Milei refuerza el rol de las Fuerzas Armadas en el aparato de inteligencia

Espionaje al servicio de la ofensiva capitalista contra los trabajadores.

 El decreto que firmó Milei en diciembre para ampliar las facultades represivas y conspiradoras de la Side, el cual deberá ser convalidado por el Congreso, también trae consigo el reforzamiento del rol de las Fuerzas Armadas en el sistema nacional de inteligencia. El gobierno viene empoderando políticamente a los militares como parte de su intento por establecer un régimen ultrarrepresivo para disciplinar a las masas y hacer pasar la agenda de reformas estructurales que reclama la clase capitalista.

 Así, la inteligencia militar, una tarea que venía realizando el Ministerio de Defensa, pasaría a estar en manos del Estado Mayor Conjunto de las FF.AA. El área cuenta con un presupuesto de 112.032 millones de pesos, que se reparte entre las tres fuerzas que componen las Fuerzas Armadas (Ejército, Armada, Fuerza Aérea), un poco más de lo que recibe la Side –sin tener en cuenta los gastos reservados. A esto se sumarán los fondos que se destinaban a Defensa para realizar esos menesteres. Desde las altas esferas de las FF.AA se ha celebrado la medida. 

 De este modo, los servicios de espionaje se imbricarían con el aparato militar y el Estado Mayor Conjunto tendrá su propia inteligencia. Un allegado al ministro de Defensa, el teniente general Carlos Alberto Presti, señaló que todo el presupuesto de inteligencia del Estado estará en manos de la Side (La Nación, 18/1). Para hacer frente a las críticas acerca de la concentración de poder que esto otorga a la clique castrense, fuentes cercanas a Presti indicaron que los agentes del Estado Mayor Conjunto tendrán “dependencia funcional” del ministro y la cartera que dirige. Pero él también viene del riñón de las FF.AA y no renunció a su condición de militar. 

 La disposición gubernamental también permite que la Side y los militares realicen tareas de forma mancomunada. El involucramiento de estos últimos en tareas de inteligencia, si bien bajo Milei puede pegar un salto, no es algo novedoso. Bajo el gobierno de Cristina Kirchner tuvieron una importante injerencia en el terreno con la designación del exjefe militar-espía y genocida César Milani al frente del Ejército. Los libertarios también abrieron las puertas a que las FF.AA realicen tareas de contrainteligencia. 

 El decreto de la Side, por otra parte, implica la profundización del espionaje a opositores políticos y del secretismo con el que operan los servicios de inteligencia, e incluso habilita la detención de personas sin orden judicial por parte de los agentes, entre otras cosas. A esto se añade el intento del gobierno por hacer pasar una reforma para fortalecer los rasgos represivos del Código Penal. 

 El gobierno busca involucrar a las Fuerzas Armadas en el régimen político y perfeccionar y reforzar los instrumentos que el Estado tiene para reprimir a los trabajadores, en momentos en que se agudiza la crisis social y económica y en que Milei quiere hacer pasar reformas reaccionarias como la que liquida los derechos laborales. En este sentido, también ha hecho una renovación en la cúpula militar para alinearla aún más con sus propósitos, ha aumentado los fondos reservados para la Fuerza Aérea y ha ampliado las potestades represivas del Ejército. 

 Abajo el decreto y todas las medidas reaccionarias que busca aplicar Milei.

 Nazareno Suozzi

Milei ofrece intereses de casi el 50% anual al capital financiero

Una receta recesiva y desesperada para un gobierno que proyecta una inflación anual del 10%. 

 La reciente renovación de deuda en pesos del gobierno terminó convalidando un negocio para el capital financiero a costa de la profundización de la caída de la actividad económica y la más política recesiva, con una tasa de intereses que en términos anuales ronda el 50%... cinco veces más que la inflación proyectada por Milei para todo el 2026. Otra bicicleta financiera que habilita la vuelta del carry trade mientras crecen los despidos y se derrumba el consumo.

 Se trata de la renovación de deuda en pesos del pasado miércoles 14, en cabeza del ministro de Economía Luis “Toto” Caputo, donde se adjudicaron $9,37 billones a tasas de intereses que se acercan al 50% anual, cuando el gobierno proyecta tan solo un 10% de inflación y las estimaciones privadas rondan entre el 20 y 30%. 

 El gobierno accedió a este nuevo negociado para la banca privada y el capital financiero con el propósito de evitar liberar pesos que podrían ir a contribuir con las tendencias devaluacionistas, agravando una inflación que empieza a irsele de las manos a Milei.

 Varios analistas económicos identificaron esta renovación de deuda como el regreso del carry trade, por el cual el capital financiero accede a tasas de interés usureras, superiores a la inflación y la devaluación, haciendo una diferencia notable en pesos en el mediano plazo y luego retirándose en dólares ante una eventual devaluación, muchas veces inducida por estos mismos capitales especulativos. 

 Las consecuencias inmediatas de estas políticas ya son conocidas para los trabajadores: más recesión y hundimiento de la actividad económica por el encarecimiento del crédito tanto para eventuales inversiones y/o refinanciamiento de la industria como para el consumo de la población. El negocio no pasa por “invertir” en producción y generar empleo, sino por circular dinero a través de la rueda financiera de Caputo y los bancos. 

 La suba del costo financiero que asume el gobierno nacional es manifiesta, convalidando tasas mensuales de entre 50 y 100 puntos básicos superiores a las aplicadas en diciembre del 2025, lo que a su vez de cuenta de que Milei no logra convencer al mercado de capitales de la “robustez” de la economía nacional y su plan económico, que pende de un hilo, amenazado por vencimientos de deuda para los cuales el gobierno no cuenta con los dólares suficientes. 

 No solo esto, sino que también queda demostrado que el ajuste fiscal oficial, del cual tanto se vanagloria Milei, tampoco alcanza como garantía para los capitalistas. De allí el apremio del gobierno por avanzar con la reforma laboral antiobrera, aunque esta tampoco ofrezca garantías de estabilidad. 

 Desde el FMI presionan para que el gobierno avance a una devaluación que, según creen, es la única forma de que la Argentina pueda garantizar el ingreso de dólares para pagar deuda, a costa a su paso de licuar los ingresos de los trabajadores y el gasto público. Sin embargo, esto implicaría liquidar el único capital político que Milei reivindica ostentar, dinamitando definitivamente la inflación y los precios y dándole rienda suelta al conflicto social.

 El plan económico de Milei es una improvisación total, con medidas que satisfacen los intereses del capital financiero y agravan las condiciones de vida de los trabajadores: un cóctel explosivo cuyo ingrediente final es la reforma laboral antiobrera para liquidar conquistas y derechos laborales en medio de despidos y ajuste contra los salarios. No podemos dejar pasar esta ofensiva. Derrotemos a Milei en el Congreso y en las calles, con la movilización popular y los métodos de lucha de la clase obrera. 

 Marcelo Mache

El reclamo de anexar Groenlandia por parte de Trump, pone en primer plano la disputa imperialista con la Unión Europea y la preparación de una guerra contra China

La reunión entre los encargados de las relaciones exteriores de Dinamarca y Groenlandia con el vicepresidente y el secretario de Estado norteamericanos, J. Vance y Marco Rubio, terminó en un sonoro fracaso. Ante los reiterados reclamos del gobierno de Trump por tomar el control de Groenlandia, el representante danés, Lian Ramunsen, volvió a ofrecer una mayor presencia militar de su país en la isla del ártico. La respuesta negativa del gobierno de Trump fue adelantada por varios posteos: en uno de ellos, mostraba un precario trineo tirado por perros, con la leyenda. “así no vamos a frenar a Rusia y a China”. El magnate agregó que “la OTAN será mucho más fuerte en el Ártico con Estados Unidos a la cabeza”. Al salir de la reunión, Ramunsen, el canciller danés, señaló: “Estados Unidos quiere conquistar Dinamarca”. 

 Poco después de la reunión, voceros de Trump reiteraron la posibilidad de una “compra” de la Isla por parte de los Estados Unidos. Trump está sembrando las “alertas” y “alternativas” que justifiquen, al ser objetadas por Europa, una escalada política y militar. Como ha ocurrido en Venezuela y pretende que ocurra en Irán, Trump pretende quebrar la resistencia de sus adversarios. Tiene a su mano sanciones económicas, una devaluación del dólar y una división de la OTAN en la guerra contra Rusia. 

 Un conjunto de naciones de la UE anunció el envío coordinado de tropas a Groenlandia, para una “misión de reconocimiento” liderada por fuerzas militares del gobierno danés. Bautizaron a esta misión con el nombre grandilocuente de “Operación de Resistencia Artica”. Por ahora, han adherido a esta escalada improvisada Francia, Suecia, Alemania y Noruega. En el caso de España, el gobierno “socialista” de Pedro Sánchez discute si sumarse o no. La militarización apunta a demostrar que la UE puede asumir el papel de gendarme de la OTAN en el Ártico, cuando flaquea en esa función en la guerra contra Rusia. Pero en vistas de las amenazas de intervención directa de Trump, las tropas de la “Resistencia Artica” de la UE se toparían primero con una incursión militar estadounidense. Un choque entre Estados Unidos y la Unión Europea al decir de algunos observadores, haría “volar a la OTAN en pedazos”.

 Otra vez, un “Protectorado” 

Desde 1951, el Tratado de Copenhague habilitó el derecho de los Estados Unidos al envío de tropas en Groenlandia y a la instalación de base militares, una en Nuuk, la capital, y otra, en el norte. El imperialismo norteamericano pretende instalar una Cúpula Dorada, el escudo antimisiles que la administración trumpista proyecta finalizar en 2028, a un costo de 175.000 millones de dólares. A la luz del deshielo del ártico, algunos observadores militares llaman a Groenlandia el “portaaviones insumergible del Ártico”. La actual base militar de Estados Unidos en la isla tiene un gran potencial para llevar adelante operaciones de detección de misiles y, en general, de vigilancia espacial. Pero la expansión de estas actividades pasan inevitablemente por el filtro y el conocimiento del gobierno danés. China ha ofrecido al gobierno danés financiamiento y equipamientos para la infraestructura civil de la isla -aeropuertos, puertos. China ha ofrecido inversiones para la explotación de minerales críticos. Estos movimientos podrían rediseñar el mapa político internacional; una alianza China-UE-Gran Bretaña frente a Trump. Por de pronto, acaban de acordar el ingreso de autos eléctricos chinos a Europa, en una suerte de concertación con las automotrices europeas. La guerra contra Rusia en Ucrania se levanta contra estos propósitos, salvo que Trump logre cerrar con Putin un pacto para el reparto de Ucrania. 

