Las medidas ilegales e inconstitucionales que viene implementando el gobierno de Trump, han chocado con fallos de los tribunales federales, que en ocasiones las han dejado en suspenso. Estos fallos -casi siempre ignorados o trampeados- han provocado una furiosa respuesta de parte del presidente estadounidense, que ha atacado a los jueces (“radicales de izquierda”, según su retórica) y a la propia Suprema Corte -demandándole que viabilice la expulsión de millones de indocumentados sin darles posibilidad a la más mínima defensa.
Más allá de alguna protesta aislada del presidente de la Corte ante estos ataques maccarthistas, la Suprema Corte -de mayoría trumpista- no ha defendido a los jueces.
El 30 de mayo, la Corte Suprema falló a favor del gobierno en cuanto a dejar en suspenso la orden judicial de un tribunal que impedía la finalización del programa llamado “parole humanitaria” (un régimen que autoriza la permanencia temporaria en el país a personas que lo soliciten por razones humanitarias urgentes o por un beneficio público significativo”) para migrantes provenientes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela (este programa específico se denominaba por ello CHNV). Las personas actualmente acogidas a este programa son más de 500.000: cerca de 87.000 provenientes de Cuba, 211.000 de Haití, 73.000 de Nicaragua y 160.000 de Venezuela. Todos ellos quedan ahora sin estatus legal y pueden ser deportados por una vía rápida.
El “parole humanitario” CHNV fue una ampliación de otros regímenes establecidos por Biden, como el llamado “Estatus de Protección Temporal” que habilitaba a permanecer en el país y trabajar a ciudadanos venezolanos. Este otro régimen ya había sido dejado sin efecto por el gobierno trumpista, y había generado otra controversia en los tribunales. Hace varias semanas la Corte Suprema falló también a favor del gobierno, dejando sin efecto la suspensión ordenada por un tribunal de San Francisco que ordenaba mantener el TPS para 350.000 venezolanos que quedarían expuestos a la deportación. Entre los inmigrantes que estaban cubiertos por el TPS y los de CHNV, son unos 885.000 personas las que quedan al borde de la deportación inmediata.
Ambos fallos de la Suprema Corte habrían sido por una mayoría de 7 a 2 -al menos solamente dos jueces explicitaron sus razones para no acompañar la decisión del tribunal superior.
La caída del CHNV busca acelerar las deportaciones masivas. “Algunos inmigrantes afectados por los fallos llevan menos de dos años en el país, lo que significa que podrían ser deportados utilizando un sistema acelerado que elude el proceso judicial normal de inmigración” (NYT, 31/5). El sistema de detención acelerado usualmente se utilizaba para los recién ingresados por las fronteras, “como una forma de devolverlas rápidamente sin procedimientos judiciales. Pero Trump lo amplió significativamente para que los agentes de ICE puedan utilizar el proceso para cualquiera que haya estado en Estados Unidos menos de dos años” (NYT, 31/5), es decir, se aplicaría a personas que estaban amparadas por un estatus legal transitorio y que incluso tienen trabajo en el país. “A diferencia de los largos procedimientos judiciales de inmigración que pueden llevar años, la expulsión acelerada se puede realizar en cuestión de horas” (NYT, 21/1). La carga de la prueba de que estas personas han permanecido en el país durante más de dos años (o tengan en trámite una solicitud de asilo) recae sobre los propios indocumentados, y si no logran probarlo serán deportados automáticamente.
Según la ex funcionaria de inmigración Andrea Flores (en el gobierno de Biden), la “justificación [del gobierno] para poner fin a este estatus legal ahora es poder ponerlos en deportación acelerada, ya que la mayoría llegó hace menos de dos años”. “La decisión de la Corte Suprema es cruel y animará a esta administración a ir más allá al señalar a venezolanos, nicaragüenses, haitianos y cubanos, penalizándolos por cumplir con nuestras leyes de inmigración y devolviéndolos a graves daños” (NYT, 31/5).
Otra razón es que los acogidos en estos programas tiene la obligación de declarar su domicilio, y facilitar la identificación a través de registro de huellas digitales y datos biométricos, lo que los hace más fácilmente ubicables para su detención y expulsión del país.
El gobierno ha adoptado todo tipo de maniobras para acelerar las detenciones, y para deportar a los inmigrantes sin darles posibilidad de la más mínima defensa, al extremo de reconocer “errores administrativos” por los cuales expulsaron personas que tenían cobertura legal para permanecer en los Estados Unidos.
“Muchos inmigrantes viven bajo el radar o se han mudado de su última dirección conocida hace mucho tiempo. Es por eso que ICE (el servicio de migraciones) está tomando nuevas medidas agresivas, entre ellas la detención de personas en tribunales de inmigración cuando se presentan a las audiencias. La táctica supone una ruptura significativa con la práctica anterior, cuando los funcionarios de inmigración evitaban en gran medida los arrestos en los tribunales por temor a que disuadieran a la gente de cumplir las órdenes” (NYT, 31/5).
“Las cortes se han convertido recientemente en un foco para las protestas. Decenas de personas se reunieron en San Francisco el miércoles ante un tribunal federal para repudiar el arresto de cuatro solicitantes de asilo ocurrido la víspera. Los manifestantes aparecieron con pancartas que condenaban al ICE y en las que exigían al Gobierno ‘no tocar a los inmigrantes’ (El País, 1/6).
Los jueces y abogados consideran que estas detenciones aprovechando que un inmigrante está citado por la justicia son un abuso de poder y provocarán que los citados falten a sus citas por temor. Por ejemplo, si solicitaron asilo y son convocados por un juez podrían faltar a la audiencia, con lo cual perderían sin duda el derecho a ser asilados y quedarían en condición de expulsables, y por otra parte si se presentan pueden ser detenidos y deportados rápidamente.
Estas emboscadas en los tribunales a la salida de las audiencias, ha provocado otro caso judicial, esta vez contra una jueza que ha sido acusada de facilitar la fuga de un inmigrante que pretendía ser detenido por el ICE en el juzgado. Se trata de la jueza de Wisconsin Hanna Dugan, que fue arrestada por el FBI por supuestamente ayudar a un ciudadano mexicano a evitar ser arrestado en el propio tribunal donde tenía una audiencia. El proceso contra Hanna Dugan parece se convertirá en un tema fundamental respecto a la autoridad e inmunidad de los jueces frente al accionar dictatorial del gobierno. Unos 130 ex jueces han presentado un escrito ante el tribunal que trata el caso de la jueza Dugan, reclamando se retiren los cargos, argumentando que los jueces tienen inmunidad respecto a sus tareas y que su arresto socava “siglos de precedentes sobre inmunidad judicial” (CBS, 30/5). El escrito afirma que estas detenciones en los juzgados constituyen una “extralimitación atroz por parte del poder ejecutivo” que “amenaza la confianza pública en el sistema judicial y la capacidad del público de recurrir a los juzgados sin temor a represalias” (ídem). Los ex jueces señalan además que la persecución contra Dugan es un apriete contra los tribunales: “Permitir el procesamiento del juez Dugan por las presuntas acciones crearía un efecto paralizador en los jueces que sofocaría la toma de decisiones independiente y pondría en duda el reconocimiento universal de que los jueces están a cargo de mantener el orden y el decoro en sus salas y juzgados”. Es en este contexto de ataque a los jueces, que ya no se limita a las redes sociales o las declaraciones presidenciales sino que ha pasado a las detenciones y los juicios, que la Suprema Corte da carta blanca al régimen trumpista para avasallar la legalidad.
Rafael Fernández
02/06/2025
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