Trump intima al chavismo a convertir a Venezuela en un Protectorado

Las especulaciones y divagaciones acerca de una concertación entre Trump y el gobierno venezolano para secuestrar a Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, han copado los titulares y los comentarios de los medios de comunicación internacionales. La ausencia de una respuesta militar al sobrevuelo de aviones y helicópteros de la fuerza Delta sobre Caracas y el bombardeo a los asientos militares de La Carlota, en el centro de la capital de Venezuela, y el fuerte Tuna, son presentados como prueba de un arreglo convenido para ejecutar la operación de piratería. Las declaraciones ulteriores de Trump que descartan un pasaje del gobierno a la jefa de la oposición ‘escuálida’, María Corina Machado, acompañada por una declaración de confianza en la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, para gobernar una transición política sin condiciones ni plazos, han reforzado esas presunciones. Los desmentidos públicos de los principales funcionarios de gobierno, Diosdado Cabello, ministro de Interior y encargado de Seguridad; Vladimir Padrino López, jefe de las Fuerzas Armadas: o Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, no disiparon las sospechas de un pacto político. Tampoco las declaraciones de la Vicepresidenta, quien ha reclamado el retorno de Maduro al país y a la Presidencia –algo que olvidan muchas declaraciones de repudio al ataque de parte de la izquierda internacional-. El secuestro de Maduro ha sido un acto delictivo, porque no ha respondido a ningún pedido judicial de extradición u orden captura internacional. Con una mirada retrospectiva, el operativo ha repetido, con las variantes del caso, la extracción de Leopoldo López, un dirigente opositor, de la embajada de España, y de los refugiados en la embajada argentina, custodiada por el gobierno de Brasil. Si las especulaciones o divagaciones acerca del secuestro de Maduro tienen algún ancla en la realidad, la punta del ovillo no apareció recién en la madrugada del 3 de enero. 

 Las transas de Maduro con los gobiernos de Trump y de Biden han tenido dimensiones más amplias en el tiempo. Bajo su primer gobierno, Donald Trump bloqueó una inminente “aceleración” de la deuda externa de Venezuela, por parte de los acreedores, cuando el gobierno de Maduro entró en default. El derecho de los prestamistas a pedir el pago de la totalidad de lo debido (no sólo las cuotas impagas) hubiera desatado una onda de embargos internacionales contra todos los activos de Venezuela, empezando por la distribuidora Citgo, de Pdvsa, en territorio norteamericano, algo que se negoció con posterioridad.

 El ataque militar del Comando Sur del Pentágono no ha producido el tan mentado “cambio de régimen” en Venezuela, ni parece ser ahora el propósito de Trump; pareciera que el propósito del imperialismo sería sólo ‘retocarlo’. Pero esto mismo tampoco es, estrictamente, una novedad, pues es lo que ha ocurrido, aunque a una escala histórica desconocida, en la ex Unión Soviética y China, donde el “tránsito” al capitalismo fue ejecutado por la burocracia dirigente de sus partidos comunistas –preexistentes-. En este aspecto, o en este sentido, la “transición” en esos países continúa, como lo prueba la intención de la OTAN de completar el tránsito impuesto hace varias décadas por medio de una guerra. En Venezuela se trataría de imponer una recolonización del imperialismo, no por parte de la ultraderecha ‘liberal’, sino por parte de las autoridades ‘antiimperialistas’. Trump pretendería evitar que un “cambio de régimen” abrupto desate una crisis internacional y/o una guerra civil. Fue lo que el imperialismo logró en la transición de la ex URSS y Europa Oriental, y en China y el Sudeste Asiático –más la gran adquisición política que ha representado el restablecimiento de un estado alemán único-. Es claro, para todo el mundo que esa transición ha encontrado sus límites históricos en la gran crisis capitalista mundial. 

 El guardián de la transición en Venezuela no es otro que el enorme contingente militar que Trump ha impuesto en el Caribe. Es una transición con un revolver en la sien de los encargados institucionales de ejecutarla. Esto significa que Venezuela (y toda América Latina) se ha convertido en un Protectorado ‘de facto’. En palabras de Trump: a partir de ahora “vamos a gobernar Venezuela”. Delcy Rodríguez deberá transferir Pdvsa al control de Estados Unidos para proceder a la reconstrucción de la infraestructura petrolera y a la reestructuración de las relaciones comerciales (Político, Washington, 4/1). “Pdvsa no va a ser desnacionalizada de cierta manera y dividida…; es lo mejor para mantener el flujo de la producción”. Un consultor con base en Houston, Evenan Romero, está encargado de traer de vuelta a los productores petroleros norteamericanos. “Romero es parte de un comité de 400 personas, en su mayor parte exfuncionarios de Pdvsa, que se formó hace un año para diseñar la estrategia para revitalizar a la industria petrolera bajo un nuevo gobierno”. Es el equipo de “asesores” al que se ha referido Trump para gestionar la industria petrolera bajo el gobierno de Delcy Rodríguez. La misión principal es asegurar el retorno de las empresas de servicio tecnológico (Halliburton, Schlumberger) para restablecer las plataformas e infraestructuras de la extracción petrolera. La reconstrucción petrolera será financiada por los ingresos que recaudará Pdvsa por una producción que debería duplicarse en un año y cuadruplicarse alrededor de 2030. El gobierno de Venezuela quedará a cargo del control ciudadano, un gobierno ‘de facto’ hasta la convocatoria a elecciones en un tiempo por ahora indefinido. Este asalto económico afectará fuertemente a Cuba, que depende de la importación venezolana, y en menor medida a China, que trae de Venezuela el 8 % de sus importaciones. 

 Es indudable que esta metodología artificial de gobierno está preñada desde el vamos de contradicciones explosivas. Supone, por de pronto, una crisis del sistema monetario, pues no podrían coexistir una divisa de exportación y una moneda local. La dolarización monetaria, ya muy avanzada, debería quedar completa. Venezuela chocaría con el sistema monetario que está implantando China en su esfera económica de influencia, como ocurre con la internacionalización creciente del yuan. Sería un golpe para los regímenes monetarios nacionales de América Latina, que enfrentarían presiones dolarizadoras en medio de deudas públicas impagables Las contradicciones sociales y políticas no cesarían de agravarse. Venezuela pasaría a ser una pieza del capital norteamericano en la guerra comercial desatada por Trump. Con la pretensión de evitar “un cambio de régimen”, Trump se mete en un atolladero mayor: la abolición de todo régimen, una suerte de Puerto Rico sin asociación. Un Protectorado ‘de facto’ implicaría asimismo un cambio del régimen político de Estados Unidos, que ha gestionado ocupaciones militares, pero ha rechazado gobernar sistemas coloniales. En el caso de Venezuela, Trump sigue un patrón, pues también reclama convertir a Gaza en un Protectorado bajo su dirección política personal. En este caso, la tentativa ha agravado las masacres contra el pueblo palestino y desatado una crisis regional y guerras sin precedentes – en Siria, Líbano, Palestina, Yemen, Sudán y el estratégico Cuerno de África (Etiopía, Eritrea, Somalía)-. 

 La crisis de régimen en Estados Unidos (gobierno por decreto, violaciones del orden judicial, militarización de las ciudades), una refracción del agotamiento del régimen político de relaciones internacionales, alimenta las crisis internacionales de regímenes políticos; Venezuela ocurre en un contexto. La internacionalización de la lucha de clases, que la clase obrera no ha podido desarrollar de acuerdo a la gran crisis capitalista, la desarrolla el imperialismo mediante catástrofes económicas, políticas y militares. La rivalidad y la guerra entre los grandes estados nacionales (geopolítica) debe ser reemplazada por una acción histórica independiente contra el capitalismo y sus estados, o sea (una lucha de clases) internacional.

 Jorge Altamira 

 04/01/2026

Venezuela: los riesgos de la ocupación

Una ocupación está lejos de ser un paseo. La idea de que Estados Unidos “se haga cargo transitoriamente” de Venezuela no tiene una base sólida en experiencias anteriores. Las intervenciones pasadas muestran que, incluso cuando se les pretenda dar justificaciones estratégicas y militares, las consecuencias suelen ser costosas, prolongadas y desestabilizadoras. 

 No se trata solo de ingresar militarmente, sino de mantener en el tiempo un orden político funcional bajo tutela externa. Históricamente, esto exige una base política interna.

 La experiencia más reciente de ocupaciones es aleccionadora. En Irak, la disolución del ejército y del partido Baaz destruyó el andamiaje estatal, creó un vacío de poder y precipitó una guerra sectaria. En Libia, la eliminación del régimen sin una élite nacional unificadora desembocó en una fragmentación tribal-miliciana. En Afganistán, los sectores urbanos dependientes del ocupante, sin arraigo social, no lograron pilotear el país que colapsó tras la retirada de las tropas yanquis 

 No nos podemos olvidar tampoco del costo material de ocupar. En Irak y Afganistán, Estados Unidos gastó billones de dólares sin lograr economías autosustentables. En el caso venezolano Trump y Rubio afirman que el petróleo –que piensan esquilmar a Venezuela- financiaría la ocupación. Los casos nombrados relativizan fuertemente esta idea: Irak tenía petróleo y aun así no financió su estabilización envuelta en actos de corrupción, sabotajes y caída productiva. En Libia, a su turno, el control del petróleo se convirtió en un factor de guerra civil, no de estabilidad.

 En Venezuela, la industria petrolera está tecnológicamente degradada. Requiere inversiones multimillonarias y años para recuperar capacidad. Las corporaciones condicionarán su inversión en función de la evolución que tenga de la transición: “El regreso de empresas estadounidenses solo será posible si se establecen condiciones confiables y se flexibilizan las sanciones”, explicó David Goldwyn, presidente del grupo de energía del Atlantic Council. Y agregó que persiste la incertidumbre sobre el control de los ingresos petroleros y la administración de instituciones clave como el Banco Central y el Ministerio de Economía y Petróleo” (Infobae, 4/1). Analistas remarcan que la expectativa de un “autofinanciamiento rápido” es una ilusión recurrente en las intervenciones estadounidenses. 

