El fenómeno fue expuesto recientemente por el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, entrevistado en El Destape, quien afirmó que “los que están prestando plata en el barrio son los que venden drogas”, en diálogo con Ari Lijalad, buscando desentenderse de su responsabilidad al frente de una fuerza que convive en connivencia con el delito organizado y que persigue y violenta a la juventud y a los trabajadores en las barriadas obreras.
El ministro vinculó directamente esos préstamos con el crecimiento de homicidios, intentos de homicidio, lesiones graves y amenazas con armas de fuego, delitos que, según señaló, se duplicaron durante los primeros cuatro meses del año en comparación con 2025.
El crecimiento del endeudamiento y la morosidad de las familias obreras es una consecuencia directa de la destrucción del empleo y los ingresos bajo Milei –del cual la provincia de Buenos Aires también es participe ante los cierres patronales como Fate y el ajuste sobre trabajadores-, y reproduce, en su forma más brutal, los métodos usureros que el dirigente del Partido Obrero y el FIT-U, Gabriel Solano, denunció en los créditos de Marcos Galperin y Mercado Libre: sacar ganancias extraordinarias de una población empujada a endeudarse para sobrevivir.
El ejemplo más elocuente descripto por el ministro fue el enfrentamiento a tiros entre dos bandas dentro de un monoblock de Fuerte Apache, donde se disputaban el negocio de prestar dinero a las familias. La miseria y el endeudamiento se han convertido así en un nuevo terreno de expansión del narcotráfico y en uno de los pocos negocios rentables bajo el gobierno de Milei.
La usura: un camino directo a la violencia
Alonso informó que también se duplicaron los tiros en las piernas y crecieron las lesiones graves vinculadas con deudas impagas. La violencia funciona como mecanismo de cobro y disciplinamiento. Quien no puede pagar queda sometido a amenazas, golpizas, ataques armados y otras formas de coerción mafiosa. La diferencia con Galperin es que este último requiere que la fuerza bruta sea ejercida directamente por el Estado (intimaciones, embargos, remates, desalojos, represión, trabajadores llevados al suicidio, etc.).
El caso de una familia que pidió $200.000 y, 15 días después, debía devolver el doble revela la naturaleza de este sistema, con una familia cuya deuda creció hasta que terminó despojada de su vivienda y obligada a firmar los papeles de entrega. El crédito narco es una máquina de expropiación y sometimiento de quienes ya fueron expulsados del trabajo formal y del sistema financiero.
El Partido Obrero viene denunciando cómo las grandes plataformas financieras extraen ganancias mediante tasas y mecanismos de endeudamiento que recaen sobre trabajadores con salarios pulverizados. El narcotráfico lleva esa misma lógica al extremo. En ambos casos, el capital hace negocio con la necesidad de una población sin ingresos suficientes para llegar a fin de mes.
Un Estado socio del negocio
Alonso reclama una mayor presencia estatal, pero el Estado ya está presente a través de las fuerzas policiales y represivas, cuyos estrechos vínculos con el narcotráfico son un componente característico de las redes del crimen organizado. Las zonas liberadas, la protección de determinados negocios y la participación en las ganancias explican por qué estas estructuras pueden operar y expandirse con libertad en los barrios.
El gobierno de Milei destruye puestos de trabajo, hunde salarios y empuja a miles de familias a endeudarse. Hay que terminar con este circuito de empobrecimiento, usura y endeudamiento, y con las fuerzas estatales y paraestatales que sostienen este andamiaje, tanto las legales como los ilegales.
Marcelo Mache
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