A 39 años de la aprobación de la Constitución española que rige el Régimen del 78, cinco motivos por los cuales merece luchar por procesos constituyentes realmente libres y soberanos.
1. Para terminar con la monarquía
La Constitución de 1978 ha sido presentada desde sus orígenes como la culminación de un proceso de transición de la dictadura a una democracia “avanzada”, para dar forma a un “Estado social y democrático de derecho” tal como sostiene en su artículo 1. Sin embargo, la forma política del Estado es la monarquía parlamentaria, y la Constitución es sancionada por el Rey Juan Carlos. ¿Se puede llamar democracia a un régimen cuyo jefe de Estado es un monarca, designado como heredero por el mismísimo Franco? ¿Se puede llamar democracia, aunque sea solo desde el punto de vista formal, un régimen cuya jefatura de Estado se hereda por derecho de sangre y cuyos monarcas reciben cuantiosas fortunas a cargo del Estado? ¿Puede considerarse democrático un régimen que “atrasa” de este modo más de 200 años en la historia?
El discurso del Rey Felipe VI el pasado 3 de octubre, el mismo día de la huelga general en Catalunya, llamando a imponer el “orden” y la “ley” mediante la fuerza contra el derecho de los catalanes a decidir su propio destino, mostraron de forma clara (por si hacía falta) que nunca hubo un proceso de “renovación” de la monarquía, sino solo un tenue lavado de cara. La monarquía española volvió a ser el pilar de una restauración conservadora del régimen político en su conjunto, apoyando el curso represivo y bonapartista del gobierno de Mariano Rajoy contra el movimiento democrático catalán y contra todos aquellos que cuestionen al régimen.
La aceptación de la monarquía como una pieza fundamental del régimen por la izquierda española (el Partido Comunista español aceptó la monarquía en 1978 y Podemos se negó a incorporar a su programa la lucha por la República) muestra los profundos límites de las aspiraciones democráticas de estas formaciones reformistas.
2. Para conquistar el derecho de autodeterminación
El artículo 2 de la Constitución establece “la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles”, a la vez que establece el sistema de las autonomías, el tristemente célebre “café para todos” de Suárez. Una fórmula que se basó en un acuerdo estratégico entre las burguesías periféricas y el Estado español, repartiendo cuotas de poder político y económico, al mismo tiempo que se dejaba en la cuneta la legítima aspiración a la autodeterminación nacional. La monarquía y las fuerzas represivas (que se mantuvieron intactas a través de la Transición, gracias a la Ley de amnistía), aparecen a su vez como los garantes de la “unidad de España”.
La aplicación del artículo 155, la destitución del govern catalán y el encarcelamiento de la mayoría de sus altos cargos y los líderes de las entidades soberanistas, muestran hasta que punto el régimen, para salvarse a sí mismo, se cargó el propio régimen de las autonomías y sacó a relucir su cara más reaccionaria para aplastar el movimiento democrático catalán.
Por eso, la lucha contra el centralismo español y la defensa del derecho de las naciones a la autodeterminación, incluso apoyando su voluntad de independizarse, es una reivindicación democrática básica para la clase trabajadora del conjunto del Estado español. Esta es la única manera de luchar por la unidad de todos los trabajadores y los pueblos del Estado español, en base a una unión libre y no una impuesta por la represión. Los acontecimientos ocurridos en Catalunya los últimos meses, demuestran una vez más la incapacidad de los partidos de la burguesía y la pequeñoburguesía catalana para luchar por este derecho democrático elemental. Por eso es necesaria una “hoja de ruta” independiente de todos los capitalistas, basada en la autoorganización y la movilización de los trabajadores y el pueblo.
3. Para terminar con la casta de políticos corruptos al servicio de los empresarios
El Régimen del 78 se apoyó durante más de 30 años en el bipartidismo del PP-PSOE, quienes, junto a los partidos nacionalistas, formaron una casta de políticos profesionales al servicio de los grandes empresarios. La corrupción generalizada no es fruto de manzanas podridas, sino el ADN de un sistema donde los políticos, que reciben nóminas millonarias, son los representantes directos de las grandes empresas, sancionando leyes a su favor, brindando concesiones de obras públicas a cambio de mordidas y obscenas tramas de corrupción, recatando al sector financiero en momentos de crisis y garantizando el pago de la deuda a costa de los presupuestos de sanidad, educación y mediante el saqueo del fondo de pensiones. El senado, que garantiza el buen funcionamiento de este sistema, es una cámara aristocrática, elegida de forma completamente antidemocrática y que como muestra la aprobación del 155, sólo sirve a los giros más conservadores del régimen.