 Existe, en definitiva, el riesgo cierto de convertir una ocupación en una carga fiscal y política prolongada para el ocupante. Esto podría convertirse en una pesadilla para Trump cuya campaña electoral justamente se basó en privilegiar el destino de recursos para el uso interno y no derivarlos al exterior. Una presencia permanente de tropas expone, además, a la Casa Blanca a bajas y a los ataúdes de soldados norteamericanos que participan de las operaciones. Las encuestas revelan que casi el 70 % de la población estadounidense, incluyendo una franja de los votantes de Trump, está en contra de la intervención en Venezuela. En Nueva York se prepara una gran movilización frente al juzgado en que está previsto que comparezca Maduro Esto puede terminar echando más leña al fuego al descontento que reina en el país con la gestión de Trump y precipitar un revés en las elecciones de medio término. 

 Pablo Heller

Actualizan el cálculo de la inflación, indexan devaluación y pisotean los salarios

El gobierno inicia el 2026 anunciando un año de más ajuste contra los trabajadores. 

 Con el comienzo del 2026 el gobierno nacional introdujo el uso de la nueva fórmula para el cálculo de la inflación –demorada para favorecer a Milei en las elecciones de medio término- que actualiza los hábitos de consumo de la población otorgándole una mayor incidencia a los servicios por sobre el consumo de bienes y alimentos. Al mismo tiempo, se estableció la indexación de la devaluación del peso al IPC, lo que augura una dinámica inflacionaria que seguirá golpeando a los salarios y jubilaciones pisados por el gobierno. 

 Se trata de la actualización de la metodología de cálculo del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que realiza el Indec, tomando como base los datos de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHO) de 2018, en cuanto a los hábitos de consumo de la población, que le otorga más preponderancia a los gastos en servicios (vivienda, agua, electricidad, gas, comunicaciones, servicios digitales, etc.) por sobre el consumo de alimentos y otros bienes. 

 Este cambio, que se implementará desde principios de este 2026 con la primera medición de febrero respecto al IPC de enero, también vendrá de la mano de la indexación de la devaluación del peso respecto a la inflación, lo que promete alimentar un circuito inflacionario, con una devaluación que impacte en nuevas subas de los servicios (altamente dolarizados) y una inflación que empuje a nuevas devaluaciones. Todo esto mientras los salarios, jubilaciones e ingresos populares continúan pisados por el gobierno nacional, con la negativa a homologar aumentos que superen la pauta oficial y el virtual congelamiento de los haberes previsionales. 

 El gobierno nacional evitó durante todo 2025 actualizar la metodología de cálculo de la inflación con el propósito de subestimar los efectos de su política económica contra los trabajadores, de cara a las elecciones de medio término, con principal hincapié en el aumento y la liberalización de precios y tarifas en los servicios que consume la población. 

 Esto se da en un cuadro donde la devaluación avanza de la mano de una fuerte demanda de dólares y la intervención del Tesoro que viene de vender unos 200 millones de dólares para evitar un mayor impacto devaluatorio, con un gobierno con vencimientos de deuda sin cubrir en el horizonte cercano y proyecciones de “acumulación de reservas” poco realistas. 

 Con estas medidas, desde el gobierno apuntan a profundizar el ajuste sobre los trabajadores, con más recortes en salud, educación y jubilaciones, y con el cepo a las paritarias y los salarios del cual es cómplice la burocracia sindical entreguista, que ahora busca sentarse a negociar la reforma laboral antiobrera. 

 Los trabajadores debemos organizarnos para romper con esta orientación y terminar con los salarios que no superan la línea de pobreza y las jubilaciones que se encuentran en niveles de indigencia. Una lucha por las reivindicaciones inmediatas de la mano de una pelea más general por derrotar la reforma laboral del gobierno, que busca devolver a los trabajadores a la esclavitud, y el paquete de medidas y leyes fiscales y de diversa índole que impulsa el gobierno en defensa de los capitalistas.

 Marcelo Mache

Información del Gobierno Revolucionario sobre combatientes caídos en cumplimiento de su deber

Después del ataque militar Trump anuncia que convierte a Venezuela en un Protectorado

¿Se derrumba el bloque ‘bolivariano’?

 En la madrugada de este sábado, el comando Sur bombardeó diferentes puntos de Caracas y otras zonas del país y secuestró a Nicolás Maduro y a su esposa sin la necesidad de disparar un solo tiro. No hubo sirenas de alarmas, ni misiles interceptores; no se activaron los S-300, provistos hace más de una década por Moscú, ni los sistemas electrónicos. Trump calificó al ataque, avisado desde hace más de un mes, como “audaz y exuberante”. Una semana antes, la flota aérea norteamericana había anunciado el ataque a un puerto, sin dar mayores detalles, ni de parte de Estados Unidos ni del gobierno venezolano. Antes del cerco a Venezuela instalado en el Caribe, Richard Grenell, enviado de Trump a Caracas, había obtenido del gobierno venezolano la entrega de todos los recursos mineros del país a cambio de un diferimiento de las hostilidades. El acuerdo fue bloqueado por Marco Rubio, el secretario de Estado y de Seguridad (un gusano de origen cubano), que exigió ‘la cabeza‘ de Maduro. Esto ha sido exactamente lo que ha obtenido Trump luego del secuestro del presidente y su esposa en la madrugada del 3 de enero. 

 En una conferencia de prensa, a las 13.30 horas del mismo sábado, Trump sacó a relucir sus cartas, que pueden ser tan reales como ficticias. Anunció que el gobierno de Estados Unidos pasaba a hacerse cargo de una ‘transición’ política bajo el gobierno oficial de Venezuela, ahora encabezado por Delcy Rodríguez, hermana del presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. Para eliminar toda suerte de dudas, o para sembrar toda clase de ellas, desechó la posibilidad de un gobierno de la ultraderechista María Corina Machado, o de su representante González Urrutia, supuesto ganador de las elecciones presidenciales de 2024. Aseguró que la derecha no tenía “condiciones para manejar el timón del estado”, sin atravesar antes por una “transición” orientada por Estados Unidos mediante asesores designados. Mientras Trump hacía estas declaraciones incuestionablemente extraordinarias, el canal Telesur reportaba a ciudadanos que reclamaban la devolución del matrimonio Maduro y el cese del cerco imperialista. El mismo canal, en ese mismo horario, transmitía un acto público en La Habana, en el que el presidente de Cuba, Díaz Canel, hacía los mismos reclamos que se escuchaban desde Caracas. Tarek William Saab, el Fiscal General de Venezuela, afirmó que Maduro se encuentra “secuestrado” y responsabilizó directamente a Estados Unidos de su seguridad y de su vida. Pidió un pronunciamiento de la Organización de las Naciones Unidas. Diversos miembros del gobierno, como Diosdado Cabello o el Gobernador de Lara, han llamado a la movilización. En la conferencia de prensa, Trump declaró que Marco Rubio ya está discutiendo la “transición” con la vicepresidenta Darcy Rodríguez, quien no figura en la lista de “buscados”. Se cumpliría así la exigencia original de Marco Rubio: acaparar todas las riquezas; decapitar a Maduro; convertir a Venezuela en Protectorado.

 En estos escenarios contrastantes y confusiones aparentes hay, sin embargo, algo muy claro: si el alto mando militar bolivariano se apresta a resistir el ataque norteamericano, al menos por medio de una guerra irregular cuyos preparativos no se han visto, tendremos por delante una guerra abierta, un derrumbe del llamado “sistema interamericano” y una crisis en el Capitolio, en Washington, en un año electoral plagado de choques sociales. De lo contrario el mundo asistirá a la capitulación más grande de la historia: un terremoto para el pseudoprogresismo liberal. Una tercera variante, sería el estallido de una fractura en el alto mando militar de Venezuela. En la “transición” prevista por Trump, agentes o emisarios del magnate norteamericano se encargarían de mantener los abastecimientos y la ‘estabilidad’ del mercado petrolero, al convertirse en el mayor “estado” petrolero del mundo. Asegurará a China la continuación de la provisión del crudo venezolano, que representa el 8 % de sus importaciones de petróleo, con la ambición de extorsionar a China en el comercio de tierras raras. Trump, en la conferencia de prensa, fue menos condescendiente con Putin, al que adjudicó la responsabilidad compartida por las muertes en Ucrania. La guerra mundial se libra en toda una serie de tableros a costa del conjunto de la humanidad.

 La conversión de Venezuela en un protectorado de Estados Unidos representa, políticamente, una diferencia de grado con la ocupación militar. Esto significa que potencia la crisis política mundial sin haber resuelto la cuestión de fondo: un gobierno nacional para Venezuela. El cálculo internacional del imperialismo norteamericano tiene otras variantes rodando, como la ‘recuperación’ de los puertos de ingreso-salida del canal de Panamá, que sigue en manos de una empresa de Hong Kong, o sea de China, que ha vetado la venta a un consorcio liderado por el grupo financiero BlackRock. La otra no se encuentra mucho más lejos: Groenlandia, más importante incluso que Venezuela ahora que el calentamiento global la ha convertido en más accesible a la explotación minera. En resumen, la “transición” será muy larga, y lo será también el comienzo de ella. 

 Trump anuncia una “transición” que tiene más visos de anarquía que de estrategia. Los politólogos denuncian que el éxito que tiene Estados Unidos con sus invasiones, lo pierde cuando tiene que gobernar al país invadido. Ahora se ha empeñado en una guerra contra los gobiernos “narcoterroristas” con el propósito de convertirlos en protectorados que permitan la confiscación de sus recursos básicos y materias primas. La Justicia de Estados Unidos podría encontrar varias dificultades para condenar a Maduro por esos cargos, con el riesgo de convertir el bandidaje internacional de Trump en un juicio político, precisamente contra Trump. Las contradicciones del constitucionalismo también existen. Estados Unidos celebra en 2026 el 250 aniversario de su existencia constitucional, en un marco de destrucción masiva del llamado ‘estado de derecho’. 

 Javier Milei ha celebrado el secuestro de Maduro, como lo ha hecho hasta ahora con las ejecuciones extrajudiciales de los botes pesqueros en el Caribe. Milei es un hijo putativo de la reacción imperialista. Pretende reforzar el bandidaje de Trump mediante la supresión por decreto de los derechos constitucionales en Argentina. Milei ha declarado la guerra a la libertad política y pretende convertir a Argentina en un Protectorado del JP Morgan, del Tesoro norteamericano y del Comando Sur del Pentágono. El principal enemigo se encuentra en nuestro propio país. El estado de movilización debe ser total, para que el 8 de Marzo y el 24 de Marzo, en el 50 aniversario del golpe genocida, dos millones de manifestantes copemos todas las capitales y ciudades de Argentina. 

