitario en tres años. El reclamo de la ley de financiamiento universitario vetada serviría al menos para una reparación parcial de la enorme rebaja de los salarios reales universitarios que constituyen el 90% del presupuesto. Lo mismo en Discapacidad o pediatría a nivel nacional para extender la conquista de la lucha del Garrahan. 
 El ataque a la Educación Técnica es letal. Deroga la ley para su equipamiento (art. 52 de la ley 26.058), en línea con la reforma educativa en marcha. El articulado suspende, además, el artículo 9 de la Ley 26.206, eliminando el piso del 6% del PBI para educación. Junto con esto, el dictamen señala un recorte acumulado del 49% real en educación y cultura, 33% en universidades y 75% en becas estudiantiles, en relación al año 2023. No estamos ante un ajuste correctivo, sino ante un desmantelamiento del régimen legal educativo vigente. 
 Hacemos notar que no encontramos en el extenso dictamen un solo peso para vivienda, cuando la crisis habitacional escala de manera exponencial. Obviamente, es algo que contribuye con la prolongación de la recesión económica, lo mismo que la casi inexistente obra pública nacional. 

 Algunas conclusiones preliminares

 El dictamen no innova cualitativamente en relación a los poderes extraordinarios del Jefe de Gabinete, en este caso Manuel Adorni: reproduce el esquema de delegación y discrecionalidad que viene de los presupuestos del kirchnerismo, el macrismo y Alberto Fernández. Esas mismas facultades se usan ahora para condicionar la ejecución de leyes votadas por el Congreso. O simplemente evitar su cumplimiento (emergencia en Discapacidad, emergencia pediátrica, jubilación, presupuesto universitario). 
 Tampoco están previstas las rebajas impositivas que se acaban de anunciar en Ganancias, Retenciones y Aportes previsionales patronales, lo cual agravará la discrecionalidad porque solo se podrán afrontar con más recortes arbitrarios de gastos. Todo lo cual se hará inevitablemente contra las partidas sociales habida cuenta que los famosos “gastos tributarios”, que son las exenciones impositivas, en muchos casos al capital, mantienen su ratio histórico. 

 No hay “modelo” alternativo: que la crisis la paguen los capitalistas 

Ningún presupuesto, hace muchos años, tiene que ver con la realidad. Son dibujos. Pero indican una política. Este es una guía complementaria de la descarga de la crisis sobre las masas trabajadoras como nunca antes, por un lado, y de la entrega colonial más extrema por el otro. 
 Sus supuestos estarán sujetos a la lucha de clases. Nuestra intervención parlamentaria estará al servicio de la lucha de los trabajadores. En otros trabajos iremos sobre los dictámenes alternativos de la burguesía, sea el de Provincias Unidas o del Peronismo. En cualquier caso, no hay “modelo” capitalista alguno de acumulación de reservas, ni de “pago de deuda sin el hambre del pueblo”. La sanata nacional y popular está al servicio de la gobernabilidad de Milei para que ejecute el trabajo sucio, aunque es la volada se lleve puesto al movimiento obrero y nos coloque varios escalones más abajo en la decadencia y la desigualdad nacional. 
 La salida de los trabajadores que propiciamos tiene por estrategia la lucha por su propio poder y de ahí su programa: parte de la ruptura con el FMI, el repudio de la deuda con la sola excepción de los bonos de la Anses, que son patrimonio de los jubilados. El ahorro nacional debe ir a industrialización y a un plan de viviendas populares. El punto de partida es un salario equivalente a la canasta familiar y el 82% móvil de jubilaciones, la nacionalización de la banca y todos los recursos estratégicos bajo control de los trabajadores, el reparto de las horas de trabajo disponibles sin afectar el salario. Solo una planificación socialista puede superar la anarquía capitalista, la miseria social, el armamentismo y las guerras a las que están conduciendo al mundo. 

 Néstor Pitrola

El alerta sanitaria por listeria en quesos La Serenísima y el "siga siga" libertario


La Anmat confirmó la presencia de esta riesgosa bacteria en una partida de queso Cremón. 

 La empresa Mastellone Hermanos, dueña de La Serenísima, quedó envuelta en una alerta sanitaria luego de que la Anmat confirmara la presencia de Listeria monocytogenes en una partida de queso Cremón Doble Crema producida en la planta de Trenque Lauquen, provincia de Buenos Aires. Se trata del lote 2703, elaborado el 3 de julio de 2025 y con vencimiento el 11 de septiembre, cuyo consumo representa un riesgo grave para la salud.
 La listeriosis es una enfermedad transmitida por alimentos contaminados y puede provocar cuadros severos, como meningitis, septicemia e incluso abortos espontáneos. Su período de incubación puede extenderse hasta 70 días, lo que explica la vigencia de la alerta aun cuando el producto ya no se encuentra en circulación comercial. La advertencia de la Anmat fue categórica: no consumir bajo ninguna circunstancia el lote afectado, incluso si fue conservado o congelado. 
 El caso expone una cadena de responsabilidades que va más allá de un “desvío microbiológico”, como intentó minimizar la empresa en su comunicado oficial. Mastellone evitó mencionar la marca La Serenísima —la más vendida de su línea de quesos— y no aclaró si la contaminación se limitó a un solo lote, sembrando incertidumbre en miles de hogares. Mientras afirma que sus contramuestras dieron resultado negativo, la propia autoridad sanitaria nacional confirmó la presencia de la bacteria a partir de análisis realizados por el Laboratorio Nacional de Referencia del Malbrán, con muestras tomadas por el Senasa.
 Este episodio se inscribe en un contexto político marcado por el desmantelamiento de los controles estatales. El gobierno de Javier Milei avanza en la flexibilización y el vaciamiento de organismos clave como la Anmat y el Senasa, presentándolos como “trabas” para la actividad económica. El resultado es previsible: menos inspecciones, menos capacidad de control y más poder para las empresas que producen y distribuyen alimentos sin una fiscalización efectiva.
 Mientras los monopolios alimentarios concentran cada vez más la producción y distribución, el Estado flexibiliza los controles, dejando librada la salud de millones a un régimen de control privado subordinado a los intereses del capital. La suspensión “preventiva” de una línea de producción durante dos semanas no compensa un sistema organizado para producir al menor costo posible, aun a costa de poner en circulación alimentos potencialmente peligrosos. 
 El caso vuelve a poner en evidencia una política deliberada de vaciamiento de los organismos que deberían ejercer controles efectivos sobre la producción y comercialización de bienes de consumo masivo. La Anmat no escapa a este proceso, que se inscribe en una orientación general de desregulación impulsada por el gobierno, como lo demuestra también el desmantelamiento del INTI y de otras áreas técnicas del Estado. En ese marco deben leerse las declaraciones de Federico Sturzenegger en el caso del fentanilo adulterado, donde se buscó correr la responsabilidad de los laboratorios y actores privados involucrados.
 Los únicos que quedan expuestos son los trabajadores y consumidores. El caso de La Serenísima vuelve a demostrar que la seguridad alimentaria no puede quedar en manos de los capitalistas. La producción de alimentos es una cuestión social estratégica y debe estar sometida a controles estrictos, públicos y transparentes, con participación directa de los trabajadores del sector. 

 Camila García

Milei pone a un evasor al frente del Arca, porque gobierna para la evasión capitalista


Un sistema tributario que beneficia a los empresarios y confisca a los trabajadores.