 Guerra mundial 

La crisis por Groenlandia ha puesto de manifiesto el desarrollo de una guerra mundial imperialista por el reparto del mundo, que es acompañada de guerras comerciales y financieras, y políticas. Desde el estallido de la guerra en Ucrania, nuestra corriente insistió en que se desarrollaba subterráneamente un conflicto estratégico dentro de la OTAN entre EEUU y los imperialismos europeos. La interrupción del suministro de gas ruso a Alemania, uno de los episodios nodales que inauguraron la guerra de Ucrania, fue una operación de los servicios estadounidenses que golpeó letalmente a Alemania y al conjunto de la economía europea. Macron y Meloni reclaman abrir una vía europea “independiente” de la UE. La crisis por Groenlandia tiene lugar en este escenario de conjunto, y define los botines que aspiran a arrancar cada potencia capitalista en presencia. El imperialismo norteamericano se ha lanzado a una intensa militarización de la política y de la economía para reunir las condiciones para una victoria de orden mundial. 

 Marcelo Ramal 

 16/01/2026

El problema de las materias primas de la industria digital

“Dos minutos para la medianoche / Las manos que amenazan con la fatalidad” (“Two minutes to midnightI”, Iron Maiden).

 La expansión acelerada de la inteligencia artificial, las criptomonedas y la electrónica avanzada suele presentarse como un fenómeno inmaterial, ligado al software y a los datos. Sin embargo, detrás de cada algoritmo, centro de datos o transacción digital existe una base física concreta: minerales críticos, consumo intensivo de energía y cadenas productivas altamente concentradas. 

 La supuesta “revolución digital” se apoya, en realidad, en una nueva disputa imperialista por materias primas estratégicas, convertidas en botín. En el marco de la competencia capitalista, esto se traduce en destrucción de fuerzas productivas, tanto humanas como naturales. 

 En los últimos años se hicieron visibles los conflictos por las tierras raras, primero en el marco de la negociación por Ucrania y, más recientemente, con la intención de Donald Trump de avanzar sobre Groenlandia para asegurar el acceso a estos elementos químicos. 

 Las tierras raras son un grupo de 17 elementos de la tabla periódica, fundamentales para la fabricación de imanes permanentes, chips, servidores, motores eléctricos, antenas, equipamiento médico y, especialmente, armamento moderno. 

 No son radioactivas en sí mismas, pero aparecen en la naturaleza asociadas a uranio y torio, que quedan como residuos radiactivos tras el proceso de separación y refinado. Su carácter estratégico no se debe a una escasez geológica absoluta, sino a la complejidad técnica del refinado, su alto costo ambiental y la concentración industrial del proceso. 

 Actualmente, China controla cerca del 70 % de la producción mundial y una proporción aún mayor del refinado, lo que le otorga una ventaja estratégica. Existen tierras raras livianas y pesadas; estas últimas son más escasas y más valiosas. Groenlandia posee importantes reservas de tierras raras pesadas, lo que explica el interés directo de Estados Unidos por el territorio.

 Pero esta no es la primera vez que una materia prima clave para la industria tecnológica está asociada a conflictos, guerras y genocidios promovidos por el imperialismo. El caso más brutal es el del coltán, principal fuente del metal tantalio, indispensable para los capacitores de teléfonos celulares, computadoras y dispositivos electrónicos. 

 La República Democrática del Congo (RDC) concentra la mayor parte de las reservas mundiales de coltán. Su extracción es mayormente artesanal y en ella participan incluso niños trabajadores. Durante la década de 1990 y comienzos del siglo XXI, las guerras entre Ruanda, Uganda y la RDC, junto con enfrentamientos étnicos y tribales fomentados, se cobraron cerca de siete millones de muertes en África central. 

 A su vez, la digitalización masiva incrementa de forma sostenida la demanda de cobre, clave para redes eléctricas, centros de datos y telecomunicaciones. El litio, junto con el níquel y el cobalto, es esencial para las baterías utilizadas tanto en dispositivos electrónicos como en sistemas de almacenamiento energético. 

 La inteligencia artificial no solo consume datos: consume energía y materiales a escala industrial, lo que coloca a América Latina, África y Asia en el centro de una nueva dependencia exportadora. Pese al discurso de la “sostenibilidad”, la infraestructura digital global sigue funcionando mayoritariamente con energía basada en combustibles fósiles. Los centros de datos que entrenan y operan modelos de inteligencia artificial requieren electricidad constante, refrigeración intensiva y redes estables, muchas veces alimentadas por gas y petróleo. 

 En Estados Unidos, el fracking permitió sostener esta demanda energética, pero con una alta vulnerabilidad económica y ambiental: necesita precios del crudo relativamente elevados para ser rentable y genera impactos severos sobre el agua, el suelo y las emisiones de gases de efecto invernadero. 

 Las criptomonedas profundizan este problema. Minar criptomonedas -verificar y asegurar transacciones- implica transformar enormes volúmenes de electricidad en activos financieros digitales. Por eso, las granjas de minería se concentran donde la energía es más barata, incluso cuando proviene de carbón o gas. Desde el punto de vista físico, las criptomonedas no son “dinero virtual”: son energía real convertida en una expresión extrema del capital ficticio, con una huella ambiental considerable.

 Existe un “Reloj del Fin del Mundo”, creado por el Bulletin of the Atomic Scientists, que indica simbólicamente cuán cerca está la humanidad de una catástrofe global. En los últimos años, además del riesgo nuclear, el reloj incorporó como factores centrales el cambio climático y la degradación ambiental. 

 En enero de 2025, los científicos movieron el reloj de 90 a 89 segundos para la medianoche, el punto más cercano a la catástrofe desde su creación en 1947. ¿Significa esto que habría que abandonar las nuevas tecnologías? 

 No. El problema no es la tecnología en sí, sino el régimen social que organiza su desarrollo y su uso. Bajo el capitalismo, la selección tecnológica está guiada por el lucro privado y la competencia, no por la satisfacción de las necesidades humanas ni por el cuidado de las condiciones de vida. 

 Solo una economía socialista planificada puede orientar el desarrollo tecnológico para liberar a la humanidad del trabajo rutinario, pesado y peligroso, sin destruir el planeta. Esto implica una planificación integral, que evalúe de manera consciente qué tecnologías conviene desarrollar, considerando toda la cadena de producción: desde la extracción de materias primas, el consumo energético y las condiciones laborales, hasta el producto final y los residuos, sin la lógica anárquica de la competencia capitalista. 

 La clase obrera en el poder es la única garantía para terminar con las guerras y la rapiña de recursos. Detengamos el Reloj del Fin del Mundo.

Silvia Jayo

16/01/2026

La contrarreforma laboral de Milei, los gobernadores y la CGT

El gobierno ha comenzado un circuito de negociaciones veraniegas con la expectativa de lograr, en febrero, la media sanción del Senado de su proyecto de reforma laboral. El oficialismo dispone de 21 senadores, y sumando los 10 radicales, queda a un puñado de alcanzar los 37 que habilitan el quórum y la mayoría simple. Las discusiones, por lo tanto, se concentran en los bloques o monobloques manejados por gobernadores peronistas. El contenido de la “reforma laboral” antiobrera, es compartido por ambas partes. Se encuentran en tratativas, sin embargo, sus aspectos tributarios, que el gobierno introdujo en el mismo paquete. Por su parte, la CGT ha reiterado su entera disposición a ´debatir´ el proyecto oficial, es decir sus posibilidades de proteger sus cajas y el monopolio sobre la organización sindical. 

 La contrarreforma laboral busca la atomización del trabajador, impedir las asambleas, ilegalizar las huelgas y convertir los lugares de trabajo en jaulas de “actividades esenciales”.

 De conjunto todas las fuerzas políticas capitalistas se han declarado partidarias de una ´actualización´ laboral en estos términos. El kirchnerismo ha presentado un propio proyecto, que compatibiliza en los puntos fundamentales al de Milei. Hace rato que Cristina Kirchner reclama una “modernización laboral”. Bajo el kirchnerismo, tras la bancarrota económica de 2001, devaluación mediante, promovió “la creación de empleo al costo que fuere”, lo que se tradujo en una generalización del trabajo precario sin convenio, el monotributismo y la tercerización. 

 En todos sus aspectos, las facciones peronistas cultivan una misma política: dejar que Milei haga el ´trabajo sucio´, impostar una pseudooposición discursiva y esperar recoger los frutos del desgaste del oficialismo en las próximas elecciones. En la actualidad esos gobernadores ´opositores´ a Milei trasladan con gran celo el ajuste ´liberal´ a sus provincias. 

 Cuestiones en suspenso 

El apoyo definitivo del Senado para sancionar la ley dependerá de los resultados de las negociaciones por cuestiones accesorias. En el caso de los gobernadores, pretenden una compensación por la reducción de la recaudación de impuestos coparticipables (Ganancias). No es casual que el primero en proclamar su apoyo abierto haya sido el radical Leandro Zdero, gobernador de Chaco, uno de los mayores beneficiarios del reparto discrecional de ATN. El gobierno buscará mediante mayores discrecionalidades asegurarse los votos del Senado.