 Jorge Altamira 

 03/01/2026

Los liberticidas transforman a la SIDE en un grupo de tareas

Milei parió un Estado policial. 

 Por DNU 941/2025, rubricado por Milei y su gabinete, el 31 de diciembre el gobierno liberticida modificó la Ley de Inteligencia (25.520), que por un lado centraliza el Sistema de inteligencia Nacional (SIN) y por el otro introduce reformas en la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), extendiendo la injerencia y las facultades de los espías comandados por Santiago Caputo, que ha ido cultivando estrechas relaciones con el trumpismo y la derecha continental. En la lucha de camarillas libertaria, Karina Milei se hizo de la Agencia de Ciberseguridad, que estará bajo la órbita de la jefatura de Gabinete, o sea, de Manuel Adorni. Así se da de baja a la Agencia Federal de Ciberseguridad para dar paso a la creación del Centro Nacional de Ciberseguridad, organismo descentralizado que dependerá de la Secretaria de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

 Si bien Caputo cedió la Agencia de Ciberseguridad, al frente seguirá estando un hombre de su confianza, Darío Genua, lo que presagia nuevos enfrentamientos entre el asesor presidencial y Karina Milei, que a partir de ahora tendrá bajo su égida el manejo de los troles libertarios y el ciberpatrullaje en las redes sociales. 

 Las reformas introducidas en la SIDE surgen de la caracterización de los liberticidas de que “en los últimos años, el sistema de inteligencia acumuló funciones superpuestas, estructuras sobredimensionadas, dificultades para integrar información relevante dispersa en distintos organismos y zonas de incertidumbre normativa sobre el alcance real de las tareas de inteligencia nacional.” (Infobae 2/1) Estamos en presencia de una centralización de tareas para espiar, perseguir y coaccionar, en síntesis, un Estado policial, que los liberticidas lo presentan como “un sistema más cohesionado, en el que la producción de inteligencia estratégica se base en información integrada, oportuna y verificable.” (Infobae 2/1) 

 El DNU publicado en el Boletín Oficial introduce cambios sustanciales en la Ley de Inteligencia Nacional, que concretamente le da más poder a la SIDE libertaria presidida por Cristian Auguadra. Los cambios introducidos ponen a la SIDE en el vértice del Sistema de Inteligencia Nacional (SIN), es decir que tendrá bajo su control la conducción directa de la planificación estratégica, la coordinación interinstitucional y la producción de inteligencia nacional. A su vez se le da a la SIDE mayor discrecionalidad en el manejo de los fondos reservados y los espías tendrán una mayor capacidad de acción, como por ejemplo detener a personas en flagrancia sin la necesidad de contar con una orden judicial, dando aviso a la policía, obviando la intervención de la Justicia y las operaciones en las que estén embarcados los agentes de inteligencia tendrán el carácter de encubiertas, sin dar mayores precisiones sobre estas tareas. Básicamente se convierte a los servicios de inteligencia en una especie de “policía secreta”, transformando a la SIDE en un aparato parapolicial. Para cumplir con estos objetivos, la SIDE controlará el presupuesto del SIN, dejando, de esta manera, sin autonomía a otras áreas. A partir de ahora, por poner un ejemplo, el Director General de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto, que coordina la inteligencia de todas las Fuerzas Armadas, se encontrará supeditado a la SIDE, es decir a Santiago Caputo. 

 Con la SIDE en la cúspide de la inteligencia y contrainteligencia, el decreto redefine el organigrama del SIN, que ahora estará integrado por el Servicio de Inteligencia Argentino (SIA), la Agencia Nacional de Contrainteligencia (ANC), la Agencia Federal de Ciberinteligencia (AFC), la Inspectoría General de Inteligencia (IGI), la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal y la Dirección General de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas

 La ley también establece que la SIDE esté al mando de coordinar las relaciones con la inteligencia de otros Estados, en especial con la CIA y el MOSSAD, que están metidos hasta los tuétanos en la inteligencia argentina, y centralizar sistemáticamente la información que surjan de las diferentes áreas para que sean monitoreados por el presidente de la Nación. 

 Otra de las modificaciones sustanciales es la disolución de la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar, que dependía del Ministerio de Defensa. Según los considerandos del DNU, su existencia generaba superposición de funciones y una estructura sobredimensionada respecto de la Dirección General de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto. Desde ahora, será este último organismo el encargado de la producción de Inteligencia Estratégica Militar, con una doble responsabilidad informativa hacia el Ministro de Defensa y el Jefe del Estado Mayor Conjunto. (U24 2/1) 

 De la lectura del DNU se desprende la creación de la Comunidad de Inteligencia Nacional (CITN) y la Comunidad Informativa Nacional (CIFN), que operarán de manera coordinada, garantizando que la información circule de forma ordenada, verificable y centralizada dentro de los márgenes del Estado. La primera estará integrada por el Sistema de Inteligencia Nacional, las áreas de inteligencia de las Fuerzas Armadas y de las de seguridad federales, y se suma a este entramado a la Unidad de Información Financiera. Por su parte, la segunda integra a entes del Sector Público Nacional como Migraciones, Renaper, Aduana, Cancillería que van a aportar “información relevante para la inteligencia estratégica”, de esta manera la SIDE se hace de una base de datos impresionante, que serán utilizados de manera discrecional para coaccionar a la población.

 En mayo de 2025 se filtró el Plan de Inteligencia Nacional (PIN) en el que los libertarios fijaron los ámbitos de acción de la SIDE, que en principio eran comunes a los elaborados por gobiernos anteriores, como la lucha contra el terrorismo, el crimen organizado y el resguardo de los intereses argentinos del Atlántico Sur y la Antártida. Pero, a su vez, el PIN libertario planteó nuevas directrices orientadas a monitorear la manipulación de la percepción pública y, ante esto, la posibilidad de llevar adelante un espionaje interno contra periodistas, economistas, académicos, activistas, organizaciones sociales y todo aquel que ose criticar la investidura presidencial y, sobre todo, su plan económico. El gobierno busca neutralizar las críticas sobre el delicado sendero económico por el cual transitan Milei y Caputo, su talón de Aquiles. En este sentido, la SIDE tendrá vía libre para realizar espionaje y perseguir a todos aquellos “que generen o puedan generar una ‘pérdida de confianza’ en las ‘políticas económicas’ del Gobierno, sin tampoco precisar quiénes podrían quedar bajo la lupa” (La Nación 25/5). 

 Mientras el gobierno intenta eludir el debate parlamentario inmediato, desde la oposición, organismos de derechos humanos y abogados constitucionalistas salieron a rechazar por inconstitucional la reforma de la Ley de Inteligencia. El abogado constitucionalista Daniel Sabsay a través de su cuenta de X señalo que el DNU “Concede facultades extraordinarias al presidente, entre otras aberraciones, un funcionario podrá detener a personas en la vía pública” y que representa una “violación fragante de la división de poderes” en tanto “toda reforma de este tipo debe pasar por el Congreso.” Desde el CELS cuestionan que el DNU habilita la intervención de las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad interna y los consideran como “un retroceso histórico respecto de los acuerdos políticos de las últimas décadas dirigidos a fortalecer la conducción civil de las FF.AA. y a sostener la separación entre Defensa Nacional y Seguridad Interior, para evitar que los militares vuelvan a intervenir ante hipótesis de conflicto interno”. La discusión ahora se trasladará al plano institucional. La Comisión Bicameral de Inteligencia prevé solicitar informes al Poder Ejecutivo “para conocer el alcance real de la reforma y evaluar su legalidad.” (Aire Digital 2/1)

 El gobierno a lo largo de dos años de ejercicio vino asfaltando el camino para instalar un Estado policial a través de diferentes iniciativas como la creación del Centro Nacional Antiterrorista (CNA), la puesta en pie del Departamento Federal de Investigación (DFI), la reforma Ley de Seguridad Interior que habilita la inserción de las Fuerzas Armadas en la represión interna, el protocolo antipiquetes, los perfilamientos en las movilizaciones y el aval del gatillo fácil. 

 Cuando asistimos a la agresión imperialista sobre Venezuela, a través de bombardeos, que tuvo como correlato la captura de Nicolás Maduro, la iniciativa fascistizante del gobierno nacional se enrola en la puesta en pie de un Estado policiaco que tiene como estrategia asestarle una derrota de características históricas a la clase obrera y reforzar el alineamiento geopolítico de la Argentina con la internacional fascista. Es con esta perspectiva que le dan superfacultades a la SIDE, que, a partir de ahora, está habilitada a juntar información de quienes busquen "desestabilizar" al gobierno y "socaven" la confianza de la opinión pública sobre funcionarios. Básicamente, todo aquel que realice críticas o lleve adelante acciones contra las políticas del gobierno y sus consecuencias, está sujeto a quedar bajo el espionaje y la coacción de la SIDE libertaria. La ampliación del aparato represivo y de inteligencia, la restricción de libertades democráticas y la persecución de los activistas y luchadores son el complemento de fuerza para hacer pasar un brutal plan de ajuste contra la clase trabajadora. La lucha contra el Estado policial no va a salir de la rosca de los partidos burgueses en el Parlamento o fuera de él. Es necesario plantear la apertura y desclasificación de los archivos en manos de los aparatos represivos y de inteligencia del Estado y su consecuente desmantelamiento. 

 Lucas Giannetti 

 03/01/2026

El artero ataque yanki contra Venezuela y el secuestro del presidente Nicolás Maduro y su esposa

Declaración del gobierno revolucionario

Estados Unidos bombardeó Venezuela #atilioboron

Trump se jacta del ataque a Venezuela y confirma sus ambiciones petroleras

El presidente de EE.UU., Donald Trump, señaló este sábado que será Washington el que dirija la política en Venezuela hasta que la Casa Blanca considere puedan «hacer una transición segura». 

 Las palabras de Trump fueron ofrecidas en una rueda de prensa desde la Casa Blanca, luego que en horas de la madrugada el propio mandatario estadounidense confirmara una serie de bombardeos contra Venezuela y el secuestro del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, y de su esposa, Cilia Flores.

 «Queremos paz, libertad y justicia para el gran pueblo de Venezuela, y eso incluye a muchos venezolanos que ahora viven en EE.UU. y quieren regresar a su país como su patria. No podemos arriesgarnos a que alguien más tome el control de Venezuela», expresó Trump, quien agregó que su Gobierno no va «a permitir que eso suceda». 

