El ‘lawfare’ contra organizaciones sociales

No fue necesario que transcurrieran muchos días desde que Cristina Fernández denunciara la “tercerización” de la asistencia social y los acampes en el espacio público, para que un fiscal federal abriera un proceso judicial contra dirigentes o allegados de las organizaciones sociales. El Poder Judicial ha decidido valerse de una herramienta que atribuye a sus adversarios destituyentes para emprender un ataque contra organizaciones que reivindican para sí una larga trayectoria. La inquina del kirchnerismo contra “los piqueteros” es de larga data – en 2003, el fallecido presidente Néstor Kirchner había anunciado en la Rosada la intención de organizar una “brigada anti-piquetera”. La invocación de la Vicepresidenta a Evita nunca fue más pertinente, pues Eva Perón, la indudable “capitana de los descamisados” se caracterizó por combinar una inédita preocupación social por la población humilde, con una implacable hostilidad hacia el menor movimiento políticamente independiente de la clase obrera. En su discurso del 20 de junio pasado, la condena de CFK también cayó sobre dirigentes rivales dentro de su coalición política, como es el caso ‘del Evita’, convertido en un agente del estado, de una parte, y del clero vaticano, de la otra. 

 La iniciativa del fiscal Marijuan contra Belliboni y Solano está fuera de lugar, porque es claramente una persecución política. Reviste la misma categoría que la judialización de los cortes de ruta o acampes, a los que se les imputan cercenamiento de la circulación de las personas. Los fiscales y los jueces, en estos casos, deberían declararse simplemente “incompetentes”, porque hacen a un estado de necesidad, que debe resolverse por medio de la confrontación política. La Vicepresidenta reconoce ese estado de necesidad cuando propone una suerte de IFE permanente de 14 mil pesos, una suma que se encuentra por debajo de la canasta de indigencia y representa el 20% de una canasta de pobreza. Si se incluye a esta población necesitada en la categoría de desempleados, algo que el INDEC no hace, el índice oficial de desocupación salta al 20% de la población activa. En el contexto actual del país, el fiscal no podrá demostrar que su acción no es una judicialización política.

 En este orden de ideas, el cuestionamiento a los métodos que son propios o impropios de cada organización deben ser objeto de una confrontación política. Viene al caso señalar que quienes hoy son objeto de una persecución judicial, aplicaron los métodos que aquí repudiamos en la crisis política que tuvo lugar en el Partido Obrero, violando en forma descarada el estatuto partidario.

 Más allá del efecto inmediato, la acción del fiscal sienta un precedente antidemocrático, de alcances indeterminados. Como Argentina atraviesa una crisis política de alcances terminales, acciones como la que estamos denunciando ponen de manifiesto las tendencias anti-populares y autoritarias que están presentes. Las denuncias de espionaje a la sociedad civil por parte de los servicios de inteligencia nacionales e internacionales, o llamados a gobernar ‘con la lapicera’, o sea por decreto, son una pequeña prueba de ello. Llamamos a pronunciamientos contra la arbitrariedad del fiscal Marijuán, y a oponer a esta arbitrariedad la completa vigencia de la democracia en las organizaciones de trabajadores.

 Comité Editorial 

 Política Obrera 

 24/06/2022