 El gobierno nacional nombró al evasor fiscal, Andrés Edgardo Vázquez, como director ejecutivo al frente de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca), en una llamativa promoción de quien cuenta con un legajo marcado por causas por presunto enriquecimiento ilícito, lavado y evasión tributaria. La política fiscal de los “libertarios” es beneficiar a los capitalistas, eximiéndolos de impuestos, cargas y responsabilidades, poniendo un evasor al frente del Arca y condenando a los trabajadores a una mayor carga fiscal y a la liquidación de sus derechos y conquistas históricas.
 Vázquez viene de ocupar el cargo de extitular de la Dirección General Impositiva (DGI), con una extensa trayectoria en la ex Afip y con un prontuario ligado a delitos financieros, investigado por sus cuentas y propiedades sin declarar en el exterior, muchas de estas en paraísos fiscales, que le valieron al menos cuatro suspensiones, varios sumarios y por lo menos dos causas penales, a pesar de lo cual fue designado pro Milei primero en la DGI y ahora en la Arca. 
 Esta designación se da en el marco de que el gobierno avanza con el proyecto de reforma laboral, que incluye un capítulo fiscal, que contempla disminuciones en alza alícuotas de Ganancias para las patronales, supresión de impuestos internos, baja de las contribuciones patronales y beneficios respecto al IVA. 
 Además, el gobierno promueve el proyecto de “inocencia fiscal”, que consiste en un cheque en blanco para las patronales evasoras, elevando significativamente los montos dinerarios considerados para los distintos delitos por evasión, despenalizando a los evasores y reduciendo las multas. Un coctel de medidas a imagen y semejanza de las prácticas del nuevo responsable de la Arca. 
 El gobierno lleva a la práctica el mensaje de Javier Milei, cuando reconoció a los evasores fiscales como “héroes” por eludir sus obligaciones ante el Estado: ahora este discurso se ha convertido en una política de Estado. 
 El nuevo director ejecutivo de la Arca, con vínculos probados con los servicios de inteligencia, pudo sortear sus obligaciones ante la Justicia por el favor del juez federal Ariel Lijo, entre otros, quien no avanzó en la investigación por operaciones en paraísos fiscales debido a la falta de “colaboración” de los paraísos fiscales utilizados para brindar la información solicitada. 
 Mientras Milei premia a los capitalistas con estas políticas y designaciones, los trabajadores son sometidos a todo tipo de confiscaciones y gravámenes, como el Impuesto a las Ganancias sobre la cuarte categoría, los intentos de suprimir el monotributo pasando a todos los trabajadores precarizados al régimen de autónomos, la intención de costear las indemnizaciones por despido con fondos de las Anses y las jubilaciones, etc. 
 Los beneficios que el gobierno pretende otorgar a las patronales tienen una impacto fiscal de casi un 1% del PBI, para una gestión que ante cualquier proyecto medianamente popular alega que el “pacto fiscal” no se toca. 
 La política fiscal de este gobierno es de clase, con beneficios a las patronales y cargas impositivas y ajuste para los trabajadores. Solo esto explica la necesidad de poner un evasor fiscal al frente del organismo de recaudación tributaria. Los trabajadores debemos enfrentar esta orientación, comenzando por nutrir la movilización de este jueves 18 de diciembre contra la reforma laboral y las reformas reaccionarias de Milei y las patronales, para terminar con la confiscación contra los trabajadores. 

 Marcelo Mache

martes, diciembre 16, 2025

Contra la reforma laboral: conferencia de prensa del sindicalismo combativo

Chile: Kast gana ampliamente el balotaje y encamina un gobierno policiaco-militar


El gobierno de Boric y la “nueva izquierda” confirma su derrumbe al perder por casi 20 puntos. En una elección con una participación cercana al 90 % del padrón electoral, el ultraderechista José Antonio Kast se ha impuesto sobre la candidata oficialista Jeannette Jara, del Partido Comunista, por casi 2 millones de votos. En la primera vuelta, Jara había logrado la primera ubicación sobre ocho candidatos sin alcanzar más de un 27 % de los votos. Kast, por su parte, había orillado un 23 %, su salto electoral está atado al “préstamo” de votos gracias al apoyo completo de los candidatos de la derecha, Evelyn Matthei y Johannes Kaiser. El llamado a votar nulo o blanco de Franco Parisi, quien sumó 2,5 millones de votos en la primera vuelta, fueron a parar mayoritariamente a la derecha, el voto blanco y el nulo se ubicaron en el 7 %. 
 El último tramo de la campaña electoral estuvo atravesado por la intensificación de toda la agenda colocada por la derecha en la primera vuelta. Jara, quien se había comprometido a renunciar a su militancia en el PC si ganaba las elecciones, fue cediendo terreno ante todos los embates reaccionarios de su contrincante. El balotaje, lejos de exponer la creciente tensión y polarización social que se grafica en cada reportaje que le realizan a un trabajador en los medios de comunicación, fue una concentración del discurso más reaccionario de cada candidato. Jara cerró su campaña exigiendo la caída del gobierno de Maduro. Que haya rechazado la invasión estadounidense es un sinsentido, puesto que la caída del gobierno será obra de dicha intervención. 
 Chile atraviesa una crisis migratoria muy aguda, que la derecha ha explotado por su ángulo represivo. Kast en cada intervención recuerda los días que faltan para su asunción, el 11 de marzo próximo, día en el que, promete, comenzará a deportar inmigrantes sin papeles. Se calculan que unas 300.000 personas viven de manera irregular en el país, pero lejos de ofrecer garantías a su derecho de asilo -la enorme mayoría son venezolanos que huyen de las condiciones paupérrimas de existencia en su país- el gobierno de Boric ha prometido organizar un recuento de los inmigrantes y dejar una decisión final al próximo gobierno. Kast ha propuesto tipificar como delito la inmigración sin papeles, simplemente para reforzar su campaña fascista. Se ha apoyado en la percepción de un aumento de la inseguridad y la actividad de bandas asociadas sin pruebas al narcotráfico, que han generado un estado de crispación en los territorios del norte del país donde se encuentra la frontera terrestre con Perú. 
 En los días previos a la elección, las oficinas de migración constataron un aumento significativo de las salidas del país. Perú, bajo un gobierno fuertemente represivo, ha decretado la emergencia en la frontera y busca impedir el traslado de migrantes venezolanos a su país. Se ha creado un escenario de crisis humanitaria en la frontera de Chile-Perú. El ultraderechista Kast no pierde oportunidad para asegurar que el día de su asunción comenzarán las deportaciones, en una clara violación de los derechos humanos más elementales. 
 Detrás del problema migratorio y la inseguridad, el gobierno de Kast ha planteado un fuerte ajuste fiscal, un recorte cercano a los 6000 millones de dólares del presupuesto público. En los últimos días de campaña, un senador electo por su fuerza política llegó a declarar que si presentan el plan de gobierno antes del 11 de marzo, no los vota nadie, confesando la idea de un plan reaccionario y antipopular: despidos de trabajadores estatales, “optimización” de recursos públicos, privatización más profunda de la educación, la salud y las jubilaciones. Otro punto central es la quita de impuestos a la clase capitalista, que solo puede ser absorbida con una sobrecarga de las clases medias y trabajadoras. 
 Esto plantea un fuerte choque con su propio electorado, las clases medias urbanas y rurales, que han votado ante el hastío de un gobierno “de izquierda” incapaz de imponer ninguna de las reivindicaciones de la rebelión popular de 2019. 
 Las entrevistas a votantes de Kast demuestran que su núcleo duro es muy limitado, la enorme mayoría de los votantes en la segunda vuelta se inclinó por “un mal menor”. Cuestionado por sus lazos familiares con el gobierno de Pinochet, donde su hermano mayor fue ministro de Finanzas, y la pertenencia de su padre al partido nazi y la Wehrmacht (ejército alemán) en la segunda guerra, Kast siempre fue presentado como un candidato difícil de digerir, incluso para el electorado derechista. Cobijado políticamente por la derecha tradicional, la Unión Democrática Independiente (UDI), logró en su tercer intento por llegar a la Casa de la Moneda (residencia presidencial) cosechar el apoyo de importantes figuras de la ex Concertación, la tradicional fuerza de centroizquierda, como el expresidente Eduardo Frei. 
 Al mismo tiempo, ha abandonado en su discurso cotidiano las cuestiones más reaccionarias de su programa y creencias personales, asociadas a las alas más conservadoras de la Iglesia. Ha prometido en campaña no anteponer restricciones al aborto legal de tres causales, respetar el matrimonio igualitario y otras legislaciones de los gobiernos “progresistas”. En la primera vuelta, estas posiciones fueron atacadas como una claudicación ante la cultura “woke” por el otro ultraderechista, Kaiser.
 La población chilena, que mostró una gran preocupación política, ha castigado a una “nueva izquierda” incapaz de ofrecer una salida a las penurias cotidianas que viven los trabajadores. Los índices de desempleo se mantienen en niveles prepandemia, un 8 % de la población. Las jubilaciones mínimas, que son las que percibe el 85 % de los jubilados, son catalogadas como una miseria. El fracaso del proceso constituyente, la gran promesa de Boric, selló la suerte del gobierno, fundamentalmente, en su tentativa de rescatarlo con un pacto con la derecha. 
 La clase obrera chilena ha intervenido sin una fisonomía de clase, mientras sus partidos históricos se han confinado a las altas esferas gubernamentales. La Central Única de Trabajadores (CUT) se volcó a fondo por la campaña de Jara, pero sin desarrollar una movilización de trabajadores (asambleas, plenarios, agitaciones). No ha preparado el terreno de una lucha contra la ultraderecha; por el contrario, su entrega sistemática ha empujado a una buena parte de trabajadores a votar por Kast. 
 La victoria de Kast confirma un escenario de intervencionismo y alineamiento con el gobierno estadounidense de Donald Trump. El aislamiento político de Venezuela, Colombia y Cuba se ha vuelto más manifiesto. Este elemento fundamental tampoco fue colocado por la candidata ´comunista´. Refuerza la necesidad de una tenaz campaña y una lucha contra el imperialismo en todo el continente. 