 «Ya llegamos (…) y nos quedaremos hasta que se produzca la transición adecuada. Así que nos quedaremos hasta que, en esencia, podamos ejecutarlo, hasta que se produzca una transición adecuada», resaltó Trump en compañía del secretario de Estado, Marco Rubio, entre otros altos funcionarios de su administración. «Gigantescas compañías petroleras estadounidenses» entrarán en Venezuela. 

 Durante su discurso, Trump señaló que a partir del control político que asegura ejecutará en Venezuela, se dará paso a que las «gigantescas compañías petroleras estadounidenses» entren a explotar los recursos energéticos venezolanos. 

 «Como todos saben, el negocio petrolero en Venezuela ha sido un fracaso. Un fracaso total durante mucho tiempo. No estaban extrayendo casi nada en comparación con lo que podrían haber estado extrayendo y lo que podría haber ocurrido. Vamos a tener a nuestras gigantescas compañías petroleras estadounidenses. Las más grandes del mundo. Entrar, gastar miles de millones de dólares, arreglar la infraestructura que está muy dañada», dijo. 

 Cubadebate

Dimensiones del Reglamento de 1815

Cuando conmemoramos un nuevo natalicio de José Artigas y estamos en el año del 210 aniversario del Reglamento de Tierras, reproducimos estas reflexiones de la profesora María Luisa Battegazzore. 

 (…) Luego de conformados los Estados nacionales, la tierra se confundió con el territorio de la nación y el control sobre la misma se convirtió en una cuestión de soberanía, un problema al que ya atiende Artigas pues, aunque apreciaba la necesidad del comercio y las relaciones con Inglaterra, busca defender la independencia también frente a la gran potencia imperialista de la época a través de un tratado, si bien algo marginal, y de un reglamento comercial de orientación proteccionista. 

 Por lo tanto, regular la tenencia de la tierra otorgando títulos de propiedad, como hace Artigas, tiene un significado jurídico, político, económico y social. Es justo decir que el Reglamento de 1815 busca establecer o consolidar una propiedad de nuevo tipo, el modo de propiedad capitalista, algo revolucionario en ese contexto histórico-social.

 El Reglamento se preocupa asimismo por limitar la extensión de esas propiedades territoriales, en consonancia con las ideas de la ilustración española. Lo limita directamente, estableciendo la extensión de las donaciones e indirectamente, prohibiendo su enajenación o hipoteca hasta “el arreglo formal de la provincia en que ella deliberará lo conveniente”. (…) 

 Conceder la tierra en propiedad tenía un significado social y económico: por un lado, estimulaba una explotación racional del ganado, la diversificación productiva y la introducción de mejoras, pues el poblador tendría garantizada la estabilidad de su tenencia y el disfrute de sus trabajos e inversiones. Era, por consiguiente, un elemento esencial para el “fomento de la campaña” y también para el “ordenamiento y seguridad” de la misma. Por otro, significaba una transformación profunda de las relaciones sociales, con la creación de una amplia capa de campesinos o productores rurales independientes: “hombres libres en una tierra libre”.

 Finalmente, tenía un sentido político-militar: el régimen de tenencia de la tierra permitía o impedía el contralor sobre el territorio y la defensa de las fronteras, que sólo podía asegurarse mediante la fundación de poblaciones y la colonización agraria de un vasto territorio despoblado. Cada colono se convertiría en un soldado, más aún bajo el artiguismo cuyo ejército era, efectivamente, según la hermosa expresión de Agustín Beraza, “el pueblo reunido y armado”. 

 Tierra y revolución (…)

 El criterio político está claramente expresado en una carta de Artigas a su pariente, Antonio Pereira, en octubre de 1815. “Alguna diferencia debe ponerse entre los servidores de la patria, a los que no han hecho más que multiplicar nuestros trabajos. Si de este modo quedan impunes los delitos se continuará la osadía de refinarse la obstinación de los enemigos. Cuando no la paguen sus personas, la sufrirán sus intereses y ellos servirán de castigo a sus crímenes”. 

 Por supuesto que además de castigar a los enemigos –en forma ejemplarizante que, por lo menos, neutralizara a los indecisos- la revolución debía premiar a los que habían combatido y sufrido por la causa, ganar adhesiones, estimular el compromiso. El que hubiera recibido su tierra de la revolución sabía que su posesión sólo estaría asegurada por el triunfo y la consolidación de la misma. 

 Este es el primer y más obvio sentido político del Reglamento, que poco tiene que ver con venganzas o revanchas. Los “malos europeos y peores americanos” a los que se refiere eran los emigrados a España, Portugal o Buenos Aires, enemigos declarados del “sistema de libertad”, para usar los términos de Andresito. Aunque los terrenos que se declaran repartibles son los de los “malos europeos y peores americanos”, los art. 13 y 14 afectaban a algunos personajes influyentes, incluso miembros del Cabildo en 1815 – 1816 y oficiales artiguistas, amigos de la revolución y a otros más o menos neutrales. Esto aclara lo que podríamos titular como “el misterio de una nota al pie”.

 En su ingente investigación Lucía Sala, Julio Rodríguez y Nelson De la Torre recolectaron además del texto original del Reglamento, único que ostenta la firma de Artigas, varias copias del mismo, autenticadas o no. En una de ellas, que no está firmada ni autenticada, se agrega al pie una enmienda que luego fue reproducida acríticamente en sucesivos estudios históricos. Ese agregado, cuyo origen se desconoce pero que tendría gran importancia en los conflictos por tierras, entonces y en la época independiente, dice: “NOTA: Al artículo 13 se le añade la cláusula siguiente; no se comprenderán en dho. artículo los Patriotas acrehedores a esta Gracia”. (…)

 Qué, cuánto y a quiénes 

 El meollo del problema, lo que define el carácter del movimiento revolucionario, radica en qué se hace con la tierra, a quién o quiénes se la entrega y en qué condiciones se accede a ella, que viene a ser la misma cosa. (…) 

 El más significativo elemento diferencial del Reglamento de 1815 es que la tierra se entregaba en moderada extensión y gratuitamente, sin más exigencia que poblarla y trabajarla. Y que, con la tierra se repartían ganados, lo que ampliaba aún más el espectro de los posibles beneficiarios, haciendo que no fuera mero discurso la famosa expresión de que los más infelices fueran los más privilegiados.

 La enumeración de los “más infelices” era insólita en una sociedad basada en la lógica de las jerarquías, como fue la colonia y también el Uruguay independiente. Basta recordar las exclusiones que estableció la Constitución de 1830 para el ejercicio de la ciudadanía. La revolución era el “mundo dado vuelta”.

 El Reglamento de 1815 se guió por un criterio no sólo político sino también económico-social. 

 “Lo que importa en la revolución agraria artiguista es ante todo el enlace orgánico inextricable entre una política de principios revolucionaria y radical sobre la tierra y una práctica consecuente, también radical y revolucionaria. (…) Definida la primera cuestión, si el ‘arreglo de los campos’ se resolvía en mera política de policía rural o de asentamiento de los paisanos en la tierra, el curso de los hechos se enderezó hacia una política de libre acceso a la tierra. (…) Y este fenómeno, cada vez más radical, fue también el que apreciaron los hacendados del bando patriota que desertaron de la revolución y entregaron la patria al invasor extranjero. Pero lo que hace significativo además el modo artiguista de solución del viejo problema de ‘arreglo de los campos’ (…) deviene de la honda transformación que esta política agraria imprimía en las relaciones sociales y en el consiguiente modo de producción. (…)

 En el caso que nos ocupa deberíamos decir esclavos y libertos, criollos pobres, intrusos en terrenos ajenos, “hombres sueltos”, indígenas, todos los que se enumeran como los “más infelices”. 

 La revolución artiguista entronca en la línea democrática de la revolución hispanoamericana, con las derrotadas revoluciones campesinas de Hidalgo y Morelos en México, con los tardíos movimientos independentistas que encarnan Betances y Martí que, en cierta forma, enlazan la revolución emancipadora del siglo XIX con la gran revolución mexicana del XX. 

 En nuestra América, desde la revolución de independencia hasta hoy, hay tres coordenadas fundamentales en las luchas populares: la liberación nacional (no necesariamente entendida en el estrecho marco del Estado-nación), la democratización, no sólo formal sino con un fuerte contenido social, y la lucha por la tierra, que es según Mariátegui, el problema cardinal al que se encadenan los demás. “El régimen de propiedad de la tierra determina el régimen político y administrativo de toda nación. El problema agrario (…) domina todos los problemas de la nuestra. En lo que concierne al problema indígena, la subordinación al problema de la tierra resulta más absoluta aún…”. 

 Por eso entendemos acertado el análisis de Barrán que explica la capacidad del artiguismo –pensado en términos de la Liga Federal- para resistir por cuatro años luchando en dos frentes: enfrentando a Buenos Aires y a la invasión portuguesa, a pesar de las deserciones y traiciones en su seno. 

 La defensa de la revolución agraria y republicana, de las autonomías provinciales constituía una “voluntad general” de la que Artigas era abanderado e intérprete. “El Artigas verdadero es el conductor y el conducido”.

 Profesora María Luisa Battegazzore, vicepresidenta de la Fundación Rodney Arismendi. 

 Extracto de la nota “El Artiguismo tierra y libertad”

El Popular, junio 21, 2025

Felipe Seade, un comunista

La edición 2025 del Día del Patrimonio (ya convertido en fin de semana) tuvo como marco la conmemoración de los “dos siglos de los hechos de 1825 que dieron inicio a un nuevo proceso de lucha por la libertad y la independencia de la Provincia Oriental”. 

 La Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación del Ministerio de Educación y Cultura invitó “evocar aquellos episodios históricos, brindando una visión desde el siglo XXI que recupere presencias y protagonismos de hombres y mujeres de distinta condición social, étnica y cultural. También es una oportunidad para contemplar el proceso de construcción de identidades, analizando y recordando las formas de celebraciones oficiales y populares, los sitios emblemáticos, el nomenclátor y la toponimia del territorio, los monumentos, las representaciones artísticas recordatorias, los textos escolares, entre otras expresiones culturales desarrolladas a lo largo de la historia del país en toda su diversidad”. 