 En el caso de la UIA, que apoya el fondo de la ´contrarreforma´ en medio de un derrumbe industrial sin precedentes, cuestiona la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), financiado con un aporte patronal del 3 %. Como se descuenta de la carga previsional, el gobierno sostiene que es un gasto neutro para la patronal –aunque significa un desfalco de 3.000 millones de dólares anuales contra la ANSES-. Pero las patronales reclaman un blindaje completo frente a lo que llaman “la industria del juicio”, que grava con multas y penaliza con altos intereses los diversos mecanismos de fraude laboral. Hay un acuerdo general en reducir estas cargas y ese operativo ya se encuentra en marcha. El Banco Central publicó el día de ayer un nuevo mecanismo para establecer las tasas de actualización en los fallos judiciales, en perjuicio de los trabajadores. El traslado del fuero laboral a la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires -dominada por el macrismo- e incluso el anuncio del TSJ porteño de que elaborará su propio índice de actualización, apunta al mismo propósito de blindar a la patronal para ejercer los despidos.

 Por otro lado, en el dictamen girado al Senado el gobierno añadió un artículo, el 212, que establece que todas las disposiciones tributarias e impositivas, incluido el propio FAL entrarán en vigencia “cuando lo determine en Ministerio de Economía” (El Cronista), es decir en la medida que no afecte ´el equilibrio fiscal´. El gobierno les ofrece a los gobernadores, en todo caso, la posibilidad de seguir la “discusión impositiva” luego de la sanción de la contrarreforma antilaboral.

 CGT

 A la gira de los funcionarios del gobierno le sigue la de la propia CGT, aunque significativamente más devaluada. El propósito es buscar entre los gobernadores apoyos mutuos. Por lo pronto, “en la cúpula cegetista descartan un paro general”. “La gente lo rechaza”, dicen los popes de la central (La Nación, 13/1). La CGT viene de protagonizar una escueta convocatoria el pasado 18 de diciembre, incluido un brevísimo acto en Plaza de Mayo, para acentuar su disposición ´dialoguista´. “No descartan incluso una negociación directa con la Casa Rosada a través de la mesa política” (ídem). Por lo pronto serán parte de la “comisión de discusión” anunciada por el gobierno para este viernes junto a “empresarios y otros sectores”. Desde ese lugar subordinado se concentrará en la defensa de sus cajas, las cuotas sindicales y el manejo de las obras sociales y buscará limar otros aspectos que cuestionan su control de los sindicatos, como la posibilidad de habilitar convenios por empresa y la cuestión de la ultraactividad. La burocracia sindical pejotista se encuentra totalmente entregada. Es parte del “Pacto de mayo” que parió esta contrarreforma laboral y ha acentuado como nunca su desprestigio entre el activismo y los trabajadores en general. 

 A la clase obrera se le presenta el desafío de organizarse y establecer una política propia, quitando del medio a la burocracia, para realmente poder enfrentar al gobierno. La burocracia sindical es cómplice del gobierno antiobrero y pacta con las patronales los despidos. La política de seguidismo a estos aparatos sindicales que cultiva el FITU es reaccionaria, porque postula el seguidismo a estos aparatos contrarrevolucionarios. 

 Impulsemos autoconvocatorias, asambleas en todos los lugares de trabajo y la unidad de las luchas en curso en función de preparar una respuesta obrera contra el gobierno. 

 Federico Fernández 

 16/01/2026

Díaz-Canel: No hay rendición, ni claudicación posibles

La vida y el pensamiento de Karl Liebknecht

Adónde apunta la guerra de Trump contra la Reserva Federal de Estados Unidos

Donald Trump ha venido llevando a cabo un acoso sistemático contra las autoridades de la Reserva Federal -el Banco Central de Estados Unidos- con el objetivo de someterla a la autoridad del Poder Ejecutivo, algo completamente reñido con la legislación norteamericana. La dirección de la Reserva Federal está compuesta por doce representantes de bancos federales regionales, en cuyo capital están suscriptos también bancos privados. El método ‘destituyente’ de Trump no reconoce fronteras, pues promueve demandas judiciales contra quienes quiere hacer renunciar por transacciones comerciales privadas que cataloga de irregulares. Aunque el mandato del presidente de la Reserva Federal, Jeremy Powell, vence en marzo próximo, la ofensiva contra él no ha cesado, con la probable intención de allanar el camino a un reemplazante incondicional cuando el nuevo presidente sea designado por el Congreso. Trump ya ha reunido a cerca de la mitad de los miembros del directorio del Banco Central. En las últimas horas, Powell ha salido a dar la pelea contra Trump, recibiendo el apoyo de una mayoría de los principales bancos centrales de Europa y Asia. Milei, Caputo, Quirno y Bausili, hinchas fervorosos de la ‘independencia’ del Banco Central e inclusive de su privatización, no han sido de la partida. 

 Aunque la confrontación pareciera ser completamente ajena a eventos como la conversión de Venezuela en un protectorado de Estados Unidos, el propósito de anexar Groenlandia y Canadá o una ‘venezualización’ de Irán y Cuba, tiene todo que ver con esa política de asalto colonial. Trump exige que la Reserva Federal lleve, en un cierto plazo, la tasa de interés bancaria oficial al 1 %, un mínimo histórico, en oposición a la política vigente que regula esa tasa y los agregados monetarios en función de dos parámetros: la tasa de inflación anual, que no debe superar el 2 %, y la tasa de desempleo, que goza de mayor flexibilidad, en torno al 4 %. Como la tasa anual de crecimiento de precios supera, en la actualidad, el 3 %, la Reserva se opone a reducir la tasa de interés vigente, del 4 %, por temor a avivar la inflación. A ese temor se añade la elevación extraordinaria de los aranceles a la importación impuestos por Trump, que debería desatar una tendencia inflacionaria. La Reserva Federal guarda la reducción excepcional de las tasas de interés para los períodos de grandes crisis, como en 2008 o al comienzo de la pandemia, cuando el sistema financiero en su totalidad se vio enfrentado a una bancarrota. Gastar la pólvora por adelantado expone al régimen financiero a una vulnerabilidad sistémica. 

 Trump maneja, claro, sus propios números. Con una deuda pública de 38 billones de dólares, requiere una tasa de interés a la baja para disminuir el déficit fiscal. El anuncio de una reducción de esas tasas atraería capitales al mercado de títulos públicos para ganar con el aumento de su cotización, que se mueve en forma inversa a la tasa de interés. El colchón financiero resultante podría ser aplicado a los subsidios estatales para las empresas de alta tecnología y la Inteligencia Artificial, frente a la cruda pelea internacional para capturar ese mercado. La inversión en la producción de semiconductores más pequeños y potentes ha aumentado en forma sideral mucho antes de que aparezcan los rendimientos de ella. El endeudamiento de las tecnológicas se ha elevado a tal extremo que han excluido las pérdidas operativas y puramente contables de sus balances, para alojarlas en “vehículos alternativos de inversión” que son financiados por los grandes bancos y fondos de inversión contra el respaldo de garantías tangibles y un mecanismo flexible de pagos de los vencimientos; el Financial Times ha identificado unos 120.000 millones de dólares en estas operaciones extrabalances. China ha salido recientemente a competir por estos financiamientos, en particular en cuanto se refiere al establecimiento de centros de datos. Trump pretende convertir a los subsidios, financiamientos y tasas de interés en armas de guerra contra sus rivales, llevándolos al límite de la quiebra. Otra forma de esta guerra es la capitalización de los intereses por parte de los fondos de inversión, en lugar de su cobro regular, tal como ocurre con la deuda pública en pesos de Argentina y, de otro modo, con la deuda en dólares por medio de préstamos bancarios “repo”. Trump y su secretario de Tesoro, Scott Bessent, son perfectamente conscientes de que esta política puede llevar el dólar al fondo del pozo, como ya está ocurriendo con la suba extraordinaria que ha registrado la cotización del oro (4.600 dólares la onza). Pero se preparan para el caso con una acentuación de todas las formas de guerra -comercial, financiera y militar- contra quienes saboteen el dólar mediante la venta de deuda pública norteamericana u otra forma de fuga de capitales. La economía política forma parte de la guerra imperialista que es producto de la bancarrota capitalista.. 

 La oligarquía financiera, mientras tanto, no hace más que fortalecerse. Black Rock acaba de informar que tuvo inyecciones de fondos, durante 2025, de 700.000 millones de dólares. Más la valorización de sus activos, reconoció haber alcanzado un balance de 14 billones de dólares, la mayor capitalización internacional. El director de Pimco, otro fondo de inversión, se puso del lado de enfrente, asumiendo la defensa de Powell y de la ‘independencia’ de la Reserva. Los asesores de Trump aseguran que una baja de la tasa de interés sería, contra lo que se sostiene convencionalmente, “antiinflacionaria”, porque contrapesaría el aumento de costos que generan los aranceles de insumos importados. Los intereses, sin embargo, no son un costo de producción, sino una detracción del beneficio industrial para cumplir con los prestamistas de fondos. Los aranceles sí ha servido para recaudar alrededor de 250.000 millones de dólares para el fisco, cargando a la industria con un impuesto ‘de facto’ en beneficio del Estado. El ‘trumpismo’ recurre a la improvisación para encarar las contradicciones de su política de guerra, como acaba de ocurrir con la prohibición de la compra de viviendas de alquiler por parte de las grandes corporaciones, para hacer frente al agravamiento de la crisis habitacional. Trump se adelanta a las intenciones del recién electo alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, que ha prometido reducir los alquileres de las viviendas reglamentadas. 

 La guerra financiera en la que Trump quiere involucrar a la Reserva Federal está particularmente dirigida contra Europa, que está endeudada con el Banco Central norteamericano por una serie de ‘swaps’ de monedas, que cubren el déficit monetario europeo de la divisa norteamericana. La Comisión Europea y el Banco Central Europeo han puesto esta dependencia financiera en el primer lugar de la agenda. Trump los amenaza con un retiro de esta red de seguridad, si no ceden en la disputa por pago de impuestos de las tecnológicas norteamericanas que operan en Europa o por la anexión de Groenlandia; Trump ha retirado de la ayuda financiera a Ucrania, que quiere que corra a cargo de la UE, para convertirla en financiamiento a interés de la guerra. 

