El acuerdo alcanzado entre el gobierno nacional y el FMI nos deja de ser una manifestación más de la crisis económica y de la falta de perspectiva de la gestión de Javier Milei: las “facilidades” otorgadas por el organismo internacional de crédito vienen acompañadas de una reevaluación de las metas impuestas a la Argentina que desnuda del fracaso de la política oficial y ponen en jaque a un gobierno con un rumbo desastroso.
Con el reciente acuerdo el gobierno gana un poco de “oxígeno” para hacer frente a los vencimiento de deuda de este 2026, equivalentes a unos 4.700 millones de dólares para lo que resta del año, con el desembolso de unos primeros 1.000 millones de dólares y un esquema precario que combina el acuerdo anunciado con entidades financieras internacionales (Banco Mundial y BID) como garantes ante los bancos privados para la obtención de financiamiento hasta 2.550 millones de dólares.
La situación económica del gobierno es tan frágil que no solo no puede obtener un financiamiento internacional barato sustentado en sus supuestos logros, sino que a lo más que aspira a una “garantía” de algunas entidades para poder negociar “condiciones más beneficiosas” ante la banca privada internacional, sin nada en concreto.
Esta segunda revisión del acuerdo con el FMI vino de la mano de una reducción de los objetivos del organismo, con las previsiones del superávit fiscal cayendo del 2,2% originario al 1,4% del PBI, para el año en curso; un ajuste a la baja del crecimiento esperado, que pasa del 4% al 3,5% y un aumento en los pronósticos de la inflación, del 16,4% al 30,4%.
Se trata de un reconocimiento del fracaso oficial y de un gobierno con un rumbo desastroso en lo económico, con una política de ajuste fiscal que no ha servido para proyectar un crecimiento económico –sino más bien todo lo contrario- y con una economía recesiva combinada con inflación y caída de los salarios e ingresos de la población: un cóctel explosivo tanto para la economía como para el crecimiento de la crisis social y la conflictividad.
Mientras esto ocurre, desde el gobierno apelan a todo tipo de artimañas para embellecer sus resultados fiscales, algo que está generando complicaciones con los capitalistas exportadores, quienes denuncian una demora de hasta 8 meses en los reintegros y devoluciones que el Estado debe hacer en materia fiscal, lo que sirve a forzar una “contabilidad creativa” de las finanzas públicas postergando los pagos.
No se trata del único flanco abierto por el gobierno, siendo una política que replica en todos los planos. Hace algunas semanas con el conflicto con las concesionarias del transporte público de pasajeros por los retrasos en los subsidios acordados; ahora con el desfinanciamiento del Pami que afecta a miles de profesionales médicos y millones de pacientes; junto con otra políticas, como el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, entre otras medidas.
Entre los recursos que el gobierno se compromete a aplicar al pago de la deuda externa se encuentran los provenientes de las privatizaciones que impulsa el Ejecutivo nacional, que van a parar directamente a las manos del capital financiero y los especuladores. Es lo sucedido con los $2 billones provenientes de la privatización de la represa del Comahue.
La economía nacional se encuentra en una encrucijada, con el crecimiento de las importaciones y la caída de la recaudación fiscal por las exenciones y beneficios otorgados por el gobierno a los exportadores, así como la caída de la actividad económica que redunda en menores ingresos al fisco.
Además, según datos compilados por Cepa, el gobierno cuenta con un déficit financiero implícito producto de la emisión sistemática de títulos en pesos capitalizables durante sus licitaciones, lo que dejaría un resultado financiero deficitario en marzo de este 2026 del orden de $1,84 billones y un déficit acumulado desde enero 2024 de $41,49 billones.
Si algo acuerdan el FMI y el gobierno es que la política económica oficial es un fracaso y que no puede salir del atolladero en el que se encuentra, recurriendo en un loop de endeudamiento y reendeudamiento que no lleva a ningún lado salvo a una crisis más profunda y mayores penurias para los trabajadores.
Marcelo Mache
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