 La imagen elegida para convocar a las actividades estuvo inspirada en el mural que el pintor Felipe Seade (Antofagasta, Chile, 1912-Montevideo, Uruguay, 1969) realizara en el Liceo Departamental de Florida (hoy Liceo N°2) y que se denominó “Marcha del pueblo hacia la Piedra Alta”. 

 En ese gigantesco mural de 20 x 5 metros, el pintor reflejó no a los próceres, sino al pueblo marchando hacia la Piedra Alta (como indica el título del mural) a respaldar la declaratoria de la Asamblea, a través de ochenta figuras humanas al natural. Los modelos para estas figuras fueron las alumnas y alumnos del Liceo, sus familias, las vecinas y vecinos. Gente de todos los grupos sociales, de todas las etnias, de todas las edades. 

 Y es que Seade creía que había que devolverle la historia al pueblo y que había que hacerlo a lo grande, en los muros. El maestro se enamoró del mural desde muy joven, asistiendo primero al pintor Guillermo Rodríguez, en el Círculo de Bellas Artes y luego con la llegada al Uruguay en 1933 del maravilloso muralista mexicano David Alfaro Siqueiros. 

 En el Liceo Departamental de Colonia (hoy Casa de la Cultura), el pintor ya había hecho un mural denominado “Alegoría del trabajo”, en el que se presenta el trabajo industrial, el agrícola, la ciencia y la educación, reflejados en la gente que se dedica al mismo y mostrando su temprana preocupación por la temática social. 

 Pero Seade asumía estas temáticas y creía en esas cosas porque era comunista y creía, entonces, en la función social y política del arte para transformar la sociedad, pero además en el imperativo histórico que tenían los artistas en una época “cuando todos los días cae la gente, en el mundo, como racimos”. 

 Fue docente en Secundaria, en Montevideo y en el interior, en el recién creado Instituto de Profesores Artigas (IPA) y en la Escuela de Bellas Artes (hoy Facultad de Artes de la Universidad de la República) y en esos espacios académicos formó a decenas de las y los más destacados artistas plásticos de nuestro país, pero siempre fue silenciado por las élites culturales, que lo consideraban un peligro. 

 Fue miembro activo de la AIAPE (Agrupación de Intelectuales, Artistas, Profesionales y Escritores en defensa de la Cultura), que pregonaba la “defensa efectiva de la cultura y por eso se exterioriza nuestro pensamiento con un ataque a la tendencia que consideramos en este momento como más peligrosa y más contraria al progreso espiritual de la humanidad: el fascismo”. 

 Seade fue ilustrador de la revista que editaba esa Agrupación, participó en los salones de arte en el que se subastaban piezas en solidaridad con la agredida República Española y su firma también figura junto a otros muy destacados representantes de la cultura en Uruguay en la creación del Instituto Cultural Uruguayo Soviético (ICUS) en noviembre de 1945. 

 Fue ilustrador de la revista Mundo Uruguayo junto a importantísimos artistas de la época entre los que se destacó Julio Suárez (Peloduro, también comunista) y realizó diversos murales en colaboración con distintos arquitectos, entre ellos uno muy importante en una residencia diseñada por el arquitecto Fresnedo Siri.

 Su obra fue directamente censurada durante la dictadura fascista que asoló al país entre 1973 y 1985 (el mural de Colonia fue ocultado con armarios y el de Florida fue tapado por un lambriz) y –en general- ha sido poco difundido entre las generaciones más jóvenes con excepciones como la exposición que se realizó a la salida de la dictadura en la Intendencia de Montevideo y en la Galería Ejido, así como algunas exposiciones colectivas de artistas uruguayos en el Museo Blanes y en el Museo Nacional de Artes Visuales. 

 Para quienes descendemos de Seade (sus hijas e hijo, sus nietas y nietos, bisnietas y bisnietos) es enorme el reconocimiento que cuando se conmemoran nada menos que los doscientos años de nuestra independencia, la imagen elegida esté inspirada en un mural de Felipe. 

 Para las comunistas y los comunistas uruguayos, particularmente quienes desarrollan su actividad en la cultura y la educación, es también un inmenso honor, pero es además un recordatorio de la importancia de la memoria y de la resistencia, de la convicción respecto del valor de nuestra tarea, sea cual sea el lugar y el tiempo en el que nos toque estar. 

 “Para mí, el problema es bien claro y bien simple. 

 En efecto –y hablo, sobre todo, para los compañeros jóvenes- lo importante no es cómo, sino qué pintamos. 

 Digámoslo crudamente. Nuestra generación debe meterse de lleno en el drama humano, porque lejos de la opereta y la llorosa ópera italiana, nosotros nacimos en una época de bombas y cañonazos, y no podemos estar engañando al público con fotografías iluminadas y paisajes servidos ahí, en plato, como un postre. 

 Fieles, entonces, a nuestro destino y a nuestra misión, tenemos que despreciar y atacar no ya sólo a la técnica impresionista, sino a todo ese sentir impresionista y externo de las vibraciones lumínicas, de los tonos de crepúsculo y los almendros en flor. 

 Mírese, si no, que cosa extraña. Todos esos pintores de caballete, que vuelven de Europa, hablando a más no poder, de las grandes tradiciones –de los egipcios, de los griegos, de los renacentistas y de los góticos- una vez con los pinceles en la mano, no saben hacer otra cosa que una pintura intimista o “naturalezas muertas”. ¡Y bueno! A esos señores hay que recordarles, precisamente, que en ninguna época el arte verdadero tuvo como base, una cosa tan anémica y “chica”, sino que, por el contrario, siempre se metió en el pueblo, y expresó el problema humano, con todas sus tragedias y todas sus alegrías. 

 Por consiguiente, ¿qué es lo que debemos pintar nosotros? ¿Cuál es el tema nacional? ¿El gaucho? No. ¿El fútbol? Tampoco. ¿Y entonces? La historia, señores. No hay levante. Tenemos que pintar la historia –la nuestra- y en el muro: ¡a lo grande! Olvidando a Europa, y empezando por ser más modestos: la técnica vendrá, después, sola. 

 Darle, pues, al pueblo, su historia. Y los que no quieran entender esto, los que no tengan fe, que rompan los pinceles y se hagan bailarines.

 FELIPE SEADE”

 (Extraído de la entrevista realizada por el periodista Carlos Pasos en la revista Mundo Uruguayo N° 1.131, 26 de diciembre de 1940) 

 Pablo Siris Seade

 El Popular, octubre 8, 2025

Díaz-Canel ante la agresión a Venezuela: "A cerrar filas, pueblos de América"

Abajo la agresión norteamericana contra Venezuela

El ataque militar de Estados Unidos contra Venezuela y el secuestro de Maduro representa un salto enorme en la intervención imperialista en América latina. Se trata de la puesta en práctica del “Corolario Trump” a la “doctrina Monroe”, en consonancia con la Estrategia de Seguridad Nacional que viene de publicar el gobierno estadounidense para reforzar a América Latina como su “patio trasero”.

 Denunciamos la impostura de las banderas utilizadas por los yanquis de “defensa de la democracia y los derechos humanos“. La experiencia histórica deja una lección central: las intervenciones imperialistas no liberan a los pueblos sino que profundizan su sometimiento, el descalabro económico y social, y abren ciclos prolongados de violencia, saqueo y dependencia. Los pueblos pagan el precio.

 Explosiones y vuelos de aeronaves militares fueron reportados en varias zonas de Caracas, así como en los estados de Miranda, Aragua y La Guaira, generando caos y cortes de energía en partes de la ciudad. Si bien se habla que el ataque se ha centrado sobre objetivos militares (como Fuerte Tiuna y La Carlota, donde hay bases venezolanas) es necesario destacar que se trata de zonas densamente pobladas con lo cual las consecuencias de la agresión pueden ser grandes, aunque todavía no hay información al respecto. Lo que sí se ha informado son las escenas de pánico entre la población que provocaron las explosiones y bombardeos. 

 El gobierno venezolano ha denunciado la agresión militar y la violación de la soberanía nacional, calificando el ataque de “imperialista” y apuntando a un intento de apoderarse de los recursos petroleros y minerales del país. Caracas ha prometido resistir a toda presencia extranjera dentro de su territorio. Se reporta que fuerzas armadas y milicias habrían sido movilizadas para defender posiciones clave. Habrá que ver en el curso de las próximas horas cuál es el alcance de la resistencia y la acción del régimen en respuesta a la agresión. 

 El operativo se sitúa en un contexto de meses de una escalada creciente de Washington y Caracas, caracterizado por acusaciones de narcotráfico, sanciones económicas y ataques a embarcaciones relacionados con el llamado “cartel de los Soles”, así como despliegues militares en el Caribe. La narrativa de Trump justificando la agresión fue cambiando en este periodo, desde el narcotráfico a la apropiación indebida del gobierno venezolano del petróleo. Está a la vista que el propósito fundamental apuntaba al derrocamiento de Maduro. 

 La prensa internacional destaca la falta de mandato del Congreso estadounidense para acciones bélicas de esta magnitud, y el uso de fuerza sin autorización internacional. Trump, como ya lo viene haciendo en otros actos de gobierno, no tiene el menor reparo en pasar por encima el estado de derecho de su país y las normas del derecho internacional. 

 El ataque a Venezuela recuerda a la invasión estadounidense de Panamá en 1989, cuando Washington intervino para deponer al general Manuel Noriega bajo el argumento oficial de combatir el narcotráfico y “restaurar la democracia”. El discurso de Washington, al igual que ahora, presentó al líder “enemigo” como un criminal (narcotraficante o terrorista) antes de justificar una intervención militar, lo que ha servido de patrón en la política exterior estadounidense. Vale también un paralelo histórico con la guerra de Irak, sobre todo en la forma en que se desarrolla la narrativa de agresión y justificación de la intervención con acusaciones que luego se revelaron fraguadas. 

 La agresión en curso no puede analizarse como un episodio aislado, sino que se inscribe en una escalada global en la que está embarcado Estados Unidos, dirigido a un rediseño integral del planeta a su medida y de acuerdo a sus necesidades. 

 El rechazo a la agresión imperialista no debe confundirse con el apoyo al gobierno de Maduro. Nuestro carácter opositor al régimen de Maduro no nos impide empeñarnos a fondo en la lucha y movilización dirigida enfrentar y derrotar este brutal ataque yanqui. La salida no va a venir jamás de la mano del imperialismo. Es necesaria como nunca la intervención independiente de la clase trabajadora y las masas populares en Venezuela, dirigida a poner fin a la dominación imperialista y abrir paso a una reorganización social integral que rompa con la dependencia, el saqueo y la miseria.

