Salvada la fase crítica de la encrucijada electoral en Venezuela el chavismo debe ahora enfrentar en Venezuela numerosos retos económicos. En un país en el que existe una importante correlación entre la percepcion económica personal y la intención de voto, muchos analistas han desdeñado el impacto del alza de los ultimos meses de inflación y el desabastecimiento en la perdida de votos de Nicolás Maduro.
Lo cierto es que tanto medidas apresuradas como un evidente ataque económico orquestado desde la intacta maquinaria económica opositora -especialmente en el área agroalimentaria (1), ya impactaron negativamente en los últimos meses en la capacidad adquisitiva de los asalariados venezolanos. Fracasada la primera fase del golpe mediático de la oposición todo hace prever un recrudecimiento de este eficaz cerco económico al respaldo político, un ataque organizado con el fin de erosionar el apego de las clases populares al gobierno bolivariano que se debate entre la profundización de medidas socialistas y un pacto de no agresión con quienes pueden cercar a la población “por hambre”.
Es por esto que el eje del debate en Venezuela se sitúa progresivamene en el ámbito económico en general y torno a los problemas de inflación, devaluación, política cambiaria y actualización salarial en particular (2).
Sin duda la más controvertida de las medidas adoptadas por el Gobierno en los últimos meses ha sido la devaluación operada el 8 de Febrero. Si bien esta medida no es más que la respuesta natural al efecto del excesivo represamiento de la depreciación que el cambio fijo produjo sobre la divisa venezolana -que se mantuvo a paridad fija por dos años mientras la inflación acumulada en ese periodo superaba el 50%-, lo cierto es que la apertura de los diques ha supuesto una coartada idónea para cualquier agente con capacidad para fijar precio en Venezuela, y todos se han lanzado a actualizar sus tarifas proporcionalmente a la devaluación, obviando la limitada influencia de las importaciones en el PIB venezolano, menos de un 18% (3).
Efectivamente, cualquier venezolano es consciente de que sus bolívares -con los que se “compran” divisas”- se deprecian anualmente y por tanto “puede comprar” menos con ellos. El Estado lucha denodadamente por evitar esta depreciación – o lo que es lo mismo, la inflación – fijando los precios de todos aquellos productos cuyas tarifas controla, a saber, el combustible, los servicios eléctricos, algunos productos alimentarios y ….. también lo hace con el dólar.
No obstante, el exíguo control sobre el conjunto de una economía en la que los oligopolios financieros y productivos siguen en manos privadas, torna ineficaces los controles estatales al alza de precios.
De este modo, al igual que los productores privados exigen una revisión de los precios al alza presionados por las tensiones inflacionistas, el propio Estado se ve incapaz de seguir financiando el déficit de tarifa de un producto costoso como es el billete verde. La devaluación por tanto responde simplemente a la actualización de precios de un producto más, en este caso el dólar.
El problema estriba en que el valor de cambio de esta moneda, al igual que sucede con el precio de los combustibles y con el salario mínimo, es un precio referencial en la economía y por tanto su actualización agrava la tensión inflacionista que el Estado se ve, cual Sísifo, incapaz de contener.
No es la devaluación por tanto la causa de la inflación, sino al contrario, su consecuencia. Efectivamente, si tratamos de descubrir cual es el motor de la inflación, pareciera que paradójicamente uno de los factores explicativos fundamentales - al margen de la feroz resistencia de los oligopolios a ver mermadas sus exorbitantes tasas de ganancia- no es otro que la persistente y benéfica política de redistribución de la riqueza del chavismo, que se ha centrado principalmente en 1) redirigir la inyección de la riqueza petrolera al tiempo que 2) trataba de aumentar la producción -a un ritmo que resultó siempre menor que la primera-.
Y es que frente a economías en las que las rentas proceden exclusivamente del trabajo o el capital, la economía venezolana cuenta con un ingreso extraordinario que no es otro que el petrolero. El notable incremento del poder adquisitivo de los trabajadores, que ha favorecido un extraordinario crecimiento de la demanda agregada en el país, se ha correspondido en realidad con una redistribución de este ingreso extraordinario y no con una recomposición de las relaciones capital-trabajo que hubiera podido atajar el desequilibrio entre rentas salariales y del capital y consecuentemente, en lugar de expandir la demanda, la hubiera redistribuido -desde sectores especulativos y suntuarios a aquellos de consumo básico.