 La guerra por la Reserva Federal es uno de los canales por los cuales la guerra mundial ha penetrado en Estados Unidos y dividido a la burguesía norteamericana en los más altos niveles. El temor a que se reproduzca una crisis como la del 2 de abril de 2025, declarado por Trump como día de “la liberación’ (y no por el aniversario de la ocupación de Malvinas), cuando desató un aumento extraordinario de aranceles que hundió a la Bolsa y estuvo a punto de quebrar el mercado de deuda pública, históricamente señalado como “un refugio” del capital.

 El choque con la Reserva Federal se añade a los choques con el Congreso, con gran parte del Poder Judicial, con el sistema electoral y con los estados de la Unión, tal como está ocurriendo en estos momentos en Minessota, antes con California e Illinois y próximamente con el estado de Nueva York. El asalto de Trump al sistema mundial va mano a mano con el desmoronamiento de las instituciones de Estados Unidos. Y la guerra. Y la dictadura en ciernes.

 Jorge Altamira

 15/01/2026

Caputo en su laberinto

Al día siguiente de que el INDEC informara una inflación del 2,8 % en diciembre, una saga alcista que ya lleva siete meses consecutivos, el gobierno afrontó su primer vencimiento de deuda en pesos del año. 

 Aunque Caputo logró renovar el 98 % ($9,37 billones) de los títulos que vencían, lo hizo al costo de un aumento sustancial de la tasa de interés. En el caso de algunos bonos alcanza el 50 % anual: la tasa fija por el plazo más corto -vencimiento al 27 de febrero- fue de 49,16 % anual (Ámbito, 14/1). Un aumento de 9 puntos respecto de la licitación anterior. “Las tasas que entregó Caputo quintuplican la inflación proyectada por el Ejecutivo en el Presupuesto 2026” (La Política Online, 14/1). Además el plazo promedio de emisión pasó de 246 días a 124. 

 El Gobierno ha pagado el costo de mantener “tasas positivas” (superiores a la inflación) para evitar que los pesos se vayan a la compra de dólares. Como el tipo de cambio se administra entre “bandas cambiarias” móviles, que reflejan la inflación con un retraso de dos meses, la presión sobre la tasa de interés será cada vez mayor para retener los pesos invertidos en títulos públicos. La “tablita de Caputo” -y el FMI- para ´acumular reservas´, por lo tanto, augura una escala ascendente de precios y tasas. El aumento del costo del crédito acentuará el derrumbe industrial, mientras que la política económica del Gobierno ha entrado en una dinámica inflacionaria. Los aspirantes al premio Nobel de Economía habrán conjugado, finalmente, una recesión inaudita con inflación en alza y derrumbe del consumo. 

 Caputo y sus JP Morgan boys no han encontrado otra fuente de financiamiento que los costosísimos REPO -créditos a corto plazo contratados con bancos privados a cambio de títulos públicos como garantía- y mantener estimulado el carry trade, combinando el atraso cambiario con tasas altas. “De hecho, en el mercado calculan que el tipo de cambio nominal al que cierra la Balanza de Pagos sin drenaje de reservas está en el orden de los 2.150 pesos” (ídem). En la inflación de diciembre, los servicios registraron aumentos marcadamente por encima del promedio. 

En el caso del transporte, se ajusta mensualmente por IPC más 2 %. A partir de febrero, el INDEC pondrá en marcha una nueva metodología de monitoreo de precios, con una mayor ponderación del costo, precisamente, de los servicios y el transporte en la canasta de consumo. Si el resultado es fidedigno, la inflación escalará a un nuevo nivel, acentuando los desequilibrios financieros. Se estima que el gobierno necesitará al menos USD 5.000 millones para completar los vencimientos de este año, que suman alrededor de USD 20.000 millones. 

 Scott Bessent -que se jactó de haber embosado “millones” como resultado de sus operaciones financieras en Argentina para rescatar a Milei- no ha vuelto a ofrecer sus servicios. Es una señal política poderosa, dada la cercanía política e ideológica entre las pandillas de Milei y Trump. Bessent y Trump se habían propuesto ´desalojar´ a China de Argentina. Sin embargo, el régimen ´libertario´ ha alcanzado niveles récord de importaciones desde el gigante asiático. Es más: un banco chino se ´coló´ en el REPO, aportando USD 100 millones al préstamo contratado por el gobierno argentino.

 El régimen enfrenta contradicciones insolubles. 

 Jacyn 

 15/01/2026

Groenlandia sigue bajo la mira de Trump y escalan las tensiones

El magnate ratificó sus pretensiones de anexión y fracasó una reunión con funcionarios de Dinamarca

 La reunión entre funcionarios estadounidenses y daneses en la Casa Blanca para discutir el futuro de Groenlandia no destrabó las diferencias entre yanquis y europeos. El secretario de Estado, Marco Rubio, y el vice norteamericano J.D. Vance, ratificaron ante el canciller danés, Lars Lokke Ramussen, y la jefa diplomática groenlandesa, Vivian Motzfeldt, las pretensiones de Donald Trump de anexar la isla a los Estados Unidos.

 Poco después de este encuentro, el presidente norteamericano insistió ante los medios en que no piensa “renunciar a ninguna opción” para hacerse del control del territorio ártico. Y, hasta aquí, esgrimió dos variantes: la compra, o el uso de la fuerza. Los ingentes recursos naturales sin explotar de la isla (incluyendo tierras raras) y su ubicación estratégica, debido al creciente deshielo y la formación de rutas navegables importantes para el comercio, explican la codicia de la Casa Blanca. 

 Si bien hace tiempo que Trump blanqueó sus apetitos, la reciente invasión de Venezuela es lo que ha actualizado las alarmas en la isla y en Dinamarca, que tiene el control de ese territorio. 

 Trump alega “razones de seguridad nacional” y la disputa con China y Rusia en torno a la región para justificar sus pretensiones. Copenhague contrapropone, como alternativa a la anexión, una mayor presencia militar de la Otan en la isla. 

 Como parte de las tensiones, Dinamarca puso en marcha la operación militar Resistencia Ártica, junto a fuerzas francesas, alemanas, británicas, suecas y noruegas. El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció el envío de tropas. No se puede descartar que las negociaciones entre Estados Unidos y la Unión Europea por Groenlandia naufraguen y el conflicto y las tensiones escalen.

 A la par de la rivalidad con China, se abre una fractura en ascenso de Estados Unidos con la Unión Europea. Las disputas en el Artico y en torno a Groenlandia se inscriben en las tendencias a una tercera guerra mundial.

 Los convidados de piedra en esta disputa son los isleños. El primer ministro de Groenlandia, Jens Frederik Nielsen, sostuvo recientemente que “si tenemos que elegir entre Estados Unidos y Dinamarca aquí y ahora, elegimos a Dinamarca”. Como entre Escila y Caribdis, la isla se debate entre dos males. Nielsen encabeza una coalición de cuatro partidos, tres de los cuales se inclinan por un proceso gradual de emancipación de Dinamarca. El único partido proclive a una separación brusca, Naleraq, que promueve, además, un acuerdo comercial con Estados Unidos, se encuentra en la oposición. 

 Se vuelve decisiva una irrupción masiva de la clase trabajadora, a nivel internacional, contra la guerra imperialista y sus gobiernos.

 Prensa Obrera

En medio de las protestas, Trump amenaza con un ataque militar a Irán

Apoyo a la lucha del pueblo iraní, rechazo a toda intervención imperialista 

 El presidente estadounidense Donald Trump intenta valerse de las grandes protestas populares en Irán para legitimar un nuevo ataque contra esa nación. El martes 14, en sus redes sociales, anunció: “Patriotas iraníes, ¡sigan protestando! ¡Tomen sus instituciones!... ¡La ayuda está en camino”, velada referencia a una posible acción militar, opción que ya había indicado que está sobre la mesa. Como medida preventiva, el gobierno iraní resolvió el miércoles el cierre de su espacio aéreo. 

 Trump ordenó, también, suspender las reuniones y negociaciones con Teherán. Hasta aquí, según la prensa, había un canal abierto entre su enviado especial para la región, Steve Witkoff, y el canciller persa Abbas Araghchi. En días previos, Washington había amenazado con aranceles del 25% a países que comercien con Irán, mientras que la Unión Europea también prepara sus propias sanciones. Rusia y China (principal consumidor del petróleo persa), en cambio, rechazaron un potencial ataque militar estadounidense. La crisis que está en curso en Irán se ha transformado, por tanto, en una cuestión de alcance internacional. 

 El miércoles 14, la Casa Blanca relocalizó parte de su personal en Al Ubeid, Qatar, su mayor base en la región, donde se encuentran desplegados cerca de 10 mil efectivos. El gobierno iraní había prometido atacarla, en caso de una agresión norteamericana. El Reino Unido también hizo movimientos de su personal en la zona. Italia y Polonia llamaron a sus ciudadanos a abandonar el país. Un comunicado de la agencia Reuters, en base a dos fuentes militares europeas, señaló, inclusive, la posibilidad de un ataque estadounidense en las próximas 24 horas.

 Las movilizaciones populares en Irán, las más importantes desde el levantamiento de 2022, estallaron el 28 de diciembre. El aumento del 67% en la gasolina fue el detonante. La fuerte devaluación de la moneda y una inflación que ronda el 50% anual derrumbaron el poder adquisitivo de los sectores populares en los últimos diez años. Además, el último presupuesto instituye el fin del tipo de cambio preferencial para la importación de medicinas y alimentos, lo que obligará a los iraníes a comprar esos productos desde ahora en adelante a precios mucho más elevados. La rebelión comenzó en los alrededores del Gran Bazar de Teherán –incluyendo cierre de comercios- y en las universidades, y se fue extendiendo a un total de un centenar de ciudades. 