 La crisis abierta por el ataque estadounidense no anuncia estabilidad ni libertad. Anuncia, como tantas veces en la historia, una nueva fase de confrontación en la que se juega quién paga el costo de la crisis mundial del capitalismo.

 Denunciamos al gobierno de Javier Milei, quien salió a celebrar la agresión y la detención de Maduro alineándose con Washington, en una nueva muestra de sumisión a los dictados yanquis. 

 Llamamos a ganar las calles en Argentina, en América Latina y en todo el mundo. Hoy mismo, sábado 3 de enero, llamamos a sumarse a la concentración que se hará a las 15:00 frente a la embajada de Estados Unidos. Llamamos a emprender una gran movilización continental. 

 Abajo la agresión yanqui. Retiro de las tropas estadounidenses. Basta de bombardeos, bloqueo y represalias.

 Fuera el imperialismo de Venezuela y de América Latina. Ruptura de relaciones de Argentina con Estados Unidos. 

 Pablo Heller

Se detectan los primeros casos de la “súper gripe” H3N2 en Argentina

Los casos de Gripe H3N2, subclado K (una variante derivada del virus de influenza estacional tipo A, conocida como “súper gripe”) está causando estragos en Europa y Asia, y ya se anunciaron los primeros casos en Argentina. En España, las cifras actuales superan ampliamente las del año pasado y una tendencia similar se observa en Alemania, Francia, Italia y Reino Unido. En este último, las internaciones por Influenza alcanzaron niveles récord. Estados Unidos y Canadá registran también un aumento progresivo de detecciones del subclado K. En Estados Unidos, durante la semana que finalizó el 13 de diciembre, el porcentaje de personas que dieron positivo en pruebas de gripe aumentó 8,1%, mientras que 3,2% de las consultas médicas corresponden a enfermedades respiratorias. Este año la temporada gripal se adelantó, de acuerdo a información brindada por la Organización Mundial de la Salud (OMS, PAHO por sus siglas en inglés). En todos estos países, el subclado K se volvió predominante y su avance hace prever que la temporada podría extenderse incluso hasta la primavera.

 El panorama actual ya obligó a varios países a implementar estrategias reforzadas. Alemania, Francia, Italia, España, Canadá y Estados Unidos reorganizaron planteles y circuitos asistenciales, y reintrodujeron el uso de barbijos en hospitales y centros de salud. En Japón y el Reino Unido se emitieron recomendaciones específicas para residencias de larga estadía y familias con niños pequeños, dos entornos donde el virus suele propagarse rápidamente. Además, se detectaron casos en Costa Rica, Ecuador, Colombia, Bolivia, Perú, Chile, Brasil y Argentina.

 En nuestro país, los casos de subclado K ascienden a un total de cinco, hasta ahora. A mediados de diciembre, la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS) “Dr. Carlos G. Malbrán, notificó dos casos en Santa Cruz y uno en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y esta semana el Ministerio de Salud de Neuquén confirmó dos casos de Gripe H3N2 en la provincia. Las autoridades sanitarias aclararon en una conferencia de prensa que, al momento, “no hay circulación comunitaria”. 

 Al respecto, el Ministerio de Salud de la Nación advirtió que los cambios genéticos que presenta el subclado k se asocian a "una mayor transmisibilidad", lo que podría favorecer "un aumento en el número de casos y en las consultas al sistema de salud" y recomendó mantener las medidas de cuidado y completar los esquemas de vacunación (los niños de 6 a 24 meses, las embarazadas y puérperas, las personas de 2 a 64 años con factores de riesgo, los mayores de 65 años y el personal de salud y estratégico, que deben ser inmunizados una vez al año). A su vez, las autoridades sanitarias intentan anticipar la campaña de vacunación antigripal destinada a los grupos de riesgo. En 2025 la campaña de vacunación antigripal comenzó a fines de marzo. 

 El subtipo H3N2 K presenta modificaciones en su superficie viral que reducen parcialmente la capacidad del sistema inmune para reconocerlo, favoreciendo su transmisión en ambientes cerrados y poco ventilados durante los meses fríos. Los menores de 5 años, los adultos mayores y las personas con enfermedades crónicas aparecen como los grupos más afectados. 

 De acuerdo a la OMS, la combinación entre mayor transmisibilidad, la circulación simultánea de otros virus respiratorios y el movimiento poblacional invernal está ejerciendo una presión excepcional sobre los sistemas sanitarios. A esta dinámica se suma la circulación simultánea del virus sincicial respiratorio y del SARS-CoV-2, lo que dificulta los diagnósticos diferenciales e incrementa la demanda en guardias pediátricas, residencias de larga estadía y clínicas de adultos mayores. 

 El impacto de la “súper gripe” y la presión sobre el sistema de salud en Europa y Estados Unidos, ya nos alerta de lo que puede ocasionar en nuestro país. El sistema de salud que ya viene siendo desmantelado deberá hacerle frente al virus con un presupuesto que prevé un nuevo ajuste. 

 Daniela Magoc 

 30/12/2025

Bolivia: el proletariado minero es protagonista de la huelga general contra el gasolinazo de Paz

Enfrenta el ajuste fondomonetarista contra el pueblo.

 La Central Obrera Boliviana (COB) inició el lunes 22 de diciembre una huelga general por tiempo indefinido hasta que se derogue el Decreto Supremo 5503 dictado por el nuevo gobierno de Rodrigo Paz, que plantea un fuerte ataque a las condiciones de vida de las masas trabajadoras. 

 El epicentro de la huelga general convocada por la COB estuvo en la capital La Paz. Grandes columnas de millares de mineros, con sus cascos y herramientas, se movilizaron y cercaron todas las entradas a la Plaza Murillo, donde está la sede del gobierno nacional. 

 La policía apeló a todos los recursos para impedirlo: colocó vallas y barricadas en todas las arterias y desarrolló una feroz represión contra los mineros, que pelearon durante horas, volviendo varios días acompañados por otros sectores (docentes, fabriles). Se afirma que incluso algunos tiraron cartuchos de dinamita para detener la lluvia de gases y disparos de las fuerzas represivas. Hace rememorar jornadas históricas protagonizadas por el combativo proletariado minero boliviano. Todo el centro quedó cortado por la marcha minera. 

 Hubo también importantes manifestaciones en Cochabamba y otros distritos, y una veintena de cortes de ruta. 

 Contraofensiva del gobierno y la derecha 

Pero el gobierno, apoyado por el gran capital nacional e imperialista, lanzó una contraofensiva para quebrar el movimiento huelguístico. Estableció “mesas de diálogo” con los transportistas y las “cooperativas mineras”, e incluso con organizaciones de base barriales, para que no se plegaran al paro general. Ante la persistencia de las marchas mineras comenzó a organizar la presencia de sectores de la pequeña burguesía que fueran a increpar las columnas movilizadas, acusándolas de vivir a “costa del Estado” (sin mucho éxito todavía); y un amplio operativo de medios de prensa en contra de los mineros y sus movilizaciones. Con sus diferencias, una campaña reaccionaria parecida a la que se desarrolló en Argentina para denostar y atacar a los movimientos piqueteros. 

 Sin embargo la COB votó en un plenario realizado en la Navidad mantener las movilizaciones, y concurrir al “diálogo” con el gobierno planteando que solo levantará la lucha en curso si el gobierno deroga el decreto 5503. 

 Un ataque imperialista contra los trabajadores y la nación explotada

 Este decretazo no es solo un ataque al bolsillo de los trabajadores a través del “gasolinazo”, que quita los subsidios a los combustibles y aumento las naftas un 86% y el diésel 160%. Esta medida viene acompañada por un plan de entrega y remate de riquezas nacionales y de medidas a favor de los grandes empresarios.

 El gobierno que dice eliminar subsidios al consumo popular para ahorrar presupuesto ha borrado de un plumazo cuatro impuestos que se gravaban a los grandes capitalistas. Por ejemplo, eliminó un impuesto que gravaba (mínimamente) a menos de 300 de los grandes ricachones (en lugar de aumentarlo para reducir el déficit fiscal). Como compensación aumentó un 20% del salario de los trabajadores registrados (en blanco), algo totalmente insuficiente y que abarca solo al 15% de la mano de obra, porque el 85% restante es totalmente precarizado (esto ha sido producto de 20 años del gobierno del MAS, que mucho habló de “derechos” pero dejó que las patronales avanzaran con la precarización y el trabajo en negro). También anunció un aumento para los ancianos, que no cobran ningún tipo de jubilación o pensión. 

 La ofensiva contra el pueblo trabajador responde directamente a la presión del imperialismo yanqui y las cámaras empresarias. El decreto fue emitido pocos días después que visitara al gobierno de Rodrigo Paz una delegación con personeros de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional (DFC), el Banco de Exportación e Importación (EXIM), la Agencia de Comercio y Desarrollo (USTDA), el Departamento de Comercio y el Departamento de Estado yanqui.

 El gobierno impone un régimen de gestión denominado “fast track” (aprobación inmediata): si una inversión no se aprueba en 30 días se dará como automáticamente aprobada. Esto elimina, en particular para las inversiones mineras, todo estudio ambiental o consulta con las comunidades e incluso sin aprobación parlamentaria. También se otorga una “estabilidad” para los “inversionistas” en materia jurídica y tributaria de 15 años. Si el parlamento o un nuevo gobierno quieren modificar o anular un contrato leonino, no puede o corre el riesgo de que sea “arbitrado” y litigado en tribunales “internacionales”. 

 También se plantea un blanqueo de capitales (no tendrán que explicar el origen de los mismos) a una tasa 0 (cero) de impuestos. Un paraíso legal para las grandes mineras imperialistas (litio, tierras raras, etc.). 

 Para el 22 de marzo del 2026, en tres meses, están convocadas las elecciones subnacionales donde se elegirán gobernadores y concejales en todo el país. El gobierno y los partidos patronales están tratando de desactivar el desarrollo de la lucha en curso llevándola al terreno electoral. Pero en simultáneo ya están tomando medidas proscriptivas. El Tribunal Supremo Electoral está a punto de desconocer la personería del Morena (Movimiento de Renovación Nacional) que dirige la alcaldesa de El Alto, Eva Copa, importante referente del dividido MAS, y que habría hecho un acuerdo con Evo Pueblo, la lista de Evo Morales.

