Sería de una ingenuidad conmovedora aceptar el argumento del gobierno de Álvaro Uribe, quien pretende convencer que otorgar al menos cuatro bases militares más al Pentágono estadounidense en ese territorio forma parte de los acuerdos bilaterales vigentes, como el Plan Colombia.
Nada más falso. El incremento de efectivos, medios de guerra, tecnología y otro tipo de pertrechos no es un asunto bilateral, pues afecta el equilibrio geoestratégico regional al fortalecer el control y la hegemonía de Washington sobre el sur del continente y la zona del Caribe.
Y hablamos de más bases y mayor presencia, porque de manera abierta o clandestina, el ejército norteamericano ya tiene presencia en suelo colombiano, por lo que las nuevas instalaciones sólo vendrían a fortalecer su poderío bélico.
Existe, en primer lugar, la ubicada en el lugar denominado Tres Esquinas, en el departamento de Caquetá. Es considerada el corazón del Plan Colombia y desde ella se controla un territorio estratégico en los límites de Ecuador y Perú, muy cerca de la amazonía y el río Putumayo, con una gran riqueza hídrica de carácter fundamental.
Dentro de ese mismo departamento está la base de la Hacienda Larandia, con una extensión de 40 000 hectáreas. Es una de las instalaciones dotadas con mayor tecnología y presencia de efectivos norteamericanos.
Finalmente, está la ubicada en Villavicencio, contigua a la llanura colombo- venezolana. Allí están acantonadas las fuerzas aéreas utilizadas contra la insurgencia y también la denominada “inteligencia técnica” del Pentágono.
Estamos, pues, ante un país ya intensamente militarizado por tropas extranjeras que ahora, con los nuevos convenios, incrementarán su capacidad para controlar la región.
Según los documentos oficiales de la Cancillería y el ministerio de Defensa colombianos, el acuerdo, que debe firmarse dentro de los próximos 45 días, tiene como objetivo la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo y otros delitos de carácter internacional.
Si nos atenemos a las declaraciones del presidente Uribe contra sus homólogos de Ecuador, Rafael Correa, y de Venezuela, Hugo Chávez, intentando vincularlos por diferentes vías con las insurgentes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, podemos presumir hacia donde se dirigirán los primeros golpes.
No haría falta nada más que montar la mascarada de una provocación en algún punto limítrofe para justificar una acción militar y para eso la inteligencia estadounidense tiene sobrada experiencia. Recordemos, si no, cómo se fraguó la agresión contra Irak y cómo se está conduciendo la política hacia Irán.
No es exagerada, entonces, la preocupación expresada por el presidente Hugo Chávez, ni las medidas tomadas para frenar la escalada de hostilidades iniciada por Uribe.
También otros gobernantes del área expresaron ya su malestar por el desequilibrio regional que traerán las nuevas instalaciones del Pentágono en Colombi.
Recientemente los primeros mandatarios de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, y de Chile, Michelle Bachelet, rechazaron la oleada de militarización que llevan aparejadas estas bases.
Hace falta ahora que junto a la opinión pública internacional se eleven las voces de organizaciones y ciudadanos estadounidenses pare condenar esta nueva versión de la resucitada doctrina del Destino Manifiesto, según la cual sólo el país norteño puede hacer o deshacer a su antojo en el continente.
Guillermo Alvarado
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