domingo, junio 26, 2022

Cae el gobierno de Bulgaria


Kiril Petkov dejará de ser primer ministro
La inestabilidad política en el país balcánico. 

 Una votación en el parlamento búlgaro le ha puesto fin a la administración del primer ministro Kiril Petkov. El líder de Continuamos el Cambio (PP), una formación centroderechista que ganó las elecciones de noviembre de 2021, sucumbió a una moción de censura impulsada por fuerzas de la oposición. De esta manera, en caso de que no se forme una mayoría alternativa de gobierno, se abre el camino a la cuarta elección en apenas dos años, en una nación marcada por la inestabilidad política. 
 La moción contra Petkov provino del GERB (Ciudadanos para el Desarrollo Europeo de Bulgaria) del conservador Boiko Borísov, quien gobernó el país balcánico durante casi toda la última década. Es una devolución de gentilezas a su sucesor, ya que había sido detenido en marzo por una de las múltiples acusaciones de corrupción que pesan en su contra. Estas denuncias, de hecho, fogonearon las movilizaciones populares en su contra en 2013 y en 2020. 
 El partido de Borísov, de todos modos, presentó el pedido en el parlamento aludiendo al “fracaso de la política económica y financiera del gobierno”, lo cual es estrictamente cierto. Bulgaria se ha visto sacudida por la inflación y el agravamiento de la crisis capitalista mundial -con el problema adicional de ser uno de los países más pobres del continente. 
 Petkov denuncia la mano de Moscú detrás de su destitución, debido a que el partido con lazos con el Kremlin, el ultranacionalista Renacimiento, acompañó la moción de censura (a la vez, al presidente Ruman Radev, encargado de pilotear la transición, se lo asocia también con Rusia). El primer ministro ahora caído en desgracia se alineó con el imperialismo en la guerra de Ucrania; Sofía integra la Otan y la alianza atlántica fortaleció su presencia militar en el país. A raíz de ello, Putin le cortó recientemente a la nación balcánica el suministro de gas, agravando los problemas políticos y económicos. Ahora Bulgaria recibe el fluido desde otros países europeos, que lo triangulan a su vez desde Rusia, lo cual muestra de paso lo intrincado que se ha vuelto el panorama energético en el continente a raíz de la conflagración bélica. 
 De todos modos, Renacimiento es solo una de las formaciones que sabotearon a Petkov. El GERB de Borísov, motor de la moción de censura, integra el Partido Popular Europeo, insospechado de rusofilia. A su vez, fue clave para la caída del gobierno el abandono de la coalición oficial por parte de la formación ITP (Existe Tal Pueblo), un grupo que había logrado el segundo puesto en los comicios de abril del año pasado con un discurso anticorrupción, pero que rápidamente ingresó a la rosca política. El otro afluente del derrocamiento es el partido de la minoría turca, el DPS. Petkov recibió, en cambio, el respaldo parlamentario del Partido Socialista (heredero del Partido Comunista) y de la derechista Bulgaria Democrática, pero no le alcanzó para salvarse. Fueron 123 votos a favor de la moción, contra 116 en contra. 
 El proceso de restauración capitalista en Bulgaria, al igual que en el resto del este europeo, ha implicado, al mismo tiempo, un empobrecimiento de las masas y la aparición de una oligarquía que se enriqueció con la liquidación de empresas públicas emprendida por las dos fuerzas principales, el GERB y los socialistas. 
 Al calor de este proceso de debacle nacional, fueron emergiendo formaciones políticas alternativas por izquierda y por derecha, y se produjeron rupturas en los dos partidos dominantes, todo lo cual contribuyó a una atomización parlamentaria que hoy agudiza la crisis. Como ya señalamos, hubo tres elecciones solo en 2021, debido a que los ganadores no lograban formar una coalición de gobierno. La cuestión se complica incluso más por chauvinismos y rivalidades étnicas y nacionales sobre las que no tenemos ocasión de explayarnos aquí. A modo de enunciación, uno de esos problemas son las tensiones con Macedonia del Norte. 
 La crisis capitalista mundial y la guerra en el este europeo van a traer aparejadas nuevas crisis como la de Bulgaria. Para los trabajadores, se trata de desarrollar una salida política propia para terminar con las miserias a las que nos condena este régimen social. 

 Gustavo Montenegro

sábado, junio 25, 2022

El movimiento piquetero quebró la política de ajuste y represión del gobierno de Duhalde


A 20 años de la Masacre de Avellaneda. 

 Este 26 de Junio se cumplen 20 años de la Masacre del Puente Pueyrredón, donde la represión conjunta de la Policía Bonaerense, la Federal, la Prefectura y los servicios de inteligencia culminó con el asesinato de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, además de cientos de trabajadores heridos -incluso con balas de plomo- y detenidos. Esta movilización fue convocada por la Segunda Asamblea Nacional de Trabajadores (ANT) en medio de un proceso de conflictividad social en ascenso.

 La lucha contra el gobierno de Duhalde

 Luego de la movilización de masas del 19 y 20 de diciembre de 2001 que volteó al gobierno de De la Rúa desfilaron por la Casa Rosada cinco presidentes distintos en un período de quince días. Hasta que finalmente en enero de 2002, designado por una Asamblea Legislativa y ajeno a la voluntad popular, Eduardo Duhalde asumió la presidencia. 
 El nuevo gobierno buscó rescatar al Estado y recomponer la ganancia de la burguesía golpeada por la enorme movilización popular de diciembre. Impuso una megadevaluación y pesificación compulsiva de los depósitos en moneda extranjera, en un contexto de inflación creciente y avance extremo de la pobreza. Estas medidas afectaron a amplias capas de la población trabajadora y pequeños ahorristas multiplicándose las luchas obreras y populares en forma de asambleas barriales, piquetes y ocupaciones de fábricas. La principal tarea del gobierno era, entonces, la de contener y anular este movimiento popular. 
 Por un lado se creó la Mesa de Diálogo Nacional en donde participó un sector del movimiento piquetero integrado por la CTA (junto al FTV de D’ Elia) y la CCC junto con funcionarios y la Iglesia. Este sector es el que venía de pegar el histórico faltazo a las jornadas populares del 20/12/2001 bajo el argumento de no querer participar de un golpe orquestado por Eduardo Duhalde y los intendentes del PJ, es decir, los mismos con quienes ahora se sentaban a negociar para contener la conflictividad social que seguía creciendo. 
 Frente a esta política de cooptación, el Polo Obrero logró reagrupar en el Bloque Piquetero Nacional a las organizaciones dispuestas a continuar con un plan de lucha para quebrar el ajuste puesto en marcha por el gobierno. Desde este reagrupamiento se organizó la primera Asamblea Nacional de Trabajadores Ocupados y Desocupados en cuya convocatoria se planteaba: “El nuevo gobierno de Duhalde es enemigo de los trabajadores y el pueblo. Es ilegítimo, porque frente al reclamo popular de “que se vayan todos” fue elegido por las corruptas cámaras legislativas. Duhalde expropió la voluntad popular y preside hoy el país con un objetivo central: salvar a los bancos y empresas, al capitalismo todo y volver a poner al país al servicio de los monopolios y los acreedores externos”. Y da cuenta del proceso que atravesaba el país: “Constatamos que en todo el país la clase trabajadora y los sectores populares luchan, no descansan, se organizan. Asambleas populares, puebladas, coordinadoras de base, ocupaciones de fábrica y huelgas se multiplican por todos lados. Necesitamos unirlas, para coordinar la lucha contra este gobierno y el régimen y por una salida que no esté dictada por el capital sino por los trabajadores y el pueblo”. 
 El Bloque Piquetero y las ANT desarrollaron importantes planes de lucha que se abrieron paso frente a los intentos de cooptación del gobierno. La primera asamblea se realizó en febrero con una masiva participación en el centro del poder político del país, la Plaza de Mayo. La segunda, el 22 de junio, fue la que incorporó en el plan de lucha una serie de cortes en todo el país para el 26/06, entre ellos el del Puente Pueyrredón. En esta asamblea se votó la consigna: “Por un nuevo Argentinazo. Fuera Duhalde y el FMI, que se vayan todos” 

