En su discurso en la Bolsa de Comercio, Milei se quejó por no haber obtenido la media sanción del Senado a la Ley de "Inviolabilidad de la Propiedad Privada", cuya discusión se retomará el 6 de agosto. Como parte de la defensa de este proyecto como una necesidad para el progreso del país, mencionó la problemática de los alquileres, cuando la presentación oficial implica un duro golpe contra los inquilinos y quienes se encuentran en condiciones de precariedad habitacional.
Es que da luz verde a desalojos exprés y refuerza el poder de los propietarios sobre los inquilinos, incluso con el apoyo de las fuerzas de seguridad del Estado. En casos de "usurpación" o de "tenedores precarios", basta con que el propietario documente su titularidad sobre el inmueble para que un juez pueda intimar la devolución en un plazo máximo de 72 horas.
En cuanto a los sectores vulnerables, aquellas familias que tengan menores de edad o personas con discapacidad a su cuidado tendrán un plazo máximo de 10 días para encontrar una "alternativa habitacional". Pero, en el contexto de la actual crisis social, esto significa un pasaje directo a vivir en la calle.
Por su parte, los inquilinos que adeuden el pago del alquiler tendrán un plazo de al menos 10 días corridos desde la intimación para cancelar la deuda. Si no lo hacen, el propietario puede reclamar el desalojo.
Además, la ley habilita medidas procesales rápidas como allanamientos, el uso de la "fuerza pública" y hasta la apertura de cerraduras en días y horas inhábiles, incluso cuando los inquilinos o habitantes no se encuentren en el domicilio.
La ley coloca a los inquilinos en una situación de mayor desprotección frente a los atropellos de los propietarios y los grupos inmobiliarios. En un país donde el déficit habitacional envuelve a millones de personas y los precios de los alquileres son cada vez menos costeables para los trabajadores, constituye un impedimento más para acceder a un techo.
Durante el primer semestre del año, los precios de los alquileres han aumentado un 18,9% en el Gran Buenos Aires, cuando el promedio de inflación fue del 16,8%, alcanzando picos en regiones como el noreste y el noroeste. En la comparación interanual, en junio los alquileres aumentaron un 43,3%, también en el GBA, cuando el índice de precios general aumentó un 33,4% (datos del Indec).
El alquiler promedio de un departamento de dos ambientes en CABA superó los $700.000 en el primer trimestre del año. Se estima que aquellos que quieran alquilar deben pagar una cifra que duplica o cuadriplica el valor del alquiler inicial –entre el adelanto, el depósito en garantía, los honorarios inmobiliarios y los costos de un flete.
De hecho, se están frenando las mudanzas. El 28,6% de las firmas registradas en el AMBA durante el primer semestre de 2026 están relacionadas a prórrogas y renovaciones de contratos vigentes. En este marco, muchos tienden a buscar un alquiler en el conurbano, donde hay precios menores en comparación con los de Capital, pero no por eso dejan de ser prohibitivos.
En octubre del año pasado, un inmueble de dos ambientes costaba alrededor de $550.000 mensuales promedio en GBA oeste-sur. El promedio de publicación en Tristán Suárez, al sur de la provincia, se ubica en alrededor de $430.000 (El Cronista, 14/7).
Más se complica aún para aquellos que están en la informalidad o como monotributistas –casi la mitad de la población en la Argentina "liberal"-, ya que al carecer de recibos de sueldo tradicionales se ven obligados a presentar un cotitular o un avalista solidario para la aprobación del contrato.
Mientras niegan y/o lesionan el derecho a la vivienda, los capitalistas y el gobierno de Milei, con su política, producen cientos de miles de despidos, una caída del salario que casi no tiene precedentes y un incremento de la precarización laboral.
La bronca, mientras tanto, crece. El mes pasado se realizó la Marcha de las Escobas, una movida contra la especulación inmobiliaria y los desalojos que el gobierno de Macri impulsa en CABA. Los trabajadores debemos organizarnos para salir a rechazar masivamente la ley reaccionaria del gobierno y sus socios cuando se discuta en el Congreso nuevamente.
Nazareno Suozzi
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