 Joaquín Antúnez 
 15/12/2025

Huelga general por el retiro del proyecto laboral fascista


El proyecto de Reforma Laboral que el gobierno acaba de enviar al Congreso quiere liquidar a la clase obrera como fuerza colectiva.
 Bajo el nombre de una “Reforma”, se ha contrabandeado la derogación lisa y llana del Derecho Laboral; de protector de conquistas sociales ha sido convertido en un régimen de trabajo forzado. 
 Es un atropello que abole los derechos colectivos y hasta las libertades constitucionales al interior de los lugares de trabajo. 
 Prohíbe asambleas y huelgas, y ‘legaliza’ la jornada de 12 horas. Pone fin a los convenios colectivos. Estatiza las relaciones laborales bajo la dirección de la secretaria de Trabajo. Impone un sistema político corporativo, en lugar de uno deliberativo (asambleas, convenios, elección de paritarios por las bases).
 Los trabajadores eventuales no podrán ser delegados ni participar de su elección. Es una fractura política criminal de la clase obrera.
 La concesión constitucional del derecho de huelga es reemplazada por la represión policial a la huelga.
 Es el sistema laboral del régimen que apoya el genocidio palestino y se afilia a la Internacional Negra de la ultraderecha. Desea participar del ataque de la flota de Trump contra Venezuela. 
 La reforma liquida el derecho a una indemnización; la única protección vigente para la pérdida de trabajo. Establece un Fondo de Empleo a cargo del propio trabajador, porque la patronal deduce el costo con un descuento a los aportes jubilatorios. 
 La contrarreforma es fascista, pero también un negociado. Mete de contrabando una contrarreforma previsional. 
 Desmantela el financiamiento de la salud, pues usa los aportes de los capitalistas a las Obras Sociales, para financiar el despido. El sistema judicial pierde todo vestigio de arbitraje: las patronales podráa dilatar al infinito el cumplimiento de fallos, a cambio de una multa del 3% anual. La canalla del capitalismo se ha adueñado del poder del Estado. 
 La burocracia sindical es el principal obstáculo para derrotar esta contrarreforma. Quienes le reclaman ‘que luche’ son cómplices de una estafa política, porque saben que el planteo lleva a un punto muerto o a un callejón sin salida. El plan de la burocracia no es de lucha sino de desgaste. 
 Los choferes de la provincia, los azucareros de Ledesma, los obreros de Fate, los siderúrgicos de Siderca y Acindar y la nueva generación que trabaja en Siderar-Techint, saben que esto es así: salen a la lucha pasando por encima de la burocracia sindical. Con la cabeza de los ‘dirigentes’.
 Enfrentamos el intento de destrucción legal de las organizaciones obreras – o sea, su atomización como clase. 
 Los burócratas quieren participar de los negocios que abre la propia contrarreforma – esta es su única política. Participar en el Fondo de “Asistencia Laboral”, como socios de los bancos y fondos de inversión. Volver a ser accionistas de la futura jubilación privada, como lo fueron con Menem.
 Los burócratas dicen que “no hay clima” para combatir este estatuto negrero; es lo que pasa entre ellos. Con esa excusa se han perdido 280.000 puestos de trabajo y caídas del salario de entre el 20 y el 40%. Como el agua del mate, hay que calentarla – mediante reuniones, plenarios, asambleas y acciones. 
 Con este planteo, convocamos a marchar con Política Obrera este jueves 18 a partir de las 15 horas, y a participar de actos y movilizaciones con la consigna:
 Abajo la contrarreforma laboral fascista, huelga general.
 Aumento del 100% de salarios y jubilaciones. 
 Salario mínimo igual a la canasta familiar, hoy en 2.500.000, por 8 horas de trabajo.
 Ningún despido, reparto de las horas de trabajo. Defensa incondicional de todas las conquistas obreras y del derecho a huelga. 
 Huelga general hasta el retiro de la contrarreforma antiobrera del Congreso.