 La represión 

La política de contención diseñada por el gobierno de Duhalde no logró contener al movimiento de lucha. Por lo tanto, se volvió prioritario encontrar otra forma de detenerlo para garantizar las medidas de hambre reclamadas por el FMI y los capitalistas. 
 Días antes de la movilización se reunió un “consejo de seguridad” integrado por una caterva de funcionarios responsables de la masacre que tendría lugar el 26/06, que se fueron reciclando en los sucesivos gobiernos democráticos. Un mes antes, en una reunión de gobernadores, donde participó Nestor Kirchner, se definió la “política de seguridad” frente a la protesta social. Todo estaba orquestado para asestar un duro golpe al movimiento piquetero. 
 La jornada del 26/06 se desarrolló en varios puntos del país, pero la represión más brutal se concentró en el Puente Pueyrredón. El accionar conjunto de la Bonaerense, la Federal y Prefectura tuvo sitiada a la ciudad de Avellaneda durante horas. Policías de civil recorrieron la ciudad reprimiendo y deteniendo manifestantes a varias cuadras del puente. Como lo destacan las entrevistas realizadas por Prensa Obrera, hasta llegaron a ingresar al hospital Fiorito con el objetivo de detener a los heridos que estaban siendo atendidos allí. 
 El saldo de este accionar del Estado y las fuerzas represivas fue el asesinato de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, cientos de detenidos y heridos (decenas de ellos con balas de plomo). 
 La primera reacción del gobierno de Duhalde fue la de defender el accionar policial. En declaraciones del día siguiente, Aníbal Fernández (el entonces secretario general de la Presidencia) llegó a justificar lo ocurrido resaltando que en las ANT se habían organizado “hostilidades hasta el 15 de julio” y se había “reivindicado la lucha armada”. T
al como pasa en la actualidad, con las declaraciones de CFK sobre los planes sociales y la denuncia del fiscal Marijuan a Gabriel Solano y Eduardo Belliboni, el ataque contra el movimiento piquetero y los que luchan tiene como objetivo acallar la lucha contra el hambre, la miseria y la desocupación. 

 Domingo Díaz

Aborto en Estados Unidos: avance reaccionario anunciado


La Corte Suprema anuló el fallo Roe Vs. Wade que legalizaba la interrupción voluntaria del embarazo a nivel federal.

 El atraso en el que está hundido el principal país imperialista del mundo es otra muestra de la completa inviabilidad del capitalismo y una expresión de la debacle económica, que empieza a encontrar respuestas en las luchas obreras y en la sindicalización creciente de la clase trabajadora, que obtuvo un resultado exitoso reciente en la organización de trabajadores de Amazon. 
 El golpe reaccionario de la corte se da en este cuadro. Los sectores populares se topan con ataques a derechos que se otorgaron muy tardíamente. También hay que marcar que nunca fue posible el acceso igualitario al aborto debido a los costos del mismo, que hoy ronda los 530 dólares (Jacobin). La deriva de la anulación del fallo Roe vs Wade puede terminar en la penalización de la homosexualidad en algunos Estados. La amenaza figura en el fallo del juez Clarence Thomas, un afrodescendiente reaccionario hasta los tuétanos. Varias activistas están proponiendo cerrar sus apps de seguimiento de ciclo menstrual o cualquier otra que pueda ser usada para presentar pruebas contra mujeres que abortan. Lo que se llama un régimen del terror. 
 Las legislaturas “han impuesto requisitos draconianos a las clínicas y han obligado al personal a someterse a un proceso burocrático; han obligado a los médicos a recitar mentiras a sus pacientes y han exigido ecografías innecesarias y onerosos períodos de espera”. Así describe la activista Jenny Brown el cuadro actual (Jacobin, 5/5). Aún en este grave cuadro, precedido por otros obstáculos como el fallo Hyde que impidió el giro de fondos federales para garantizar la práctica, continuó el proceso de cooptación demócrata que evitó consolidar una ley de aborto que evitara la fragilidad legal actual producto de lo cual cinco personas deciden terminar con varios derechos. 
 Aunque en 13 Estados con claridad se procederá a la prohibición porque ya tienen leyes que los habilitan, el Instituto Guttmacher calcula que son 26 los Estados en los que puede haber retrocesos. 

 La responsabilidad del Partido Demócrata 

En 2007 Obama prometió una ley que reglamentara el fallo. Cuando asumió en 2009 decidió no cumplir su promesa. Avanzar para que el movimiento castigue a los demócratas y se plante de manera independiente de los partidos del régimen es vital. 
 Desde septiembre tiene media sanción una “Ley de protección de la salud de la mujer” que admite la práctica del aborto hasta la viabilidad. Su aprobación en el Senado está cuestionada, aunque es posible si los demócratas abandonan el “filibusterismo” (obstruccionismo parlamentario). “Debemos aprobar una legislación que codifique el caso Roe v. Wade (…) Y si no hay sesenta votos para hacerlo (por los requisitos del Senado), debemos reformar el filibusterismo para aprobarla con cincuenta votos” dijo Biden tratando de mostrar una firmeza que nunca caracterizó a su espacio político responsable de haber llegado a este punto. En mayo había dicho que no iba a modificar la pauta de votación en el Senado y es preciso recordar que el actual presidente votó a favor de la enmienda Hyde. No es de fiar nada de lo que digan los demócratas. 
 Desde la aprobación en la Cámara de Representantes de la Ley por la salud de las mujeres no hicieron nada por su avance, cuando ya hace más de un mes que está confirmada la derogación del fallo Roe. La conmoción social por la derogación es muy grande. Solo moviendo masas en todo el país se puede revertir el ciclo de retroceso de años de avances reaccionarios. 
 Las responsabilidades demócratas son recordadas en estos días, ya que cuando fueron gobierno y pudieron no quisieron darle un estatus más seguro al aborto legal. Mientras que el 70% de la población está a favor del aborto, el régimen garantiza que cinco de los suyos lo hagan caer. Esto pasa en “la mejor democracia del mundo” donde la policía mata a negros y goza de la más completa impunidad y los pibes matan a otros porque gobierna la Asociación del Rifle. 