Es necesario oponer a esta democracia capitalista un programa democrático para enfrentar la casta de políticos profesionales: disolución del senado, cámara única elegida por sufragio universal y proporcional, con el voto de todos los mayores de 16 años, que ningún representante gane más que el salario de un trabajador, y que todos los cargos sean revocables por sus electores.
4. Para terminar con la impunidad del “partido judicial”
El sistema judicial está actuando como un verdadero “partido de orden” en los últimos meses. Mientras decenas de escándalos de corrupción del PP-PSOE quedan en la más completa impunidad y tardan años en procesarse, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo persiguen de forma “exprés” a dirigentes independentistas y criminalizan a periodistas, artistas y tuiteros. El uso de la prisión preventiva como forma de encarcelar sin juicio previo, se ha convertido así en un método sistemático contra todos aquellos que el régimen quiere disciplinar. El caso de los jóvenes de Alsasua, presos hace más de un año por una trifulca de bar, el encarcelamiento de Alfredo Ramírez por expresar sus opiniones en redes sociales, la “operación araña”, las condenas a Alfon, cantantes y periodistas como Boro de La Haine, son muestras de esta ofensiva represiva. Las cárceles están llenas de pobres y luchadores, mientras Urdangarin pasea en Suiza y ningún fiscal español logra descubrir quién se esconde detrás de las siglas de M. Rajoy en los papeles de Bárcenas.
Es necesario luchar por terminar con la casta de jueces e instituciones reaccionarias como la Audiencia Nacional y el Supremo, reemplazándolos por juicios con jurados y jueces elegidos por sufragio universal. Absolución de todos los activistas y luchadores perseguidos por opinar o por luchar. ¡Abajo la Ley Mordaza! ¡Presos políticos, libertad!
5. Para terminar con un sistema donde los ricos son cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres
Desde que comenzó la crisis capitalista en 2008, los ricos siguieron acumulando grandes fortunas, mientras los trabajadores siguieron perdiendo conquista con rebajas salariales, niveles de paro histórico, precariedad laboral y empeoramiento de sus condiciones de vida, caída de las pensiones, pérdida de viviendas, etc. En la clase trabajadora, las mujeres, los inmigrantes y la juventud son los sectores más afectados por la crisis, los que padecen más la precariedad laboral, los desahucios y el desempleo.
Por eso es necesario retomar la movilización social con un programa que incluya el reparto de las horas de trabajo entre todas las manos disponibles sin afectar el salario, la nacionalización de la banca y empresas estratégicas bajo control de los trabajadores, la remunicipalización de los servicios públicos, medidas contundentes para terminar con la precariedad laboral como el fin de los “contratos basura” y las externalizaciones, medidas de urgencia contra la violencia patriarcal hacia las mujeres y por los derechos de los inmigrantes. Un programa que cuestione las ganancias capitalistas y permita a los trabajadores organizarse para luchar contra la explotación capitalista y todas sus opresiones.
A la sobrevida de este régimen decadente que solo trae más represión, precariedad y corrupción, le oponemos la lucha por asambleas constituyentes en las nacionalidades históricas y el conjunto del Estado. Procesos constituyentes realmente libres y soberanos, donde decidirlo todo. Pero para que esto sea posible, estas asambleas constituyentes no pueden nacer de nuevos “pactos” o acuerdos de “reformas constitucionales” dentro del régimen, como proponen el PSOE, partidos neorreformistas como Podemos o las formaciones independentistas. Un proceso así solo podrá ser el subproducto de una gran lucha por terminar con este régimen y esta democracia para ricos. En ese camino, la clase trabajadora con sus propios métodos y un programa independiente, estará en mejores condiciones para luchar por conquistar gobiernos de trabajadores y una Federación libre de Repúblicas socialistas ibéricas.
Josefina L. Martínez
Historiadora | Madrid
Diego Lotito
Madrid | @diegolotito
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