 Declaración de Política Obrera 
12/12/2025

domingo, diciembre 14, 2025

Piratería imperialista: Trump asalta un buque petrolero venezolano


El apetito por América Latina aparece explicitado en la última Estrategia de Seguridad Nacional de Washington. En un nuevo salto en las provocaciones contra Venezuela, un buque petrolero fue asaltado e incautado por fuerzas estadounidenses en las costas de la nación caribeña este miércoles 10. El operativo conjunto del FBI, la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional y la Guardia Costera incluyó el despliegue de helicópteros y efectivos que abordaron la nave a punta de pistola. 
 Según la agencia Reuters, el buque en cuestión se llama “The Skipper” y estaba sancionado por el Departamento del Tesoro yanqui, debido a que infringía las sanciones internacionales impuestas por la Casa Blanca para impedir la comercialización del crudo venezolano. La fiscal general estadounidense, Pam Bondi, asegura que transportaba material a Irán. Habría zarpado de Puerto José con cerca de 1,8 millones de barriles de crudo que, sin mayores pruritos, se apropiaría la Casa Blanca. “Asumo que nos quedaremos con el petróleo”, dijo Trump. 
 Otro informe de la agencia Reuters asegura que el asalto de “The Skipper” es solo el comienzo de una serie de incautaciones de buques petroleros venezolanos. Se busca, por tanto, cortar una fuente esencial de obtención de divisas del régimen de Nicolás Maduro.
 Esta misma semana, dos aviones F18 estadounidense invadieron el espacio aéreo venezolano. Cerca de 15 mil efectivos y una docena de buques militares están apostados a pocas millas de las costas venezolanas. Como parte del operativo “Lanza del Sur”, la Casa Blanca reactivó una base militar en Puerto Rico, trasladó aviones a El Salvador, tomó control de un aeropuerto en la República Dominicana e impulsó ejercicios militares conjuntos con Trinidad y Tobago. Esto se completa con el hundimiento de lanchas en el Caribe y el Pacífico, con más de 80 muertos hasta el momento. 
 El mismo día del asalto al buque “The Skipper”, el imperialismo montó en Oslo un show político en que la hija de la dirigente opositora, Corina Machado, recibió el premio Nobel de la Paz que el comité noruego asignó a su madre, una partidaria confesa de las operaciones de Trump. En la ceremonia participaron algunos de los principales secuaces de la Casa Blanca en América Latina: los presidentes Javier Milei, Daniel Noboa (Ecuador) y José Mulino (Panamá). 
 El apetito de Trump por la región aparece explicitado en la reciente Estrategia de Seguridad Nacional de Washington. En términos prácticos, además de las provocaciones y amenazas militares contra Venezuela, hemos visto en las últimas semanas la injerencia descarada de Trump en las elecciones argentinas y hondureñas (en estas últimas, el candidato trumpista está a punto de alzarse con la presidencia por medio de un fraude), las amenazas contra Colombia y la campaña para reinstalar una base yanqui en Ecuador. 
 Abajo las sanciones y provocaciones contra Venezuela. Fuera el imperialismo. Por la unidad socialista de América Latina. 

 Gustavo Montenegro

Masivo paro general en Portugal contra la reforma laboral


Participaron más de tres millones de trabajadores. 

 Un masivo paro general contra el proyecto de reforma laboral del gobierno de Luis Montenegro sacudió a Portugal este jueves 11. Según informes de la UGT y la CGTP, las centrales sindicales convocantes, más de tres millones de trabajadores participaron. Además, hubo piquetes de huelga y una movilización multitudinaria en Lisboa. 
 El acatamiento a la medida de fuerza en el sector público rondó el 95%, según el sindicato del área, y se destacó también en puertos, aeropuertos y en algunas fábricas de la alimentación y del ramo textil y automotriz. 
 El proyecto oficial facilita y extiende la contratación precaria, establece un banco de horas individuales y habilita jornadas de hasta 10 horas sin pago de horas extra, y restringe el derecho a huelga. Tiene muchas semejanzas, como se ve, con la ley que alienta Milei en Argentina. 
 Si bien el gobierno intentó restar méritos al paro, calificándolo como “inexpresivo”, se apuró a convocar una nueva reunión de negociación con la UGT para el 16 de diciembre –excluyendo a la CGTP. Intenta dividir al colectivo obrero e impedir que se profundice la respuesta obrera. Hasta aquí, la UGT mantuvo una postura conciliadora. “Las negociaciones deben acercar posiciones y debe haber concesiones por ambas partes”, afirmó en un reciente reportaje su secretario general, Mario Mourao. 
 Simultáneamente, el gobierno de Montenegro (de la derechista Alianza Democrática) busca llegar a un acuerdo con Chega (la formación ultraderechista que salió segunda en las últimas elecciones) para lograr una mayoría parlamentaria que le permita aprobar el proyecto. El dirigente de esta formación, André Ventura, acaba de exigir algunas modificaciones para acompañar la iniciativa. 
 La reforma laboral portuguesa lleva el tramposo título de “Trabajo XXI”. Como en Argentina (y tantos otros países), se intenta disfrazar la liquidación de los derechos laborales como una modernización y adaptación al nuevo siglo. 
 La ofensiva del gobierno portugués plantea la continuidad de las medidas de lucha, con paros progresivos hasta la huelga general. 

 Gustavo Montenegro

10 claves de la reforma laboral esclavista


Un punteo sobre el proyecto presentado por el gobierno de Milei. 
 Abajo la reforma antiobrera del gobierno. 