 La importancia de volver a las calles por el aborto legal

 En Estados Unidos se emitió el fallo “Roe vs Wade” en 1973 bajo presión de un movimiento de mujeres que venía en alza en EEUU y en muchos otros países del mundo. Eso ocurrió 53 años después de que el gobierno de la URSS legalizara el aborto apenas a dos años de la revolución. La supremacía del gobierno de las y los trabajadores se ve claramente en estos hechos. En Argentina, 100 años después que en la URSS, se aprobó una ley de legalización parcial, hasta las 14 semanas, arrancada con miles y miles en las calles. Por su parte, la degeneración estalinista brilló por lo contrario: ilegalización temporaria, persecución a las diversidades, vuelta de la mujer a la vida doméstica. Cualquier parecido con la realidad del capitalismo en decadencia no es coincidencia. 
 Luego de la segunda ola del feminismo que conquistó este derecho en 1973 (encuadrado en el derecho más general a la privacidad), la orientación que primó fue la de la cooptación del movimiento. La confianza de que el capitalismo se puede humanizar o mejorar. En el transcurso de estos años el feminismo se topó con las enormes contradicciones que supone reclamar derechos sin golpear al régimen que los niega y dando la espalda a las mayorías. La marca del feminismo burgués (por su programa) que permitió el carrerismo estatal de unas pocas a expensas de las mayorías de mujeres pobres, afrodescendientes y latinas. 
 La lucha de la mujer en EEUU transitó la búsqueda de una igualdad capitalista luego de la segunda ola, entre mujeres y hombres, consumada en el destaque de algunas en puestos del Estado. La presencia de las mujeres en el ejército norteamericano solo sirvió para convertirlas a ellas en violadoras de prisioneros, como ocurriera en Abugh Rahib. Sin embargo, las condiciones de vida de las mujeres empeoró considerablemente durante los últimos 50 años, a un ritmo superior de la pauperización vivida por el conjunto de la clase obrera. 
 Con las mujeres desmovilizadas el olor rancio del capital avanzó. El financiamiento a los sectores neopentecostales por parte de patronales y sectores republicanos impactó en la lucha contra la ola verde en Argentina y financió la campaña de Bolsonaro. 
 Para arrancar la ley en el Senado, que es solo una punta para desarmar el camino reaccionario consolidado en cada Estado, será necesario sacar conclusiones de cómo actúan los partidos del régimen. 
 En EEUU resulta esencial volver a las calles por el aborto legal de forma independiente de lxs demócratas. 
 En política no hay vacíos, si no avanzamos nosotras avanza la derecha bajo los ojos cómplices de un progresismo postrado y concentrado en cumplir con el FMI. Que la ola verde vuelva al centro de la escena en toda América.

 Vanina Biasi

Marxismos Renovados, Sin Marx y Gramsci y el Marxismo: Juan C. Monedero y Atilio Borón.

20 años de los crímenes de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki

Luchas en el mundo contra la inflación y la precarización

viernes, junio 24, 2022

A 20 años de la Masacre Avellaneda

El ‘lawfare’ contra organizaciones sociales


No fue necesario que transcurrieran muchos días desde que Cristina Fernández denunciara la “tercerización” de la asistencia social y los acampes en el espacio público, para que un fiscal federal abriera un proceso judicial contra dirigentes o allegados de las organizaciones sociales. El Poder Judicial ha decidido valerse de una herramienta que atribuye a sus adversarios destituyentes para emprender un ataque contra organizaciones que reivindican para sí una larga trayectoria. La inquina del kirchnerismo contra “los piqueteros” es de larga data – en 2003, el fallecido presidente Néstor Kirchner había anunciado en la Rosada la intención de organizar una “brigada anti-piquetera”. La invocación de la Vicepresidenta a Evita nunca fue más pertinente, pues Eva Perón, la indudable “capitana de los descamisados” se caracterizó por combinar una inédita preocupación social por la población humilde, con una implacable hostilidad hacia el menor movimiento políticamente independiente de la clase obrera. En su discurso del 20 de junio pasado, la condena de CFK también cayó sobre dirigentes rivales dentro de su coalición política, como es el caso ‘del Evita’, convertido en un agente del estado, de una parte, y del clero vaticano, de la otra. 
 La iniciativa del fiscal Marijuan contra Belliboni y Solano está fuera de lugar, porque es claramente una persecución política. Reviste la misma categoría que la judialización de los cortes de ruta o acampes, a los que se les imputan cercenamiento de la circulación de las personas. Los fiscales y los jueces, en estos casos, deberían declararse simplemente “incompetentes”, porque hacen a un estado de necesidad, que debe resolverse por medio de la confrontación política. La Vicepresidenta reconoce ese estado de necesidad cuando propone una suerte de IFE permanente de 14 mil pesos, una suma que se encuentra por debajo de la canasta de indigencia y representa el 20% de una canasta de pobreza. Si se incluye a esta población necesitada en la categoría de desempleados, algo que el INDEC no hace, el índice oficial de desocupación salta al 20% de la población activa. En el contexto actual del país, el fiscal no podrá demostrar que su acción no es una judicialización política.
 En este orden de ideas, el cuestionamiento a los métodos que son propios o impropios de cada organización deben ser objeto de una confrontación política. Viene al caso señalar que quienes hoy son objeto de una persecución judicial, aplicaron los métodos que aquí repudiamos en la crisis política que tuvo lugar en el Partido Obrero, violando en forma descarada el estatuto partidario.
 Más allá del efecto inmediato, la acción del fiscal sienta un precedente antidemocrático, de alcances indeterminados. Como Argentina atraviesa una crisis política de alcances terminales, acciones como la que estamos denunciando ponen de manifiesto las tendencias anti-populares y autoritarias que están presentes. Las denuncias de espionaje a la sociedad civil por parte de los servicios de inteligencia nacionales e internacionales, o llamados a gobernar ‘con la lapicera’, o sea por decreto, son una pequeña prueba de ello. Llamamos a pronunciamientos contra la arbitrariedad del fiscal Marijuán, y a oponer a esta arbitrariedad la completa vigencia de la democracia en las organizaciones de trabajadores.