 La huelga general se debe organizar

 Planteamos en una nota anterior que no se trata solo de convocar a la huelga general sino que hay que organizarla, convocando asambleas fabriles, mineras, barriales, para constituir comandos de lucha que tomen las tareas de la misma (piquetes, manifestaciones, etc.) en sus manos. Reclamar y organizar plenarios sindicales y regionales para avanzar en la coordinación de las luchas, y enviar delegaciones a los plenarios de la COB, con planteos en tal sentido. 

 Más allá del resultado inmediato del desarrollo de la huelga general esta irrupción del proletariado minero es un alerta para el gobierno y la burguesía. Los trabajadores bolivianos no han dicho la última palabra. No cesarán, por supuesto, los “ajustes” contra el pueblo trabajador (cada seis meses se “revisarán” las tarifas, dijeron voceros gubernamentales) y se pondrá en marcha la entrega de las empresas estatales y riquezas naturales.

 Bolivia obrera y campesina esta conmovida. Debe pararse en forma independiente de las direcciones burguesas. La vanguardia obrera, campesina y estudiantil debe organizarse en su propio partido de clase. 

 Rafael Santos

Espionaje para todos: Milei refuerza la Side contra los trabajadores y las libertades democráticas

Habilitación de detenciones, persecusión y vía libre para los servicios de inteligencia. 

 El gobierno nacional aprovechó las dispersión general que producen las fiestas para colar un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que amplía y reorganiza las facultades de la Side, profundizando el espionaje a opositores políticos y de toda índole, extendiendo el secretismo de las operaciones de inteligencia, excluyendo al Congreso de los controles, coordinando el espionaje del Estado contra los trabajadores e incluso habilitando la detención de personas sin orden judicial. Un paquete de medidas que refuerzan el espionaje estatal y de la camarilla gobernante contra los trabajadores y la libertad de expresión en general, en las vísperas del tratamiento de la reforma laboral antiobrera y de fuertes ataques al pueblo en el cuadro de la crisis.

 El DNU publicado el mismísimo 31 de diciembre del 2025, cuando culminaba el año y más de un millón de usuarios y sus familias padecía un apagón eléctrico en medio de una intensa ola de calor, avanza en el reforzamiento del espionaje y la inteligencia contra los trabajadores, en manos del séquito presidencial de Javier Milei, continuando la línea emprendida con la reorganización de la actual Side, la provisión de fondos “excepcionales” -con los $100 millones de fondos reservados cuando se supone que “no hay plata”- y los informes acerca del espionaje contra dirigentes políticos opositores y movilizaciones contra el gobierno. 

 De aplicarse las reformas introducidas por el gobierno nacional, la Side estaría facultada para requerir información a otros organismos del Estado -que a su vez actuarían como pequeñas dependencias del espionaje estatal- y/o suministrarle información a los mismos, en una coordinación más aceitadas dirigida por los servicios de inteligencia con propósitos discrecionales. 

 Esto se da de la mano de una mayor oscuridad y secretismo sobre las operaciones y tareas de inteligencia, que estarían sustraídas de todo control civil, incluso del ejercido por el Congreso de la Nación, convirtiéndose en un terreno abierto de operaciones contra activistas y dirigentes opositores, agregando que el DNU define como “riesgos” a activistas, opositores y periodistas.

 La Side se propone actuar como coordinadora de acciones y tareas provinciales y en CABA, en interacción con distintos organismos del Estado y colaboración con organismos de inteligencia extranjeros en actividades contra el “terrorismo” y tareas discrecionales. 

 Entre las nuevas facultades que se le otorgarían a los servicios de inteligencia estaría la posibilidad de detener personas sin orden judicial, en supuestos delitos de flagrancia -algo difícil de chequear cuando quien emplea la fuerza es un organismo plenipotenciario-, algo que se suma al proyecto oficial de reforma del Código Penal, suprimiendo todo tipo de libertades democráticas y ampliando las facultades represivas y punitivistas del Estado contra la población trabajadora. 

 El decreto tambien profundiza la orientación de ciberespionaje contra los trabajadores, con un gobierno que se ha caracterizado por valerse de los recursos cibernéticos -granjas de trolls, operaciones en redes sociales, etc- para montar fake news y campañas de desprestigio contra referentes y activistas opositores, o en defensa de los funcionarios gubernamentales comprometidos con las coimas, desfalcos e incluso estafas presidenciales. 

 El gobierno nacional siquiera ha intentado encuadrar esta batería de reformas propias de un Estado policial en el marco de campaña alguna que se encuentre emprendiendo -o que diga emprender- contra el “terrorismo”, el narcotráfico, el crimen organizado o las “amenazas extranjeras”, sino que directamente va al grano del reforzamiento represivo del Estado, cuando su agenda principal se enfoca en hacer pasar las reformas antiobreras en el Congreso de la Nación, imponiendo el miedo en las calles y en la población. Más aún, los promotores de este reforzamiento de los servicios son los mismos que facilitan el lavado de dinero del narco y el delito organizado. 

 Milei busca reforzar el espionaje sobre la población utilizando los servicios de inteligencia en su provecho político personal y los recursos del Estado, para perseguir y atormentar a quienes se opongan a los planes de ajuste oficiales y a quienes se levanten contra las políticas de un gobierno entregado al capital financiero y al imperialismo.

 Rechacemos este reforzamiento represivo y al gobierno que lo emplea para condenar a millones de trabajadores a una mayor explotación y miseria. 

 Marcelo Mache

Milei le aumenta el 90% del salario a los funcionarios del ajuste

Hay plata para los mercenarios a cargo de los despidos y recortes, pero no para los trabajadores. 

 El gobierno nacional acaba de destrabar el aumento para ministros y altos funcionarios, tras la presión de la casta gubernamental y en un reconocimiento del impacto de la inflación durante la gestión oficial que afecta incluso a los elevados salarios de los ejecutores del ajuste de Milei. Un aumento acumulado que bordea el 90%, por encima de las actualizaciones que reciben los trabajadores. 

 El Ejecutivo nacional ordenó la actualización salarial de sus funcionarios, por medio de un decreto presidencial, quienes se encontraban cobrando salarios superiores a los $3.000.000, por encima del promedio salarial que mide el Ripte y muy por arriba del $1.000.000 que apenas supera gran parte de los trabajadores y que en el sector público muchas veces siquiera alcanza estos valores. Ni hablar de los jubilados, con una mínima de indigencia que no llega a los $420.000 con bono incluido.

 El aumento otorgado consiste en el acumulado recibido por el personal de la Administración Pública Nacional entre enero de 2024 y julio de 2025, lo que implica casi un 90% de actualización -según cálculos de ATE Nacional- para salarios más que bien remunerados: un premio del gobierno por la aplicación del ajuste, con recortes, despidos y rebajas salariales contra los trabajadores en todo el sector público. 

 Esto tambien refuta la idea de que la inflación es cosa del pasado, dando cuenta de que el propio gobierno otroga aumentos considerables, aunque solamente para sus funcionarios. 

 Con esta medida, Milei beneficia a la casta gubernamental que viene aplicando su plan de ajuste, mientras que los trabajadores sufren el recorte de sus salarios y la escaces de recursos y asfixia presupuestaria.

 Ademas, el decreto establece que los salarios de estos altos funcionarios seguirán actualizándose con los aumentos de la Administración Pública Nacional, siempre y cuando la misma no presente números deficitarios, lo que equivale a decir que los ministros y altos funcionarios podrán seguir llenándose los bolsillos mientras garanticen el ajuste y los recortes de sus trabajadores subordinados. 

 Cabe agregar que estos altos funcionarios han demostrados valerse de otras fuentes de ingresos por fuera de la netamente salarial, con coimas, negociados y chanchullos que han salido a la luz y otros que se mantienen ocultos, multiplicando sus ingresos formales gracias a su posición de privilegio. 

 El gobierno que se negó durante meses a largar el aumento correspondiente a los trabajadores del principal hospital pediátrico del país, arrancado con la lucha de sus trabajadores, y que escamotea los recursos para los trabajadores de la salud, docentes, estatales, investigadores, trabajadores de la cultura y otros, accede a seguir mejorando la situación de los altos funcionarios a su cargo, privilegiando a la peor casta de todas: los ñoquis del gobierno.

 El discurso oficial de “austeridad” no aplica para todos por igual: los funcionarios de Milei pueden gozar de salarios millonarios e ingresos de diversa índole, mientras los trabajadores deben pagar los platos rotos de la política gubernamental, recibiendo ajuste y unas palabras de fin de año acerca del “sacrificio diario” que deben soportar. 

 Cuando el gobierno se apresta a avanzar con la reforma laboral antiobrera, profundizando su ofensiva contra los trabajadores, la clase obrera debe organizarse para ofrecer una respuesta, derrotando estos ataques y abriendo paso a las reivindicaciones salariales y laborales del conjunto de los trabajadores.

 Marcelo Mache

Con los apagones masivos de fin de año, debutan los tarifazos

Con Milei ganaron las privatizadas pero sigue la desinversión y el vaciamiento. 

 Vía decreto, el gobierno modificó el esquema de segmentación de tarifas en pos de reducir el alcance de los subsidios energéticos. Así las cosas, los hogares deberán pagar cada vez más por servicios sumamente deficitarios, como lo demuestra el apagón masivo en plena ola de calor que sufrieron más de un millón de usuarios del Amba por culpa de la falta de inversión de Edesur.

 El gobierno oficializó el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), que viene a reemplazar el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (Rase), vigente desde 2022. La nueva normativa elimina las tres categorías incluidas el Rase (hogares de ingresos bajos, medios y altos) y establece solo dos (hogares con subsidio y sin subsidio), reduciendo el porcentaje subsidiado de la boleta de aquellos usuarios que pertenecían a los segmentos de ingresos bajos y medios. 

 Según la consultora Economía y Energía, esa modificación implicará que los hogares cuyos ingresos no llegan a cubrir la Canasta Básica Total (considerados de ingresos bajos), recibirán aumentos en las facturas de gas y electricidad de alrededor del 20% durante el 2026. Semejante suba no solo duplica la inflación proyectada por el Presupuesto 2026 (10,1%), sino que además, supera el ritmo con el que evolucionan los salarios, sujetos a un techo del 1% mensual. 