 La legítima lucha del pueblo iraní intenta ser desvirtuada por Trump en función de su propia agenda imperialista para la región. Recordemos que, en el mes de junio de 2025, la Casa Blanca atacó las instalaciones nucleares del régimen iraní, acoplándose a la agresión de Israel, en un operativo que dejó cerca de un centenar de muertos. 

 Al igual que en otros levantamientos populares previos, el régimen iraní respondió con una represión implacable, en la que intervienen la policía antimotines y la fuerza Basij, un cuerpo voluntario de la Guardia Revolucionaria. Un oficial iraní citado bajo condición de anonimato por la prensa occidental habla de alrededor de 2.000 muertos. La organización Hrana (Human Rights Activists News Agency), con sede en Estados Unidos, eleva la cifra a 2.571 víctimas fatales (de las cuales, 2.403 serían manifestantes, y 147 miembros de las fuerzas de seguridad), además de 18 mil arrestados. A su vez, la fiscalía general insinuó la posibilidad de aplicar juicios sumarios y la pena de muerte contra manifestantes. 

 Según reportes de los que se hace eco el diario madrileño El País (14/1), en barrios populares del sur de Teherán, como Shiraz, los manifestantes se enfrentan a las fuerzas de seguridad con armas blancas, y en algunas zonas rurales, emplean escopetas de caza. 

 El gobierno iraní denuncia la presencia de agentes extranjeros fogoneando las protestas, pero sin presentar pruebas de ningún tipo. Quien sí levantó su perfil público con el inicio de la revuelta es Reza Pahlavi, hijo del último sha, quien está radicado en Estados Unidos y agita un regreso del viejo régimen derrocado por la revolución de 1979. Es otro de los que busca hacer su propio juego ante el mar revuelto. 

 Así como, en el caso de Venezuela, Trump apeló al “combate del narcotráfico” y la “reinstauración de la democracia” como pretextos para justificar su invasión de la nación caribeña y el copamiento de sus recursos naturales, en el caso de Irán, la Casa Blanca disfraza con referencias a la protección de los manifestantes su verdadero interés por rediseñar el Medio Oriente de acuerdo a sus intereses. La hipocresía de Trump queda rápidamente al desnudo si se considera que es aliado del ultrarrepresivo régimen saudí y del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, sobre quien pesa una orden de captura de la Corte Penal Internacional por el genocidio contra el pueblo palestino.

 Rechazamos las amenazas de Estados Unidos y cualquier intervención militar del imperialismo, al mismo tiempo que apoyamos la lucha del pueblo iraní y repudiamos la represión del régimen persa. 

 Gustavo Montenegro

Para ocultar su responsabilidad, los gobiernos acusan al pueblo mapuche de ocasionar los incendios en Chubut

Milei y el gobernador Torres buscan tapar su política de ajuste sobre los presupuestos de prevención del fuego. 

 Tanto el gobierno de Milei como el de Ignacio Torres han atribuido al pueblo mapuche, sin ninguna prueba, el origen de los incendios que están causando estragos en Chubut. Es el discurso estigmatizador y persecutorio que vienen impulsando hace tiempo para justificar la represión contra la comunidad y habilitar el copamiento de tierras por parte de grupos capitalistas ligados a actividades como el desarrollo inmobiliario, el agro y la minería; asimismo, en este caso, pretenden ocultar el ajuste que Nación y Provincia aplican contra los presupuestos de prevención del fuego. En este marco, el fiscal de Lago Puelo, Carlos Díaz Meyer, ordenó la realización de un allanamiento contra miembros del Lof Pulgar Huentuquidel. 

 La lamngen Rocío está siendo investigada y acusada por los incendios que tuvieron lugar en Puerto Patriada. Durante el operativo se han secuestrado celulares. Díaz Meyer había contrariado días atrás la hipótesis difundida por el gobierno nacional, a través del Ministerio de Seguridad comandado por la bullrichista Alejandra Monteoliva, sobre la responsabilidad que tendrían las comunidades mapuche en los incendios que ya han arrasado con miles de hectáreas en la provincia y todavía no han sido apagados. La propia Patricia Bullrich manifestó en su cuenta de X que “si los grupos que se autoproclaman mapuches son responsables de estos actos, la van a pagar como terroristas”. El fiscal también rechazó las versiones que indican que el fuego ha sido provocado por turistas de origen israelí. 

 Díaz Meyer indicó que el origen de los incendios podría encontrarse en el conflicto interno de una comunidad que habita entre las localidades de El Hoyo y Puerto Patriada, del que participa una mujer de Buenos Aires que se sumó a la misma hace dos años. A diferencia del gobierno, señaló que no se puede hablar de prácticas terroristas. Con todo, aporta lo suyo a la estigmatización contra la comunidad mapuche. El gobernador Torres, por su parte, hizo demagogia diciendo que “en Chubut vivimos con total armonía con el pueblo mapuche” y hablando sobre “la búsqueda de instalar un tinte político o racial” alrededor del problema. Pero es el jefe de la Policía de Chubut el que encabezó la conferencia de prensa junto a Díaz Meyer en la que se divulgó la nueva hipótesis. Además, él mismo impulsa una política antimapuche como lo demuestran el desalojo de la Lof Palaiko acontecido el año pasado, la criminalización y los allanamientos contra las comunidades, las reformas regresivas sobre las leyes provinciales relacionadas a las mismas o los presos políticos.

 Las comunidades mapuche que viven en Chubut rechazaron las acusaciones del gobierno nacional y del provincial, así como las de los medios de comunicación que se hicieron eco de ellas. Denunciaron correctamente que buscan utilizarlas como chivos expiatorios para ocultar el desfinanciamiento imperante en los presupuestos de prevención, la precarización laboral a la que son sometidos los brigadistas y los despidos de trabajadores de Manejo del Fuego. Desde la Multisectorial en Defensa del Agua y el Territorio Chubut denunciaron el allanamiento arbitrario contra la lamngen Rocío y al gobierno de Torres por exponer a la comunidad mapuche. El gobierno nacional viene ajustando el presupuesto que se destina al Sistema Nacional del Manejo del Fuego. 

“En 2024, ejecutó un 81% menos que en 2023 y en 2025 proyecta un 70,8% menos” (Mdzol, 12/1). Y el Presupuesto 2026 establece un recorte del 53,6% con respecto a las partidas de 2025. El año 2024 cerró con la mayor cantidad de incendios reportados en los últimos años (2.735 focos ígneos registrados en todo el país) según el Centro de Información Ambiental (Ciam). Los brigadistas cobran salarios que oscilan entre los 610.000 y los 860.000 pesos. La Administración de Parques Nacionales cuenta con 391 brigadistas, cuando, de acuerdo a los informes oficiales, la dotación mínima necesaria es de 700. A esto se suma la política de desfinanciamiento en el área desarrollada por Torres. 

 Los gobiernos impulsan la persecución contra las comunidades mapuche para ocultar su política de ajuste en beneficio de los capitalistas y los acreedores de la deuda externa, así como también para echarlas de sus tierras y promover su acaparamiento por parte de distintos grupos empresariales. En el pasado, esta política fue llevada al extremo y terminó con el asesinato de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel bajo el gobierno de Mauricio Macri. También buscan enemistar a la clase obrera entre sí, cuando los miembros de las comunidades y los trabajadores que no pertenecen a ninguna son explotados y oprimidos por la misma clase social, la burguesía, responsable de los incendios y de la crisis general del país. 

 Abajo la persecución contra el pueblo mapuche. 

 Nazareno Suozzi

¿A cuántas personas mató el comunismo? - La Sartelli por el Mango

Cuba honra a sus héroes (Cobertura Especial)

Patagonia en llamas: la trama detrás del incendio forestal en Chubut

El 5 enero comenzó el incendio de la Patagonia, en la Comarca Andina de Chubut, que al día de hoy, sigue activo. Los focos se extienden, con distinta gravedad, a zonas de las provincias de Río Negro, Neuquén y Santa Cruz, a pesar del trabajo de los 78 brigadistas que intervienen. Ha consumido casi 15.000 hectáreas, avanzando sobre zonas pobladas, áreas naturales y destinos turísticos, en un contexto de sequía prolongada, altas temperaturas y vientos persistentes. Si bien las causas no están identificadas aún, el fiscal Carlos Díaz Mayer afirmó que el fuego "se inició con un acelerante o nafta". Para enrarecer más las cosas, en la zona del Lago Epuyén se encontraron granadas de mano (con carga explosiva y sin detonador) fragmentarias (modelo FMK2) de origen argentino, provistas únicamente a las Fuerzas Armadas. Dichos artefactos resultan altamente peligrosos en contextos de alta temperatura o golpes y su radio de detonación es de cien metros. 

 El gobierno apunta contra la comunidad mapuche, mientras que la comunidad y las organizaciones ambientales ponen el ojo en los negocios inmobiliarios y mineros que acechan la zona. En esta observación cobra relevancia que el vocero presidencial Manuel Adorni, pocos meses atrás, había anunciado modificaciones en las leyes de tierras y bosques: se liberó la compra de tierras por parte de privados extranjeros y propuso eliminar la prohibición de actividades agropecuarias tras incendios por 30 a 60 años, que rige hasta ahora. Paralelamente la AmCham (la poderosa cámara de comercio norteamericana en Argentina) impuso como necesidad y condición para la inversión en Argentina, destrabar los cambios a la Ley de Glaciares. Es también el reclamo de los gobernadores de las provincias que integran la llamada “mesa del cobre” -San Juan (Marcelo Orrego), Mendoza (Alfredo Cornejo), Catamarca (Raúl Jalil), Salta (Gustavo Sáenz) y Jujuy (Carlos Sadir)-. En consecuencia, el gobierno presentó un proyecto de ley, donde propone eliminar la prohibición de explotación minera en zonas periglaciares, dejando los estudios de impacto medioambiental en manos de las empresas mineras y acuerdos con gobiernos provinciales – antes realizados por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) del CONICET). Ese proyecto ya obtuvo dictamen favorable en el plenario de comisiones del Senado, en diciembre de 2025, y será discutido en febrero en el recito. 