 Comité Editorial 
 Política Obrera 
 24/06/2022

EEUU: la Corte derogó el derecho constitucional al aborto


El 24 de junio va a ser un día inolvidable para las mujeres: la Corte Suprema anuló el fallo Roe v. Wade, que elimina el derecho constitucional al aborto después de medio siglo. El dictamen deroga un fallo que prohibía que los estados bloquearan los abortos antes de la viabilidad fetal (actualmente alrededor de 23 semanas). 
 El embate contra las mujeres, por supuesto, se propone ir más lejos. Los cavernícolas tienen muchos otros proyectos en carpeta. Por ejemplo, limitar el derecho a la anticoncepción: varios estados ya permiten que los médicos y farmacéuticos se nieguen a recetar o dispensar anticonceptivos, según el Instituto Guttmacher, que está a favor del derecho al aborto. 
 En lo sucesivo, los Estados antiabortistas tendrán la vía expedita. Al menos 21 estados tienen ya leyes o enmiendas constitucionales contra la interrupción del embarazo e irán a la prohibición total, según el Instituto Guttmacher. Es probable que se suman otros cuatro (NYT 24-6). 
 El dictamen de la Corte avala una ley que prohíbe los abortos después de la semana 15, aprobada por la Legislatura de Mississippi, dominada por los republicanos. Es el modus operandi de las legislaturas republicanas del cinturón bíblico, que hoy se llevan un gran triunfo. 
 Otro tanto vale para Donald Trump, que cumplió su promesa de que los jueces que él eligió barrerían con Roe vs Wade. Por lo pronto, el fallo muestra la impotencia de demócratas y liberales para impedir que los republicanos fueran armando una corte de jueces ultraconservadores a su gusto, mascarón de proa de un andamiaje legal que intenta arrasar con los derechos democráticos. 
 En opinión del New York Times, es “una decisión que transformará la vida estadounidense, remodelará la política de la nación y conducirá a prohibiciones casi totales del procedimiento en aproximadamente la mitad de los estados”. 
 Aunque la anulación de Roe v. Wade no indica que la Corte vaya a revisar el derecho a controlar la natalidad, el juez Clarence Thomas escribió que los jueces deberían reconsiderar “todos los precedentes sustantivos del debido proceso de este Tribunal”, incluido el caso de Griswold v. Connecticut, que declaró inconstitucional la prohibición de los anticonceptivos. Distintas presentaciones judiciales de los grupos provida equiparan los anticonceptivos de emergencia y los DIU con el aborto. 
 Diversos economistas afirman que la expansión del acceso al aborto iniciada por Roe vs. Wade redujo la maternidad adolescente en un 34 % y el matrimonio adolescente en un 20 %. 
 El fallo de la Corte prueba que no hay derecho consagrado ad aeternum. En el declive del régimen capitalista la tendencia, por el contrario, es a derogar las conquistas que arrancaron los oprimidos en otras etapas. Algunos estados, como Texas, han instituido el 24 de junio como feriado. 
 El movimiento de mujeres de Estados Unidos fue el pilar de la llamada segunda ola del movimiento feminista, que arrancó no solo el aborto sino varios centenares de leyes que permitieron un acceso más igualitario de las mujeres a la educación y al trabajo, jardines de infancia, licencias maternales, etc. La derecha religiosa ha logrado que las jóvenes norteamericanas tengan hoy menos derechos que sus madres y sus abuelas. 
 Sin embargo, las mujeres norteamericanas fueron la columna vertebral de la oposición a Trump desde antes de que asumiera, y protagonistas de la lucha contra el racismo y la violencia policial después del asesinato de George Floyd. Las obreras jóvenes son parte de la lucha por la sindicalización que arrinconó a Amazon, Starbucks y otras empresas. Es indispensable que el movimiento de mujeres rompa el corsé del partido demócrata para pulverizar a los fascistas.
 Agarrate Catalina, que vamos a cabalgar. 

Olga Cristóbal
24/06/2022

Corte de EEUU: armas y oscurantismo


La mayoría de la Corte Suprema norteamericana, paso a paso, va armando una arquitectura jurídica fascistizante en sintonía con el bloque republicano que responde a Donald Trump. Este viernes directamente anuló el fallo Roe vs Wade, que impedía a los Estados prohibir el derecho a interrumpir el embarazo. Es un ataque decisivo a los derechos democráticos de alcance internacional. 
 La Corte también había considerado legítimo que el gobierno de Trump permitiera a los patrones con objeciones religiosas negar la cobertura de anticonceptivos a las trabajadoras, la discriminación laboral a los docentes laicos de escuelas confesionales -o sea, que puedan echar a proabortista, gays o lesbianas- Legitimó también que una agencia católica de servicios sociales en Filadelfia desacate las leyes y se niegue a atender parejas homosexuales que pretenden adoptar. 
 Recientemente, bloqueó el derecho a enseñar sobre el peso que tuvieron los intereses esclavistas en la emancipación norteamericana y sobre los orígenes materialistas del racismo. Sus fallos legitiman leyes locales que imponen graves sanciones a docentes y escuelas que impartan una educación sexual que no demonice la disidencia sexual y escuche las dudas del alumnado respecto de las identidades genéricas.
 En los últimos quince días, el bloque que encabeza Clarence Thomas dio dos nuevos zarpazos sobre los derechos democráticos y el laicismo. 

 Subsidios a la derecha religiosas 

Un fallo obliga al Estado a subsidiar a las escuelas religiosas al punto que hasta el derechista Washington Post opina que “la Corte crecientemente relaja la línea constitucional entre la Iglesia y el Estado”. Hasta ahora, el gobierno pagaba la matrícula en escuelas privadas a estudiantes secundarios de zonas rurales del Maine, donde existen pocas escuelas públicas. Son unos 5.000 chicos. El requisito era que tuvieran una currícula similar a las públicas y eso excluye a las confesionales o cuya enseñanza partiera de principios religiosos. 
 El quinteto de jueces ultraconservadores de la Corte Suprema calificó la semana pasada esa restricción como discriminatoria y lesiva para la libertad religiosa, y ordenó extenderles el subsidio. “Un estado no necesita subsidiar la educación privada -dice el fallo- pero una vez que decide hacerlo, no puede descalificar a algunas escuelas únicamente porque son religiosas.” 
 Así las cosas, los chicos estudiarán a costa del Estado en instituciones que enseñan que los homosexuales son inmorales, que dios “ha ordenado funciones espirituales distintas y separadas para hombres y mujeres, y el esposo debe dirigir el hogar” y cuyo plan de estudios busca "determinar un marco cristiano para ejecutar la política exterior". 
 Es un tributo más. En Ohio, desde los años 90, las familias podían solicitar subsidios para que sus hijos estudiaran en escuelas privadas -las “escuelas voucher” que impuso el pinochetismo en Chile y propone aquí Javier MIlei. Por motivos curriculares y en nombre de la separación de la Iglesia y el Estado, las confesionales no eran una opción. Con argumentos como los de Maine, los jueces las incluyeron tanto en Ohio como en Montana. 
 Los jueces Stephen Breyer y Sonia Sotomayor, que votaron en minoría, acusaron a la mayoría de desmantelar “el muro de separación entre la iglesia y el Estado que los padres fundadores lucharon para construir”.
 Mientras las ONG laicistas acusaron a “la mayoría ultraconservadora de la Corte Suprema de obligar a los contribuyentes a financiar la educación religiosa”, la derecha religiosa celebró el carácter estratégico del fallo y prometió avanzar sobre lugares clave como Nueva York, Nueva Jersey, Florida, Pensilvania y otros.

 Licencia para matar

 Esta semana, la Corte dictaminó que los ciudadanos tienen el derecho fundamental de portar armas de fuego en la calle. El fallo de 6 votos contra 3 anula una ley de Nueva York que databa de 1913 y requería que una persona demostrara que tenía necesidades legítimas de defensa personal para recibir un permiso de porte de armas. Es una decisión histórica que impide que los estados restrinjan con normativas propias el derecho a andar armado. 
 El fallo no afecta solo a Nueva York sino a otros ocho estados que tienen legislaciones similares. 
 En el contexto de sucesivas masacres en la calle, supermercados y escuelas, la decisión de la Corte es especialmente provocadora. En 2020, 45.000 estadounidenses fueron asesinados por individuos que portaban armas de fuego. 
 El patético papel de Joe Biden y los demócratas y liberales, que se limitan a manifestar su tristeza, enojo o decepción, es una prueba inapelable de que el único camino para defender los derechos de cualquier tipo pasa por un enfrentamiento de clase, independiente de cualquier bloque patronal.

