El gobierno nacional anunció el envío al Congreso de la Nación, para su tratamiento en sesiones extraordinarias, de un proyecto de reforma integral del Código Penal con un carácter netamente punitivista, con el aumento de la mayoría de las penas para evitar eventuales excarcelaciones, la baja de edad de imputabilidad, la imprescriptibilidad de nuevos delitos y una batería de reformas que aumentan la “discrecionalidad” del Estado y el “perfeccionamiento” de un instrumento en manos de los capitalistas contra los trabajadores.
La iniciativa fue presentada por la exministra de Seguridad y actual senadora electa, Patricia Bullrich, en una conferencia de prensa, junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quienes adelantaron el espíritu punitivista del proyecto de reforma, que sería enviado al Congreso en las próximas semanas.
El proyecto de ley plantea agravar la casi totalidad de las penas del Código Penal, con el propósito de evitar la excarcelación de quienes incurran en delitos actualmente con penas menores a los 3 años, en un país donde más del 40% de la población carcelaria se encuentra sin condena efectiva y con prisión preventiva.
El aumento de las penas va de la mano de la eliminación del tope temporal para los casos de condena a prisión perpetua, convirtiendo a la misma en un “castigo eterno” o lo más cercano a la pena capital; el intento de bajar la edad de punibilidad, actualmente en los 16 años, a los 13 años de edad; y la modificación del concepto de “legítima defensa” para encubrir casos de gatillo fácil y promover la “justicia por mano propia”.
Entre los puntos más promocionados por el gobierno se encuentra la extensión de la imprescriptibilidad a delitos más allá de los de lesa humanidad, abarcando tipos penales como el abuso sexual y el homicidio agravado, entre otras. Algo que fue presentado como “progresivo”, por parte de un gobierno que promueve los discursos machistas y misóginos, descalificando las cuestiones de género y amparando discursos ideológicos proabusadores como el Síndrome de Alienación Parental, es decir que favorece los obstáculos que sufren las víctimas para reconocer y denunciar los hechos.
Como dato de color, el gobierno decidió no incorporar entre los delitos imprescriptibles los correspondientes a las causas por corrupción, cuidándose las propias espaldas de futuras denuncias por las fechorías cometidas y por cometer, y en favor de toda la "casta" política burguesa.
El gobierno justifica gran parte de su paquete con penas duras para el narcotráfico, el terrorismo y los funcionarios corruptos, en un país donde La Libertad Avanza no disimula sus vínculos con probados narcotraficantes –como el caso de Fred Machado, Espert, la propia Bullrich y otros-, con una figura ambigua de “terrorismo” que puede ser empleado incluso contra los trabajadores y sus organizaciones de lucha, y con funcionarios impunes, partiendo del propio Javier Milei, vinculados a criptoestafas, coimas y negocios de todo tipo.
En el caso del narcotráfico se pone igual énfasis en el cultivo, producción y tenencia, de forma indiscriminada, lo que adelanta una política de persecución contra el autocultivo y los cultivos para usos medicinales, así como al tenencia para consumo, mientras los narcotraficantes se codean con el poder político y dirigen sus negocios impunemente, con libertad para operar desde los puertos y vuelos privados, amparados por el gobierno.
El proyecto también integra la creación de nuevas figuras penales, como las sanciones contra la “violencia en deportes y espectáculos masivos”, que bajo la farsa del combate a las barra bravas –con las cuales trabajan y pactan el gobierno y la oposición patronal- se persigue a los hinchas genuinos que se manifiestan por diversas causas, como ocurrió con la solidaridad de hinchas con el reclamo de los jubilados, con represión, persecución y sanciones de diverso orden. En incluso como “preparativo” ante la reacción popular a una eventual intervención de la AFA y el fútbol argentino.
El proyecto de reforma del Código Penal que plantea el gobierno no arroja ninguna solución a los problemas planteados por el crimen organizado, que opera en connivencia con el Estado y las fuerzas represivas, sino que carga contra la población trabajadores e impone mayores penas castigando al eslabón más débil del delito. El gobierno tiene las herramientas para para avanzar contra quienes organizan el crimen de arriba hacia abajo, pero no lo hace porque integra las mismas redes criminales y corruptas.
El gobierno busca utilizar esta reforma para descargar el aparato del Estado contra los trabajadores, cercenando libertades democráticas, ampliando facultades represivas y persiguiendo y criminalizando activistas, como lo hace en la actualidad, con un Código Penal para someter a la población, mientras los grandes delincuentes siguen en libertad. Rechacemos el proyecto punitivista y la amenaza contra las libertades democráticas de los trabajadores.
Marcelo Mache
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