Efectivamente, el Estado Venezolano, en la pasada década, ha invertido gran parte del superavit de la balanza comercial -los excedentes del petróleo- en mecanismos que ensanchan la capacidad de consumo y satisfacción de necesidades de las clases populares. Lo ha hecho por distintas vías: 1) contratando trabajadores en el sector público para cubrir servicios y derechos sociales desasistidos en la cuarta república, 2) cubriendo rentas básicas a sectores desfavorecidos tales como adultos mayores sin pensión contributiva, 3) liberando salario de la renta familiar con servicios públicos gratuitos de educación, sanidad y recientemente vivienda, 4) aumentando salarios mínimos por encima de la inflación, así como un largo etcétera.
Esta enorme inyección de poder adquisitivo habría sido absorvida por dos vías fundamentalmente 1) la creciente importación y 2) el aumento de la producción.
La primera se encontraba tocando techo ya en 2012 (4) mientras que la segunda no sólo no ha logrado acompañar el crecimiento de la capacidad adquisitiva sino que incluso ha mostrado algunos índices en rojo – por ejemplo en la producción metalúrgica, el segundo rubro en importancia exportadora del país (5).
Este comportamiento se mostró de forma especialmente acusada en 2012, año en el que asistimos a un extraordinario aumento del poder adquisitivo (6) - que hizo crecer la demanda pública y privada en un 7%-, cubierta con adelantos presupuestarios que mermaron la capacidad de liquidez del BCV (7) y aumentaron el déficit público.
El límite de la capacidad de “adelantar” nos situó en presencia del techo en la capacidad importadora (8) lo que a la postre ha acompañado el ataque económico opositor con un “brote de escasez” a principios del año. No se trataría de que hay menos productos en los anaqueles que antaño sino que, contándose con los mismos, la población tiene mayor capacidad para retirar gracias al incremento de la masa monetaria distribuida en sus bolsillos (9) y que, debido a las políticas correctas que represan la inflación, su poder adquisitivo no se habría “devaluado” en términos equivalentes.
El Proceso venezolano por tanto pareciera encontrarse en este preciso momento ante dos problemas económicos; el primero un “exceso” de poder adquisitivo de los trabajadores, que no resulta sostenible al nivel de 2012 sin cambios económicos estructurales, y el segundo el que se habría encontrado un techo en su política de mejora de las condiciones de vida de sus ciudadanos, un techo delimitado por 1) los límites de la renta petrolera y 2) la capacidad actual de incrementar la producción interna.
Ante esta situación se abren nuevos escenarios que ofrecen distintas posibilidades para superar el impass. Algunas son meras optimizaciones del modelo de redistribución de la renta petrolera mientras que otras apuntan a transformaciones estructurales:
El intento de sostener la progresión redistributiva mediante el endeudamiento público. Ésta sería una opción a considerar, teniendo en cuenta que, al margen de lo que anuncian las lecturas neoclásicas, Venezuela tiene un nivel de endeudamiento relativamente bajo respecto a su capacidad de honrarla. Efectivamente, un reciente estudio del reputado think tank norteamericano CEPR10 recordaba que la la deuda pública venezolana, según el FMI se situaba en el 45.5% del PIB, relativamente baja si la comparamos con la de la UE – una economía con una balanza comercial menos excedentaria que la venezolana (11) que ralla el 82.5%. Si atendemos a la capacidad de respuesta ante el servicio de la deuda éste es exclusivamente del 4.1% de las exportaciones lo que sin duda nos dibuja un horizonte de sostenibilidad. El endeudamiento permitiría seguir incrementando los salarios directos, indirectos (Misiones) y diferidos (pensiones) en el medio plazo, confiando en tanto en la efectiva puesta en práctica de otras medidas estructurales.