Olga Cristóbal
24/06/2022

Algoritmo sensible, élites insensibles: el problema de raíz del capitalismo 4.0


Recientemente trascendió la noticia de que el gigante tecnológico Google suspendió a un ingeniero de su planta tras revelar que una Inteligencia Artificial tiene vida propia.

 “Es sensible”, afirmó Blake Lemoine, en referencia al chatbot LaMDA, acrónimo de Modelo de Lenguaje para Aplicaciones de Diálogo (El Destape, 13/06/2022).
 Rápidamente acuden a nuestra imaginación películas y series que cuentan acerca de un futuro distópico, donde una especie de “dictadura cyborg” domina la tierra. No nos interesa aquí filosofar acerca del límite entre lo posible y lo imposible, sino más bien problematizar acerca de las características de esta transformación tecnológica, que es objetiva, material y pretende aparecer como irreversible. 
 Desde el Foro Económico Mundial, que año a año se reúne en Davos, vaticinan los escenarios de un futuro que interpela la imaginación del mejor cineasta. En los últimos tiempos este Foro, donde una nueva aristocracia financiera y tecnológica resuelve una serie de objetivos estratégicos que luego se operacionalizan e imponen como decisiones políticas para toda la humanidad, viene proponiendo el “Gran Reseteo”, una iniciativa que llama a dar forma a una recuperación económica y a la futura dirección de las relaciones globales en nombre de una supuesta prosperidad de todos. 
 La guerra, la pandemia y la destrucción del planeta asedian al mundo como si fueran las Plagas de Egipto. La diferencia es que esto no se trata de un relato bíblico, sino que son obras de un capitalismo insaciable que, lejos de todo lo que vociferan los libertarios, se muestra como un sistema incapaz de garantizar la continuidad de la vida humana. La ONG Red de Huella Global anunció que el próximo 28 de julio será el “Día del Sobregiro de la Tierra de 2022”, y marca la fecha en que la humanidad utilizará todos los recursos biológicos que la Tierra regenera durante todo un año calendario. 
 A eso se agrega una inflación mundial descontrolada, una economía que no crece, un aumento descomunal del precio de los alimentos y la energía, que realmente hacen pensar que el escenario futuro es catastrófico. Será la extensión de un presente que ya lo es. 
 Un simple ejemplo basta para dimensionar la escala del asunto: Andrew Bailey, el gobernador del Banco de Inglaterra -cuna histórica del capitalismo- pidió disculpas a los parlamentarios británicos y anunció “apocalípticos aumentos de precios de los alimentos a nivel mundial”, que van a generar “una hambruna global” (Clarín, 17/05/2022). 
 En economía política es sabido que, dentro del capitalismo, un mayor desarrollo de la ciencia y la tecnología, produce una prescindencia mayor de la mano de obra, ensanchando la brecha entre una clase trabajadora calificada, a la que los estrategas del marketing llaman “colaboradores” y tientan con salarios en dólares, y un ejército de trabajadores con “saberes obsoletos” condenados a la precariedad, conformando, como remanente, una “clase inútil” que se traduce en un aumento de la desocupación y la pobreza a escala global.
 Los CEO´s del mundo lo saben muy bien. Elon Musk ya hablaba del tema en 2017, cuando en la Cumbre Mundial de Gobierno sostuvo que “cada vez habrá menos trabajos que un robot no pueda hacer”, por lo que “surgirán nuevos empleos en los que sea fundamental combinar la inteligencia humana con la inteligencia artificial para que se potencien. Habrá que implementar algún programa frente al “desempleo masivo” (Forbes, 26/08/2021). 
 También Barak Obama, ex presidente demócrata de EEUU, en su participación en el Digital Entreprise Show (DES 2022) explicó que, indudablemente, la automatización “va a reducir el número de empleos que realizan tareas repetitivas. Lo que necesitamos es reimaginar cómo se distribuye el trabajo, puede que tengamos menos empleos que antes. Debemos tener esta conversación ahora para que cuando llegue toda esta revolución estemos preparados. No estamos anticipando lo rápido que están viniendo estos cambios. Debemos plantearnos ya la jornada de cuatro días por la llegada de la inteligencia artificial” (El Español, 14/06/2022). 
 La Organización Internacional del Trabajo (OIT) afirma que tenemos una población mundial de 8000 millones de personas, donde la fuerza de trabajo que se encuentra ocupada hoy es de 3.300 millones de personas, de las cuales 2.000 millones cuentan con trabajos informales y apenas 1.300 millones con trabajos formales, con Derechos garantizados. Es decir, el trabajo “digno” sólo emplea al 41% de la población económicamente activa a nivel mundial. 
 En cuanto a las proyecciones para 2022, también la OIT, en su informe “Perspectivas sociales y del empleo en el mundo 2022”, prevé un aumento récord de desocupados, después de dos años de crisis pandémica, observando “daños potencialmente duraderos en el mercado de trabajo”, aumentando la población obrera sobrante (OIT, 17/01/2022). 
 El Instituto McKinsey publicó en un informe que un 5% adicional de trabajadores se agregará al 22% de la población que ya era vulnerable antes de la Pandemia de Covid-19. El Informe, estima que cerca de ocho millones de personas podrían ser desplazados de sus trabajos por este proceso de automatización y digitalización para el 2030, es decir, dentro de 8 años.
 Esto nos deja ver dos cuestiones fundamentales. Por un lado, que producimos igual o más en menos horas de trabajo formal. Por el otro, surge de manera inevitable un cuestionamiento acerca de qué ocurre con el tiempo de ocio, o el “tiempo disponible” que se libera en los días y las horas que “no se trabaja”, dado que los límites entre nuestro tiempo de trabajo y nuestro tiempo de ocio se desdibujan con la irrupción masiva de la virtualidad. 
 En este tiempo de claroscuros, los grandes avances de estas “nuevas fábricas” -las plataformas digitales a las que accedemos desde nuestros dispositivos móviles- generan condiciones extraordinarias de producción y apropiación de riquezas basadas en el tiempo (no pago) que dedicamos frente a nuestras múltiples pantallas, posibilitando un lucro excepcional y una capacidad de moldear los comportamientos de la humanidad de una manera cada vez más sofisticada.

 ¿La reducción de la jornada y el salario básico universal como salida? 

 La reducción de la jornada laboral y el salario básico universal, son, para las élites económicas dominantes, salidas elegantes del atolladero civilizatorio donde han puesto al conjunto de la humanidad luego de haber trasnacionalizado y digitalizado los mecanismos de extracción de plusvalía. Proyectos de ley que intentan regularlos, rondan los parlamentos del mundo para ser debatidos e incorporados, con matices, a la política de Estado de sus países. 
 En Inglaterra recientemente se supo de una prueba piloto en 60 empresas, que redujeron su jornada laboral a 4 días a la semana. Ya se han registrado también casos en Islandia, Japón y Suecia. Argentina no es la excepción, existen proyectos de ley circulando en la Cámara de Diputados para ambos temas. 
 Dichas iniciativas se configuran como paliativo a este nudo gordiano que, por lejos, las trasciende. Creemos que el interrogante que se abre debe ser acompañado por una profunda discusión sobre el régimen de propiedad de los sectores estratégicos de la economía contemporánea, y cómo los sectores económicos “intensivos en conocimiento” se apropian de riquezas que la humanidad toda produce en la digitalización y virtualización de la vida económica, política y social.

