La juventud se encuentra cada vez más lejos de poder obtener su emancipación habitacional, tal como los describe un reciente informe que concluye que el 39% de la población de entre 25 y 35 años no logró salirse del hogar de origen, principalmente por los límites económicos para costear un alquiler por sus propios medios. Un escenario que se agrava con la precarización y flexibilización laboral existente, con trabajos mal pagos, no registrados y de corta duración.
Se trata de un informe elaborado por Tejido Urbano, en referencia a las oportunidades habitacionales para la juventud en el pasado 2025, dejando de manifiesto que 4 de cada 10 jóvenes no han logrado emanciparse de sus hogares de origen, sumando un total de 1,8 millones de jóvenes.
Entre las principales razones de este fenómeno se ubica la incapacidad económica de los mismos, tanto por el aumento de los alquileres a niveles impagables para gran parte de la población, como por el deterioro del empleo para estos sectores ultraprecarizados.
Respecto a los precios de los alquileres, la Fundación Tejido Urbano relevó que solo en 2025 los valores al público aumentaron un 70,3%, contra una inflación anual del 31,5%, mientras que el impacto en 2024 fue aún mayor tras la salida del régimen de la Ley de Alquileres y la liberalización indiscriminada el del sector inmobiliario. A esto resta añadirle el gasto creciente en servicios, como resultado de la liberación y aumento de tarifas, y el crecimiento de los costos de vida.
Pero no se trata de un factor unilateral, sino que por el otro lado tenemos el creciente deterioro del empleo y los salarios percibidos por el sector más joven de los trabajadores, donde los salarios de este estrato son en promedio un 10% inferiores al del conjunto de la Población Económicamente Activa (PEA), con una informalidad laboral del 36% empleo ultraprecarizados, bajo la condición de “monotributistas” y por salarios inferiores a la canasta de pobreza.
La desocupación también es un factor relevante, con una diferencia de 10 puntos porcentuales entre los jóvenes que se han logrado emancipar y quienes no, dando cuenta de que la economía nacional no ofrece alternativas reales de oferta laboral para los jóvenes y con un gobierno que se esfuerza en liquidar la industria y el empleo, subordinando el plan económico a los negocios del capital financiero e internacional.
El gobierno había prometido que la derogación de la Ley de Alquileres no sería un inconveniente debido a que con sus políticas se daría una supuesta “recuperación salarial y del poder adquisitivo” que nunca vino. Ahora los trabajadores tienen peores salarios y alquileres más caros.
Cabe añadir que esta situación se da cuando el escaso crédito hipotecario, ahora en caída, se vuelve inaccesible para la población trabajadora de bajos ingresos, más aún si se encuentran precarizados y sin reconocimiento de la relación laboral, como ocurre con los monotributistas, para quienes no hay crédito alguno ni posibilidad de acceso a la vivienda propia.
Según las últimas estadísticas publicadas, se requieren unos 65 salarios formales para acceder a una vivienda propia en la provincia de Buenos Aires, siempre considerando que se emplee el 100% del salario para tal fin, cosa que resulta prácticamente imposible.
La crisis habitacional en la Argentina revela un problema estructural de los trabajadores: los bajos salarios y el avance de la precarización y el fraude laboral. Así como la naturaleza de un sistema financiero volcado por completo a la especulación y no a los créditos hipotecarios de acceso a la población.
Salir de esta situación requiere poner en pie una recomposición general de los salarios y recuperación del empleo, bajo un programa económico e industrial de los trabajadores, con acceso al crédito hipotecario a tasas que no superen el 20% de los ingresos familiares y que sean de acceso universal para la población, lo que requiere a su vez de un plan de viviendas y un banco de tierras ociosas para satisfacer la demanda habitacional de la población trabajadora.
Marcelo Mache
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