 Mientras se trataba esta modificación de la ley, un estudio de la UBA y el CONICET (a cargo de Julieta Caggiano, socióloga, becaria doctoral) señalaba que las tierras en manos de pulpos extranjeros -aun con las limitaciones establecidas en la llamada Ley de Tierras- alcanza al 5% del territorio nacional, una extensión similar a la superficie de Inglaterra. En su mayoría, se trata de lotes donde hay concentrados recursos como agua dulce o tierras raras. Antes los datos de porcentajes se publicaban a nivel departamental, ahora solo se hace a nivel provincial y nacional. El propósito de esto es disimular que hay departamentos donde el 50% del territorio se encuentra en manos extranjeras (Página 12, 12/1). Entre las empresas extranjeras con mayor presencia se encuentran el grupo italiano Benetton (900.000 hectáreas en Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz, para producción ovina; cuenta con graves antecedentes de conflictos con comunidades); el magnate británico Joe Lewis (38.000 hectáreas en Río Negro; controla Lago Escondido y tiene su central hidroeléctrica privada y es un ´benefactor´ de jueces, funcionarios y lobistas de todo porte); capitales árabes y qataríes concentran más de 21.000 hectáreas en Río Negro y Chubut. La empresa estatal israelí Mekorot, dedicada a la “gestión hídrica”, ha firmado acuerdos con Mendoza, San Juan, Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero, Santa Fe y Formosa; y en la Patagonia, en el caso de Río Negro, Santa Cruz, Chubut y Neuquén. La injerencia de Mekorot fue patrocinada por “Wado” de Pedro durante el gobierno de los Fernández. Mekorot está denunciado desde 1992 en la ONU por desviar y privar del vital recurso a la población palestina. Todo esto da una idea de los fuertes intereses mineros, petroleros, inmobiliarios y turísticos que disputan el sur argentino, al que se debe agregar el interés ´geopolítico´, claramente manifestado por el imperialismo norteamericano a través de los representantes de la IV Flota. En el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2025, la jefa del comando sur de Estados Unidos, Laura Richardson, explicó la importancia de Latinoamérica por su cantidad de recursos y en el mismo discurso alertó sobre el peligro que les representa China, Rusia, Irán y Corea del Norte en cuanto a la hegemonía, expresando abiertamente que las intervenciones yanquis sobre el continente se enmarcan en una nueva guerra imperialista por nuestros recursos. 

 Volviendo a los incendios, como ya sabemos, el gobierno se encargó de desfinanciar tanto las universidades nacionales como el CONICET, lo mismo ocurrió con el Fondo para el Manejo del Fuego. En el presupuesto para 2026 lo redujo a un 71%. Esto fue aprobado por legisladores de las provincias afectadas. Su primer impacto ha sido una baja de informes de alerta temprana. 

 Abajo el bandidaje de Trump y Milei 

Los recursos de Latinoamérica deben ser para su población, no un botín en una guerra imperialista. Es por esto que debemos salir a las calles, y rechazar este rumbo privatizador. 

 Vamos por presupuesto para ciencia, educación y manejo del fuego. Basta de megaminería, abajo la reforma de la ley de glaciares. Abajo la guerra imperialista.

 Iara Bogado 

 13/01/2026

Estados Unidos revoca más de 100.000 visas mientras prosigue la caza callejera de inmigrantes

El Departamento de Estado norteamericano anunció en sus redes sociales que se han revocado, durante el año 2025, más de 100.000 visas a residentes y turistas. 

 El informe destaca que ha abarcado a un número excepcional de estudiantes universitarios -cerca de 8.000- y trabajadores calificados – unos 2.500. Marco Rubio, el secretario de Estado, festejó que muchos de los estudiantes deportados “eran manifestantes anti-israelíes”. 

 El operativo de endurecimiento en el mantenimiento de los visados tiene lugar en el marco de un operativo de caza callejera de migrantes, acusados bajo diferentes consideraciones por la administración de Donald Trump, pero sin ningún juicio de por medio, como dictan las normas legales del país. Se ha impuesto, en los hechos, un estado de excepción. Cabe aclarar que el retiro de visa, bajo la gestión de Joe Biden, ya alcanzaba el nada despreciable número de 40.000 personas. 

 En el caso de los residentes estudiantiles, el gobierno fascistizante de Trump ha recuperado una vieja ley macartista de la década del 50, que establece que un residente puede ser expulsado “si es considerado un peligro para la seguridad nacional o si expresa disidencias con la política exterior estadounidense”. El caso más conocido fue el del activista de origen palestino Mahmoud Khalil, detenido por la policía migratoria (ICE) a principios de 2025 como represalía a su rol en las rebeliones estudiantiles en las principales universidades del país, para condenar el genocidio sobre el pueblo palestino. Tras una conmoción general ante la detención del joven estudiante, la justicia falló a favor de Khali, pero una vez finalizado sus estudios, perderá el derecho a permanecer en los Estados Unidos. En una situación similar han sido colocados más de 4.000 estudiantes universitarios, cuyos permisos de residencia son removidos “por choques directos con la policía”. Lo que califica perfectamente con haber participado en movilizaciones y ocupaciones de campus contra la política del gobierno estadounidense. El resto de los retiros de visado se apoyan en delitos menores, como manejar alcoholizado, así como una generalidad sobre una amplia gama de delitos comunes, incluyendo la extensión no autorizada de la permanencia en el país. 

 Estos números se elevan significativamente si se contabilizan las redadas del ICE y las denominadas “deportaciones voluntarias”. En total, más de 3 millones de habitantes han dejado los Estados Unidos, cerca de 600 mil como consecuencia de las redadas criminales del ICE y un número de 2,5 millones lo ha realizado previamente a recibir un trato criminal por parte de la gestapo gubernamental.

 Estado de excepción 

En la enorme mayoría de los casos, se han violado todas las normativas legales o resucitado leyes de carácter excepcional y que violan el derecho a la libertad de expresión consagrado en la propia Constitución estadounidense. La caza de inmigrantes legales y/o irregulares al interior de los Estados Unidos indica el socavamiento de las libertades civiles, consagradas en la Constitución estadounidense que Trump desarrolla de manera sistemática.

 Las organizaciones de migrantes denuncian que los trámites para acceder a una residencia permanente se demoran durante un largo período de tiempo, lo que muchas veces lleva a que caduquen los permisos para estadías parciales. En cambio, Donald Trump lanzó en diciembre pasado la “gold card”, que por el pago de un millón de dólares permite acceder rápidamente a la residencia permanente sin cumplir con los requisitos legales exigidos. Este sistema para millonarios, pretende ser ampliado con el acceso a una “platinium card”, de monto mayor, que permitiría además evadir el pago de impuestos. De esta manera, se consolida un sistema de migración con doble estándar al interior de los Estados Unidos. 

 Los Estados Unidos se han convertido, por esta vía, en un territorio de guerra. El asesinato de la activista Reene Good lo expuso de manera violenta en la arena política, al tratarse de una ciudadana estadounidense. El disciplinamiento social que exige la ofensiva imperialista de Trump conlleva a una lucha al interior del país para controlar el “frente interno”. Este choque sucede cuando la lucha de clases en los Estados Unidos se ha disparado a un nivel que no se observaba hace más de 40 años, expresada en una tendencia a la huelga en la gran industria y a la sindicalización entre las capas más jóvenes de la clase trabajadora. 

 El lugar central de los Estados Unidos en la crisis política mundial coincide con una conclusión ofrecida por León Trotsky hace 90 años: en la época de la decadencia capitalista -el imperialismo- la democracia se convierte en una traba – “el imperialismo es la reacción en toda la línea”, apuntaba Lenin. La reacción política que encarna Trump expresa el agotamiento histórico de la hegemonía estadounidense y el intento de una salida reaccionaria a esa crisis de dominación histórica. Plantea, de igual forma, la necesidad de una lucha por el socialismo internacional como única alternativa a la barbarie de la guerra. 

 Es el desafío planteado, la construcción de una dirección política revolucionaria. 

 Joaquín Antúnez 

 13/01/2026

Javo Ferreira: "BOLIVIA puede ser la punta de lanza de una lucha ANTI-IMPERIALISTA continental”

Ángel Arias: “La ofensiva de EE.UU. y TRUMP en VENEZUELA no es imparable”

Venezuela: verdades y mentiras sobre democracia, pobreza y emigración

Trump extiende el default de la deuda pública venezolana

Un botín de los pulpos petroleros y los fondos buitres internacionales. 

 Donald Trump ha cerrado el círculo del acaparamiento de la producción y las exportaciones petroleras de Venezuela con una medida fundamental. Acaba de decretar que los ingresos por la venta de crudo de ese país quedarán “protegidos”, en cuentas del Tesoro de Estados Unidos, de “cualquier embargo, juicio, decreto, derecho de retención, ejecución, o cualquier otro proceso judicial”. La orden de la Casa Blanca declara a esos fondos “propiedad soberana de Venezuela mantenidos bajo custodia de EE. UU. para propósitos gubernamentales y diplomáticos, que no están sujetos a reclamos privados”. De este modo, cualquier pago relacionado con la deuda pública venezolana ha quedado bajo el control de Trump. 

 La deuda del Estado de Venezuela se estima en unos 160.000 millones de dólares, el 180 % de su actual PBI. De ese total, unos 60.000 millones se encuentra en bonos impagos, un “limbo” que se prolonga desde 2017 y que no condujo a una “aceleración” (intimación al pago de toda la deuda) [por el temor del propio Trump -entonces en su primer mandato- a desatar una crisis financiera global] (https://politicaobrera.com/15497-trump-intima-al-chavismo-a-convertir-a-venezuela-en-un-protectorado). 

 Entre los principales acreedores de Venezuela, se encuentran el Estado y corporaciones chinas. Desde hace al menos un lustro y ante la falta de pago de los compromisos, China puso en marcha un régimen de pago de “deuda por petróleo”, para resarcirse de los vencimientos con embarques de crudo. De todos modos, la deuda pendiente con el país asiático alcanzaría a los 20.000 millones de dólares. La decisión de Trump pone en crisis estos pagos “en especie”, tanto por el acaparamiento decretado sobre la producción y las exportaciones petroleras -que será en detrimento de las ventas a China- como por la decisión posterior de bloquear cualquier embargo a los ingresos petroleros del país para pagar deudas anteriores. 