 La disputa por el tiempo disponible 

 Con todo esto cabe preguntarnos: ¿Ya no disponemos ni siquiera de nuestro tiempo de ocio?, ¿Hay una apropiación aún mayor del tiempo disponible social? Si ya el tiempo de trabajo necesario para que este sistema funcione se reduce al mínimo, porque la tecnología hace por nosotros lo que antes solo era posible por la acción humana, ¿quién se apropia de ese tiempo disponible que la humanidad en su conjunto ha liberado por la revolución tecnológica en curso?
 Más allá del dilema ético sobre los grados de humanización que pueda adquirir la Inteligencia Artificial, el problema es que, a pesar de que la automatización de los procesos productivos llegue a límites impensados, los seres humanos seguimos siendo los únicos capaces de producir riqueza.
 Es el trabajo social, en su acepción más amplia, la actividad creadora que posibilita el mismo desarrollo científico y tecnológico. Hay que preguntarse, entonces, si estará al servicio del bienestar de los y las que trabajan o seguirá bajo la lógica de un capitalismo en el que cada vez la frazada es más corta. 

 Paula Giménez, Matías Caciabue | 22/06/2022 

 *Cacciabue es licenciado en Ciencia Política y Secretario General de la Universidad de la Defensa Nacional, UNDEF en Argentina. Giménez es Licenciada en Psicología y Magister en Seguridad y Defensa de la Nación y en Seguridad Internacional y Estudios Estratégicos. Ambos son Investigadores del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)

Jorge Altamira sobre el lenguaje inclusivo - Entrevista en Radio Capital de La Plata

jueves, junio 23, 2022

El fallo de la Corte contra CFK


La Corte Suprema se tomó tres años, nada menos, para rechazar los recursos presentados por Cristina Fernández en la llamada causa de “Vialidad”, donde es investigada por el presunto direccionamiento de la obra pública de Santa Cruz a la constructora de Lázaro Báez y el cobro de sobreprecios, incluso sobre rutas nunca terminadas. La causa se formó en 2016, a instancias del gobierno Macri. A pocas horas del comienzo de las audiencias del juicio oral contra la ex presidenta, en mayo de 2019, la Corte solicitó que se le remitiera todo el expediente, lo que fue interpretado como una maniobra para paralizar el juicio. Apenas 24 horas después, devolvió la causa al juzgado. Lorenzetti adujo que los cortesanos ya se habían hecho copia de la misma. Sin embargo, esta resolución que llega tres años después se remite a la tradicional doctrina de la Corte argentina, a saber, que ésta no interviene en cuestiones procesales, sino ante sentencia definitiva. El juicio se encuentra en la recta final: el 11 de julio próximo está previsto el inicio de los alegatos.
 Los fundamentos del fallo constituyen un alegato político, en particular, al rechazar la acusación de lawfare (guerra judicial) por parte de CFK. En sus propias palabras, la Corte negó que el caso entrañara “gravedad institucional” o que no se hubieran respetado las garantías constitucionales de los acusados. “La Corte envió un poderoso mensaje a todo el Poder Judicial”, tituló Clarín (21/6), y recordó que el tribunal es “cabeza de uno de los tres poderes de la República”. 
 El fallo se produce en el marco de un acentuado declive del gobierno de los Fernández. Apenas 48 horas antes, en su discurso en la CTA de Avellaneda, CFK delineó un programa de gobierno propio. Asimismo, está pronto a iniciarse el debate legislativo sobre los proyectos de reforma del Consejo de la Magistratura, donde los K pretenden desplazar a la Corte, que se reservó la presidencia. Se barajan alternativas incluso extravagantes, como la que propone conformar una Corte asamblearia de 24 ministros, a razón de uno por provincia.
 Con este fallo, la Corte ha dejado en claro nuevamente su condición de árbitro, aunque tendencioso. Del otro lado de la grieta, otro ex presidente, Mauricio Macri, tiene pendientes sus propias cuitas judiciales. La Corte ha rechazado que la causa contra CFK revista “gravedad institucional” -sólo están en juego sus intereses personales, dijeron los cortesanos-, pero el hecho de que dos de las principales cabezas de las coaliciones políticas que disputarán en 2023, ambos ex presidentes, se encuentren en apremios judiciales muy serios, exhibe directamente un derrumbe institucional –o sea, una crisis de régimen sin atenuantes, producto del socavamiento de la crisis capitalista, sus vaivenes políticos y la lucha de clases, durante 40 años de ´democracia´.
 La corrupción en las altas esferas del poder del Estado se ha revelado un instrumento poderoso de lucha política entre facciones de la burguesía, incluso el imperialismo, en Argentina y en todo el continente. Ha sido instrumentada judicialmente para la cobertura de golpes de Estado, llevó a varios ex presidentes a la cárcel e incluso indujo al suicidio a alguno. En este caso, las denuncias contra la ex presidenta han caído “en una suerte de fuero de atracción” (Zaffaroni dixit), porque se concentraron en su mayoría en los juzgados de los jueces Julián Ercolini y del fallecido Claudio Bonadio. La Sala IV de la Cámara de Casación -el máximo tribunal en materia penal antes de la Corte-, que antes también había rechazado los planteos de CFK, está integrada por dos jueces, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, de asiduo trato personal con Macri. Como la Corte validó sus argumentos, esto fue interpretado por el campamento cristinista como un espaldarazo (Página/12, 22/6). El fallo de la Corte se produce, además, poco después de que la “causa de los cuadernos” -cuya veracidad ha sido objetada-, estructurada a partir de un sistema de delación entre los mismos implicados, iniciara el último tramo para su debate en juicio oral y de la investigación sobre el avión venezolano-iraní retenido en Ezeiza, patrocinada por el FBI.
 Pero, más importante aún, se conoce en vísperas de lo que podría ser un estallido financiero que precipite el final adelantado del gobierno Fernández. 