La reforma laboral que pretende aprobar el gobierno constituye una declaración de guerra contra la población trabajadora. Lejos de tratarse de una "modernización", elimina conquistas históricas de los trabajadores, retrotrayendo las condiciones de trabajo al siglo XIX. A continuación, repasaremos los puntos más sobresalientes de esta legislación esclavista. 
 #1 Jornada laboral extendida y banco de horas para no pagar horas extras El proyecto de Milei habilita jornadas de trabajo de hasta 12 horas, pisoteando las 8 horas consagradas por ley en 1929, fruto de las grandes huelgas obreras a inicios del siglo XX, como la Semana Roja, la Semana Trágica y la Patagonia Rebelde. Lo anterior desmiente que la reforma apunte a crear nuevos puestos de trabajo, como sostienen sus auspiciantes; por el contrario, las horas de trabajo disponibles recaerán sobre menos trabajadores, lo cual se traducirá en sobrecarga laboral para unos pocos y subocupación y desocupación para la gran mayoría. 
 Por otra parte, la patronal podrá eliminar el pago de las horas extras -que actualmente se cobran al 50% en días de semana y al 100% los fines de semana y feriados- y reemplazarlo por un "banco de horas", donde las jornadas más largas se compensan con jornadas más cortas. De este modo, el empleador pasa a disponer a su antojo sobre la vida del obrero, quien, al no saber de antemano con qué tiempo libre va a contar, le será imposible organizar actividades por fuera del trabajo. Una medida que atenta contra el derecho al ocio y al estudio de los trabajadores, además de conspirar en contra de sus vínculos familiares y afectivos.
 #2 Vacaciones fraccionadas El proyecto les permite a las empresas fragmentar las vacaciones de sus empleados, y, solo cada tres años, están obligadas a otorgarlas en temporada de verano. Así las cosas, los trabajadores pierden el derecho a vacacionar con su familia, ya que difícilmente su descanso coincida con el receso escolar de sus hijos. Si la patronal así lo decide, los obreros deberán permanecer dentro de la fábrica durante todo el período de altas temperaturas, sin poder disfrutar del merecido veraneo. 
 #3 Salario "dinámico" y en especie Si se aprueba la nueva ley laboral, los salarios podrán fijarse por tiempo o por rendimiento, incluyendo pago por unidad de obra, comisión individual o comisión colectiva. Esto no solo erosiona los lazos de solidaridad de clase, fomentando la competencia entre los trabajadores, sino que además los sumerge en la incertidumbre de no saber con qué dinero van a contar mes a mes. Mención aparte que, en momentos de caída de la actividad, el salario atado a la producción significa menos ingresos. Como si fuera poco, sobre esos componentes "dinámicos" no rige la ultraactividad (los derechos adquiridos por convenio), ni los aportes a la seguridad social; tampoco se contabilizan a la hora de calcular las indemnizaciones. 
 Por otra parte, el texto habilita que parte del salario pueda ser pagado en especie, lo cual nos retrotrae directamente al Medioevo, además de traer reminiscencias de los ticket canasta durante el menemismo. 
 #4 Indemnizaciones más baratas La reforma antiobrera en puertas, lejos de generar empleo, abaratará los despidos. Por un lado, las remuneraciones no mensuales, como las vacaciones, el aguinaldo, los premios, etc., quedan excluidas del cálculo de las indemnizaciones. A su vez, las Pymes podrán pagarlas hasta en 12 cuotas. Por otra parte, la actualización de las mismas no podrá superar la fórmula compuesta por el IPC + 3% anual, limitando así los intereses que abonan las patronales en caso de despidos sin causa. 
 Al mismo tiempo, se crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) destinado a financiar futuras indemnizaciones. El mismo se nutrirá del 3% de los aportes a la seguridad social, desfinanciando la caja jubilatoria. Como vemos, los trabajadores pasarán a aportar para pagarse su propia indemnización en caso de ser despedidos. Mientras tanto, esos fondos serán administrados por entidades financieras, las cuales percibirán una comisión; un nuevo negocio para los bancos y fondos de inversión -al estilo AFJP de los ´90- a expensas del trabajador. 
 #5 Si te enfermás, cobrás menos Uno de los aspectos más inhumanos del proyecto es que, si el trabajador se reincorpora luego de una licencia por enfermedad y se encuentra incapacitado para realizar todas las tareas que requería su puesto, la remuneración será proporcional a la capacidad de trabajo recuperada. Es decir, la clase obrera que ha dejado su salud en aras de producir para la empresa es doblemente castigada con una rebaja salarial. 
 #6 Ataque a los convenios colectivos La normativa enviada al Senado establece que los convenios por empresa prevalecen a los convenios por rama, sin importar que los últimos resulten más beneficiosos para los trabajadores, violando así el principio de irrenunciabilidad que rige actualmente en el derecho laboral. De esta manera, cada patronal podrá imponer su propio convenio a la baja. Además, la proliferación de los convenios por empresa atomiza al movimiento obrero a la hora de organizarse por sus condiciones de trabajo. 
 A su turno, se elimina la vigencia de las cláusulas no obligacionales (aquellas referidas a la actividad sindical en la empresa, por ejemplo) del convenio colectivo de trabajo una vez que vence el mismo. En otras palabras, deja de regir la ultraactividad sobre dichas cláusulas, abriendo paso a nuevas negociaciones entre la patronal y las direcciones sindicales, que pueden resultar desfavorables para el colectivo obrero.
 #7 Atropellos contra el derecho a huelga Si sale la ley, las asambleas obreras requerirán autorización previa del empleador sobre horario, tiempo y, si son dentro del establecimiento, ubicación. A la vez, no se devengan salarios durante su realización. Un ataque a la organización de base, al servicio de instalar una dictadura patronal al interior de las fábricas. Esto va acompañado de mayor criminalización de la protesta, dado que los bloqueos y las ocupaciones serán catalogados como "infracciones graves". 
 En la misma línea, se restringe el derecho a huelga a través de la ampliación de rubros considerados esenciales, y, como tales, obligados seguir funcionando al 75% de su capacidad. Con la nueva ley, la esencialidad abarcará nuevas actividades como las telecomunicaciones, la aeronáutica, los servicios aduaneros, la educación y los sectores vinculados a las exportaciones (portuarios, petroleros, etc.).
 #8 Ampara el fraude patronal y los despidos discriminatorios La ley que impulsa el gobierno establece la incompatibilidad entre el cobro de salarios e indemnizaciones con acciones o reclamos por daños y perjuicios fundados en el Código Civil y Comercial. De este modo, obstaculiza el acceso a la Justicia de aquellos trabajadores que fueron condenados a la informalidad laboral, o bien, víctimas de despidos discriminatorios (por embarazo, actividad gremial, enfermedad, etc.), con lo que las empresas se evitarán resarcirlos. Además, elimina la posibilidad de reinstalación en esos casos, al remarcar que “La indemnización prevista en este artículo constituye la única reparación procedente frente a la extinción sin justa causa del contrato de trabajo”.
 #9 Los repartidores continúan precarizados En lugar de reconocer la relación de dependencia que existe entre las empresas dueñas de las plataformas y los repartidores que trabajan para ellas, el proyecto cristaliza la situación de precariedad de estos últimos, instándolos a "registrarse en ARCA, realizar aportes, contar con cobertura social, informar una cuenta bancaria, cumplir normas de tránsito"; en otras palabras, a seguir siendo monotributistas desprovistos de derechos laborales. El texto llega al ridículo de concederles el derecho a "rechazar pedidos", cuando en caso de hacerlo el algoritmo de las aplicaciones se encarga de penalizar esa práctica.
 #10 Hunde a las obras sociales El descuento de la cuota sindical deberá contar con la autorización previa de cada trabajador, lo cual supone un duro golpe al financiamiento de las obras sociales. El gobierno se vale del desprestigio que reviste a las direcciones sindicales burocráticas, las cuales se han ocupado de degradar la atención médica de los trabajadores, para terminar de hundir esos servicios de salud, favoreciendo a la medicina privada. Seguramente haya sido este artículo de la reforma laboral el que impulsó a la cúpula CGT a convocar una marcha contra la ley, puesto que no les interesa defender los derechos de sus afiliados sino conservar sus privilegios.

 Hay que derrotar la reforma en las calles

 La ley presentada persigue el objetivo de acentuar la explotación obrera en función de engrosar el bolsillo de los capitalistas. Implica un deterioro de enorme envergadura en las condiciones de vida de los trabajadores, y, por lo tanto, es necesario deliberar en cada lugar de trabajo cómo nos organizamos para enfrentarla. Nos toca ganar las calles el 18 de diciembre y continuar el plan de lucha hasta derrotar los planes del gobierno y la clase capitalista. 

 Sofía Hart

Universidades nacionales: el presupuesto 2026, el instrumento que ratifica su vaciamiento