Como si fuera poco, el SEF establece topes de consumo muy bajos para la boleta subsidiada, que, en caso de superarlos, los usuarios deberán pagar la tarifa plena sobre el excedente. En el caso de la electricidad, el límite bonificado será de 300 kWh mensuales en los meses de mayor demanda y 150 kWh en los meses templados, cuando un hogar compuesto por cuatro integrantes consume, en promedio, entre 360 y 450 kWh por mes. Finalmente, las familias trabajadoras deberán privarse de prender el ventilador en verano para evitar que lleguen boletas impagables. Los más perjudicados serán aquellos hogares sin acceso al gas natural, obligados a recurrir a las estufas eléctricas para calefaccionarse. 

 Así las cosas, el bolsillo popular deberá soportar nuevos tarifazos, cuando viene de afrontar aumentos, según los datos de la consultora citada, del 344% en la electricidad y del 617% en el gas entre diciembre 2023 y octubre 2025, frente a una inflación del 171% en el mismo período. Milei, como parte del plan motosierra, redujo las erogaciones estatales dirigidas a Cammesa y a la oferta mayorista de gas natural, pero descargó sobre los usuarios la responsabilidad de seguir subsidiando el precio dolarizado de las petroleras encareciendo las tarifas. Asimismo, se abocó a premiar a las empresas distribuidoras y transportadores de gas y electricidad concediéndoles sucesivos aumentos en su segmento de la boleta, pese a que desinvierten y brindan un pésimo servicio.

 Lo anterior se vio nítidamente en las vísperas de año nuevo, cuando el 40% de los usuarios de Edesur sufrió cortes de luz debido a una falla en el interruptor de barras de la subestación Bosques, uno de los principales nodos de distribución de la empresa. La falta de inversiones por parte de la compañía se traduce en subestaciones sobrecargadas, transformadores vencidos y tendidos que no se renuevan, dando como resultado problemas en el suministro. Sin embargo, desde que asumió Milei, todos los meses el componente de distribución de la factura eléctrica se ajusta por inflación. 

 Esos beneficios explican que las acciones de las empresas energéticas que cotizan en la Bolsa porteña se hayan disparado durante la gestión libertaria: 805% la transportadora eléctrica Transener, 469% la Transportadora Gas del Sur (ambas de Marcelo Mindlin), 445% Central Puerto, y 184% la Distribuidora de Gas del Centro. Por su parte, las acciones de Edenor subieron 248% en la Bolsa de Nueva York en el período descripto. 

 Por otra parte, según un informe elaborado por la la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), en base a los balances presentados a la Comisión Nacional de Valores en 2024, 15 petroleras radicadas en Vaca Muerta desde 2012 mejoraron su facturación, en promedio, 110,9% en doce años. Sin dudas, los subsidios energéticos millonarios destinados a subvencionar indirectamente a esas empresas (reconociéndoles un precio de extracción de gas que no guarda relación con los costos reales), figuran dentro de las causas de este fenómeno. Ahora, como dijimos, esas transferencias al bolsillo de los pulpos petroleros recaen cada vez más sobre los hombros de los usuarios por medio de tarifazos. 

 A fin de cuentas, los empresarios que controlan cada uno de los eslabones de la cadena energética amasan fortunas a costa de las familias trabajadoras, que deben recurrir al endeudamiento para pagar precios exorbitantes en las facturas de gas y electricidad, y, para colmo, quedarse sin luz con 35° de temperatura. Es necesario abrir los libros de las empresas del sector para dar cuenta del vaciamiento y fijar tarifas acordes a los costos reales, y, a su vez, nacionalizar bajo control obrero la industria hidrocarburífera, para que este recurso estratégico comience a estar al servicio del desarrollo nacional y las necesidades sociales y no del lucro capitalista. 

 Sofía Hart

La influencia de la Revolución rusa en la Argentina, 1917-1922

Las relaciones entre China y Cuba desde la mirada de los corresponsales de la Agencia Xinhua

 

 Cubadebate comparte el documental que la Agencia de Noticias Xinhua realizara en el 65° aniversario del establecimiento de sus relaciones diplomáticas entre China y Cuba.

La "inocencia fiscal" del lavado de dinero y la constante fuga de capitales

La ley sancionada premia a los evasores pero no resuelve el problema de los dólares "debajo del colchón".

 Caputo llamó a depositar dólares en el Banco Nación. 

Luis Caputo, luego de que el Senado aprobara el proyecto de "Inocencia Fiscal", se apresuró a anunciar un nuevo blanqueo de capitales. Desde su cuenta de X, instó a quienes poseen dólares por fuera del sistema bancario a depositarlos en el Banco Nación sin tener que dar explicaciones sobre el origen de los fondos. La medida apunta a engrosar las reservas para el pago de la deuda, a costa de convertir a la Argentina en un "paraíso narco". 

 Por un lado, se trata de un premio a la evasión impositiva ya que aquellos que ingresen al circuito legal dinero no declarado (hasta U$S 6,6 millones de dólares anuales) no recibirán pena alguna. Además, el Arca dejará de cotejar si los consumos cotidianos de quienes se adhieran a ese esquema guardan relación con el patrimonio declarado; lo que algunos tributaristas llaman un "blanqueo hacia el futuro". Ese manto de impunidad es lisa y llanamente una incitación a defraudar al fisco. Cabe destacar que, mientras el gobierno concede ventajas a los capitalistas evasores, tiene en agenda reforzar la carga tributaria sobre la población trabajadora; sin ir más lejos, dejó trascender su intención de eliminar el monotributo y bajar el piso de Ganancias sobre la cuarta categoría para gravar aún más el salario. 

 A su vez, la iniciativa permitirá lavar con mayor facilidad los fondos provenientes de actividades ilícitas, como el narcotráfico y la trata de personas, favoreciendo la expansión de estos negocios que significan un flagelo para las familias trabajadoras. Como vemos, Bullrich prepara una reforma del Código Penal que agrava las penas sobre los eslabones más débiles de la cadena delictiva, pero le facilita a los "peces gordos" el blanqueo de su dinero malhabido. 

 La ley es tan obscena que hasta los bancos privados manifestaron dudas sobre su aplicación ya que todavía no se modificaron las normas del Banco Central que regulan la actividad de las entidades financieras. Por eso, Caputo salió a responderles tuiteando "Si en sus bancos les piden cosas de más (léase, romper las p…), no pierdan su tiempo. Pueden ir al Banco Nación, donde su presidente dará la instrucción de cumplir estrictamente con la ley". 

 Sucede que el gobierno está desesperado por recabar divisas para hacer frente a los vencimientos de deuda externa que se avecinan. Con esta medida, tiene la esperanza de que ingresen al sistema parte de los dólares que, como se dice coloquialmente, están guardados "bajo el colchón". Según los datos del Indec, hasta el tercer trimestre 2025, ese monto ascendía a U$S 253.919 millones.

 Sin embargo, el blanqueo previsto no logrará que haya un flujo constante de dólares en el mercado de capitales argentino destinado a la inversión productiva porque la tendencia es a la fuga, fruto del carácter parasitario de la clase capitalista, que desinvierte en el país para girar divisas a sus cuentas off-shore. Basta con visualizar lo ocurrido con el megablanqueo del 2024, que tuvo como resultado el ingreso de fondos especulativos a corto plazo, que, luego de pedalear en la bicicleta financiera, se retiraron del país provocando un agujero en las reservas.

 La nueva legislación convierte a la Argentina en una guarida fiscal para evasores y criminales. No es posible terminar con la fuga otorgándole estímulos a los fugadores, sino mediante el control de la clase obrera sobre la banca y el comercio exterior para cortar con dicha sangría, sumado al repudio de la deuda externa fraudulenta. Eso implica que los trabajadores desplacemos a los capitalistas del poder y nos erijamos como clase dirigente. 

 Sofía Hart

Un nuevo golpe al sistema científico argentino: el Senado aprueba el Presupuesto 2026

El presupuesto destinado a ciencia y tecnología caería un 48,8% en términos reales. 

 Este viernes 26, el Senado aprobó el Presupuesto 2026 con 46 votos a favor, 25 en contra y 1 abstención. Con el apoyo de senadores del radicalismo, del peronismo y del PRO, Milei consiguió avanzar en la eliminación de los objetivos de inversión en Ciencia, Tecnología y Educación. La medida más relevante está en el artículo 30, que desarma los pisos mínimos de financiamiento del sector: se elimina el piso del 6% del PBI destinado a educación, se deja sin efecto la trayectoria que establecía elevar la inversión en ciencia y técnica al 1% del PBI en 2032 y se suprimen los fondos específicos para la educación técnica. Como consecuencia, el presupuesto destinado a ciencia y tecnología caería un 48,8% en términos reales, profundizando el ajuste sobre un sector ya totalmente paralizado.

 Desde la asunción de Javier Milei, el Conicet -a cargo de Daniel Salamone- ha sufrido innumerables agravios: despidos masivos, rebajas salariales, censura de artículos de investigación, restricciones en el ingreso a la carrera científica y la no efectivización de cargos ya concursados. A esto se suman recortes en becas, la eliminación de líneas de financiamiento y la paralización de políticas clave para sostener el sistema científico. El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas ya atravesaba una crisis que ahora se profundiza y amenaza con su continuidad. 

 Una de las medidas más graves del último tiempo fue la eliminación de la Convocatoria a Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica (PICT), considerada el corazón de la ciencia básica argentina y uno de los principales motores de producción de conocimiento en el país. Esta decisión quiebra el desarrollo sostenido del sistema científico y constituye un retroceso sin precedentes, agravado por un presupuesto que profundiza el desfinanciamiento.

 El ataque al sistema científico por parte del gobierno también se refleja en los salarios: en los últimos dos años se registró una pérdida del 40% del poder adquisitivo. Esta situación empuja a investigadores e investigadoras a abandonar el Conicet, amenazando con la pérdida de una generación completa de científicos argentinos.

 En este marco, la aprobación del presupuesto actual implica, en los hechos, un financiamiento prácticamente nulo para la ciencia y la tecnología. El escenario que se configura anticipa consecuencias irreversibles para el desarrollo científico y tecnológico del país. Hoy más que nunca, es necesario poner en pie de lucha al sector científico argentino para revertir este ataque. 

 Melissa Scz