 Jacyn 
 22/06/2022

Nueva rebelión popular en Ecuador


Los últimos diez días Ecuador ha sido protagonista de una rebelión popular que se ha extendido como una reguera de pólvora por las provincias. Encabezada por la población indígena del interior del país ha llegado a Quito para recrear escenarios similares a los vistos durante la rebelión popular del 2019, en ese entonces contra el acuerdo de Lenin Moreno con el Fondo Monetario Internacional (FMI). 
 Ahora, las protestas se desarrollan contra Guillermo Lasso, electo hace menos de un año. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) es quien formalmente se encuentra al frente de las movilizaciones y su brazo parlamentario Pachacutik apoya desde el recinto. Las reivindicaciones levantadas por la Conaie están destinadas a medidas que permitan morigerar el shock que ha significado la disparada de precios internacionales y del costo de vida para la población. 
 El golpe fundamental ha sido el alza de los precios de los combustibles como resultado de las sanciones de la OTAN contra Rusia. Esto ha derivado en un aumento exponencial del costo de vida de todo un sector de la población indígena que sobrevive gracias a la agricultura y la venta ambulante –lo que demanda un gran consumo de combustibles y otros químicos. 
 Leonidas Iza -presidente de la Conaie es quién se expresa como la voz dirigente del conflicto- ha expresado reiteradas veces su intención de llegar al diálogo con el gobierno y frenar las protestas y movilizaciones que han paralizado la actividad económica de todo el país prácticamente. 
 El gobierno de Lasso ha ofrecido una serie de propuestas que no atienden las demandas fundamentales de los manifestantes, el referido al precio de los combustibles y a la reversión de las concesiones mineras. A esto debe agregarse que el propio presidente ha firmado el decreto 455 que “incluye la movilización de varias instituciones, el despliegue de operaciones coordinadas entre la Policía y las Fuerzas Armadas, limitación de las aglomeraciones, toque de queda que restringe la libertad de tránsito desde las 22:00 a las 05:00 en el Distrito Metropolitano de Quito, para preservar la seguridad ciudadana y el orden público.” (CNN, 22/06)
 Lasso ha justificado esta decisión señalando el carácter violento de las movilizaciones y que el fin de estas protestas es acabar con su gobierno. Lo cierto es que hay dos manifestantes muertos en situaciones donde la responsabilidad apunta hacia las propias fuerzas represivas enviadas por el presidente. Iza ha declarado a su turno que la Conaie promueve movilizaciones pacíficas y que respetan a las autoridades electas democráticamente. 
 Esta benevolencia con el gobierno no se observa al consultar a los manifestantes. El diario El Comercio (23/6), afin a Lasso, ha buscado obtener las expresiones de los indígenas de base que participan de las protestas en Quito: “Puede ser un mes, puede ser dos meses (...) La guerra vendrá, pero aquí vamos a luchar hasta sacar al presidente", brama María Vega (47 años), quien sobrevive haciendo varios oficios. Otra manifestante ha señalado: “Ellos tienen armas. ¿Cómo se va a comparar un arma con un palo o con una piedra? No nos pueden poner en condiciones de igualdad”, dice a la AFP Luzmila Zamora (51). A lo que agrega: “Queremos un gobierno que trabaje para el pueblo, para el Ecuador entero, no solo para la clase alta”. En otro punto de la manifestación, Marco Vinicio Morales, un pastor evangélico de 40 años, no entiende cómo un país “con producción de petróleo a gran escala, oro y plata” esté sufriendo por “el alto costo de la vida”. Así que “si no hay respuesta, el mismo Lasso va a cavar la tumba y debe ser destituido”. 
 Estas declaraciones chocan con la política conciliadora de la Conaie. En 2019, la Conaie dio por finalizada las protestas tras un acuerdo precario con Lenin Moreno en el momento más alto de la rebelión popular.

 Joaquín Antúnez
 23/06/2022

Marx y Engels | David Riazanov con Xabier Arrizabalo

 

En 1922 David Riazanov dio una serie de conferencias sobre Karl Marx y Friedrich Engels en la Academia Socialista (Moscú), aplicando el método materialista de la historia para examinar su vida y legado político. Estudiamos estas maravillosas conferencias con Xabier Arrizabalo.

Renta agraria | ¿Quiénes son los "traficantes de granos"? Entrevista a Mario Santucho y Diego Kofman


¿Quién controla el comercio exterior? ¿Por qué no aumentan las reservas si hay exportaciones récord? A propósito de la investigación sobre la fuga de divisas y la evasión mediante el comercio exterior de granos realizada por EDIPO-MATE, entrevistamos a Mario Santucho, sociólogo e integrante de EDIPO y a Diego Kofman, economista y miembro de MATE, autores del artículo "La madre de todas las rentas" publicado en Revista Crisis.

Cristina vuelve a sus orígenes


Su reclamo expresa el anhelo del aparato pejotista para retomar el control social sobre la población más empobrecida. 

 Cristina Fernández de Kirchner decidió volver a sus orígenes. El ataque furibundo contra el movimiento piquetero y las organizaciones sociales que desató en un acto que protagonizó en el Día de la Bandera podrá sorprender solo a aquellos que no conocen su pasado santacruceño, cuando gobernaba la provincia patagónica el ya fallecido Néstor Kirchner. Corrían los ‘90 y el matrimonio, que brindaba testimonio de su apoyo cerrado al menemismo y festejaba la venta de YPF, reprimía duramente cualquier manifestación o piquete que realizaran en su provincia las víctimas de esa privatización petrolera. Para esos menesteres represivos solía recurrir a los servicios de las patotas de la Uocra, sin importarle que se tratara de una tercerización de las tareas de seguridad que recién ahora parece criticar. Más tarde, cuando el matrimonio buscó reconvertirse, presentándose como defensor de los derechos humanos, nunca renunció a los servicios de esas patotas. El asesinato de Mariano Ferreyra, por la patota del cristinista Pedraza en el año 2010, elimina toda controversia al respecto. 
 La nueva embestida de Cristina Fernández de Kirchner muestra que pretende encarar el futuro con los métodos del pasado. Su reclamo de que el “Estado recupere el control de los planes sociales” expresa el anhelo del aparato pejotista de los barones del conurbano y de la liga de gobernadores para retomar un control social sobre la población más empobrecida, que está resquebrajado como resultado del crecimiento del movimiento piquetero y el marcado protagonismo que en él juega la izquierda. Otra vez, Cristina Fernández de Kirchner ha sacado chapa de “estadista” haciendo un planteo que va mucho más allá de los choques faccionales de la interna del Frente de Todos, levantando una demanda que es de interés para toda la clase capitalista. Por eso no es casual que quien picara en punta con un planteo similar haya sido el protofascista Javier Milei, quien también reclamó que los planes sean administrados por los intendentes peronistas. Es que para un “libertario” nada mejor que un Espinoza o un Mario Ishii. 
 Pero Cristina Fernández de Kirchner no se contentó con pedir que los planes sean administrados por el aparato pejotista. También reclamó, inspirándose no ya en Javier Milei sino en Patricia Bullrich, una reducción significativa de los mismos. Para la expresidenta el crecimiento de la cantidad de planes no tendría justificación, dado que el desempleo sería solo de un 7%. Sin embargo, omitió lo más importante: que los 1,2 millones del Potenciar Trabajo están registrados como “ocupados”, y que una parte significativa de las personas que son registradas como ocupadas tienen trabajos precarizados con salarios que no llegan a la línea de pobreza y, en muchas ocasiones, ni a la de indigencia. En estas condiciones el plan social sirve como un complemento del salario de miseria que pagan las patronales. ¿O es que nuestra vicepresidenta millonaria piensa realmente que una familia vive con $18.000? 