Capturar parte de los 15.000 millones de dólares de la renta petrolera que se estarían escapando por distintas vías. Esta pareciera ser una de las líneas centrales de la política económica de Nicolás Maduro que ya habría reformado en profundidad el esquema de gestión de divisas del país, eliminando el SITME y creando un nuevo organismo plenipotenciario sobre el sistema principal, CADIVI. El mensaje de guerra frontal a la corrupción y el burocratismo – ha llegado a utilizar los términos “traidores” o “guillotina” para aquellos que sean descubiertos en estas prácticas- apuntaría a que esta es parte esencial de la estrategia.
Incrementar la capacidad productiva. Es otra de las apuestas seguras del Presidente Maduro, que ha hecho un fuerte énfasis en la Eficiencia -programa bautizado como Gran Misión Eficiencia o Nada, rescatando palabras del Presidente Chávez-. La capadidad instalada del parque agrícola e industrial venezolano están por debajo de sus niveles de producción óptimos.
Un incremento en la eficacia y eficiencia de las gerencias de los sectores productivos en manos del Gobierno -que no son menores- podria muy bien constituir un revulsivo a medio plazo para las expectativas económicas del país.
Efectivamente, por sólo poner un ejemplo, un sector crucial como el de la minería ha ido disminuyendo su aportación al PIB hasta en 2 puntos en los últimos años. Nicolás Maduro ha apuntado ya al endurecimiento de las exigencias de cumplimiento productivo y de apego a la moral revolucionaria de los trabajadores de todo el sector público -con especial atención al sector minero del área de Guayana-, que como decimos habría mostrado su laxitud incluso en momentos tan críticos como el preelectoral agosto de 2012 (12).
Considerar los límites del actual modelo - si no se adoptan medidas estructurales - y sostener un status quo sin aceleraciones del proceso de redistribución. Esta línea, requeriría la disolución de cierta burbuja salarial/monetaria creada en 2012 y sin duda traería consigo un recrudecimiento de la conflictividad laboral y el inicio de una línea de fractura entre la clase trabajadora y la dirección política del proceso revolucionario. Medidas de este corte sin duda reforzarían la campaña mediática opositora y mejorarían su respaldo en sectores populares por lo parece poco probable que se adopten.
Emprender un proceso de redistribución efectivo de la capacidad adquisitiva atacando a los núcleos de poder económico del capital. Se trataría de abordar la tarea muchas veces postergada por presiones internas y coyunturas electorales y, con un horizonte de estabilidad de al menos 3 años en el peor caso -considerando un posible revocatorio promovido por la oposición-, afrontar medidas que realmente apunten a la redistribución no ya de la riqueza petrolera sino de la relación entre las rentas del capital y trabajo:
1. Mediante la transformación de la fiscalidad del país para convertirla en un motor de redistribución. Las posibilidades en este área son enormes. Un estudio reciente de la CEPAL (13) ha calculado la presión tributaria potencial de los países latinoamericanos sobre la base de su PIB per cápita (PPA), contrastándola con el valor efectivo de la misma. De este modo, se encontró que durante el periodo 2007-2008 el promedio de la región arroja que la presión tributaria efectiva se encuentra en torno a los 3 puntos del PIB por debajo respecto a su verdadero nivel potencial, con algunos casos destacados entre los que se encuentra Venezuela con un saldo negativo de -8,3% del PIB respecto del potencial que le correspondería de acuerdo a su PIB per cápita. En cuanto a progresividad el mismo estudio de CEPAL establece que el 10% más rico de la población tuvo una participación promedio en el ingreso de sólo un 28% aproximadamente. Los impuestos indirectos además superan en recaudación, con un promedio del 74,28% de la recaudación total a los directos, los cuales presentan un promedio de 24,83% durante el periodo 1994-2012. Entre los impuestos indirectos el IVA interno es el que tiene más peso con un valor promedio de 53,19% de la recaudación neta.