Luego de dos años el movimiento universitario conquistó con planes de lucha y movilizaciones de millones de personas la ley de financiamiento universitario. Por ella se imponía “hacia adelante” la indexación de los salarios y ciertos “gastos” de funcionamiento y becas estudiantiles. Esta ley dejaba de lado las pérdidas salariales y presupuestarias producidas desde la asunción de Milei y nos retrotraía a la situación de noviembre de 2023 que ya llevaba ocho años de ataque a las universidades por parte de Macri y el gobierno de Alberto-Massa-Cristina 
 Sin embargo el gobierno se niega a aplicar la ley que fue vetada y que el Congreso ratificó. Esto es parte del plan de sometimiento colonial y de destrucción de todas las conquistas del pueblo trabajador y por ello en el debate del presupuesto de 2026 el secretario de Educación, Torrendell, y el subsecretario de Políticas Universitarias, el facho Álvarez, ratificaron que no aplicaran la ley.
 Por ello en el proyecto de presupuesto las UUNN tienen asignados 4,78 billones de pesos que implica una reducción del 14% en relación al ejecutado 2025 y tomando la inflación del 21% del REM del BCRA que se publicó esta semana. La muestra más clara de que esta reducción es una realidad es que para el mes de diciembre de 2025 los incrementos salariales de docentes y nodocentes es del 0% siendo los salarios el 90% del presupuesto.
 No le van en saga los dictámenes que han presentado las bancadas de Unión por la Patria (UxP) y una “suma” de diputados de Provincias unidas y el MID (incluida una diputada de Lousteau/Yacobitti). Si bien ambos dictámenes manifiestan que se aplique la ley, a la hora de “poner” los números esto no se visualiza. UxP plantea un presupuesto de 7,32 billones de pesos que es lo solicitado por el Consejo Interuniversitario Nacional. 
 Nos detendremos en este “pedido” del CIN que es el organismo que reúne a los rectores de las UUNN excepto la UBA y que explícitamente no incluye la inflación desde agosto de 2025 hasta diciembre de 2026, ni las actualizaciones salariales, ni fondos para ciencia, la tecnología y el arte y tampoco la actualización en monto y beneficiarios de las becas estudiantiles. Esto afirmado explícitamente en la presentación del CIN (las patronales universitarias), en otras palabra es, una vez más un presupuesto en línea con la política del gobierno de vaciamiento de las UUNN, cosa que está muy clara cuando estas patronales ya aplican las reformas laborales (convenios por universidad, como en la UBA y Córdoba, trabajo gratuito, no pase a planta de decenas de miles de trabajadores, monotributistas, etc.) y educativas con la implementación en conjunto con las universidades privadas de un sistema de “créditos” (Sacau) por el cual se degradan los títulos universitarios y por cuanto el valor de la fuerza de trabajo que egresa de las universidades y nos retrotrae más de 60 años a las luchas por la "Laica o Libre" al poner en pie de igualdad a las universidades públicas y las privadas
 La propuestas de Provincias unidas es aún peor ya que contempla como presupuesto de 6,68 billones de pesos. Destacamos ante toda la comunidad universitaria que quienes se dicen defensores de la reforma del 18 y la gratuidad como Lousteau y Yacobitti proponen un presupuesto menor incluso al que solicitan los rectores para que sigan “abiertas” las universidades 
 Por todo esto desde el Partido Obrero en el FIT-U planteamos el rechazo a todas las propuestas de presupuesto universitario que han realizado el gobierno y la oposición patronal. La inmediata puesta en práctica de la ley de financiamiento universitario. Proponemos la triplicación del presupuesto universitario para alcanzar así: 
 Salarios para todos los trabajadores universitarios no sean menores a la canasta familiar, rentas para los ad-honorem y adscriptos, pase a planta de todos los trabajadores contratados y monotributistas y así terminar con las más de 10.000 renuncias a sus puestos de trabajos que ya se han producido, así como el pluriempleo donde ya la jornada de trabajo supera las 50 horas semanales. 
Terminar con la deserción por miles de los estudiantes y combatir la “baja tasa de graduación” asignando becas estudiantiles a los estudiantes que según el propio Indec provienen en el 46,6% de hogares debajo de la línea de pobreza. Según estudios realizados por las universidades de Córdoba, La Plata y Comodoro Rivadavia un estudiante para cubrir los gastos necesarios para poder cursar y recibirse en tiempo y forma necesita un millón de pesos mensuales en promedio La investigación, tecnología y arte tendrían que alcanzar el 1% del PBI (cosa que el presupuesto elevado deroga) para acercarse a tener un desarrollo autónomo del país y el gobierno y las patronales universitarias ni siquiera lo contemplam Infraestructura. Al igual que en el resto de las obra públicas todo el mantenimiento y crecimiento de aulas, talleres, laboratorios y su equipamiento están paralizadas.
 El presupuesto es la puesta en sostenimiento financiero de una determinada política, el presupuesto 2026 hace honor a este precepto. Lo que que hemos comprobado en estas líneas es que los presupuestos universitarios presentados por el gobierno facho-libertario, las oposiciones patronales y las patronales universitarias siguen una política de vaciamiento de las universidades públicas preparando su arancelamiento y ponerlas al servicio del mercado. El Partido Obrero se opone por el vértice a estas políticas y llama a luchar en el parlamento, las aulas y las calles por una universidad pública al servicio del pueblo trabajador que la sostiene con el pago de sus impuestos al trabajo y sus consumos básicos.

 Antonio Rosselló

La Estructura Secreta de la Dominación Capitalista: La Alienación

50 años del ataque al cuartel de Monte Chingolo.

 

 En Tarde Para Nada, conversamos con Yulian Martínez, artista visual y autor de Las batallas de Monte Chingolo, a 50 años del intento del ERP de copar el Batallón 601. A partir de archivos, fotografías, testimonios de vecinos y sobrevivientes, reconstruimos qué pasó en Monte Chingolo en diciembre de 1975, el rol del ERP, la represión militar, las víctimas invisibilizadas y las huellas que el hecho dejó en el conurbano bonaerense.

sábado, diciembre 13, 2025

40 años del Juicio a las Juntas


El 9 de diciembre de 1985 se dio a conocer el fallo del juicio a las Juntas Militares. Aquel veredicto se convirtió en el hito del gobierno de Raúl Alfonsín, que había llegado a la Casa Rosada recitando el preámbulo de la Constitución Nacional en actos de masas. A diferencia de su competidor, el peronista Ítalo Lúder, que consideraba “irreversible” la autoamnistía dictada por el último gobierno militar, Alfonsín prometía revocarla. Lúder era un referente de la derecha peronista. Durante un breve interinato, en 1975, mientras Isabel Perón se encontraba de licencia, había firmado el decreto de “aniquilamiento” de la subversión que inauguró el Operativo Independencia. Esto marcó el involucramiento directo de las fuerzas armadas en la represión interna, un salto cualitativo respecto del policiamiento y terrorismo de las bandas armadas como la CNU y la Triple A contra el activismo que caracterizaron al tercer mandato de Perón. Fue el precedente de la represión que luego aplicaría a una escala todavía mayor la dictadura, su ensayo general. Alfonsín, en cambio, acudía como relevo de Ricardo Balbín, el líder radical que había reclamado “terminar con la guerrilla fabril”. Su discurso entroncaba con la línea democratizante que, luego de respaldar a las dictaduras latinoamericanas durante décadas, había pasado a enarbolar el imperialismo en su ´lucha´ contra la URSS y, fundamentalmente, contra la revolución en Centroamérica. Alfonsín jugaría un papel internacional relevante en la contención de la revolución nicaragüense como parte del “Grupo de Apoyo a Contadora” (integrado por Colombia, México, Panamá y Venezuela) dirigido a sellar ´la paz´ en el continente, en momentos en que Nicaragua y El Salvador atravesaban guerras civiles. 
 Las ilusiones democráticas comenzarían a ser defraudadas tempranamente por el alfonsinismo. El Juicio a las Juntas fue el resultado de una crisis con los militares. Alfonsín pretendía que los comandantes fueran juzgados por el Consejo Supremo de las fuerzas armadas, pero este rechazó el planteo. Al mismo tiempo, pretendía juzgar a las cúpulas de las organizaciones guerrilleras. Desde un principio adoptó el punto de vista de ´los dos demonios´. Sin embargo, la expectativa del “castigo a los culpables” congregaba multitudes. La recepción de testimonios ante la Conadep se convirtió en una movilización vigorosa, aunque esta comisión tuviera la misión de purgar a los militares por sus ´excesos´ en la ´guerra antisubversiva´. La comisión -presidida por el escritor Ernesto Sábato y de la cual fueron excluidas las organizaciones de familiares- recogió la denuncia de 9.000 casos -en aquel tiempo se descontaba que fueran muchos más, dando cuerpo a la estimación de 30.000 detenidos-desaparecidos- y los nombres de más de 700 represores. El informe final -compuesto por 50.000 fojas- se popularizó a partir de la versión de 300 páginas conocida como Nunca Más. El prólogo original de aquel tomo, redactado por el propio Sábato, exaltaba la teoría de los ´dos demonios´ en aras de promover la ´reconciliación nacional´. La entrega del informe en Casa Rosada fue acompañada por una movilización de 70.000 personas que desbarataron el intento del radicalismo de convertirla en una marcha en apoyo al gobierno. El informe de la Conadep fue la base de la acusación contra los militares.
 El juicio se limitó a los miembros de las tres Juntas Militares que se sucedieron en el gobierno. Los testigos aportados por los radicales y la burocracia sindical fueron, en principio, favorables a los acusados. Una fuerte corriente radical era partidaria de evitar los juicios y apurar la sanción de la ley de Obediencia Debida, para resguardar al cuerpo de oficiales y suboficiales que había participado del genocidio. Las cosas comenzaron a cambiar cuando se escuchó el estremecedor relato de las víctimas, entre los cuales se suele destacar justificadamente el de la fallecida Adriana Calvo, fundadora de la Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos (AEDD). El desarrollo del juicio fue acompañado por una sistemática campaña de terror que partía del propio aparato represivo. Llamados anónimos anunciaban amenazas de bomba contra las escuelas, con el propósito de alimentar el clima de zozobra. “La justicia identificó 550 actos terroristas, cuantiosos daños materiales, decenas de heridos y hasta víctimas fatales” ocurridos durante esos meses, entre abril y diciembre de 1985 (Clarín, 10/12). 
 Las condenas fueron acotadas. Videla y Massera fueron los únicos que recibieron prisión perpetua. A Viola, en cambio, que gobernó con ellos, le dictaron una pena de 17 años de prisión. Sus sucesores, Lambruschini y Agosti, recibieron condenas a 8 años y 4 años y 6 meses de prisión, respectivamente. Los integrantes de la última junta -Graffigna, Galtieri, Lami Dozo y Anaya- fueron absueltos. Pese a integrar la tercera junta, Alfonsín excluyó de la acusación al general Cristino Nicolaides. 
 Casi simultáneamente, se desarrolló el juicio previsto contra las cúpulas guerrilleras. Solamente comparecieron el líder de Montoneros Mario Firmenich y el exgobernador de Córdoba Ricardo Obregón Cano, destituido por un golpe policial incentivado por Perón, dado que eran los únicos que se encontraban en el país. Ambos fueron condenados. Con evidente intencionalidad política, aunque fuese simbólico, el decreto presidencial que dispuso el juicio contra los guerrilleros (157/83) precedió al que ordenó el juzgamiento de los militares (158/83). 
 El Juicio a las Juntas fue parte crucial de un operativo de rescate del aparato represivo y de ´restauración´ de las Fuerzas Armadas. Su propósito era contener al movimiento de lucha contra los crímenes de la dictadura, iniciado aún bajo su régimen de terror. Las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, la capitulación ante los levantamientos carapintadas y la luz verde a la masacre de La Tablada fueron los ´hitos´ que sucedieron al Juicio a las Juntas y Menem remató con los indultos.
 Ninguna movilización popular recuerda el aniversario de las sentencias dictadas en el Juicio a las Juntas militares. Por el contrario, continúa recobrando vigencia cada año la conmemoración del 24 de Marzo, el aniversario del golpe militar, como una jornada de lucha masiva que reúne a varias generaciones.
 En esta ocasión, la Corte Suprema y el Poder Judicial celebraron en un acto protocolar el “hito institucional” que significó para ellos. Milei, por su parte, lo recordó formalizando el nombramiento del jefe del Ejército Carlos Presti como ministro de Defensa, inaugurando un nuevo régimen de gobierno cívico-militar. 

