Más allá de estas reivindicaciones, el fallo ha servido para que unos y otros reivindiquen un orden económico, energético y financiero que cruzó a todas las administraciones capitalistas, sin solución de continuidad.
La reestatización parcial de YPF en 2012 fue el rescate de la ruinosa privatización consumada por Menem en favor de Repsol, en los años 90, que los Kirchner reforzaron al promover la conversión de YPF en Sociedad Anónima (dejando de ser empresa del Estado), en primer lugar, y la entrega de la empresa a Repsol, vinculado a los lazos tejidos por los Menem y los Kirchner con las telefónicas y bancos de España; más tarde, los Kirchner favorecieron el ingreso del grupo Ezquenazi -ya beneficiarios de la enajenación del Banco de Santa Cruz- a la petrolera. Ezquenazi pagó las acciones adquiridas con los propios dividendos de la compañía, a costa, naturalmente, de las inversiones que requería YPF para reponer reservas. Repsol siguió la misma política, pues destinó las utilidades de la petrolera local para enjugar sus pérdidas en España y otros países, y también distribuyó dividendos por encima de las utilidades, en un operación de vaciamiento financiada con deuda.
La consecuencia de ello fue un déficit creciente en el balance comercial energético de Argentina. Pero no fue ese quebranto el que disparó la “reestatización” sino la aparición de Vaca Muerta, cuyos yacimientos Repsol no estaba en condiciones de explotar y propiciando una estatización; la expulsión de Repsol de YPF se realizó a conveniencia de Repsol... Bajo esas condiciones, Kicillof y Cristina adquirieron el 51 % de las acciones con el voto del Congreso –no solamente de los legisladores kirchneristas-. Aunque el gobierno kirchnerista anunció inicialmente que Repsol no sería resarcida, a causa de los pasivos ambientales y la desinversión perpetrada, finalmente recibió una indemnización generosa, que se sumó a la deuda dejada por Repsol. En cuanto a Ezquenazi, argumentó que la mayoría había sido expropiada sin haber realizado una oferta pública al conjunto de las accionistas, como indicaba el estatuto de la compañía. Luego, Ezquenazi le vendió los derechos de juicio al fondo buitre Burford, aunque, según el periodista Carlos Pagni, retuvo el 30 % de los derechos por un eventual fallo a favor.
Así las cosas: del lado ‘nac&pop’, un grupo empresario afín a los K esperaba obtener unos 5.000 o 5.500 millones de dólares en el juicio contra el país. Del lado “libertario”, hay que recordar que el primer diputado de LLA por CABA, el abogado Fargosi, tiene una prolongada trayectoria como abogado de Burford, Marsans y otros litigantes contra Argentina. Federico Sturzenegger se presentó ante la Justicia neoyorquina, en 2015, para apoyar, como ‘amicus curiae’, los plantes de K y K. Los que hoy se rasgan las vestiduras por el país, estuvieron de los dos lados de la mesa y del mismo lado al mismo tiempo.
La reivindicación de un “modelo”
Pero la Cámara de Apelaciones neoyorquina convalidó bastante más que un principio constitucional: el de la preeminencia de la ley nacional de expropiación por sobre los estatutos de una compañía privada. Lo que la justicia americana ratificó, con el seguro aval de Trump y Scott Bessent, es el ´modelo de negocios´ puesto en pie con relación a Vaca Muerta. El primer acto del trío Cristina-Kicillof-Galluccio (el entonces presidente de la petrolera) fue la firma de un acuerdo secreto de explotación con el pulpo Chrevron. En lo que se supo más adelante, el pacto facilitaba la retención de las divisas de exportación fuera del país, junto con la libre remisión de utilidades. Es el régimen off shore puesto en pie por el kirchnerismo en los yacimientos no convencionales neuquinos. En cuanto a las divisas que logró retener el Banco Central por las exportaciones de petróleo y gas, sirvieron para lo que Cristina llamó el “pago serial” de la deuda pública en dólares. No por nada los que escribimos estas páginas llamamos a aquella operación como “la reprivatización de YPF”.
En estas horas, Kicillof y Cristina aprovechan la volteada para ratificar su adhesión a ese régimen confiscatorio. En cuanto a Milei, puso al acuerdo YPF-Chevron como modelo de lo que hoy se conoce como RIGI, un régimen caracterizado justamente por la libertad de remisión de utilidades y beneficios impositivos. La impronta de Vaca Muerta, prohijada por el kirchnerismo, se ha generalizado, y se aplica hoy para la minería del litio. De la semiexpropiación de YPF al RIGI, hay un hilo conductor predatorio en favor de los intereses capitalistas.
A la luz de lo anterior, la adjudicación de la ‘paternidad’ del fallo neoyorquino, por parte de Milei y de los K, tiene implicancias. Milei, en su cadena nacional, ha dejado en claro que para los liberticidas “expropiar es un error”. Milei y Caputo saben muy bien que la perspectiva de los grupos mineros o petroleros que puedan ingresar a la Argentina no será muy diferente que la que recorrieron en el pasado Repsol, Marsans y otros: estrujar hasta el último gramo del subsuelo y el esfuerzo de los obreros mineros y petroleros, para dejar luego un lastre de degradación ambiental y salida de capitales. Al fustigar las expropiaciones, Milei les ha ofrecido a los hipotéticos inversores unas garantías de impunidad que aquellos no le pidieron: al fin y al cabo, una generosa expropiación -como la de Cristina y Kicillof con Repsol- puede ser un buen negocio.
Del lado de Cristina y Kicillof, la reivindicación de “aquellos años” es un mensaje muy claro: si volvieran a gobernar, el “modelo Vaca Muerta-Chevron” queda en pie, hoy continuado por el RIGI, la reforma laboral, los “olvidos” fiscales y otros etcéteras.
Hay algo más que ha puesto a salvo el fallo de la Cámara Neoyorquina, y que también es una “tenencia compartida” de kirchneristas y mileístas: el principio que somete las inversiones o la deuda pública del país al arbitraje internacional, o sea, a la “justicia” de los acreedores. El kirchnerismo respetó este principio sacrosanto en todos sus arreglos de deuda, a partir del primer gobierno de Néstor. Pero sobre los fallos de Nueva York y los del CIADI -el tribunal arbitral del Banco Mundial- existe un largo manto de sospecha, porque siempre benefician a los acreedores. La decisión de la Cámara neoyorquina blanquea a esos jueces truchos; las monumentales emisiones de deuda pública siguen sujetas a tribunales internacionales.
En momentos en que el régimen “libertario” cruje, entre las corruptelas, la recesión económica y una crisis de deuda disimulada por los rescates del Tesoro yanqui, el fallo sobre YPF ha servido para que los opositores “nacionales y populares” expliciten a la clase capitalista su compromiso con el régimen de las privatizaciones y la deuda pública usuraria.
Marcelo Ramal
29/03/2026