2. Reduciendo la tasa de ganancia del capital con mecanismos de control -como los controles de precios- que eviten que los capitalistas puedan reaccionar ante cualquier medida económica del gobierno repercutiéndola en los precios para recuperar su tasa de ganancia. Esta línea estaria siendo anunciada por la Ley de Control de Precios de Vehículos Nuevos y Usados y por el impulso a la Ley Antimonopolios, que incluiría su prohibición y con ello la democratización económica en Venezuela..
A buen seguro la salida al punto crítico en el que se encuentra la economía venezolana será a un compendio de las distintas opciones. El que primen las opciones de transformación estructural o aquellas que se limitan a optimizar el modelo de redistribución de la renta petrolera definirá el futuro de este Proceso y su horizonte. No está por tanto en juego la viabilidad de un Gobierno chavista, que tendría buenas perspectivas y amplias posibilidades de maniobra, sino si éste agotará su avanzar en la actual etapa socialdemócrata de ampliación de derechos sociales y políticos -apoyada en la renta petrolera- o por contra seguiremos avanzando a una genuina democracia socialista del s.XXI.
Sergio Pascual
Notas
(1) En el que destaca la hegemonía de POLAR, un megamonopolio que surte la mayor parte de los bienes preferidos de la canasta básica de todos los venezolanos, desde la harina PAN para hacer arepas hasta el limpiaplatos Las Llaves pasando por las cervezas más bebidas y las mantequillas y aceites más consumidos.
(2) El mismo día 23 de abril, sin ir más lejos, a 8 días del triunfo de Maduro y con la oposición política en plena discusión sobre la legitimidad del proceso electoral, la prensa opositora -Últimas Noticias, el diario más leído del país- ya marcaba pauta señalando a portada completa que 3 retos tienen los “cerebros” de la económia: frenar la inflación, producir más y aflojar las divisas.
(3) Calculos propios a partir de datos del Banco Central de Venezuela.
(4) Las importaciones se incrementaron a US$ 59.339 millones en 2012 desde US$ 46.813 millones en 2011.
(5) La producción de Aluminio procesado en febrero, mostrada por Alucasa tuvo un decrecimiento de 21,7% interanual y Cabelum, mostró un retroceso de 55,4% para el mismo periodo. Las ventas totales de aluminio Alcasa – Venalum al mes de diciembre de 2012 mostraron un descenso de 74% respecto al mismo mes del año anterior.
(6) El aumento salarial del 30% estuvo 10 puntos por encima de la inflación del año,situada en 20,1%
(7) Las cifras oficiales registraban que al cierre del tercer trimestre las reservas líquidas se ubicaban en 2 mil 242 millones de dólares, magnitud que representa un descenso de 60% respecto a enero de este año y de 93% en cuatro años.
(8) El INE calculaba que el peso relativo de las importaciones alimenticias entre octubre de 2011 y 2012 había pasado de 31,93% a 30,55%
(9) La Liquidez Monetaria (M2) alcanzó Bs. 744.554 millones al cierre de la semana del 15 de marzo. Presenta una variación interanual en términos nominales de 59,19% y cuando toma se descuenta el efecto inflacionario al mes de febrero, el crcimiento de la liquidez real se ubica en 30,4%.
(10) http://www.cepr.net/index.php/publi...
(11) La balanza comercial acumulada al cierre del 2012 (exportaciones menos importaciones) reflejó un superávit de US$ 38.001 millones, debido a mantenerse el nivel de exportaciones al alcanzar US$ 97.340 millones, superior al 2011 que sumó US$ 92.811 millones.
(12) En el mes de agosto de 2012 la producción de Acero Líquido de Sidor y Sidetur disminuyó en 27,5% en relación al mismo mes de 2011, y disminuyó en 14,9% frente al mes anterior. En ese sentido la producción de agosto se situó en 163.916 MTM, entre tanto, las ventas anualizadas se ubicaron en 2.107 millones de toneladas métricas, frente al dato de agosto 2009, de 4.134MTM, siempre según las propias empresas. La producción de oro por otro lado mostró un descenso al mes de diciembre de 62,2% respecto al mes de enero de 2012.
(13) http://www.eclac.cl/cgi-bin/getProd...
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