 Jacyn 
 10/12/2025

Una contrarreforma laboral fascista


Despoja a la clase obrera de su ciudadanía.

 La Reforma Laboral enviada por el gobierno al Congreso es un crimen político y social contra la clase obrera. 
 No solamente destruye los convenios colectivos, la jornada de 8 horas y el derecho a la indemnización por despido. 
 No sólo convierte a las cargas previsionales y de salud de las patronales en una ganga.
 Es, por, sobre todo, un ataque penal a las huelgas y las asambleas de fábrica; bajo la cobertura antiobrera ‘neoliberal’, es un proyecto fascista.
 La legislación laboral, arrancada por grandísimas luchas para proteger a la fuerza de trabajo de la súperexplotación ilimitada del capital, ha sido convertida en un instrumento del Estado para imponer el trabajo forzado. 
 Puertas adentro convierte a la fábrica en una cárcel, despojando a los obreros de su condición de ciudadanos, o sea, sujetos con derechos políticos; las huelgas, los bloqueos, los piquetes obreros, la elección de delegados de todo el personal, son derechos políticos. Son el arma histórica de defensa contra el inmenso poder del capital, que regula nuestras condiciones de existencia. 
 La Reforma estatiza las relaciones laborales para someter a la fuerza de trabajo a ‘la disciplina’ de un robot. Prohíbe la organización de los trabajadores de las aplicaciones, independientemente de su propia voluntad. La estatización de las relaciones laborales y de clase es el principio de base del fascismo.
 Las excepciones de impuestos y los subsidios a los capitalistas no lo son: son, simplemente, una estafa contra los contribuyentes. 
 Las patronales pueden privar a la sociedad de los servicios “esenciales” mediante el acaparamiento, los altos precios y el cierre de empresas. ¡La ‘reforma laboral’ no prohíbe el “locaut”! El pulpo Techint tiene el ‘derecho’ de levantar su planta SIAT de Valentín Alsina en protesta porque sus competidores nacionales (la petrolera PAE y los Bulgheroni) quieren comprar más barato los caños a China, pero los obreros de SIAT no lo tienen para impedirlo y reemplazar la gestión parasitaria de Paolo Rocca por una gestión obrera electa y revocable. 
 No es la primera vez que una burocracia sindical acepta una reforma fascista laboral y sindical. Ya ocurrió con la Italia de Mussolini y la Alemania de Hitler, o con las dictaduras militares en Argentina. La ‘reforma’ contempla la liquidación de las obras sociales y el desfinanciamiento terminal de las jubilaciones. La burocracia integra, sin embargo, el Consejo de Mayo, que es el órgano corporativo estatal de los ‘libertarios’ y los gobernadores, incluso varios peronistas. 
 Lo hemos dicho durante décadas: Argentina no sufre un “costo laboral”, sufre un “costo capitalista”. Ganancias descomunales, apalancadas con deudas a tasas usurarias, hoy recogenn el 65 % del Ingreso Nacional contra el 35 % de 14 millones de trabajadores activos. Milei está comprando armas y aviones a rolete con un Presupuesto de brutal ajuste social. El capital guarda en las cuentas del exterior el doble de la deuda externa de Argentina: 450.000 millones de dólares. Mientras tanto, Argentina “no crece” (absoluta ni relativamente) desde hace varias décadas. 
 Las cosas están claramente planteadas: Socialismo, o sea, gobierno de trabajadores, o Barbarie. “
A la lucha cien, a la lucha mil, hoy por ellos, madre, y ellos por mí”. 

 Nota de tapa de Política Obrera N° 134 edición impresa. 
 10/12/2025

viernes, diciembre 12, 2025

Los dos años de Milei


El 10 de diciembre de 2023, Javier Milei le señaló al capital financiero internacional y a la burguesía argentina cuál sería el propósito central de su gobierno: ni más ni menos que la “puesta en valor” de la deuda pública argentina, asegurando su repago y, en perspectiva, el cumplimiento de los grandes vencimientos de capital pactados por los Fernández y Martín Guzmán en 2020. Ese reconocimiento de la deuda usuraria, por parte de los “nacionales y populares”, implicaban pagos por 20 a 25.000 millones de dólares a partir de 2026, durante al menos un lustro. La misma importancia revestía la deuda pública interna, con la diferencia de que esta debía ser remunerada y reciclada desde el mismo día de la asunción. Para llevar adelante este propósito, Milei le ofrendó al capital una cuestión central: avanzar en una contrarrevolución social y laboral en el país. 
 A los acreedores de la deuda, en definitiva, se les ofreció la garantía de un presupuesto público progresivamente “liberado” de salarios estatales, jubilaciones, gastos sociales y obra pública. Sobre esa base, Milei y Caputo apostaron a un ingreso de capitales que provendría de los fondos financieros primero y, luego, de las inversiones directas en la minería y los hidrocarburos, para quienes crearon un régimen extraordinario de exenciones de impuestos. Sobre esa base, el Gobierno prometió que el Estado y la burguesía argentina volverían al crédito internacional. 
 El azar hizo que los resultados de esta tentativa se revelen en el “día del segundo aniversario”. El gobierno que debe reunir 20.000 millones de dólares para los vencimientos de 2026; que había anunciado una cifra similar por un megapréstamo de bancos internacionales, e incluso una “línea abierta” de crédito del Tesoro norteamericano por ese monto, acaba de lanzar una licitación de deuda por… 1.000 millones, para devolver en un corto plazo -algo más de tres años- y con una tasa de interés efectiva que estará por arriba del 10 % anual en dólares. Pero la prima de los eventuales inversores será superior, porque el Gobierno les ha desarmado varias regulaciones cambiarias para facilitar la operación. La colocación de deuda se regirá por ley local: el propósito es eludir a la ley vigente, que obliga a que las refinanciaciones de deuda con jurisdicción extranjera mejoren a los compromisos vigentes en términos de plazo, tasa de interés o capital adeudado. Es probable que la emisión de hoy no reúna ninguna de estas condiciones. Caputo y Milei, por lo tanto, están “viviendo al día”. Ni el Estado ni la burguesía argentina han recuperado su capacidad de financiamiento. Detrás de esta improvisación, la remuneración de los capitales especulativos atraídos por el “modelo” libertario consumieron dos años de superávit comercial, un blanqueo y un nuevo préstamo del Fondo Monetario, que debió ser activado este año ante la evidencia de que Argentina marchaba a una nueva cesación de pagos. 