 China contaba con otras garantías sobre esa deuda -como el control de derechos sobre reservas hidrocarburíferas venezolanas- que son ignoradas por el Protectorado trumpista.

 Las petroleras yanquis 

Pero la inembargabilidad decretada por Trump podría tener otros damnificados menos previsibles. Es el caso de las petroleras que sostienen juicios contra el Estado, por su retiro del mercado en 2007. En aquel momento, firmas como Exxon Mobil y Conoco Phillips rechazaron el planteo del gobierno chavista de conformar empresas mixtas con PDVSA para la explotación del crudo y presentaron a ese desacuerdo como una “expropiación” de activos. Los juicios entablados alcanzaron cifras que superan los 10.000 millones de dólares. Estas demandas ya obtuvieron fallos favorables en tribunales internacionales y los litigantes reclamaron activos venezolanos o “cualquier pago que el país coloque en el sistema financiero internacional” (El Observador de Uruguay, 8/1). Un botín que está en juego en ese litigio son las acciones de Citgo, la refinería y distribuidora radicada en Estados Unidos que pertenece a PDVSA. En la reunión de las petroleras con el gobierno norteamericano, el pasado viernes 9, una de estas litigantes -Exxon Mobil- presentó objeciones al plan petrolero de Trump para Venezuela. En el reclamo por un “régimen jurídico estable” para el país, Exxon incluyó al resarcimiento por los juicios pendientes. En represalia, Trump amenazó con dejarla afuera del esquema petrolero anunciado en aquella reunión. 

 Bonapartismo global

 La decisión de “inembargabilidad” de Trump puede impactar en la cotización de estos títulos de deuda, la cual se recuperó después del asalto sobre Venezuela. Los observadores del mercado de deuda estiman que los bonos venezolanos se encuentran mayoritariamente en manos de “fondos buitres” (Ambito, 6/1). Pero el horizonte de estos especuladores no es el transitorio “pagadiós” de Trump. Un plan de “pago de deuda con petróleo”, ya no bajo la batuta china, sino del “Protectorado” yanqui, podría revalorizar los títulos en juego y generarles fuertes beneficios a los acreedores buitres. Naturalmente, la garantía de esa operación residirá en un régimen económico y presupuestario que privilegie a las petroleras y a los acreedores internacionales, a expensas del “pueblo venezolano” con el cual Trump se llena la boca todos los días. Trump le ha ofrecido a la burocracia chavista cogestionar este régimen confiscatorio, a cambio de su colaboración política en el armado de un “Protectorado” de facto.

 Las reservas, la producción y los flujos financieros originados en las riquezas venezolanas se han convertido en un arma del arbitraje trumpista, con repercusiones sobre la guerra internacional, las propias corporaciones petroleras y los fondos internacionales que manejan deudas soberanas. El propósito de este arbitraje es redoblar las extorsiones, principalmente a China. Los trabajadores de Venezuela sólo recibirán migajas de la expoliación del país asaltado. 

 Marcelo Ramal

 12/01/2026

Reforma Laboral: Milei negocia con los gobernadores la entrega de los trabajadores

Los caudillos provinciales rechazan la pérdida de impuestos coparticipables por modificaciones en Ganancias. 

 El gobierno nacional está aprovechando el receso de enero para avanzar en las negociaciones de cara al tratamiento de la pospuesta reforma laboral, con varios obstáculos en el camino. Uno de los más importantes es la afectación de la caja de las provincias con la modificación del Impuesto a las Ganancias, que acumula rechazos entre los gobernadores. Mientras que en el oficialismo también desconfían de que con el llamado a extraordinarias podría venir también una embestida contra el DNU de reforzamiento de la Side. 

 Tras su victoria en las pasadas elecciones de medio término, el gobierno anunció que iría por una paquete de reformas de fondo, con la reforma laboral, tributaria y penal como principales bastiones. Sin embargo, a la fecha, el oficialismo ha puesto de manifiesto sus limitaciones y debilidad, con inconvenientes incluso para tratar en tiempo exprés la reforma laboral; una reforma tributaria que aparentemente vendría en “cuotas” y una reforma del Código Penal sin proyecto concreto que conozca la luz. 

 La reforma laboral antiobrera, cuyo tratamiento tuvo que ser pospuesto hasta febrero, también encuentra sus limitaciones. Los gobernadores –propios y ajenos- se resisten al apartado tributario de la misma, donde las modificaciones en el Impuesto a las Ganancias afectan a los ingresos coparticipables, redundando en menos recursos para las provincias.

 El proyecto oficial plantea reducir las alícuotas para sociedades en los tramos más altos y eximir del tributo a los alquileres destinados a vivienda. Según cálculos de un informe reciente del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), estas modificaciones representarían un costo fiscal anual directo del 0,22% del PBI, equivalente a $1,9 billones, de los cuales Nación solo absorbería $790.000. 

 En un cuadro de recorte de la obra pública y giros discrecionales a las provincias los gobernadores no estarían de acuerdo con resignar otra de sus cajas, lo que podría frustrar la reforma de insistirse en el todo o nada. 

 Otras de las preocupaciones del gobierno sería que con el llamado a sesiones extraordinarias se filtrara la iniciativa de la oposición para voltear el DNU presidencial de reforzamiento de la Side, tal como ocurriera en el pasado con los $100.000 millones asignados de un plumazo a la Side, lo que también podría complicar el tratamiento de la reforma antiobrera. 

 En el mientras tanto, desde el gobierno buscan negociar con todos los sectores, incluida la burocracia sindical cegetista, permeable a transar siempre y cuando se respeten su privilegios de casta, como la continuidad de los descuentos compulsivos, y la modificación de aquellas reformas que atacan directamente a la existencia de los sindicatos –y por ende al poder de la burocracia sindical- como la defensa de los convenios nacionales y el derecho a huelga, virtualmente suprimidos en el proyecto oficial. 

 Contra lo anunciado por el gobierno nacional, tras su reforzamiento legislativo, de que iría a fondo por la totalidad de las reformas y modificaciones antiobreras planteadas, tenemos un gobierno obligado a negociar con los gobernadores, la burocracia sindical y los distintos bloques políticos la letra definitiva de la reforma laboral y el ajuste en marcha, retocando artículos, poniendo y sacando y postergando proyectos, lo que habla de las limitaciones de los “libertarios” y de la posibilidad de los trabajadores de intervenir para derrotar estas reformas antiobreras.

 Así como los capitalistas y sus representantes dialogan y negocian para profundizar el ajuste, los trabajadores debemos ampliar la deliberación obrera, con asambleas en los lugares de trabajo y gremios, preparando las condiciones para el paro y la huelga para derrotar esta ofensiva patronal que busca liquidar los derechos y condiciones de vida de los trabajadores. 

 Marcelo Mache

La poeta Renée Nicole Maclin-Good: un crimen de Estado

En la fría mañana del 7 de enero de 2026, en una calle residencial del sur de Minneapolis (Minnesota), tuvo lugar un hecho que desnuda con brutalidad el carácter fascistoide de la política del Estado norteamericano. Renée Nicole Macklin-Good, ciudadana estadounidense de 37 años, poeta y madre de tres hijos, fue baleada en la cabeza por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE sus siglas en inglés) durante un operativo migratorio masivo lanzado por la administración trumpista. La herida resultó mortal.

 Testimonios y videos del hecho muestran a Maclin-Good intentando alejarse en su vehículo cuando los agentes la rodearon; un oficial disparó repetidas veces contra ella a corta distancia. Familias y vecinas describieron que no había amenaza armada alguna ni resistencia violenta; era una mujer desarmada, que vivía con su pareja y sus hijos (una niña de 16 años, y dos varones de 13 y 6) y había dejado a uno de ellos en la escuela. Al momento de los disparos, estaba a su lado su esposa, Rebecca, quien de hecho captó en video la peor expresión del sistema en la persona de su compañera de vida. En un segundo, vio truncada la vida de Renée y la de su familia.

 Renée Nicole no era militante política ni agitadora armada: era poeta, escritora, esposa y madre. Se había formado en escritura creativa y había obtenido premios universitarios por su obra. Sus redes sociales y biografías personales la retratan como una amante de la literatura, dedicada a su familia y su comunidad. “El miércoles 7 de enero, nos detuvimos a apoyar a nuestros vecinos. Teníamos silbatos. Ellos tenían armas”, declaró Rebecca Good, esposa de la víctima. 

 El crimen de Renée Nicole Maclin-Good se produjo a cuadras de donde, en mayo de 2020, fue asesinado George Floyd a manos de un policía.

 La política fascista del trumpismo 

Lejos de asumir responsabilidad, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el propio Donald Trump lanzaron inmediatamente una narrativa de “defensa propia”, acusando a Maclin-Good de intentar atropellar a los agentes – una versión desmentida por múltiples videos y testimonios. Trump incluso describió a la poetisa como “violenta” y una “agitadora profesional”, afirmaciones sin pruebas que solo buscan legitimar el uso letal de la fuerza por parte del Estado contra la población civil, especialmente en el contexto de las agresivas políticas migratorias. 

 La Secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem, conocida como la “caza migrantes”, la más fiel representante del ala dura femenina del gobierno de Trump, acusó a la víctima de incurrir en un acto de “terrorismo doméstico” al querer “atropellar” al agente que la ejecutó. (Noem estuvo en Argentina a fines de julio del año pasado. Por supuesto fue alegremente recibida por Milei y firmó con Patricia Bullrich acuerdos en materia de seguridad y lucha contra el crimen transnacional.) 