 “La única verdad es la realidad” 

 Llamativamente las invocaciones acerca de que los planes sociales no serían peronismo violan la máxima peronista de que la “única verdad es la realidad”. ¿O acaso el peronismo no ha gobernado la Argentina 16 de los últimos 20 años dejando como legado más precarización, pobreza, indigencia y más planes sociales? La invocación de que el peronismo equivale a trabajo genuino y bien remunerado no se condice con la realidad que vive el pueblo argentino. Al revés, el peronismo ha sido en sus distintas variantes una expresión de las tendencias de fondo del capital a acentuar la tasa de explotación de la fuerza de trabajo y a avanzar sobre los derechos conquistados por los trabajadores con décadas y décadas de lucha. Algo que no podría haber sucedido sin la colaboración activa de la burocracia sindical que reporta también al peronismo. 
 Aunque al kirchnerismo le gusta inaugurar museos de la “memoria” parece que sufre de amnesia cuando se trata de recordar su propio pasado. Bajo sus mandatos como primera mandataria, Cristina Fernández de Kirchner se jactaba de haber transformado al movimiento piquetero en organizaciones sociales. El cambio era muy significativo: mientras el movimiento piquetero era un movimiento de lucha contra el Estado, las organizaciones sociales se incorporaban a este prestando servicios bajo la forma de cooperativas u otros tipos de trabajo descalificado. Esa transmutación le fue encargada a Alicia Kirchner, para mostrar que llevaba el sello familiar. De esta estatización de un movimiento de lucha surgieron los Pérsico, Chino Navarro y compañía. Sin embargo, el crecimiento de la pobreza y, por sobre todas cosas, la lucha consecuente librada por varias agrupaciones, entre las que se destaca el Partido Obrero y el Polo Obrero, abrió una crisis en esa cooptación permitiendo que vuelva a emerger un movimiento de lucha independiente. Ante esta situación, Cristina Fernández de Kirchner quiere prescindir también de los servicios prestados por esta burocracia cooptada y apoyarse otra vez en el aparato justicialista. Es lo que a su modo hizo Néstor Kirchner cuando fue derrotado en el 2009: para salvar el pellejo del gobierno de su esposa enterró todo intento de conformar un nuevo movimiento político y se abrazó al aparato justicialista. 

 Con los gobernadores e intendentes que pactan con el FMI 

 Este movimiento político de Cristina Fernández de Kirchner hacia el pejotismo sepulta sus críticas al acuerdo con el FMI, toda vez que el aparato de los gobernadores e intendentes fue el que permitió su aprobación parlamentaria. Con su reclamo de reducción de los planes da un paso más y se coloca a la cabeza del ajuste exigido por Kristalina Georgieva a la dupla Fernández-Guzmán. 
 Para el conjunto de la clase trabajadora y para el movimiento popular en general el ataque de la líder del kirchnerismo a las organizaciones piqueteras y sociales debe llevar a una conclusión de fondo: el peronismo en todas sus variantes es una fuerza que responde a los intereses del capital contra la clase obrera. En momentos de una crisis de fondo, tanto nacional como internacional, eso se expresa con manifestaciones reaccionarias directas, como las que expresó la propia Cristina Fernández de Kirchner en persona. La superación de esta situación reclama una política opuesta. Fue lo que debatió el XXVIII Congreso del Partido Obrero cuando llamó a acelerar las iniciativas para poner en pie un nuevo movimiento popular con banderas socialistas para luchar por una salida de los trabajadores. Colocamos a debate esta propuesta estratégica ante todo el movimiento obrero y popular de la Argentina. 

 Gabriel Solano

La nueva rebelión ecuatoriana


Ya van más de diez días de movilizaciones 

A partir del lunes, miles de manifestantes empezaron a arribar a Quito, la capital ecuatoriana, como parte del plan de lucha impulsado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), Fenocin (Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras), Feine (Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicas de Ecuador) y otras organizaciones. Las universidades abrieron sus puertas solidariamente para albergar a los movilizados, que el lunes 13 dieron el puntapié inicial al “paro nacional” con piquetes y protestas a lo largo y ancho del país. El pliego de reclamos incluye una reducción del precio de los combustibles, la condonación de deudas de pequeños campesinos, un control de precios y una moratoria en la extensión de la frontera petrolero-minera, que hace estragos en las comunidades del interior. 
 La irrupción popular es la consecuencia de las políticas de hambre y ajuste del gobierno del banquero Guillermo Lasso, cuya orientación pasa por el cumplimiento del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) suscripto por su predecesor en el cargo, Lenín Moreno. 
 Ante las movilizaciones, Lasso dictó el estado de excepción por 30 días en seis provincias, incluyendo el Distrito Metropolitano quiteño. Esto implica la movilización de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas y un toque de queda nocturno en la capital, entre otras medidas. La represión ya ha dejado por lo menos dos manifestantes muertos y cientos de heridos. 
 El ministro de Defensa brindó una conferencia de prensa junto a los jefes de las Fuerzas Armadas para intimidar las manifestaciones. El gobierno sigue el libreto represivo de Lenín Moreno contra el levantamiento popular de 2019, en cuyo transcurso las masas indígenas también ganaron la ciudad capital ante la supresión de los subsidios en los combustibles. En aquella ocasión, el gobierno debió mudarse por unos días a Guayaquil.
 El miércoles se desarrollaba en Quito una movilización del Frente Unitario de Trabajadores, en el que revisten organizaciones como el sindicato docente. Hay una convergencia en las calles de los sectores golpeados por la política económica oficial.

 Lasso, en el ojo de la tormenta 

La gravedad de la situación se revela en el debate de la Asamblea Nacional de esta semana, donde abiertamente se discutió una posible salida de Lasso -cuyo bloque parlamentario es minoritario- del poder por el mecanismo de la “muerte cruzada”. De acuerdo con el artículo 130 de la Constitución, el presidente puede ser destituido en casos de “grave crisis política y conmoción interna”. Se requieren para ello dos tercios de los votos de la Asamblea. En tal caso, es el vicepresidente quien asume transitoriamente el cargo y debe convocar a elecciones, tanto legislativas como ejecutivas. Algunos legisladores del Unes, partido del exmandatario Rafael Correa, dejaron abierta esa posibilidad, que exigiría el acuerdo de otras formaciones políticas como Pachakutik (brazo político de la Conaie) y los socialcristianos para prosperar. 
 Esta variante sería un recurso extremo para estabilizar la situación, en caso de que la situación se radicalice. Vale apuntar que, según el diario El Universo (20/6), miles de los indígenas que ingresaron a la capital el lunes lo hicieron al grito de “Fuera Lasso”. El gobierno se ha ganado el odio de los más explotados. 

 Represión y “diálogo” 

Por lo pronto, lo que prevalece es la combinación de la represión con pérfidos llamados al “diálogo”, que tienen el único propósito de sacar a la población movilizada de las calles. Lasso se hizo eco de uno de esos llamados, promovido por el colectivo Diálogos Nacionales, que nuclea diversas ONG’s. 
 Con la convocatoria al “paro nacional”, la Conaie rompió un largo período de tregua con el gobierno. Lasso supo valerse de ese tiempo de gracia para avanzar en sus políticas.
 El dirigente de la Conaie, Leónidas Iza, no descarta la posibilidad de un diálogo con el gobierno, pero exige que sea sin intermediarios y que previamente cese la represión -él mismo estuvo detenido durante alrededor de 24 horas la semana pasada.
 La enorme movilización en curso deja abierta la posibilidad no solo de conquistar los reclamos parciales sino también de terminar con el gobierno ajustador y represivo de Lasso, como reclaman sectores de las bases. 

 Gustavo Montenegro

Presentación “Una historia del movimiento piquetero”

Atilio Borón: ¿Qué le puede ofrecer Estados Unidos a América Latina?