 Crisis del Estado y crisis del capital

 Antes de que el Gobierno acudiera nuevamente al Fondo Monetario, tuvo lugar un reguero de concursos de acreedores y quiebras entre grupos estratégicos de la gran burguesía, como los que operan en el agronegocio (Grobo, Agrofina y otros). El denominador común de estos casos es el apalancamiento con préstamos en dólares que no se pudieron afrontar, por la declinación del mercado interno, en algunos casos, y el impasse de un mercado internacional surcado por la sobreproducción, la guerra comercial y la caída de los precios. Las corridas cambarias de este año, con disparada del riesgo país incluida, pusieron de manifiesto que el régimen económico de Milei-Caputo había entrado en terapia intensiva. En el medio, la operación de los mesadineristas se cobraba un fantástico retroceso de las fuerzas productivas: el instituto Germani acaba de estimar una caída del empleo registrado que supera largamente los 300.000 puestos formales; la economía se encuentra, de conjunto, en los niveles de “salida de pandemia” (2022). El retroceso social, educativo y sanitario es extendido. La operación de rescate de Bessent y Trump ha servido para hacer zafar a Milei-Caputo de las elecciones de medio término, pero ella misma ha perdido oxígeno en las últimas semanas: a nadie escapa que el financiamiento de Argentina, incluso a cuentagotas, es una puerta giratoria que, en términos de comercio internacional, está asegurando un flujo extraordinario de importaciones... desde China. Esto es justamente lo que pretendía evitar el “alineamiento sin condiciones” con Trump y el rescate financiero. Un exdirector del FMI, Alejandro Werner, acaba de advertir que Bessent y Trump no le colocarán dos veces el respirador artificial a la Argentina. A dos años del “rodrigazo” de diciembre de 2023, el capital financiero le reclama a Milei un nuevo rodrigazo para juntar los dólares que no tiene. Pero lo que Milei no tiene, por sobre todas las cosas, son los recursos políticos para bancar una conmoción inflacionaria. 

 Un “orden” muy precario 

Aunque no puede ofrecerles a sus mandantes una normalización financiera, en el balance de los dos años Milei les ofrece “la recuperación de la calle” y el “fin de los piquetes”. Es una “conquista” recurrentemente desafiada por las marchas educativas, universitarias, de jubilados y muchas otras. El protocolo represivo de Bullrich se ha ensañado con los desocupados o con demostraciones pequeñas, pero ha tenido que recular cuando las manifestaciones revistieron un carácter masivo. Sobre los Milei y sus esbirros campea el fantasma de las grandes huelgas y rebeliones populares que han terminado con gobiernos enteros. El único acatamiento de la calle que ha funcionado en el bienio libertario es el de la burocracia sindical, con su inmovilismo la mayoría de las veces y, cuando ha salido, a través de movilizaciones “de vereda”. En cualquier caso, la burocracia ha sido un peso muerto: las luchas obreras, que no han cesado ni un momento en estos dos años, se abrieron paso con independencia de los cómplices sindicales de Milei. 
 Nadie fue más claro que Donald Trump para caracterizar el contenido de la victoria electoral libertaria: “Perdía, salí a apoyarlo y ganó”. El sostenimiento fundamental de Milei se encuentra hoy en el régimen de Trump, para quien Milei es un mandadero de sus aventuras militares, presentes o futuras, en el continente. En el plano interior, la “fuerza” de Milei reside en haber colectado un elenco variopinto de tránsfugas políticos y lúmpenes, siempre dispuesto a fracturarse por diferentes corruptelas. Llamarle “primera minoría” a ese rejunte es presuntuoso. La fortaleza que Milei quiere presentar en el Congreso no pasa de querer librarse de un juicio político y, naturalmente, no está garantizada. El gobierno libertario marcha al reforzamiento de un régimen de poder personal, al que quiso blindar haciendo ingresar al jefe del estado mayor del ejército al gabinete nacional. En las condiciones de una crisis financiera irresuelta y de una tensión social creciente, ese régimen de arbitraje personal es el fermento característico de las rebeliones populares de Argentina.
Milei sólo ha sido sistemático en la explotación de una crisis política de alcance histórico. Es la que corroe al peronismo y que precede al propio gobierno libertario. Milei ha sido el producto de la extraordinaria descomposición del gobierno de Alberto y Cristina Fernández, que transcurrió sus últimos dos años en virtual vacancia política. Milei vive todavía del crédito de ese derrumbe político, del cual se sirve para anudar complicidades -gobernadores, burócratas- o, simplemente, asegurarse el inmovilismo del lado de la supuesta oposición. 
 Milei ha decidido pasar el segundo aniversario fuera del país, allí donde cree contar con su mayor fortaleza: en la banda de fascistas que apoyan una política de guerra internacional contra las masas bajo la batuta de Trump. En este caso, se fue a celebrar el premio Nobel a Corina Machado, o sea, a apoyar una invasión imperialista a Venezuela bajo la pátina de la “democracia”. Pero acá también pisó en falso: Machado no llegó al estrado, en medio de las protestas antiimperialistas contra una invasión a Venezuela. Si el destino de Milei se juega con Trump, entonces es un destino ultraprecario, porque el magnate yanqui se encuentra bajo el fuego cruzado de las disputas con los otros bloques imperialistas, las divisiones en la propia burguesía americana, las movilizaciones internacionales contra la guerra y con su propio país semiinsurreccionado.
 ¿Es muy diferente el ´estado de situación´ de la Argentina? Las terminales de colectivos, las grandes acerías, los parques industriales, las barriadas, están en estado de emergencia. La reforma laboral con la que Milei quiere dar el puntapié inicial de la segunda mitad de su mandato abre una guerra declarada entre el capital y la clase obrera. Los explotados argentinos tienen todos los motivos y reclamos para hacer oír su voz. 
 El peronismo fracasado ha hecho del “emparchado” aniversario de Milei un muro de los lamentos. Pero lo que tenemos por delante es un período extraordinario de crisis, luchas de clases y desplazamientos políticos, que deben ser orientados con una política socialista. El desenlace irrevocable que le espera a los Milei y Caputo es inseparable del impasse que atraviesa el capitalismo en su conjunto, en medio de guerras, genocidios, crisis financieras y, sin duda, revoluciones sociales. 

 Marcelo Ramal
 10/12/2025