 Este respaldo explícito al agente que mató a la escritora es coherente con la línea represiva del Estado bajo la administración Trump, donde las fuerzas federales, particularmente el ICE, han sido reivindicadas como un bastión contra lo que el régimen denomina “enemigos internos”. La política migratoria -que trasciende fronteras y se vuelve represiva contra cualquier estorbo- despliega tropas en ciudades del interior del país para justificar incursiones masivas que terminan con vidas humanas. 

 También es congruente con las líneas del movimiento MAGA (Make America Great Again; nombre que Milei ha prohijado como latiguillo para Argentina: “Hagamos a Argentina grande de nuevo”), que no fue inventado por Trump, pero al que este bautizó y dotó de una identidad política dura, con la que ha doblegado incluso al Partido Republicano. El MAGA instala de manera sistemática la figura del “enemigo interno”, “descubierto” en migrantes, disidentes, activistas, artistas “subversivos”. Por supuesto el asesino de Renée Nicole no sabía a quién le estaba disparando, pero la disonancia entre el operativo del ICE y el movimiento evasivo de la víctima, la ubica, en la retorcida mente del verdugo, en el lugar del “enemigo interno”. 

 La muerte de Maclin-Good no pasó desapercibida. Miles salieron a las calles en Minneapolis y otras ciudades para exigir el retiro del ICE y poner fin a su presencia en sus comunidades, bajo consignas contra la violencia policial y federal. El gobernador de Minnesota, Tim Walz, cuestionó la decisión federal de desplazar a las autoridades estatales de la investigación del tiroteo, lo que se ve como un intento de controlar la narrativa y evitar una rendición de cuentas. Por su parte, el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, exigió la retirada de ICE de la ciudad y denunció el uso desproporcionado de la fuerza en vecindarios residenciales. 

 ICE y la política represiva del Estado burgués 

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) es la misma agencia que en junio de 2025 lanzó una serie de redadas masivas en Los Ángeles y zonas cercanas, dirigidas a indocumentados sin distinción clara de antecedentes criminales o peligrosidad, con detenciones en barrios, calles y lugares de trabajo: obras en construcción, granjas, restaurantes y zonas residenciales. Esta ofensiva formó parte de una política nacional de intensificación de la “aplicación de la ley migratoria”, ordenada desde Washington bajo la administración Trump. 

 Estas redadas provocaron fuertes repudios de gobernadores y alcaldes, y desataron pánico comunitario y movilizaciones inmediatas, con cientos y miles de manifestantes frente a centros federales de detención y marchas en diversas ciudades, realizadas por movimientos autoconvocados, organizaciones sociales y vecinales. 

 En Los Ángeles, por ejemplo, miles de personas marcharon por el centro de la ciudad, con pancartas contra las deportaciones y a favor de los derechos de inmigrantes. La respuesta estatal fue contundente: la administración federal desplegó miles de efectivos de la Guardia Nacional y Marines en la ciudad sin consultar al gobernador de California. Se impuso el toque de queda, y la policía usó gases lacrimógenos, granadas aturdidoras y detenciones para dispersar manifestantes. 

 En Tampa, San Antonio, St. Louis, Denver y Spokane hubo marchas frente a los ayuntamientos, donde la policía municipal actuó para contener grandes grupos de manifestantes, con detenciones y represión. 

 El asesinato de Renée Nicole Maclin-Good muestra la lógica brutal de un Estado al servicio de la burguesía financiera y racista. ICE, concebido como brazo armado de la política migratoria y de control social, se ha convertido en una fuerza paramilitar. 

 Ceferino Cruz 

 10/01/2026

Trump organiza el remate de los activos petroleros de Venezuela

Los monopolios petroleros discuten el régimen político. 

 En la reunión que sostuvo con una veintena de las mayores petroleras del mundo, Trump ofreció las palabras esperadas: “tratarán con nosotros (el gobierno norteamericano), no con Venezuela”. Para el manejo de los futuros negocios petroleros, les ofreció el Protectorado de facto que ha impuesto sobre el país, sin aportar ninguna precisión más allá de afirmar que tiene “muy buena” relación con el equipo de funcionarios chavistas que encabeza Delcy Rodriguez. Mientras Trump reunía a los pulpos de los hidrocarburos, el Departamento de Estado anunciaba el envío de una delegación de funcionarios y técnicos a Caracas, para discutir con las autoridades, prioritariamente, la reactivación de las operaciones petroleras. Ante los medios, Trump había anunciado inversiones por 100.000 millones de dólares, y un “torrente de negocios” para las empresas del sector que resuelvan abrir o reanudar operaciones en el país. 

 Pero la reunión con las petroleras fue más complicada de lo esperado por la claque trumpista. Lo que dejó entrever fue una divergencia entre las corporaciones petroleras, no en torno de barriles o precios, sino del futuro del régimen político en Venezuela. 

 Chevron: que gobierne “alguien del sistema actual”

 Las dos voces que destacaron los medios en la reunión fueron las de Chevron, por un lado, y la de Exxon Mobil, del otro. Los representantes de Chevron fueron laudatorios con el plan de Trump, y se mostraron “listos” para continuar y redoblar la producción. Esta petrolera es la única de origen americano que mantuvo sus operaciones en Venezuela en estos últimos años. Por eso mismo, podría elevar sin demasiadas inversiones adicionales sus actuales niveles de producción. Es lo que puso de manifiesto, en los días previos al cónclave con Trump, Ali Moshiri, el ejecutivo de Chevron a cargo de las operaciones de la empresa en Venezuela y en América Latina. En un reportaje ofrecido a la periodista argentina Silvia Naishtat, el funcionario de Chevron reveló los alcances y los límites del plan trumpista: “Venezuela puede volver a producir 1,5 millones de barriles por día en unos 18 meses -o menos- con una inversión de entre 5.000 y 7.000 millones de dólares. Pero pasar de ahí es mucho más difícil. ¿Por qué? Porque hay que reparar y expandir infraestructura” (EconoJournal, 9/1). Lo que señala el ejecutivo es que una reactivación petrolera de corto alcance podría incrementar la actual producción en un 50% desde los bajos niveles actuales, con el solo expediente de poner en funcionamiento instalaciones que se encuentran ociosas. Ese plan, según Moshiri, demandaría el 5% de las inversiones que fantasea Trump. Chevron, que ya se encuentra instalada en el país, se ofrece a encabezarlo con una mínima inversión: unos 2.000 millones de dólares, de los cuales “nuestro objetivo es que 1.000 vengan del sector público (gobierno de los Estados Unidos) y 1.000 del sector privado” (id.). Es probable que lo que aquí se presenta como “sector público” de los Estados Unidos provenga finalmente de la venta del petróleo a extraer, y del monopolio que ejercerá la administración trumpista sobre las exportaciones a Estados Unidos. Dicho más sencillamente, de un arrebato a las arcas venezolanas. 

 Pero enseguida, el hombre de Chevron aclaró que para elevar a cifras más importantes la producción “hace falta muchísimo dinero”. No parece ser ese el “plan de negocios” que esté en juego en lo inmediato. Lo que se debate es una activación de los pozos y refinerías semiparalizadas, con mínima inversión y bajo el fusil de la administración trumpista y colaboradores locales. En este punto, el funcionario de Chevron arriesgó una posición política significativa, al “apoyar 100% la estrategia de Trump: que el que gobierne “sea alguien del sistema actual -te guste o no-” (id). 

 Exxon Mobil: “país no invertible” 

Volviendo a la reunión con Trump, la voz discordante partió del representante de Exxon Mobil, Darren Woods, quien “expresó que cree necesarias "muchas reformas" antes de que sea viable para las empresas regresar al suelo latinoamericano” (Perfil, 10/1). “Si analizamos los marcos legales y comerciales vigentes en Venezuela, hoy es un país no invertible”. (id). Sin estar actualmente instaladas en Venezuela, Exxon Mobil -y varias otras petroleras- sólo podrían anotarse en el plan trumpista al costo de grandes inversiones. Para ese cometido, Exxon reclama que el “cambio de régimen” llegue hasta el final, y legalice un marco de concesiones a las corporaciones petroleras de largo alcance. Es lo que viene planteando sistemáticamente el bloque de María Corina Machado y González Urrutia: en marzo pasado, Machado expuso como conferencista en el Congreso Mundial de Energía, el máximo evento empresarial de la industria petrolera que tiene lugar en Houston. Allí, Machado prometió una reforma de la ley de hidrocarburos de Venezuela, para reducir a la mínima expresión la participación estatal en los consorcios petroleros mixtos, abrir el negocio a multinacionales en áreas estratégicas y ofrecer “seguridad jurídica” contra futuros litigios. El planteo fue saludado por las petroleras que esperan “un cambio de régimen y un marco legal favorable en Venezuela”, el mismo planteo que hizo ahora Exxon en la reunión con Trump. 

 Mercado petrolero 

Los observadores del mercado petrolero, por otra parte, han puesto de manifiesto otras contradicciones del plan trumpista. No es un secreto que el presidente invasor aspira a aumentar la oferta petrolera sobre el mercado americano con el objetivo de abatir el precio de los combustibles, y, por esa vía, aflojar la presión inflacionaria causada por la guerra comercial y los recargos arancelarios impuestos por el propio Trump. Pero el abatimiento del precio del crudo pone en cuestionamiento a las nuevas inversiones petroleras, incluso al mismísimo plan de “relanzamiento de la oferta venezolana” prometido por el jefe de la piratería yanqui. Por eso, es previsible que las petroleras regulen el aumento de esa producción en función de sus propias apetencias de precios y beneficios. 

 El conclave Trump-petroleras, en suma, ha exhibido el carácter explosivo de la transición iniciada con el asalto a Venezuela. Los pulpos de los hidrocarburos dividen sus intereses entre el saqueo “rápido” de las actuales disponibilidades de petróleo, de un lado, y un drástico cambio de régimen que exige la destrucción del andamiaje político y jurídico del chavismo, del otro. Por la fuerza o por la “ley”, los monopolios petroleros y Trump van por un saqueo de gran alcance sobre los recursos y los trabajadores de Venezuela.

 Marcelo Ramal 

 10/01/2026